Caso Elvis Miranda.docx

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CASO ELVIS MIRANDA 1. Hechos : Los hechos ocurrieron el último domingo en el asentamiento humano Villa Chulucanas, cuando el policía junto a otro compañero perseguían a dos delincuentes. En medio del enfrentamiento, el agente Miranda disparó a Juan Carlos Ramírez Chocán. El Ministerio del Interior difundió un comunicado rechazando la medida de prisión preventiva y mostrando su total apoyo al suboficial. 2. La sentencia : En una entrevista con RPP, señaló que el efectivo Elvis Joel Miranda Rojas, a quien dictaron siete meses de prisión preventiva, actuó tal como lo establece el reglamento. Contó que él y su compañero acudieron a bordo de un patrullero al pedido de Danfer Jesús Cutin, a quien le habían robado su billetera y otros objetos de valor. Máximo Ramírez indicó que los policías localizaron a los autores del acto delictivo y tras alcanzar a Juan Carlos Ramírez Chocán, uno de los involucrados, el suboficial le ordena detenerse realizando disparos al aire, pero, según refirió, "seguía corriendo" y, además, "hace un ademán como va sacar algo", en referencia a un arma de fuego. Tras ello, el suboficial, hoy acusado del presunto delito de abuso de autoridad y homicidio en conjunto, dispara contra el hombre de 20 años. El asesor legal de la Policía Nacional criticó el pedido de la fiscal Pilar Castillo Chirinos y la resolución del magistrado David Sosa Zapata. "Esto es un mal mensaje que da el Poder Judicial para que los efectivos policiales no intervengan", manifestó. "Ya se apeló la sentencia (…) y voy a formular una denuncia contra estas dos personas", agregó Máximo Ramírez.

3. Argumentos de la Fiscalía - Uno de los argumentos de la fiscalía para solicitar la prisión preventiva del policía es que la prueba de absorción atómica al fallecido, Juan Carlos Ramírez Chocan, arrojó que no disparó ningún arma. Sin embargo, no se descarta que los otros que iban junto a él lo hicieran. - Además, que aún no se encuentra el arma de fuego de los presuntos atacantes. - "No era uno, ni dos, eran tres delincuentes", precisó Lisbeth Montoya. Investigan a juez que ordenó prisión para policía peruano que mató a ladrón La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú dispuso hoy que se abra una investigación a un juez de la ciudad norteña de Piura que ordenó 7 meses de prisión preventiva para un policía que mató a un ladrón durante un operativo. “Se debe conocer si fue o no un exceso del magistrado respecto de los hechos, ya que el citado efectivo policial habría actuado conforme a sus atribuciones y reglamentos policiales”, declaró el jefe de la OCMA, Vicente Walde Jauregui. La investigación se seguirá al juez David Sosa Zapata, del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Castilla (Piura), con el objetivo de determinar si hubo “irregularidades” en la orden de prisión preventiva que dictó contra el suboficial Elvis Miranda. El policía fue alertado, el pasado domingo, de un asalto a un transeúnte cometido por tres hombres en Piura, a más de 1.000 kilómetros de Lima, y al enfrentarse al grupo, uno lo amenazó con un arma y, en ese momento, él realizó disparos “disuasivos”, según fuentes oficiales. 4. Perversa doctrina “¿Qué más tenemos que hacer para que los metan presos? Están un par de días adentro y después los jueces deciden liberarlos", dice preocupado el general PNP Leoncio Núñez Córdova, director de la Macro Región Policial Piura– Tumbes, tras rechazar los siete meses de prisión preventiva dictada contra Miranda Rojas.

El oficial afirma que esta medida afecta la lucha contra la delincuencia. “Están maniatando a la Policía Nacional, y esto va a tener una incidencia en la seguridad ciudadana. Piura se ve expuesta a que los operadores de justicia no tengan un criterio amplio en estas cosas”, manifestó. El ministro del Interior, Carlos Morán, fue más allá y expresó: “Respeto mucho al Poder Judicial y a la Fiscalía, pero hay algunos jueces y fiscales que están aplicando una perversa doctrina donde el delincuente es la víctima. Haremos una cuestión de Estado: ¡o están con los delincuentes o están con la Policía!”. En respuesta, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, dispuso investigar al juez David Sosa Zapata para determinar si hubo o no presunta irregularidad funcional en su sentencia de prisión preventiva dictada contra el suboficial PNP Elvis Miranda. 5. Critican a la fiscal Según el general Leoncio Núñez, la fiscal Lidia Castillo Chirinos, quien pidió la prisión preventiva, hizo una mala evaluación de la proporción en el uso racional de la fuerza, dado que no se encontró un arma de fuego al presunto delincuente. Con tono de preocupación, Morán dijo que los policías sacrifican su tiempo y su familia por proteger a la ciudadanía. El mensaje a los agentes es que este gobierno está comprometido con ellos y sus familias. "Así como no nos tiembla la mano para sancionar a malos elementos que nos denigran, también tenemos la fortaleza para defender en casos como estos", anotó finalmente. El presunto delincuente abatido registraba antecedentes policiales por hurto. Según la Policía, el juzgado no tomó en cuenta que el efectivo realizó disparos disuasivos para detener al sujeto, que huía con la billetera de Danfer Jesús Cutín Santos. 6. Investigación al juez

El Jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jáuregui, dispuso que se inicie una investigación preliminar al juez que dictó 7 meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Elvis Miranda Rojas, quien el último domingo abatió a un presunto delincuente durante una intervención policial. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Luis Lavalle, rechazó este jueves la orden de prisión preventiva dictada contra un policía que abatió a un delincuente, a quien persiguió tras cometer un asalto en la ciudad de Piura, y confirmó que mantendrán su defensa hasta revertir esta medida. 7. Apoyo al suboficial El suboficial Elvis Miranda Rojas fue alertado, el pasado domingo, de un asalto a un transeúnte cometido por tres hombres en la ciudad de Piura y se dirigió a perseguirlos. Sin embargo, al enfrentarse con el grupo, uno lo amenazó con un arma y, en ese momento, le disparó para defenderse. El atacante, que tenía antecedentes por robo, falleció, otro se escapó y un tercero fue detenido por la policía. No obstante, Miranda fue acusado del presunto delito de abuso de autoridad y homicidio en conjunto, dado que el fallecido lanzó su arma durante la persecución y la fiscal Lidia Castillo presumió que no portaba arma alguna y, por lo tanto, estaba en inferioridad frente al policía. El comandante general Lavalle declaró que “estas medidas afectan la moral de la policía, nosotros no vamos a desmayar en los esfuerzos de defender a nuestro colega”. “Hay que mantener en alto la moral de la Policía Nacional, lógicamente cuando actúa en el marco de la ley y cumpliendo los procedimientos establecidos”, agregó. El jefe policial criticó que “el ministerio público ha considerado que, al no encontrarse un arma de fuego, habría un homicidio simple y que no habría proporción del uso de la fuerza”. “Nosotros nos sometemos a la investigación que se pueda hacer, pero el hecho de dar prisión preventiva nos parece un exceso, porque como se ha

dicho que hay arraigo laboral, domiciliario, el policía está en ejercicio de su función, está en las filas de la Policía Nacional “,afirmó Lavalle. La familia del fallecido atacó la comisaría de Castilla horas después del incidente y amenazó a los padres del policía denunciado, según informaron los medios locales. Ante esta situación, Lavalle informó que ha pedido al jefe de la región policial en Piura que ofrezca asistencia y seguridad a los familiares y que impulse la defensa legal al agente implicado. El ministerio del Interior también rechazó, a través de un comunicado, el fallo del Segundo Juzgado de Investigación preparatoria de Castilla (Piura), que ayer dictó siete meses de prisión preventiva contra el suboficial Miranda. “Esta medida favorece a la delincuencia y maniata a los efectivos policiales”, declaró el jefe de la Macro Región Policial Piura y Tumbes, general Lucas Nuñez, en una rueda de prensa. “El policía estaba cumpliendo su deber. No es un policía que estaba paseando. El policía estaba cumpliendo su misión, no estaba de franco”, reiteró. El ministerio criticó que los magistrados no tuvieron en cuenta que el policía tiene arraigo domiciliario y laboral, que ha colaborado con las investigaciones y que tampoco existe peligro de fuga. El ex ministro del Interior Daniel Urresti expresó su indignación tras conocer que ordenaron seis meses de prisión preventiva contra un policía por abatir a un delincuente, “Al policía que abatió a delincuente deberían levantarle un monumento y no mandarlo a la cárcel”. Lo que dice la familia del procesado : "Me duele porque ayer me llamaban héroe y ahora me ven como un asesino", alcanzó a decir antes de ser encarcelado el suboficial de tercera Elvis Joel Miranda Rojas, contra quien un juzgado de Piura dictó siete meses de prisión preventiva por abatir a un presunto delincuente durante una legítima intervención. Y mientras el valeroso policía era conducido a una celda común, los restos de Juan Carlos Ramírez Chocan, el presunto delincuente, recibían sepultura en el cementerio Castilla (Piura).

Familiares y amigos del exsoldado fallecido realizaron un funeral singular. Mientras unos derramaban cerveza sobre el ataúd, otros bailaban y hasta hacían disparos al aire. 8. Exigen su libertad Ayer, Lisbeth Montoya, esposa del suboficial Miranda, pidió que "no aten de manos a la Policía" y demandó a los fiscales realizar un trabajo limpio y transparente. Los familiares y amigos del agente PNP llegaron ayer en forma pacífica a la sede del Poder Judicial para exigir la libertad de Miranda. Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Morán, informó que está en contacto con los familiares del efectivo detenido, a quienes le dará todo el apoyo que requieran. “El crimen y la delincuencia no nos van a atemorizar”, aseguró tras explicar que Defensa Legal del Policía acudió en su apoyo. Asimismo dijo que "no vamos a ceder hasta obtener su libertad. No vamos a dejar al suboficial Miranda a su suerte, lo vamos a apoyar como institución”. 9.

Análisis del Caso Introducción Gran indignación e impotencia ha causado en nuestro país, y de manera especial, en la familia policial, la detención del Suboficial de Tercera PNP Elvis Joel Miranda Rojas, perteneciente a la Comisaría de Tacalá, quien participó en una intervención policial en el departamento de Piura, que dio como resultado el fallecimiento de un presunto delincuente. Indignación e impotencia porque dentro del paradigma común, es el delincuente quien debe ingresar a la cárcel y el policía quien debe capturarlo y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. No obstante ello, en el presente caso la figura se ha invertido y hoy tenemos a un joven policía de 24 años de edad y con tan solo un año de servicio, compartiendo celdas con ranqueados malhechores en el Penal de Varones de Piura. En ese contexto, habiendo tomado conocimiento de los argumentos utilizados por el Ministerio Público, así como por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, procederemos al análisis legal de la

resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva y dispone el internamiento del referido servidor policial durante el plazo de siete meses. Cabe precisar que los delitos imputados al citado Suboficial de Tercera PNP son homicidio simple y abuso de autoridad. Asimismo, es necesario acotar que de acuerdo con el artículo 268° del Código Procesal Penal, el juez podrá dictar mandato de prisión preventiva, cuando se cumplan copulativamente estos tres requisitos: 1) Fundados y graves elementos de convicción, 2) Pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad y, 3) Peligro de fuga y/o obstaculización de la investigación. 8.1. Primer presupuesto: fundados y graves elementos de convicción Que, de los hechos suscitados se pone en evidencia que la persecución del S3 PNP Elvis Miranda Rojas en contra del occiso Juan Carlos Ramírez Chocan fue realizado dentro del parámetro legítimo del procedimiento policial y cuando realizó los cuatro disparos disuasivos al aire, lo hizo con la finalidad de que el perseguido se detenga, desista de su ilegítimo proceder y se ponga a disposición de la autoridad competente. Sin embargo, vemos que el fallecido era una persona avezada y con pleno conocimiento de lo que hacía y que no podría caer sobre él, el poder punitivo si lograba consumar su huida. Asimismo, el accionar del imputado cuando procedió a disparar en contra del sospechoso, lo hizo debido a que éste realizó el ademán de sacar un arma de fuego; y lógicamente, considerando el alto índice delictivo de la zona, fueron segundos que usó el imputado para efectuar el único disparo. En pocas palabras, bien hoy podíamos estar velando al policía, si es que el ademán se complementaba con un disparo por parte del presunto delincuente, quien dicho sea de paso desertó del Ejército peruano e incluso posee antecedentes por delitos contra el patrimonio. De igual modo, resulta necesario exponer que tanto el Ministerio Público como la defensa reconocen que solamente un disparo fue capaz de herir a muerte al perseguido; mas la controversia existe en torno a si fue con dolo o culpa. En ese punto debemos aclarar que el efectivo disparó con dirección al pie del perseguido a efecto de reducirlo, debido a que también

es misión del efectivo policial velar por la integridad del presunto delincuente, pero, la adversidad del terreno recorrido hizo que lamentablemente el disparo impactara sobre la región vertebral del fallecido. Así las cosas, no es cierto lo dicho por la fiscal cuando refiere: “El efectivo policial tenía pleno conocimiento que al disparar iba a causar la muerte del agraviado”. Evidentemente, dichas afirmaciones no guardan relación con la realidad y la verdad, debido a que el S3 PNP Elvis Miranda Rojas cuenta con la preparación necesaria para actuar con la debida diligencia ante estas situaciones y honrar su labor, de ello damos fe y por ende exponemos un extracto del Acta de Intervención Policial, con orden 13015225, de fecha 22 de noviembre de 2018, en donde acudió al llamado de una denuncia sobre violencia familiar, en la cual producto de la intervención al agresor, fue amenazado con un arma de blanca (cuchillo), logrando reducirlo y conducirlo a la dependencia policial del sector.

Ciertamente, debemos de estar agradecidos que este joven servidor policial no forma parte de la lamentable cifra de policías muertos a manos de la delincuencia; de ello, es necesario resaltar que solamente en el año 2018 hemos sentido el grave pesar de las veintiún muertes de nuestros valerosos policías. Entonces, queda demostrado que la delincuencia urbana y organizada no tiene el mayor respeto por la integridad de los civiles y agentes del orden al momento de delinquir, ya que se amparan en el gran espacio de impunidad que otorgan los miembros encargados de la administración de justicia en Perú, en razón a que éstos no valoran de manera debida los hechos que se ponen a su conocimiento, generando gran perjuicio a la sociedad. Por otro lado, conociendo el perfil profesional del S3 PNP Elvis Joel MIRANDA ROJAS, advertimos que actualmente ha cumplido un poco más de un año en el ejercicio de sus labores; de ello comprendemos que en razón a su juventud y ánimo de proteger a los demás miembros de la sociedad, este elemento reaccionó de la manera como fue instruido y a los valores que juró proteger, es decir, no sufre de la dura indiferencia que añade la experiencia del ejercicio de la función policial.

Adicionalmente, es necesario exponer que el Departamento de Piura adolece de un alto índice delictivo, siendo menester nombrar el artículo 8 del Decreto Supremo 012-2018-IN, cuyo tenor define el concepto de “Riesgo Latente” como la “amenaza permanente no visible presente en toda intervención policial. Está relacionada con la condición y configuración geográfica, entorno social, económico y actividad delictiva permanente o eventual y que determina el nivel de respuesta policial”. De ello, es indispensable recordar el hecho sucedido el pasado lunes 14 de enero del año en curso, cuando el S2 PNP Acnner Yonel LUZÓN JIMÉNEZ (quien actualmente se debate entre la vida y la muerte) recibió impactos de bala durante un enfrentamiento con delincuentes. Inclusive de ello el Ministerio Público emitió una nota de prensa el día 17 de enero del presente en donde reconoce la situación actual del policía y el proceso seguido en contra de su victimario el señor Yerson Alexonder Domínguez Martinez por los delitos de hurto agravado, lesiones graves y alternativamente homicidio calificado. En consecuencia, tenemos por un lado a un Ministerio Público que reconoce los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los ciudadanos, pero principalmente los miembros de la Institución Policial; y por el otro, a una Fiscalía que no valora los mismos riesgos, solicitando prisión preventiva para un servidor policial que solo hacia su trabajo. “Coherencia” es lo que se le pediría a los defensores de la legalidad. Por las consideraciones expuestas, se llega a determinar la inexistencia de los graves elementos de convicción que hagan presumir la comisión de los delitos imputados, máxime si se hallan pendientes de actuación una serie de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 8.2. Segundo presupuesto: pena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad La representante del Ministerio Público intenta encuadrar de manera tendenciosa los hechos antes descritos como si fuera de homicidio simple conforme a lo dispuesto en el artículo 106° del Código Penal, cuando en realidad se subsume al delito de homicidio culposo previsto en el artículo 111° del mismo cuerpo de leyes, el cual establece lo siguiente:

Artículo 111°.- Homicidio Culposo. El que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas (…). Este error en la interpretación de la norma penal se deriva de la desatinada aseveración de la agente fiscal cuando dice: “El efectivo policial tenía pleno conocimiento que al disparar iba a causar la muerte del agraviado”; de esta manera pretende exhibir con insuficiencia argumentativa el supuesto dolo de parte del efectivo policial al momento de realizar el disparo; pero, como a bien acredita la defensora en los descargos, el S3 PNP Miranda Rojas tenía la intención de reducirlo con un disparo dirigido a los pies del occiso. En consecuencia, el resultado de la acción es culposa más no dolosa; es por ello que, al momento del planteamiento de este segundo supuesto el magistrado al conocer los argumentos de la defensa debió de actuar con imparcialidad y ser garante de los derechos fundamentales del procesado, ya que ante esta latente duda jurídica sobre los hechos descritos y su configuración jurídica debió de privilegiar la libertad del procesado. Por otro lado, con relación a la atribución delictiva del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 376° del mismo cuerpo de leyes, la agente fiscal sostiene lo siguiente: “que el efectivo policial se extralimitó de sus funciones, que estuvo presente en todo momento la prohibición de dicho actuar, que debía de usar su arma de fuego en casos excepcionales”. En ese extremo, es necesario reconocer que la atribución del hecho sucede dentro del contexto de la persecución del sospechoso, el mismo que realiza un ademán de sacar un arma de fuego y por ende el procesado decide dispararle. En consecuencia, el juez de investigación preparatoria debió valorar también el alto grado de estrés que cargan los efectivos policiales en el ejercicio de función, estado mental que los condiciona a tener una reacción inmediata para tutelar los bienes jurídicos puestos en riesgos dentro de una persecución policial, sumándose a ello que la jurisdicción de Tácala es una que presenta riesgo latente; en consecuencia, no se le podía pedir que actuase de forma distinta debido a que se ponía en grave riesgo su propia integridad y la de los transeúntes.

Por los párrafos expuestos, se llega a concluir que el segundo presupuesto para la dación de la prisión preventiva tampoco se cumple. 8.3.

Tercer presupuesto: peligro de fuga y obstaculización de la

investigación “Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).” Para desarrollar este presupuesto, debemos dividirlo en dos puntos principales: a) Peligro de fuga En el presente caso el Juez no ha tomado en consideración que el imputado: 

No posee antecedentes policiales, penales, ni judiciales.



No está sometido a procedimiento disciplinario por infracción grave o muy grave descrito en su régimen disciplinario.



No tiene antecedentes que permitan colegir irresponsabilidad en cuanto al manejo de armas de fuego, lo cual está corroborado con la Ocurrencia Policial N° 13015225 del 22NOV2018, la cual describe el temperamento y la preparación del imputado para accionar frente a situaciones que representan peligro latente para su

vida.

Cabe indicar que dicha ocurrencia narra una intervención policial en la que el intervenido Alex MACO ROA amenazaba al personal policial con un arma punzo cortante, siendo reducido, engrilletado y puesto a disposición de la Comisaría de Tacalá por delito de resistencia a la autoridad. 

Tiene domicilio conocido, el cual fue corroborado con una constancia domiciliaria expedida por el Juzgado de Paz del distrito.



Mantiene una relación estable, lo cual se demuestra con una constancia de convivencia, sumándose a ello el acta de nacimiento de su menor hija, lo cual acredita el arraigo familiar.



Posee trabajo fijo como Suboficial de la Policía Nacional y cuenta con un año y quince días de servicio, percibiendo mensualmente una suma dineraria acorde a su grado y jerarquía, la misma que le permite vivir modestamente.



No posee pasaporte.

b) Peligro de obstaculización 

Hechos ciertos ya realizados: El juzgado no ha tomado en consideración que el imputado ha colaborado con la justicia desde el inicio de las investigaciones. Él no ha sido capturado, sino todo lo contrario, fue detenido momentos después de la intervención policial.



Indicios de lo que podría hacerse: En su condición de Suboficial de Tercera PNP no posee comando sobre unidades policiales, ni mucho menos los medios económicos suficientes para escapar del país o intentar alterar la documentación de la intervención.



Es más, de ninguna manera puede destruir, modificar u ocultar medios probatorios de la investigación, puesto que estos ya se hallan a buen recaudo en el Ministerio Público.



Por lo anteriormente expuesto, se tiene que el tercer requisito para dicta la prisión preventiva, tampoco se cumple en el caso particular. 8.3. Necesidad y proporcionalidad de la medida En este punto es necesario destacar que la regla general es la libertad y su privación, una excepción; significando que, para el caso en particular, no se justifica la imposición de la medida preventiva, puesto que son necesarias una serie de diligencias que requieren la presencia del imputado, quien en ningún momento se ha negado a colaborar con ellas. Inclusive a fin de garantizar la presencia del imputado durante los actos de investigación, es posible la imposición de medidas menos gravosas tales como el impedimento de salida, comparecencia con restricciones o el pago de una caución.

Conclusiones 

La resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el S3. PNP Elvis Joel MIRANDA ROJAS, resulta arbitraria e ilegal, toda vez que no se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 268° del Código Procesal Penal, motivo por el cual correspondería que la Sala pertinente revoque tal decisión.



El magistrado David SOSA ZAPATA – Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla, al suscribir la resolución que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva y disponer el internamiento del imputado en un centro penitenciario, no solo ha cometido una infracción administrativa que la OCMA deberá investigar y sancionar, sino también existen indicios suficientes del Delito de Prevaricato contemplado en el artículo 418[1] del Código Penal, ilícito que deberá ser denunciado oportunamente.



El asesor legal de la Policía Nacional del Perú (PNP), Máximo Ramírez, dijo la noche de este miércoles que el presunto delincuente abatido por un suboficial en el distrito de Castilla, región Piura, tenía "antecedentes por hurto (2017) y era un desertor del Ejército".

CASO SUXE MALCA 1. Hechos : Dos hampones en moto intentaron asaltar, a balazos, a un miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivos ( UDEX) a pocas cuadras de su casa, en Carabayllo. Sin embargo, el agente repelió el ataque, con su arma de reglamento, y mató a uno de los delincuentes e hirió al otro.

El hecho ocurrió a las 4:40 de la madrugada de ayer. El suboficial superior PNP Ángel Suxe Malca (55), quien se dirigía a su trabajo, fue sorprendido por los ladrones, que iban a bordo de la unidad de placa 3878-MA. Uno de ellos bajó y lo amenazó con un revólver. “ Ya perdiste”, le dijo y trató de robarle sus pertenencias. Al verse amenazado, Suxe Malca sacó su pistola de

reglamento y se desató una balacera. El suboficial logró herir a sus dos atacantes, los que huyen en la moto.

Debido a la gravedad de las lesiones, se desvanecieron a la altura de la avenida Los Rosales de Chillón, donde fueron auxiliados por personal policial que patrullaba la zona. Ellos fueron identificados como Jeanpier Durand Silvera (21) y Martín Cachay Figueroa (43). Los dos tienen antecedentes por robo agravado. Al ser interrogados, dijeron que tres sujetos a bordo de un mototaxi los atacaron cerca del lugar.

Ambos fueron llevados al hospital Sergio Bernales, en Collique, Comas. Ahí falleció Cachay, mientras que Durand quedó en observación, con vigilancia policial. Tiene un balazo en el muslo izquierdo. Esta versión fue desmentida, horas más tarde, por Suxe Malca, quien acudió a la comisaría a denunciar el hecho. Se supo, también, que tanto Durand como Cachay presentaban antecedentes policiales por robo agravado.

2. RESPALDAN

A

SUBOFICIAL

El caso fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo, donde el agente permanece en calidad de ‘intervenido’. A dicho lugar llegó el comandante general de la Policía, general José Luis Lavalle, quien aseguró que el suboficial Suxe cuenta con todo el respaldo de su institución. “Lamentamos que haya un fallecido. La intervención de nuestro colega ha sido en el marco de la ley, él ha usado su arma de fuego de manera reglamentaria, en su legítima defensa”, sostuvo. Agregó que en junio del año pasado, Jeanpier Durand fue detenido por delitos contra el patrimonio. “Estamos hablando de personas dedicadas a robar”, acotó Lavalle. En tanto, el ministro del Interior, Carlos Morán, informó –a través de la cuenta de Twitter de su sector– que Suxe recibirá todo el apoyo de la División de Defensa Legal de la PNP. “Los policías que usen su arma de reglamento en cumplimiento

del deber no están solos”. Desde sus redes sociales, el ente público comunicó que respaldará a Suxe Malca. "Agente de la Policía Perú se enfrentó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo usando un revólver, en Carabayllo. El efectivo Ángel Suxe Malca hizo uso de su arma de reglamento y logró abatir a uno de ellos e hirió al otro. En la Policía, a los criminales los ponemos en el piso", se lee en la publicación de Twitter.

"Por disposición del ministro Carlos Morán, el suboficial Ángel Suxe Malca, perteneciente a la UDEX, recibe todo el apoyo de División de Defensa Legal de la PNP. Los policías que usen su arma de reglamento en cumplimiento del deber no están solos", añadió el Ministerio del Interior. Según Lavalle, Durand Silvera fue detenido el mes de junio último por portar arma de fuego y participar en una banda de delincuentes.

"Esto es un accionar positivo. El (policía) actuó en defensa de la ciudadanía y tiene todo nuestro apoyo porque seguramente estos delincuentes iban a causar un daño mayor a otras personas", agregó. Suxe Malca ya tiene a su disposición a dos abogados de defensa legal de la Policía, que lo acompañarán en ste proceso. Actualmente, está pasando los exámenes de ley en su calidad de agraviado. Por disposición del ministro del Interior, Carlos Morán recibirá todo el apoyo necesario, dijo finalmente Lavalle. Hace poco el suboficial Elvis Miranda vivió una situación similar al abatir a un delincuente en una intervención considerada legítima. Sin embargo, ahora se encuentra cumpliendo siete meses de prisión preventiva en una cárcel de Piura.

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