Carta Publica Jorge Torres Obleas

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Terra e Nova A mis compatriotas

Jorge Torres Obleas Lima, 9 de mayo de 2009 Siempre actué guiado por los mismos principios, identificado con la democracia y el absoluto respeto a los derechos humanos. De adolescente, fui parte de una familia víctima de la dictadura y de la violación de los derechos humanos y, en esas circunstancias, conocí el exilio político. Guiado por principios, el 13 de octubre de 2003 presenté al entonces Presidente Sánchez de Lozada mi renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Desarrollo Económico, señalándole que: “la lectura, comprensión y tratamiento de los dramáticos acontecimientos que enlutaron a la familia boliviana, han puesto al descubierto diferencias insalvables entre nuestras visiones. Como le expresé desde el inicio de los conflictos, que tuvieron su epicentro en la ciudad de El Alto así como en la reunión del Gabinete de Ministros de la fecha, no creo en soluciones de fuerza y, menos aún, cuando al otro lado se encuentra la mayoría de la población. Dadas estas condiciones, y desde un punto de vista ético y de consecuencia con mis principios, le presento mi renuncia irrevocable”. También por principios, me sometí lealmente a un proceso judicial plagado de ilegalidades e injerencias. Ninguna de las proposiciones acusatorias presentadas por los hechos de octubre de 2003, incluida la del entonces diputado Evo Morales, me acusó, excepto la presentada por Ghislaine Cerball de Mittelstadt, abogada que trabajaba en el bufet contratado para la defensa de Sánchez de Lozada. Sospechosamente, la Fiscalía General me incluyó en su requerimiento acusatorio. La Comisión Mixta de Constitución del Congreso en su informe 001/04 suscrito por oficialistas y opositores, para la autorización del Juicio de Responsabilidades, no recomendaba mi enjuiciamiento, por “no existir materia justiciable”, pero el Pleno Congresal irregularmente, bajo presión y sobornos, autorizó el enjuiciamiento de todos los ex - ministros. Por principios, mediante testigos, pruebas y argumentos, demostré mi inocencia y si bien la Fiscalía General no me acusó como autor de genocidio y de otros delitos, sí lo hizo como cómplice de homicidio y de lesiones leves, graves y gravísimas. También por principios, presenté dos recursos constitucionales denunciando violaciones a mis derechos durante el proceso, que no pudieron ser resueltos porque en Bolivia no existe un Tribunal Constitucional en funcionamiento. A inicios de febrero de este año, después de demostrar que los propios órganos e instituciones del Estado boliviano se descalificaron mutuamente

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para llevar adelante el Juicio de Responsabilidades, presenté una solicitud a la Corte Suprema, a la Fiscalía General, al Ministerio de Justicia y a otras instancias, señalando que: “Después de más de cinco años de estar injustamente sometido a un proceso plagado de presiones políticas y de factores de carácter extrajudicial, me convierto en una víctima mas de la falta de justicia en Bolivia. Si las autoridades competentes y los actores involucrados están verdaderamente interesados en el establecimiento de la verdad histórica de los hechos de septiembre y octubre de 2003, y si efectivamente se desea que estén todas las personas involucradas en los mismos (incluido el ex Presidente Sánchez de Lozada) en un proceso que garantice el juzgamiento de los presuntos autores de hechos delictivos y que los acusados tengan derecho a una vista pública, justa e imparcial, y también que se establezcan medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición y cualquier otra forma de reparación que se considere apropiada; se debe dar curso a la presente solicitud y realizar todas las gestiones necesarias, en el plazo más breve posible, para que este caso sea juzgado en la Corte Penal Internacional. Lo contrario significará que, en realidad, se está jugando con la memoria de las personas caídas, utilizando el Juicio para la concreción de fines políticos y réditos personales, y dañando injustamente a una persona que demostró su inocencia y dio la cara durante más de cinco años”. Por todo ello, las bolivianas y los bolivianos están conscientes de que no rehuí ni pretendo rehuir a la justicia. Dejé el país el 3 de febrero de 2009, debo continuar trabajando para sustentar a mi familia y, especialmente, a mis hijos menores de apenas 7 y 6 años de edad que tienen derecho a un hogar, a la tranquilidad y a un futuro digno. No estoy dispuesto a convertirme en una ficha funcional a los intereses que, desde distintos frentes, terminaron coludidos y lograron impedir ---hasta ahora-- que se conozca la verdad histórica de los hechos. Mientras se den las condiciones mínimas necesarias para un debido proceso, el Estado peruano, a solicitud mía, ha decidido brindarme protección bajo el status de asilado político. Frente a la incapacidad del Estado boliviano para garantizar un debido proceso, emplazo, una vez más, a todos los actores involucrados a acudir ante la Corte Penal Internacional para que el pueblo boliviano conozca la verdad histórica de lo ocurrido y se establezcan las correspondientes responsabilidades.

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