Bajolalupa 13 Corrupcion

Revista de Análisis y Propuestas Nº 13 / Precio S/. 3

Crisis, mercado y corrupción Las cuentas pendientes de Fujimori y Keiko ¿Impunidad para Rómulo León? Políticas Anticorrupción

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La Corrupción Entrevista y el Mercado Avelino Guillén, Fiscal Con saco y corbata. Una Supremo. “Hemos de las mayores amenazas para

04 Petroaudios Rómulo León: El camino de la impunidad. Siete meses después, el juicio avanza a paso de tortuga y ya están libres del cargo de “asociación ilícita para delinquir”.

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COMPRANDO SILENCIO

15 Millones de dólares al brazo ejecutor. Cómo Fujimori le dio 15 millones de dólares, billete sobre billete, a Montesinos para que mantuviera la boca cerrada.

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el desarrollo económico global es la corrupción que se viste de saco y corbata.

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El peaje de Kouri

¿Cuál es el negocio? el peaje pues. 35 millones de dólares se estima hemos pagado por un peaje sin mejoras visibles en la pista.

demostrado que un ex presidente puede ser juzgado en un proceso impecable”

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Traficante de armas

Se compran armas... ¿y mi comisión? 1,800 millones

de dólares en armas compradas en forma secreta a sólo 3 grupos.

fácticos 22 Poderes y corrupción

Tras el trono a manos llenas. Los militares, los grupos monopólicos, y las multilaterales, fueron los tres grupos que sustentaron el régimen de corrupción de Fujimori, y se aprovecharon de él.

Su pasado la condena

Lo que la heredera nunca supo responder. Keiko

10 Telecorruptos 24 peruana durante la década del 90, se convirtió en el principal instrumento de la mafia fujimontesinista...

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Minería con escándalo

Edición Nº 13 Año 2 Director Pedro Francke [email protected] Editora Magali Zevallos [email protected] En esta edición colaboraron: Antonio Zapata Alejandro Estrada Armando Mendoza Benito Portocarrero Carlos Monge Edgardo Cruzado Gabriela Flores Lilia Ramírez Rocío Silva Santisteban Rosell Laberiano Oscar Ugarteche Inés Arias Javier Diez Canseco José De Echave León Portocarrero Marfil Francke Laura Arroyo Prensa y Comunicaciones [email protected]

Fujimori y sus hermanos gastaron más un millón de dólares en sus estudios, ¿de dónde salieron?

Bocado apetitoso para la corrupción. La televisión

Revista de análisis y propuestas

Fujimori: Casos pendientes No todo ha llegado a juicio. Tractores, recompra de Deuda Externa, Exoneraciones de Impuestos, quedan por verse.

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Política Anticorrupción

Oro sucio. La corrupción en la

Política Nacional Anticorrupción. La lucha contra

minería, el gas y el petróleo es grande ¿qué se puede hacer?

la corrupción en nuestro país necesita de voluntad política.

26 Problema endémico Honestidad y corrupción. Dos

tradiciones en conflicto en el Estado peruano.

30 Opinión

¿Por qué no le tenemos asco a la corrupción? Tal vez simplemente nos hemos acostumbrado a su pestilencia.

Agradecemos el apoyo de:

Fotografías Archivo Diario La República InfografíaS Diario La República Diseño y Diagramación Jorge Senisse Sáenz Contáctenos [email protected] Ventas COOPERACCION, Calle Berlín Nº 1353. Miraflores. Tel: 4465385 Impresión: Talleres del Grupo La República

GRUPO DE TRABAJO SOBRE CORRUPCIÓN

| Contenido

Depósito legal: 2007-07864 Editado en Lima, Junio de 2009

cáncer que carcome En Perú: coima, vara, aceite; en México: mordida, palanca, sisa; en Colombia mamadera o valija, en Venezuela, matraca y en Brasil, caixinha... cualquier sea el país latinoamericano, encontraremos no una sino muchas palabras para nombrarla. La corrupción se presenta y se reproduce cotidianamente, sustrayendo para beneficio de unos pocos enormes cantidades de recursos públicos, recursos que nos corresponden a todas y todos los ciudadanos. Y lo hace de muchas maneras. El médico que viaja a becas y congresos invitado por la empresa farmacéutica cuyas medicinas son las únicas que receta, el policía que espera una propinita a cambio de no poner una multa, el ministro que coloca en la planilla a sus parientes y allegados, los congresistas “tránsfugas” que cambian sus votos por unos cuantos milloncitos, los dueños de medios que venden su deber de informar objetivamente, las empresas privadas que ofrecen empleos con honorarios abultados a los familiares de quienes ocupan altos cargos en el gobierno… Estos últimos, claro, son los más graves. Porque la corrupción es un cáncer que carcome al régimen democrático por dentro, debilita las instituciones, impide que la ley opere por igual para todos los ciudadanos, alienta los abusos, mantiene prebendas y privilegios, nutre al crimen organizado. Reconocida como uno de los flagelos de nuestra época, ahora contamos con instrumentos internacionales para combatirla: las Convenciones Interamericana (1996) y de las Naciones Unidas (2003) contra la Corrupción. Sobre los casos más graves de corrupción ocurridos el Perú en los últimos gobiernos y sobre los avances en esta lucha de David contra Goliat, trata este número de Bajo La Lupa. Pues estamos convencidos de que esta lucha es de todos nosotros. Si no nos informamos y damos cuenta de las implicancias de la corrupción para el futuro de nuestro país, si no asumimos combatirla en todas sus manifestaciones y formas, si no acordamos no volver a premiar con la reelección a partidos y funcionarios que la permiten y ejercen: entonces nunca, por más leyes, comisiones y juicios que se entablen, podremos ganarle la batalla... n

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Rómulo león:

El camino de la impunidad

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l 5 de oc t ubre del año pasado, se difundieron unos audios donde Alberto Químper (Ejecutivo de Pe r ú Pe t ro) y Rómu lo León (ex ministro aprista) discutían sobre pagos para ayudar a la empresa noruega Discover Petroleum a ganar contratos petroleros en territorio peruano. La cuestión es que, efectivamente, la empresa noruega Discover logró una asociación con Petroperú, que le era indispensable para postular a la licitación de los lotes petroleros. Petroperú realizó esa asociación de manera poco transparente y solamente con esa empresa. Finalmente, Discover ganó el contrato que quería para explotar nuestro petróleo. En una frase que lo revela todo, Rómulo León le dice a Químper que habían hecho un “faenón”. Este hecho originó la salida del premier Jorge del Castillo y de algunos otros ministros mencionados en los petroaudios.

La difusión de los “petroaudios” donde se negocia la entrega en concesión de cinco lotes petroleros a la compañía noruega Discover Petroleum, reveló el caso de corrupción más fuerte de este régimen que involucra a altos funcionarios. | Petroaudios

Más adelante, se conocería que la empresa Business Track (BTR) era la compañía solventada para realizar las intervenciones telefónicas y se detendría a algunos de sus funcionarios, quienes sorpresivamente terminaron siendo cercanos al congresista y vicepresidente Luis Giampietri. demora y exculpación A siete meses de ocurrido este caso, aún no se analiza el material incautado a la empresa BTR y esto “gracias” a las trabas de la parte judicial: la Corte Superior de Lima y la Fiscalía de la Nación. Por otro lado, en el caso de los detenidos o involucrados por estar mencionados en los petroaudios (Rómulo León Alegría, Alber to Q u í mp e r, For t u n ato C a n a á n , Ernesto Arias Schreiber y Rómulo León Romero), se conoce que el 29 de abril fueron exculpados por el cargo de asociación ilícita para delinquir, el delito más grave por el que fueron acusados.

Si bien todos los exculpados seguirán siendo procesados por otros presuntos delitos, el cargo de asociación ilícita para delinquir tiene una pena que va entre 8 y 15 años de prisión. Sin embargo, la importancia de considerar este delito va más allá que la pena que podría imponerse a estos amigos imputados. De considerarse el delito por asociación ilícita para delinquir se daría cuenta de que el caso del faenón petrolero no se trató de un hecho aislado, sino de un acto que formaba parte de una red de corrupción, pues se trataba de varios negocios que, si bien fueron frustrados, eran potenciales focos de corrupción. He ahí la importancia de considerar este delito. Sin embargo la Tercera Sala Anticorrupción, presidida por Iván Sequeiros, quien archivó también el caso de la falsificación de firmas de Perú 2000, exculpó a los personajes mencionados, apoyándose en lo resuelto en primera instancia por el juez anticorrupción Jorge Barreto. El tremendo juez barreto Barreto, sin embargo, es un juez a quien podemos recordar por casos controvertidos tales como el reemplazo de la orden de detención por la de libertad condicional para Vladimiro Montesinos y su testaferro Alberto Venero en el proceso por tenencia ilegal de armas, en abril del año 2002. Por otro lado, tanto la Oficina de Control Distrital de Magistrados (ODICMA) como la OCMA le abrieron investigaciones por liberar al Venero y adelantar opinión en el caso Luchetti respectivamente. Pero además, no es la primera vez que el juez Barreto favorece a Rómulo León en el caso de los “petroaudios”. En octubre del año pasado decidió poner en la congeladora la investigación sobre el caso y los dos mil e-mails de la computadora del ex ministro aprista y, como si fuera poco, se negó a autorizar el descerraje de cinco propiedades en Lima en las cuales se presumía que Rómulo León podría estar escondiéndose de la justicia. ¿Coincidencias? Resulta fundamental mantener la atención en el caso de corrupción más fuerte de este régimen pues hay aún, muchas aristas sin observar. No olvidemos que la exculpación de estos personajes abre la opción de que otros implicados sean exculpados y ello apunta a que este caso no toque al Presidente Alan García. ¿Permitiremos la impunidad para los corruptos? n

● Petrotech: la historia continúa La venta de la empresa petrolera Petro-Tech a una alianza entre la estatal coreana KNOC y la estatal Ecopetrol de Colombia, se realizó en medio de acusaciones sobre su participación en la interceptación ilegal de los llamados “petroaudios”. Además, se generó un debate público en torno a que los impuestos de dicha transacción –que tiene a la base una concesión del Estado peruano– hayan sido pagados en Estados Unidos sin que el fisco peruano recibiese un sol. El Congreso formó una Comisión para investigar esta venta, superando las resistencias del presidente García quién afirmó que solo las irregularidades en la devolución de impuestos serían materia de la Comisión. Esta Comisión Investigadora acaba de dar a conocer su informe final, en el que se establece que dicha venta sí debe pagar impuestos en el Perú. Como la empresa se vendió por US$ 900 millones, el impuesto a la renta de 30% asciende a US$ 270 millones, cifra que los peruanos hemos dejado de recibir. Dice el informe de la Comisión que en la venta de Petro-Tech no se respetaron los derechos de Petroperú (después sustituida por Perupetro). Afirman que conforme al artículo V del Código Civil este acto jurídico carece de validez porque contraviene normas de orden público. Respecto al no pago de impuesto a la renta en el Perú, dice la Comisión: “resulta a todas luces infundado desde una perspectiva jurídica sostener que una transferencia indirecta del capital accionario con derecho a voto dentro del propio Contratista pueda ser el medio eficaz y eficiente para enervar o anular la potestad estatal de soberanía en el aprovechamiento de los recursos naturales”. La Comisión alude a las maniobras de Mr. Kallop, dueño de Petro-Tech, para lesionar los derechos del Estado peruano. Estamos a la espera de que la SUNAT cobre esos 270 millones de dólares que tanto bien le podrían hacer a nuestra salud pública o nuestra educación. El Informe también describe cómo Petro-Tech, durante varios años, utilizó el IGV –que le era reembolsado por Perupetro– como un crédito fiscal ante Sunat para disminuir el pago del impuesto a la renta. Esto cuesta al fisco nada menos que US$ 78 millones, lo que ha sido ya acotado por Sunat. También dice la Comisión que los montos que declara pagar Petro-Tech a Sunat por impuesto a la renta desde 1994 al 2007 “no cuadran” por lo que hay “una considerable suma registrada a favor de Petro-Tech”. Otros expertos y congresistas señalan que el propio contrato de concesión del lote petrolero a Petrotech, suscrito durante el gobierno de Fujimori en 1993, es nulo, debido a que nunca fue aprobado en el Consejo de Ministros, como lo demandaba la ley peruana. LaComisióntambiénhamostradovínculosentrePetro-TechyBusinessTrack(viajesdeGiselle Gianotti), todo lo cual tiene relación con el escándalo de los petroaudios, realidad que se quiere barrer bajo la alfombra.

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Cronología del pago de CTS a Montesinos Para que no queden dudas de la culpabilidad de Fujimori en este caso, repasemos los hechos ocurridos a finales del 2000:

15 MILLONES DE DÓLARES AL BRAZO EJECUTOR

Vladimiro Montesinos cobró a Fujimori 15 millones de dólares por silenciar los actos de corrupción que involucran al ex presidente, según Carlos Boloña, entonces Ministro de Economía, ese dinero sirvió para solucionar un problema de gobernabilidad que generó la difusión del vladivideo Kouri-Montesinos.

A

unque Fujimori y sus seguidores han pretendido negarlo, Montesinos era la persona en la que más confiaba, pues era su asesor y brazo ejecutor más eficiente. En juicio, Fujimori ha señalado que, por lo menos, hasta el 2000, considera que Montesinos le fue leal. Era tan leal, que el primer juicio por corrupción en el que Fujimori deberá responder será el denominado “15 millones”.

El caso está vinculado a la entrega de 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos (que pretenden hacer creer era la CTS), cuando éste ya había sido puesto en evidencia con la difusión del video Kouri – Montesinos. Para ello, Fujimori emitió un Decreto con fundamentos falsos, ordenó el desvió de fondos del Estado y cumplió con pagarle a su colaborador más leal. Los documentos y testimonios presentados en este caso no permiten lugar

| Comprando silencio

a dudas, Fujimori replicó lo que fue una constante en su gobierno: desvió fondos, bajo normas con información falsa, para utilizarlo en beneficio de Montesinos. En medio de la crisis, pese a la evidencia de los actos de corrupción de los vladivideos, Fujimori no dudó en recompensar a su brazo derecho, Vladimiro Montesinos y de paso garantizar que no lo delate ante la justicia. La historia ha demostrado que existe una relación perversa y muy

estrecha entre las violaciones de derechos humanos y la corrupción. No son pocos los ex dictadores que fueron acusados de cometer delitos de lesa humanidad, y que se les descubrió grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales, tal como ha sucedido con Pinochet, cuya familia sigue siendo investigada por ayudar a desviar los fondos del Estado para su fortuna personal. Alberto Fujimori no es la excepción a la regla. n

14 de setiembre. Se hace público el video “Kouri – Montesinos”, que evidencia la compra de congresistas tránsfugas (que será materia de un siguiente proceso) para garantizarle a Fujimori una mayoría en el Congreso que no obtuvo con el voto popular en las elecciones del 2000. El parlamentario electo era Alberto Kouri de las filas de Perú Posible y le entregaba 15 mil dólares por su adhesión clandestina. 16 de setiembre. Fujimori da un mensaje a la Nación en el que anuncia la desactivación del SIN y la convocatoria a elecciones sin su participación, pues su gobierno dictatorial era insostenible. 19 de setiembre. Fujimori expide el Decreto de Urgencia No. 081-2000, disponiendo la ampliación presupuestal a favor del Sector Defensa para la ejecución de un supuesto Plan ´Soberanía`. El Plan nunca existió, el Decreto era para retirar los 15 millones de dólares del tesoro público para pagar la mal llamada “compensación por tiempo de servicios”, es decir, para pagar el silencio de su ex brazo derecho. En las investigaciones de este caso, se buscó el famoso Plan Soberanía. Sin embargo, en los archivos del Ministerio de Defensa no existe nada, los testigos y los ex ministros sentenciados por este caso han reconocido que no había ningún Plan. Carlos Boloña ha declarado que sabían perfectamente que lo señalado en el Decreto era mentira, que el dinero no era para el tema militar sino para “solucionar un problema de gobernabilidad que generó la difusión del tristemente célebre video Kouri – Montesinos, al así habérmelo manifestado el Presidente Fujimori”. 22 de setiembre. Carlos Bergamino, Ministro de Defensa, solicita la ampliación con arreglo al Decreto de Urgencia; ese mismo día, Fujimori llama a Boloña y le dice que atienda en el acto el pedido de Defensa. Entonces, Boloña en el oficio a su viceministro para que ejecute la transferencia, pone una anotación de puño y letra diciendo “sírvase atender su ejecución”. Alfredo Jalilie Awapara, Viceministro de Hacienda, hace lo propio ante el Director General de Tesoro Público.

Finalmente, en la noche de ese día, el General Luis Muente Schwarz cumple con entregar el soborno al brazo ejecutor de Fujimori. Horas después, Montesinos se embarca rumbo a Panamá, en un jet privado cedido por Dionisio Romero. Montesinos ha declarado que entregó el dinero a James Stone, uno de los traficantes de armas con los que trabajó el régimen de Fujimori, para que lo deposite en las cuentas en Suiza, con el fin de incrementar fondos para la actividad política de Fujimori y sus seguidores. Cabe recordar que Montesinos y varios de los traficantes de armas, como Stone que se ha acogido a la

colaboración eficaz, han señalado que el dinero de las cuentas en Suiza es producto de las “comisiones” derivadas de las irregulares adquisiciones de armas así como la “bolsa” que los traficantes hacían para financiar las campañas del reo Fujimori. 2 de noviembre. Fujimori cita a Carlos Bergamino –quien había estado insistiendo en la devolución de los 15 millones al Tesoro Público, al darse cuenta de la magnitud del delito cometido, del viaje a Panamá de Montesinos y ante los hallazgos de cuentas en Suiza– junto con Carlos Boloña, Alfredo Jalilie y su cuñado (ex embajador del Perú en Japón) Víctor Aritomi a Palacio de

Gobierno; ahí les entregó cuatro maletas conteniendo quince millones de dólares. Incluso, Bergamino ha declarado que debido al peso de las mismas, entre él y Boloña las sacaron empujando con los pies. Cabe resaltar que tanto los funcionarios del Banco de la Nación así como los miembros del Departamento de Tesorería del Ministerio de Defensa que participaron en la ilegal operación han informado que los billetes entregados por Fujimori no son los mismos que se le dieron a Montesinos. Es decir, Fujimori deberá responder por el origen de esos otros 15 millones de dólares. 7 de noviembre. Fujimori se desespera por encontrar las pruebas que lo incriminan en los actos que cometieron junto con Montesinos, así que decide cometer otro delito más (recordemos que ya tiene una condena a seis años de prisión por el allanamiento ilegal). Ordena a su edecán que se haga pasar por un fiscal y manda allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex brazo ejecutor, confiscó vídeos, joyas, documentos y demás. Todos lo encontrado fue llevado al Grupo Aéreo No. 8, donde Fujimori y su cuñado Víctor Aritomi revisaron el material, separaron los vídeos que los comprometían y dejaron los vinculados a Montesinos. Días después los llevaron a una notaría y Fujimori presentó en público dichos objetos. Uno de los argumentos para defender a Fujimori es que los 15 millones de dólares que éste devolvió a Bergamino y Boloña, el 2 de noviembre, en Palacio de Gobierno bajo la atenta mirada de su cuñado, fue dinero encontrado en el allanamiento a la casa de Trinidad Becerra. Obviamente, estarían mintiendo pues la devolución fue cinco días antes de que Fujimori mandara a allanar la casa de Trinidad Becerra. ¿Cómo utilizó un dinero que aún no había descubierto? 13 de noviembre. Fujimori fuga del país. Finge ir a una Cumbre en Brunei. Hay testimonios que indican que en ese vuelo, utilizando el avión presidencial, Fujimori llevó consigo los videos y documentos que lo comprometían, el dinero, oro y demás bienes que robó al país durante todo su gobierno.

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Keiko Fujimori

Lo que la heredera nunca supo responder

A pesar de las permanentes contradicciones de la actual congresista Keiko Fujimori sobre la procedencia del dinero de la educación de ella y de sus tres hermanos, existen investigaciones que señalan que el ex mandatario gastó nada menos que un millón 225 mil dólares en educación, viajes y alimentación de sus hijos.

¿

Cuánto gastó Fujimori en la educación de sus cuatro hijos? El expresidente Alberto Fujimori empleó un millón 225 mil dólares en la educación de sus cuatro hijos, mientras ellos estudiaban en universidades de los Estados Unidos. Así lo determinaron los informes elaborados por la Contraloría General de la República. La cifra mencionada corresponde a la educación superior en sí, e incluye la compra de libros y otros gastos académicos; pago de las cuotas universitarias; viajes y alimentación. Entre 1991 y 2000, Fujimori des-

embolsó 839 mil 881 dólares por educación superior, por el costo de las universidades: 354 mil 881 dólares; y por viajes y alimentación: 485 mil dólares. (se presume con fondos públicos). “Estas cifras no podían ser cubiertas por los ingresos que percibía Alberto Fujimori como funcionario público, lo que evidencia una fuente de financiamiento cuya procedencia se desconoce”, indica la Contraloría. El peritaje se hizo sobre los bienes y cuentas del ex mandatario. El expediente da cuenta que Fujimori, como presidente del Perú (1990-2000) y ex rector de la Univer-

| Su pasado la condena

sidad Agraria, acumuló ingresos por 148 mil 741 soles, y de esa cantidad, gastó 36 mil 282 soles en educación secundaria de sus cuatro hijos: Keiko, Hiro, Sachi y Kenyi. Además señala que la primogénita de Fujimori (Keiko Sofía), recibía diez mil dólares por cada viaje que realizaba a los Estados Unidos. Según la Contraloría, viajó 68 veces, lo que da un total de 124,600 mil dólares. Añade que en noviembre del 2000, Fujimori depositó la suma de 70 mil dólares a nombre de su tercera hija, Sachi Marcela, en una cuenta bancaria del Citibank de New York,

donde permaneció hasta diciembre del 2000. Asimismo, que en marzo del 2001, el ex mandatario depositó en la cuenta Nº 5411542108 del citado banco, cinco mil dólares a nombre de su hija Sachi. keiko entra en contradicción ¿Cómo justifica la procedencia del dinero de sus estudios el legado Fujimori? En enero de 2001, Keiko Sofía, golpeada por la caída del régimen fujimorista por actos de corrupción, manifestó ante la Comisión Investigadora que presidía el congresista

David Waisman que el dinero para las universidades lo recibía de manos de su padre, es decir, dinero en efectivo. “La universidad estatal en esos momentos costaba alrededor de cinco mil dólares el ciclo entero, incluyendo gastos de habitación y comida, más o menos. En el caso de Boston University, incluyendo gastos de comida y alimentación, costaba aproximadamente 13 mil ó 14 mil dólares el ciclo entero… el dinero me lo entregaba mi padre. Yo lo depositaba en una cuenta estudiantil bancaria en Boston. Saqué tarjeta de crédito estudiantil también y yo misma pagaba la cuenta, de la tarjeta de crédito, y la universidad la pagaba yo personalmente”, señalaba entonces Keiko. Posteriormente, bastante asesorada, afirmaría que sus estudios fueron solventados con el dinero de la venta del terreno de su padre. el túnel del tiempo Sin embargo, los peritos de la Contraloría asignados a la Corte Suprema de Justicia, al hacer un seguimiento a los gastos de los vástagos del ex presidente, indica que los supuestos 327 mil 375 dólares, producto de la venta del terreno que Alberto Fujimori habría dado a sus hijos para solventar sus gastos universitarios no fueron utilizados oportunamente. Los repor tes del Citibank de Nueva York (banco en el cual Keiko y Sachi abrieron cuentas durante su estadía en EE.UU) informan que entre noviembre del 2000 y marzo del 2001, Keiko realizó una serie de movimientos en sus cuentas que evidencian que los hijos de Fujimori recién dispusieron de este dinero proveniente de la venta del terreno en 1999 y lo gastaron en marzo del 2001, cuando ya habían terminado de estudiar en los EE.UU. No olvidemos además que Vladimiro Montesinos reveló ante los tribunales anticorrupción en julio de 2001 que Fujimori pagó los estudios de sus hijos con dinero proveniente del desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Las investigaciones de la Contra-

Vladimiro Montesinos señaló en un interrogatorio que desde 1992 al 2000 entregaba mensualmente dinero en efectivo para la educación de sus hijos, fondos que provenían del Servicio de Inteligencia Nacional. loría y los movimientos bancarios realizados a solicitud de la Procuraduría Ad Hoc del caso FujimoriMontesinos han corroborado que la ex primera dama de la nación y hoy, lamentable lideresa del fujimorismo, tiene una investigación pendiente. Los montos gastados por Fujimori en la educación de sus hijos están comprendidos en el desbalance patrimonial que encontró la Contraloría General de la República, cuyas con-

clusiones fueron entregadas al Poder Judicial. De acuerdo con la Contraloría, durante su gobierno (19902000) Fujimori malversó fondos del Estado y se apropió ilícitamente de 916 millones 67 mil 191 soles. Suma respetable de la cual pagó la educación de sus hijas. Heredando el reino La campaña fujimorista que se inició con el juicio a Alberto Fujimori,

mostró el rostro frío y calculador de la heredera del ex mandatario. Ella se comprometió con el fujimorismo a indultar a su padre el 2011. Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la candidata oficial después que el ex presidente la nombrara como la sucesora de un legado monárquico. A par t ir de entonces, Kei ko nunca hizo mención de la agenda nacional de su movimiento político. Los peruanos no escuchamos, de parte de ella, ninguna propuesta en aspectos económicos y sociales para el país. Siendo una de las congresistas más votadas, tampoco conocemos sobre algún proyecto de ley relevante presentado como congresista, es decir, el país desconoce la producción legislativa de una candidata cuya única consigna es liberar a su papá. Desde que su progenitor fuera condenado a 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros en los sótanos del Pentagonito, la candidata atacó al Poder Judicial con un cinismo digno de su padre. Señaló que no sirve para nada, pero olvida que el Poder Judicial estuvo sometido durante el gobierno de Fujimori bajo las indicaciones de Vladimiro Montesinos, quien resolvía los juicios en las oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). El periodista Fernando Vivas, al respecto de Keiko Sofía señala en su artículo: “Keiko, la peor de todas”:… “La hija mayor de Fujimori ha hecho mucho daño, sosteniendo que hacía el bien (su padre). Cuando se le ocurrió denunciar a Montesinos a los medios de comunicación en el caliente año 2000, no buscaba una salida democrática para el país, sino una coartada para la fuga de su papá, un tiempo de gracia para que hiciera maletas y, de paso, llenar otras con los videos que, si llegaríamos a ver alguna vez (lo dudamos), quizá expliquen cómo así le pudo pagar –a su heredera– los costosos estudios en las universidades de Boston y Columbia”. n

●●● Palabra de escritor Era corrupta como la mayoría de los dirigentes aunque ella no parecieras saberlo. Todo lo que se hiciera para preservar el gobierno de su jefe estaba justificado, ya fuera un chuponeo telefónico o la falsificación de miles de firmas para un padrón electoral. En las reuniones que organizaba seguía entregando regalos aunque con bastante más moderación si se comparaba con los tiempos del Chino, y si algunos acudían por convicción muchos lo hacían por no quedar excluidos de los magros repartos. Ya vendrían de vuelta con el regreso del Chino los camiones repletos de bolsas de arroz, cacerolas, computadoras y hasta tractores que jamás funcionaron pero cuya compra dejó buenas comisiones en los bolsillos de los ministros y funcionarios de turno. Alejandro Estrada, De milagros y pendejadas, Ed. Horizonte, 2006, p.40

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El caso MAPLE en Piura

Rematan tierras sin considerar pueblos y caseríos Televisión:

bocado apetitoso para la corrupción

La televisión peruana durante la década del 90, se convirtió en el principal instrumento de la mafia fujimontesinista que mantuvo adormecida la conciencia crítica de la población.

H

ace poco el gobierno decidió adoptar para nuestro país el formato brasileñojaponés de televisión digital (SBT VD). Los ciudadan@s que poseen televisores se preguntan si tendrán que comprar un aparato nuevo o cuánto costará el adaptador que permitirá captar la tan promocionada señal digital. Pero nadie está discutiendo un tema central que puede prestarse a un negociado inmenso entre los actuales broadcasters y el gobierno: en la franja del espectro radioeléctrico (que es propiedad de todos los peruanos), donde antes entraba un canal de calidad tradicional, ahora podrían emitirse dos canales de alta definición o hasta ocho canales con la señal estándar. ¿El Estado subastará los espacios que los actuales operadores no estén en capacidad de utilizar para que ingresen nuevos competidores? Más aún ¿Cómo negocia el Estado el espacio televisivo? ¿Cómo se fiscaliza y quien lo hace? Esta situación, y el rumor de que el empresario José Enrique Crousillat sería indultado por supuestas “razones humanitarias”, nos obliga a recordar los altísimos grados de corrupción que alcanzó la televisión peruana durante la década del 90, cuando se convirtió en el principal instrumento de la mafia fujimontesinista para adormecer la conciencia crítica de la población. Los videos que el mismo Montesinos

10| Telecorruptos

grabó son prueba de ello: el 12 de octubre de 1998 Montesinos entregó 50 mil dólares al empresario Julio Vera de Canal 9 (hoy refugiado en Chile) y lo instruyó sobre la cancelación de los programas de Cecilia Valenzuela y Luis Iberico. Dos días después, José Francisco Crousillat, de Canal 4, recibió un millón 857mil nuevos soles para garantizar la línea informativa del canal en favor del régimen fujimorista. Inclusive firmó una especie de “contrato”. Poco después, en febrero de 1999, papá e hijo Crousillat acudieron al asesor presidencial a exponer los problemas financieros de su canal. Montesinos

les entregó un millón de soles. También intermedió para comprometer el apoyo del Banco Wiesse cuando dueños de canal 4 y canal 2 le dijeron tener el mismo tipo de problemas. Por su parte, Genaro Delgado Parker, al frente de Canal 13, entró en una disputa por el canal 5 con Ernesto Schutz, consuegro de su hermano Manuel. Schutz venía ganando todos los juicios. Genaro decidió contratar a César Hildebrandt. Con esa poderosa carta de negociación, en abril de 1999, acompañado de Víctor Joy Way, Genaro visitó a Montesinos y le pidió solucionar sus problemas

judiciales a cambio de retirar de la programación a Hildebrandt. Dos semanas después se reunieron para reafirmar el acuerdo y Hildebrandt salió del aire. Lo que Genaro no sabía era que su hermano y Schutz no eran mancos. Schutz también había visitado a Montesinos. El 2 octubre del 2001 se difundió un video en que se lo ve recibiendo 350 mil dólares de Montesinos, como parte de los US$ 10 millones 653 mil por la venta de la línea editorial del “canalazo”. Ese mismo 2 de octubre Schutz, alertado sobre el destape, huía por la frontera de Tacna. En el tintero quedan otras reuniones, como la del 6 de noviembre de 1999, en la que Silva Checa, ex-presidente de directorio de Cable Canal de Noticias, reunido con Eduardo Calmell del Solar, el General EP Luis Delgado Arenas y Montesinos, recibe de éste dos millones de dólares para la adquisición de acciones de dicho canal a nombre del Ministerio de Defensa.¿Cuántas gestiones más como esas se habrán dado? La Veeduría Ciudadana viene reclamando que se apruebe una nueva ley de Radio y TV para garantizar su gestión democrática, plural y transparente. Hoy más que nunca se hace urgente reabrir el debate. Para que mafias como la fujimontesinista no se sigan apropiando de los medios de comunicación, para quitarle ese espacio público tan importante a la corrupción. n

El aprista César Trelles, presidente regional de Piura, viene siendo investigado por el Congreso de la República, por la venta irregular de más de diez mil hectáreas de “terrenos eriazos” a un precio de 60 dólares por hectárea, que con el agua, tienen un valor de mercado de tres a cuatro mil dólares por hectárea. En la venta no se consideró que los terrenos comprende pueblos, caseríos que se encuentran dentro del espacio de las diez mil hectáreas.

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a corrupción se viste de traje y corbata, sale a cenar con políticos, logra normas preparadas a su medida y después se transforma en protectora de la estabilidad jurídica. Los ejemplos de corrupción que luego se legalizan, por procesos administrativos viciados, era la más común en los noventa y está claro que no se han detenido. Para muestra un botón: en Piura la empresa Maple Etanol SRL. decidió invertir en tierras eriazas del Proyecto de Irrigación Chira Piura que pertenecen al Estado. Decidieron hacer un negocio redondo, aprovechar las tierras a bajo costo por ser eriazas y, por el costado, le sacaron la vuelta al Estado solicitando agua para regar esas tierras. Pero eso no se puede hacer ¿no? En realidad no, pero así lo hicieron. Mediante artificios poco legales consiguieron que las autoridades de agua, desde Piura hasta el Ministerio de Agricultura (MINAG), le separen agua para unas tierras que eran del Estado. Cuando tenían el agua asegurada le dijeron al Gobierno Regional, bueno ahora si quiero las tierras eriazas al precio que habíamos acordado. Pero tienes que hacer como que tú fuiste el que pide el agua y emitir una norma que dice que nuestro proyecto es prioritario. El Presidente Regional César Trelles Lara, decidió a título de “promotor”, regularizar lo irregularizable. Como eso no era suficiente, tierra con dotación de agua a precio de eriaza, la empresa decidió asegurase y consiguió que el MINAG defina que nadie más en el valle puede pedir agua hasta que Maple asegure su dotación. ¡Que Faenón! n

● Cronología Agosto 2005. Maple comunica al Gobierno Regional su interés en un proyecto agrario en tierras del Chira – Piura. SETIEMBRE 2005. Maple solicita a la Autoridad de Aguas del Chira (ATDR) le reserven 186 millones de metros cúbicos (MMC) para regar 11 mil hectáreas. FEBRERO 2006. Maple consigue una dotación de agua (186 MMC) para tierras que son del Estado. n El ATDR aprueba el Estudio Hidrológico de Maple y con eso la reserva. n La Autoridad Nacional de Agua, perteneciente al Ministerio de Agricultura, define que “procede” la reserva de agua superficial solicitada y le otorga —de “oficio”— las aguas subterráneas. Marzo 2006. Maple presenta al GR Piura una Iniciativa Privada por diez mil hectáreas. Junio 2006. La Autoridad de Aguas del Chira autoriza la ejecución de estudios para obras asociadas con el agua para el Proyecto Etanol de Maple en un plazo de dos años. Agosto 2006. El Presidente Regional de Piura, César Trelles Lara, trata de tapar “legalmente” todas las irregularidades del proceso: n Declara de interés público el proyecto de Maple, desarrollo agroindustrial de tierras eriazas de la margen izquierda del río Chira. n Pide a la Autoridad de Aguas del Chira la reserva de agua para las tierras del proyecto Maple hasta 186 MMC. Setiembre 2006. El Ministerio de Agricultura, mediante Decreto Supremo, reserva las aguas superficiales y subterráneas de todo el valle, hasta 186 MMC, para las tierras solicitadas por Maple. Enero 2007. Maple realiza la compra de 10,674 hectáreas de “tierras eriazas” a un precio de 60 dólares por hectárea. Con el agua, tienen un valor de mercado de tres a cuatro mil dólares por hectárea. Parte de los terrenos vendidos a Maple Etanol estánenposesióndeagricultorespiuranos, quienes ocupan un tercio del área vendida. Esto lo confirmó el mismo César Trelles en la Comisión Agraria del Congreso el 3 de juniode2008,“queelgobiernoregionalno tomó en cuenta algunos pueblos, caseríos, que estaban dentro del espacio de las diez mil hectáreas”. Mayo 2007. El Ministerio de Agricultura mediante Resolución Ministerial declara agotados los recursos hídricos del río Chira para el otorgamiento de nuevas licencias de uso de agua; es decir, ningún agricultor o inversionista puede desde ese momento solicitar acceso al agua en el valle. Agosto 2008. El Ministro de Agricultura prorroga por dos años más la reserva de agua para las “tierras eriazas” de Maple.

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● La lucha contra la corrupción en el sector extractivo

ORO SUCIO El poder político y económico muchas veces operan y negocian bajo la mesa. La difusión de los petroadudio que involucra a políticos y funcionarios puso en cuestión la transparencia de las concesiones, contratos y la fiscalización de las industrias extractivas.

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n octubre del 2008, en el Perú estalló un escándalo de proporciones que involucró de manera directa a funcionarios del más alto nivel de empresas públicas del sector hidrocarburos, miembros del partido de gobierno y a una empresa petrolera. El caso que comprometió a la empresa petrolera noruega Discover y que devino en el escándalo de los denominados petroaudios, no solo se trajo abajo a todo un gabinete de ministros, sino que también puso

en evidencia la manera como operan algunos en el mundo de los negocios y las inversiones. Otro caso importante fue el de la empresa minera Volcan, que luego de un proceso lleno de irregularidades terminó siendo favorecida por un beneficio tributario que no le correspondía y que significó una pérdida para el Estado peruano de 22 millones de dólares. Luego de una investigación realizada por la congresista Gloria Ramos, el Ministerio de Energía y Minas tuvo que retroceder

12| Minería con escándalo

y declarar nulo todo lo actuado en este caso, comprometiéndose además a iniciar un proceso administrativo a los funcionarios implicados. ¿porqué en la minería hay tanta corrupción? En el caso de Majaz, ante la resistencia de los campesinos a la mina, decenas de ronderos fueron secuestrados y torturados en presencia de un fiscal, que en vez de acusar los delitos, los encubrió. Varios de los agraviados, junto a profesionales de ONGs que colaboran con los ronderos, fueron acusados de terrorismo. La justicia del lado del billetón. ¿Por qué tanta corrupción en las industrias extractivas? En primer lugar porque han estado en una fase expansiva y en una carrera sin precedentes en nuestro país. En segundo lugar porque enormes consorcios de talla mundial, con un gran poder económico, terminan negociando con Estados débiles,

como el nuestro, carentes de capacidades e institucionalidad adecuada. Las situaciones de corrupción se pueden presentar de manera abierta y descarada, pero también pueden ser mucho más sutiles. Estos últimos, aceptados hoy en día por los usos y costumbres en el mundo de los negocios y la política, implican por ejemplo, la cercanía permanente de funcionarios de las empresas privadas con los políticos de mayor influencia, mediante la usual contratación en esas empresas de militantes de los partidos de gobierno, que jugarán un rol de bisagra entre el mundo de los negocios y el poder político, lo que implica toma de decisiones y pago de favores. ¿Es acaso casualidad que un hermano de Meche Cabanillas sea gerente en Minera Yanacocha? puerta revolvente También se permite que personal de confianza o asesores de empresas mineras y de hidrocarburos, pasen

de la función privada a la pública, lo que siembra dudas sobre cómo se mezcla y se defiende el interés público en medio de fuertes presiones de los grupos privados: es el caso, por ejemplo, de un ex jefe de la Dirección General del Ambiente del Ministerio de Energía y Minas, que luego de aprobar una modificación al Programa de Manejo y Adecuación Ambiental de La Oroya, pasó a trabajar a Doe Run, empresa que precisamente opera el complejo metalúrgico en esa localidad y que hasta ahora no cumple con sus obligaciones ambientales. Lo cierto es que en el Perú se necesita un verdadero shock de transparencia en los temas financieros, en los contratos que se firman, en los temas ambientales y en las concesiones mineras y de hidrocarburos que se entregan sin ningún tipo de control en todo el territorio nacional y en la manera como se regula y fiscaliza. n

●●● Palabra de escritor Candela, la mía –el teniente Sangrecita estiró la mano. El Negro remoloneó hasta entregar unos billetes. En paz, mi teniente, aquí mejor no se aleonara porque primero cobraba el alcalde. Nomás una política, Candela. Todavía desprecio la propina. Ni que hicieran negocio Don Filo–. Oye negro, aver si te caes con más. Candela rebuscó sus bolsillos. También protegía de noche, raposeó el oficial. ¿A quién ibas a proteger cojudo, a Antonio Candela, al rey del cerro? Pero igual dobló la propina., mejor en paz mi teniente. Se fue por la cancha silbando entredientes mientras los presos se apartaban de su garrote, su mala risa. Guillermo Thorndike, Las Rayas del tigre, Mosca Azul Editores, 1973, p.29

La Iniciativa para la Transparencia en el Sector Extractivo (EITI por sus siglas en inglés), es un acuerdo internacional suscrito por gobiernos, empresas extractivas, y redes de sociedad civil, para hacer transparentes los pagos que dichas empresas hacen a los gobiernos, buscando así reducir los márgenes de posibles actos de corrupción en el sector, además de que todos los interesados participen de manera informada en los debates sobre políticas públicas. El Perú se adhirió al EITI en el 2004, y en el 2006 formalizó mediante un Decreto Supremo la existencia de una Comisión Nacional y de un Plan de Acción. En los últimos meses el debate en esta Comisión se entrampó en un tema crítico. La sociedad civil propuso dos cosas: i) que el Reporte haga pública la información desagregada (empresa por empresa) y ii) que cada empresa detalle cómo aplica las exoneraciones tributarias que se negocian en los contratos respectivos. Las empresas se opusieron a ambas propuestas. El Ministerio de Energía y Minas apoyó la primera propuesta, pero consideró que la segunda de ellas era inviable. Con la opinión en contra de la sociedad civil, la Comisión Nacional acordó que el Reporte hará pública la información agregada de todas las empresas participantes y, en un segundo capítulo, contendrá la información desagregada de aquellas empresas que así lo autoricen. Sin embargo, hasta hace muy poco el proceso se hallaba nuevamente empantanado por un problema imprevisto: participar en el EITI es un acto voluntario, y resulta que solamente 75% de la producción minera estaba representada en el Reporte. Peor era la situación en el sector hidrocarburos, pues allí PlusPetrol -la principal empresa del sector- no se había incorporado. Felizmente, a última hora PlusPetrol decidió integrarse por lo que ahora la mayor parte de la producción de hidrocarburos estará incluida en el reporte. Pero la gran limitación del proceso es que la mayor parte de las empresas se han acogido a la opción de difundir – presentar la información de manera agregada. Es decir, sabremos cuanto recibe el Estado de parte del sector minería y del sector hidrocarburos, pero –en la mayor parte de los casos– no sabremos cuanto recibe de cada empresa. Ahora bien, el faenón de Rómulo León y Alberto Quimper hizo que el país desplazara su atención de los pagos de las empresas al Estado, a la manera como el Estado negocia contratos con las empresas. Incluir los contratos en el EITI sería una manera de ampliar el ámbito de latransparenciaenesteterreno,facilitandoque“todoelmundo”seentere de quién tiene qué contratos, cómo los consiguió y qué contienen. Finalmente, la lucha contra la corrupción en el sector de las industrias extractivas debe de incluir también una mayor transparencia en la implementación de los diversos instrumentos existentes que buscan asegurar que la actividad extractiva no dañe el ambiente. ¿Quién hace los estudios de impacto ambiental? ¿Con qué criterio los evalúa y aprueba el MEM? ¿Quién supervisa y cómo el cumplimiento de los estándares ambientales? Toda esta información debiera ser de amplio conocimiento para todos los interesados y para la opinión pública. Incluirla es parte de los retos futuros del EITI en el Perú. Más información en: www.eitransparency.org

las torres (No Se Quien y Los No Se Cuantos) El búfalo aprista Agustín Mantilla Alan García y su compañía Villanueva del Campo me dá tanto asco como Chirinos Soto con su cara de poto como cinco policías en la esquina de Larco vendiéndole rifas a

los más zampados y total corrupción que hay en todos lados y con cinco Lucas me compro un diputado, un juez, un fiscal, un par de abogados, un arquitecto o en su defecto un novelista, un par de periodistas.

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Una de las mayores amenazas para el desarrollo económico global es la corrupción que se viste de saco y corbata. Es un mal que esta institucionalizado, que corroe a cualquier régimen económico, político y judicial.

En la venta subvaluada de Aeroperú el Estado perdió 35 millones de dólares.

por ejemplo, Transparencia Internacional de Alemania, que centra su análisis de la corrupción en el costo para una empresa de operar en un país en términos de pagos a funcionarios públicos. Dicho cuerpo teórico considera al funcionario público como un parásito que en esencia cobra a los agentes privados por cumplir con su función pública. De esta forma “se aceita el engranaje”. En ese cuerpo teórico la lucha contra la corrupción se hace eliminando el papel del Estado. En México el examen de manejo para sacar la licencia se eliminó como una manera de luchar contra la corrupción. Las reformas neoliberales de los 90 tuvieron como una de sus esencias filosóficas la lucha contra la corrupción a partir de la reducción del Estado. Esa fue la razón por la cual el Banco Mundial se tornó en el partido político de Fujimori y le brindó la asesoría económica desde el día inicial de su mandato. Era su aparato pensante y financiador. El problema es que en el camino se pudo ver como los defensores de la iniciativa privada enquistados en el Estado abusaban de él, haciendo de la teoría agente principal un juego de niños.

con saco

y corbata 14| La Corrupción y el Mercado

escribe Óscar Ugarteche

U

na parte de la discusión entre si el Mercado o el Estado deberían ser el motor del desarrollo, dicotomía anacrónica y estéril del siglo XIX, consistió en argumentar que el Estado es siempre corrupto. Para los amantes de dicho debate, la actuación actual de los gobiernos estadounidense y europeos son ejemplares de que no hay contradicción. Existe un cuerpo teórico muy grande que utiliza,

el gato de despensero El asesor del ministro de Economía vendía Aero Perú al mismo tiempo que lo compraba junto a su socio mexicano a quien le montó un directorio y estructura de accionistas como para que pareciera que eran inversionistas extranjeros asociados a nacionales cuando en realidad era uno solo y ese acabó en la cárcel en México poco después. Otro asesor del ministro de economía asesoraba al mismo tiempo a la banca acreedora en un claro caso de prevaricato. Un banquero que hoy se ha definido como “centro izquierdista” colocaba a sus funcionarios en el despacho del ministro de Economía para tener información privilegiada y mover dinero público a sus arcas. La corrupción estaba afuera del Estado. Para ver donde está el corrupto baste ver quién es el beneficiado final de las acciones ilegales. En un acto de vileza se compraron armas de segunda mano en efectivo por 1,800 millones de dólares a una empresa en la que eran socio Montesinos y dos más y cuya cuenta está en el BBVA de

Gran Cayman. Son las armas con las que se peleó en el conflicto del Cenepa. Se compraron con decretos secretos de urgencia de espaldas a mecanismos de rendición de cuentas. Quién sabe si haya más socios en esas compras. Baste ver las fotos en Caretas de los visitantes a los vendedores de armas en Rusia para entender que no eran solo Montesinos y tres más. En la cárcel hay varios ministros de economía de ese régimen y el infaltable longevo ministro que pasó cinco años de detención domiciliaria, tantos como de ministro casi. No hay en cambio, sentenciado o detenido algún empresario, abogado o banquero de los muchos que fueron beneficiarios directos e instigadores de los delitos de cuello blanco. Finalmente, en el gran final del régimen cleptocrático que logró hacer humo 7,000 de los 9,000 millones de dólares obtenidos por la privatización, remuneraron al asesor del SIN con 15 millones de dólares en efectivo. Eso se va a enjuiciar pronto. En el exterior hemos visto delitos de cuello blanco en los casos de Enron, donde con la ayuda de la empresa auditora Arthur Andersen lograron encubrir 38,000 millones de dólares de deudas como si fuesen 13,000. Hasta que los 25,000 millones restantes salieron a buscarlos como los fantasmas, enterrando a Enron que era la empresa energética más grande del mundo y en camino haciendo desaparecer a la auditora. Se hizo evidente que a las empresas auditoras les paga el cliente y que mientras más grande es el cliente, más flexibilidad tienen para encubrir cuentas poco transpa-

La historia financiera muestra abundantes casos de estafas piramidales como el reciente caso del banquero Bernard Madoff

rentes. También fueron las empresas auditoras y las calificadoras de riesgo las que pasaron de la banca comercial al mercado de valores, las hipotecas de mala calidad, haciendo uso de su poder de crear reputaciones cuando lo único que hacían era repetir lo que su cliente importante decía. Eso hacen hoy las calificadoras de riesgo internacionales y lo siguen haciendo en lo que se llamaría un contubernio con sus clientes importantes. madoff y manrique Más recientemente está el caso Madoff donde un elegante banquero personal ocultó a sus clientes el modo como desviaba el dinero de sus cuentas, maquillándolas con la ayuda de sus auditores. El banco más grande del Perú, el más importante y poderoso, perdió un par de millones propios y otros 60 ó 70 de sus asesorados con este estafador de cuello y corbata, mostrando así que no hacía su trabajo básico como asesor de inversiones. En el Perú hemos tenido también el inmemorial caso CLAE-Manrique, que pulverizó los ahorros y dejó en la calle a la clase media que se había quedado sin empleo por efecto de la reducción del Estado. Hace apenas tres meses se hizo evidente que el Stanford Group de propiedad de Allen Stanford, que hacia banca personal, en realidad desviaba los fondos de los depositantes a cuentas secretas del propietario del banco engañando a gente muy rica de Estados Unidos, América Latina y Europa. Ahora están en los juicios para intentar recuperar el dinero. En común entre todos está una actitud de estar por encima de la ley. La justicia es una “disneylandia” que puede ser comprada porque todo se compra. Hasta ahora casi todos los casos han demostrado que esos empresarios tienen razón. La justicia se puede esquivar si el poder es grande. En el Perú, el inicio del juicio por los 15 millones del pago Montesinos nos va a recordar a todos que no solo se trató de un gobierno intolerante sino de un régimen cleptocrático y mafioso que gobernó con la ayuda de un pequeño sector de empresarios, banqueros, abogados, consultores de empresas, directores de medios de comunicación que hicieron su agosto. n

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Entrevista al Fiscal Avelino Guillén Jauregui:

“Hemos demostrado que un ex presidente puede ser juzgado en un proceso impecable” La revista Bajo La Lupa habló con el Fiscal Supremo encargado de procesos contra Alberto Fujimori, Avelino Guillén, quien nos señala que el ex presidente Fujimori con el pago de los quince millones no solo pagó la Compensación por Tiempo de Servicios a Montesinos, sino que se trata de la compra de su silencio.

Revista Bajo La Lupa (BLL): Ya comienzan los juicios por corrupción contra Alberto Fujimori, habría que revisar la importancia de que un ex Presidente esté sentado en el Banquillo de los acusados por temas de corrupción. Avelino Guillén Jauregui (AGJ): Claro. Ya el señor Fujimori ha sido condenado por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Ahora, corresponde iniciar los juicios por corrupción. En estos procesos, la fiscalía pretende demostrar el manejo absolutamente irregular, ilícito de fondos públicos. La manera como el señor Alberto Fuji-

16| Entrevista

mori, con la finalidad de pagar una supuesta indemnización al señor Vladimiro Montesinos, lo que hizo fue apropiarse de fondos públicos. Pero, quiero precisar un punto, no se trata estrictamente del pago de una Compensación por Tiempo de Servicios, se trata de la compra del silencio del señor Montesinos. Para su salida del gobierno, Montesinos planteó una serie de ´compromisos´ al señor Fujimori; una de ellas fue la entrega de una suma de dinero, porque éste señor, por su rol transcendental en el régimen del señor Fujimori, conocía bien de todas las tropelías que hicieron

con la finalidad de obtener un beneficio indebido. BLL: Estamos hablando de dos procesos aprobados por la Corte Suprema de Chile… AGJ: Así es, la Corte Suprema de Chile ha declarada fundada la extradición. Uno es por el pago, que se ha rotulado en el Congreso como “Compensación por Tiempo de Servicios” a Montesinos; y el otro es por tres procesos acumulados: el reclutamiento de congresistas tránsfugas, la compra de canal 10 de noticias, y todo lo relacionado con chuponeo telefónico. BLL: Pero en el régimen de Fujimori

existieron muchos casos de corrupción, en los que el mismo Fujimori estaba involucrado. ¿Por qué sólo se le puede juzgar por esos dos casos? AGJ: Lo que sucedes es que, por ejemplo, en los casos de enriquecimiento ilícito en el ordenamiento legal en Chile no es un delito sancionado con cárcel; para ellos, en la hipótesis de probarse enriquecimiento ilícito lo que corresponde es una multa. BLL: Ahora, el hecho de que en Chile no se haya aprobado la extradición no quiere decir que no existan las pruebas que demuestran el enriquecimiento ilícito de Fujimori….

AGJ: Si existen pruebas que demuestran un desbalance patrimonial ostensible de parte del señor Fujimori. Aparte de la pericia de los informes de Contraloría, existen otras pericias que demuestran que, efectivamente, el señor Fujimori presenta un sustancial incremento en su patrimonio como consecuencia de la función pública que desempeñó. BLL: Este es un proceso histórico ¿qué mensaje puede dar a la ciudadanía y la opinión pública nacional e internacional? AGJ: Bueno, nosotros esperamos que estos procesos tenga una difusión

adecuada, que estas audiencias sean transmitidas al igual que en Barrios Altos y La Cantuta. Es un mensaje a las nuevas generaciones y sobretodo tiene una función pedagógica. Si usted analiza los acontecimientos que se suscitaron a partir de agosto del año 2000 hasta el 13 de noviembre del año 2000, usted va a advertir que los hechos son concatenados y le muestran una secuencia que nos ponen a la vista graves actos de corrupción, desde las cuentas de Montesinos en Suiza; los videos; el allanamiento de su vivienda; la desesperación de Fujimori por recuperar los videos que estaban en poder de Montesinos; el manejo, como si fueran papeles, de millones de dólares; los acuerdos entre Montesinos y Fujimori para un pago por una compra de silencio con 52 millones 500 mil soles que entregó el señor Fujimori a Montesinos. BLL: ¿Cuáles pueden definirse como las fortalezas que ha tenido el Ministerio Público en el combate contra la corrupción y cuáles son las debilidades que deberían superarse? AGJ: Primero, debemos reconocer que durante el régimen del señor Fujimori, en los más altos niveles del Ministerio Público existió un control del Ministerio Público por parte del señor Vladimiro Montesinos. La actuación de la doctora Blanca Nélida Colán, que todos conocemos, demuestra una línea de dependencia hacia el Poder Ejecutivo por parte del Ministerio Público. Pero a partir de la caída del señor Fujimori, bajo la conducción de la doctora Nélly Calderón, se inició una intensa labor con la finalidad de poder combatir este flagelo de la corrupción. Hubo un compromiso de la mayor parte de los fiscales. Segundo punto, quizás después se ha dado una cierta debilidad o relajamiento en cuanto a la intensidad del combate frente a la corrupción; pero, sin embargo, nosotros percibimos (…) un nuevo impulso de parte del Ministerio Público. BLL: ¿Qué acciones, cree usted, que quedan aún por hacer para fortalecer el trabajo del Ministerio Público con miras a combatir la corrupción? AGJ: Desde el Ministerio Público, lo que se tiene que hacer es fortalecer las fiscalías anticorrupción. Se les tiene que dotar (…) de suficientes recursos humanos, suficiente número de fiscales, el apoyo de recursos logísticos, tiene que haber una capacitación a los señores fiscales anticorrupción, básicamente en materia de estrategias de procesos, teoría del caso y temas relacionados con delitos contra la administración pública.

●●● Palabra de escritor Cada juicio criminal es una veta en la que corta a cincel y sin misericordia: el asesino mas famoso, el ladrón de caminos más conocido, el criminal más digno del Panópitico, con dar al escribano 200, 400, 500 o más soles, divisibles entre S.S. y él, es absuelto inmediatamente.. Con esto y con nombrar jueces de paz a los que son de su camanchaca, para lo que el suele decir también “no hay nombramiento, no habiendo venganós” y se rasca la mano, con esto decimos, el señor Juez tiene una renta de 500 y mil soles mensuales, fuera de obsequios y de fragilidades. Abelardo Gamarra, “El Tunante”, (1857-1924) “Juan Pichón”, en Satíricos y Costumbristas, Patronato del Libro Peruano, Lima, 1957. BLL: ¿Quizás tener Fiscalías Supremas especializadas en Delitos contra la Administración, de Corrupción pueda ser una propuesta? AGJ: Esa es una propuesta que he escuchado en diversos foros académicos. Yo comparto esa iniciativa; pero, esa es una decisión que corresponde tomar a la Junta de Fiscales Supremos. BLL: Un riesgo que plantea la sobrecarga que tienen los fiscales supremos y vocales supremos, es el tema de las prescripciones. La prescripción en delitos de corrupción implica que no sólo no se pueda sancionar al procesado sino que elimina la posibilidad de recuperar parte de lo que se robaron del Estado… AGJ: Así es. Se están dando algunos casos en los que se han declarado prescritos varios procesos y eso es un tema que preocupa. La demora en la tramitación de los procesos está determinando la excarcelación de varios procesados que están con mandato de detención. Se requiere una acción más ágil de parte de los magistrados judiciales y de los fiscales con la finalidad de evitar que se produzcan estas situaciones que generan impunidad. BLL: ¿Qué opina sobre el planteamiento de reimpulsar proyectos que

plantean la imprescriptibilidad de los delitos de gran corrupción? AGJ : Yo en pr incipio, estoy de acuerdo con esa propuesta; se están dando muchas prescripciones que constituyen una burla al sistema judicial. BLL: Una reflexión final frente a lo que se ha evidenciando en el caso Fujimori, con miras a las posibilidades que tenemos como país en la lucha contra la corrupción. AGJ: La justicia peruana ha tenido tres grandes triunfos: uno primero es que se declarara fundada la extradición del señor Fujimori; la lucha fue tenaz a nivel de la Corte Suprema chilena. Un segundo paso, fundamental, es el haber demostrado ante los ojos del mundo que un ex Presidente puede ser juzgado de manera impecable. Un tercer punto es que el señor Fujimori ha sido objeto de una sentencia condenatoria tras haberse demostrado sin ninguna duda su culpabilidad. Nosotros consideramos que ese mismo procedimiento se tiene que dar en el caso de los juicios por corrupción, en el que buscaremos demostrar el manejo absolutamente irregular de los fondos públicos del Estado. (Entrevista de Gabriela Flores) n

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a “Vía Expresa del Callao” en la avenida Faucett es materia de un “vladivideo” donde Montesinos habla del otorgamiento de la buena pro. José Francisco Crousillat, que cobraba millones por vender los noticieros del canal 4 a la dictadura, pregunta: “¿cuál es el negocio?”. Alex Kouri responde: “El peaje, pues”. En efecto, en los años posteriores los peruanos pagamos cerca de 35 millones de dólares por peaje, sin que se hiciera obra alguna que lo justifique. Las irregularidades: De acuerdo al informe de la Contraloría General de la República, la Municipalidad Provincial del Callao, entonces a cargo de su alcalde Alexander Kouri Bumachar, a la fecha de convocatoria del Concurso Público (21 de junio de 1999) para la entrega en concesión del diseño, construcción y explotación de la Vía Expresa del Callao, no contaba con las atribuciones y competencia para emitir dicho acto administrativo. Esta competencia correspondía a la PROMCEPRI (ahora PROINVERSION). Ese mismo mes empezaron a moverse los hilos del negocio para que fuera altamente rentable. En ninguna parte del mundo se cobra peaje en calles de la ciudad. Nunca antes se había cobrado peaje en una avenida de Lima. Por eso, para justificarlo, tuvieron que decir que la avenida Faucett no era una calle de la ciudad, sino parte de la Panamericana Norte, como si estuviera fuera de los límites de Lima Metropolitana. Así, el entonces ministro fujimorista de Transportes y Comunicaciones, Alberto Pandolfi, emite la Resolución Ministerial 276-99-MTC-15.02, que incorpora la avenida Elmer Faucett a la carretera Panamericana, por tanto, a la Red Vial Nacional, permitiéndose con ello el cobro de peaje. El siguiente paso fue convocar a un Concurso Público de Proyectos Integrales. Lo ganó un consorcio que tiene como uno de los accionistas principales a Roberto Dall’orto Lizarraga, sobrino del que fuera Presidente del Comité de Concesiones del Concurso Público para la ejecución de la Vía Expresa Callao, ingeniero Augusto Dall’orto Falconi, quien meses después se convertiría en suegro del ex Alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, Alexander Kouri. ¡Qué coincidencia! Uno de los requisitos de este Concurso era que las empresas postulantes cuenten con un capital social mayor a de S/. 42’000,000. Sin embargo, al término del plazo para suscribir el Contrato de Concesión, marzo del 2000, la empresa concesionaria peruano-argentina, con-

18| El peaje de Kouri

¿Cuál es el negocio? el peaje pues Kouri es el protagonista de varios “vladivideos” de la década de la corrupción, un negocio que nació en la salida del SIN fue el ilegal cobro del peaje del Callao

formado por Concesiones Perú S.A.C, CCI Construcciones S.A. Sucursal del Perú y CCI Concesiones S.A. (que posteriormente se constituirían en Convial Callao S.A) se encontraba imposibilitado para suscribir dicho contrato, pues no contaba con el capital social mínimo requerido. En ese momento, el municipio del Callao en vez de convocar a una nueva licitación, postergó hasta en seis oportunidades –por más de 10 meses– la firma del contrato, tiempo que le permitió a la empresa concesionaría obtener mayor capital social. Esta empresa, como hemos visto, tenía como uno de sus socios al sobrino del presidente del Comité de Concesiones, a su vez suegro de Alex Kouri. En esos diez meses el consorcio pasó de tener un millón a tener doce millones de soles de capital social,

siendo el capital exigido en el contrato de 42 millones de soles. Aún no cumplía los requisitos legales, pero igual se le permitió firmar el contrato de concesión. Las irregularidades no acabaron allí. Luego de suscrito el contrato, se hicieron siete adendas (modificaciones) que desnaturalizaron por completo el proyecto original: los requisitos originales se fueron diluyendo con el tiempo. Con ello se permitió extender el plazo de ejecución de las obras de 24 hasta casi 60 meses, y se permitió el cobro de peaje, que sólo debía hacerse una vez culminadas todas las obras, con un avance de las mismas del 21%, menos de una quinta parte. Pero ¿acaso se han avanzado 21% de las obras? Ni siquiera hay informes validados por el Municipio del Callao que confirmen eso. Igual se les permitió cobrar peaje durante más de tres años.

Superan los mil días, los que los chalacos, limeños y peruanos hemos estado obligados a pagar por ese peaje. Así, se impuso la cobranza más cara del mundo: un sol cincuenta (medio dólar) por apenas un kilómetro y medio de recorrido, siendo los estándares internacionales de US$ 1,50 por cada 100 kilómetros. La Contraloría encuentra responsabilidades La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los siguientes pasos: concesión y construcción de la cuestionada vía en el contrato firmado entre Kouri -entonces alcalde del Callaoy Convial Callao S.A. Al respecto, la Contraloría ha encontrado que las sucesivas modificaciones al contrato original podrían deberse a una colusión entre Kouri y Convial.

● Filmado El peaje de la Av. Elmer Faucett fue un negocio ilícito que nació en la década de la corrupción, precisamente, en la salita del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Así lo confirma un vladivideo filmado en la misma salita en laquetodoslosperuanosvimosa Vladimiro Montesinos pagando fajos de dólares a Alberto Kouri, el hermano de Alex Kouri entonces congresista elegido por la oposición, para pasarse a las filas del fujimorismo. Por este hecho irregular, Alex Kouri, actual presidente regional del Callao, fue denunciado por la Contraloría General de la República a nombre del Estado. La denuncia de la Contraloría considera los delitos de usurpación de funciones, omisión de actos funcionales y aprovechamiento indebido del cargo. Asimismo, en agosto de 2008, el fiscal anticorrupción Oscar Zevallos solicitó al Poder Judicial ordenar el embargo preventivo de los bienes del presidente regional del Callao, 20 funcionarios ediles y de un grupo de representantes de la empresa Convial, todos comprendidos en la denuncia fiscal por este caso. La denuncia se basó en informes de la Contraloría General de la República, Sunat, Superintendencia de Banca y Seguros y de la Policía Anticorrupción. Contraloría recomendó, entonces, en aras del derecho de los usuarios y la comunidad en general lo siguiente: nulidad de contrato de concesión; la búsqueda de nuevas y mejores condiciones de contratación y la suspensión del cobro del peaje, en tanto se resuelva la controversia. Este caso conllevó a una serie de reclamos y protestas de la ciudadanía. Finalmente, un fallo judicial dejó sin efecto la cobranza y el funcionamiento de la empresa. Pero queda muy claro -ante los hechos evidentes- que el cobro del peaje favoreció a una empresa de un familiar de Alex Kouri, político ligado al fujimorismo y al presidente Alan García. El actual Vicepresidente, Luis Giampietri, pertenece al movimiento político de Kouri. El juicio que se ventila en el Poder Judicial contra los presuntos responsables evidencia que hay sobradas razones de sancionar a los implicados de este caso. La pregunta que se hacen los peruanos ante tantas influencias de impunidad es, ¿será otro juicio intocable de la clase política que gobierna el país? n

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SE COMPRAN ARMAS...

¿Y MI COMISIÓN? Entre 1994 y el 2000 se emitiron centenares de Decretos de Urgencia a fin de exonerar a las instituciones de los requisitos de licitación y concurso público. Bajo esta modalidad delictiva se desviaron fondos destinados a las Fuerzas Armadas, que permitieron establecer una red de traficantes de armas, encabezada por Montesinos en sociedad con Fujimori.

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a principal fuente de financiamiento ilícito de Fujimori y Montesinos fue la compra de armas. Establecieron una red de traficantes de armamento que les permitía ganar altas “coimisiones” por la compra de ciertos equipos, en muchos casos inservibles. Varios de los traficantes que integraron estas redes, como James Stone y Sarkis Soghanalian, han reconocido que aportaron a una “bolsa” para Fujimori. Para ello, realizaban la triangulación de cuentas poniendo el dinero en cuentas en el extranjero, que luego regresaban al país bajo otros nombres. Entre 1990 y 2000, Fujimori aprobó normas secretas que permitieron utilizar US$ 1´885, 675,000. “La concentración de adquisiciones se organizó a través de tres grupos de proveedores vinculados a la red de corrupción”, concluyó la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros (CIDEF). Ellos se beneficiaron del 44.5% del total de fondos del sector Defensa durante toda la década, es decir obtuvieron contratos por más de US$840 millones de dólares. Una enormidad de dinero. Los “gordos” Los principales grupos eran: los vinculados a la empresa “W21Intertech-

20| Traficante de armas

nique”, conocidos como los “Gordos” integrado por Alberto Venero, Óscar Benavides Morales, Moshe Rotschild y Luis Duthurburu (US$473´139,330); y James Stone Cohen y sus socios, Ilan Weil Levy, Fernando Carulla, entre otros (247´815,034). Por ejemplo, en una de las adquisiciones más importantes que se hizo, se compró a la empresa de Moshe Rotchild repuestos Mercedes Benz y otros insumos, permitiéndose la demora de los procesos para darle tiempo a que se adecue a las normas establecidas para ese tipo de operaciones. Así, se aprobó comprarle en 1994 y se recibieron los repuestos recién en el 96. Es más, lo adquirido no cumplía con lo requerido por el Ejército. El ex militar acogido a

la colaboración eficaz ha relatado ocasiones en las que el mismo Fujimori lo llamaba para ordenarle que se le comprara a la empresa de su amigo del alma. El Último Negocio…Inventemos El Plan Siberia Para Librarnos El último negocio que realizaron Fujimori y Montesinos fue el vinculado al caso “Tráfico de armas de las FARC”. En este caso, los traficantes contactados fueron Sarkis Soghanalian y Charles Acelor, quienes han señalado que se trató de un negocio de Estado a Estado, entre Perú y Jordania. Sarkis ha declarado que se reunión hasta en tres oportunidades con Vladimiro Montesinos, y una con César Saucedo Sánchez, además de que le remitió

regalos a Alberto Fujimori. Asimismo, Soghanalian ha informado que la transacción original era por más de 24 millones de dólares correspondientes a 50,000 fusiles, misiles y otras armas. Sus viajes a Lima fueron por invitación de los militares peruanos. Las armas fueron a parar a las FARC colombianas en una operación clandestina, ilegal y que pone en riesgo la seguridad de Colombia y el Perú. Ante la inminencia de la información obtenida por las autoridades colombianas, que lograron interceptar el negociado en los primeros 25,000 fusiles, Fujimori y Montesinos en una conferencia de prensa pretendieron hacer creer que bajo el Plan Siberia

(que no existió) habían detectado y neutralizado a una banda liderada por los hermanos Aybar Cancho que estaba entregando armas a las FARC de Colombia. Basta decir que los paracaidistas que participaron en las entregas ilegales han declarado que “fueron convocados por el Jefe de la II Región Militar, general Carlos Indacochea”, lo que demuestra que era una operación dirigida desde la más altas esferas. Vladimiro Montesinos ya fue condenado a 20 años de prisión por este caso. Pero habiendo pasado meses, el gobierno de Alan García todavía no ha tramitado un nuevo cuadernillo de extradición para que la Corte Suprema de Chile permita que Fujimori sea juzgado también por este caso. n

●●● Palabra de escritor Textiles –dijo él–. Ayer se plantó la discusión del pliego de reclamos. Anoche los empleadores fueron al decirle al Ministro de Trabajo que hay amenaza de huelga, que todo esto tiene un trasfondo político. Perdón, Don Cayo, no hay tal cosa- dijo Lozano.- Usted sabe, textiles, foco aprista desde siempre, así que ahí se ha hecho una limpieza en regla. El sindicato es de plena confianza. Pereira, el secretario general, usted lo conoce, ha cooperado siempre. Hable con Pereira ahora mismo –lo interrumpió él-, digale que la amenaza de huelga se va a quedar en amenaza… Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, Seix Barral Eds., 1969, p.241

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tras el trono a manos llenas

Los militares, los grupos monopólicos, y las multilaterales , fueron los tres grupos que sustentaron el régimen de corrupción de Fujimori ,y se aprovecharon de él.

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ntre los poderes fácticos, destaca el que representan los mandos militares, los aparatos de inteligencia y las figuras de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Estos jugaron un papel central en el régimen cívicomilitar que manejó el país, tras al llamado auto-golpe que disolvió la democracia. Su papel está claro en los casos de violación de derechos humanos y también en la corrupción vinculada a la compra de armas, al manejo de la Caja de Pensiones Militar-Policial, así como en la manipulación del Poder Judicial, el Ministerio Público y el sistema electoral. También tuvieron vínculos con el narcotráfico: se ubicaron desde

un ex avión presidencial hasta un buque de la Armada Peruana con cargamentos de cocaína, aparentemente dirigidos a Bielorrusia y Rusia. Otros varios casos de relación con narcotraficantes en las zonas productoras fueron develados en esos mismos años. Las investigaciones del Congreso, la Procuraduría Anticorrupción y el mismo Poder Judicial, así como los videos de Montesinos, son contundentes. Los grupos económicos de poder En otra esfera de la corrupción operaron grupos privados, nacionales y extranjeros. Se trata del manejo del Estado en compras públicas de bienes sobrevaluados o inoperantes, licitacio-

22| Poderes fácticos y corrupción

nes y adjudicaciones de obras públicas (involucrando hasta empresas vinculadas a ministros), salvatajes bancarios de entidades conducidas irresponsable y arbitrariamente, uso de papeles de deuda externa peruana, privatizaciones poco transparentes y mal conducidas, privilegios tributarios que llevaron a dejar de pagar centenares de millones en impuestos no cancelados, etc. No faltaron ministros-empresarios vinculados a graves irregularidades. Un es el caso de Jorge Camet Dickman, quien desempeñara la función más prolongada como MEF, y lograra que su empresa de construcción se desarrollara hasta los primeros lugares después de asignarse, directamente o por invitación, obras de construcción como el Penal de Huánuco, que carece

de servicio de agua y desagüe. Ciertamente, la función pública le permitió importantes contratos privados, como el de la fábrica Lucchetti, ilegalmente ubicada en un terreno que era reserva ecológica. Los grupos económicos también resolvieron problemas empresariales y crediticios con la mediación de Montesinos. Numerosos vladivideos lo acreditan como el caso del conflicto por la propiedad de una parte de las acciones de la más importante empresa minera aurífera, Yanacocha, resuelto en el Poder Judicial a favor de la empresa norteamericana con mediación de Montesinos; el caso de la empresa chilena Lucchetti que acudió al mismo procedimiento; los intereses del Banco de Crédito en administrar

una empresa pesquera intervenida por narcotráfico o en quitarle aranceles al trigo para favorecer sus negocios en Alicorp; o las deudas de los medios de comunicación con la banca que pasaron por las oficinas del SIN. Aquí los poderes fácticos se encontraban y resolvían sus problemas. La SUNAT evitaba fiscalizar a determinados contribuyentes vinculados al régimen o hacía excepciones para casos de empresas importantes. Este era el caso sobretodo de los medios de comunicación. Esta situación irregular había comenzado en 1995 cuando se aceptó el canje de tributos por publicidad. Ello hacía de los medios de comunicación, las únicas empresas en el Perú que podían pagar en especies y más aún a tarifas fijas establecidas por ellos mismos. Ese trato preferencial era parte del complejo de favores y contra dones que terminaron subordinando los medios de comunicación al proyecto continuista del régimen. Así, la SUNAT apareció como un ente arbitrario que dejaba de fiscalizar a ciertos contribuyentes que no podían ser evaluados o investigados (llamados del RUC sensible), y perseguía a otros por razones políticas. Es decir, la SUNAT se transformó en una institución que aplicaba criterios no tributarios para la conducción de sus funciones habiendo quedado establecida ante la opinión como una entidad nuevamente manejada en forma política Como en este caso, se manejaron otros entes de regulación y control, siendo un escándalo el de la Contraloría Nacional donde se priorizó fiscalizar a los municipios que controlaban el 4% del Presupuesto Nacional, mientras no se intervenía ni en las privatizaciones, ni en las compras de armas ni las operaciones de recompra de papeles de deuda externa, en los que se movían miles de millones. A su vez, allí se afincaron, a la sombra del Contralor Caso Lay, personajes vinculados a bandas de narcotraficantes como los Camellos, en altos puestos de la institución. Finalmente, varios personajes de los órganos reguladores terminaron trabajando luego en altos puestos de empresas a las que habían “fiscalizado” previamente. Lamentablemente, la mayoría de

Los grupos monopólicos también se enriquecieron y resolvieron sus problemas con la ayuda de Montesinos: los casos Newmont-Yanacocha, Banco de Crédito, Alicorp y Luccheti, están en los Vladivideos. estos casos no se verán en los procesos a Fujimori y muchos de los más importantes casos de corrupción en salvatajes bancarios, recompra de papeles de deuda externa, privatizaciones y licitaciones no han progresado en el Poder Judicial y, silenciosamente, se han archivado o exculpado a sus responsables. La tecnocracia y las multilaterales Un tercer poder fáctico que operó fue el de la tecnocracia que sirvió y se sirvió del régimen, los ministerios u organismos reguladores o superintendencias. Algunos, como Roberto Abusada, el Jefe del gabinete de asesores del Ministro Camet, intervino en una de las primeras privatizaciones y en la fraudulenta administración que le siguió: el caso de AeroPerú, que terminó en la quiebra y generando una importante evasión tributaria. Otro, terminaron en cargos de Ministros, como Baca Campodónico

en el MEF, después de implementar el sistema del llamado RUC Sensible, o –como el Director de Crédito Público del Ministro Camet– entregando obras de construcción a la empresa de su amante por asignación directa. Varios se ubicaron después en organismos multilaterales y, alguno de ellos –como Baca Campodónico– ha sido capturado en Argentina mientras se desempeñaba como funcionario del FMI a pesar de estar requisitoriado en el país. Muchos gozaron de planillas estatales paralelas manejadas por el PNUD. Y ciertamente, estuvieron –como un factor con incidencia importante en el poder – las multilaterales (Banco Mundial, FMI, BID, etc). Éstas, a comienzos de los 90, habían emprendido un viraje en sus relaciones con los gobiernos prestatarios, endureciendo condiciones y elevando sus exigencias de implementación de reformas estructurales desreguladoras, acorde a lo delineado por el Consenso de Washington (“CW”)

y la corriente de pensamiento neoliberal en boga entonces. La consecuencia de la vinculación y acuerdo entre Fujimori y las multilaterales fue el quiebre con su propuesta original, el inicio del repudio de sus promesas electorales de no aplicar un ajuste o “shock” económico, y el alejamiento de muchos de los técnicos y especialista de tendencia progresista que le habían apoyado inicialmente, tomando la posta figuras provenientes de los sectores de la derecha. La larga relación entre Fujimori y las multilaterales fue constante. El proceso de recuperación y restablecimiento de la democracia que tuvo lugar durante esos meses cruciales del año 2000 fue un proceso en donde las multilaterales, como tantas veces en el transcurso de la década de los 90, se mantuvieron al margen, protegiendo sus interés y cuidando de no estropear su privilegiada relación con el régimen fujimorista hasta el final. n

●●● Palabra de escritor Todas las agencias suprimieron la noticia menos Ansa, -dijo él, apenado –. A pesar de las relaciones cordiales que tenemos con usted, señor Tallio. La noticia pasó por acá, con todas las otras señor Bermúdez –colorado ya, sorprendido de veras ya, sin poses ya-. No recibí ninguna indicación, ninguna nota. … Pero si el doctor Alcibíades me lo hubiera pedido, yo hubiera suprimido la noticia, lo he hecho siempre – ansioso ahora, impaciente, perplejo. -Ansa no tiene el menor interés en difundir cosas que incomoden al Gobierno… . Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, Seix Barral Eds., 1969, p.253

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fujimori: casos pendientes

No todos los casos de corrupción que involucran a Fujimori han llegado a juicio. La lenidad del Poder Judicial ha favorecido, en estos casos, al ex presidente, hoy reo.

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no de los casos por los que se solicitó la extradición de Alberto Fujimori fue por el de los tractores chinos que el Estado Peruano adquirió entre 1994 y 1997, a través de tres operaciones de endeudamiento externo con el Banco de China. El endeudamiento por este concepto superó los US$ 70 millones de dólares, habiéndose realizado sin evaluación económica, en operaciones de compra que estuvieron exoneradas de licitación pública con el pretexto de una inexistente urgencia, y donde no se especificaron requerimientos para la maquinaria adquirida. De los tractores chinos se sabe que se compraron 4,100, los cuales fueron distribuidos única y exclusivamente por Fujimori durante la campaña para las elecciones del 2000. La calidad de estos tractores era tan mala, que para el año 2000 apenas uno de cada tres estaba operativo. Los restantes se habían convertido en chatarra o habían desaparecido Deuda externa A inicios del fujimorismo, la cotización de los papeles de la deuda pública del Perú apenas llegaba al 5% del valor nominal. Sin embargo, esta cotización comenzó a crecer de manera considerable, siendo que para 1993, la cotización de los papeles de

la deuda llegaba a un 27% de su valor nominal. Para 1994 con el proceso de privatizaciones, el valor de los papeles se multiplicó hasta en un 58% de su valor nominal, beneficiando a los

24| Fujimori: Casos pendientes

especuladores que habían comprado papeles a precios muy bajos y que vieron incrementadas sus capitales por ese motivo. Entre octubre de 1994 y noviembre

de 1996 se transfirieron siete empresas públicas a manos privadas, utilizándose US$ 344 millones de dólares en papeles de la deuda peruana como forma de pago al Estado.

El problema con este esquema es que diversos círculos de especuladores financieros con conexiones al régimen de Fujimori se beneficiaron con información privilegiada sobre las intenciones del gobierno de permitir el uso de papeles de la deuda en las privatizaciones, por lo que pudieron acopiar a bajo precio estos documentos para después revendérselos al Estado hasta en diez o doce veces el valor que habían pagado. Exoneraciones tributarias para los amigotes El Decreto Supremo 120-94 otorgó el beneficio de la doble depreciación, que consistía en permitir a empresas que fueran fusionadas o escindidas, revaluar activos que ya se encontraban depreciados para volver a depreciarlos por segunda vez, lo que reducía de manera considerable su pago de impuestos. Así se dio un carnaval de fusiones ficticias, con la única finalidad de gozar de la ventaja de la doble depreciación y no pagar impuestos, afectando enormemente la recaudación del Estado. Así, por ejemplo, tan sólo las empresas distribuidoras de electricidad de Lima, Edelnor y Luz del Sur dejaron de pagar impuestos por S/. 314 millones de soles entre 1994 y 1999 a través de la aplicación del DS. 120-94. El Decreto Supremo 120-94, promulgado por Jorge Camet, y que otorgaba facilidades tributarias a las empresas, no siguió el procedimiento establecido para la formulación de dichas normas, pues careció de la opinión favorable de la SUNAT ni de las áreas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Más grave aún es que en la elaboración de este Decreto intervinieron directamente abogados y asesores privados que representaban a las empresas beneficiarias, dándose incluso el envío de faxes al propio Ministerio de Economía y Finanzas con “comentarios” sobre lo que debería incluirse dentro de esta norma. US$ 7 mil millones en Total Así, acorde a diversas fuentes, durante el Gobierno de Fujimori se robaron al Estado alrededor de siete mil millones de dólares, lo que significa que el costo de la corrupción para los peruanos ascendió a no menos de US$ 1,500 por familia. La organización Transparencia International estimó que tan sólo Fujimori fue directo responsable de sustraer

● Los Costos de la Corrupción Se ha estimado que el costo total de los latrocinios, abusos y negociados de diez años de gobierno de Fujimori y Montesinos supera los US$ siete mil millones. Esa cifra parece importante. ¿Pero a cuánto asciende realmente? ¿Tenemos una idea de lo que US$ 7 mil millones representan? Quizás sería mejor imaginarnos lo que podríamos haber hecho con ese dinero:

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Entregar a cada familia peruana alrededor de US$ 1,500 dólares. Construir 8,300 grandes centros educativos con primaria y secundaria completa y totalmente equipados. Pagar pensiones de S/. 500 soles mensuales a medio millón de jubilados durante siete años. Financiar durante 44 años al Seguro Integral de Salud, que atiende a millones de peruanos pobres. Construir 200 mil departamentos del programa “Mi Vivienda”, dando techo a un millón de personas.

no menos US$ 600 millones de los recursos públicos, incluyéndolo entre los diez gobernantes más corruptos de las últimas décadas. Sin duda, los diez años durante los cuales Alberto Fujimori Fujimori gobernó al Perú figuran entre los más sórdidos de nuestra historia, pues desde su llegada al poder en 1990 hasta su salida por la puerta falsa –con renuncia vía fax, incluida– Fujimori encabezó un régimen sustentado y alimentado por la corrupción y donde el manejo de los asuntos públicos se supedito a los manejos más oscuros y arbitrarios. Tras la caída del régimen de Fujimori, se emprendió un esfuerzo sin precedentes en nuestra historia para investigar la multitud de denuncias por delitos económicos y financieros cometidos y procesar a los responsables. Con este fin, el Congreso de la República constituye la llamada Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 y 2001 (CIDEF), así como la Comisión Investigadora de Casos de Corrupción Cometidos en la década 1990-2000 (CICCOR) las cuales tras un largo proceso de investigación y evaluación presentaron informes concluyentes sobre los principales casos de corrupción cometidos por el fujimorismo. ¿Qué tan eficaz fue este esfuerzo contra la corrupción? Cerca de 1,500 personas han sido procesadas por delitos económicos y financieros, y, en numerosos casos, ha sido posible lograr la condena de los responsables. Pero por otro lado la corrupción del régimen de Fujimori ha sido capaz de sobrevivir y reciclarse, haciéndose campo en base a alianzas y arreglos políticos, pretendiendo hoy en día echar tierra a su pasado y lograr la impunidad para Fujimori y sus cómplices. n

Para saber más… CICCOR. Comisión Investigadora de Casos de Corrupción Cometidos en la década 1990 - 2000 http://www.congreso.gob. pe/historico/ciccor/index. html CIDEF. Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990 y 2001 http://www.congreso. gob.pe/comisiones/2002/ CIDEF/indice.htm

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Honestidad y corrupción

dos tradiciones en conflicto en el Estado peruano

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a corrupción es un hábito muy enraizado en el Perú. Incluso los protagonistas de la corrupción de los 1990 tienen larga continuidad en negocios tramposos con el Estado peruano. Por ejemplo, el traficante de armas de origen judío Swi Sudit reconoce haber pagado sobornos en 32 operaciones que realizó en los 1990. Asimismo, el mismo personaje informa que había vendido armamento al Estado durante tres décadas consecutivas. La carrera de Sudit confirma la larga continuidad de intermediarios especializados en concretar negocios pagando sobornos. También evidencia la exacerbación producida en los noventa: nunca como antes el traficante israelí realizó tantos negocios con el Estado peruano. batalla fundamental Es imposible comprender la corrupción bajo el gobierno Fujimori sin la perspectiva de la tradición deshonesta

● Para muestra un botón: un puerto para don Romero Dionisio Romero es uno de los hombres más poderosos del país y siempre ha tenido vínculos con los gobernantes. Hace poco ha reconocido sentirse cercano al Presidente García y haber apoyado la campaña en los 80. Además, ha indicado que no se arrepiente de haber cedido un jet privado para que Vladimiro Montesinos huyera del país ante el escándalo de los vladivideos. “Lo volvería a hacer”, ha dicho en una entrevista. Su cercanía al régimen de Fujimori se evidencia en las privatizaciones. El caso del Puerto de Matarani es emblemático. El terminal se adjudicó con un solo postor, pese a que las reglas estipulaban que el proceso se haría con un mínimo de dos postores.

26| Problema endémico

El operador ganador fue Santa Sofía Puertos, empresa del Grupo Romero. Para garantizarse la adjudicación del Terminal Portuario de Matarani, la empresa de Romero consignó como operador a la norteamericana SSA International. Pero luego de adjudicado el puerto, se modificó indebidamente el contrato (sin la aprobación de OSITRAN ni la CEPRI Puertos) retirando a SSA International y designando a la misma Santa Sofía Puertos como operador. Esta modificación, según consta en las investigaciones, se realizó mediante “instrumentos fraudulentos”. Además, existen indicios de subvaluación del puerto en la determinación del precio base. Habría que agregar que el representante legal de Santa Sofía Puertos

era Arturo Woodman (hoy Presidente del IPD, antes candidato a la vicepresidencia con Lourdes Flores), quién al mismo tiempo se desempeñaba como funcionario de la CEPRI Tierras Eriazas. Ambas CEPRIS dependían de una misma instancia, la COPRI. Es decir, Woodman era funcionario de la COPRI y al mismo tiempo representaba a un postor ante su institución. Habría que tener cuidado, porque últimamente parece que estuviéramos volviendo a los tiempos de los remates a cualquier precio del país y los actores de otros tiempos se reciclan y acomodan nuevamente. Miren lo que paso en esa época, y eso que en ese momento los ministros no iban a las suites de los postores.

Para formar un Estado realmente moderno y eficiente, es necesario que la honestidad guíe a los políticos. Y que exista verdadera sanción ejemplar para quien se aparte de ella. en el Estado peruano. Esta tradición antigua y reiterada consiste en la arbitrariedad de considerar la bolsa pública como fuente legítima para satisfacer negocios privados. Pero no campea en solitario en el Perú. Por el contrario, a lo largo de la historia hemos tenido oposición y lucha alrededor del tema corrupción. El país ha producido una segunda tradición: la de la lucha por la honestidad y el buen gobierno. Estas dos tradiciones se hallan en contradicción y permanente conflicto que no se resuelve hasta ahora. El escenario político peruano es un campo de batalla y el tema corrupción atraviesa a todos los actores políticos. En cada uno de ellos encontramos personas corruptas y otras honestas. Del mismo modo, en todos los partidos y corrientes han surgido deshonestidad y corrupción. El problema del país es que no se llega a zanjar en definitiva. Esta batalla es una de las fundamentales del Perú. Para formar un Estado moderno es necesario que la honestidad guíe a los políticos y que exista sanción ejemplar para quien se aparte de ella. Pero la condición para ello es un pacto entre políticos honestos, que imponga las reglas del buen gobierno que deben prevalecer. Por el contrar io, durante los noventa, estas normas de conducta se pusieron de lado desde el mismo Estado. El núcleo en el poder organizó de arriba abajo un proceso monstruoso de corrupción. La década fujimorista fue un escándalo en toda regla, incluso para una historia tan jaloneada por episodios negativos en materia de corrupción como la peruana. n

En la era del guano

La naciente República cae presa de la corrupción

El primer auge económico del Perú republicano se sustentó en la exportación del guano: los países de Europa pasaban por una revolución agraria y demandaban abonos, y el Perú era el único productor de guano del mundo. El Estado era susolopropietarioporqueelguano se encontraba en islas y promontoriosquenoteníandueñosprivados. Para imaginar su impacto piensen como sería hoy si todo el petróleo del mundo estuviera depositado en unas islas frente a nuestras costas y fuera exclusivamente propiedad del gobierno. Inicialmente el Estado se enriqueció. El primer gobierno de Ramón Castilla organizó la administración pública y el país se estabilizó, pero no se modernizaron otros sectores ni se desarrollaron nuevas actividades. Culminado el gobierno de Castilla, llegó el turno al general Rufino Echenique: él transfirió parte de la renta guanera a las élites, a través de la llamada “consolidación de la deuda interna”. Durante las guerras de emancipación y los años de la anarquía militar se habían acumulado muchas deudas del Estado con particulares. Había vales por doquier, fruto de confiscaciones para sostener a los ejércitos en campaña permanente. Cuando

Echenique anunció que pagaría esos vales, empezaron las maniobras para concentrarlos en pocas manos. REALIDADES Y CONTRASTES La corrupción fue tan evidente que estalló una sublevación y tumbó a Echenique. Castilla llegó nuevamente al poder. En su segunda administración, Castilla enfrentó guerras internacionales y conflictos internos y gastó mucho en montar una red de clientela política para sostener su régimen. Así, para 1860, la renta guanera del Estado se había consumido sin haberse invertido en el desarrollo del país y dejando muchas expectativas insatisfechas. La prosperidad guanera trajo otros problemas. En primer lugar, una elevada inflación, pues al ingresar al país tanto dinero subieron los precios internos. Quienes ganaban en el sector moderno podían defenderse, pero los muchos que seguían en sus actividades tradicionales se empobrecieron. La riqueza de aquellos vinculados a la economía guanera era muy notoria y aumentó la tensión social y la fragmentación. Peor aún, el guano hizo que otros sectores económicos, como la minería, perdieran interés. La clase propietaria tenía dinero pero carecía de mecanismos y voluntad para transformarlo en capital. Los consignatarios del guano prefirieron usar sus

ganancias para prestarle al gobierno y se dio la paradoja de un Estado enriquecido pero endeudado con los concesionarios de su fortuna. En el gobierno de Balta (18681872) se concretó una idea que había sido intensamente reclamada: transformar el guano en ferrocarriles. Balta colocó la primera piedra de diez líneas ferroviarias que luego no se pudieron terminar. Estos grandes proyectos ferrocarrileros fueron contratados por el Estado con créditos extranjeros contraídos con la garantía del guano. El constructor, Henry Meiggs, planificó una obra que salió muy costosa, tanto por las dificultades de la geografía peruana como por la elevada corrupción. En 1870, cuando estalló la crisis económica mundial y la demanda por el guano cayó, el Estado Peruano se declaró en quiebra y dejó de pagar a los tenedores internacionales de bonos. El guano había traído ingentes sumas de dinero pero lejos de transformarse en desarrollo y modernización, la forma corrupta como fue administrado condujo a la bancarrota nacional. A partir de entonces, la nación se sumergió en una crisis muy honda que llevó a la derrota en la guerra con Chile. Lo que comenzó como el sueño del hallazgo de un tesoro, terminó como la pesadilla de la invasión extranjera.

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POLÍTICA NACIONAL

ANTICORRUPCIÓN

PRIVATIZACIONES La lucha contra la corrupción en nuestro país necesita de voluntad política, ¿VENTA DEL PAÍS considerando que una de sus grandes debilidades es la corrupción y la falta de transparencia que solo fomenta la impunidad. A LA MEDIDA? 28| Política Anticorrupción

uando hablamos de luchar contra la corrupción, muchas personas sólo ven en esta frase el trabajo de los operadores de justicia (policía anticorrupción, procuradores, fiscales y jueces), olvidándose que la lucha contra la corrupción va mas allá de esto. Cuando hablamos de luchar contra la corrupción, esta tiene sentido y capacidad de lograr efectos positivos en el marco de una Política Nacional de Lucha Contra la Corrupción. Al hablar de ésta, debemos entenderla dentro de un plan que contenga un conjunto de metas, objetivos y acciones destinadas a reducir los altos niveles de corrupción. Dichas acciones que implican trabajos de prevención, persecución y sanción de la corrupción, se deberían dar desde las diversas instituciones del Estado y contar necesariamente con la participación de la ciudadanía y la sociedad civil organizada. En nuestro país contamos con una Política de Estado en materia de lucha contra la corrupción dentro del marco del Acuerdo Nacional. El problema es que esta política y la matriz que se elaboró en base a ella no han sido implementadas. También contamos con un Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción, presentado el 23 de diciembre pasado, pero sin un diagnóstico de la situación que presentara los problemas y deficiencias que tenemos en relación a la corrupción, situación que fue informada por la Defensoría del Pueblo. Esto hace que el documento “Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción” sea limitado y no llegue a cumplir la finalidad que tiene. Cabe indicar además que a pesar de haber transcurrido más de cinco meses desde su presentación, el Plan no ha sido aún aprobado. Sin un Plan aprobado ¿de qué manera los funcionarios de los gobiernos regionales y locales estarán en disposición de cumplir con las acciones y responsabilidades que propone este plan? Más allá de la existencia de documentos y planes que se puedan elaborar, mientras no exista la voluntad política de las autoridades, desde la cabeza hasta el funcionario público con menor responsabilidad así como también la coordinación entre las instituciones, es decir, un efectivo Sistema Nacional de Lucha Contra la Corrupción y la participación de la ciudadanía, no podremos hablar de

una efectiva política pública de lucha contra la corrupción. Lucha Internacional contra la Corrupción Pero la corrupción se ha trasnacionalizado. Muchas cuentas de gobernantes corruptos se encuentran en territorios que protegen sobre medida el secreto bancario. De igual modo, muchos corruptos a través de la historia han hecho uso del asilo político y/o de la fuga de sus países para el enfrentamiento de procesos por corrupción. Frente a estos hechos, las Naciones Unidas aprobaron el 9 de diciembre del 2003 la Convención Contra la Corrupción, que tiene como objetivos centrales, la cooperación entre los Estados para la lucha contra la corrupción, la repatriación de activos producto de corrupción y la prevención, persecución y sanción eficaz a los corruptos. La Convención también es un instrumento que debe ser considerado en las políticas públicas de lucha contra la corrupción al interior de los Estados, ya que contiene una serie de medidas para la prevención, persecución y sanción de la corrupción e invoca la necesidad de que esta lucha debe hacerse desde todos los frentes (Instituciones públicas, empresas, ciudadanos). Ni olvido ni perdón para la corrupción Dentro de las políticas de lucha anticorrupción se ha definido como medida viable y necesaria negar la prescripción a delitos de corrupción a gran escala y para los más altos funcionarios. Es decir, establecer que para este tipo de delitos se puede perseguir y sentenciar a los culpables aunque hayan pasado 20, 30 o más años desde que se cometió el delito. A nivel internacional ya se han dado pronunciamientos a favor de esta medida, y a nivel interno hay 40 proyectos de ley que se han venido presentando desde el fin de la dictadura fujimorista para su aprobación en el Congreso, sin embargo pese a ello –cosa curiosa– ninguno de éstos llegó siquiera a debatirse. Por todo lo dicho creemos que el lema de ni olvido ni perdón, tan utilizado para la lucha por evitar la impunidad en las graves violaciones de derechos humanos también debería de utilizarse en el caso de los delitos de alta corrupción. Argumentos sobran, voluntad falta. n

● Hemos vuelto a retroceder En el contexto del Golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Fujimori toma la Contraloría General de la República para “reorganizarla”. Lo que sucedió luego, con la llegada de María Herminia Drago y luego Víctor Caso Lay, es por todos conocido. En la actualidad, y sin necesidad de un Golpe de Estado, se está siguiendo un esquema de modificación de la legislación para reducir y flexibilizar controles establecidos para frenar la corrupción, Es así como el Decreto de Urgencia Nº 47-2008, que dicta disposiciones extraordinarias para facilitar las asociaciones público–privadas, limita las opiniones previas de la Contraloría General de la República con respecto a la concesión de grandes proyectos. Es decir, la Contraloría está impedida de opinar sobre la gestión que realice PROINVERSIÓN previa a la versión final del contrato de concesión, lo que elimina un control importante. Actualmente existen además dos proyectos de ley (3002/2008-PE y 3003/2008-PE) presentados en el Congreso por el Poder Ejecutivo. El primero de ellos limita el requerimiento de información adicional que hace la Contraloría General de la República para su informe previo sobre las operaciones de endeudamiento, operaciones que en el pasado han generado grandes casos de corrupción. El proyecto de ley Nº 3003/2008-PE, limita el ejercicio de las acciones de control a la observación -en todo momento- de la presunción de licitud en la actuación de los funcionarios y servidores públicos. Además, no podrán cuestionar las decisiones adoptadas por los funcionarios o servidores públicos por el solo hecho de tener una opinión distinta acerca de su naturaleza y las circunstancia en que debió ser adoptada. Nuevamente nos encontramos frente a la figura de eliminar el control de gestión y hasta el control de la legalidad. Por otro lado, en relación a las compras del Estado, con el Decreto Legislativo Nº 1017, desapareció CONSUCODE y se crearon dos instituciones: el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE y Perú Compras Este Decreto Legislativo modifica la norma anterior indicando que ahora los miembros del Consejo Directivo del OSCE y los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, podrán ser removidos por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas sin mediar para esto ninguna causal. Esta situación genera inestabilidad en los directivos y vocales del OSCE y límites a la autonomía de sus acciones y decisiones: ahora serán presa fácil de las presiones que vienen de “arriba”. Otro tema preocupante es el relativo a los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, que sólo tendrán competencia para ver los recursos de apelación de casos por encima de las 600 UIT, esto es, 2’130,000.00 nuevos soles. Los demás casos se definirán a nivel de las mismas instituciones contratantes, constituyéndose estas en juez y parte.

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ENFOQUE

¿Por qué no le tenemos asco a la corrupción?

escribe Rocío Silva Santisteban

E

l asco es una emoción que surge cuando buscamos inconscientemente una manera de cuidarnos de algo contaminante. Es una emoción de doble entrada: puede ser muy negativa al convertirse en un elemento jerarquizador, pero puede ser muy productiva cuando permite cohesionar a un grupo en peligro de contaminación. La pregunta se refiere a la alta tolerancia a la corrupción que tenemos los peruanos y a nuestra permisibilidad frente a actos corruptos. Tal vez simplemente nos hemos acostumbrado a su pestilencia y nos hemos dejado embaucar por ese brillo de putrefacción. Porque el asco se deja de sentir cuando se traspasan los límites y los miasmas se instauran como un halo excrementicio que todo lo permea. Nunca antes en la historia peruana se había instalado, desde los más altos niveles gubernamentales, una maquinaria de corrupción tan grande y a su vez tan efectiva como aquella que pusieron en marcha Vladimiro Montesinos

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y Alberto Fujimori. ¿Cómo fue posible que una red de dimensiones industriales pudiera controlar con tal perfección a tantas personas de tan diferente condición? Esta pregunta latente ha sido la clave para que, desde el mismo gobierno de transición del presidente Valentín Paniagua, en abril de 2001, se instituyera en el Perú una organización estatal para frenarla: la Comisión Nacional Anticorrupción, que forma parte del Plan Nacional Anticorrupción. Luego de la caída de Montesinos, se han incriminado a 1,453 personas en 147 procesos por delitos de corrupción (gracias a las pruebas mediáticas: los “vladivideos”). Para entender la forma como fue montada esta maquinaria de corrupción es preciso tener en consideración que en el Perú la tolerancia a la corrupción es muy alta y el Índice de

Percepción de Corrupción en el Perú es cada vez más bajo: según Transparencia Internacional, en el 2001 fue de 4,1 y en el 2008 de 3,6, siendo el puntaje de 10 el de mayor transparencia. Esto significa que la tolerancia a los actos de corrupción ha crecido desde la caída del fujimontesinismo y se ha convertido incluso en parte del sentido común, mentalidad inculturada profundamente en el imaginario criollo. “Que robe, pero que haga” es una máxima de nuestra institucionalización de lo político, un ejercicio de la administración pública eficiente a cambio de que el corrupto pueda “ganarse alguito”. Estos son indicadores de una cultura que se organiza éticamente en torno a mediaciones y conciliaciones con todo tipo de actos inmorales e ilegales y cuyo origen, sin

duda, deviene de una serie de hábitos jurídicos y cívicos que se iniciaron con el Virreinato y las dificultades para mantener en orden una administración colonial tan amplia y lejana. Muchos autores han reflexionado, desde la ética y la política, sobre el funcionamiento de esta tolerancia a la corrupción y la cultura criolla, pero son pocos los que se han preguntado cómo funciona la estructura moral del trasgresor de la normatividades para poder organizar sus actos a partir de una razón de Estado mafiosa. Precisamente ese es el espacio donde se deben desarrollar más investigaciones para poder entender el modus operandi de nuestras significaciones sociales imaginarias y la forma como las transmitimos, ¡con cuánta eficiencia!, de generación en generación. n

La tolerancia a la corrupción ha crecido desde la caída del fujimontesinismo, y se ha convertido incluso en parte del sentido común, mentalidad inculturada profundamente en el imaginario criollo.

O C I T É O T A C L PA NTRA IÓN C O P C U ORR C

s cione . u t i t s in no de las de gobier d n ó i s i s da v uper tos nivele ponsabili ta, s y n istin rrup zació a res iscali la en los d istinto a l sable y co olucre f , l o r inv ont pon esca ril d s de c ña y gran or un car blica irres ción que estemos e n o i p rru ituc nas va p que n pú e inst stir en pe n pública na gestió ntra la co y ciudada s o m i o co c nos e ex anis eau nció , mec dejado d o de la fu mos frent Pacto Éti s ciudada s o t n i n n me ha e lo nu rcic esta instruupción no ué el eje privado, contar co país, y qu s o s r q l corr por bien dive s de ente r con s actos de cemos es como un os. Es urg y político criterios: a t n o e s c a s d lo ejerc mico ar de guno nos h ado, e a to A pes as del Est siempre iensa y se pertenec les, econó erimos al p c g e s a públi gunta qu úblico se lo que no ores soci specto su t l p e e c La pr uando lo ia de aque istintos a iento. Al r .C d ética e se aprop al de los u cumplim e u r r q i o r g s i s po promi on ex c s m o o el c ometid r comp

una ( e l b cha a t n i vida e ada d s e a r t c p , ex n ondu ó c i c a a n en u pobl , en sus a a l d e a res es d del país p d x a e d , rno i l a e s i a d i e b c a d o n b ote s realida pro de g p s m y e o s n c a y pla plidas. e idad limpia). cesidade as divers dades. t s s o e s i n Ho ida de las ne tico de l tenciali mprom as incum ualdad d ás v e d hoja cimiento diagnós en sus po ada en co s promes s por la ig con los m eza y s o r Cono adecuad también tas, expre na vez má promiso histórica s de pob e y en un emáticas as y realis no tener u da en comnciliación situacion evan a u l o r s s c y b a a m l e l e r o r c i r o pr e pr la stas n cumpl ticia, exp s, por la a superar u e q u s p Pro e pueda n la jus s y toda do par blica ados en ú p a o s s o t ítica én centr que romiso c para tod ad del Es l o p da en olítica est raleza. Comp unidades onsabilid a s e r t exp ía y la p e la natu , n opor s y la resp ú om sd e com pobr inalidad. r el bien ue la econ los biene o marg romiso p mano, y q uidado de Comp arrollo hu a y en el c “Pensemos cuan necesario s n e a d m el sería la integridad moral en los políticos. a hu n o s r Muchos de los países latinoamericanos, pero pe

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también en otros continentes viven en la miseria, por problemas endémicos de corrupción. (…) Se necesita mucha fuerza y mucha perseverancia para conservar esta honestidad que debe surgir de una nueva educación que rompa el círculo vicioso de esta tradición de corrupción imperante” (Documento de Aparecida n. 507)

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