Agenda Para La Gobernabilidad

HACIA UNA AGENDA PARA LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA EN AMERICA LATINA

CONTEXTO 1.

En los dos últimos decenios el régimen democrático ha avanzado en América Latina. Sin embargo, persisten fragilidades y riesgos para su consolidación. Los cambios políticos y económicos que está experimentando la región se están realizando en democracia, y en buena medida, a partir de la valoración de principios democráticos como la participación electoral y la ampliación de la ciudadanía.

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La región está viviendo un momento de inflexión, y se encontraría en el umbral de un nuevo ciclo histórico después de la transición del autoritarismo hacia la democracia y de las reformas estructurales. En ese contexto surgen ciertas preguntas ¿Qué reemplazará a las propuestas del consenso de Washington? ¿Qué relación se reconfigurará entre estado, sociedad y economía en un contexto mundial caracterizado por la creciente interrelación entre las economías a escala global y la innovación tecnológica?

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Estos cambios se están produciendo, en contextos económicos y geopolíticos cambiantes que generan nuevos problemas y oportunidades, y que están posibilitando una relativa mayor autonomía a los países en la búsqueda de opciones y políticas propias para su desarrollo: §

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Las perspectivas de la economía mundial para los próximos años son por el momento positivas, Se estima que la región mantendrá una tasa de crecimiento positiva –que en 2006 fue de aproximadamente 5%– y una leve desaceleración en 2007. Esta actividad económica continuará siendo impulsada en gran parte por la demanda externa: se espera un incremento de 6.4% en los términos de intercambio de la región y aumentos aun mayores para los países exportadores de petróleo, gas y minerales metálicos (e. g. Bolivia, Chile, Perú y Venezuela). También se espera que los precios del café y del azúcar se mantengan en los altos niveles actuales, al igual que las remesas que efectúan los emigrantes a sus países de origen. La mayoría de países de la región tiene además sus principales indicadores macroeconómicos notablemente estables, se ha reducido significativamente la magnitud de deuda externa, por lo tanto su incidencia es mucho menor. Y, en general se cuenta con mayores capacidades para hacer frente a eventuales fluctuaciones no previstas de los mercados financieros globales. Estas razones, entre otras, permiten suponer que las proyecciones de mediano plazo de crecimiento de la economía se mantendrán relativamente favorables, incluso en un contexto global de mayor incertidumbre. Hay, también, indicios de cambio de tendencia, sobre todo en algunos países, de los indicadores de pobreza y desigualdad. No se trataría, sin embargo, de un crecimiento capaz de responder adecuadamente a los graves problemas sociales, de pobreza y de desempleo que persisten en la mayoría de los países. Hay pues una coyuntura económica excepcional para encarar reformas sustantivas y reorientar las políticas públicas, en la medida que las situaciones nacionales parecen contar con mayores márgenes de acción. Estas situaciones tendrían menos vulnerabilidades y podrían promover transformaciones productivas que antes habían sido postergadas por las urgencias generadas por la crónica inestabilidad macroeconómica y la fragilidad financiera de la mayoría de estas economías. Frente

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a ello cabe preguntarse ¿Cómo afectara la disponibilidad de recursos en manos de los gobiernos de la región a la dinámica político-institucional? ¿Cómo podría aprovecharse esta oportunidad para que las orientaciones de esta expansión afecten sosteniblemente las dinámicas de equidad social? 4.

De igual forma, existe una serie de eventos y procesos novedosos que sugieren que los países latinoamericanos tienen relativamente mayores posibilidades de desarrollar orientaciones políticas innovadoras y mayor autonomía en el ámbito de la política internacional: (i) Hay un cierto acuerdo, al menos intelectual y en la percepción de parte importante de los lideres de opinión latinoamericanos, de que las políticas del consenso de Washington están agotadas, y se está instalando un ambiente favorable para discutir opciones alternativas a esta visión. (ii) Pese a su fragilidad y a sus inestabilidades, actualmente se mantienen democracias electorales en 18 países latinoamericanos. (iii) En los dos últimos años no se han observado situaciones de crisis severas de gobernabilidad que impliquen la caída de un presidente, y los indicadores de apoyo y de satisfacción con la democracia han mejorado en todos los países. (iv) Se están desarrollando experiencias novedosas de cambio político que están aplicando políticas heterodoxas de diverso cariz y que se proponen lógicas de integración regional renovadas.

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PRINCIPALES HALLAZGOS DEL PAPEP

Tanto por límites de las estructuras económicas como por demandas de la población, es evidente la necesidad de revalorizar el carácter autónomo de la política y su rol fundamental para orientar el desarrollo y construir una opción de futuro. ¤

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Las significativas transformaciones socio-culturales y económicas que ha experimentado la región están teniendo serios problemas para ser procesadas por la institucionalidad democrática. De hecho, la inserción en la globalización y las crisis y tensiones políticas de inicios de siglo han revelado un agudo desajuste entre las nuevas demandas y los cambios socio-económicos, y las limitadas capacidades institucionales existentes para la gestión de tales procesos. Una nueva agenda de gobernabilidad democrática debería fortalecer la capacidad política de resolución de estos problemas de la sociedad, paralelamente al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Los problemas de gobernabilidad regional no se relacionan solamente con la persistencia y agudización de los problemas de pobreza, de desigualdad y de desconfianza en las instituciones de la democracia, sino también con las nuevas subjetividades de la población relativas a los procesos de complejización de la sociedad que están colocando nuevas dificultades a la gestión política. La desigualdad y la pobreza no son sólo tendencias socioeconómicas estructurales, están en el imaginario de las personas y constituyen problemas reconocidos por elites y opinión publica. Los problemas estructurales de pobreza y desigualdad permanecen y en algunos casos se han profundizado en el último decenio. También se advierte la aparición de nuevos mecanismos de concentración, exclusión, diferenciación y conflicto sociocultural, asociados con la complejización del mundo del trabajo y la reformulación de los espacios territoriales, el debilitamiento o redefinición de las redes y lazos socioculturales en los grupos de excluidos o semi-ocluidos, los cambios en la escuela, la familia, las contradicciones y tensiones que genera la entrada masiva de la mujer al mundo del trabajo o los problemas de movilidad social que enfrentan los sectores medios, etc. Es decir los escenarios sobre los cuales trabaja la política social son más heterogéneos y fragmentados.

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Por otra parte las lógicas de exclusión se ven crecientemente afectadas por el desfase entre la subjetividad y las expectativas de gruesos grupos de la población: los patrones de consumo están variando y las expectativas están aumentando en sociedades multiculturales, como las latinoamericanas, de alta desigualdad social asociada a la cobertura de los medios electrónicos de comunicación. Hay, entonces, malestar y expectativas frustradas en grandes segmentos de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, que no siempre están correlacionadas con carencias objetivas, y que por supuesto afectan a la política.

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La persistencia de los viejos problemas del subdesarrollo y la dificultad para entender y responder a los nuevos rasgos de la exclusión, explican la aparición de un sensible malestar individual y colectivo, la conformación de una subjetividad crítica y escéptica frente a la política, el recrudecimiento del conflicto social y su fragmentación, pero también el surgimiento de un ciudadano más crítico, autónomo, con escasa lealtad a partidos o ideologías, y que exige una política de mayor calidad. Estos factores estarían contribuyendo a reconfigurar los mecanismos de representación. De distinta manera, se han instalado en el espacio político tanto demandas de mayor participación del estado, en la gestión del desarrollo y en la expansión democrática, como demandas de mayor control ciudadano sobre el poder público. En un extremo, se advierten tendencias hacia la individualización de la sociedad e incluso hacia la apatía política, al retraimiento religioso o la conformación de identidades “tribales fuertes”.

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Estos desajustes se relacionan además con el otro gran cambio detectado por los estudios del PAPEP: la creciente conformación del espacio mediático como el espacio público central en las sociedades latinoamericanas. La mayor parte de las demandas, agendas de poder y opciones políticas en disputa se construyen y configuran en los medios electrónicos masivos (televisión y radio principalmente), y en cierta medida también en el Internet y por medio de otras tecnologías nuevas de comunicación (los celulares). Estos cambios presionan a la política, introducen nuevas demandas, cambian el “lenguaje” de la política y están contribuyendo a una recomposición significativa del espacio público.

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En síntesis, todas estas transformaciones parecerían estar configurando sociedades cada vez más “policéntricas”; es decir sin un único referente de orientación; por el contrario, cuentan con referentes variados y de distinto índole. La política enfrenta mayores dificultades para descifrar y gobernar estas sociedades, han surgido nuevos escenarios políticos, pero no se cuenta con los “mapas” adecuados que ayuden a orientarse en los mismos. En ese sentido sólo una política innovadora y que considere estas transformaciones podrá reforzar la gobernabilidad democrática, la cual debería ser entendida como la capacidad de coordinar estas asimetrías diversas desde la política. Existen importantes experiencias –sobre todo a nivel local– de recuperación de los sistemas de representación democrática que resuelven los problemas en el ámbito local y plantean opciones de democracia más deliberativa. En términos generales, las distintas ofertas políticas buscan recrear espacios de autonomía y orientar a los mercados y al desarrollo.

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A partir de estas reflexiones se propone la discusión de una Agenda de Gobernabilidad para la región. Este trabajo se inició en el Taller de Villa Maria (Argentina) en el que participaron analistas y decisores políticos de organismos internacionales y de Argentina, Bolivia, Brasil y Chile, así como en varias entrevistas a líderes políticos latinoamericanos. Posteriormente, en Cocoyoc (México) se realizó la segunda reunión, en la que participaron también analistas y decisores políticos de Costa Rica, El Salvador, Honduras,

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México y Panamá. El equipo del PAPEP ha recogido las contribuciones de todos los participantes y con ellas ha elaborado la siguiente agenda. 2.

TEMAS PARA UNA AGENDA

La inflexión histórica en América Latina y la necesidad de nuevos “Mapas para la política” La región se encontraría en el umbral de un nuevo ciclo político. Por lo tanto, se requiere, con urgencia, una agenda renovada de gobernabilidad que refuerce las capacidades de los actores políticos para comprender y responder a los procesos de transformación anteriormente descritos. Hay coincidencia en que la formulación de tal agenda tendría factibilidad por realizarse en una coyuntura económica y en un contexto internacional favorables para este tipo de innovación. Pero también hay coincidencia que los nuevos cambios económicos y sociales colocan nuevos problemas y desafíos políticos que un agenda de gobernabilidad tendría que recoger. Las dinámicas de crecimiento económico e inserción en la economía global no son iguales. Por ejemplo la fuerza del crecimiento de Centroamérica y México está disminuyendo a causa del incremento de las exportaciones chinas, mientras que en América del Sur ocurre lo contrario, ya que exportan sus productos a China. América Latina sería una especie de rompecabezas, cuyas piezas aparentemente no coinciden. Por lo tanto, el Norte y el Sur de la región debieran dialogar más para reconstituir agendas en el concierto internacional. La ausencia relativa de los Estados Unidos de la política regional acompañada por el debilitamiento en la relación entre el sistema financiero internacional y los principales países del área, ha producido un sentimiento de autonomía en las elites políticas, más dispuestas hoy a explorar caminos de reforma que antes habrían descartado por considerarlos conflictivos. Por otra parte, si bien hay una percepción compartida sobre la dimensión del cambio social que se estaría produciendo en la región y de los malestares diversos con la política a los cuales se asociarían estas transformaciones, no existiría aún consenso pleno sobre la necesidad de una agenda post neoliberal” común. Sin embargo, entre quienes abogan por una nueva agenda, hay dudas sobre sus alcances y contenidos, y habría lentitud en su formulación y discusión. Lo que se observa en América Latina es, más bien, una multiplicidad de orientaciones nacionales y formas diversas de encarar los desafíos reseñados anteriormente, obviamente influenciadas por las particularidades de cada país, o sub-región, pero también por interpretaciones diferentes acerca de la radicalidad del cambio o del grado de ruptura con las reformas estructurales de los noventa. La importancia de la innovación política para gestionar el cambio Hay un acuerdo en que una agenda de gobernabilidad democrática que fortalezca las capacidades políticas de los actores debería pasar por el reconocimiento de que la política es el principal, y para algunos único, factor que puede regular las fuerzas del mercado. Es decir, desde la renovación de la política que se debe pensar la reforma del estado y del mismo sistema político. Se trataría justamente de recrear un nuevo tipo de Estado, capaz de encarar y gestionar la complejidad y fragmentación social anteriormente descritas, pero esta vez potenciando la demanda ciudadana por una sociedad más igualitaria y no necesariamente más consumista. De las discusiones surgió como interrogante qué instrumentos posee la política para lograr que la austeridad y la solidaridad constituyan referentes del comportamiento social.

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Fortalecimiento institucional y mayor estatalidad Una de las principales preocupaciones, especialmente en México y Centroamérica, estuvo asociada al crecimiento de poderes fácticos que deterioran las instituciones de la democracia y la legitimidad de los estados en su función de garantes del orden público. De cierto modo, el sistema político de toma de decisiones estaría distorsionando al régimen democrático. Un aspecto de crucial importancia se refiere al control de la economía criminal y sus efectos de apropiación de las instituciones y de la economía formal. Como mínimo, debiera plantearse un debate serio sobre los efectos de la economía criminal en la democracia y el desarrollo, e impulsar la creación de instituciones sólidas, solventes y con legitimidad social. Asimismo, sería fundamental elaborar políticas para fortalecer los espacios públicos, donde se reconstituyan los lazos y la convivencia de los distintos sectores de la sociedad. En particular, la utilidad de las políticas culturales es clara. Hay consenso sobre el rol estratégico que debería asumir el Estado en esta coyuntura, pero hay visiones diversas sobre el alcance de sus responsabilidades Hay igualmente coincidencia en el grupo y en los entrevistados en que el Estado debería asumir un papel estratégico en la reconstitución de las capacidades de la sociedad y en la promoción de la transformación económica necesaria para avanzar eficazmente hacia una mayor equidad social. Si bien hay divergencias y orientaciones ideológicas heterogéneas sobre el carácter y alcance de esta acción, se mencionaron los siguientes temas comunes: i) fortalecer una cultura de gobierno que promueva la eficacia, mantenga la unidad y las autonomías del Estado; ii) más y mejores estadísticas; iii) fortalecer las áreas de planificación con horizontes de futuro; iv) revisar la estructura regresiva de los sistemas impositivos; y, principalmente, v) fortalecer las instituciones reguladoras del funcionamiento de la democracia (cortes electorales, contralorías, etc.). El fortalecimiento de los partidos y las demandas de participación de la ciudadanía no serían incompatibles, más bien se podrían reforzar mutuamente La innovación de la política requiere pensar previamente qué tipo de sociedad se quiere construir. Frente al dilema y las tensiones existente entre la sociedad y los partidos políticos, parecería necesario pensar en una nueva gramática del conflicto que logre articular a los partidos políticos con nuevas oportunidades de democratización y de expansión de la cultura cívica, que promueva espacios deliberativos plurales en la sociedad civil y entre esta y los partidos, que democratice las relaciones de género en la sociedad y al interior de los propios partidos, que descentralice el poder, que genere políticas sociales innovadoras que consideren los cambios que se han producido en la sociedad y que reconozca la relevancia e importancia de los nuevos actores y liderazgos (ecológicos, de género, indígenas, de demandas éticas, etc.), revalorizando de esta manera el rol coordinador de la política. Se trataría de fortalecer a las instituciones partidarias, necesarias para la democracia, a través de una mayor apertura de las mismas a la sociedad. En este sentido resulta fundamental robustecer la legitimidad de los parlamentos, tanto a través de reformas y modernizaciones, como de su acercamiento a la sociedad civil y la opinión pública. Una reforma parlamentaria, debiera enfocarse en la creación de espacios de deliberación pública entre las numerosas fuerzas, corporaciones e instituciones de la sociedad para construir consensos y opciones tendientes a resolver problemas. Dichas opciones debieran ser recogidas por el parlamento para la toma de decisiones. Es fundamental construir nuevas mediaciones institucionales en las que sea posible dar respuesta a las demandas de los actores y movimientos socioculturales.

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Necesidad de profundizar el cambio político, resguardando a la vez las instituciones y prácticas republicanas El contexto de cambio político genera inquietudes sobre el fortalecimiento y la preservación de las instituciones y los valores republicanos. En varios países las recientes crisis políticas y de gobernabilidad han desembocado en un fortalecimiento de los niveles ejecutivos de gobierno en desmedro del Poder Legislativo. Y, en varios casos se estaría percibiendo un debilitamiento de los mecanismos de control institucional basados en la división e independencia de poderes. Esto en contextos de aguda crisis de confianza frente a las instituciones políticas y en particular de las relacionadas con la deliberación democrática. Parecería necesario prestar mayor atención a cómo se están reconstruyendo los sistemas de poder en la región después de las situaciones de crisis y tensión institucional. Parecen de especial importancia aquéllas referidas a la necesidad de armonizar la urgencia de la población por obtener respuestas rápidas de la política y los tiempos del Parlamento, como también a la armonización de una mayor participación social en la política con la estabilidad de las instituciones republicanas. Parecería necesario “recuperar la legitimidad de la deliberación” y el valor de los órganos legislativos. También se mencionó que la preservación de los derechos de las minorías políticas sigue siendo un aspecto esencial de la democracia que no debería ser olvidado o subordinado a otros objetivos. Fortalecer un espacio público mediático más plural y equitativo La relación entre los políticos, las instituciones democráticas y los medios de comunicación está en el centro de la conformación del espacio público. La transformación de la relación medios-política estaría afectando las maneras como se “hace la política”, el modo como la ciudadanía percibe a sus gobernantes y a las instituciones, y estaría generando susceptibilidades en relación al “poder de los medios”. En varios casos el acceso público igualitario a los medios masivos, que es un requisito básico de la teoría republicana, no estaría siendo garantizado del todo ¿Cómo se puede gestionar este nuevo contexto desde la política, sin limitar las libertades de opinión y de información? ¿Cómo promover que los medios se constituyan efectivamente en un espacio público democrático y equitativo? La identidad de la región y su papel en el escenario mundial Hay cierto consenso sobre las limitaciones de las ideas políticas en la región, y acerca de la dificultad para articular/integrar las diferentes orientaciones políticas que están apareciendo y se están desarrollando ¿Cómo pensar la “integración regional” en un contexto de países tan desiguales y con experiencias disímiles? ¿Existe una única agenda post neoliberal en la región? Éstas son cuestiones cruciales para pensar los escenarios políticos latinoamericanos futuros. La primera tiene que ver con los viejos problemas sobre la identidad de América Latina ¿Existe como tal? ¿Es posible hablar de ella como un solo campo analítico? La experiencia de la primera fase del PAPEP muestra, justamente, que un conjunto de estudios nacionales concentrados en sus respectivas especificidades permite observar regularidades y problemas comunes. Por lo tanto, a partir de los estudios nacionales es posible (y necesario) consolidar una perspectiva regional. Esta perspectiva no es la sumatoria de las experiencias nacionales sino la fotografía de intersecciones, intereses y desafíos comunes o contrapuestos que enfrentan las sociedades de la región, más allá de sus diferencias. Esos puntos en común y conflictos de intereses simultáneos muchas veces han sido el motor o el freno de la integración regional y de alianzas entre vecinos. No obstante, las características de los desafíos sociales, económicos y políticos que enfrenta el espacio latinoamericano en el mundo globalizado, ponen en evidencia que es necesario

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construir una mirada más amplia que pueda potenciar los esfuerzos que se realicen desde la política o el mundo del desarrollo, tanto a nivel local como nacional. ¿Es posible pensar en una visión regional, a partir de orientaciones políticas nacionales diversas? El otro tema controvertido es la fuerza y efecto de las divergencias entre las orientaciones políticas que se están desarrollando en la región. El PAPEP elaboró una tipología con las principales orientaciones políticas observadas en la región: modernización conservadora; reformismo práctico; nacional-popular y neo-desarrollismo indigenista. Entre los participantes se destacó una visión que si bien reconoce la fuerza del cambio asociado a la creciente participación popular en los procesos políticos en América Latina, considera que ésta se traduce en modelos o tipos de cambio política divergentes y a veces contrapuestos. Sin embargo, en términos generales se argumentó que para garantizar la sosteniblidad de la democracia es fundamental afianzar las instituciones de la democracia. Más allá de las orientaciones ideológicas la fortaleza de las instituciones posibilitará el éxito de una o otra opción. No obstante, no es un tema exento de controversias. Un punto de vista señala la existencia de un conjunto de países del Cono Sur que estarían llevando a cabo procesos post neoliberales, en el marco de la estabilidad macroeconómica, el respeto por las instituciones democráticas y desde lógicas más bien “gradualistas”. Esto se produciría en sociedades algo más homogéneas, provenientes de procesos de transición democrática relativamente exitosos, y que no han experimentado cambios bruscos en la conformación de sus elites aunque se perciba una mayor presencia de grupos de centroizquierda en los últimos tiempos. Sin grandes rupturas institucionales, estos países estarían logrando crecer y ser exitosos en la lucha contra la pobreza, pero quizás con cierta lentitud en la formulación de una agenda post neoliberal más agresiva. Por otra parte, existiría otro grupo de países que presentaría un tipo de cambio más “radical”. Se trataría por lo general de países con economías que poseen significativas rentas petroleras o gasíferas, cuyos sistemas políticos habrían sufrido profundas crisis e inestabilidad institucional. Estos países se encontrarían atravesando procesos de reformas constitucionales, con profundos cambios en los grupos dirigentes, y en los cuales existirían inquietudes sobre su posibilidad de evolucionar hacia sociedades más democráticas y con instituciones republicanas sólidas. Se visualizan problemas entre ambos tipos de orientación que podrían dificultar la integración regional ante la debilidad de una base mínima de entendimientos y convergencias. Sin embargo la diferencia sustantiva entre unos y otros radica en el grado de fortaleza de sus estructuras institucionales. La cuestión de los recursos energéticos agregaría viabilidad a los escenarios de gobernabilidad. Frente al anterior enfoque se manifestaron puntos de vista más “optimistas” que resaltan que pese a las diferencias ya existirían ciertos consensos comunes, por ejemplo acerca de la prudencia fiscal, la estabilidad macroeconómica y una agenda en pos más y mejor democracia. Existiría un posible corpus conceptual común basado en el incremento de la democracia, de su expansión participativa y de su calidad institucional, entendido como elemento constitutivo de la cohesión social. Ahí podría estar el núcleo de un pensamiento latinoamericano actual. Por otro lado se apuntó igualmente que la realidad regional muestra en la práctica mucho más complejidad que las “tipologías duales”, habría en la práctica alianzas y articulaciones a “geometría variable” de acuerdo con intereses específicos y comportamientos mucho más pragmáticos de lo que a veces se suele admitir a partir de las simplificaciones ideológicas. De todas maneras, la pregunta persiste ¿Cuál es la realidad concreta de estas divergencias en las orientaciones ideológicas en la región? ¿Cómo podrían afectar los escenarios futuros de América Latina? ¿Es posible pensar en una agenda común?

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La necesidad de construir y difundir ideas para la gobernabilidad democrática de América Latina Uno de los lideres políticos entrevistados afirmaba de que “no se puede seguir haciendo lo mismo, por muy exitoso que haya sido”, llamando la atención sobre la necesidad de innovar y los riesgos de repetir a-críticamente experiencias por muy exitosas que hayan sido en otros contextos. De ahí la necesidad, en la que coinciden la mayoría de los participantes de ambos grupos, de promover, construir y discutir un sistema de ideas regional que incida en las relaciones de poder en cada uno de los países. Esto supondría promover una agenda intelectual y analítica independiente que contribuya a la evolución de las capacidades de los actores políticos y sociales para que estén a la altura de la complejidad de los nuevos problemas que deben enfrentar. Los participantes del encuentro en México, además, propusieron una agenda mínima para la gobernabilidad democrática. 3.

HACIA UNA AGENDA MÍNIMA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Limitar el desarrollo de los poderes fácticos y enfrentar los poderes ilegales Las instituciones democráticas y el estado, en muchos países de la región, están experimentando un desbordamiento por diferentes poderes. Por una parte, fácticos como los circuitos financieros, los grupos de poder económico concentrado, y por otra parte, de carácter distinto y de naturaleza ilegal, como el crimen organizado y el narcotráfico. Los primeros presionan directamente sobre las instancias de decisión, y los otros intentan, y lo consiguen en no pocas oportunidades, penetrar y controlar las instituciones del estado. Es necesario entonces que el conjunto de la vida democrática y sus conflictos se canalicen a través de instituciones. El objetivo es buscar la mejor coincidencia entre el sistema político y el régimen democrático. También se debe fortalecer una “cultura de gobierno” en la sociedad, desarrollar una fuerte ética publica –eficaz para enfrentar las prácticas corruptasy acrecentar la eficacia de la burocracia estatal, imbuyendo de la correspondiente orientación política a las tradiciones administrativas públicas eficientes. Democratizar el espacio público mediático El espacio público esta siendo redefinido por los medios de comunicación de masas y las nuevas tecnologías de la información. Es necesario afrontar la democratización de ellos y garantizar un acceso igualitario a los medios y al espacio público. Paralelamente, parece fundamental la formulación de propuestas políticas donde se abran nuevas formas de participación y de control ciudadano sobre la acción de las instituciones públicas, nuevas propuestas que se sometan al debate público usando los sistemas de comunicación que tienden a ser cada vez más presentes en la vida cotidiana de las personas. Es fundamental superar la relación perniciosa entre crisis de representación y perdida de confianza, propiciada por la descalificación de los políticos y de la función publica alentada, en muchos casos sistemáticamente, por los medios. A ello contribuye el desarrollo de modelos tecnocráticos –supuestamente “apolíticos”- de manejo del gobierno propiciados por ciertas visiones de orientación neoliberal. A su vez, es indispensable el desarrollo de una cultura pública y ciudadana por parte de los políticos y su profesionalización para un espacio público mediático. Ello debe fundamentarse en una “resustanciación” del mensaje político.

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Fortalecer el Poder Legislativo Hoy es crucial asumir la complejizacion de la representación y de la deliberación pública como parte del desarrollo de una cultura ciudadana que valoriza el bien público en la gestión y discusión de las normas comunes. Para ello el reconocimiento de diversas formas de participación ciudadana debe ir unida a un fortalecimiento de los congresos como instancia superior en el que desemboca esta participación. Ello implica ampliar las instancias de deliberación articuladas al órgano legislativo. Se deben promover nuevas esferas públicas que alientan la deliberación y la creación de opciones que se definen en el Congreso (Ej.: Consejo Económico y Social, Foros de diálogo nacional). En este sentido, como parte de su fortalecimiento, una de las reformas centrales que se debe abordar es la del Poder Legislativo. Debe modernizar y agilizar su funcionamiento, aumentar la transparencia sobre las acciones individuales y colectivas de sus miembros. Su trabajo tiene que estar asociado con rigurosas políticas de control de la actividad pública. Debe asimismo contar con los instrumentos indispensables de información y asesoria que aseguren el desarrollo de la deliberación sobre datos públicos fiables y compartidos Impulsar la descentralización y la democracia local El fortalecimiento de las instancias deliberativas y de gobierno local contribuyen a contrarrestar la crisis de representación y a recuperar el rol de la política y consolidar la democracia. La descentralización y el desarrollo de gobiernos locales autónomos y con competencias en la formulación de políticas públicas y el funcionamiento de servicios que entregan los bienes públicos básicos permitirían volver a vincular la política con la vida y problemas cotidianos de la gente. Parece fundamental conectar la participación social y multicultural con los gobiernos locales y regionales para fortalecer una sociedad civil local y regional, y sobre esa base, reforzar la autonomía territorial, manteniendo el principio de subsidiariedad y la unidad del Estado.

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