CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE POLICIA
Comité Ejecutivo Nacional
CEP reclama mejoras en la coordinación de los jueces de la Audiencia Nacional para evitar fugas ‘cantadas’, como la de la etarra Maite Aranalde •
El caso de Maite Aranalde, que con sólo veinte años protagonizó el primero de los episodios de huida, es uno de los más claros, en cuanto a la necesidad de aplicar medidas preventivas que garanticen que sea juzgada.
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Por mucho que se esconda, sabe que allí donde encuentre refugio, sea en España o Francia, terminará siendo detenida y respondiendo ante la Justicia española por su militancia en la banda asesina.
Madrid, 2 de septiembre de 2009.- La Confederación Española de Policía (CEP), ante la polémica generada por la puesta en libertad y posterior huida de la etarra Maite Aranalde Ijurco, quiere denunciar públicamente el nuevo episodio de descoordinación entre los jueces de la Audiencia Nacional que, a la luz de casos como este, en el que el magistrado de guardia debe interpretar en cuestión de minutos hechos de complejidad y gravedad extremos que sólo conoce en profundidad el titular de la investigación, nos lleva a reclamar la mejora y puesta en marcha de medidas efectivas de coordinación, humanas o tecnológicas, en el seno de este órgano judicial. El caso de Maite Aranalde, que con sólo veinte años de edad protagonizó el primero de los episodios de huida de la Justicia durante la operación de desarticulación, protagonizada por la Guardia Civil en septiembre de 2002, de una estructura de un comando en Guipúzcoa, denominado Zelatun, es uno de los más claros, en cuanto a la necesidad de aplicar medidas judiciales preventivas que garanticen que sea juzgada. La existencia de un precedente, su condena en Francia mediante sentencia de 16 de junio de 2008 y su historial delictivo merecían algo más que una ridícula fianza de 12.000 euros. Plaza Carabanchel Bajo, nº5 – 28025 Madrid
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El trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, que en marzo de 2005 permitió poner fin a la primera de sus huidas al ser detenida en un apartamento de Le Cap D’Age (Francia), con uno de los miembros del subaparato de extorsión de ETA y un primo suyo, siendo además intervenida una pistola, munición, productos químicos, matrículas y documentos falsificados de la Guardia Civil y la Ertzaintza, ha sido en esta ocasión impecable. La puesta en libertad bajo fianza y sin ningún tipo de medida cautelar que afecte a la Policía impedía realizar una lógica labor de seguimiento, ajustada al perfil de Aranalde. El procesamiento y condena de la etarra en Francia, por delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, tenencia de armas y munición, uso de matrículas falsas o receptación de robo de vehículo con fines terroristas (en referencia a turismo hallado en las inmediaciones del domicilio en el que se refugiaba), la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, así como el historial policial, recomendaban su ingreso preventivo e incondicional en prisión. El mismo juez que instruye su caso, Baltasar Garzón, era perfectamente consciente de esta necesidad. En cualquier caso, el Cuerpo Nacional de Policía, como ya hiciera en 2005, volverá a detener a Maite Aranalde más pronto que tarde. Por mucho que se esconda, sabe que allí donde encuentre refugio, sea en España o Francia, terminará siendo detenida y respondiendo ante la Justicia española por su militancia en la banda asesina.
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