ABe
09/01/2006
El juicio porlas obras de ampliación del embalse de Yesa comenzará el próximo 6de marzo • Están acusados dos ex directores generales de Medio Ambiente en gobiernos del PP, un ex presiden~e de la Confederación Hidrográfica del Ebro y tres funcionarios ABe MADRID. La Audiencia de Madrid ha fijado para el próximo 6 de marzo el comienzo del juicio por prevaricación y riesgo catastrófico relativo a las obras de ampliación del embalse de Yesa, situado entre las comunidades autónomas de Navarra y Aragón. En este caso están acusados dos ex directores generales de Medio Ambiente en gobiernos del Partido Popular, un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, así como otros tres funcionarios. Los hechos se investigaron a raíz de una querella interpuesta por el Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) en la que se describían supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de este embalse. En sus conclusiones provisionales, según informa Efe, la Fiscalía pidió 12 años de inhabilitación (por un delito de prevaricación), así como un año y ocho meses de cárcel (por el riesgo de catástrofe), para Carlos Manuel Escartín, que fue director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente en la primera legislatura -€ntre los años 1996 y 2000- de José María Aznar como presidente del Gobierno de la Nación. Asimismo, la Fiscalía solicitó la idéntica pena para Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y para otros tres funcionarios, mientras que para María Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, solicita ocho años de inhabilitación. Intereses privados El relato de la Fiscalía señala que Escartín, Sancho y los citados funcionarios decidieron aumentar hasta 521 metros la cota del embalse de Yesaguiados por «intereses privados», vulnerando los trámites que establece la ley en materia medioambiental y poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas al citado embalse. Además, el Ministerio Público sostiene que tanto Carlos Manuel Escartín como Tomás Sancho «presionaron» a María Dolores Carrillo para que diera su autorización al proyecto de obras pese a que carecía del preceptivo informe de impacto ambiental.