20030221 Elmundo Caso Yesa

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EL MUNDO

21/02/2003

El fiscal acusa de cohecho a varios altos cargos por las obras de Yesa Presuntas actua~iones irregulares en la construcción del pantano JAVIER OIITEGA Corresponsal

ZARAGOZA.- El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, ha remitido al juzgado de instrucción 19 de Madrid un informe en el que acusa a varios altos cargos de la Administración del Estado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas en relación con las obras del pantano de Yesa. El Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) presentó en su día una querella, de la que deriva la actuación del fiscal, contra responsables de Medio Ambiente por el procedimiento seguido para recrecer dicho embalse, que pasará a tener una capacidad de 1.525 hectómetros cúbicos frente a los 500 actuales y afectará a varios municipios. Tras la investigación de la Unidad Económica de la Policía Judicial, el fiscal acusa a Carlos Escartín, ex director de Obras Hidráulicas, y a Tomás Sancho, ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), de tener intereses económicos en empresas

adjudicatarias de contratos relacionados con las obras de Yesa. Asimismo, asegura que el actual secretario de Estado de, Aguas, Pascual Femández, infringió la Ley de Contratos del Estado al adjudicar el control y la vigilancia de las obras a Euroestudios, empresa con «una evidente vinculación con ACS, adjudicataria de la construcción del embalse». Añade que dicha consultora recibió de la UTE vinculada a la constructora ACS 1.442.400 euros y «ha realizado el proyecto con el que aquella empresa concurrió a la adjudicación». Escartín fichó por ACS al dejar su cargo en la Administración y un informe jurídico apreció «indicios de incompatibilidad», por lo que, ante la polémica, dejó la compañía. Asimismo, el fiscal señala que B&S Ingeniería, que perteneció a Tomás Sancho, «es una empresa ad hoc para la contratación con la CHE. En los cinco años examinados, prácticamente la totalidad de su contratación, en tomo a 600.000 euros de media anual, son encargos públicos de la CHE y el 90% de

los mismos vinculados directamente al proyecto de recrecimiento de Yesa». Sancho ha señalado que vendió sus acciones cuando en 1996 llegó a la presidencia de la Confederación del Ebro. El fiscal pide en su escrito que se cite a declarar a Escartín, Sancho y los ingenieros de la CHE Juan Luis Ubeda y Angel Núñez por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras, a quien el fiscal también implica, restó ayer importancia a dicho informe. Gustavo Alcalde (PP) criticó «la cruzada particular del fiscal contra las obras hidráulicas de Aragón». Francisco Pina (PSOE) señaló: «Es una mala noticia que una obra tan importante tenga problemas». Bizen Fuster (CHA) se refirió a que «hay un auténtico cáncer en la política hidráulica de este país». Jesús Lacasa (IV) resaltó el hecho de que el fiscal «vincule la decisión de ir a la cota máxima de recrecimiento del pantano con los intereses de la empresa adjudicataria de la obra».