TRIBUNA MAGISTERIAL Suplemento del Periódico “Tribuna Magisterial” – Bogotá, noviembre de 2009 POR QUÉ NO ASISTIMOS AL CONGRESO INTERNACIONAL “PRESENTE Y FUTURO DE LA PROFESIÓN DOCENTE” Por estos días se desarrolla en Bogotá el Congreso Internacional “Presente y Futuro de la Profesión Docente”, al cual el Frente de Educadores “Tribuna Magisterial” ha tomado la decisión de no asistir, por las siguientes consideraciones: • En la convocatoria del evento participan diversas entidades gubernamentales como el Ministerio de Educación Nacional, la Revolución Educativa y entidades privadas, como la Cámara de Comercio de Bogotá. Es inaudito que para asunto tan crucial la dirección mayoritaria de Fecode resuelva aliarse en la convocatoria del evento con quienes desde el gobierno y el sector privado han agenciado toda la ofensiva contra el magisterio y la educación pública y le han impuesto al país la contrarreforma educativa para su adecuación al TLC con los Estados Unidos. • Los impulsadores, coordinadores, panelistas y conferencistas principales son los mismos personajes que de tiempo atrás conformaron, en su mayoría, el frente contra la Ley General de Educación y han sido funcionarios oficiales y oficiosos de los gobiernos de turno con responsabilidades directas en la imposición del recolonizador modelo educativo actualmente imperante. • Hablar sobre el presente y futuro de la profesión docente en Colombia pasa necesariamente por entablar un debate a fondo contra el conjunto de la política educativa de Uribe y su ministra de educación, con todo su contenido de privatización, su estrategia de formación en competencias para el mercado de las multinacionales y el abandono de cualquier posibilidad de acceso a una educación de calidad al servicio de los intereses de la nación y de la sociedad colombiana. • La temática y el programa, los convocantes, los conferencistas y panelistas de este Congreso no fueron discutidos en el Comité Ejecutivo de Fecode, pues en la Federación han llegado, en mala hora, a confundirse las decisiones del acuerdo mayoritario con las del Comité Ejecutivo en su conjunto. Cuando nuestros compañeros Medardo Hernández, Álvaro Morales y Elías Fonseca plantearon en el Comité Ejecutivo del jueves 15 de octubre el debate en torno a la estructura del Congreso y el legítimo reclamo sobre la antidemocrática exclusión de nuestro sector en la organización y desarrollo del mismo, nadie en Fecode hizo algo por remediar tal anomalía y por el contrario procedieron a refirmar como si nada la convocatoria. EL ESTATUTO ÚNICO DE LA PROFESIÓN DOCENTE: UNA BANDERA ESTRATÉGICA DE LA FEDERACIÓN En cuanto al tema del Estatuto Único de la Profesión Docente, consideramos que corresponde a una aspiración estratégica del magisterio colombiano, no sólo por la necesidad ineludible de unificar las reglas que regulan el ejercicio de la docencia en Colombia, sino por la legítima aspiración a que norma semejante no sólo establezca obligaciones y responsabilidades, sino también garantías de los derechos democráticos, sindicales y políticos del magisterio, y normas específicas para el ejercicio de la profesión en las comunidades indígenas y afrocolombianas (etnoeducadores). En tal sentido, a nuestro juicio, el Estatuto Único de la profesión docente debe ser un documento acabado y minucioso que recoja todas las condiciones y detalles del ejercicio de la docencia y que sea asumido, interiorizado y defendido por cada educador, no sólo de la vieja guardia del magisterio, sino de todos los nuevos. Conseguir que los nuevos educadores asuman sentido de
necesidad y pertenencia hacia el Estatuto Único pasa por demostrar la ominosidad del 1278 y por contrarrestar la aviesa campaña desplegada por el MEN para confundir a los docentes con truculentos aumentos reales en algunos niveles y con concesiones de última hora que no tienen efecto práctico alguno. Con esto se busca romper de hecho la necesaria unidad por su abolición definitiva y por desenmascarar resueltamente que el problema de este Estatuto va mucho más allá de unos cuantos pesos en la escala salarial. Se trata de demostrar que definitivamente no hay suma de dinero que compense, la congelación del escalafón por más de siete años, la inestabilidad laboral, la evaluación sanción y la imposibilidad real de los ascensos, los cuales quedan supeditados a los exorbitantes puntajes de la evaluación de competencias, sin importar que el educador haya acumulado experiencia, formación, capacitación o cualquier otro tipo de estudios. Por otra parte, hay una gran tarea previa que está inconclusa y que es necesario resolver. Se trata del necesario fortalecimiento de los sindicatos del magisterio afiliando a todos los nuevos maestros del 1278 y reformando sus estatutos, no sólo para que sean afiliados sino para que tengan las garantías democráticas de elegir y ser elegidos a los cargos de dirección de los mismos. Igualmente, hay que desplegar una efectiva campaña a encaminada a superar la franca hostilidad hacia los sindicatos, que muchos educadores provenientes del sector profesional no docente expresan de manera abierta y categórica. Por último, al Estatuto Único de la profesión docente hay que ganarle un considerable apoyo en la opinión pública y un incuestionable basamento popular que perciba que las garantías a los derechos y a las condiciones adecuadas del ejercicio de la docencia en Colombia son factor necesario para mejorar la calidad de la educación, a la vez que se deben hacer los esfuerzos necesarios para ganarle a dicho Estatuto un apoyo político suficiente que permita su tránsito favorable en los meandros del Congreso de la República. LA LUCHA POR EL RÉGIMEN PENSIONAL ESPECIAL AÚN NO TERMINA Es claro que el último concepto del Consejo de Estado resuelve favorablemente la preocupación de los docentes antiguos sobre la vigencia del régimen establecido en la ley 91 de 1989, al declarar que se éste se mantiene más allá del 31 de julio de 2010. Pero los docentes vinculados después de la expedición de la ley 812 de 2003, que ya son casi la tercera parte de los docentes oficiales, entraron, sin lugar a dudas, en el régimen general de pensiones creado por la ley 100 de 1993 y endurecido por la ley 797 de 2003. Es un hecho que Fecode, cuya dirección aprobó en 2003 y 2005, por mayoría, con nuestro voto en contra, estas desastrosas reformas, deberá, en un acto de profunda autocrítica, reconocer como un error histórico que sólo podrá subsanar incorporando a sus banderas de lucha la de unificar a todos los docentes bajo un solo régimen de pensiones, que deberá ser, por supuesto, el de la ley 91 de 1989, lo que implica una dura batalla por recuperar, para el conjunto del gremio, los derechos conculcados a los nuevos por el régimen uribista Coletilla. ¡BASTA YA DE HOMENAJES! Con una sanción de la Contraloría ratificada en segunda instancia y el anuncio de nuevas investigaciones por otros presuntos ilícitos, lo único que procede en el caso de Abel Rodríguez es solicitar que se respete el debido proceso y se garantice al inculpado el derecho a la defensa. Ya está bien de homenajes y de adhesiones incondicionales a la política ejecutada desde la secretaría de educación del Distrito Capital, cuando programas como el de articulación de educación media con la superior, la educación por ciclos, el MECI y otros, que hacen parte del basamento de la “Revolución Educativa” del gobierno nacional, han despertado el rechazo de un gran número de educadores. FRENTE DE EDUCADORES “TRIBUNA MAGISTERIAL” – DIRECCIÓN NACIONAL
Raúl Arroyave Arango, Diógenes Orjuela, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Álvaro Morales, Elías Fonseca, Medardo Hernández, miembros del Comité Ejecutivo Nacional de FECODE Correos electrónicos:
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