Tlc Eeuu Peru

TLC Estados Unidos – Perú DERECHOS LABORALES EN EL PARTIDOR

Enrique Fernández-Maldonado Mujica

Finalmente, el primero de febrero entrará en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Perú. Los días previos a su autorización definitiva, un comunicado remitido por Charles Rangel y Sander Levin, miembros del Comité de Medios y Arbitrios del Congreso de los Estados Unidos, a su representante de Comercio Exterior, Susan Schwad, recomendando la postergación del TLC por la incompatibilidad de la normativa laboral peruana con los estándares comprometidos con el acuerdo, causó alarma y preocupación tanto en la administración saliente de George W. Bush como en el país andino. Se temía que, con los demócratas en el Capitolio, el riesgo de ponerlo en marcha crecía, cuando menos en los términos en que fue aprobado.

mercados internos. Algo que en los países desarrollados no puede sino significar más “proteccionismo”. En esa línea, resulta comprensible la preocupación mostrada por el Comité de Medios y Arbitrios del Congreso norteamericano. Esta guarda estrecha relación con los efectos producidos por la apertura comercial y la transnacionalización económica en su propio país. Durante las últimas dos décadas centenas de empresas norteamericanas “migraron” a países como México, China o India, en busca de “mejores condiciones” para invertir. Esto afectó seriamente los niveles de empleo en sectores estratégicos como la industria metalúrgica, automotriz, textil-confecciones. De igual modo, la importación de productos provenientes de países en desarrollo – cuya “competitividad” radica, básicamente, en el bajo costo del trabajo – significó un duro golpe para la industria y el empleo local. Para neutralizar el impacto del dumping social facilitado por la escasa regulación y el desconocimiento sistemático de derechos laborales en el comercio internacional, los países desarrollados aplican salvaguardas y cuotas de importación a una serie de productos (por ejemplo, en el rubro confecciones y agricultura) que no permiten adoptar a sus “socios” comerciales, exigiéndoles, además, cumplir con estándares sociolaborales que muchas veces tampoco respetan.

Y es que si bien Barak Obama se ha declarado a favor del libre comercio, la gravedad y alcance de la crisis económica demandará de la nueva gestión especial atención al frente interno. El 2008 acaba con el record inédito de dos millones de empleos perdidos, y se teme que la cifra aumente. El peso de los sindicatos – principal base de apoyo social para los demócratas – resultará clave en la orientación que adopte en adelante la política comercial norteamericana. Por lo pronto, la naciente Confederación Sindical Internacional (CSI) viene demandado la implementación de reformas económicas para encarar el periodo recesivo fortaleciendo los

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Si bien las condiciones sociolaborales en el Perú no llegan a niveles “extremos” como en Colombia (el asesinato periódico de dirigentes sindicales resulta la principal objeción para no aprobar el TLC), Levin y Rangel hicieron hincapié en la persistencia de restricciones en la actual legislación laboral para ejercer el derecho a la sindicalización. En su misiva a Susan Schwad, señalaron como insuficientes las reformas realizadas por el gobierno peruano para adecuar la normativa interna a los estándares acordados; principalmente, la vigencia de modalidades temporales y atípicas de contratación (como la tercerización e intermediación laboral) y los requisitos que establece la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo para la constitución de sindicatos a nivel de empresa (un mínimo de 20 trabajadores cuando el 90% de las unidades productivas del país no llega a esa cifra). Aún cuando en el Perú subsiste un régimen “democrático” y experimenta importantes índices de crecimiento económico, la tasa de sindicalización (8%) y de negociación colectiva no logra recuperar los niveles alcanzados en décadas pasadas.

convocar audiencias públicas para recepcionar denuncias o de presentarlas ante tribunales internacionales para exigir – no sólo – compensaciones por perjuicio o afectación de derechos, sino sobre todo para demandar a los gobiernos – y a las empresas – el respeto de los estándares laborales comprometidos en el TLC.

Por lo demás, la inclusión de cláusulas sociolaborales en el TLC tampoco mejorará (automáticamente) la calidad del empleo. El capítulo 17 acordado con el Perú establece que los países deberán cumplir sólo sus normas laborales internas (siempre que se condigan con los principios y derechos fundamentales promovidos por la OIT). Si no fuera el caso, los gobiernos podrán promover y recibir “consultas” relacionadas con el incumplimiento de las cláusulas laborales del TLC ante instancias “diplomáticas” conformadas por funcionarios designados por los propios Estados. De esta forma, los gobiernos quedan eximidos de

Como era previsible, en el Perú diversos funcionarios minimizaron los señalamientos hechos por Rangel y Levin, interpretándolos como un supuesto desconocimiento de la problemática laboral local. Por el contrario, reiteraron entusiastamente que el TLC con los Estados Unidos favorecerá la creación de empleo al permitir el ingreso de más de 6 mil partidas libre de aranceles al mercado más grande del mundo. Sin embargo – y más allá de los alcances y límites del acuerdo en materia de inversión extranjera, propiedad intelectual, compras públicas, acceso a la salud, medio ambiente, etc. – lo cierto es que

Si bien los mecanismos de participación ciudadana considerados en este tipo de acuerdos resultan insuficientes y restrictivos, el contexto internacional pinta propicio para exigir condiciones de comercio justo y responsabilidad social. La acción coordinada de asociaciones de consumidores con organizaciones sindicales para implementar estrategias de vigilancia y presión social a empresas y gobiernos, exigiéndoles información periódica sobre los niveles de cumplimiento de las cláusulas laborales y denunciando las prácticas reñidas con el trabajo decente, puede contribuir a generar una conciencia ciudadana (y medidas de boicot económico y mediático) en contra de la explotación laboral.

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experiencias recientes y cercanas (por ejemplo, el TLCAN entre Estados Unidos, Canadá y México) alertan sobre los riesgos que supone la liberalización económica para los sectores sociales y laborales sensibles al comercio internacional (especialmente aquellos donde la competencia se ve distorsionada por la acción subsidiaria de los gobiernos ). Cada vez existe mayor consenso en torno al costo social que supone el libre comercio entre economía con niveles de desarrollo productivos y tecnológicos desiguales, que no es otro que incrementar la asimetría económica y social entre países.

en la industria manufacturera, la minería y la agroexportación; coincidentemente los sectores mejor posicionados en la balanza comercial con los Estados Unidos. Estudios realizados por economistas peruanos (Bruno Seminario y Oswaldo Molina, Efectos del TLC sobre el empleo, 2004) estiman un impacto limitado del TLC en los niveles de empleo (apenas 18 mil nuevos empleos), esto cuando pocos hablaban de la crisis en ciernes. Cálculos menos optimistas advierten que en la agricultura orientada al mercado interno se perderían miles de empleos por efecto de la importación masiva de alimentos subsidiados de los países desarrollados. Pero poco le importa al gobierno peruano que anticipa entusiastamente próximos TLCs con potencias como la Unión Europea y la China también golpeadas por la recesión.

En el Perú, por lo pronto, la recesión mundial viene dando los primeros clarinazos de alerta. Según la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), durante el 2008 desaparecieron más de 60 mil empleos

Enrique Fernández-Maldonado Mujica es sociólogo, investigador en temas laborales para la Red Peruana por una Globalización con Equidad (Red GE). http://www.redge.org.pe/

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