Parlamento Gallego
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Esther Cuadrado De: Para: Enviado: Asunto:
"Esther Cuadrado" <[email protected]> sábado, 27 de junio de 2009 9:52 Los Derechos Humanos y Constitucionales de mi hijo, Arturo Piñeiro Cuadrado.
Muy señor mio, Mi nombre es Esther Cuadrado. Vivo en Arteixo, en A Coruña. Me dirijo a usted en calidad de diputado en el parlamento gallego, y por lo tanto mi representante en el Parlamento de Galicia. Soy la madre de un niño de 4 años, Arturo, diagnosticado con un trastorno autista. Nos encontramos ante la situación de que la atención educativa que recibe nuestro hijo es más que insuficiente, tanto en el plano meramente académico, como en el plano de desarrollo de su autonomía personal y adquisición de habilidades. Lo entenderá fácilmente: fichas de trabajo sin hacer (todas en blanco), indicaciones por parte del colegio de que no le compre material escolar a mi hijo para el curso que viene, porque es una pena gastar el dinero y no lo va a usar, y mi hijo sin evaluar. Ese es el panorama. Estoy solicitando personal de apoyo para Arturo dentro del aula. Avalada por informes de todos los profesionales que trabajan con mi hijo, tanto la necesidad de ese apoyo escolar como en la conveniencia para Arturo de seguir escolarizado integrado en un aula ordinaria. Le envio copia del último escrito registrado en la Xunta, (con fecha 27 de junio). Pondré a su disposición, si lo estima oportuno, todos los escritos registrados desde el 16 de abril, y que hasta la fecha no se han contestado, así como los informes médicos y psicopedagógicos de mi hijo. Solicito su intervención, para algo tan básico como que se cumplan los derechos humanos y constitucionales de mi hijo, y ni siquiera en términos absolutos, solo de forma razonable.
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Atentametne Esther Cuadrado Barbería mamá de Arturo www.lasonrisadearturo.com
Esther Cuadrado Barbería DNI 44901244-T c/ Ría de Viveiro nº 7 4ºc A Coruña 15142.
A Coruña, 26 de junio de 2009
DELEGADO DE LA XUNTA EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, D. DIEGO CALVO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. JEFE TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, PROVINCIA DE A CORUÑA. CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN. D. JESÚS VÁZQUEZ. VALEDOR DO POBO, ASESORA RESPONSABLE DOÑA CONCEPCIÓN OTERO PIÑEIRO. Nº DE EXPEDIENTE D.3.Q/833/09
Muy señores míos:
Pongo en su conocimiento, solicitando su intervención, los siguientes hechos:
Hasta la fecha, 26 de junio, no recibido contestación a los escritos presentados en las fechas 16, 29 de abril, 11 de mayo, 29 de mayo, 22 de junio. El lunes 22 de junio me dirijo al despacho del Jefe territorial de Educación, en el que buscan la información relativa a las reclamaciones presentadas, y me informan verbalmente de que están pendientes de que la Inspección educativa emita informe. Diligentemente, me gestionan una entrevista con la Jefa de Servicio de la Inspección Educativa. Doña Josefa Peña.
Dicha entrevista, mantenida ayer jueves 25 de junio a las diez de la mañana, se desarrolla en los siguientes términos:
Le expongo a la señora Peña las necesidades educativas de mi hijo, a juicio de todos los profesionales que trabajan con Arturo, necesita personal de apoyo dentro del aula, para poder generalizar las tareas y aprendizajes.
La señora Peña me contesta que nosotros hemos elegido el Centro educativo (colegio concertado, sostenido con fondos públicos) y que si no estoy contenta, que cambiemos al niño a
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un colegio de escolarización preferente.
Le solicito que se valore a mi hijo ahora, cómo está, qué necesita, y en función de esa valoración poder tomar decisiones. Que se me informe de los recursos y posibilidades existentes en los colegios de escolarización preferente, con qué profesionales cuentan, qué tipo de escolarización se lleva a cabo, ratio de niños por aula etc...
Como comprenderán, no podemos cambiar a un niño con Trastorno autista de colegio, si no tenemos unas ciertas garantías de que la atención educativa que va a recibir va a ser más adecuada que la que ya tiene. En concreto: si no se le va a prestar un apoyo educativo suficiente dentro del aula ordinaria (que es lo que necesita ahora) no tiene sentido arriesgarnos a sufrir un retroceso en el desarrollo de Arturo.
La señora Peña me contesta que mi hijo está bien atendido, en función de los recursos existentes en el centro que hemos elegido, que así ha sido informada por la Inspectora de la que depende el colegio de mi hijo.
Entiendo que mi hijo tiene derecho a la educación en función de sus necesidades, no en función de recursos, y así se lo hago saber, no obstante, le vuelvo a plantear a la señora Peña que nosotros no tenemos inconveniente en cambiar al niño de colegio, en poner en riesgo las capacidades adquiridas hasta la fecha por nuestro hijo, pero que nos ponga por escrito las condiciones básicas de escolarización del niño en esos centros. La respuesta de la señora Peña es que disponen de dos profesionales por cada cuatro niños y que si mi hijo se incorporase sería el quinto.(En realidad en un momento de la conversación me habla de dos profesionales por cada cuatro niños y en otro de un profesional por cada tres) y que ella no me pone absolutamente nada por escrito.
Esa es la información que recibo, y el nombre de los tres colegios de escolarización preferente. Me dirijo a los tres colegios, para preguntar por las condiciones de escolarización de los niños ( ratio de alumno/profesor, ratio de alumnos por aula, equipo docente con el que cuentan los colegios, qué tipo de funcionamiento tienen , integración etc...). La respuesta de esos centros es que el ratio de profesores por alumno que ha puesto en mi conocimiento la Jefa de servicio de la Inspección educativa no se ajusta a la realidad: a penas cuentan con recursos suficientes para atender adecuadamente a los niños con discapacidad que ya tienen escolarizados. Incluso en uno de los centros me manifestaron que se “apañan” porque la cuidadora “es maja” y realiza funciones que no son de su competencia.
Es decir, se pretende que tomemos la decisión de cambiar a nuestro hijo de colegio a unos colegios en los que no hay personal para reciba la atención que necesita, sin facilitarnos información por parte de la Inspección Educativa, y la poca que nos facilitan no se ajusta a la realidad. Nuestro hijo, ni siquiera tiene derecho a la educación en función de los recursos del centro en el que esté, es que ni siquiera tiene derecho a la educación: tiene derecho a estar recogido en un colegio.
Por otra parte, me llama mucho la atención que la Jefa de Servicio de la Inspección educativa afirme que mi hijo recibe atención educativa adecuada en función de los recursos de que el centro dispone y según la información que ha recibido de la inspectora asignada al centro. Y me llama la atención por lo siguiente:
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Desconocía el diagnóstico de mi hijo. Su edad. El curso que va a iniciar. Si recibe apoyos educativos. Si éstos se le prestan fuera o dentro del aula y en qué consisten. Quien o quienes han emitido informe haciendo constar las necesidades educativas de Arturo.
Toda esa información se la facilité yo verbalmente, a pesar de que en todos los escritos presentados se ha incluido esta información, además de copia de los informes referenciados. Eso si, tenía conocimiento de que los escritos presentados iban dirigidos también al Sr. Conselleiro de Educación.
Tampoco comprendo las competencias que Doña Josefa Peña atribuye a la inspectora asignada al Centro en el que está escolarizado Arturo. Según el artículo 153. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las atribuciones de los inspectores son conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso, examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros, recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública. Entiendo que entre las mismas no se encuentra determinar si la atención educativa específica que recibe mi hijo es adecuada a sus necesidades.
Es por lo que SOLICITO:
Que se realicen las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de mi hijo, en los términos en que viene recogido en la Constitución española, y en la Convención de Derechos humanos con de las personas con discapacidad. Que se le facilite al colegio en el que está escolarizado mi hijo el personal necesario para que mi hijo reciba apoyo educativo dentro del aula. Que en caso de no ser posible, se le asigne a mi hijo una plaza en un colegio donde exista una dotación de personal suficiente que permita que a mi hijo se le preste la atención educativa que necesita, y a la que tiene derecho. Información del estado de tramitación de las solicitudes efectuadas en los escritos arriba referenciados. Copia de los documentos o informes contenidos en los expedientes que se hayan abierto en función de las solicitudes efectuadas en dichos escritos. (al amparo de del artículo 35 a) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Al amparo de del artículo 35 I) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ser tratados con respeto y deferencia por parte de los funcionarios, y su colaboración para encontrar entre todos la mejor solución para que mi hijo reciba la atención educativa que necesita y a la que tiene derecho.
De nuevo, pongo de manifesto la voluntad de colaboración y disposición de la familia de Arturo en cuanto sea necesario en relación a la optimización y determinación de los recursos educativos que Arturo necesita.
Firmado.
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Esther Cuadrado Barbería.
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Esther Cuadrado De: Para: Enviado: Asunto:
"Esther Cuadrado" <[email protected]>
Muy señor mio, Mi nombre es Esther Cuadrado. Vivo en Arteixo, en A Coruña. Me dirijo a usted en calidad de diputado en el parlamento gallego, y por lo tanto mi representante en el Parlamento de Galicia. Soy la madre de un niño de 4 años, Arturo, diagnosticado con un trastorno autista. Nos encontramos ante la situación de que la atención educativa que recibe nuestro hijo es más que insuficiente, tanto en el plano meramente académico, como en el plano de desarrollo de su autonomía personal y adquisición de habilidades. Lo entenderá fácilmente: fichas de trabajo sin hacer (todas en blanco), indicaciones por parte del colegio de que no le compre material escolar a mi hijo para el curso que viene, porque es una pena gastar el dinero y no lo va a usar, y mi hijo sin evaluar. Ese es el panorama. Estoy solicitando personal de apoyo para Arturo dentro del aula. Avalada por informes de todos los profesionales que trabajan con mi hijo, tanto la necesidad de ese apoyo escolar como en la conveniencia para Arturo de seguir escolarizado integrado en un aula ordinaria. Le envio copia del último escrito registrado en la Xunta, (con fecha 27 de junio). Pondré a su disposición, si lo estima oportuno, todos los escritos registrados desde el 16 de abril, y que hasta la fecha no se han contestado, así como los informes médicos y psicopedagógicos de mi hijo. Solicito su intervención, para algo tan básico como que se cumplan los derechos humanos y constitucionales de mi hijo, y ni siquiera en términos absolutos, solo de forma razonable.
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Atentametne Esther Cuadrado Barbería mamá de Arturo www.lasonrisadearturo.com
Esther Cuadrado Barbería DNI 44901244-T c/ Ría de Viveiro nº 7 4ºc A Coruña 15142.
A Coruña, 26 de junio de 2009
DELEGADO DE LA XUNTA EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA, D. DIEGO CALVO PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. JEFE TERRITORIAL DE EDUCACIÓN, PROVINCIA DE A CORUÑA. CONSELLEIRO DE EDUCACIÓN. D. JESÚS VÁZQUEZ. VALEDOR DO POBO, ASESORA RESPONSABLE DOÑA CONCEPCIÓN OTERO PIÑEIRO. Nº DE EXPEDIENTE D.3.Q/833/09
Muy señores míos:
Pongo en su conocimiento, solicitando su intervención, los siguientes hechos:
Hasta la fecha, 26 de junio, no recibido contestación a los escritos presentados en las fechas 16, 29 de abril, 11 de mayo, 29 de mayo, 22 de junio. El lunes 22 de junio me dirijo al despacho del Jefe territorial de Educación, en el que buscan la información relativa a las reclamaciones presentadas, y me informan verbalmente de que están pendientes de que la Inspección educativa emita informe. Diligentemente, me gestionan una entrevista con la Jefa de Servicio de la Inspección Educativa. Doña Josefa Peña.
Dicha entrevista, mantenida ayer jueves 25 de junio a las diez de la mañana, se desarrolla en los siguientes términos:
Le expongo a la señora Peña las necesidades educativas de mi hijo, a juicio de todos los profesionales que trabajan con Arturo, necesita personal de apoyo dentro del aula, para poder generalizar las tareas y aprendizajes.
La señora Peña me contesta que nosotros hemos elegido el Centro educativo (colegio concertado, sostenido con fondos públicos) y que si no estoy contenta, que cambiemos al niño a
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un colegio de escolarización preferente.
Le solicito que se valore a mi hijo ahora, cómo está, qué necesita, y en función de esa valoración poder tomar decisiones. Que se me informe de los recursos y posibilidades existentes en los colegios de escolarización preferente, con qué profesionales cuentan, qué tipo de escolarización se lleva a cabo, ratio de niños por aula etc...
Como comprenderán, no podemos cambiar a un niño con Trastorno autista de colegio, si no tenemos unas ciertas garantías de que la atención educativa que va a recibir va a ser más adecuada que la que ya tiene. En concreto: si no se le va a prestar un apoyo educativo suficiente dentro del aula ordinaria (que es lo que necesita ahora) no tiene sentido arriesgarnos a sufrir un retroceso en el desarrollo de Arturo.
La señora Peña me contesta que mi hijo está bien atendido, en función de los recursos existentes en el centro que hemos elegido, que así ha sido informada por la Inspectora de la que depende el colegio de mi hijo.
Entiendo que mi hijo tiene derecho a la educación en función de sus necesidades, no en función de recursos, y así se lo hago saber, no obstante, le vuelvo a plantear a la señora Peña que nosotros no tenemos inconveniente en cambiar al niño de colegio, en poner en riesgo las capacidades adquiridas hasta la fecha por nuestro hijo, pero que nos ponga por escrito las condiciones básicas de escolarización del niño en esos centros. La respuesta de la señora Peña es que disponen de dos profesionales por cada cuatro niños y que si mi hijo se incorporase sería el quinto.(En realidad en un momento de la conversación me habla de dos profesionales por cada cuatro niños y en otro de un profesional por cada tres) y que ella no me pone absolutamente nada por escrito.
Esa es la información que recibo, y el nombre de los tres colegios de escolarización preferente. Me dirijo a los tres colegios, para preguntar por las condiciones de escolarización de los niños ( ratio de alumno/profesor, ratio de alumnos por aula, equipo docente con el que cuentan los colegios, qué tipo de funcionamiento tienen , integración etc...). La respuesta de esos centros es que el ratio de profesores por alumno que ha puesto en mi conocimiento la Jefa de servicio de la Inspección educativa no se ajusta a la realidad: a penas cuentan con recursos suficientes para atender adecuadamente a los niños con discapacidad que ya tienen escolarizados. Incluso en uno de los centros me manifestaron que se “apañan” porque la cuidadora “es maja” y realiza funciones que no son de su competencia.
Es decir, se pretende que tomemos la decisión de cambiar a nuestro hijo de colegio a unos colegios en los que no hay personal para reciba la atención que necesita, sin facilitarnos información por parte de la Inspección Educativa, y la poca que nos facilitan no se ajusta a la realidad. Nuestro hijo, ni siquiera tiene derecho a la educación en función de los recursos del centro en el que esté, es que ni siquiera tiene derecho a la educación: tiene derecho a estar recogido en un colegio.
Por otra parte, me llama mucho la atención que la Jefa de Servicio de la Inspección educativa afirme que mi hijo recibe atención educativa adecuada en función de los recursos de que el centro dispone y según la información que ha recibido de la inspectora asignada al centro. Y me llama la atención por lo siguiente:
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Desconocía el diagnóstico de mi hijo. Su edad. El curso que va a iniciar. Si recibe apoyos educativos. Si éstos se le prestan fuera o dentro del aula y en qué consisten. Quien o quienes han emitido informe haciendo constar las necesidades educativas de Arturo.
Toda esa información se la facilité yo verbalmente, a pesar de que en todos los escritos presentados se ha incluido esta información, además de copia de los informes referenciados. Eso si, tenía conocimiento de que los escritos presentados iban dirigidos también al Sr. Conselleiro de Educación.
Tampoco comprendo las competencias que Doña Josefa Peña atribuye a la inspectora asignada al Centro en el que está escolarizado Arturo. Según el artículo 153. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las atribuciones de los inspectores son conocer directamente todas las actividades que se realicen en los centros, a los cuales tendrán libre acceso, examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros, recibir de los restantes funcionarios y responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores tendrán la consideración de autoridad pública. Entiendo que entre las mismas no se encuentra determinar si la atención educativa específica que recibe mi hijo es adecuada a sus necesidades.
Es por lo que SOLICITO:
Que se realicen las actuaciones necesarias para garantizar el derecho a la educación de mi hijo, en los términos en que viene recogido en la Constitución española, y en la Convención de Derechos humanos con de las personas con discapacidad. Que se le facilite al colegio en el que está escolarizado mi hijo el personal necesario para que mi hijo reciba apoyo educativo dentro del aula. Que en caso de no ser posible, se le asigne a mi hijo una plaza en un colegio donde exista una dotación de personal suficiente que permita que a mi hijo se le preste la atención educativa que necesita, y a la que tiene derecho. Información del estado de tramitación de las solicitudes efectuadas en los escritos arriba referenciados. Copia de los documentos o informes contenidos en los expedientes que se hayan abierto en función de las solicitudes efectuadas en dichos escritos. (al amparo de del artículo 35 a) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Al amparo de del artículo 35 I) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ser tratados con respeto y deferencia por parte de los funcionarios, y su colaboración para encontrar entre todos la mejor solución para que mi hijo reciba la atención educativa que necesita y a la que tiene derecho.
De nuevo, pongo de manifesto la voluntad de colaboración y disposición de la familia de Arturo en cuanto sea necesario en relación a la optimización y determinación de los recursos educativos que Arturo necesita.
Firmado.
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