Limitaciones Regimentales Y Medidas De Proteccion Personal.

LIMITACIONES REGIMENTALES Y MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Pedro-Joaquín Maldonado Canito Abogado. Letrado del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del I.C.A.M. ARTICULO 75. Limitaciones regimentales y medidas de protección personal. (Reglamento Penitenciario. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.) 1. Los detenidos, presos y penados no tendrán otras limitaciones regimentales que las exigidas por el aseguramiento de su persona y por la seguridad y el buen orden de los Establecimientos, así como las que aconseje su tratamiento o las que provengan de su grado de clasificación. 2. En su caso, a solicitud del interno o por propia iniciativa, el Director podrá acordar mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad física del recluso, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta al Juez de Vigilancia. 3. Mediante acuerdo motivado, el Consejo de Dirección, en el caso de los detenidos y presos, o la Junta de Tratamiento, en el caso de los penados, propondrán al Centro Directivo el traslado del recluso a otro Establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales exigidas por el aseguramiento de su persona a que se refiere el apartado anterior. 4. Los acuerdos de traslado se comunicarán, en el caso de los detenidos y presos a la Autoridad judicial de que dependan y, en el caso de los penados, al Juez de Vigilancia correspondiente. -------------------------------------------------------

1. INTRODUCCIÓN El artículo 75 del Reglamento Penitenciario (en adelante R.P.) permite al Centro Penitenciario la adopción de medidas que impliquen limitaciones en la situación regimental a la que se encuentra sometido el interno. La norma, por la amplitud con que

define los casos en que resulta posible la limitación y por no manifestar en que consisten las medidas que pueden llevarse a cabo, facilita, en exceso, la justificación de una actuación que debería entenderse como excepcionalísima. El riesgo consiguiente es la posible arbitrariedad en su aplicación. Mi experiencia profesional, como delegado del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, me ha permitido observar que las facultades otorgadas por la citada norma, en la modalidad denominada “forzosa” (cuando no ha solicitado protección el propio interno), a la Administración Penitenciaria son foco constante de quejas de los internos por el abuso que se hace de este precepto. El interno al que se le aplica esta medida se ve privado, de manera ilimitada en el tiempo, de las condiciones de vida que venia disfrutando en el régimen en el que se encontraba; en ocasiones, su aplicación parece dar lugar a un sistema sancionador, sin limite temporal, extramuros de la regulación del propio régimen sancionador. Evidentemente, no es una sanción, puesto que no se regula como tal; sin embargo, la práctica nos muestra que tiene un carácter cercano a las sanciones o a ciertos medios coercitivos. Hay quien lo califica de sanción encubierta. Las Conclusiones de la reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria del año 1997, señalaban que: “El régimen del artículo 75 del Reglamento se considera excepcional y subsidiario a otros recursos legales como son los medios coercitivos en los casos en que los supuestos de aplicación coincidan, estando sujeto, dadas las restricciones que supone, a la misma extensión e intensidad de control jurisdiccional que aquéllos”.

2. ANTECEDENTES DEL PRECEPTO El precepto que comentamos encuentra su origen en el artículo 32 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo. Señalaba este artículo: “Las limitaciones en el régimen de los detenidos y presos vendrán determinadas por la exigencia de asegurar su persona, por las de seguridad y

orden de los Establecimientos y por la de impedir la influencia negativa de unos internos sobre otros.” La norma, inicialmente, parece perseguir el establecimiento de unas medidas de protección para aquellos internos que pudieran ser, potencialmente, objeto de una agresión por parte de otros. Pero se encuentra utilidad a la misma como argumento de medidas orientadas a incrementar el control y endurecer las condiciones regimentales de algunos internos, ya que originaba el traslado a una sección similar al previsto para el régimen cerrado, impidiendo participar o compartir las actividades comunes del Centro, sin ni siquiera llegar a modificar su clasificación del interno. Debe resaltarse, además, que del tenor literal de la norma se deduce que la pretensión original era únicamente la protección de detenidos y presos preventivos. Ninguna alusión hace a los penados, como hace el artículo 75 del actual Reglamento. No obstante, lo anterior no era óbice para que la Administración Penitenciaria extendiera su aplicación, en muchas ocasiones, sin justificación alguna, a los penados; lo que suponía una limitación adicional a la ya restringida libertad personal de los internos. En cuanto a su aplicación a detenidos y presos, debería, en todo caso, como ha entendido Mapelli Caffarena, ajustarse, como cobertura legal, a lo previsto en el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece la imposibilidad de adoptar contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad, salvo casos de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Medidas que siempre deberán ser limitadas en el tiempo y sin que pueda subsistir más allá del tiempo necesario. Carente de un procedimiento reglamentariamente establecido y ausente de cualquier tipo de garantías, se encontró el camino para aislar a aquellos sujetos que resultan incómodos, sin atender a ninguna limitación; aplicándolo a partir de presunciones deducidas de situaciones estandarizadas, sin analizar de una manera individualizada cada caso y sin tener que justificar cuál era la medida que resultaba más adecuada.

En definitiva, el artículo 32 R.P., permitía llegar a situaciones que suponían una burla a todas las garantías jurídicas del sistema sancionador. La sanción más grave dejó de ser el aislamiento en celda, que podía llegar, por acumulación de sanciones, a los 42 días y pasó a ser el aislamiento indefinido, la aplicación del artículo 32 del Reglamento Penitenciario.

3. LA SITUACIÓN DERIVADA DEL NUEVO REGLAMENTO La implantación del nuevo Reglamento (Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero) ha supuesto la “universalización” de las medidas que implican limitaciones regimentales. El artículo 75 del nuevo Reglamento extiende la aplicación de aquellas a los penados. Por lo menos -escaso consuelo-, ya no hay aplicaciones al margen del Reglamento. Desconocemos cuáles son las razones de ampliar las potestades otorgadas a la Administración penitenciaria en este aspecto, aunque se intuyen. La Exposición de Motivos del R.P., señala que “La situación actual es muy distinta a la existente en 1981, no sólo por el notable incremento de la población reclusa (...) predominio de la criminalidad urbana y suburbana y de la irrupción del fenómeno de la delincuencia organizada, que generan grupos minoritarios de reclusos con un alto potencial de desestabilización de la seguridad y el buen orden de los establecimientos penitenciarios.” Sin embargo, el objetivo que se perseguía con el nuevo Reglamento no era el de introducir a esos reclusos, cuyo tratamiento puede resultar más dificultoso, en un gueto; como parece que se realiza en algunos casos con la aplicación del artículo 75. La pretensión era “atender a las necesidades de tratamiento e incentivar su adaptación al régimen ordinario y sus limitaciones regimentales son menos severas que las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda, por entenderse que el régimen cerrado, aunque contribuye al mantenimiento de la seguridad y del buen orden regimental, no tiene naturaleza sancionadora, sino que se fundamenta en razones de clasificación penitenciaria en primer grado.” (Exposición de Motivos).

De aquí surge inmediatamente una conclusión: el modelo que en la actualidad se utiliza en los Establecimientos Penitenciarios, esto es, el aislamiento forzoso con base en el artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, no tiene encaje en esta norma que debería aplicarse, de una manera motivada, durante el tiempo mínimo imprescindible y únicamente, cuando no resulte posible otro tipo de actuación. La modificación introducida en el artículo 75 ha abierto una puerta a la creación por la vía de hecho de un régimen intermedio, que a todos los efectos se ha de considerar un primer grado, pero sin los controles que el mismo presenta, y fuera del control que pudiera representar si fuese considerado como una sanción.

4. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 75 EN LA PRÁCTICA. En la práctica, al amparo del artículo 75 del Reglamento, se han establecido dos modelos: el denominado forzoso, descrito en el párrafo 1º del artículo 75 y el modelo voluntario, conocido también como refugiado, descrito en los siguientes párrafos del precepto, cuya característica más destacada es que la limitación se produce a solicitud del propio interno. En este trabajo vamos a centrarnos principalmente en el apartado primero, en consideración a las peculiaridades que presenta, que ha desencadenado una interpretación alejada por completo del espíritu de la norma. En una deficiente redacción, el artículo comienza en su apartado uno, negando que los detenidos, presos o penados tengan limitaciones regimentales, a excepción, claro está, del elenco que seguidamente pasa a describir. El apartado 1º del citado artículo 75 configura un modelo limitativo del régimen en el que se encuentra el interno, de aplicación forzosa y caracterizado por cuatro circunstancias: a) El aseguramiento de su persona.

b) La seguridad y el buen orden de los Establecimientos. c) Las que aconseje su tratamiento. d) Las que provengan de su grado de clasificación. Las limitaciones regimentales como puede observarse son de tal ambigüedad que pese a ser un número tasado, no pueden considerarse como numerus clausus, por cuanto la amplitud de los conceptos impide que pueda delimitarse su alcance. Lo cierto es que, una vez más, el redactor de la norma no ha podido o no ha querido prescindir de conceptos jurídicos indeterminados, que, por su inicial indefinición, permiten la aplicación de cierta dosis de discrecionalidad, con un riesgo añadido que se interpreta nada menos que limitación de derechos fundamentales del individuo. Antes de continuar, vamos a analizar las características del procedimiento de aplicación de las limitaciones regimentales cuando el fundamento es la protección del interno, apartado 2º del artículo, pues algunas de ellas se aplican analógicamente a la “modalidad forzosa”. En el citado apartado se ha considerado de a aquellos internos que, en razón del delito cometido (delitos contra la libertad sexual, en su mayoría), al comportamiento en el centro frente a otros internos o a su relación con los funcionarios (chivatos), han sido considerados por los demás internos como no merecedores de respeto y, consiguientemente, su integridad personal corre peligro; están refugiados respecto a los demás internos. En estos casos la medida de limitación regimental se aplica generalmente por iniciativa del interno, que lo solicitará al Director, el cual mediante resolución motivada acuerda llevarla a cabo si estima que es preciso para salvaguardar la vida o la integridad física del recluso, y da cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Resulta llamativo como el precepto, en su apartado segundo, señala la obligatoriedad de dar cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria cuando la limitación regimental solicitada por el interno o por propia iniciativa del Director sea para la salvaguarda de la vida o la integridad del interno y, sin embargo, nada se dice respecto al primero de los supuestos estudiados, cuando se aplica sin existir tal necesidad. Es un dato más que permite concluir que no estaba prevista la aplicación de la norma en su modalidad “forzosa”.

Pese a no estar previsto, habitualmente, cuando se aplica una medida limitadora con carácter forzoso, también se “da cuenta”, con carácter general, al Juez de Vigilancia Penitenciaria. La comunicación al Juez de Vigilancia Penitenciaria no es un simple requisito formal, por lo que este no debe limitarse a tener por recibida tal comunicación. Dar cuenta es algo más que poner en conocimiento, tiene un matiz que supone justificar ante otro la actuación o decisión. Entiendo que la actitud del órgano judicial no puede de ningún modo ser pasiva o de mera recepción de la resolución sino que deberá examinar la actuación y pronunciarse acerca de si es ajustada o no. Desde la Reunión de Jueces de Vigilancia celebrada en abril de 1982, han sido constantes los criterios dados al concepto “conocer” cuando se trata de comunicaciones al Juez de Vigilancia de las decisiones adoptadas por el Director y la Junta de Régimen de los Establecimientos Penitenciarios. En el apartado D, 2) de tales criterios se pone de manifiesto que habrán de distinguirse “los casos en que la Ley o el Reglamento dispone que el Juez de Vigilancia “conocerá” de determinados asuntos, de aquellos otros en que el Director o la Junta del establecimiento “pondrá en conocimiento” del Juez de Vigilancia algo. En el primer caso, la palabra “conocer” tiene un sentido procesal característico y el Juez puede resolver sobre el fondo del asunto, dejando en su caso sin efecto la decisión administrativa. Esta interpretación es particularmente clara en el supuesto del artículo 76.2 j) de la Ley General Penitenciaria, porque el Juez de Vigilancia conoce “a propuesta” del Director del establecimiento. Hay que tener en cuenta que, en materia de traslados, el Juez de Vigilancia debe tener una cierta intervención (y no limitarse a ser un perceptor de una noticia), dada la importancia de que por esta vía el recluso se pueda sustraer a la competencia del Juez de Vigilancia. La procedencia del traslado dependerá del tipo de establecimiento en que se encuentre el interno, y la Administración penitenciaria al dar conocimiento al Juez de un traslado, debe especificar las causas. El Juez tendrá en cuenta que no debe ser lo mismo el régimen de vida mixta (departamentos especiales del artículo 10 de la Ley General penitenciaria) que el aislamiento celular.”

El mismo criterio se vuelve a recoger en la Reunión de Jueces de Vigilancia Penitenciaria de octubre de 1990, en el apartado L, así como en la Reunión de mayo de 1992 en su apartado L) nº 67. El apartado 3º del artículo 75 prevé el traslado del recluso, cuya seguridad se pretende proteger, con la finalidad de posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales. Este traslado debe ser comunicado, en el caso de detenidos o presos, a la Autoridad Judicial de quien dependan, y, en el caso de penados, al Juez de Vigilancia Penitenciaria. Insistimos en que la autoridad judicial debería pronunciarse sobre dicho traslado. Nada dice la norma sobre traslados en el caso de que la limitación regimental tenga su origen en la necesidad de seguridad y el buen orden de los Establecimientos, o porque lo aconseje el tratamiento o provengan de su grado de clasificación. En estos casos el traslado suele depender de otros factores; así el caso típico es el del penado en segundo grado que tras la aplicación de estas limitaciones se ve regresado a primer grado, con propuesta de traslado a otro centro; parece ser, en estas ocasiones, una situación de transición entre grados, en la que los internos se ven sometidos a un régimen que, en la práctica, es de aislamiento, sin limite temporal. En este caso debería comunicarse, igualmente, al juez competente el traslado.

5. ÓRGANO COMPETENTE PARA ACORDAR LA MEDIDA. La aplicación de las limitaciones del artículo 75 R.P. se realiza por el Director del Establecimiento. El artículo 280.2.5ª y 6ª otorga facultades al Director para adoptar las medidas regimentales urgentes necesarias para prevenir y, en su caso, resolver cualquier alteración individual o colectiva del orden en el centro, dando cuenta inmediatamente al Centro directivo; así como para la adopción de medidas cautelares que procedan hasta que recaiga acuerdo definitivo, ante hechos o actuaciones de los internos que se presuman faltas disciplinarias.

Resulta evidente que cuando el artículo 280.2, regla 5ª, señala como competente al Director para adoptar medidas regimentales urgentes, no esta pensando en el artículo 75. De hecho, su comunicación al Juez de Vigilancia Penitenciaria en lugar de al Centro Directivo recuerda más a una sanción muy grave que a la adopción de una medida regimental. En ciertos casos se ha observado que el régimen a aplicar a aquellos internos a quienes se les impone el artículo 75.1 se ha desarrollado a través de normas internas elaboradas por el Consejo de Dirección del Establecimiento penitenciario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 270 .1, apartado b) del Reglamento Penitenciario, sujetas únicamente a aprobación por el Centro Directivo. De esta manera se regula el régimen de vida del individuo internado en un Establecimiento penitenciario, a través de normas internas dadas por el propio Establecimiento, pudiendo establecerse limitaciones a los derechos de los internos cuya cobertura legal es difícil sino imposible de encontrar.

6. RECURSOS CONTRA SU APLICACIÓN A) Queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria. El artículo 4 del Reglamento Penitenciario, titulado Derechos, en su apartado 2, letra j) dispone que los internos tendrán derecho “a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias y judiciales,... así como dirigirse a las autoridades competentes y utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos...” Y el artículo 76, 2, g) de la Ley Orgánica General Penitenciaria indica que corresponde al Juez de Vigilancia “acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios de aquéllos”.

El interno sometido a limitaciones regimentales forzosas, deberá instar ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria la oportuna queja a fin de obtener la oportuna resolución judicial, sin esperar a la actuación que pueda llevar a cabo el Juez si se da cuenta al mismo de las medidas limitadoras. “Cuando para el cumplimiento de la función de salvaguarda de los derechos de los internos y corrección de los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos de régimen penitenciario puedan producirse no existan vías procesales especificadas en el artículo 76.2 de la L.O.G.P., debe entenderse que es la queja o petición el instrumento adecuado para obtener la resolución judicial, la cual, una vez firme, lleva consigo necesariamente la exigencia de cumplimiento.” (Nº 68 de los Criterios de Actuación de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria. Octubre de 1990). B) Recurso de reforma. El Juez de Vigilancia resuelve las quejas por medio de auto que, de conformidad, con la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es recurrible en reforma, sin necesidad de asistencia letrada o representación de Procurador. C) Recurso de apelación. No deberían plantearse dudas, a pesar de la pésima redacción de la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sobre la posibilidad de recurrir en apelación contra la resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria. La resolución dictada por el Juez de Vigilancia resolviendo sobre la queja planteada por el interno será considerada como resolución dictada en primera instancia, por lo que es susceptible de recurso de reforma, como ya hemos visto, y de apelación. Así se han pronunciado los Jueces de Vigilancia en el número 82 de los Criterios Aprobados en Octubre de 1990. La mencionada disposición de la L.O.P.J. señala la improcedencia del recurso de apelación cuando la resolución del Juez de Vigilancia, en materia de régimen penitenciario y demás materias que no se refieran a ejecución de penas, se haya dictado

“resolviendo un recurso de apelación (es como un recurso de alzada) contra resolución administrativa”. Entiendo, aunque algunas Audiencias Provinciales no lo comparten, que sólo hay un caso: los procedimientos disciplinarios; es el único caso en que la Ley Penitenciaria habla expresamente de que contra la resolución administrativa cabe recurso (artículo 44 de la L.O.G.P.). Es igualmente el único caso en el que al hablar de las competencias del Juez de Vigilancia (artículo 76 de L.O.G.P.) se prevé que el Juez resolverá por vía de recurso. La no admisión del recurso con apoyo en la disposición adicional quinta supondría una interpretación desfavorable del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en su garantía de acceso a los recursos establecidos por la ley. En este sentido el Tribunal Constitucional, en su sentencia 349/93, de 22 de noviembre, ha señalado (aunque no se trata de la aplicación de esta disposición): “la decisión judicial de inadmisión sólo será constitucionalmente válida si se apoya en una causa a la que la norma legal anude tal efecto, correspondiendo la apreciación de tal relación causal al órgano judicial; pero, en aplicación razonada de la norma que, en todo caso, deberá interpretarse en el sentido más favorable a la efectividad del derecho fundamental. De tal manera, que incurre en inconstitucionalidad merecedora de amparo la inadmisión que, fundamentada en una interpretación restrictiva o desfavorable, impida la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En definitiva, la limitación injustificada o arbitraria del acceso a los recursos legalmente previstos constituye una lesión al derecho consagrado en el artículo 24.1 C.E.” D) ¿Recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa? Aunque ineficaz por su lentitud, podría intentarse una impugnación de la aplicación forzosa de las medidas regimentales establecidas en el artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, en aquellos casos en que equivale a una sanción de aislamiento, buscando una declaración de no conformidad de dicha norma con la Ley o alegando desviación de poder. En cuanto a la desviación de poder es conveniente recordar que “para que pueda apreciarse la existencia de desviación de poder, se requiere que la Administración en el

ejercicio de sus competencias se aparte del logro de un fin de interés general normalmente determinado, expresa o implícitamente, por el precepto o preceptos legales que atribuyen la potestad para actuar; es decir, que persiga con su actuación un fin privado, ajeno por completo a los intereses generales, o un fin público distinto del previsto en la norma habilitante -artículo 83.3 LJCA-, idea que en el fondo subyace igualmente en el artículo 106.1 CE, al atribuir a los Tribunales el control de la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.” (STS 3ª 11 de Noviembre de 1993). No debe descartarse que algunos Jueces de Vigilancia consideren que, al igual que los traslados, la aplicación de limitaciones regimentales queda fuera de su competencia. En estos casos, antes de acudir al recurso contencioso-administrativo ordinario, sería conveniente analizar si la limitación supone la restricción de algún derecho fundamental que permita formalizar el recurso amparándose en la Ley 62/1978 de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. Aunque si efectivamente vulnerase derechos fundamentales no debería existir ningún problema para considerar que la competencia es del Juez de Vigilancia, de conformidad con el artículo 76.2.g), antes mencionado. Cabría, incluso, atribuir competencia al Juez de Vigilancia, en la futura Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, para conocer y someter a control la actuación de la Administración Penitenciaria en todo aquello que se derive de la aplicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria.