Historia Del Peru - El Peru Contemporaneo

Portocarrero Grados

INTRODUCCIÓN

mo tal, tratamos un solo período de la historia peruana: el del Perú contemporáneo. En tanto regímenes, cada uno de éstos intentó, a través de la pugna de diversos proyectos políticos, darle al país una configuración y un ordenamiento correspondientes con los intereses de los nuevos sectores dominantes, especialmente desde la crisis del régimen oligárquico. Pero a la par de este proceso político, se ha desarrollado en la base una revolución económica y social impulsada por sectores emergentes –informales, migrantes, etc.– que ha dado al Perú un nuevo rostro. A pesar de los intentos de los diversos gobiernos por dirigirlos y de los regímenes por incorporarlos a sus proyectos, la revolución de estos sectores emergentes ha tenido un desarrollo propio. En términos formales, en cada parte es posible distinguir dos grupos de capítulos: el primero dedicado a los principales hechos políticos, incluyendo la aplicación de políticas económicas y las protestas sociales –que inciden sobre la coyuntura política–, y el segundo a un balance general político, económico y social en términos procesales.

El texto está dividido teniendo en cuenta la evolución de la estructura del Estado y de la sociedad civil. Partimos de este criterio, ya que los cambios producidos en las últimas décadas y la situación actual del país están relacionados con la crisis irresuelta que se abrió con el ocaso del Estado y la sociedad oligárquicos. A partir de 1968 se ha intentado implementar desde el aparato del Estado proyectos políticos en la búsqueda de dar al país una nueva fisonomía que garantice el establecimiento de un verdadero Perú moderno. Distinguimos, entonces, entre régimen y gobierno. El primero corresponde al marco que define el contexto en el cual se desenvuelve el segundo. El tratamiento de los gobiernos está enmarcado dentro de los regímenes existentes en las últimas décadas: oligárquico, militar y populista. El régimen neoliberal, bajo el actual gobierno de Alberto Fujimori, no será abordado. No se trata entonces de períodos definidos a partir de la historia política del Perú. Es obvio que ese tipo de periodificación es obsoleto y tradicional. Co-

EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO (1950-1968)

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I

EL GOBIERNO DE ODRÍA La historia política actual considera que el gobierno de Manuel A. Odría tuvo dos etapas muy marcadas. La primera habría correspondido al establecimiento de una junta de gobierno, el 28 de oc1032

tubre de 1948, hasta la realización de las elecciones generales de 1950. La segunda abarcaría su gobierno constitucional desde el 28 de julio de 1950 al 28 de julio de 1956. Sin embargo esta interpretación es meramente formal, ya que las características políticas y económicas del régimen serían las mismas.

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divisas, reservándose el Estado el 45% resOdría sentó las bases del Ochetante al tipo de cambio oficial. Sin emnio mediante una serie de medidas bargo, esta medida no era suficiente que le asegurarían el control del para los seguidores de la política liaparato del Estado y la adhesión de beral, ya que obligaba a los exporlos grupos económicos agroextadores a depositar dichas divisas portadores y del capital extranen el Banco Central de Reserva jero. En cuanto al control de la (BCR) recibiendo a cambio un situación política interna, Odría certificado negociable en el mercadeclaró ilegales al Partido Aprista do. Esta medida –y las que vendrían Peruano (PAP) y al Partido Comudespués– muestra que a pesar nista Peruano (PCP), decretando la de que Odría estaba a favor de suspensión de las garantías indiviuna política económica duales mediante la ley de Seliberal (una de las pringuridad Interior de julio cipales razones del golde 1949. A través de este pe de 1948), su aplicamecanismo le fue posible ción era restringida para controlar y reprimir a los poder asegurarse márgeprincipales partidos con nes de maniobra polítiinfluencia en las organica. Ello provocaría en el zaciones sindicales y pofuturo la oposición del pulares, y a otros sectores sector agroexportador al de oposición a su gobiergobierno de Odría. no. Además, con ello se En agosto de 1949 el daba la “paz social” negobierno contrató una cesaria para fomentar la La crisis política en la que se vio envuelto el gobierno de misión económica y fiinversión de los capitales Bustamante y Rivero en 1948 culminó con el golpe de nanciera presidida por privados y extranjeros. estado de Manuel A. Odría el 27 de octubre de dicho año. el economista norteaEn su política económica, Odría hizo importantes concesiones a los agroexportadores. Las dificultades causadas por el reajuste de postguerra durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero y por el proceso de inflación interna obligaron al Estado a declarar el control de precios, el control de cambios y de comercio. En diciembre de 1948, la junta militar restableció la libertad de comercio y de cambio y suprimió el requisito de licencia para importar, pero mantuvo la presión en el mercado de divisas. También se otorgó a los El general Odría contó en un inicio con el apoyo de los agroexportadores, uno de los exportadores la disponiprincipales sectores económicos de la llamada oligarquía peruana. bilidad del 55% de sus

Portocarrero Grados mericano Julius Klein e integrada por especialistas de las distintas ramas de la economía, la que permaneció varios años en el Perú y presentó al gobierno informes y soluciones a los problemas económicos más urgentes. El 5 de noviembre de 1949 la misión Klein presentó un memorándum donde proponía la aplicación de una serie de medidas liberales y señalaba como causas de la inflación el incremento exagerado del circulante por los déficits fiscales y la expansión del crédito derivado del aumento de ese circulante, indicando que las consecuencias serían la subida de los precios y de la cotización del dólar. Ese mismo día se eliminó el control del tipo de cambio, se suprimió el tipo de cambio oficial y se restableció el mercado libre del dólar, lo que provocó su subida de 6,50 a 14,85 soles. Los exportadores dispondrían además del total de los certificados de divisas. La reorganización del sistema imperante hizo subir los precios, pero meses después vendría el aumento de las divisas debido al auge de las exportaciones entre 1950 y 1952, que estabilizaría el mercado interno. La política de mercado libre y el establecimiento de una legislación favorable atrajeron inversiones de capitales extranjeros, que incidieron en el incipiente proceso de industrialización. Esto propiciaría el aumento de la producción, pero la mayoría de las industrias que surgieron o se desarrollaron en ese contexto eran dependientes de los grandes consorcios extranjeros. Tal fue el caso de la dirección que tomaron la minería, la explotación petrolera, la industria manufacturera y la producción de energía eléctrica.

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LAS ELECCIONES DE 1950 Inicialmente, el golpe de Estado buscó legitimarse como una respuesta frente al peligro de que el PAP estableciese una dictadura, por lo que tácitamente se pensaba que la situación era transitoria y que pronto se realizarían elecciones. Sin embargo, los opositores al PAP temían que fuera demasiado pronto, por lo que se optó por una salida electoral que garantizara la permanencia de Odría en el poder. En su mensaje de julio de 1949, Odría anunció importantes cambios en el estatuto electoral, incluyendo que los escrutinios se realizarían en las mesas de votación y que los jurados departamentales se limitarían a la revisión de los resultados, declaración que presagiaba una pronta convocatoria a elecciones. Para crear las condiciones de una candidatura como la del general Odría, Pedro Beltrán –prin1034

cipal vocero del sector agroexportador– declaró en receso, en abril de 1950, a la Alianza Nacional, un movimiento de carácter liberal que él lideró bajo el gobierno de Bustamante y Rivero; cerrando las posibilidades de una candidatura civil, ya que los únicos partidos políticos con posibilidades de articular una propuesta frente a Odría estaban fuera de la ley. Antes de lanzar su candidatura, Odría debía renunciar a la presidencia de la junta militar para cumplir formalmente lo estipulado en la Constitución de 1931. Ello se produciría el 1º de junio de 1950, hecho conocido como “la bajada al llano”, dejando en su lugar al general Zenón Noriega. Las elecciones se realizarían en un contexto favorable al gobierno ya que se mantenía en vigencia la ley de Seguridad Interior. Las garantías constitucionales continuaban suspendidas y se imponía penas de cárcel y destierro a los delitos calificados de terroristas. Asimismo, las autoridades políticas tenían facultades de jueces, no pudiendo intervenir las autoridades judiciales sino hasta que el gobierno lo dispusiera. El encargado de mantener el orden interior fue el director de gobierno Alejandro Esparza Zañartu, personaje que Mario Vargas Llosa retrató en su novela Conversación en La Catedral. El PAP y el PCP, duramente golpeados por las medidas represivas del gobierno, estaban incapacitados para organizar una sólida oposición a Odría. El PAP, particularmente, se hallaba dividido por los hechos de 1948, y su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, se hallaba asilado en la embajada de Colombia. La brevedad del plazo para la realización de las elecciones no impidió el lanzamiento de una candidatura contrapuesta a la del general Odría. La única candidatura posible era la de un militar, tratando de que el ejército garantizara los resultados de las elecciones; surge así la candidatura del general Ernesto Montagne lanzada por la Liga Democrática, un movimiento político de carácter liberal liderado por Ignacio Brandariz y que tenía como vocero al diario Jornada. Inicialmente, los miembros de la junta de gobierno intentaron rechazar la candidatura y descalificar al general Montagne, confiados en que no existían posibilidades de organización de una oposición coherente frente a la candidatura oficial. En este contexto estalló en Arequipa una serie de protestas en contra del gobierno. En junio se produjo una huelga estudiantil en el colegio de la Independencia, a la que se sumaron los universitarios; las autoridades respondieron disparando sobre los manifestantes. La ciudad, indignada, convocó a

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Manuel A. Odría obtuvo el 100% de los votos en las elecciones del 2 de junio de 1950, en un proceso considerado irregular. Candidato único, Odría había acusado de conspirador al general Ernesto Montagne, su principal adversario electoral, quien tuvo que salir del país.

de 550 779 votos (100,0%) a favor de Manuel A. Odría.

LA BONANZA ECONÓMICA Y LA POLÍTICA DE OBRAS PÚBLICAS Líneas arriba hemos señalado las principales medidas que sentaron las bases del Ochenio. A partir de 1950 el gobierno de Odría dictaría nuevas medidas favorables a la inversión de capitales privados y extranjeros, siempre bajo la asesoría de la misión Klein. Ésta presentó en 1950 un proyecto que modificaba el impuesto a la renta con el objetivo de aumentar la recaudación tributaria, luego de liberalizar la economía. Se planteaba, igualmente, el reemplazo del sistema de impuestos cedulares –que agregaba cada cierto tiempo impuestos complementarios– por el de impuestos progresivos, aplicable tanto a personas naturales como a sociedades anónimas. Este proyecto fue presentado al Congreso por el ministerio de Hacienda y Comercio, pero fue desestimado debido a la presión ejercida por la Sociedad Nacional de Industrias y por la Cámara de Comercio, ya que implicaba la elevación de la tasa de los impuestos a las utilidades y subutilidades, a los dividendos de acciones al portador y a la renta de personas o entidades establecidas en el extranjero. Entre las leyes de apoyo al sector privado se dictarían principalmente las siguientes: –El Código de Minería (1950), que incorporaba a las empresas mineras al impuesto general a las utilidades comerciales e industriales, derogando el derecho de exportación que pagaban a cambio de un

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una manifestación en la plaza de armas para el día 13 de junio, que también fue reprimida, iniciándose enfrentamientos que durarían hasta el día siguiente. La población atacó el casino militar, siendo tomados los locales de la municipalidad, la prefectura, el aeropuerto y varias radioemisoras, levantándose barricadas y realizándose grandes manifestaciones. Ante tal situación, se formó una junta provisoria de gobierno presidida por Francisco Mostajo, líder de la Liga Democrática en Arequipa y candidato en la fórmula de Montagne. También participó en la junta Héctor Cornejo Chávez, futuro líder de la Democracia Cristiana (DC). Todas las organizaciones sindicales se declararon en huelga y se unieron en un Comando Supremo de Obreros y Empleados. La junta provisoria trató de negociar. En la noche del 14, cuatro parlamentarios salieron del municipio con bandera blanca y fueron abaleados, falleciendo dos de ellos. Se produjo entonces la intervención del Ejército, que controló la situación con un elevado saldo de víctimas. La huelga de los trabajadores, sin embargo, seguiría por unos días más. Finalmente, el gobierno responsabilizó de los acontecimientos a los “apro-comunistas” y a los partidarios de la Liga Democrática, persiguiendo a la oposición y deteniendo al general Montagne, acusándolo de complicidad. Frente a esta situación, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se negó a inscribir la candidatura de Montagne, con lo cual Odría se presentó como candidato único. El resultado oficial de las elecciones generales realizadas el 2 de julio fue

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pago ad-valorem por el mineral exportado. También se reconoció la deducción por agotamiento de la mina y se liberó a las empresas mineras de todo impuesto creado o por crearse, por espacio de 25 años. – La ley de Petróleo (1952), que permitía la explotación de nuevos yacimientos, estableciendo un régimen tributario especial para el sector. – La ley de Industria Eléctrica (1955), orientada a estimular la inversión del capital privado en este campo frente al crecimiento de las necesidades urbanas, razón por la cual se daba mayor importancia a las obras de servicio público. El crecimiento económico de estos años no sólo se debió a la política de libre cambio sino también a que desde la década de 1950 el Perú contó con un nuevo producto de exportación: la harina de pescado, que lo convirtió en la primera potencia pesquera del mundo. El impulso de esta rama productiva provino principalmente de Luis Banchero Rossi. En cuanto al sistema financiero internacional, el gobierno de Odría realizó coordinaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), logrando con el crecimiento de las reservas internacionales que la deuda externa se redujera de 716 a 666 millones de dólares. Si bien el gobierno de Odría fue producto de la Alianza Nacional, muy pronto alcanzó una cierta autonomía, desestimando algunas de sus principales indicaciones relativas a la forma de conducir la economía del país. Ello fue posible gracias a la coyuntura internacional de la guerra de Corea, que originó una mayor demanda de nuestras materias primas con mejores precios, lo que aumentó nuestros ingresos de divisas y permitió un equilibrio en la balanza de pagos. Con dichos ingresos, Odría in-

crementó notablemente el gasto público, contrariando las fórmulas liberales relativas al equilibrio fiscal. De 1950 a 1955, el gasto público alcanzó el 13% del producto bruto anual, porcentaje destinado fundamentalmente a la realización de importantes programas de obras públicas. Mediante esta política el gobierno buscaba movilizar recursos y distribuir prebendas que facilitaran el enriquecimiento de sus allegados y, al mismo tiempo, satisfacer parcialmente las exigencias de empleo y servicios públicos de los sectores populares migrantes. En ese sentido el gobierno de Odría dictó una serie de medidas sociales como el Seguro Social obligatorio para empleados públicos y privados, el salario dominical, el derecho a no perder los beneficios sociales por despido debido a inasistencias injustificadas, el pago de beneficios sociales antes de las 48 horas del retiro definitivo del trabajador, y la participación de los empleados y obreros en las utilidades de las empresas, antecedente de la comunidad industrial. Para poder institucionalizar dichas medidas, Odría creó el ministerio de Trabajo y de Asuntos Indígenas; asimismo, para garantizar la movilización política de sus allegados y de los grupos populares urbanos beneficiados por las obras públicas, sus más importantes colaboradores organizaron el Partido Restaurador y se otorgó el voto a la mujer. Entre las principales obras públicas se encuentran la construcción de unidades vecinales y de agrupaciones de viviendas para obreros, de las sedes principales de los ministerios de Salud, de Educación, de Trabajo y Asuntos Indígenas, y del hospital del Empleado. En cuanto a la educación, se estableció el Plan de Construcciones de Escuelas

La construcción del Hospital Central del Empleado (llamado hoy Edgardo Rebagliati Martins) fue iniciada durante el gobierno del general Odría. Este edificio fue inaugurado el 3 de noviembre de 1958 durante el mandato de Manuel Prado Ugarteche.

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El Perœ contemporÆneo Primarias, que incluía las Grandes Unidades Escolares (GUEs) como tipo especial de organización escolar en todas las capitales de departamento. Se creó también la Junta de Asistencia Nacional (JAN), cuya dirección estuvo a cargo de María Delgado de Odría, esposa del presidente. Para garantizar la lealtad de las Fuerzas Armadas, se incrementó su presupuesto, se compró nuevo material bélico y se modernizó las principales instituciones de formación de sus cuadros.

LA CRISIS POLÍTICA DEL GOBIERNO

Para proseguir con su política de obras públicas, el gobierno del general Odría recurrió al endeudamiento. En la imagen el ministerio de Trabajo, una de las principales edificaciones construidas durante su gestión.

Las diferencias y divisiones políticas también se expresaron al interior del gobierno y las Fuerzas Armadas. En agosto de 1954 el gobierno acusó de sublevación al general Zenón Noriega, primer ministro y ministro de Guerra, destituyéndolo de su cargo y deportándolo a los Estados Unidos. El 20 de julio de 1955, los redactores del diario La Prensa prepararon una declaración en la que exigían la derogatoria de la ley de Seguridad Interior, la reforma

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El año 1953 marcó el final del auge económico iniciado en 1950. Luego de la guerra de Corea, la situación económica se vio afectada por la baja en los precios de nuestros productos de exportación. Para mantener su política de obras públicas, el gobierno incrementó la deuda interna, llevando a una expansión monetaria y crediticia que provocó la subida del tipo de cambio y el incremento de la inflación. En febrero de 1954 el gobierno se vio obligado a reconocer la existencia de problemas económicos. Las soluciones planteadas entonces implicaban la aplicación de una serie de medidas liberales como la reducción del gasto público, la limitación de las obras públicas y la disminución de la emisión monetaria y el crédito bancario. Para mantener el tipo de cambio se solicitó un préstamo de 30 millones de dólares al FMI, al departamento del Tesoro de Estados Unidos y al Chase Manhattan Bank. La política económica aplicada hasta ese momento por Odría le había otorgado una relativa autonomía política respecto del grupo agroexportador que había auspiciado su ascenso al poder. Las diferencias políticas existentes se hicieron evidentes, sin embargo, al avecinarse la crisis económica, cuando los exportadores inician una campaña de oposición al gobierno. Éstos encontraban que el comportamiento político de Odría resultaba cada vez más “arbitrario”, razón por la cual el mismo grupo que patrocinó el golpe de 1948 propuso, a través del diario La Prensa, el retorno al “Estado de Derecho”. En los dos últimos años de su gobierno, Manuel A. Odría fue blanco de la crítica política. El diario La Prensa, por ejemplo, exigió la derogatoria de la llamada Ley de Seguridad Interior. En la fotografía, Manuel A. Odría y su homólogo boliviano, Víctor Paz Estenssoro, en una actuación pública en Lima.

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Portocarrero Grados electoral y la amnistía política general. Este documento sirvió de punto de partida para la fundación de la Coalición Nacional –retomando el nombre de la alianza de 1894 entre civilistas y pierolistas–, encabezada por Manuel Mujica Gallo, Pedro Beltrán y Pedro Roselló. Una reunión de la Coalición, realizada en Arequipa, es atacada por grupos fieles al gobierno, iniciándose una protesta similar a la de 1950. La ciudad se declara en huelga general y pide la destitución del ministro de Gobierno, Alejandro Esparta Zañartu, quien renuncia a fines de diciembre. Paralelamente a la campaña iniciada por la Coalición Nacional, regresan del exilio el ex presidente Bustamante y Rivero y los más importantes dirigentes del PAP, como Armando Villanueva y Ramiro Prialé.

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LAS ELECCIONES DE 1956 La movilización que logró la Coalición Nacional obligó a Odría a convocar a una convención de “notables” en el convento de Santo Domingo, con el fin de integrar políticamente a sus antiguos aliados y proponer un sucesor. Pero era evidente que para la convocatoria a elecciones generales se necesitaba contar con los votos apristas. El resultado de la convención fue el lanzamiento de dos candidaturas que buscaron el apoyo del PAP. Por un lado se encontraba Hernando de Lavalle, propuesto por Odría y presentado por Unión Nacional, ofreciendo al PAP el retorno a la legalidad una vez logrado el triunfo electoral. Esta propuesta no fue aceptada ya que nada garantizaba su cumplimiento; Lavalle consiguió más bien el apoyo de la recientemente fundada Democracia Cristiana. Por otro lado estaba Manuel Prado Ugarteche, cuya candidatura fue lanzada por el Movimiento Democrático Pradista (MDP). Perteneciente a una familia de importante influencia social y de gran poder económico, era propietario del diario La Crónica y de una serie de empresas, incluyendo al Banco de Crédito (ex Italiano). Prado ofreció al PAP no sólo la legalidad, sino además el cogobierno y una alianza política. Más adelante el propio Odría apoyaría la candidatura de Prado, en desmedro de Lavalle. Es a partir del apoyo que Odría y el PAP le otorgan a Manuel Prado, que surge la llamada “Convivencia”. La tercera candidatura fue la de Fernando Belaunde Terry, lanzada por el Frente de Juventudes Democráticas. Belaunde no contaba todavía con los elementos necesarios para preparar listas completas de representantes, razón que adujo el JNE para no 1038

inscribirlo. Ante ello el Frente de Juventudes organizó una marcha de protesta que se realizó el 1º de junio de 1955, conocida como “el ultimátum de La Merced” o el “manguerazo”. Belaunde se presentaba como un político nuevo, desligado de cualquier tipo de compromiso con el gobierno, proyectando la imagen de un profesional respaldado por profesionales y sin vínculos con sectores económicos, ni con ningún otro grupo de interés. En los meses siguientes este frente de juventudes se constituiría en partido político. Así nacería Acción Popular (AP). En este contexto la guarnición de Iquitos, encabezada por el general Marcial Merino, se subleva contra Odría el 16 de febrero de 1956. El diario La Prensa, que continuaba con su política de oposición al gobierno, publica el manifiesto de los sublevados, por lo cual su director, Pedro Beltrán, es detenido y enviado a la prisión de El Frontón junto a un grupo de periodistas del mismo diario, que deja de editarse. La sublevación no prospera y, ante las protestas de la oposición, Odría cede y libera a los detenidos. Las elecciones se realizaron el 17 de junio de 1956. Los resultados oficiales fueron los siguientes: Manuel Prado Ugarteche, 568 134 votos (45,5%); Fernando Belaunde Terry, 457 638 votos (36,7%) y Hernando de Lavalle, 222 323 votos (17,8%).

EL SEGUNDO GOBIERNO DE PRADO En base a los resultados electorales, Prado contará con mayoría en el Congreso, compuesta por los miembros del MDP, partido del gobierno, y por los miembros del Frente Independiente, elegidos por el PAP. El mismo día en que Prado asume la presidencia, el Congreso devuelve la legalidad al PAP al derogar la ley de Seguridad Interior y al declararse la amnistía política, tal como lo había prometido. Que dicha ley tenía carácter de pacto político se expresa en el hecho de que no se aplicó al caso del PCP. De esta manera, salen de la cárcel o vuelven del exilio líderes apristas como Manuel Seoane, Luis Alberto Sánchez y Andrés Townsend. Haya no regresaría al país sino hasta el año siguiente, y el 25 de julio de 1957 realiza un mitin en la plaza San Martín en el que señaló el derrotero de la política aprista para los próximos años. La legalización del PAP pondría en contra de Prado a los dos más importantes periódicos del país: El Comercio, que acuñó el término de “gobierno de la Convivencia”, pues los Miró Quesada no le perdonarían haber aceptado el respaldo aprista; y La Prensa, pues Pedro Beltrán era opuesto

El Perœ contemporÆneo Manuel Prado Ugarteche, quien había sido presidente del Perú durante el período 1939-1945, nuevamente asumió el mando supremo de la república en 1956. Una de sus primeras medidas fue la derogatoria de la ley de Seguridad Interior, decisión que fue desaprobada por diarios como El Comercio.

a la política económica del gobierno ya que la presencia del PAP implicaba una serie de medidas económicas similares a las aplicadas bajo el gobierno de Bustamante y Rivero. Para poder enfrentar a la oposición que no estuviera dentro de la política de la Convivencia, el gobierno de Prado presentó en 1958 un proyecto de ley de “Defensa de la democracia”, que otorgaba facultades extraordinarias al Ejecutivo para realizar investigaciones con el fin de descubrir supuestos agentes del comunismo internacional infiltrados en las organizaciones sindicales, estudiantiles o en la administración pública. Esta ley, similar a la planteada por el senador Joseph McCarthy en los Estados Unidos, no llegó a aprobarse.

LA POLÍTICA ECONÓMICA La política económica del gobierno se basó en el restablecimiento de los certificados de divisas y de las restricciones a la importación, y mantuvo el gasto público con el fin de satisfacer las exigencias de

Pedro Beltrán Espantoso, uno de los principales voceros del liberalismo peruano y director del diario La Prensa. A pesar de sus públicas discrepancias con Manuel Prado, durante su gobierno asumió la cartera de Hacienda y tuvo una gestión exitosa y reconocida.

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la población urbana, lográndose con estas medidas cierta estabilidad. Sin embargo, en 1957 un conjunto de factores puso en serias dificultades económicas y políticas al gobierno, entre ellas la baja de los precios de nuestros productos de exportación, la recesión norteamericana que afectó la inversión de sus capitales y una prolongada sequía en el sur. Para evitar la devaluación de la moneda como única manera de contrarrestar la reducción de las tasas de ganancia de las empresas, el gobierno recurrió a las divisas del BCR, las cuales prácticamente se agotaron. Esta situación agudizó la oposición de los agroexportadores, especialmente de Pedro Beltrán a través del diario La Prensa. Para tratar de salir de tan difícil situación, Prado decide nombrar ministro de Hacienda a Pedro Beltrán en julio de 1959, quien inicia una drástica política económica liberal con el objetivo de ordenar las finanzas y estabilizar la moneda. Por un lado, obtuvo un importante préstamo del BCR (haciendo funcionar la “maquinita” que tanto había criticado) y el respaldo del FMI mediante un préstamo para restablecer las reservas internacionales. De otro lado, recortó el gasto público y restringió el crédito, eliminó los subsidios a los alimentos, aumentó el

Portocarrero Grados precio de la gasolina, congeló los salarios y erradicó el control de cambios, provocando una devaluación cercana al 37%, otorgando márgenes excepcionales de beneficio a los exportadores. De todas las medidas, la más polémica fue el aumento del precio de la gasolina para obtener ingresos mediante los impuestos al consumo y a las utilidades. Esta medida tuvo gran oposición parlamentaria y periodística, poniendo en debate el problema del laudo otorgado a la International Petroleum Company (IPC) sobre los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. Asimismo, la política recesiva de Beltrán provocó una ola de huelgas entre mineros, obreros fabriles y de construcción, petroleros, y una prolongada paralización de los empleados bancarios. Hubo también una tenaz resistencia y oposición de parte de la clase media nacionalista. Como resultado de las medidas el dólar se estabiliza, el presupuesto de 1960 finaliza con superávit y el BCR reconstituye sus fondos de divisas. Sin embargo, Beltrán no pudo reducir los gastos fiscales debido a que los costos sociales de dichas medidas requerían continuar la realización de obras públicas. Por ello se vio obligado a elevar paulatinamente la carga tributaria, afectando así las ganancias de las empresas. A fines de 1961, Beltrán renuncia ante la inminencia de las elecciones de 1962.

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LAS OBRAS PÚBLICAS Al igual que bajo el Ochenio de Odría, el gobierno de Prado tuvo que orientar importantes recursos del Estado a la realización de obras públicas que satisficieran las demandas de la creciente población urbana. Entre las principales se encuentran la construcción, en 1955, de la represa de San Lorenzo y la ampliación del sistema de caminos; para la mano de obra necesaria se recurrió a la vieja ley de Conscripción Vial. Asimismo las compañías extranjeras que habían invertido en la minería o la electricidad al amparo de las leyes del gobierno de Odría, realizaron obras de infraestructura vial necesarias para el desarrollo de sus empresas, que no entraron al régimen del sistema público. Son los casos de la Cerro de Pasco Copper Corporation, la Electric Power Development y la Southern Perú Copper Corporation. Mediante el Plan de Desarrollo del Sur el gobierno de Prado enfrentó una fuerte sequía en los departamentos del centro y del sur entre 1957 y 1959, que produjo la migración masiva de los campesinos a las capitales de departamento como Lima, Arequipa, Tacna y Cuzco. 1040

LAS ELECCIONES DE 1962 La realización de las elecciones generales de 1962 quedó establecida para el 10 de junio. Antes de éstas, el personero de AP (ex Frente de Juventudes Democráticas), Javier Alva Orlandini, denunció ante el JNE la preparación de un presunto fraude mediante la expedición irregular y en masa de libretas electorales. Dicha acusación iba dirigida contra el PAP, partido al que se atribuía la expedición en Lima de alrededor de 200 mil libretas electorales a favor de analfabetos y menores de edad. Los ministros de las Fuerzas Armadas hicieron suyas estas denuncias, iniciándose su abierta injerencia en la determinación de la validez o no de las elecciones; a fines de mayo se dirigieron al JNE para denunciar una “manifiesta voluntad de fraude”, demandando medidas para evitarlo. Una investigación del poder Judicial determinó la existencia de 8 mil libretas electorales presumiblemente expedidas fuera del local del JNE, pero no necesariamente adjudicadas a personas no aptas, sino correspondientes más bien a las personas que se inscribieron después de noviembre de 1961 para participar en las elecciones. Si bien esa cantidad de libretas era insuficiente para cambiar la votación de más de dos millones de electores, el JNE acordó, para acceder a las demandas de los ministros de las Fuerzas Armadas, que todas las personas inscritas después de esa fecha debían presentar, además de su libreta electoral, su libreta militar en el caso de los hombres y su partida de nacimiento en el caso de las mujeres. Asimismo, para evitar la duplicación de libretas se determinó el uso de tinta indeleble en el dedo índice de los votantes. En estas condiciones se realizaron las elecciones generales del 10 de junio. Se presentaron en total siete candidatos: Fernando Belaunde Terry por Acción Popular (AP); Víctor Raúl Haya de la Torre por la Alianza Democrática, compuesta en su mayoría por el PAP, al que se sumaron miembros del Movimiento Democrático Peruano (ex Movimiento Democrático Pradista), e independientes simpatizantes del PAP; el general Manuel A. Odría por la Unión Nacional Odriísta (UNO), ex Partido Restaurador; Héctor Cornejo Chávez por la Democracia Cristiana (DC); el general César Pando Egúsquiza del Frente de Liberación Nacional (FLN), movimiento político de intelectuales radicales vinculados al PCP, que continuaba en la ilegalidad; Luciano Castillo por el Partido Socialista (PS); y Alberto Ruiz Eldredge del Movimiento Social Progresista (MSP). Los resultados establecie-

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ron tres candidatos de fuerza: Haya de la Torre con 557 047 votos (33,0%), Belaunde con 544 180 votos (32,2%) y Odría con 480 378 votos (28,4%). Al no alcanzar ninguno de los tres el tercio de los votos necesarios para la designación presidencial, ésta quedaba en manos del Congreso. Ahora bien, a diferencia de los resultados presidenciales, los votos para elegir a representantes al Congreso favorecían ampliamente a la Alianza Democrática, pero sin darle la mayoría necesaria para asegurar el triunfo del PAP. En estas condiciones, al instalarse el Congreso, éste debería designar al nuevo presidente. Para ello se requería la conformación de una coalición que acumulara la mayoría de votos. Se hacía necesario, pues, el establecimiento de nueVíctor Raúl Haya de la Torre, candidato de la Alianza Democrática, obtuvo el vas alianzas políticas. respaldo electoral en los comicios generales de 1962. Sin embargo, al no En ese contexto, antes de que mayor haber alcanzado el tercio de los votos necesarios se reservó la elección al Congreso aparecieran los resultados oficiales, de la República. Fue en ese contexto que afloraron las acusaciones de fraude el diario El Comercio inicia una electoral, que precipitaron el golpe militar del 18 de julio de 1962. campaña periodística dirigida al Ejército, insistiendo en la existencia de un fraude, launde que respetase las vicepresidencias y la comtratando de evitar un posible triunfo aprista. Días posición del Congreso. Se planteó la alternativa de después, los ministros de las Fuerzas Armadas re- formar un tribunal de honor presidido por el cardemitieron al JNE una lista de 10 departamentos en nal Juan Landázuri, para que recomendara al PAP y los que consideraban había existido fraude, y don- a AP el nombre del candidato por el cual votarían en de mayormente había ganado la Alianza Democrá- el Congreso. Sin embargo, las negociaciones fracatica. A dicha campaña se sumarían más tarde AP san ya que Belaunde sintiéndose seguro ante la –exhortando a las Fuerzas Armadas a cumplir con abierta simpatía de las Fuerzas Armadas por su can“su deber de velar por el respeto a la Constitución” didatura, se suma a la campaña contra el fraude y realizando manifestaciones contra el fraude– y la electoral. El día 10 de julio Belaunde envía un documento al JNE pidiendo la anulación del proceso Unión Revolucionaria (UR). electoral en los departamentos denunciados por las Fuerzas Armadas, con lo cual obtendría el tercio EL GOLPE DE ESTADO constitucional necesario para ser elegido automátiAnte esta situación, los ministros de las Fuerzas camente presidente. Viaja a Arequipa, donde realiza Armadas hacen saber al presidente Prado que el co- un mitin en el cual plantea que el tribunal de honor mando conjunto vetaba la candidatura de Haya de presidido por el cardenal Landázuri se manifestase a la Torre. El día 3 de julio Prado convocó a Haya de favor o en contra de los resultados dados por el JNE. la Torre informándole de la situación y explicándo- Finalmente, entre el 13 y el 15 de julio organiza en le que de insistir sobrevendría el golpe de Estado, esa ciudad protestas callejeras y barricadas que depor lo cual le aconsejaba abandonar sus pretensio- fienden su postura, pero éstas no prosperan. Desnes presidenciales en favor de un acuerdo con Be- cartado un acuerdo entre Haya de la Torre y Belaunlaunde, ya que éste contaba con el visto bueno de de, sólo quedaba tratar con Odría. El día 17 de julio las Fuerzas Armadas. Dos días después Haya de la al mediodía se anuncia que el PAP ha llegado a un Torre hace pública su intención de renunciar a su acuerdo con Odría otorgándole los votos necesarios candidatura e intenta llegar a un acuerdo con Be- para que sea elegido presidente. El comando con-

Portocarrero Grados junto de las Fuerzas Armadas insiste ante el JNE para que declare nulas las elecciones, aduciendo errores en los padrones, un alto porcentaje de ausentismo, la existencia de libretas electorales duplicadas y presiones de parte de las autoridades políticas. El JNE se negó. En la madrugada del día siguiente, el presidente Prado fue derrocado, formándose una junta militar de gobierno. Se instaló así el primer gobierno institucional de las Fuerzas Armadas.

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LA JUNTA MILITAR La junta militar de goRicardo Pérez Godoy presidió la junta militar que bierno estaba compuesta depuso a Manuel Prado Ugarteche. El propósito de esta intervención fue impedir la asunción al gobierno de por el presidente del coHaya de la Torre o de otro candidato apoyado por el mando conjunto y los tres aprismo. comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Éstos eran el general Ricardo Pérez Godoy –quien la presidía–, el general Nicolás Lindley, el teniente general FAP Pedro Vargas Prada y el contralmirante Francisco Torres Matos. La intervención de esta junta –a pesar de la manifiesta intención de Haya de la Torre de renunciar a postular a la presidencia en favor de Odría– muestra que no estaba dirigida a detener exclusivamente el ascenso político de Haya de la Torre, sino también a impedir la conformación de cualquier gobierno con predominancia aprista. Al mismo tiempo, la junta militar buscaba poner en práctica algunas de las propuestas planteadas al interior del Centro de Altos EsNicolás Lindley reemplazó a Pérez Godoy en el mando tudios Militares (CAEM) y de la junta militar, convocando a elecciones generales del Servicio de Inteligencia para 1963. 1042

Militar (SIM), con el objetivo de establecer las bases de un proceso de reformas sociales que limitaran el poder de la oligarquía e impidieran la posibilidad de una explosión social que amenazara al régimen en su conjunto. La junta anunció la convocatoria a elecciones generales en el plazo de un año, después de un proceso de depuración de los padrones y de reinscripción de los electores, para garantizar de esta manera la limpieza de los comicios. Al principio existían en la junta algunos elementos reformistas y progresistas que ofrecían expectativas de cambio, por lo cual recibió inicialmente el apoyo de AP y del PCP. Entre las medidas adoptadas por esta junta militar se encuentran el establecimiento de la Comisión Nacional de Cultura, el 24 de agosto de 1962, y la creación del Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú, el 19 de octubre del mismo año. Posteriormente, bajo el gobierno de Belaunde, este último se denominaría Instituto Nacional de Planificación (INP). Asimismo, se dictó la ley orgánica de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF), como complemento a la ley del Petróleo de 1952. Esta medida fue producto no sólo de la importancia que había adquirido el petróleo como fuente de energía y de recursos tributarios para el Estado, sino también del debate pendiente acerca del laudo de la IPC sobre los

El Perœ contemporÆneo yacimientos de La Brea y Pariñas. Estas primeras medidas tenían como objetivo realizar una serie de reformas ante el temor de una explosión social que pudiera ser canalizada por sectores radicales de izquierda, temores que se materializaron sobre todo en la fuerza que cobrarían en esos años las movilizaciones campesinas a lo largo del país y en el surgimiento de las primeras experiencias guerrilleras. Sin embargo, paralelamente a la implementación de las medidas reformistas, la junta militar reprimió al movimiento campesino, a los sindicatos y a la izquierda. El 5 de enero de 1963 cayeron en una redada unos 1 500 dirigentes políticos, sindicales y campesinos que fueron enviados a las cárceles de El Frontón y El Sepa. Ello también repercutió al interior de la junta militar –cuyos miembros progresistas fueron apartados poco a poco–, a pesar de su carácter institucional y de su aparente homogeneidad política. En marzo de 1963, Pérez Godoy fue reemplazado por el general Lindley, al parecer por haber mostrado intenciones de que la junta militar se mantuviera en el gobierno.

LOS PRIMEROS BROTES GUERRILLEROS

da por el dirigente campesino Hugo Blanco Galdós. Hugo Blanco había llegado al Cuzco en 1960 instalándose como arrendire (colono) en la zona de Chaupimayo en el valle de La Convención. Desde allí desarrolló una importante actividad política de organización campesina que lo lleva a integrar la dirigencia de la Federación Campesina del Cuzco. El FIR, pequeña organización trotskista en la cual militaba, decidió proveerlo de los recursos necesarios a través de acciones armadas urbanas en Lima, conocidas como “expropiaciones”. Sin embargo, Hugo Blanco no llegó a contar con esta ayuda debido no sólo a la distancia que lo separaba de su partido, sino también a la captura del grupo de expropiadores en la ciudad del Cuzco, a fines de 1961, cuando intentaban ponerse en contacto con Blanco. Posteriormente, a fines de 1962, un grupo de 40 militantes del ELN, dirigido por Héctor Béjar, intentará entrar clandestinamente al país a través de la frontera con Bolivia, para dar el apoyo que Hugo Blanco necesitaba. Sin embargo, la situación política en los valles de La Convención y Lares había cambiado ya que para enEl poeta Javier Heraud, integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En los años sesenta, la experiencia cubana fue considerada un ejemplo para la izquierda latinoamericana e impulsó una serie de acciones guerrilleras en diversas partes del continente.

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Entre 1961 y 1967 se desarrollaron intentos por constituir focos guerrilleros, algunos de los cuales fueron espontáneos y de poca significación; tal fue el caso del movimiento de Jauja, donde sin preparación, sin coordinación y sin contar con el respaldo de organización política alguna, un oscuro subteniente de la Guardia Republicana intentó formar un foco guerrillero en mayo de 1962. En general, todos estos intentos se proponían constituirse en el respaldo armado del movimiento campesino que a principios de los años 60 alcanzó gran auge, con lo que intentaban agenciarse de algún modo de una base social que respaldara sus acciones. Un primer período de las guerrillas, entre 1961 y 1963, lo caracterizan las experiencias del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), enfrentadas por la junta militar. Ambas tuvieron como objetivo apoyar la movilización campesina de Chaupimayo, en los valles cuzqueños de La Convención y Lares, encabeza-

Hugo Blanco Galdós lideró una serie de ocupaciones de tierras en los valles de La Convención y Lares en el Cuzco, en 1962. Estas acciones generaron en torno a él una imagen romántica y coincidieron con la aparición de focos guerrilleros en el Perú.

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Portocarrero Grados tario de Reforma Agraria, dictó un decreto de reforma agraria campesina por el cual: 1) La asamblea general de cada sindicato debía nombrar una comisión de reforma agraria surgida de su seno. 2) Los colonos (arrendires) y subcolonos (allegados) se convertían automáticamente en propietarios de las tierras que trabajaban. 3) Las tierras no cultivadas se distribuirían en parcelas, comenzando fundamentalmente por los campesinos más pobres. 4) Las tierras en las cuales se hubieran hecho plantaciones para el hacendado quedaban en poder de éste, siempre que no hubiera cometido ningún atropello. De lo contrario, estos cultivos e inclusive la casa-hacienda con las instalaciones que hubieran pasado al poder del sindicato en forma colectiva, serían dedicadas a escuela, botiquín, canalizaciones, etc. 5) Las autoridades al servicio de los gamonales no podrían intervenir porque los únicos conocedoLA REFORMA AGRARIA res de la realidad agraria eran los propios campeEntre 1959 –bajo el gobierno de Prado– y 1962 sinos. El 24 de abril de 1962 el gobierno de Prado dis–bajo la junta militar– se había producido un incremento de las movilizaciones campesinas a lo largo puso la abolición, en los contratos de arrendamiende todo el país. La más importante se dio en los va- to, de todas las formas de pago de la merced conlles de La Convención y Lares en el departamento ductiva en trabajo y de servicios personales, denodel Cuzco, donde los campesinos, organizados en minadas “condiciones”, dándose un plazo de 90 sindicatos y dirigidos por Hugo Blanco bajo la con- días para la realización de nuevos contratos, que signa de “tierra o muerte”, ocuparon la mayor parte tendrían una duración mínima de 6 años. Se estade los latifundios. Como producto de esta lucha, a blecía además la libertad de los campesinos de coprincipios de 1962 la Federación Departamental de mercializar directamente sus productos –antes bajo Campesinos del Cuzco, de la cual Blanco era secre- control de los hacendados– y la rescisión de los contratos de arrendamiento si los arrendatarios dejaban de pagar la merced conductiva durante un año y 15 días. Finalmente, se dejaba abierta la posibilidad de que los hacendados vendieran las parcelas a sus ocupantes directos. La junta militar que en 1962 derrocó al presidente Prado promulgó la ley de bases de la Reforma Agraria, ante el agudizamiento de la tensión campesina y la expansión del sindicalismo agrario fuera de los valles del Cuzco. Fiesta serrana, óleo de Camilo Blas. La reforma agraria fue un tema de apasionada Sin embargo, no se logró con discusión en el Perú de los años sesenta y generó opiniones encontradas. Las ello neutralizar la movilizamovilizaciones campesinas exigiendo la entrega de tierras y el reconocimiento a sus derechos contribuyeron a la urgencia de este debate. ción campesina, por lo cual se

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tonces la junta militar acababa de dictar una ley de Reforma Agraria aplicada específicamente a dichos valles, como una manera de mediatizar la movilización campesina y evitar su expansión. La ley recogía las principales reivindicaciones campesinas, por lo que el movimiento campesino se replegó, situación aprovechada por las Fuerzas Armadas para entrar al valle de La Convención y capturar a Hugo Blanco. Es en este momento que un grupo de avanzada del ELN, compuesto por seis guerrilleros, ingresa a Puerto Maldonado para obtener información. Identificados, se produce un enfrentamiento con la policía –que se mantenía alerta debido a los rumores de que Hugo Blanco intentaría escapar por la frontera con Bolivia–, siendo la mayoría de ellos capturados y el poeta Javier Heraud muerto. Ante la imposibilidad de entrar al país, la columna que estaba en el lado boliviano se repliega y dispersa.

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El Perœ contemporÆneo las elecciones del año anterior. La junta militar promulgó una nueva ley electoral que mantenía como requisito para votar el ser alfabeto, y reemplazaba el sistema de “lista incompleta” por el de “cifra repartidora”. Las candidaturas de 1963 fueron cuatro: Fernando Belaunde Terry por la alianza AP-DC; Víctor Raúl Haya de la Torre por el PAP; Manuel A. Odría por la UNO y Mario Samamé Boggio por el MSP. Éstas eran las candidaturas que realmente habían tenido alguna opción en 1962. Asimismo, las posturas de los partidos se habían depurado lo suficiente como para tejerse nuevas alianzas políticas. Los resultados oficiales de la votación realizada el 9 de junio fueron los siguientes: Belaunde, 708 662 votos (39,1%); Haya de la Torre, 623 501 votos (34,4%), Odría, 463 085 votos (25,5%) y Samamé Boggio, 19 320 votos (1,1%). El resultado favorable a Belaunde se puede explicar por dos razones fundamentales: en primer lugar, al reducirse las candidaturas se evitó la dispersión del voto no aprista y, en segundo lugar, ante la posibilidad de que se impusiera nuevamente el veto de las Fuerzas Armadas contra Haya de la Torre, se prefirió votar por los otros candidatos de fuerza, especialmente por Belaunde que contaba con las evidentes simpatías castrenses. Ello se refleja en el alto número de votos para la representación parlamentaria aprista frente al voto presidencial.

promulgó la ley de Reforma Agraria aplicada específicamente a los valles de La Convención y Lares. Teniendo como marco la mencionada ley de bases se declaraba estos valles como zona inicial de aplicación de la reforma agraria, formalizándose el proceso que los campesinos ya habían implementado. Su aplicación no acarreó mayores problemas, pues los dispositivos se encontraban dentro de los márgenes que, en la práctica, había diseñado la movilización campesina, rechazándose tan sólo el pago de indemnizaciones a los antiguos propietarios.

LAS ELECCIONES DE 1963 La junta militar cumplió con convocar a nuevas elecciones en 1963. Para las Fuerzas Armadas éstas debían asegurar el traspaso del poder a un civil con claros objetivos reformistas y que estuviera dispuesto a realizar reformas sin necesidad de recurrir a la movilización social. Asimismo, el nuevo gobierno debía respetar los intereses y la autonomía política de las Fuerzas Armadas: no inmiscuirse en su presupuesto, ni en el nombramiento de los ministros correspondientes a las tres armas, que se llevaría a cabo según el estricto orden jerárquico de sus instituciones. En estas condiciones, sólo Belaunde podía ser el candidato oficial de las Fuerzas Armadas, favoritismo ya mostrado en los hechos ocurridos durante

II

EL GOBIERNO DE BELAUNDE

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La DC había participado en las elecciones presidenciales en una lista única junto con AP. Luego de realizadas éstas, ambos partidos ratifican sus acuerdos conformándose la llamada Alianza, en virtud de la cual la DC recibió, además de las representaciones parlamentarias, la segunda vicepresidencia y los ministerios de Justicia y de Agricultura. Los resultados electorales para el Parlamento habían favorecido al PAP que contaba con 76 representantes, la Alianza contaba con 71 y la UNO con 31. Los otros 6 correspondían a las demás agrupa-

ciones políticas. De esta manera, Belaunde no contaba con mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras. En estas condiciones, el problema básico volvía a ser el establecimiento de alianzas políticas para el funcionamiento coherente del Ejecutivo y el Legislativo. Ante la situación señalada y pese a su antigua enemistad, el PAP se alió con la UNO formando la llamada Coalición, alianza de oposición al gobierno que obstruiría los más importantes proyectos de reforma y censuraría sistemáticamente a los principales ministros, con lo que se vino a reflotar de alguna manera la Convivencia. En términos concretos, la Coalición significó el control

Portocarrero Grados Julio de la Piedra, presidente del Senado, miembro de la UNO y vinculado estrechamente a los grupos agroexportadores.

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es promulgada con serias limitaciones, se postergan las negociaciones con la IPC y se reprime duramente al movimiento campesino y a las guerrillas. La tercera etapa, iniciada con la devaluación de 1967, manifiesta el desgaste político del gobierno, a pesar de que el sector radical de AP retoma el control del partido; la cuarta se inicia cuando en mayo de 1968 se produce la alianza de AP con el PAP, que culmina con el golpe de octubre de ese año. del Parlamento sobre el Ejecutivo. Esta situación se reflejaría en las presidencias de las cámaras parlamentarias: en el Senado se hallaba Julio de la Piedra de la UNO y en Diputados Fernando León de Vivero del PAP. De diez gabinetes con 68 ministros que tuvo Belaunde, siete fueron censurados y, de éstos, cuatro renunciaron al no aprobarse sus proposiciones. Los más importantes fueron el primero, presidido por Oscar Trelles, quien renunció a fines de 1963 al negarse a reprimir violentamente las movilizaciones campesinas; el gabinete Becerra de la Flor, que tuvo que renunciar como resultado de la crisis devaluatoria de 1967; el gabinete de Edgardo Seoane, que renunció ante la derrota de la Alianza en las elecciones complementarias del mismo año; y el gabinete de Oswaldo Hercelles, quien renuncia ante el escándalo de la “página once”. Éste sería el penúltimo gabinete antes del golpe de octubre de 1968. El primer gobierno de Belaunde puede ser dividido en cuatro etapas, según los cambios producidos por la situación política. Durante la primera –los llamados “primeros 100 días”–, predominaron los sectores reformistas radicales en el gobierno. En ese lapso se amplió la ley de bases de Reforma Agraria, se elaboró el proyecto de ley expropiatoria de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, se nacionalizó la Caja de Depósitos y Consignaciones –creándose el Banco de la Nación– y se inició el programa de Cooperación Popular. En la segunda, a partir de 1964, el gobierno empieza a aceptar las condiciones de la oposición APRA-UNO. En ese lapso la ley de Reforma Agraria

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LOS PRIMEROS 100 DÍAS El enfrentamiento entre la Alianza y la Coalición se dará de manera intensa en los primeros cuatro años del gobierno de Belaunde. La Alianza representaba las posiciones reformistas que habían venido ganando fuerza desde la década del 50; la Coalición representaba las posiciones conservadoras opuestas a dichas reformas, vinculadas a los intereses de la oligarquía. Las fuerzas de ambos sectores se manifestaron en los primeros 100 días, cuando el gobierno proyectó toda la energía y entusiasmo acumulados en el proceso electoral. Los 100 días comenzaron con el anuncio hecho por Belaunde en su discurso del 28 de julio, de que en un plazo de 90 días plantearía ante el Parlamento una propuesta de arreglo definitivo sobre el problema del laudo otorgado a la IPC, para elaborar la cual nombró Belaunde una comisión negociadora, encabezada por Mario Velasco. En su seno se discutió una serie de planteamientos que en lo fundamental, como veremos después, no fueron muy diferentes a los manejados en las negociaciones de 1968: se acordó que los yacimientos de petróleo de La Brea y Pariñas serían transferidos al Estado, pero bajo la administración de la IPC por un período de 25 años. La refinería seguiría bajo el control de la IPC al igual que el sistema de distribución del petróleo procesado en sus instalaciones. En estas negociaciones no se planteó el tema de los adeudos de impuestos debidos a un supuesto “enriquecimiento ilícito” por la explotación de predios no estipulados. No se llegó a concretar ningún acuerdo en el plazo fijado y en no-

El Perœ contemporÆneo La principal oposición a una reforma agraria procedía de los dueños de las grandes haciendas del norte peruano. En la imagen, la hacienda Cayaltí.

viembre de 1963 Belaunde envió al Congreso un proyecto de ley que restituía la propiedad del subsuelo al Estado. El Congreso, sin embargo, aprobó dos leyes sustitutorias: la primera revocaba la ley de 1918, que había autorizado al Ejecutivo a someter el asunto al arbitraje internacional, y la segunda declaraba nulo el laudo de 1922. Ambas leyes fueron firmadas por Belaunde, con lo cual el problema con la IPC volvía a la misma situación de los años 20. En esas condiciones, en febrero de 1964, la Coalición sancionó una ley que conminaba al presidente a encontrar una solución al problema para que fuera sometida a la aprobación del Congreso. Belaunde, a pesar de su débil posición negociadora, encargó a principios de 1964 a Tulio de Andrea y Pablo Carriquiry la estimación del valor de las instalaciones de la IPC. Esta comisión llegó inclusive a reabrir negociaciones con dicha empresa, desbordando sus atribuciones y acordando puntos como el reconocimiento del derecho peruano a la propiedad del subsuelo y la entrega de la administración de los campos bajo un contrato de 25 años. Sin embargo, las negociaciones fracasaron debido a la insistencia de la IPC en mantener el control total sobre las operaciones.

la prestación de servicios voluntarios y gratuitos de apoyo a comunidades campesinas y barrios marginales en la realización de pequeñas obras. En dicho organismo participaron millares de jóvenes de AP, estudiantes universitarios, miembros de comunidades cristianas y simpatizantes, que trabajaron en los meses de vacaciones en la construcción de escuelas, postas medicas, caminos, canales de regadío y otras obras comunales. Además, se prepararon animadores entre los miembros de la población para que administrasen ellos mismos esas obras comunitarias. Todas las obras de Cooperación Popular tenían una inscripción que decía “El pueblo lo hizo”. Para dicho fin, el gobierno destinó al programa un presupuesto anual, que a veces recibía el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Económico, entidad esta-

COOPERACIÓN POPULAR

El programa de trabajo voluntario y comunal llamado Cooperación Popular fue una de las primeras medidas del gobierno de Fernando Belaunde Terry, buscando la activa participación de los pobladores en obras de interés común.

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Otra de las primeras medidas del gobierno de Belaunde fue establecer el programa de Cooperación Popular, en agosto de 1963, que nació como un organismo para la realización de obras públicas en base al trabajo comunitario, secular institución de las comunidades campesinas. Se trataba de convocar, además de la misma población beneficiada, a jóvenes procedentes de las clases medias urbanas para

Portocarrero Grados que en esos años conmocionaban al país. En términos generales, los años 60 significaron un período de fuerte concientización social, especialmente entre los jóvenes universitarios. Ello también se reflejó en las actividades de promoción social de muchas comunidades de jóvenes católicos que hicieron suya la causa de los sectores más pobres y explotados, encabezados por sacerdotes progresistas, muchos de los cuales eran extranjeros.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES

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La preparación de un altar en una fiesta religiosa en el Cuzco. Las duras condiciones de vida en el mundo rural y en el interior del Perú sensibilizaron a quienes participaron en el programa de Cooperación Popular.

blecida ese mismo año para la realización de obras públicas en provincias. La dirección fue encomendada el arquitecto Eduardo Orrego, quien le dio un gran impulso. Este programa originó la oposición de la Coalición en el Congreso por considerarlo eminentemente político, pues sus estructuras administrativas estaban llenas de militantes populistas; esto le acarreó el recorte de su presupuesto, reduciéndosele a un departamento dependiente del ministerio de Fomento y Obras Públicas. Por otro lado, el programa de Cooperación Popular fue acusado de estar compuesto o infiltrado por comunistas, debido a la influencia de estudiantes universitarios radicalizados como Ricardo Letts o Luis Pásara. Debido a ello y al éxito político del programa, Cooperación Popular llegó a ser amenazada con la desactivación por los integrantes de la Coalición en el Congreso. Y es que Cooperación Popular tuvo un gran impacto en la juventud de clase media que fue a trabajar en las zonas marginales y empobrecidas. Muchos de estos jóvenes se abrieron así a la “conciencia social” y no pocos integraron partidos de la izquierda radical o se identificaron con las movilizaciones campesinas 1048

Una de las primeras medidas políticas del nuevo gobierno fue convocar a elecciones municipales, proceso sustituido desde el Oncenio de Leguía por el sistema de junta de notables, en el que dichas autoridades eran nombradas por el ministro de Gobierno y Policía o por los prefectos o subprefectos, también designados por el gobierno. La ley correspondiente, aprobada el 24 de setiembre de 1963, dictaminó la formación de concejos municipales provinciales y distritales con una duración de tres años. La libreta electoral sería el único documento requerido para tener derecho a voto. Las elecciones se realizaron el 15 de diciembre y los resultados oficiales fueron los siguientes: la Alianza AP-DC, 747 628 votos (46,5%), la Coalición PAP-UNO, 711 628 votos (44,3%) y los independientes, 146 654 votos (9,1%). Si bien estos resultados reflejaban el alto respaldo electoral que se daba al gobierno recién consti-

En 1963, el gobierno del arquitecto Belaunde convocó a elecciones edilicias como una forma de brindar mayor participación política a los ciudadanos. En Lima, el vencedor fue Luis Bedoya Reyes, quien repetiría este triunfo en 1966.

El Perœ contemporÆneo tuido, resultaba evidente que la fuerza de la oposición era también importante. Para el período 19631966 fue elegido en Lima el candidato de la Alianza Luis Bedoya Reyes, ex ministro de Justicia por la DC. Las siguientes elecciones municipales se realizaron el 13 de noviembre de 1966 y sus resultados oficiales fueron los siguientes: la Alianza AP-DC, 824 391 votos (46,1%), la Coalición PAP-UNO, 767 301 votos (42,9%) y los independientes 197 268 votos (11,0%); siendo reelegido Luis Bedoya Reyes en Lima. Hasta ese momento, el peso electoral de la Alianza y la Coalición, respectivamente, se mantenía estable, pero la situación cambiaría al año siguiente.

LA LEY DE REFORMA AGRARIA

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Al inicio del gobierno de Belaunde, el debate acerca de la reforma agraria estaba en su momento más álgido, debido a la fuerza de la movilización campesina. El mismo 28 de julio de 1963, miles de comuneros invadieron un grupo de haciendas en Junín, bajo el amparo de las promesas populistas del nuevo gobierno, tras lo cual el Ejecutivo presentó un proyecto de ley de Reforma Agraria, a principios de 1964. Durante el debate parlamentario, la Coalición y el diario La Prensa acusaron sostenidamente al gobierno de promover las invasiones de tierras por medio de Cooperación Popular y exigieron la inmediata represión de la movilización campesina; asimismo, la Coalición interpeló al primer gabinete obligándolo a renunciar. Más adelante, el proyecto de la ley de Reforma Agraria fue modificado por la Coalición, hasta convertirlo en un documento inoperante. La ley, promulgada el 19 de mayo de 1964, excluyó de la reforma a las propiedades trabajadas “eficientemente” y dedicadas a productos de exportación. De esta manera, el latifundio costeño resultaba excluido y el latifundio serrano quedaba establecido como área de afectación de la reforma. Pero incluso en este aspecto la ley recortaba las posibilidades de llevar a cabo acciones efec-

tivas, lo que redujo la reforma a la mera expropiación de las tierras marginales de los medianos propietarios, y a la compra casi al contado de inmensas propiedades. Se creó la Oficina Nacional de Reforma Agraria (ONRA), que se encargaría de señalar las llamadas zonas de reforma agraria. Para su funcionamiento, el Congreso le asignó un reducido presupuesto, por lo cual debió recibir ayuda de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un fondo especial de las Naciones Unidas, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). También se le encargaron las tareas de colonización y de creación de programas de asentamiento, de reinversión en tierras abandonadas y la promoción de estudios de colonización. Entre los principales aspectos que limitaban el cumplimiento efectivo de la ley, la ONRA en vez de depender directamente de la presidencia de la República, pasó a ser fiscalizada por el Parlamento; en segundo lugar, se estipulaban de manera muy minuciosa las etapas de afectación de una propiedad, lo cual llevaba a interminables demoras (por ejemplo, el propietario podía impugnar ante el poder Judicial la cuantía de la afectación y el monto indemnizatorio, iniciándose largos juicios); y en tercer lugar, si bien la Coalición tuvo que aceptar el hecho de que las expropiaciones se pagaran con bonos emitidos por el gobierno, sistemáticamente se dio a la tarea de reducir el presupuesto de la ONRA y el financiamiento de aquéllos. Como resultado, entre 1963 y 1967 só-

Arequipa de Jorge Vinatea Reinoso, 1930. El proyecto de ley de Reforma Agraria presentado por la alianza AP-DC fue desvirtuado por la mayoría conformada por el APRA y la UNO, frustrando una de las principales promesas políticas del gobierno de Belaunde.

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Portocarrero Grados lo se afectaron 375 574 hectáreas de un total de más de 10 millones, en favor de 13 553 familias de alrededor de un millón. En los últimos meses del gobierno de Belaunde la Coalición llegó a reclamar la interpelación del ministro de Agricultura, acusándolo de haber detenido la reforma agraria. Sin embargo, el debate parlamentario se frustró al producirse el escándalo del Acta de Talara.

EL BANCO DE LA NACIÓN

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Otra reforma importante que significó una mejora en el sistema de recaudación tributaria fue la sustitución de la Caja de Depósitos y Consignaciones por el Banco de la Nación. La Caja de Depósitos y Consignaciones había estado controlada por las entidades bancarias privadas que se encargaban de la recaudación y cobro de los impuestos. Sin ser un banco comercial, tenía autorización para realizar transacciones comerciales de venta de valores y pagos por adelantado al Estado, imponiendo un interés por tales operaciones. Como se ve, hasta ese entonces los recursos financieros del Estado eran utilizados por entidades bancarias privadas. Después de un estudio y análisis de esta situación, se promulgó a fines de enero de 1966 la ley que creaba el Banco de la Nación, reforma que implicaba que el Estado podría recaudar y usar sus propios fondos sin intermediarios privados, lo cual significaba disponibilidad absoluta de sus recursos económicos y

financieros. Según dicha ley, las funciones del Banco de la Nación serían: realizar las recaudaciones fiscales de los impuestos directos; financiar al Estado en todo lo referido a inversión pública; garantizar que el Estado y empresas públicas pudieran tener cuentas corrientes, atención de sobregiros y otras transacciones finacieras; realizar cobranzas a los gobiernos locales y a las empresas del sector público; realizar pagos especiales tanto en el sector público como privado; y crear sus propios fondos en base a bonos del tesoro para el financiamiento de la inversión pública. Asimismo, como parte de la banca de fomento el gobierno creó el Banco de Vivienda y alejó a la banca particular del Banco Central Hipotecario, constituyéndolos en importantes herramientas de crédito.

PRINCIPALES OBRAS PÚBLICAS

El gobierno de Belaunde tuvo un particular interés en la realización de obras públicas, especialmente aquellas referidas a comunicaciones y vivienda. En lo que se refiere al primer rubro, el gobierno elaboró un Plan Vial Nacional para la construcción de un sistema de vías de comunicación que integrase las áreas de producción, agrícolas sobre todo, con los diversos mercados urbanos. Muchas de estas vías se construyeron dentro del programa de Cooperación Popular y con el financiamiento de créditos internacionales. La carretera Marginal de la Selva fue el mayor proyecto de este género iniciado por el gobierno de Belaunde, planeándose que recorrería la vertiente oriental de los Andes, paralelamente a la carretera Panamericana, desde la frontera con Ecuador hasta la frontera con Bolivia. Los estudios para su construcción se realizaron entre 1964 y 1965 y el proyecto inicial cubría los tramos viales que vinculaban las áreas extremas en el ámbito de la ceja de selva. La obra contó con el apoyo de los países andinos y del BID, rompiendo el secular aislaUna vista de la plaza de Armas de Tarapoto, en San Martín. Uno de los objetivos del miento del departamento gobierno de Belaunde fue dotar de una moderna infraestructura vial a la selva peruana, que se concretó con la construcción de la carretera Marginal. de San Martín, que se con-

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El Perœ contemporÆneo virtió en un importante productor de arroz y de maíz orientado al consumo del mercado interno. De igual manera se impulsó la construcción de carreteras de penetración a la selva que se conectaran con el tramo principal de la carretera Marginal. También se construyó la estación terrena de Lurín, con la cual el Perú ingresó a la era espacial y a las comunicaciones vía microondas. En el campo educativo se estableció la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles y se suprimieron los “excedentes escolares” en la educación primaria y secundaria, incrementándose así el número de matrículas. Asimismo, el gobierno intentó cubrir la demanda de aulas. Se continuó también la política de crear nuevas universidades; entre el gobierno de Prado y el de Belaunde se fundaron más de 15 universidades, muchas de las cuales se instalaron obedeciendo a criterios políticos más que técnicos. En cuanto a vivienda se realizó un amplio programa de construcción de 21 conjuntos habitacionales, destacando el de San Felipe en Lima.

UNIVERSIDADES

AÑO

En Lima Universidad Nacional Federico Villarreal

1962

Universidad San Martín de Porres

1962

Universidad del Pacífico

1962

Universidad Particular Garcilaso de la Vega

1964

Universidad Femenina del Sagrado Corazón

1965

Universidad Técnica del Callao

1966

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle de La Cantuta

1967

1962

Universidad Técnica del Altiplano en Puno

1962

Universidad Nacional de Chiclayo

1962

Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María

1964

Universidad Hermilio Valdizán en Huánuco

1964

LAS GUERRILLAS DE 1965

Universidad Nacional Daniel A. Carrión en Cerro de Pasco

1965

A principios de 1965 el Servicio de Inteligencia del Ejército envió un informe al presidente Belaunde acerca de la campaña política que organizaciones de la izquierda radical estaban llevando a cabo a favor de la lucha armada. Al principio el gobierno desestimó dichas informaciones y públicamente señaló que tales actividades eran realizadas por “abigeos”. Sin embargo, éstas continuaron hasta que la Fuerza Aérea demostró que se trataba de grupos guerrilleros organizados en diferentes zonas del país, especialmente en la sierra central y la sierra sur. En este contexto se produce la emboscada en la quebrada de Yahuarina, acción reivindicada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo escindido del PAP, inicialmente llamado Apra Rebelde. Entre sus principales dirigentes se encontraban Luis de la Puente Uceda, Máximo Velando y Guillermo Lobatón. Se abría así un segundo período de las guerrillas en el Perú, caracterizado por una preparación más elaborada y minuciosa, en comparación con los intentos anteriores. El Apra Rebelde o MIR se entrenó en Cuba desde 1962 y a inicios de 1964 realizó una campaña propagandística a favor de la lucha armada. Al igual que los intentos anteriores, el MIR esperaba asentarse al interior del movimiento campesino. Sin embargo, éste se debilita y declina al inicio de las acciones armadas del MIR en junio de 1965.

Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión en Huacho

1967

Luis de la Puente Uceda, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), grupo guerrillero que inició sus acciones armadas en 1965.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

En otros departamentos Universidad Técnica de Cajamarca

Portocarrero Grados El MIR contaba con tres frentes: el Túpac Amaru en las provincias de Concepción y Jauja (Junín), el Pachacutec en la meseta de Mesa Pelada, provincia de La Convención (Cuzco), y el de la provincia de Ayabaca (Piura), que no llegó a funcionar. El primero estuvo dirigido por Guillermo Lobatón y Máximo Velando; el segundo por Luis de la Puente Uceda; y el tercero por Gonzalo Fernández Gasco y Elio Portocarrero. El 2 de julio el gobierno encomienda a las Fuerzas Armadas la dirección de la lucha contra la guerrilla, y el 20 de agosto el Parlamento aprueba dos leyes complementarias: la primera decretaba la pena capital para los guerrilleros y la segunda, denominada de “Defensa de la soberanía nacional”, asignó a las Fuerzas Armadas los recursos económicos necesarios, mediante la emisión de bonos por un valor total de 200 millones de soles. Dichos bonos fueron colocados mediante colectas públicas nacionales y sus principales aportes provinieron de empresas extranjeras norteamericanas como la IPC y la Cerro de Pasco, y de los grupos empresariales y familiares más importantes. Para octubre de ese mismo año, el frente Pachacutec había sido prácticamente desarticulado en el combate de Amaybamba, donde muere Luis de la Puente Uceda. En diciembre el frente Túpac Amaru es aniquilado y muertos sus principales dirigentes (Lobatón, Velando). El frente de Ayabaca rompe el cerco policial y se repliega hacia las ciudades. Así, en tan sólo siete meses, la guerrilla es desarticulada. Igual suerte corrió un nuevo intento insurreccional del ELN, que en setiembre de 1965 había iniciado acciones en la provincia de La Mar (Ayacucho). Luego de derrotado el MIR, las Fuerzas Armadas organizan una ofensiva que en 30 días desarticula y dispersa a la brigada “Javier Heraud”, de la que, sin embargo, Héctor Béjar logra escapar.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

EL PROBLEMA FINANCIERO Para la aplicación de su política de obras públicas, ampliación del rol del Estado y realización de su programa de reformas sociales, el gobierno incrementó el gasto público. En el presupuesto para 1964 los egresos representaron el 11,5% del producto nacional, y en el de 1967 el 15,3%. Ante la escasez de recursos, el gobierno necesitaba aplicar una política tributaria que reforzara y aumentara la recaudación fiscal mediante la reforma del impuesto a la renta y el establecimiento de impuestos sobre la propiedad, medidas que fueron rechazadas por el 1052

Congreso. Sin embargo, el gobierno disminuyó las cargas tributarias sobre las empresas privadas, ampliando las exoneraciones de los impuestos directos a los ingresos y sobre los derechos de importación del sector industrial. Se buscaba de esta manera proporcionar un estímulo a la inversión privada y elevar la presión tributaria a través de impuestos de fácil recaudación. Para incentivar dicha inversión privada, el gobierno dictó tres leyes importantes: una que exoneraba de impuestos a las nuevas inversiones en las zonas de selva, otra que otorgaba un marco legal para la creación de parques industriales, y finalmente la que permitía el establecimiento de plantas de ensamblaje automotriz; todas ellas representarían pérdidas para el Estado. En 1962 los beneficios de las empresas constituían el 16% del ingreso nacional y, de ese porcentaje, el 12% se encontraba libre de impuestos (en 1966 esta relación había sido de 18% y 15%). Por otro lado, mientras en 1960 los impuestos de las empresas constituían el 26% de los ingresos del gobierno, en 1965 este porcentaje cayó al 16%. En 1963 la participación de los impuestos directos en los ingresos gubernamentales fue de 32,8%, en 1964 de 24,5%, en 1965 de 23,7% y en 1967 de 26,2%. Los resultados no fueron los esperados debido al comportamiento rentista de las empresas, cuyas tasas de inversión se mantuvieron bajas a pesar de la elevación de las tasas de ganancia, fenómeno que continuaría a lo largo de la década del 70. En cambio, a mediano plazo se produjo un déficit de consideración en el presupuesto, creciendo la inflación y con ella el peligro de una inminente devaluación, ya que el mantenimiento de la tasa de cambio establecida en 1959 por Pedro Beltrán había convertido al dólar en la mercancía más barata del Perú. Es en este contexto que se favoreció el desarrollo de las importaciones. En 1966 las empresas duplicaron sus inventarios, anticipándose a una futura devaluación, y las importaciones crecieron en 26%, mientras que las exportaciones se estancaron por la baja de los precios de las materias primas. Por último, las inversiones extranjeras comenzaron a incrementar los montos de transferencia de sus ganancias. El Perú se convierte en uno de los pioneros continentales en el proceso de endeudamiento externo, debido a la disminución de la tasa de inversión privada, a la aplicación de la política de industrialización por sustitución de importaciones, a la reducción de la presión tributaria al sector industrial y al incremento de las inversiones públicas.

El Perœ contemporÆneo Con ello se comenzó a financiar los gastos en cuenta corriente, cuya primera crisis se manifestó en 1967 al no poder pagar la deuda externa debido a la baja de los ingresos por exportaciones. Como veremos más adelante, las refinanciaciones y renegociaciones de 1967 y 1968 llevaron a una situación de relativo saneamiento financiero, pero no impidieron la crisis política.

LA ASISTENCIA NORTEAMERICANA

El ofrecimiento de Belaunde de resolver el problema de la International Petroleum Company en los primeros meses de su mandato no fue cumplido, hecho que se utilizaría como una de las principales reivindicaciones del gobierno militar que depuso a Belaunde en 1968.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Como hemos visto, el gobierno debía recurrir al crédito internacional para mantener el crecimiento económico basado en la política de sustitución de importaciones, un amplio programa de obras públicas y la realización de reformas sociales. Pero, como ha sostenido Kuczynski, la promesa de Belaunde de plantear una solución definitiva al problema de la IPC en los primeros 90 días de su gobierno hizo que los norteamericanos congelasen toda ayuda hasta que la situación se resolviera en términos favorables para la empresa. De esta manera, desde 1963, el problema de la IPC afectó directamente la asistencia para el desarrollo proveniente del gobierno de los Estados Unidos. Debido a que el problema no se resolvió a lo largo de su gestión, Belaunde recibió sólo 74 millones y medio de dólares por concepto de asistencia bilateral. Este bloqueo obligó al gobierno a concertar créditos de corto plazo y con altos intereses con la banca internacional y a dar mayores facilidades que permitieran nuevas inversiones en el sector exportador, para intentar resolver el poco halagüeño panorama económico que se abría entre fines de 1966 y comienzos de 1967. El refinanciamiento de la deuda externa dependía de la adopción de las tradicionales recetas liberales del FMI. A fin de encaminar al gobierno peruano en el marco de sus soluciones, el FMI concedió un stand by de 42 millones de dólares, que se volcaron en una escandalosa especulación monetaria por parte de las empresas privadas y el sector público, al ingresar al mercado dinero fresco que seguía siendo barato. A principios de 1967, otro préstamo de 60 millones que el Perú negociaba con la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) fue suspendido por el gobierno norteamericano al producirse un problema en la compra de aviones para la Fuerza Aérea, que había solicitado al gobierno norteamericano un crédito para ese fin. Consideraciones internas hicieron que el gobierno norteamericano rechazara la solicitud peruana, por lo que el Perú decidió comprar aviones Mirage al gobierno

francés. Frente a ello, el gobierno norteamericano reconsideró su decisión y sugirió al gobierno peruano que hiciera lo mismo, propuesta que no fue aceptada. El rechazo desató una intensa polémica en los Estados Unidos y el Congreso norteamericano decidió suspender nuevamente la ayuda al Perú, a punto de ser renovada después de cinco años de congelamiento. Se argumentó que si el gobierno peruano compraba armas en otros países, la ayuda norteamericana serviría para pagar dichas compras. Esta actitud desató una furiosa campaña antinorteamericana en los medios políticos peruanos por la evidente situación de “dependencia externa” del país. A pesar de ello, el gobierno logró concertar entre 1963 y 1967 una serie de créditos que multiplicaron la deuda externa, cuya cifra pasó de 237 a 685 millones de dólares; mientras que en 1965 la deuda constituía el 9% del valor de las exportaciones, en 1968 alcanzó el 18%.

Portocarrero Grados En cuanto al fomento de nuevas inversiones en el sector exportador, existía la oferta de un grupo de consorcios norteamericanos para invertir 350 millones de dólares en la explotación de los yacimientos de cobre de Cuajone, que sumados a los de Toquepala posibilitarían la constitución de uno de los complejos mineros más importantes y más avanzados del mundo, permitiendo así subsanar la baja de los precios en nuestras exportaciones. Pero esta inversión se encontraba condicionada a las seguridades que el gobierno peruano pudiera dar en cuanto a la estabilidad de la economía peruana y a la situación de las inversiones extranjeras, considerando que el problema de la IPC no tenía aún solución. El gobierno, incapaz de conseguir más ayuda en el exterior, insistió ante el Congreso a fin de que aprobara las reformas tributarias que le permitirían resolver la situación económica, pero la Coalición continuó negándose, aduciendo que dichas medidas castigarían los ingresos populares.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

EL CONTRABANDO Entre 1966 y 1967 los diarios de oposición desencadenaron una intensa campaña de denuncia del contrabando en editoriales y crónicas. Para combatirlo, el gobierno promulgó una ley en julio de 1966 y el Congreso formó una comisión investigadora integrada por miembros tanto de la Alianza como de la Coalición. El caso alcanzó niveles de escándalo cuando miembros importantes del gobierno se vieron comprometidos, lo cual fue utilizado por la Coalición para criticarlo. En 1963 el contrabando había significado el 35% del total importado y en 1967 alcanzó el 68%. El medio más frecuente para la introducción de contrabando era la solicitud, por parte de industriales y comerciantes, de la exoneración de impuestos para la importación de determinados insumos para la promoción industrial, a través de empresas fantasmas. Otros medios fueron la subvaloración del precio de las mercancías para pagar menos impuestos, la entrega de falsas declaraciones de facturas comerciales, la evasión del control de aduanas a través de influencias, la solicitud de créditos tributarios que eran pagados tardíamente o nunca, y los pagos de los derechos aduaneros con cheques sin fondos. Otro elemento que favoreció el contrabando fue el decreto que establecía la exoneración de impuestos a las empresas de la selva y a Iquitos como puerto libre, lo que llevó a cuantiosas importaciones libres de derechos de artículos de lujo, como 1054

textiles de diferentes calidades, joyas, electrodomésticos, perfumes, licores, cigarrillos, entre otros, que posteriormente eran llevados libremente a Lima por los viajeros o por diferentes empresas comerciales. La ley contra el contrabando de julio de 1966 estableció la reforma del servicio aduanero, de los aranceles del derecho de aduana y del servicio de autoridad portuaria, así como el control de las declaraciones juradas, de los bienes y rentas de los funcionarios públicos y de las exoneraciones tributarias del poder judicial.

LA CRISIS DEVALUATORIA DE 1967 Frente a la crisis económica que se vislumbraba a mediados de 1967, el gobierno se planteó dos alternativas políticas. La primera consistía en aplicar medidas de corte liberal: devaluación de la moneda, equilibrio del presupuesto mediante la reducción del gasto público (con la evidente reducción de obras públicas y de la aplicación de reformas sociales), el recorte de subsidios a los productos de consumo popular y una reducción aún mayor de la carga tributaria sobre las empresas. La segunda era de corte reformista radical: planteaba restablecer el control cambiario, planificar las importaciones, incrementar la carga tributaria a las empresas y establecer tasas a los ingresos personales. El gobierno solicitó nuevamente al Congreso promulgar los dispositivos legales necesarios que permitieran equilibrar el presupuesto, pero la Coalición se negó. En medio del debate parlamentario la situación empeoraba sin que la Alianza y la Coalición llegaran a un acuerdo. A fines de mayo, en un discurso, el presidente Belaunde acusó a aquellos que hablaban de devaluación de “traidores a la patria”, con lo cual el problema económico se hizo público y la especulación aumentó. Para entonces la economía había entrado ya a una situación crítica. Las divisas se veían cada vez más reducidas por el aumento de las importaciones y de los servicios de pago de los créditos externos. Finalmente, ante la constante baja de las reservas internacionales el BCR se vio obligado a retirarse del mercado cambiario el 31 de agosto de 1967, lo cual llevó a que el precio del dólar subiera de 26,80 a 40,45 soles en los siguientes días, hasta estabilizarse en 46,63 soles. La devaluación se expresó en el incremento de la inflación que llegó a 14,7%, a pesar de que el poder adquisitivo se redujo drásticamente.

El Perœ contemporÆneo En lo político, la devaluación trajo como consecuencia la caída del gabinete Becerra de la Flor. En su lugar, el presidente Belaunde nombró primer ministro a Edgardo Seoane, quien representaba a los sectores reformistas radicales de AP, y a Tulio de Andrea como ministro de Hacienda. Este gabinete duró tan sólo dos meses.

LAS ELECCIONES COMPLEMENTARIAS DE 1967

Edgardo Seoane, alto dirigente de Acción Popular y el principal vocero de los llamados “termocéfalos”, el grupo radical al interior de su partido.

La misma división se perfilaba ya al interior de las filas de AP, cuando en el congreso del partido de 1967 la dirección nacional hizo fuertes críticas al presidente Belaunde por el incumplimiento de las promesas electorales, y eligió secretario general –con la oposición de Belaunde y de sus más importantes colaboradores– a Edgardo Seoane, líder de los radicales.

LOS INTENTOS DE RECOMPOSICIÓN POLÍTICA Entre la crisis devaluatoria del 31 de agosto de 1967 y el golpe del 3 de octubre de 1968, el gobierno tuvo cinco gabinetes. Todos, a excepción del penúltimo, conocido como el “gabinete conversado”, tuvieron corta existencia debido a los ataques de la Coalición. En febrero de 1968 Belaunde nombró como ministro de Hacienda al general Francisco Morales Bermúdez, en representación del Ejército, tratando de esta manera de presionar a la Coalición a dictar los instrumentos legales necesarios para resolver la situación económica, pero también para reafirmar el apoyo de las Fuerzas Armadas al gobierno. Para mejorar los ingresos fiscales y evitar el contrabando, Morales Bermúdez colocó a oficiales del Ejército como fiscalizadores del Servicio de Aduanas y de la recaudación de impuestos, pero el Parlamento siguió negándole al gobierno las medidas

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

En noviembre de 1967, dos meses después de la devaluación, se realizaron elecciones complementarias en el departamento de Lima para reemplazar a Ciro Alegría, diputado por AP recientemente fallecido. Estas elecciones cobraron un carácter plebiscitario, puesto que cerca de la mitad de los electores se concentraba en Lima. Los candidatos fueron: por la Coalición, Enrique Chirinos Soto, inscrito en las filas del PAP, con una larga trayectoria periodística en el diario La Prensa y luego en Correo, propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi; por la Alianza se presentó Carlos Cueto Fernandini, ex ministro de Educación de las filas de AP; por la Unidad de Izquierda (UI), un frente de partidos de la izquierda radical, Carlos Malpica Silva Santisteban, ingeniero; y el independiente Jorge Saravia. Los resultados oficiales de las elecciones realizadas el 12 de noviembre fueron los siguientes: Enrique Chirinos Soto, 333 191 votos (44,9%); Carlos Cueto Fernandini, 283 335 votos (38,2%); Carlos Malpica Silva Santisteban, 106 556 votos (14,3%); Jorge Saravia, 18 661 votos (2,5%). También, siguiendo la consigna de varios partidos de la izquierda radical, el 7% del electorado votó en blanco. Los resultados mostraban el creciente descrédito del gobierno a favor de la oposición, pero también manifestaban la radicalización de importantes sectores políticos y sociales, expresada en la alta votación por la izquierda que en oportunidades anteriores no había sobrepasado el 5%. Los resultados se expresaron además en la caída del gabinete de Edgardo Seoane y en las divisiones al interior de la Alianza. En primer lugar, la DC retiró su apoyo al presidente y se dio a la tarea de replantear sus postulados reformistas. Se produce entonces una división al interior de la DC, de donde se apartó un sector favorable a una política de acuerdo entre el gobierno y la Coalición. Este sector fundó el Partido Popular Cristiano (PPC) encabezado por Luis Bedoya Reyes, entonces alcalde reelecto de Lima. Ambos partidos pasaron a la oposición.

Portocarrero Grados

ETAPA CONTEMPORÁNEA

EL “GABINETE CONVERSADO” Producto de las negociaciones entre el gobierno y el PAP se formó, en junio de 1968, el gabinete encabezado por Oswaldo Hercelles, conocido como el “gabinete conversado”. Como parte de este acuerdo político, Manuel Ulloa Elías, es nombrado ministro de Hacienda, recibiendo del Congreso facultades extraordinarias por 60 días para adoptar las medidas económicas necesarias para enfrentar la crisis sin necesidad de dar cuenta al Congreso, situación anticonstitucional. Al hacerse explícito el arreglo político entre el gobierno y el Entre agosto de 1967 y octubre de 1968, el gobierno del arquitecto Belaunde PAP, se produce la ruptura de la Coalicontó con cinco gabinetes, varios de ellos de existencia efímera debido al voto ción: el general Odría retiró su apoyo al de censura ejercido por la mayoría parlamentaria de la Coalición. En la PAP en el Congreso, quitándole con imagen, Fernando Belaunde y el entonces príncipe Akihito durante su visita ello la mayoría. Se produce a la vez una al Perú en 1967. ruptura al interior de la UNO: encabeque solicitaba. Con las manos atadas, el Ejército dis- zados por Julio de la Piedra, un número significatipuso que Morales Bermúdez se retirase del gabine- vo de sus parlamentarios forman el Partido Social te para evitar una confrontación con el Congreso. Demócrata Nacionalista, que se integra a la alianza Ante esta situación de impotencia política, los sec- entre el gobierno y el PAP, con lo cual este último tores radicales de AP, a través de la dirección de retuvo la mayoría en el Congreso. Cooperación Popular, propusieron reactivar la moAsimismo, al interior de AP se forman dos tenvilización campesina para obligar al Congreso a dic- dencias políticas: por un lado están los “radicales” tar las leyes que el gobierno necesitaba; otra alterna- de Edgardo Seoane, quienes mantienen la dirección tiva propuesta fue la de realizar un “autogolpe” con del partido y, por el otro, los “carlistas” de Manuel el apoyo declarado del Ejército, cerrar el Congreso Ulloa, denominados así porque el gabinete Hercey convocar a un plebiscito, caso no previsto en la lles estaba integrado por varios ministros de nomConstitución de 1931. bre Carlos. Belaunde, temeroso de la situación que se visEn ejercicio de las atribuciones otorgadas, el galumbraba al interior de su partido, desechó estas binete Hercelles promulgó cerca de 300 decretos, propuestas, optando por tratar de llegar a un acuer- todos ellos ratificados posteriormente por el Condo con la Coalición; con la ayuda e intermediación greso. En cuanto a la política económica, Manuel de un grupo de amigos personales, inició negocia- Ulloa dictó el Decreto Supremo Nº 287, con una seciones secretas con el PAP. Terminaron así las posi- rie de medidas modernizadoras que afectaban los bilidades de realizar las reformas sociales necesarias intereses de los sectores tradicionales de la econosin compromisos con las fuerzas políticas opuestas. mía. Dicho decreto hizo efectivo el cobro de los imBelaunde prefirió esta opción a la movilización po- puestos sobre la renta al reorganizar la legislación lítica de las masas populares. tributaria, estableciendo el impuesto directo al paCon dicho compromiso político era evidente el trimonio y al valor de la propiedad predial; las acfracaso del gobierno reformista que había comen- ciones al portador se reemplazaron por las nominazado con un elevado nivel de apoyo de los sectores tivas, eliminando así el anonimato en las sociedades populares urbanos, del campesinado, de la Iglesia, por acciones y posibilitando que el Estado controladel Ejército, del diario El Comercio y de los políti- se efectivamente la recaudación de impuestos al cacos norteamericanos de la línea de la Alianza para pital; y se incrementaron las tasas impositivas sobre el Progreso. Con ello se abrieron las posibilidades los ingresos personales. Se restringió asimismo la de un nuevo golpe institucional de las Fuerzas participación en el sistema financiero de los capitaArmadas. les extranjeros, disponiéndose que sólo la banca na1056

El Perœ contemporÆneo

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

cional podía contar con sucursales y absorber el ahorro interno del país. Se definió como banca extranjera a aquellas entidades cuya participación en los activos era mayor al 33%. Esta medida se tomó debido a la tendencia a que la banca extranjera monopolizara los créditos orientados a la inversión industrial. En ese mismo sentido, se decretó que las industrias consideradas de naturaleza estratégica debían ser controladas mayoritariamente por el capital nacional o, en su defecto, pasar al control del Estado. El Estado adquirió mayor importancia en la toma de decisiones en cuanto a política monetaria. El directorio del BCR, hasta entonces compuesto por delega- Vista de Cabo Blanco en el litoral piurano, región petrolera por excelencia. El anuncio presidencial de un acuerdo definitivo con la International Petroleum Company en julio dos de la banca privada –donde de 1968 originó una polémica general que se avivó cuando Carlos Loret de Mola, destacaba el capital extranjero–, presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, hizo pública la sustracción de una página pasó a estar conformado por redecisiva (la número 11) del acuerdo. presentantes del gobierno, de las organizaciones laborales (manejadas entonces por el PAP) y de los gremios indus- la situación fiscal del gobierno. Para ello debía dartriales nacionales. Asimismo, Ulloa logró refinan- se una solución definitiva al problema de la IPC, llaciar la deuda pública externa y concretar el ingreso ve que abriría la puerta a la ayuda extranjera. El de los consorcios norteamericanos en la explotación punto era qué tipo de acuerdo y a qué precio polítiminera de Cuajone; de acuerdo a los nuevos dispo- co. La situación había cambiado en comparación a sitivos, estos consorcios debían establecer una rela- 1963. Si bien los sectores de oposición a la IPC se ción estrecha con el desarrollo industrial del país. habían incrementado, el acuerdo político entre el La política agraria buscaba una gradual reforma gobierno y el PAP mantenía aún la mayoría en el agraria por la vía fiscal, eliminando las relaciones de Congreso y le daba amplios márgenes de maniobra dependencia personal y flexibilizando el mercado política. Era además inminente el fin del período de de tierras, abriendo paso así a la formación de un facultades extraordinarias dado por el Congreso, dinámico empresariado rural. En el rubro industrial que expiraba el 19 de agosto, todo lo cual expuso al se mantuvo la política de incentivos sin desechar la gobierno a la crítica de que se trataba de un acuerpresencia del capital extranjero. Con estas disposi- do encubierto e inconsulto. En su mensaje del 28 de julio de 1968, Belaunciones, a mediados de 1968 era posible prever un cambio importante en la situación económica del de aseguró estar llegando a acuerdos definitivos con país, con un probable período de rápido crecimien- la IPC. El 13 de agosto se hizo pública la noticia de to. Sin embargo, el escándalo del Acta de Talara lle- que el presidente había recibido las instalaciones de los yacimientos de La Brea y Pariñas, como parte de varía a la crisis política final del gobierno. tales acuerdos. Pero esta ceremonia se realizó “entre gallos y medianoche”, sin hacerse públicas las conEL ARREGLO CON LA IPC diciones del arreglo. Más adelante se supo que estaAdemás de las medidas económicas del gabinete ba compuesto por varios documentos separados, en Hercelles, la solución de las relaciones financieras cada uno de los cuales se trataban puntos específicon el gobierno de los Estados Unidos permitiría la cos. En primer lugar, dichos documentos establellegada de los créditos de la AID y ayudaría a aliviar cían la transferencia al gobierno de las instalaciones

Portocarrero Grados

ETAPA CONTEMPORÁNEA

de los casi agotados yacimientos petrolíferos por cuyo producto la Procuraduría General de la República aducía la existencia de impuestos impagos por un monto de 144 millones de dólares. A cambio de ello, el gobierno se comprometió a anular todas las reclamaciones contra la IPC. En segundo lugar, se firmó un contrato de 10 años para la venta a la IPC del gas natural extraído por la EPF y un contrato similar de 6 años para la venta del crudo a la refinería de Talara, que continuaría bajo administración de la IPC. En este punto se centraron los elementos más importantes de las denuncias posteriores y no en la transferencia de las obsoletas instalaciones y los casi agotados yacimientos de La Brea y Pariñas al gobierno. En tercer lugar, en otro polémico punto, se estableció un período de 40 años por el cual la IPC continuaría administrando la refinería de Talara, período renovable por otros 40 –tiempo más que excesivo frente a los casi agotados yacimientos petrolíferos–, entendiéndose que la IPC se encargaría de su modernización y ampliación. Si bien, como ha sostenido Chirinos Soto, Belaunde había comenzado por romper el práctico monopolio de la IPC al iniciar la construcción de la refinería de la Pampilla, al firmar un contrato de explotación petrolífera en el zócalo continental con la Belco Petroleum Company e impulsar las primeras exploraciones petroleras en la selva, estos proyectos tardarían varios años en dar sus frutos, con lo cual –en la práctica– el monopolio de la IPC continuaría. Durante dos semanas la situación política se mantuvo tranquila. Sin embargo, el 10 de setiembre, Carlos Loret de Mola, director de la EPF, denunció públicamente por televisión que había desaparecido la última página del acuerdo, donde se es-

tablecía el precio del crudo que la EPF debía pagar a la IPC. Loret de Mola dio a entender que la página once de dicho acuerdo había sido deliberadamente extraviada y que en ella figuraban términos importantes del acuerdo general. Aunque centradas en un elemento formal, que en sí no cuestionaba el fondo del problema, las denuncias de Loret de Mola sirvieron para canalizar la frustración política por el incumplimiento de las promesas del gobierno de realizar reformas sociales profundas. Estas declaraciones se convirtieron en el centro de un gran escándalo político, que produjo la caída del gabinete Hercelles y la ruptura de la alianza entre el gobierno y el PAP. Los “radicales” de AP, encabezados por Edgardo Seoane, formaron Acción Popular Socialista (APS), lo que obligó al presidente a recuperar su local partidario con la ayuda de la policía. El gobierno quedó políticamente aislado. El 2 de octubre de 1968 juró el nuevo gabinete presidido por Manuel Mujica Gallo, en el cual Manuel Ulloa retenía la cartera de Hacienda. Pero era demasiado tarde para este nuevo intento de recomposición política. El golpe que se venía preparando desde febrero por el presidente del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, general Juan Velasco Alvarado, es adelantado a fin de aprovechar la extrema precariedad del gobierno.

EL GOLPE DEL 3 DE OCTUBRE DE 1968 Los hechos que provocan la conspiración militar enmarcan el constante desprestigio del gobierno, agobiado por acusaciones de corrupción, responsabilizado de la crisis económica y, sobre todo, del incumplimiento de su programa reformista, base del apoyo que el Ejército le había brindado a Belaunde desde las elecciones de 1962. Entre febrero y marzo de 1968 se constituyó el grupo conspirativo conformado por nueve oficiales del Ejército: cinco generales, entre los que se incluía Velasco, y cuatro coroneles, que desarrollaron diversos planes para la realización del golpe y elaboraron un esquema de plan de gobierno. Con el Los últimos meses del gobierno de Belaunde estuvieron sacudidos por una fuerte crisis política y económica, siendo depuesto por las Fuerzas Armadas el 3 de octubre de 1968. En la imagen el salón Túpac Amaru en el palacio de Gobierno.

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El Perœ contemporÆneo escándalo de la página once, se da la situación propicia y se cierran las posibilidades de que las Fuerzas Armadas continuasen apoyando al gobierno. Se abría además la perspectiva de que el PAP ganase las elecciones generales del año siguiente. Cuando los militares inician el golpe en la madrugada del 3 de octubre de 1968, el gobierno no

pudo oponer resistencia. El entusiasmo y el apoyo popular de cinco años atrás habían desaparecido, de allí que las protestas contra el golpe fueran esporádicas, débiles e ineficaces, encabezadas por sectores influenciados por el PAP. Así, sin pena ni gloria, acabó el gobierno que tantas esperanzas había creado; con él acabó una época.

III

EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO

nuevos movimientos y partidos políticos de las clases medias emergentes, y a una constante presión popular en demanda de reformas sociales: se reclaman mejoras en las condiciones de vida, servicios del Estado y participación política. En la escena oficial, esto se expresó sobre todo en las coyunturas electorales donde los actores políticos disputan el control directo del Estado, y en los debates acerca de la aplicación de políticas económicas redistributivas y de reforma social. La oligarquía ya no puede recurrir al golpe de Estado como forma de conservar el control político, pues las Fuerzas Armadas empiezan a mantener cierta autonomía institucional e ideológica. Todo esto sería el contexto en el cual germinó el movimiento militar del 3 de octubre de 1968, que daría fin al régimen oligárquico.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Denominamos régimen oligárquico al sistema político surgido a fines del siglo XIX, cuando el poder político se reorganiza luego de la guerra del Pacífico, con características bien definidas. Como han sostenido diversos investigadores (Pease, López, Burga y Flores Galindo), el régimen oligárquico era formalmente un régimen liberal, pero de bases sociales restringidas. En otras palabras, difícilmente podía ser calificado de democrático y podía recurrir al golpe de Estado como salida política frente a las demandas de los sectores populares y medios. Este régimen encontró su punto de apoyo en las relaciones de la oligarquía con el capital extranjero y con los poderes locales en el interior. Las mayorías campesinas quedaban excluidas y los sectores populares urbanos eran mediatizados a través de diversas políticas sociales, otorgadas luego de constante presión social. El período que abarca los años 1950-1968 corresponde a un momento de crecimiento económico, debido al segundo proceso de industrialización que se desarrolla en el siglo XX, coyuntura que permitió a los diferentes gobiernos aplicar una serie de políticas sociales y emprender obras públicas en beneficio de los sectores populares. Vista de la hacienda Cartavio. La principal fuente de ingresos de la llamada oligarquía Pero también es el momento de peruana reposaba en la tenencia de la tierra. Sin embargo, el gobierno de Velasco la crisis política del régimen oli- Alvarado se propuso la erosión de sus bases de poder y alentó un programa de reformas gárquico, que se ve enfrentado a que modificarían sustancialmente a la sociedad peruana.

Portocarrero Grados LA CRISIS POLÍTICA DEL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO

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El gobierno de Odría fue el último golpe de Estado exitoso promovido por la oligarquía en defensa de sus intereses. Bajo el Ochenio no sólo se aplicaron las medidas económicas liberales reclamadas por los agroexportadores, sino que se garantizó la casi inexistencia de actividad política partidaria. Salvo el tibio intento de la candidatura de Montagne, la oligarquía cerró filas frente a Odría ante el temor de la movilización política por el PAP de las masas populares. Salvo la dictadura, a la oligarquía no le quedaba ya forma política alguna de legitimarse en el poder. Para mediatizar la movilización popular se dictó la ley de Seguridad Interior, que en la práctica declaró ilegales no sólo al PAP sino también al PCP y al PS. Cualquier intento de movilización política estaba limitado por el ambiente represivo del gobierno del Ochenio.

Cholas fruteras por Ángel Chávez. La crisis de la oligarquía que se inicia hacia los años 50 no puede sustraerse de los cambios sociales ocurridos en el Perú. La migración del campo a la ciudad contribuyó a recomponer el rostro del país.

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Al finalizar éste, los intereses de la oligarquía se verían representados políticamente por la UNO y el MDP: el primero representaba los intereses de los latifundistas de la sierra y de los poderes locales opuestos a toda medida que buscara transformar la situación en el campo; el segundo representaba los intereses de la oligarquía agroexportadora y de los sectores financieros y manufactureros, es decir, la burguesía propiamente dicha. Pero dicha burguesía había expandido sus intereses al amparo de las inversiones del capital extranjero, por lo cual –si bien tenía amplios márgenes de decisión política y económica– debía siempre tomarlo en cuenta. La crisis de legitimidad y de representación política de la oligarquía se prolongó gracias a las alianzas que estos partidos realizaron con el PAP, que a través de su influencia social les otorgó el control de cualquier intento de movilización política de las masas populares y además la base social que la oligarquía había sido incapaz de obtener por el carácter excluyente de su régimen. Así, en busca de la legalidad y de la posibilidad de que finalmente Haya de la Torre accediese a la presidencia, el PAP dejó de lado su programa primigenio, radical y revolucionario, por la transacción con sus más encarnizados enemigos políticos. Una imagen resume estas avenencias realizadas para garantizar la continuidad del gobierno de una minoría a espaldas de la mayoría del país: un almuerzo donde aparecen sentados en la misma mesa Pedro Beltrán, Víctor Raúl Haya de la Torre, el general Manuel A. Odría y Eudocio Ravines, demostración palpable de que la política peruana seguía basada en los acuerdos entre los caudillos y no en un sistema de partidos moderno. El caudillismo está muy enraizado aún en la tradición política peruana. En este contexto surgirán nuevos actores que influenciarán la política entre 1956 y 1968. En primer lugar, los partidos reformistas de clase media, representantes del denominado reformismo democrático; en segundo lugar, los partidos de la izquierda radical denominada Nueva Izquierda; y, por último, los movimientos guerrilleros. Estos nuevos actores tendrían algo en común: buscaban llenar el espacio político dejado por el PAP y satisfacer las demandas populares de una radical transformación del régimen oligárquico. Las alternativas políticas eran dos: reforma social o revolución. Dos instituciones garantes del orden social, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, se vieron tambien obligadas a asumir alguna de estas dos alternativas. Cabe destacar que no existió entonces, ni existe hoy, un partido político que buscara representar directamente los intereses del

El Perœ contemporÆneo El Comercio, inicialmente vocero de las posiciones más conservadoras, progresivamente fue asumiendo y divulgando las tesis desarrollistas propugnadas por los organismos internacionales.

campesinado, sino más bien sus reivindicaciones fueron incluidas en programas más amplios, por lo que la situación del agro y del campesinado se debatía al margen de sus protagonistas. El campesinado seguía así, a pesar del surgimiento de fuerzas antioligárquicas, marginado de la política nacional.

LAS IDEAS DESARROLLISTAS Y SU IMPACTO EN EL PERÚ

planificación para organizar y expandir las actividades productivas, otorgando a las masas una retribución “equitativa” a su participación. En estas condiciones debería favorecerse el desarrollo de una burguesía empresarial nacionalista que, juntamente con el Estado, desarrollara el potencial del país. La urgencia de cumplir estas tareas se debía a razones de seguridad nacional, tanto externas como internas. Externamente, el país se enfrentaba a un doble peligro: el “comunismo internacional” y la política expansionista de Chile; internamente, el grado de pobreza y explotación podía conducir a un descontento popular que posibilitara la difusión de “ideologías extremistas”. Así, el carácter relativamente nacionalista y reformista de El Comercio se combinaba con orientaciones políticas de neto corte autoritario y tecnocrático, expresadas en su antiaprismo y anticomunismo. Influenciadas por estas ideas desarrollistas surgen en el mundo académico peruano importantes instituciones dedicadas a estudiar los problemas nacionales, integradas por intelectuales de una de las más significativas generaciones de este siglo: la ge1061

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La segunda postguerra significó un período de importantes transformaciones en los campos económico, social, político y tecnológico. El contexto internacional de la Guerra Fría, las luchas de descolonización en Asia y Africa y la expansión de la economía mundial, propiciaron la difusión de los postulados democráticos y socialistas, así como de ideas económicas, políticas y sociales que tendrían gran impacto en los países del Tercer Mundo, especialmente entre los integrados a la órbita norteamericana. El tema del desarrollo económico comienza a tomar gran importancia a nivel internacional. En el caso de América Latina, se adoptarán los criterios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), especialmente los vinculados a las políticas de sustitución de importaciones, en la búsqueda de un desarrollo alternativo no dependiente del mercado internacional. Esta discusión –como nos lo recuerda Julio Cotler– se expresó en el Perú a través del debate entre El Comercio y La Prensa, voceros de las dos grandes fracciones oligárquicas. La Prensa insistiría en los argumentos favorables a la “economía de mercado” que venía defendiendo desde 1945, donde el desarrollo pasaba por la irrestricta libertad económica, haciendo posible que el libre juego de la oferta y la demanda creara un milagro económico y la afirmación de la democracia. El Comercio, en cambio, propiciaba una tendencia reformista, estatizante y nacionalista, que tendría particular impacto en los cuadros políticos del Ejército. De acuerdo con esta tesis, “cambios estructurales” debían terminar con dos contradicciones básicas de la sociedad peruana: la persistencia del “feudalismo” en el campo y la creciente sumisión del capital nacional al extranjero. El Estado debía controlar los sectores básicos y estratégicos del desarrollo nacional y recurrir a la

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neración del 50. Entre tales instituciones destaca, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) dirigido por José Matos Mar, algunos de cuyos estudios estuvieron orientados a analizar a la oligarquía peruana, el problema agrario y la cultura andina, donde sobresale la mesa redonda alrededor de la novela Todas las sangres, de José María Arguedas. Los temas “desarrollistas” y reformistas también hicieron su ingreso en la vida política, a través de la formación de nuevos partidos. Se hicieron comunes las declaraciones sobre la necesidad de realizar “cambios en las estructuras”, a fin de salir del estado de “subdesarrollo” causado por el carácter “dependiente” del país y la persistencia del “atraso” en el campo. Estos discursos impactaron también en sectores de la propia oligarquía y en instituciones tradicionales como las Fuerzas Armadas y la Iglesia, llegándose a un consenso sobre la necesidad de cambios siempre que fueran hechos dentro de las pautas del orden establecido. Algunos de estos temas de consenso –aunque las posiciones variaban de acuerdo a cada sector político– eran: la reforma agraria, el tratamiento al capital extranjero (como en el caso del petróleo) y el proceso de industrialización. El tema de la reforma agraria, particularmente, tuvo una gran importancia debido al impacto de los movimientos campesinos. Los nuevos partidos que surgen en la coyuntura electoral de 1956

la incluyeron en sus programas, convirtiéndose así en tema de debate nacional. Sin embargo, las propuestas no fueron más allá de reformas aceptables para la oligarquía.

SURGIMIENTO DEL REFORMISMO DEMOCRÁTICO

Con el viraje ideológico que llevó al PAP a establecer alianzas políticas con la oligarquía, quedó libre el espacio de oposición antioligárquico, que sería cubierto por los nuevos partidos reformistas. Conformados en su mayoría por intelectuales y profesionales de clase media, representaban a los sectores emergentes relacionados con la creciente importancia de lo urbano, con la expansión del Estado y la empleocracia estatal, industrial y comercial, y con la revaloración de la educación como forma de ascenso social. Estas clases medias encontraban en la oligarquía un serio límite para sus aspiraciones. Sin embargo, los nuevos partidos no establecieron lazos significativos con los sectores populares del campo y de la ciudad, a los cuales buscaban representar, sino que optaron por abrir un espacio político al interior del régimen oligárquico a través de las diferentes coyunturas electorales y recurriendo a la opinión pública, opción que fue incapaz de vencer la fuerza política de los partidos pro-oligárquicos. Asimismo, algunos de ellos –especialmente AP que alcanzó mayor peso y presencia política– reprodujeron el estilo caudillista de la política oligárquica. Los partidos que representaron al reformismo democrático fueron fundamentalmente tres: la Democracia Cristiana, el Movimiento Social Progresista y Acción Popular. La DC se fundó en 1955 a partir de dos núcleos, uno en Arequipa y otro en Lima. Sus antecedentes pueden remontarse al Frente Democrático –en el cual Héctor Cornejo Chávez y Luis Bedoya Reyes fueron secretarios personales de Bustamante y Rivero– y a las protestas de 1950 en Arequipa, en donde participaron varios de sus fundadores. Su figura predominante fue sin duda Héctor Cornejo Héctor Cornejo Chávez fundó el Partido Demócrata Cristiano en 1955. Senador Chávez; y con él, Mario Polar, Luis durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry; posteriormente, Bedoya Reyes, Mario Alzamora Valfue uno de los principales apoyos civiles del gobierno militar de Velasco Alvarado.

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El Perœ contemporÆneo dez, Javier Correa Elías, Ernesto Alayza Grundy, Jaime Rey de Castro, José Barreda Möller y Jorge Bolaños. Alfonso Cobián, quizás su filósofo más importante, murió en 1960 a la edad de 24 años. La DC participó en las elecciones de 1956 en diferentes listas, en 1962 presentó la candidatura de Cornejo Chávez y en 1963 estableció una alianza con AP. En la coyuntura de apoyar a AP o al PAP para las elecciones de 1963, se perfilaban dos grupos, uno radical y otro conservador. Durante el gobierno de Belaunde las contradicciones se fueron perfilando y tras la ruptura de la Alianza –luego de las elecciones complementarias de 1967–, la DC se divide entre el grupo encabezado por Cornejo Chávez y el de Luis Bedoya Reyes, quien fundaría el Partido Popular Cristiano (PPC). Mientras el grupo de Cornejo Chávez se radicaliza más, el grupo de Bedoya apoya al “gabinete conversado” formado por Belaunde y el PAP, alianza que terminó con las esperanzas reformistas de los partidos nacidos en la coyuntura electoral de 1956. En cuanto a su posición doctrinal, la DC representaba a los sectores cristianos influenciados por los elementos renovadores de la doctrina social de la Iglesia. Se presentaba como una tercera fuerza internacional pero especialmente latinoamericana, de carácter humanista, diferenciada del capitalismo y del comunismo; aunque no alcanzó en el Perú los niveles de presencia que tuvo en Chile, Venezuela y Centroamérica. Como ha testimoniado Mario Castillo, su organización partió de los núcleos de reflexión y de acción social de jóvenes cristianos que

cuestionaban la realidad social del país, creados por intelectuales o grupos autónomos respecto a la Iglesia Católica, como la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC) y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, creada por Luis Velaochaga. Las influencias más importantes vendrían del pensamiento católico francés, de autores como Jacques Maritain y Emmanuel Mounier. En la renovación de la doctrina social de la Iglesia cumplirían importante rol los cursillos de verano del padre Gustavo Gutiérrez en la Universidad Católica, pero esto ya sería posterior y ajeno a la DC misma. Su programa planteaba medidas claramente antioligárquicas, para promover la “dignidad de las personas”. La DC entró en crisis con el golpe militar de 1968, aunque decidió apoyar el experimento militar. El MSP se formó a partir de un grupo de intelectuales y profesionales, algunos de los cuales habían estado ligados al Frente Democrático Nacional (1945) y al Partido Social Republicano (1946); entre ellos se encontraban los hermanos Sebastián y Augusto Salazar Bondy, Alberto Ruiz Eldredge, Guillermo Figallo Adrianzén, José Matos Mar, Jorge Bravo Bresani, Francisco Moncloa y Santiago Agurto Calvo. En las elecciones de 1956 el MSP apoyó a Belaunde y en las de 1962 lanzó como candidato propio a Alberto Ruiz Eldredge. En las elecciones de 1963 no presentó candidatos y desapareció como 1063

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Alberto Ruiz Eldredge fue candidato en las elecciones de 1962 por el Movimiento Social Progresista, grupo político que aglutinaba a intelectuales de ideas reformistas.

Sebastián Salazar Bondy (1924-1965), reconocido crítico y animador cultural. Participó en el Movimiento Social Progresista conjuntamente con otros valiosos intelectuales de su generación.

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Portocarrero Grados partido luego de la victoria de Belaunde. Sus integrantes más importantes volverían al campo político como asesores del general Juan Velasco Alvarado en la primera fase del gobierno militar. Durante algún tiempo publicaron el diario Libertad, bajo la dirección de Abelardo Oquendo. Éste fue el grupo más fértil ideológicamente, ya que estaba compuesto principalmente por intelectuales para quienes el subdesarrollo peruano se debía al control de la economía peruana por los consorcios extranjeros, apoyados por la oligarquía y el gobierno norteamericano. Su programa planteaba una revolución que devolviera a la colectividad el control de los recursos nacionales, aunque sin considerar por quiénes y cómo llevarse a cabo esta revolución, que debía ser “socialista”, puesto que el capitalismo que regía en el Perú era causa del subdesarrollo y de la dependencia característicos del país. Este socialismo debía ser “humanista”, permitiendo la expansión y desarrollo de las potencialidades del ser humano. Este “humanismo socialista” sólo podría lograrse promoviendo relaciones de solidaridad y de carácter comunitario en la población. Para lograr estos objetivos debían realizarse cinco reformas básicas: de la organización del Estado, de la democratización de la estructura y función de la empresa, del agro, del crédito y de la educación. AP fue fundado formalmente en junio de 1956, teniendo como antecedente inmediato el Frente de Juventudes que el año anterior había lanzado la candidatura de Fernando Belaunde Terry. Fue el partido más exitoso de los que formaron parte del llamado reformismo democrático, ya que alcanzaría la presidencia por dos veces. En las elecciones de 1956 y 1962 se presentó sin alianza política alguna, alcanzando un inusitado tercio electoral. Para las elecciones de 1963, de las cuales salió vencedor, se presentó aliada a la DC. Su máximo dirigente, Fernando Belaunde Terry, era sobrino del intelectual Víctor Andrés Belaunde, y fue miembro del Congreso por el Frente Democrático Nacional en 1945. Los demás dirigentes de AP pertenecían en su mayoría al entorno familiar y profesional de Belaunde, y algunos de ellos habían sido sus discípulos, como Violeta Correa y Eduardo Orrego. En cuanto a la doctrina partidaria, Fernando Belaunde le imprimió un sentido “peruanista” muy particular, desvinculado de las corrientes ideológicas predominantes entonces. Para Belaunde, el problema básico del país residía en que ningún gobierno había querido o sabido organizar y dinamizar las energías del pueblo que permitieran “la conquista del Perú por los pe1064

ruanos”. Esto podía lograrse mediante la utilización de la antigua tradición de trabajo comunal heredada de los incas. Además afirmaba la necesidad de realizar reformas sociales en aquellos lugares imposibilitados de alcanzar el desarrollo; las principales eran la agraria, de vivienda, de educación, de salud pública y las reformas administrativa, tributaria y crediticia. En otras palabras, el Estado debía fortalecer su presencia regulando la actividad de la sociedad a fin de compatibilizar los intereses y las aspiraciones de los diferentes sectores. En términos generales, todos los partidos, incluido el PAP, coincidían en la necesidad de realizar reformas que permitieran redistribuir los recursos económicos, sociales y políticos del país, para conseguir así la “transformación de las estructuras vigentes”. Asimismo, coincidían en la necesidad de una mayor intervención del Estado, sobre todo en la economía, a partir de la planificación y la formulación de planes de desarrollo.

LA NUEVA IZQUIERDA El surgimiento de la llamada Nueva Izquierda en el Perú está vinculado a la crisis política e ideológica del movimiento comunista internacional, producto del proceso de desestalinización en la URSS, de la ruptura chino-soviética y del impacto de la revolución cubana. En términos generales, se denomina Nueva Izquierda a los partidos de diferentes tendencias surgidos a partir de 1956, pero especialmente en la década del 60, que rompieron el virtual monopolio del PCP como expresión del marxismo en el Perú. Algunos de ellos surgieron de escisiones del PAP (como es el caso del MIR) y otros del PCP (como es el caso del ELN y los diversos partidos maoístas). Hasta fines de la década del 50, la expresión ideológica predominante en el Perú había sido el marxismo-leninismo. Desde entonces surgen partidos políticos cuyas expresiones ideológicas serán el trotskismo (cuyos antecedentes datan de 1944), el foquismo castrista, el maoísmo (de cuyas múltiples escisiones y rupturas surgiría Sendero Luminoso) y un marxismo-leninismo distanciado y más bien crítico de la URSS. La historia de dichos partidos y corrientes ideológicas es bastante compleja, y todavía está por hacerse. Aquí intentaremos algunas aproximaciones. Cabe resaltar algunas características importantes. En primer lugar, los principales dirigentes de los partidos de la Nueva Izquierda pertenecían a la

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El viraje ideológico sufrido por el APRA generó desconcierto entre sus militantes, algunos de los cuales como Carlos Malpica –quien más tarde se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la izquierda peruana–, constituyeron nuevas agrupaciones.

de la Puente Uceda visitó Cuba e intentó ponerse en contacto con Hugo Blanco en el valle de La Convención. Finalmente, el 7 de febrero de 1964, con un discurso de Luis de la Puente en la plaza San Martín, se inicia una campaña pública en favor de la lucha armada y pequeños grupos son enviados a recibir entrenamiento en Cuba. En junio de 1965 inician las acciones armadas, siendo derrotados a fines de ese mismo año. Posteriormente el MIR sufrió una serie de divisiones y escisiones. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es fundado en 1962 por sectores juveniles procedentes del PCP o de su periferia inmediata. Más adelante se integrarían militantes del FIR y otras organizaciones de izquierda. Esta situación se verá reforzada en 1965 cuando el Comité Leninista –formado en 1959 por los integrantes del Comité Departamental de Lima y de la Juventud del PC– se incorpora al ELN, que buscó iniciar la lucha armada bajo el modelo castrista, para lo cual gran número de sus elementos se entrenó en Cuba. Sin embargo, sus dos intentos insurreccionales en Puerto Maldonado en 1963 y en la provincia de La Mar, Ayacucho, en 1965, fracasaron. Su principal dirigente fue Héctor Béjar, 1065

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juventud universitaria de clase media radicalizada, algunos con militancia partidaria previa. En segundo lugar, los partidos de la Nueva Izquierda surgen a partir del cuestionamiento y la crítica de la experiencia socialista en la URSS y del comportamiento político del PAP y del PCP, presentándose, pues, como poseedores de “la línea política e ideológica correcta”, diferenciándose y enfrentándose entre sí, lo cual se expresaría en sus continuos fraccionamientos y escisiones. En tercer lugar, a pesar de esta “actitud crítica”, mantuvieron la concepción leninista de la organización del partido político y sus formulaciones ideológicas ratificaron los elementos centrales de la ortodoxia marxista-leninista. En cuarto lugar, los puntos más importantes de los debates realizados entre estos partidos giraron alrededor de la caracterización de la sociedad peruana y del gobierno de turno, el papel de las clases sociales en el proceso revolucionario y las formas de lucha en la formulación de la estrategia para la toma del poder político. Entre las principales organizaciones políticas de la Nueva Izquierda destacan el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Vanguardia Revolucionaria (VR). El MIR surgió como producto de una escisión del PAP. Luego de la crisis de octubre de 1948, el sector radical logró mantener cierta presencia, oponiéndose a la política de la Convivencia. En octubre de 1959 se realizó la IV Convención del PAP, evento en el cual 23 dirigentes –la mayoría de los cuales eran cuadros juveniles y estudiantiles– presentaron una moción de cuestionamiento a la política de la Convivencia; la moción no prosperó y los autores y adherentes del documento fueron pasados a las instancias disciplinarias y luego expulsados. Entre ellos se encontraban Luis de la Puente Uceda, Luis Oliveira, Ezequiel Ramírez Novoa, Gonzalo Fernández Gasco, Walter Palacios, Carlos Malpica y Javier Valle Riestra. Este grupo formó el Comité de defensa de los principios y de la democracia interna del partido, hasta que en noviembre de 1960 se separa definitivamente y se autodenomina Apra Rebelde. En marzo de 1962 se convierte en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, bajo el liderazgo de Luis de la Puente Uceda y Héctor Cordero. Los sectores apristas más tradicionales y los elementos trotskistas (como Ricardo Napurí) fueron expulsados. El cambio de nombre era expresión de que el Apra Rebelde había asumido el marxismo como ideología y la lucha armada como medio de llegar al poder. Como muchos otros, Luis

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Portocarrero Grados quien sería uno de los principales asesores del general Velasco durante el gobierno militar. Vanguardia Revolucionaria (VR) fue fundada en 1965, dos meses antes de que el MIR iniciara sus acciones guerrilleras. Entre sus primeros integrantes destacan Ricardo Napurí, quien habiendo sido expulsado del MIR, representaba las tendencias trotskistas; Ricardo Letts, militante y dirigente juvenil radical de AP desde 1961; y Edmundo Murrugarra. En los años 70, a pesar de sus divisiones, pasaron por sus filas Manuel Dammert, Agustín Haya de la Torre y Javier Diez Canseco. Según testimonio de Ricardo Letts, ya desde 1963 se realizaron coordinaciones con el fin de fundar un partido político, intentándose incluso tomar contacto con Hugo Blanco en La Convención y con el ELN. En 1964 se realizó una primera asamblea en donde se eligió una dirección provisional. El 30 de mayo de 1965 se funda formalmente VR teniendo como secretario general a Ricardo Napurí y como secretario de defensa a Ricardo Letts. Con el inicio de la guerrilla, debido a sus simpatías y vinculaciones con el MIR y el ELN, VR se vio obligada a pasar a la clandestinidad. Sin embargo, en la práctica VR mantuvo una posición de distanciamiento y de crítica frente a las guerrillas, en las que nunca participó, aunque sus militantes conservaron en su discurso la necesidad de la lucha armada como medio de lograr la toma del poder. Ideológicamente, VR fue bastante variopinta. Sus tesis combinaban elementos del trotskismo, del maoísmo, del foquismo castrista y, por supuesto, de la ortodoxia marxista-leninista. VR logró cierta influencia entre los universitarios y su presencia sindical más bien se manifestaría en los años 70 con las tesis de Edmundo Murrugarra de “ir al pueblo”, conocidas como “yawarismo”. VR en esos años también sufriría varias divisiones. En cuanto al trotskismo, sus antecedentes se remontan a 1946 cuando se fundó el Partido Obrero Revolucionario (POR), formado por los dirigentes sindicales del PCP que encabezaron las huelgas de 1944 en contra del gobierno de Prado. Inicialmente denominado Grupo Obrero Marxista (GOM), dicho partido se integró a la IV Internacional, teniendo importantes contactos 1066

con el Partido Socialista de los Trabajadores, partido trotskista inglés. Al producirse la división al interior del movimiento trotskista internacional, una fracción del POR formó el POR-Trotskista (POR-T), encabezado por Ismael Frías y Enrique Palacios. En 1961, el POR (esta vez encabezado por Hernando Aguirre Gamio y Félix Zevallos) y otras organizaciones menores formaron el Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), a cuyas filas perteneció Hugo Blanco Galdós, impulsor de la organización del movimiento campesino en los valles de La Convención y Lares. Alrededor del FIR se agruparon dirigentes de organizaciones trotskistas internacionales, llegando a preparar un incipiente aparato militar. Sin embargo, el trotskismo entró en un proceso acelerado de división luego del fracaso en el apoyo a Hugo Blanco. Del POR-T se separa Ismael Frías, quien funda el Partido Revolucionario Obrero Campesino (PROC) de breve existencia. Posteriormente, Frías y Ricardo Napurí intentaron el “entrismo” (entrar en un partido para luego ganar a sus principales cuadros) al interior del MIR, pero fueron expulsados. El segundo sería posteriormente fundador de Vanguardia Revolucionaria (VR). A pesar de su presencia activa, el trotskismo sólo estuvo representado por grupos minoritarios. El surgimiento del maoísmo está relacionado con la polémica surgida entre el Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) y el Partido Comunista Chino (PCCh), debido a la línea política internacional de Kruschev de “desestalinizar” la URSS y de impulsar la “convivencia pacífica” con los países occidentales, propugnada en 1956. La ruptura entre ambos países se produjo a principios de 1960 y las posiciones de dicho debate comenzaron a manifestarse pronto al interior del PCP. El abogado Saturnino Paredes, asesor de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y dirigente del Frente Campesino del PC, encabezó la fracción maoísta adhiriéndose a las teLa polémica entre el Partido Comunista de la URSS y el Partido Comunista Chino tuvo enormes repercusiones en la izquierda mundial. El Perú no fue ajeno a esta discusión ideológica. En 1964, Saturnino Paredes anunció el surgimiento del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta, escindido del antiguo Partido Comunista Peruano de línea prosoviética.

El Perœ contemporÆneo sis prochinas. La ruptura se produciría en 1963. En enero de 1964, el grupo de Saturnino Paredes convocó a una conferencia nacional al margen de la dirección del PCP, surgiendo el Partido Comunista del Perú (PC del P). Ambos partidos se distinguieron por el nombre de sus respectivos órganos de prensa: Unidad, del PCP, y Bandera Roja, del PC del P. Los partidos surgidos de las sucesivas rupturas también reclamarían para sí la continuidad del partido fundado por Mariátegui y ser el “verdadero” Partido Comunista del Perú, diferenciándose por sus “sobrenombres”. Cabe resaltar que Saturnino Paredes recibió el apoyo permanente del comité regional del partido comunista de Ayacucho, al cual pertenecía Abimael Guzmán. El PC del P-BR sufriría una ruptura, de la cual se formaría en 1966 el Partido Comunista del Perú-Marxista Leninista, encabezado por José Sotomayor. Una nueva escisión se inició en 1968 cuando se formó una comisión nacional reorganizadora, la cual se convertiría al año siguiente en el Partido Comunista del Perú-Patria Roja (PC del P-PR). Tanto Bandera Roja como Patria Roja establecerían su base social al interior de las universidades nacionales. En 1970 Bandera Roja sufre una nueva división de la cual surgiría el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PC del P-SL).

LOS MOVIMIENTOS GUERRILLEROS (1960-1967)

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Las experiencias guerrilleras estuvieron presentes a lo largo de la década del 60. Su importancia –más que la influencia que pudieron tener en la implementación de reformas sociales o en las posibilidades de la toma del poder por la vía revolucionaria– radica en ser la expresión política más avanzada del descontento social que se acumulaba frente al régimen oligárquico. Pese a su derrota, el impacto en la toma de conciencia de los graves problemas nacionales fue muy grande, y contribuyeron a acrecentar el temor –al interior de las Fuerzas Armadas– de una inminente explosión social, orientada a la instauración del comunismo en el Perú. Aunque tales temores eran mayores que las posibilidades reales, ello confirmó la necesidad de realizar reformas sociales de envergadura en los sectores reformistas existentes al interior de las Fuerzas Armadas. Los factores e influencias que promovieron el surgimiento de movimientos guerrilleros en el Perú y en América Latina en general, fueron tres: a) El problema agrario y campesino. Entre 1945 y 1964 se desarrolló una inusitada movilización cam-

pesina, que conmocionó todos los Andes –sobre todo los Andes centrales y el sur andino–, produciendo la crisis del latifundio tradicional y la del régimen oligárquico en su conjunto. La reforma agraria –unida al tema del petróleo– se constituyó en la principal reivindicación de todo programa político antioligárquico. Por ello no es de extrañar que los principales focos guerrilleros se encontrasen en lugares como Cuzco, Ayacucho, Junín o Piura, de fuerte movilización campesina. Este problema impactó en las juventudes radicalizadas de las clases medias, que cuestionaron la actitud conciliadora e indiferente del PAP y del PCP. El PAP se había convertido en un aliado importante de la oligarquía y se oponía a cualquier propuesta de una reforma agraria radical. El PCP, en cambio, había asumido la táctica de apoyar a la “burguesía nacional”, dentro de la cual la reforma agraria pasaba por la modernización de la agricultura en desmedro de las comunidades campesinas. b) La crisis de los modelos socialistas. El modelo de sociedad y de proceso revolucionario defendido por el movimiento comunista internacional se había visto afectado por la disputa chino-soviética y el XX Congreso del PCUS, que inició el proceso de desestalinización. Para las antiguas dirigencias esto significó una crisis política e ideológica al interior de los partidos comunistas de América Latina. Para muchos jóvenes significó asumir una “actitud crítica” frente a la Unión Soviética y el marxismo, el cual empezaron a estudiar directamente de sus fuentes (Marx, Engels y Lenin). Ésta fue la primera revolución ideológica del marxismo en el Perú, que trajo como consecuencia una vuelta al estudio de la obra de José Carlos Mariátegui y el surgimiento de la Nueva Izquierda. En el caso de las juventudes apristas, este fenómeno les permitió convertir su antisovietismo y su anticomunismo en la convicción de poder hacer una revolución socialista radical sin seguir el modelo soviético, acercándose de esta manera al marxismo primigenio del PAP, rompiendo con los prejuicios establecidos por generaciones políticas apristas anteriores. El renovado interés por estudiar el marxismo “desde sus fuentes”, sin intermediarios, tuvo su impacto también en los jóvenes universitarios sin militancia previa, muchos de los cuales empezaron a acercarse a esta ideología. Esto se manifestó en 1963 en la Universidad de San Marcos, cuando luego de tres rectorados bajo el control del PAP, una alianza de partidos de izquierda representada por el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), obtiene el

Portocarrero Grados

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Paisaje de Mario Urteaga. El reclamo campesino por una distribución más equitativa de la tierra en el Perú fue asumido como una bandera política por la izquierda peruana; de hecho algunas irrupciones armadas se hicieron bajo esta exigencia.

control de la federación de estudiantes, iniciándose así el período de hegemonía izquierdista en dicho gremio. c) La influencia de la revolución cubana. El triunfo de la revolución cubana que derroca a la dictadura pronorteamericana de Fulgencio Batista se produce en el contexto de la crisis política e ideológica de los modelos socialistas. La noticia de la entrada de los “barbudos de Sierra Maestra” en La Habana, el 1º de enero de 1959, tiene un gran impacto en toda América Latina y en ella la juventud radicalizada encuentra un nuevo modelo de lucha revolucionaria. Esta influencia se acrecienta cuando, ante las presiones y el bloqueo del gobierno norteamericano, Fidel Castro anuncia el carácter socialista de la revolución y Cuba asume una política de extensión de los movimientos revolucionarios mediante el asesoramiento militar e ideológico, adiestrando a pequeños grupos en la guerra de guerrillas. Esta política de Cuba respondía a la necesidad de abrir nuevos frentes que impidieran una respuesta centralizada por parte del gobierno norteamericano contra la

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isla. Los grupos guerrilleros peruanos del ELN y el MIR contaron con el asesoramiento y apoyo de Cuba, además de ayudarlos a ingresar al país, aunque no con intervención directa en las acciones armadas. La presencia de guerrilleros de otros países en las guerrillas peruana y boliviana fue la expresión de la solidaridad internacionalista que en ese momento renacía en la izquierda latinoamericana. Los intentos por constituir frentes guerrilleros perduraron en el Perú hasta 1967, pero después del fracaso del MIR no se generaron nuevos movimientos significativos. Hasta ese año, algunos núcleos políticos persistieron en la idea de que podría implementarse un proceso revolucionario basado en la lucha armada; sin embargo, se impuso la línea de esperar mejores condiciones para una coyuntura revolucionaria. Con la muerte del Che Guevara en Bolivia, en 1967, Cuba cambia su política exterior. Asimismo, con la irrupción del régimen militar el 3 de octubre de 1968, muchos consideraron que la guerrilla como método ya no era necesaria, pues el régimen oligárquico, considerado la principal traba para el desarrollo del país, estaba siendo demolido por las medidas y transformaciones modernizadoras del régimen militar. Con ello se cerró la etapa de las luchas guerrilleras en la década del sesenta. Con respecto a las causas de la derrota de las guerrillas, quisieramos plantear dos aspectos. El primero –de carácter político-social– fue el cuadro de su total aislamiento: por su juventud su peso político era débil y su base social inexistente, a pesar del deseo de constituirse en el brazo armado del movimiento campesino que en ese momento se encontraba a la ofensiva. Pero cuando el MIR se plantea seriamente el problema de abrir sólidos frentes guerrilleros en el campo, ese movimiento campesino estaba ya en repliegue. Asimismo, otras fuerzas políticas de izquierda como el PC, VR y el FIR se opusieron a apoyar al “aventurerismo ultra-izquierdista”. El segundo aspecto –de carácter militar– es la incapacidad de las guerrillas de enfrentar la ofensiva policial y de las Fuerzas Armadas, en la mayoría de los casos por falta de preparación y de recursos, del desconocimiento del terreno e incapacidad de asentamiento. La organización de la guerrilla del MIR, mejor preparada y planificada, no era desconocida para las Fuerzas Armadas, ya que parte de la preparación insurreccional implicaba una campaña abierta a favor de la lucha armada. Asimismo, las Fuerzas Armadas estaban preparadas para enfrentar eficazmente a la guerrilla desde antes de 1961: tenían oficiales adiestrados en la lucha contrainsur-

El Perœ contemporÆneo gente en Panamá y otras bases norteamericanas, donde recibieron formación bajo los modelos aplicados en Argelia y Vietnam, con asesoramiento constante de oficiales norteamericanos; además, las instituciones castrenses se fortalecieron a través de la profesionalización de sus cuadros y actualizaron su armamento.

CAMBIOS AL INTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LA IGLESIA CATÓLICA

Cardenal Juan Landázuri Ricketts. La Iglesia peruana operó una transformación en su discurso pastoral a fines de los años cincuenta. El énfasis en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida y la dignidad de las personas reemplazó un discurso tradicional que subrayaba la salvación espiritual del individuo.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Como se ha señalado anteriormente, las ideas desarrollistas penetraron diferentes ámbitos sociales, pero también importantes instituciones, como son los casos de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército. La Iglesia Católica en el Perú, al igual que en el resto de América Latina, estuvo tradicionalmente identificada y enlazada al poder oligárquico; sin embargo, en el contexto de las transformaciones de las décadas del 40 y el 50, las bases sociales de la Iglesia comenzaron a reducirse, planteándose así la necesidad de realizar reformas en sus doctrinas para poder mantener su sitial en la sociedad peruana. A partir de la década del 50 empezó a difundirse con mucho mayor éxito “la doctrina social de la Iglesia”, en cuyos textos fundamentales ésta se declaraba partidaria de un tercer camino contrario al “individualismo capitalista” y al “totalitarismo comunista”. Para ello los intereses de las diferentes clases debían organizarse alrededor de un Estado corporativo, que revitalizaría los fundamentos sociales de la existencia cristiana. Aunque algunos de sus postulados fueron recogidos por la DC, no existió estrictamente hablando un partido católico. Simultáneamente a estas innovaciones del pensamiento político católico, la Iglesia peruana comenzó a recibir a sacerdotes extranjeros influidos por autores radicales, así como “curas-obreros” que mediante sus actividades en los sindicatos y en las barriadas, abrieron paso lentamente a una nueva teología y a un nuevo tipo de comportamiento político.

Como ha reseñado Julio Cotler, en una de las conferencias preparatorias al V Congreso Eucarístico Nacional y Mariano, en 1954, se denunció las condiciones de vida de los sectores populares. En dichas conferencias se hallaban presentes sacerdotes extranjeros críticos de la situación de pobreza existente en el Perú, y durante el gobierno de Prado, uno de éstos fue deportado. Asimismo, en 1959, el propio cardenal Juan Landázuri declaró, al clausurar la primera Semana Social de la Iglesia, que la situación económica y social debía cambiar, pagándose mejores salarios y redistribuyendo la riqueza. Así se fue manifestando al interior de la Iglesia un sector que buscaba conciliar su vocación espiritual con el cambio social, tendencia que encontraría en el ascenso de Juan XXIII y el Concilio Vaticano II el marco institucional necesario. Estas concepciones se convirtieron en parte del discurso antioligárquico, manifestándose en la presencia de las comunidades de base en la organización campesina, en las barriadas y sindicatos, en las universidades. Esta influencia también llegó a los sectores profesionales de clase media. El impacto del Concilio Vaticano II en Latinoamérica se expresó en los resultados de la reunión de obispos de Medellín (Colombia) en 1968, a partir de la cual se funda en el Perú la Oficina Nacional de Información Social (ONIS). Pero quizá el hecho más importante será la publicación, en 1969, del libro del padre Gustavo Gutiérrez Teología de la liberación que concretó, en base a fundamentos tanto teológicos como científico-sociales, la propuesta de una Iglesia comprometida con “la opción preferencial por los pobres” y el cambio social.

Portocarrero Grados

ETAPA CONTEMPORÁNEA

La publicación en 1969 de la Teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez anunció un cambio en la labor pastoral y la perspectiva teológica en América Latina.

En el ámbito de las Fuerzas Armadas, con el proceso de modernización y profesionalización iniciado bajo el gobierno de Odría, las ideas desarrollistas se introdujeron en la mentalidad militar. En ese entonces, el Perú era miembro de la Junta Interamericana de Defensa, creada en Río de Janeiro en 1947. A partir de su adhesión a la Junta, el Perú recibió asesoramiento del gobierno norteamericano y realizó compras de material bélico moderno, lo que hizo necesario modernizar las escuelas de instrucción, implicando el desplazamiento de la formación militar peruana basada en los planes y manuales franceses introducidos por el gobierno de Nicolás de Piérola. Así, a partir de la reorganización de las Fuerzas Armadas llevada a cabo por el general Alfredo Rodríguez Martínez, se fundaron organismos importantes que promovieron la difusión y desarrollo de una nueva mentalidad militar, convirtiendo a las Fuerzas Armadas en un activo deliberante político distanciado de las propuestas oligárquicas: éstos fueron el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), en 1953, y la Escuela Nacional de Guerra, en 1954. Según Dirk Kruijt, el objetivo del CAEM, fundado por el general José del Carmen Marín, era formar un nuevo tipo de profesional militar, el “intelectual militar”, cuyo interés central sería la elaboración y discusión de una estrategia de “seguridad nacional”, enmarcada dentro de la estrategia continental

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estadounidense de la “Guerra Fría”, cuyo objetivo primordial era una defensa continental que frenase la influencia y una hipotética agresión de la URSS. Ideológicamente, pues, esta estrategia es inicialmente pronorteamericana y anticomunista. Sin embargo, dichas bases ideológicas se verán contrastadas con los diagnósticos que sobre la situación del país y el desarrollo nacional iba realizando el CAEM. Como señala Cotler, a mediados de la década de 1950 –paralelamente al “Plan del Perú” del diario El Comercio– el CAEM realizó un inventario global de la situación del país. Los resultados mostraban que el Perú se encontraba “subdesarrollado” en relación a otros países latinoamericanos y esto era un peligro para la seguridad nacional. Así, las ideas desarrollistas comenzaron a influenciar al alto mando militar, que comenzó a exigir un sistema de planificación a fin de superar el subdesarrollo, contribuyendo a ello los intelectuales civiles que dictaban cursos en sus aulas, como es el caso de Jorge Bravo Bresani. Tal preocupación se vería plasmada en la Revista de la Escuela Superior de Guerra. Según Stefan, entre 1954 y 1957, los artículos dedicados a seguridad nacional interna y desarrollo representaron el 1,7%. Entre 1964 y 1967 éstos se incrementaron a 50%. En 1957, con los nuevos planteamientos desarrollados en el CAEM y la Escuela Superior de Guerra, hubo cambios en la organización del Ejército buscando adaptarlo a las nuevas exigencias, proceso del cual nació el Servicio de Inteligencia Militar. De esta manera las Fuerzas Armadas se hicieron permeables a los grandes temas de debate nacional. Sin embargo, como sostiene Lynch, sus reflexiones tenían diferentes matices y posiciones, que iban desde la necesidad de reformas para evitar el peligro comunista –en una típica posición contrainsurgente–, hasta los que desde una posición nacionalista visualizaron la existencia de intereses contrapuestos entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos. Esta última posición estaba vinculada al pro-

El Perœ contemporÆneo blema del poder político y del Estado, percibido no como representativo de los intereses generales de la nación sino de los intereses particulares de un sector minoritario de propietarios oligarcas. En 1963, el CAEM llegó a la conclusión de que el subdesarrollo era causado porque el poder real estaba en manos de “los latifundistas, exportadores, banqueros y de las compañías norteamericanas”. Es así como en las Fuerzas Armadas, y particulamente en el Ejército, se fue configurando una nueva orientación política coincidente con la de sectores de la Iglesia y nuevos partidos políticos reformistas.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES

A raíz del golpe militar de Manuel A. Odría y la persecución desatada contra los militantes y líderes apristas, Haya de la Torre decidió solicitar asilo en la embajada de Colombia, en Lima.

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Entre 1950 a 1968 se estaba produciendo una reconfiguración de las relaciones internacionales, enmarcadas por la hegemonía norteamericana en Occidente y su política de “Guerra Fría” frente a la URSS y sus aliados. A ello hay que sumarle el contexto e impacto de la “descolonización” de los países de Asia y Africa, que dio un impulso inusitado a las ideas democráticas, nacionalistas y socialistas al interior del llamado Tercer Mundo, originando el llamado Movimiento No Alineado (NO-AL). En el caso del Perú, destacan los siguientes temas internacionales: a) El caso Haya de la Torre. Víctor Raúl Haya de la Torre, ante la persecución de que fue objeto, se vio obligado en enero de 1949 a pasar a la clandestinidad y asilarse en la embajada de Colombia durante cinco años, originando un conflicto diplomático entre ambos países, ante la negativa del gobierno de Odría de otorgar a Haya el salvoconducto necesario para que saliera del país. Se llegó al grado de rodear la embajada de Colombia con trincheras, ametralladoras y cerco de púas. El caso fue planteado ante la Corte Internacional de La Haya. Finalmente, ante la presión internacional, el gobierno de Odría tuvo que ceder y Haya de la Torre partió al exilio en 1955. b) El convenio con Bolivia. Los primeros meses de 1957 se estableció en Lima una comisión mixta peruano-boliviana para estudiar el aprovechamiento de las aguas del lago Titicaca con fines hidroeléctricos y de irrigación. El 19 de febrero del mismo año se suscribió en La Paz el convenio elaborado por dicha comisión para el estudio económico preliminar del aprovechamiento de las aguas y para la financiación de una carretera que uniera el puerto de Ilo y la frontera con Bolivia, pasando por la ciudad de Puno.

c) El Plan Truman. El 25 de enero de 1951 el gobierno pidió al Congreso la aprobación del convenio entre Perú y los Estados Unidos en el punto IV del Plan Truman. Así, se establecieron acuerdos de cooperación en Educación, Salud Pública, Agricultura y otros sectores para el desarrollo del país. También se recibió armamento y entrenamiento militar; a cambio, el Perú dio facilidades a los Estados Unidos para la adquisición de minerales y el establecimiento de bases militares. d) El incidente fronterizo con el Ecuador. La labor de demarcación de la frontera Perú-Ecuador luego de la guerra de 1941, había quedado pendiente, aunque la mayor parte había sido cumplida. A partir de 1951 Ecuador trató de eludir la demarcación aduciendo la inexistencia de la división de aguas entre los ríos Zamora y Santiago, y que por lo tanto no se podía cumplir con el Protocolo de Río de Janeiro. Ello desató una campaña en el Ecuador contra dicho acuerdo. La intervención de los países garantes determinó la validez del tratado haciendo recordar el carácter definitivo de su firma. Sin embargo, las tareas demarcatorias no fueron culminadas. e) La Conferencia de Punta del Este. Fue impulsada por el presidente John F. Kennedy ante el temor de la influencia de la revolución cubana en el con-

Portocarrero Grados texto de crisis económica de los países latinoamericanos. En dicha conferencia se reunió el Consejo Interamericano Económico y Social a nivel ministerial en agosto de 1961, formándose la llamada “Alianza para el Progreso”, por la cual los Estados Unidos prometían la entrega de préstamos orientados a la implementación de reformas. Por su parte, los países que recibían los préstamos debían incrementar sus propios recursos. Asimismo, la Declaración de Punta del Este subrayó la necesidad de crear un mercado común latinoamericano, basado en la libertad de comercio y el libre cambio. Ambos planteamientos terminaron en sendos fracasos. En dichas reuniones, el Perú reafirmó su tesis de doscientas millas marítimas de dominio territorial y la necesidad de la integración física continental mediante la carretera Bolivariana Marginal de la Selva. La Carta de Punta del Este fue el antecedente del Pacto Andino. Por entonces se convino en constituir la llamada Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) para propiciar la integración económica, condición indispensable para acelerar el desarrollo del continente; pero el fracaso y la inoperancia evidente de la ALALC movieron a Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia a formar el llamado Pacto Andino. En febrero de 1967 se suscribió la creación de la Corporación Andina de Fomento (CAF), instrumento técnico y financiero para llevar a la práctica dichos planteamientos. El acuerdo se concretó en 1969 en la ciudad de Cartagena (Colombia), llamándose desde entonces “Acuerdo de Cartagena”. f) La ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba. En la VII Conferencia de Cancilleres de San José de Costa Rica, realizada en 1960, los asambleístas pidieron una acción conjunta contra el régimen cubano. El canciller peruano Raúl Porras Barrenechea conmocionó a la asamblea con un franco y vio-

lento discurso sobre la situación de Cuba, que le costó su renuncia. Ese mismo año –y de acuerdo a un ambiente creado en el seno de la OEA– la representación peruana presentó acusaciones contra el régimen de Fidel Castro. El Consejo determinó que la Comisión de Paz examinara los hechos denunciados. Las acusaciones se fundamentaban en que Cuba afectaba la solidaridad continental, violaba los pactos internacionales y no respetaba los derechos humanos. La VIII reunión consultiva de ministros de Relaciones Exteriores del 31 de enero de 1962 encontró fundamentos para la expulsión de Cuba de la OEA, pidiéndosele a los países integrantes romper relaciones con el régimen de Fidel Castro. En esta expulsión triunfó la poderosa influencia de los Estados Unidos. g) La carretera Marginal Bolivariana. Para lograr este objetivo, el gobierno tomó los siguientes acuerdos: – La creación del subcomité de la carretera Bolivariana Marginal de la Selva. Tuvo su sede en Lima y funcionaba como oficina de la Dirección de Caminos. Además de Perú, actuaban en este subcomité Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y Venezuela. – El establecimiento del subcomité de conexión Amazónico-Pacífico, con sede en Bogotá, que se ocuparía de todas las carreteras que conectasen los puertos del Pacífico con los puertos fluviales de la Amazonía. – El Acta de Lima, firmada el 27 de mayo de 1968 por los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Paraguay y el Perú. Se contemplaba la creación de una comisión cuatripartita, integrada por representantes de los países signatarios, para facilitar e impulsar el desarrollo de obras que uniesen la red vial que conectara con la carretera Marginal de la Selva.

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IV

LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Durante la década del 50 se da un importante proceso de modernización capitalista. Ello se expre1072

só en la creciente industrialización, que llevó al predominio del sector manufacturero en la conformación del Producto Nacional Bruto, frente a la agricultura que declinaba. Según Daniel Carbonetto, el sector manufacturero pasó del 13,6% en 1950 al

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26,2% en 1975, mientras que la agricultura pasó del 20,4% al 12,7% en el mismo período. Esta industrialización se basó en el modelo de “sustitución de importaciones”, que buscaba producir en el país algunos productos tradicionalmente importados, sobre todo los productos de consumo. Sin embargo, la modernización capitalista presentaba una seria limitación por el tipo de industrialización que desarrollaba, inducida principalmente por el capital extranjero y restringida a satisfacer el consumo de pequeños sectores de la población, sin intenciones de crear un mercado interno nacional ni engarzarse con otros procesos productivos imLa ciudad de Chimbote creció velozmente en los años sesenta en un proceso impulsado por el “boom” de la harina y el aceite de pescado. La ciudad portantes en campos como la agrise convirtió en un imán para centenares de familias peruanas atraídas cultura o la minería. Esto hizo que por la demanda de trabajo y la floreciente actividad pesquera. su demanda de mano de obra alcanzase rápidamente un techo y fuese mucho menor que la oferta producto de las el proceso de urbanización y la ampliación del mercado interno. migraciones. El sector exportador se diversifica con la proEl proceso de urbanización se desarrolló más rápido que el proceso de industrialización: la pobla- ducción de hierro (Marcona), con la ampliación de ción urbana en 1940 representaba el 35,4% de la la producción de cobre (Toquepala), pero principalpoblación total, en 1972 tal porcentaje se había ele- mente con la aparición de nuevos productos de vado a 59,5%; mientras tanto el porcentaje de la gran demanda en el mercado mundial: la harina y el fuerza laboral en el sector industrial manufacturero aceite de pescado. Estos productos de exportación se mantuvo relativamente estable, en alrededor del no estaban totalmente en manos extranjeras; empresarios nacionales controlaban en parte la extrac15% de la fuerza laboral total. ción y procesamiento industrial, dando auge a su vez a industrias y servicios conexos (redes, barcas). EL SECTOR INDUSTRIAL Esto produjo uno de los más complejos fenómenos MANUFACTURERO sociales: la transformación de Chimbote en un “hirEn el período que va de 1950 a 1967, la pesca, la viente” puerto compuesto por “todas las sangres”. Gonzalo Portocarrero ha señalado las siguientes minería y la manufactura ampliaron su participación en el Producto Nacional Bruto y tuvieron una características para la industria manufacturera en tasa anual de crecimiento mayor que la agricultura. las décadas del 50 y el 60: gran heterogeneidad en El proceso de modernización económica se acentúa cuanto a productividad y formas de organizar la por la importancia que desde los años 40 van adqui- producción; el mercado principal eran los sectores riendo la industria manufacturera (textiles, quími- populares incorporados a la economía de mercado, ca, metalmecánica), la construcción, las industrias aunque en la década del 60 se consolidará el mercaderivadas de los complejos azucareros (papelera, do de bienes de consumo duraderos para las clases cartonera, licores) y en algunos casos las derivadas medias; el número de empresas existentes expresa que la industrialización era un proceso relativamende los enclaves mineros (cables de cobre). La construcción se dinamiza con las obras públi- te nuevo; existencia de notables diferencias en cas del período, impulsando la industria del cemen- cuanto a la rentabilidad de las diferentes industrias; to y la actividad constructora e inmobiliaria que, al concentración de la propiedad en pocas manos, a igual que la industria manufacturera, se activa con través de empresas cerradas controladas por pocas

Portocarrero Grados personas vinculadas a familias plutocráticas; y extremada dependencia de insumos importados, lo cual le daba cada vez mayor importancia al capital extranjero. Asimismo, usando como criterio de agrupación el mercado final de los productos, Portocarrero propone la siguiente división: industrias que se orientan hacia el mercado interno, sector bastante heterogéneo que requiere de una importante protección arancelaria; industrias orientadas al mercado interno mediante la sustitución de importaciones, que comienzan a tener gran importancia en la década del 60; e industrias vinculadas al sector exportador, cuyo desarrollo depende de las fluctuaciones en el mercado mundial.

tor. En todo caso, el estudio de la evolución de la agricultura en este siglo está por hacerse.

EL SECTOR EXPORTADOR El sector exportador sufrió importantes fluctuaciones producidas entre otros factores, por los siguientes: los cambios de política en el estímulo a las exportaciones, aunque la tendencia preponderante fue favorecer a este sector frente a aquellos orientados al mercado interno; las fluctuaciones de los precios de nuestras materias primas en el mercado mundial; y el impacto de la política económica norteamericana hacia América Latina. Sin embargo, en este sector se produjo la mayor rentabilidad de todo el período.

EL SECTOR AGRARIO EL TRATO AL CAPITAL EXTRANJERO

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Como se ha señalado anteriormente, desde la década del 40 el peso de la producción en el campo disminuye paulatinamente, frente a los sectores industrial y exportador. El problema de fondo en el estancamiento y atraso de la agricultura era su carácter precapitalista, especialmente en la sierra. La importación de alimentos, el control de sus precios, así como la concentración del crédito en la agricultura costeña de exportación, fueron los factores que propiciaron el decaimiento de la agricultura en la sierra y la transferencia de las exiguas rentas de los terratenientes serranos a las áreas urbanas y sectores de mayor rentabilidad. A ello hay que sumarle el impacto de la movilización campesina, que hizo dar un giro a las posibilidades de inversión en este sec-

El gobierno de Odría estableció una serie de disposiciones de gran aliento para favorecer a la inversión extranjera; base política y económica sobre la cual ésta se rigió en el Perú hasta 1968. En mayo de 1950, Odría promulgó el Código de Minería, una virtual traducción de la ley norteamericana; en 1952 dictó la ley del Petróleo y en 1955 la ley de Electricidad, que asignó una tasa fija de beneficios a los inversionistas dedicados a este sector. El Código de Minería redujo los impuestos de exportación al mismo nivel que las empresas comerciales e industriales y exoneró del pago de derechos a la importación de equipo. Gracias al artículo 56 de dicho Código, las empresas tenían derecho a deducir del pago de impuestos hasta el 20% de los beneficios por el factor agotamiento, estableciendo, además, que en los depósitos mineros de calidad marginal se aplicarían tasas impositivas bajas, hasta que el inversionista hubiese amortizado totalmente su capital. Estas condiciones no se modificarían en los siguientes 25 años, según Fotografía de Sebastián Rodríguez que muestra un entierro en Morococha, centro minero de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Esta empresa era una de las principales inversionistas en la minería peruana hacia la primera mitad del siglo XX.

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Dos imágenes de Sebastián Rodríguez que recrean la vida cotidiana en el centro minero de Morococha. Arriba: Familia minera en una toma de estudio. Abajo: Grupo de trabajadores mineros.

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lo normaba el mismo código. El capital norteamericano, en proceso de expansión durante la postguerra, encontró en el Perú una situación que se amoldaba a sus intereses: “paz laboral”, libertad cambiaria y oportunidades de inversión que le permitían lograr una apreciable tasa de beneficios. Según Cotler, con la dación en 1959 –bajo el gobierno de Prado– de la ley de Promoción Industrial, y las exenciones tributarias en 1963 y 1964 bajo Belaunde, la participación norteamericana en la manufactura se incrementó de 35 millones de dólares en 1960 a 92 millones de 1966. Ello provocó que la tasa de crecimiento industrial fuese del 9%, la más alta de la región, pero el 80% de éste correspondía a la industria controlada por capital norteamericano. Así, en 1968, el 33% del valor de la producción industrial era controlado por 41 empresas extranjeras. Similar proceso de concentración en manos extranjeras se produjo en el sector financiero. En 1960, el 36% de los activos bancarios se encontraba en poder de la banca extranjera; proporción que en 1966 subió al 62%. De allí que entre 1966 y 1969 la banca extranjera tuviera un crecimiento del 4% anual, mientras que la banca nacional sólo alcanzó el 1%. Esta invasión del capital extranjero estuvo ligada al incremento de su participación en los nuevos sectores dinámicos de la economía y en especial de la industria, en la medida que las empresas extranjeras ubicadas en este rubro se financiaban con el ahorro interno que la banca norteamericana lograba captar. Se repetía así el proceso de concentración monopólica del capital extranjero que se dio a principios de siglo. Sulmont resume las principales inversiones del capital extranjero en el sector minero bajo Odría: la Marcona Mining Company en el mineral de hierro (1952); la Cerro de Pasco Corporation en la refinería de zinc de La Oroya (1953); y la Southern Peru Copper Corporation en el cobre de Toquepala y el complejo metalúrgico de Ilo (1954). Asimismo, se crearon empresas metalmecánicas (Indeco, Exsa, Metales Industriales) y plantas de ensamblaje, con lo cual las empresas extranjeras comienzan a vender tecnología.

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Portocarrero Grados

V

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LA OLIGARQUÍA Existe una relativamente amplia bibliografía respecto a la oligarquía en el Perú, cuyos estudiosos aún no se han puesto de acuerdo en algunos puntos importantes. Sin embargo, podemos señalar algunas características básicas. El término no define a una clase social, sino más bien a la alianza de diferentes fracciones de la clase dominante peruana. Éstas compondrían un bloque en el poder bajo la hegemonía de una de ellas: la burguesía agroexportadora; la burguesía financiera y manufacturera; y los terratenientes tradicionales de la sierra (gamonales). Se trataría de sectores dominantes posibles de ser diferenciados conformando una alianza en el poder, en donde la burguesía agroexportadora componía el grupo hegemónico. Su carácter era bastante cerrado, con características de máxima integración y relaciones sociales endogámicas (Bourricaud habla de la existencia de 40 familias y 10 clanes). Su poder se basaba en el control de las principales instituciones del aparato del Estado, así como de los sectores más importantes de la estructura productiva, cuyo polo hegemónico se encontraba en el sector moderno capitalista de la producción para la exportación (minería, azúcar, algodón, pesca). La fracción financiera y manufacturera era más bien de conformación reciente. Si bien el sector financiero existió antes, en la década del 50 comienza a expandirse a través del sector manufacturero. El gamonalismo representa el sector productivo del agro tradicional, especialmente en la sierra sur. La oligarquía logra el control de las principales instituciones del Estado (Ejecutivo, Parlamento, poder Judicial, municipalidades, universidad) mediante la marginación del sistema político y electoral de la mayoría de la población. Ello porque la oligarquía requiere de un aparato del Estado reducido, que no tenga injerencia en la economía y que sea garante del orden político y social. En ese sentido, establece alianzas con los terratenientes tradicionales de la sierra, los gamonales, para asegurar el control y represión de las masas campesinas. Las alianzas de las fracciones que componen el bloque en el poder pueden sufrir cambios o tensiones, especialmente frente a la presión política y social de los sectores medios y populares. En caso de 1076

ver de alguna forma amenazado el orden establecido, el bloque dominante puede recurrir al uso de la fuerza mediante el golpe de Estado para defender sus intereses. Sin embargo, en lo económico y en lo político, el Estado oligárquico se presenta formalmente como un Estado liberal. Finalmente, dentro del contexto de dependencia de la economía peruana del sistema capitalista mundial, la oligarquía cumple también un rol intermediario frente a los intereses del capital extranjero, cuyos márgenes de autonomía pueden variar según el momento y la situación.

LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO Según ha sostenido Carlos Malpica, antes de 1968 existían seis grupos de poder económico. El primero estaba conformado por las grandes empresas agrarias, mineras y pesqueras, además de las principales empresas comerciales de exportación y de las empresas navieras y de aviación, que en conjunto controlaban la producción y comercialización de los principales productos de exportación mayoritariamente en manos de firmas extranjeras. Entre las empresas agrarias destacaban las propiedades de los hermanos Aspíllaga Anderson, de los hermanos Beltrán Espantoso, la empresa norteamericana Grace y la familia Gildemeister; entre las mineras, la Cerro de Pasco Corporation, la Southern Mining Corporation y la Marcona Mining Corporation; entre las empresas pesqueras, las pertenecientes a Luis Banchero Rossi. El segundo grupo de poder estaba formado por los bancos y las empresas financieras, entre los que destacaban el Banco Popular, perteneciente a la familia Prado, y el Banco Continental controlado por el Chase Manhattan Bank de la familia Rockefeller. El tercero estaba formado por las empresas que controlaban la energía (petróleo y energía eléctrica), las comunicaciones y las productoras de materiales de construcción. Al interior de este grupo destacaban las empresas petroleras International Petroleum Company, la Compañía Petrolera Lobitos y la Belco Petroleum Corporation of Peru; en cuanto a energía eléctrica, las Empresas Eléctricas Asociadas, pertenecientes al grupo sueco Erickson; y en el sector de las comunicaciones predominaba la International

El Perœ contemporÆneo Telephone and Telegraph Company (ITT). Las empresas más importantes en el sector construcción eran Cementos Lima S.A., Cementos Chiclayo S.A. y Cemento Andino S.A. El cuarto grupo estaba compuesto por las compañías comerciales, clasificadas de la siguiente manera: las dedicadas al comercio mayorista e importador (Grace, Hochschild, Wiese, Ferreyros) y las empresas del comercio minorista entre las que destacaban las cadenas de grandes almacenes (Tía, Monterrey, Oechsle, Scala, Sears, Todos y Supermarket). El quinto grupo estaba formado por el sector industrial –sector que en la década del 50 comenzó un proceso de diferenciación y separación de los otros grupos de poder–, incluyendo el rubro textil que ya tenía presencia desde principios de siglo, las empresas ensambladoras de automóviles y de artículos eléctricos de uso doméstico, fabricados en el país, pero cuyos insumos y patentes eran extranjeros. El sexto grupo estaba formado por las empresas urbanizadoras que lotizaron antiguas propiedades agrícolas, especialmente de los alrededores de las ciudades –como Lima–, que fueron diferenciando sus intereses y adquiriendo personalidad propia. En ese sentido, los gremios empresariales más importantes que defendían los intereses de estos grupos, eran los siguientes: Cámara de Comercio de Lima, Sociedad Nacional de Industrias, Sociedad Nacional Agraria, Asociación de Criadores Lanares del Perú, Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y Sociedad Nacional de Pesquería.

LA MOVILIZACIÓN OBRERA

agricultura de exportación –en desmedro de los yanaconas– y a la introducción de nuevas maquinarias en la producción. Las inversiones en la agricultura de exportación y en la minería exigieron, a su vez, una mayor calificación de la mano de obra, como también la migración hacia la costa favoreció la sedentarización de la fuerza de trabajo proveniente de las comunidades campesinas. La tendencia era, pues, a la disminución de los trabajadores del agro: en la década del 60 los trabajadores no agrícolas eran mayoría. Sin embargo, según Sulmont, las actividades que más absorbieron mano de obra fueron las del sector de comercio y servicios o terciario, mientras la manufactura –a pesar del crecimiento de su producción– siguió empleando la misma proporción de trabajadores. Este fenómeno, conocido como “tercerización” de la economía, es expresión de la incapacidad del sector manufacturero de absorber la mano de obra liberada del campo, que encuentra refugio en estas actividades. En 1961, la distribución era la siguiente: sector primario (agropecuario, pesca y minería), 52 %; sector secundario (manufactura y construcción), 17,3%; y sector terciario (servicios y comercio), 16,9%. En ese sentido, cabe destacar al interior de la fuerza laboral la existencia de numerosos centros de producción artesanal (pequeños talleres o industria casera), que absorbían la mayoría de la mano de obra, tanto que a fines de los años 60 los trabajadores de estos talleres representaban casi el doble del sector manufacturero. La mitad de esta población laboral estaba constituida por pequeños propietarios y el resto se dividía entre asalariados y trabajadores familiares no remunerados. Para poder sobrevivir, estos talleres abarataban al máximo la fuerza de trabajo, reduciendo sus gastos en capitales y produciendo bienes de segunda calidad destinados a los consumidores más pobres, para lo cual recurrían al sistema de trabajo a domicilio para abastecer a las grandes tiendas. Los talleres 1077

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Según Cotler, entre 1950 y 1967 el porcentaje de asalariados –obreros y empleados– creció de 45 a 54% al interior de la fuerza de trabajo. Mientras ésta creció en todo el período en 160%, la categoría de obreros se incrementó en 181%, la de empleados en 226% y la de independientes en 134%. Este crecimiento del número de obreros estaría vinculado a los procesos de incorporación de un mayor número de asalariados en las propiedades dedicadas a la

Luis Banchero Rossi, empresario pesquero que constituyó un imperio económico en los años sesenta. Fue uno de los hombres más influyentes del Perú; murió asesinado el 1 de enero de 1972.

Portocarrero Grados

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María Delgado de Odría (al centro con gafas) dirigió la Junta de Asistencia Nacional creada durante el mandato de su esposo, el general Manuel A. Odría, ganándose prontamente el cariño y el respaldo popular. Participó en las elecciones de 1963 para la alcaldía de Lima como la principal adversaria de Luis Bedoya Reyes, quien finalmente ganaría estos comicios.

dependen de la compra de insumos a empresas monopólicas y su acceso al crédito es limitado; se convierten así, más que en una opción de trabajo o de actividad económica, en una forma de subsistencia. Los trabajadores de dichos talleres no cuentan casi con organizaciones sindicales y sus reivindicaciones se manifiestan más bien en cuestiones de subsistencia y en el acceso a servicios urbanos, mayormente a través de asociaciones barriales. Aquí podemos encontrar los antecedentes de la llamada “informalidad” y de los sectores provincianos emergentes. Bajo el régimen de Odría, el movimiento obrero fue muy golpeado ya que la principal organización sindical, la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), estaba bajo control aprista. La CTP fue declarada ilegal y sus dirigentes encarcelados, deportados o asesinados. Este último fue el caso de Luis Negreiros, encargado de la dirección de la CTP en la clandestinidad en reemplazo de Arturo Sabroso. Apresado en la noche del 24 de marzo de 1950, se le aplicó la “ley de fuga” y fue asesinado en la calle. Los locales sindicales fueron allanados y clausurados, y el uso del sistema de “soplonería” estuvo muy extendido. Situación similar sufrieron los sindicatos vinculados al PCP. Esta política represiva estuvo dirigida por el ministro de Gobierno, Alejandro Esparza Zañartu. Paralelamente, Odría buscó ofrecer una imagen positiva con respecto al problema obrero. En 1949 1078

se crea el ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, en cuyo interior se organizó una división de Relaciones de Trabajo para la tramitación de las reclamaciones colectivas, y el Tribunal de Asuntos Colectivos. Asimismo, dictó la ley que otorgó participación a los obreros en los beneficios de las empresas (ley que no llegó a cumplirse y que fue un antecedente de la comunidad industrial), estableció el salario dominical y creó el Seguro Social Obligatorio del Empleado. Sin embargo, la política laboral de Odría se caracterizó por ser clientelística, paternalista y manipuladora. A pesar de la represión y de la política divisionista del gobierno, la CTP sobrevivió. Asimismo, el PCP consolidó su presencia sindical en el sur, impulsando en 1954 el comité reorganizador de la CTP, buscando desplazar al PAP de este gremio. Esta actitud doble del gobierno de Odría era necesaria ya que el régimen necesitaba contar con apoyo popular. Logró éxito en los sectores migrantes urbanos de las barriadas, la empleocracia y la pequeña burguesía, a través de la aplicación de programas de obras públicas, la organización de invasiones en terrenos urbanos y el reconocimiento de muchas barriadas. Asimismo, creó la Junta de Asistencia Nacional, dirigida por su esposa, María Delgado de Odría, para otorgar ayuda material, atención médica y vivienda a gente humilde. Aunque asistencialista y centrada en Lima, tal política logró

El Perœ contemporÆneo nal del Trabajo (OIT) y, más adelante, a la Alianza para el Progreso. En el período 1956-1962 el gobierno reconoció 662 sindicatos, mientras en los seis años siguientes reconoció 1 248. Los años con mayor protesta social fueron 1961 y 1962. Sin embargo, al interior de la CTP, el PAP debía enfrentar la oposición de los sectores no apristas, lo cual dio inicio a su desplazamiento en el control de las organizaciones sindicales. Paulatinamente, importantes federaciones y sindicatos comenzaron a romper con la CTP y surgieron organizaciones paralelas controladas por otros sectores políticos (PC, AP, DC). Sin embargo, el PAP logró mantener el control y la cohesión de la CTP hasta la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por el PCP. La oposición logra dar surgimiento al Comité de Reorganización y Unificación Sindical (CRUS) de la CTP, en 1962, en el contexto del golpe de Estado de la junta militar. Al día siguiente del golpe, la CTP convocó a un paro general de rechazo, que fracasó rotundamente, lo cual significaba que el PAP mostraba ya incapacidad para movilizar a los sindicatos; días después se formaba el Comité de Reorganización. Pero ante la cohesión y fuerza de las organizaciones sindicales apristas, dicho organismo asumió en 1965 la línea –impulsada principalmente por el PCP– de fundar una central independiente, aglutinando a los sindicatos y federaciones no apristas. A pesar de las expectativas generadas por el gobierno de Belaunde, su gestión se caracterizó por fuertes enfrentamientos laborales. Solamente durante el primer año se produjeron tres importantes huelgas: la de Loza Inca, la de la Federación Metalúrgica y la de la Federación de Empleados Bancarios; aunque ninguna prosperó, debido a las divisiones sindicales internas. Sin embargo los efectos antipopulares de la crisis devaluatoria dieron nuevo impulso a la movilización sindical, pero especialmente al proceso de conformación de una central sindical alternativa a la CTP. Ya en 1965 se había formado el Comité de Defensa y Unificación Sindical (CDUS), que asumió la dirección de las protestas contra el gobierno, mientras el PAP buscaba un acuerdo con éste, que culminaría en la conformación del “gabinete conversado”. Ello provocó un mayor distanciamiento de los organismos sindicales con respecto a la CTP. Finalmente, en julio de 1968 en el puerto del Callao, el CDUS organizó un congreso que aprobó la creación de una nueva central sindical. En dicho congreso participaron 19 federaciones y 66 sindicatos, representando aproximada1079

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darle a Odría el apoyo de importantes sectores populares urbanos, expresado en las abultadas votaciones que alcanzó en 1962 y 1963. En la década de 1950 también comienza a ser difundido el llamado “sindicalismo libre”, especialmente por la CTP controlada por el PAP. Se basaba en la idea de fomentar la negociación colectiva como principal medio de evitar la confrontación entre capital y trabajo, buscándose de esta manera –en el contexto de la Guerra Fría– que los obreros rechazasen el comunismo y apoyasen la promoción de la libre empresa. Así, el sindicalismo libre se presentaba como una fuerza reformista favorable a la modernización y a las actividades industriales, así como a la mejora del nivel de vida y de las condiciones de trabajo. Esto no impidió, como ya hemos señalado, la represión a los sindicatos obreros más radicales. Los problemas laborales empezaron a agudizarse durante el segundo gobierno de Prado. En diciembre de 1957 se produjo una huelga de los empleados públicos de correos y telégrafos, lo cual legalmente no estaba permitido. El diputado Carlos Ledgard, presidente de su cámara, actuó como mediador y se dictó una ley para financiar los aumentos mediante la subida de las tarifas de correos. En 1958 se realizó un paro en la ciudad del Cuzco, que fue reprimido con dureza. Los huelguistas ocuparon la prefectura, apresaron al jefe militar de la plaza, propusieron la formación de un comité popular o soviet y mantuvieron la ciudad bajo su control durante dos días. A principios de 1959 los trabajadores bancarios presentaron su pliego de reclamos y, al no llegarse a acuerdo alguno, iniciaron la huelga. En marzo de 1959 los banqueros presionaron por la elevación de las tasas de interés, entre otros recursos, para poder solucionar el aumento de los empleados bancarios. Otra huelga importante fue la del Seguro Social, en julio de 1962; duró 10 días y fue acatada a nivel nacional. Otras huelgas durante los últimos días del gobierno de Prado fueron: la de la fábrica Hartinger, la iniciada por los empleados de la Beneficencia Pública del Callao, así como las de la firma Imaco y la Compañía Peruana de Teléfonos. Según ha sostenido Sulmont, el rol del PAP durante estos años fue mantener la estabilidad laboral, ya que participaba de la política de la Convivencia. Al controlar la CTP, el PAP se convirtió en el intermediario obligado entre el Estado y el movimiento obrero. El Estado sólo reconocía los trámites sindicales que la CTP realizaba, por lo que ésta llegó a representar al 25% de los obreros. La CTP se encontraba, además, afiliada a la Organización Internacio-

Portocarrero Grados mente a 140 mil trabajadores. La nueva central nombró como secretario general a Isidoro Gamarra, dirigente del sindicato de Construcción Civil, y tomó el nombre de Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), en honor a la central sindical fundada por José Carlos Mariátegui en 1929.

LA CRISIS DEL LATIFUNDIO TRADICIONAL

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La estructura social del agro, antes de la reforma agraria de 1969, estuvo basada en una compleja combinación de sistemas y relaciones de trabajo, de tipo asalariado, servil, parcelario, además de múltiples formas mixtas. En 1961 los trabajadores del campo se distribuían de la siguiente manera: parcelarios (comuneros y pequeños propietarios independientes), 60%; arrendatarios (aparceros, yanaconas y colonos), 15%; y asalariados permanentes, 25%. El proceso de modernización capitalista, que tuvo un nuevo impulso en la década del 50, alteró el

El latifundio tradicional entró en los años sesenta en una seria crisis ocasionada por la caída de los precios agrícolas y la migración del campo a la ciudad. En la fotografía un danzante de la diablada en Puno.

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mundo rural tradicional. Como resultado del proceso de industrialización bajo el modelo de “sustitución de importaciones”, las relaciones campo-ciudad sufrieron un cambio drástico en desmedro del primero, expresado en el deterioro de los precios agrícolas a pesar del aumento de la demanda urbana. La elección de una política económica de importación de alimentos, de control de precios y de concentración del crédito en la agricultura costeña, significó castigar duramente la economía campesina, pero también sacrificar los intereses de los latifundistas tradicionales en favor del desarrollo capitalista. El desarrollo industrial requería la constitución de un amplio mercado interno de trabajadores libres y de productores y consumidores de mercancías diferenciadas. El deterioro de las condiciones de vida en el campo significó también la expulsión de importantes contingentes serranos –población “excedente” en relación a los medios de producción y subsistencia disponibles-, que comenzaron a migrar a las ciudades, especialmente hacia Lima. Éstas se convirtieron así en un importante polo de atracción de mano de obra ilusionada con la idea de encontrar mejores niveles de vida. La población rural disminuyó en relación a la población urbana: en 1940 representaba el 65% del total, en 1961 el 53% y en 1972 sólo el 40%. Los conflictos que surgieron entre el campesinado y los terratenientes caracterizan también a este período. Los terratenientes necesitaban cambiar sus relaciones con el campesinado, pero sin transformar las formas de dominio tradicionales; es decir, imponer condiciones más duras. En el caso de las haciendas tradicionales de la sierra, los propietarios presionaron para erradicar los antiguos sistemas y expulsar a los campesinos, proletarizándolos. En las haciendas ganaderas del centro se intentó expulsar a los “huacchileros”, pastores que tenían sus propios rebaños junto con los del hacendado. Además, la sección ganadera de la Cerro de Pasco Corporation cercó las tierras de pastoreo que eran utilizadas tradicionalmente por las comunidades. Sin embargo, las ganancias fueron orientadas hacia la inversión en sectores urbanos y la mayoría de latifundios se mantuvo muy atrasada, usando formas serviles de trabajo campesino. En la ceja de selva comenzaron a desarrollarse cultivos de té y café para la exportación. La incapacidad de los terratenientes para cambiar la situación a su favor y las luchas campesinas por la tierra que abarcaron los años 1948-1964 fueron las causas del derrumbe del latifundio tradi-

El Perœ contemporÆneo cional. Ello fue así pese a los tímidos proyectos de reforma agraria que intentaron concretar los diferentes gobiernos. Cuando el gobierno militar dictó la ley de Reforma Agraria de 1969, sólo le dio el golpe final.

LAS MIGRACIONES Con la crisis del orden tradicional en el campo, las ciudades se constituyen en importantes polos de atracción de migrantes. La aparatosa caída de los ingresos rurales, unida al desarrollo del capitalismo urbano y sus patrones culturales, alentaron a los medianos propietarios agrícolas y a los campesinos, especialmente serranos, a migrar a las ciudades costeñas donde percibían canales abiertos de movilidad social. Las migraciones hacia las ciudades no eran un fenómeno nuevo, pero las características de la migración interna desde 1940 fueron diferentes a las de siglos anteriores. En primer lugar, habría que resaltar su masividad: según datos de los censos, el porcentaje de la población peruana en situación de migrante subió de 11% en 1940 a 25% en 1972, lo que significa la cuarta parte de la población total. En segundo lugar, los migrantes ya no proceden de las principales capitales de provincia ni pertenecen a sectores medios y altos que buscan en las ciudades consolidar su posición económica o realizar estudios universitarios, sino que proceden mayoritariamente de diferentes distritos, comunidades o pueblitos serranos. En tercer lugar, las edades de los migrantes suelen estar entre los 14 y los 19 años, cuando ya pueden empezar a trabajar.

Indio del Collao por Enrique Camino Brent. La movilización de la población rural hacia las ciudades más importantes del país contribuyó a dibujar una nueva sociedad con expectativas y valoraciones diferentes a las de sus antecesores.

Además de la crisis del orden tradicional en el campo como causa de las migraciones, habría que sumarle el centralismo limeño, el lento declive de la mortalidad gracias a la aplicación de políticas de salubridad pública y la construcción de importantes vías de comunicación, especialmente terrestres. El efecto inmediato de las migraciones se dio a nivel del empleo. El abandono del campo invirtió el volumen de población rural y urbana con los consiguientes transtornos. La masiva migración a las ciudades hizo patente que el Estado no estaba en capacidad de satisfacer las exigencias de educación, salud, vivienda y trabajo de quienes llegaban a radicarse en ellas. Como ha sostenido Aníbal Quijano, ello creó el fenómeno de la “marginalidad”: una población en permanente estado de desempleo y subempleo.

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La feria de Polvos Azules en Lima en una fotografía de 1992. La mayoría de migrantes se refugió en el desarrollo de actividades económicas consideradas informales. Esta economía –llamada también “subterránea”– moviliza un importante patrimonio.

Portocarrero Grados Franklin Pease ha señalado que la migración no es sólo física, sino también cultural. Ello ha provocado el cambio en el rostro de las ciudades, especialmente Lima, que han pasado de tener un carácter occidental y criollo a otro mestizo y andino. Se han modificado las pautas lingüísticas, lo que se expresa en un aumento del bilingüismo, han emergido nuevas conductas festivas, que incluyen el desplazamiento de música costeña por diversas manifestaciones regionales serranas o la “chicha”, mal llamada “música tropical andina” –que adapta ritmos andinos a la instrumentación moderna y desarrolla temas que fortalecen las identidades de los migrantes–, y a múltiples manifestaciones de religiosidad popular. Pero las migraciones hacia las ciudades también agudizaron los sentimientos ambivalentes de desprecio y temor de los sectores medios y altos urbanos –y aun populares– limeños, frente a los migrantes, quienes comenzaron a crear cercos de pobreza alrededor de las ciudades. Así, al temor y desprecio de clase se sumaron los prejuicios étnicos, con su cuota de discriminación y racismo. Con ello se reforzó también la denominada “arcadia colonial” de la ciudad de Lima, en palabras de Sebastián Salazar Bondy.

EL PROCESO DE URBANIZACIÓN

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El aumento de la población urbana a causa de las masivas migraciones ha producido un creciente proceso de urbanización con un consecuente crecimiento caótico y desmedido de las ciudades, incapaces de absorber y otorgar servicios básicos a una población cada vez más creciente. Entre estos servi-

cios el aspecto más saltante ha sido el problema de la vivienda, reflejado en el fenómeno de las invasiones y el surgimiento de las barriadas. Originalmente la ocupación de terrenos se daba lejos de las zonas residenciales, pero el exceso de población ha ido uniendo a estos sectores con el resto de la ciudad y las invasiones se han proyectado dentro de las zonas urbanizadas. De esta manera surgieron nuevos distritos, cuyos orígenes se remiten a invasiones de tierras. En la actualidad, debido a la escasez de éstas y al crecimiento desmedido de las ciudades, las invasiones han pasado a afectar tierras de cultivo y zonas arqueológicas. Según datos recogidos por Margarita Guerra, una de las primeras barriadas de Lima se conformó en el cerro San Cosme, a mediados de 1946, producto de un desalojo de familias para realizar nuevas construcciones. No teniendo recursos económicos estas familias se ubicaron en la avenida Aviación, sumándose posteriormente otros pobladores. De allí pasaron al cerro San Cosme frente al mercado Mayorista, donde conformaron una asociación de pobladores que abrió la inscripción de las familias que querían un lote. Los propietarios iniciaron un juicio, ganado a mediados de 1947, pero los pobladores se resistieron y el gobierno dejó sin efecto el fallo judicial, reconociendo la propiedad de los pobladores. Hacia 1957 el número aproximado de barriadas era de 20, la mayoría de las cuales se había formado en la década anterior. La ubicación de estos asentamientos ocurrió en los alrededores del distrito del Rímac, donde nacieron Santa Rosa, Tarma Chico, El Altillo y El Ermitaño. También se formó, en la falda del cerro La Tapada, el asentamiento Mariscal Castilla inicialmente llamado Restauración 27 de Octubre. Tanto en este caso como en otros posteriores, los invasores ponían nombres alusivos al gobierno de turno, tratando de esta manera de ganar su favor. Otras barriadas del Rímac son: Jardín Castilla, Jardín Huascarán, Villa de Fátima y Leticia –una de las poblaciones más antiguas y La migración produjo en algunas familias éxito económico, pero también generó un cerco de abandono y carencias en vastas zonas de la capital. En la imagen viviendas del cerro San Cristóbal, en Lima.

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El Perœ contemporÆneo de escasos recursos que se ubicó en las faldas del cerro San Cristóbal–; en los Barrios Altos se estableció la tristemente célebre Huerta Perdida. La otra gran expansión de barrios clandestinos o suburbanos se produjo en el distrito de La Victoria, que abarca la zona que va desde la avenida Grau hacia las avenidas 28 de Julio e Isabel La Católica, y que de allí sube hacia la carretera Central. Allí se establecieron El Porvenir, Mendocita, cerro San Cosme, El Agustino, cerro San Pedro, Santa Clara de Bella Luz, Doña Luz e Independencia. Lima pasó de una población de 533 645 habitantes en 1940 a 2 245 067 en 1971.

EL CENSO DE 1961

LAS MOVILIZACIONES CAMPESINAS (1945-1964) Según Sulmont, existieron dos tipos de movilizaciones campesinas: el primero corresponde a las

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Este censo fue el VI de Población y el I de Vivienda y se realizó el 2 de julio de 1961. Sus resultados señalaron un total de 9 906 746 habitantes, divididos en 4 925 518 hombres y 4 981 228 mujeres, con un ritmo de crecimiento de entre 2,5 y 3,5% al año. La población rural abarcaba alrededor del 55% del total (5 208 568 millones) y la urbana el 45% restante (4 698 178 millones). La población de Lima llegaba a los 2 031 051 habitantes (casi el 20%). La mayor concentración de población estaba entre los 0 y los 9 años con casi un 30%. La PEA ascendía a 3 045 000 habitantes con 1 900 700 para el campo y 1 144 300 para la ciudad. Como ha resaltado Franklin Pease, a diferencia del Censo de 1941, el de 1961 ya no incluyó variables altamente dudosas basadas en la composición racial, pues categorías tales como “indio” o “mestizo” no sólo eran categorías raciales sino también sociales. Pero sí mantuvo indicadores discutibles como la definición de “centro urbano”: se consideraba urbana aquella población que vivía en las capitales de las circunscripciones territoriales o distritos, una distinción arbitraria porque muchas de ellas podrían ser fácilmente consideradas “rurales”. Es cierto que cualquier delimitación que se haga en este terreno sería igualmente arbitraria, sea por circunscripción política o por núcleo de habitantes por poblado, desde que la noción de “urbano” podría también pensarse en relación con la presencia o ausencia de determinados servicios (educación, salud) o por el tipo de dedicación laboral.

haciendas agroindustriales de la costa, en las que la sindicalización había avanzado con la organización de la Federación de Trabajadores Azucareros (bajo control del PAP) y la Federación de Yanaconas y Campesinos del Perú (bajo control del PCP). En 1960, ambas federaciones se unificaron en la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP). Entre 1957 y 1960 se desarrollaron importantes movilizaciones en haciendas como Cayaltí, Pomalca, Casagrande y Paramonga, en las cuales se realizaron matanzas de trabajadores. El segundo tipo de movilización corresponde a las haciendas tradicionales de la sierra. Allí cobró gran importancia la toma de tierras (recuperación o invasión, según el punto de vista) por parte de las comunidades, especialmente entre 1960 y 1963. Aquí también se cometieron matanzas contra los campesinos como en Calipuy, Rancas y Yantac. En la sierra sur se desarrollaron los sindicatos de arrendires, allegados y feudatarios para defender sus tierras y los intentos de monopolización de los beneficios de la producción de té y café. En 1962, el PCP funda la Confederación Campesina del Perú (CCP) en contraposición a la FENCAP del PAP. Sin embargo, ambas organizaciones fueron muy golpeadas por los efectos desmovilizadores de la reforma agraria de 1962 y 1964, y por la represión derivada de la lucha contra las guerrillas en 1965. Asimismo, en 1964 la división al interior del PCP afecta a la CCP cuando uno de sus asesores, el abogado Saturnino Paredes, encabeza la línea maoísta. Investigadores como Alberto Flores Galindo y Pedro Gibaja dividen en tres momentos este período de las luchas campesinas por la tierra. El primero, de 1945 a 1948 –bajo la influencia del PAP y las posibilidades que ofrecía el régimen democrático de Bustamante y Rivero–, cuando diversas comunidades de la sierra central comienzan a gestionar su reconocimiento oficial de conformidad con la ley promulgada durante el Oncenio, acontecimientos que fueron acompañados por el inicio o reinicio de procesos judiciales entre comunidades y haciendas. A su vez, al interior mismo de las haciendas las relaciones de dependencia personal ingresan a una crisis definitiva cuando los colonos organizan sus primeros sindicatos, sumándose a los del proletariado agrícola y a los yanaconas de la costa. Este proceso fue interrumpido por la dictadura de Odría, que aplicó una dura persecución al sindicalismo comunista y aprista. El segundo momento va de 1956 a 1962, cuando la movilización campesina y el sindicalismo campesino se propagan de la sierra central

Portocarrero Grados Mujeres serranas de Sabino Springett. Una de las repercusiones de las movilizaciones campesinas fue el replanteamiento del problema agrario y la urgencia de una reforma. A pesar de la intención de Belaunde por impulsar una legislación agraria progresista, el tímido ensayo legislativo de 1964 dejó pendiente el problema hasta la reforma promulgada por Juan Velasco Alvarado en 1969.

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a otras áreas del país, en especial al departamento del Cuzco, teniendo su expresión más alta en la ocupación del valle de La Convención por los sindicatos campesinos organizados por Hugo Blanco. El tercer momento, de 1962 a 1964, se caracteriza por la generalización de las ocupaciones –o recuperaciones– masivas de tierras a través de los sindicatos campesinos, pese a la represión estatal, situación que se da a lo largo y ancho del país, aunque en menor grado en el norte y la costa. Ello llevó a un replantamiento del debate alrededor de la reforma agraria. Desde 1964 se asiste a un descenso de la movilización campesina. Estos 20 años debilitaron la economía terrateniente, afectaron los mecanismos de reciprocidad entre hacendados y colonos, y socavaron las bases del poder local. Muchos hacendados comenzaron a abandonar sus propiedades y otros a parcelarlas o a venderlas a los campesinos. Este proceso de parcelación, realizado por los latifundisEn la historia colonial los indígenas exigieron el respeto de sus derechos ante los jueces y tribunales. Esta práctica histórica, que es común a muchos pueblos colonizados y sociedades rurales, se prolongó en la época republicana. Genaro Ledesma Izquieta (al lado derecho) fue asesor de comunidades campesinas en sus disputas legales por tierras.

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tas temerosos de la movilización campesina, fue denominado “reforma agraria privada”. Flores Galindo ha resaltado algunos rasgos de estas movilizaciones, diferenciándolas de las ocurridas en otros períodos históricos. En primer lugar, las ocupaciones de tierras fueron antecedidas por disputas judiciales entre las comunidades y las haciendas. Para ello, los campesinos recurrieron a personeros o representantes legales como Genaro Ledesma Izquieta y exhibieron títulos de propiedad que en muchos casos databan del período colonial. Estos juicios mostraban el espíritu legalista que caracteriza al campesinado andino, ya que las ocupaciones eran anunciadas con anterioridad y en las primeras etapas ocurrieron sin producir enfrentamientos violentos (quienes recurrieron a la violencia fueron los hacendados o la policía, produciéndose masacres de campesinos y enfrentamientos violentos entre 1962 y 1964). En segundo lugar, la movilización campesina abarcó gran parte del territorio nacional, de la sierra norte a la sierra sur, las

El Perœ contemporÆneo sina no pudo realizar una revolución agraria por sí misma? La carencia de apoyo de otros sectores sociales, su heterogeneidad y falta de centralización, la falta de una dirección política y la hábil política del Estado de combinar represión con concesiones, fueron las razones más importantes.

LOS DEBATES ACERCA DE LA REFORMA AGRARIA Como ha reseñado Henry Pease, hacia fines de los 50 la presión de la lucha por la tierra comienza a tener efecto en el sistema político. Producto de una mayor integración debido al incremento de las comunicaciones, las protestas campesinas comenzaron a tener rápido impacto en Lima, centro del sistema político. El campesino se hace oír en la ciudad a través de las cámaras de televisión, la prensa y la radio. El debate parlamentario en los años 1958 y 1959 generó en la opinión pública la convicción de la urgencia de una reforma agraria. El gobierno de Manuel Prado constituyó una comisión presidida por Pedro Beltrán, en ese entonces premier y ministro de Hacienda y Comercio, e integrada por otros representantes de los propietarios de grandes extensiones de tierra. Dicha comisión, al mismo tiempo que una propuesta sobre la vivienda, elaboró un proyecto de ley de Reforma Agraria centrado en acciones de colonización, en el cual sólo los predios no trabajados resultaban sujetos a afectación. A partir de este proyecto se dictó una ley de Inmigración para facilitar la colonización de zonas de la selva alta y favorecer la ocupación de predios no trabajados. Dicha ley se basaba en la desgravación de im-

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zonas altoandinas y la costa, e incluso la ceja de selva, aunque no se llegó a constituir una dirección nacional unificada. En tercer lugar, a la participación de las comunidades campesinas se suman de manera masiva y por medio de la sindicalización, los colonos de haciendas, lo cual dará a la movilización campesina un carácter ofensivo frente a los hacendados. En ese sentido, la composición social de la movilización campesina es vasta y heterogénea: comuneros, colonos, proletarios agrícolas y yanaconas. En cuarto lugar, el predominio de los objetivos campesinos frente a las reivindicaciones étnicas. El objetivo central de la movilización campesina fue la lucha por la tierra, al cual se suman claros objetivos antifeudales: abolición de las formas serviles y el trabajo gratuito a favor de la implantación del salario (o su aumento si existía), la jornada de ocho horas, el derecho a la escuela y otros servicios. Algunos componentes indígenas se mantuvieron en estas protestas, como el uso reiterado del quechua en mítines y asambleas, el empleo de la música andina en las ocupaciones y los rasgos mesiánicos que rodearon a líderes campesinos como Hugo Blanco. Finalmente, el uso de símbolos como la bandera y el himno nacional; por un lado, se usaban como un medio para buscar un terreno común de negociación y sortear la represión, pero significaban también la incorporación al mundo campesino de un componente ideológico como es el nacionalismo. Este aspecto de lo nacional también se puede encontrar en la búsqueda de apoyo en otros sectores sociales, especialmente urbanos. Es obvio que estos rasgos están relacionados con los cambios ocurridos en la estructura social: la penetración del capitalismo en el campo, la conformación de un mercado interior y las migraciones; procesos que confirieron movilidad al campesinado y ampliaron sus posibilidades de conciencia, a la vez que fueron articulando los diversos espacios componentes del territorio peruano. Pero ¿por qué, pese a su fuerza y amplitud, la movilización campeUno de los argumentos de los grupos opuestos a una reforma agraria era la colonización de la selva peruana para usos agrícolas. La idea de una “conquista del Este peruano” se tradujo en una legislación dictada durante el mandato de Manuel Prado Ugarteche.

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Portocarrero Grados puestos a los capitales privados que incrementaran la producción y propiciaran el afianzamiento de grupos humanos en la selva; las tierras selváticas no trabajadas que fueran útiles para colonización serían revisadas y utilizadas para la formación de granjas; se ofrecía asesoría técnica y crediticia al colono por medio del Instituto de Reforma Agraria y Colonización; los colonos preferenciales serían obreros excedentes de alguna compañía minera o de otras industrias que no podían ser absorbidos por otras actividades. Debido a esta ley se establecieron colonias en los departamentos de Junín, San Martín, Amazonas, Cuzco, Madre de Dios y Puno. Al asumir el gobierno, Belaunde se comprometió a ejecutar una amplia y resuelta reforma agraria. La oposición APRA-UNO frenó sistemáticamente esta reforma, logrando que la ley Nº 15037 de 19 de mayo de 1964 no afectara los complejos agroindustriales azucareros mediante un estatuto de excepción; la ley parecía entonces apuntar hacia el terrateniente tradicional de la sierra. Si bien al principio dicha afectación estaba permitida legalmente, la Coalición movió todos sus recursos en el Parlamento y el poder Judicial para impedir su ejecución y la asignación de fondos y recursos para el pago de las expropiaciones. La ley contemplaba la afectación escalonada según la extensión de tierras, disponiendo asimismo la abolición de los servicios personales vinculados a la tierra y determinando un nuevo régimen de aguas. Sin embargo, la misma ley admitía los denominados “regímenes de excepción”, aplicables a las haciendas cuyo producto fuese destinado al abastecimiento de plantas industriales (haciendas azucareras y algodoneras). Se creó, además, un Consejo Nacional Agrario –integrado por delegados del Ejecutivo y del Parlamento, así como por representantes de los propietarios–, en el cual el Ejecutivo estaba en minoría. Había dos representantes de los trabajadores: un delegado de la FENCAP y otro de la CTP, ambas controladas por el PAP. Había, además, delegados de los grandes propietarios: de la Sociedad Nacional Agraria y de la Sociedad de Ganaderos del Perú. Para distraer los esfuerzos de la comisión se dio prioridad a la reforma en los lugares donde existían feudatarios. Con ello no se afectaba esencialmente el sistema de tenencia de la tierra y se conseguía el respaldo de miles de pequeños propietarios. Paralelamente, se dejaba de lado toda acción contra los grandes propietarios. Poco a poco el gobierno de Belaunde se doblegó, frenando la reforma agraria. El ritmo de afectación en el período fue muy lento: hasta el 30 de setiembre de 1968 se 1086

habían expropiado 769 942,53 ha, y 214 286,45 ha tenían concluidos sus trámites de expropiación, pero sin financiamiento para terminar el proceso. En total se beneficiaron 11 760 familias.

EL PROBLEMA DEL PETRÓLEO Como ha reseñado Kuczynski, desde la década de 1930 el tema del laudo a La Brea y Pariñas no había vuelto a ser tocado. Ello se debió fundamentalmente a la falta de un punto de vista nacional único acerca de la importancia económica de la IPC, su impacto en las relaciones con Estados Unidos y las posibles ventajas de su nacionalización. Según Kuczynski, estaba comprobado que a fines de los años 60 la IPC era el segundo contribuyente en el Perú, ya que producía tres cuartos del crudo del país y era un gran proveedor de empleo, especialmente en la ciudad de Talara. Las posiciones contrapuestas se reflejaron en los diarios más importantes de entonces: La Prensa defendió a la IPC, apoyada por el gobierno de Prado y el PAP. En cambio, El Comercio denunciaba su presencia como un enclave colonial, aglutinando a los partidos y sectores nacionalistas. Paulatinamente, iba constituyéndose una opinión pública mayoritaria a favor de la expropiación. La posición de la embajada de los Estados Unidos varió con los años y no siempre fue similar a la de la empresa en cuestión. Sin embargo, su mensaje en las décadas del 50 y 60 era que “dañar” o “hacer algo” a la IPC sería muy malo para las relaciones con los Estados Unidos, ya que una acción en contra constituiría un precedente negativo para las relaciones entre las compañías norteamericanas y otros países productores de petróleo. El gobierno norteamericano incluso amenazó con aplicar la enmienda Hickenlooper, que obligaba al Ejecutivo de los Estados Unidos a cortar la compra de azúcar en caso de realizarse expropiaciones que no fueran rápida y efectivamente pagadas. También se hallaba latente la posibilidad de la suspensión total de la ayuda norteamericana. El diario El Comercio había atacado a la IPC desde antes de la Segunda Guerra Mundial, haciendo campaña a favor de la expropiación desde fines de los años 50. Se decía que los sentimientos de su director, Luis Miró Quesada, contra la IPC, habían despertado cuando desembarcó en el puerto de Talara, centro de operaciones de la IPC, a fines de los años 20 y leyó un letrero que decía: “Talara. Puerto norteamericano”.

El Perœ contemporÆneo La opinión del Ejército también evolucionó gradualmente. A partir de 1967, su posición era que la IPC debía irse de una forma u otra. Bajo el gobierno de Odría, la IPC aceptó someter sus operaciones al régimen normal peruano de impuestos a la renta. En 1957, la compañía pidió al gobierno de Prado transferir La Brea y Pariñas al sistema de concesiones de la ley de Petróleo de 1952. La petición, sin embargo, fue rechazada, ya que la IPC quería seguir pagando impuestos a las tasas especiales más bajas aplicables a ella. En 1959 el suspenso de las relaciones entre la IPC y el gobierno peruano terminó, pues Pedro Beltrán –como premier y ministro de Hacienda– decretó el alza del precio de la gasolina, que implicaba un incremento de los impuestos a las utilidades pagaderas por la IPC; asimismo, el decreto permitía que el gobierno negociara una concesión regular para La Brea y Pariñas, de acuerdo a la ley de Petróleo de 1952, lo que fue condenado tanto dentro como fuera del Congreso. Aunque el voto de censura contra Beltrán fracasó, el arreglo con la IPC no llegó a concretarse. Una serie de proyectos de ley para la nacionalización de La Brea y Pariñas fueron presentados durante el debate; aun cuando ninguno de ellos fue aprobado, sirvieron para discutir nuevas alternativas. Una de las razones del apoyo a Belaunde en 1962 por parte de la junta militar había sido su posición respecto a la IPC. El día que asumió la presidencia prometió entregar al Congreso, en 90 días, una propuesta de arreglo definitivo con la IPC, nombrando al independiente Mario Velasco para encabezar las negociaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo. Asimismo, la Coalición entorpeció los arreglos al

La solución definitiva de las diferencias entre el Estado peruano y la International Petroleum Company fue uno de los primeros puntos de la agenda política de Fernando Belaunde Terry. La lenta negociación produjo una sensación de malestar en la opinión pública, a lo que se sumó el escándalo de la llamada página 11 del Acta de Talara.

Gran parte de las propuestas de Fernando Belaunde serían desvirtuadas por la oposición conformada por el APRA y la UNO, que tenían mayoría en el Congreso. Con Isaac Lindley, en una fotografía de 1965.

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igual que otras reformas importantes. No aceptó el proyecto de ley que devolvía la propiedad del subsuelo al Estado peruano, y más bien dictó leyes que entorpecieron las negociaciones y sometieron cualquier posibilidad de acuerdo con la IPC a la mayoría parlamentaria de la Coalición. Belaunde no sólo debió enfrentar a la Coalición sino además las divergencias al interior de su propio partido, tanto de sectores conservadores como radicales. Por otro lado, a lo largo de la administración belaundista, el gobierno de Estados Unidos condicionó, en diversos grados, la disponibilidad y volumen de los fondos de la AID a la solución del problema de la IPC, aunque ninguna parte de las operaciones fue expropiada. Dentro de este contexto, en medio del proceso de recomposición de las alianzas políticas en 1968, se produciría el escándalo del Acta de Talara.

Portocarrero Grados

EL RÉGIMEN MILITAR (1968-1980) I

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EL OCASO DEL PODER OLIGÁRQUICO Las reformas, al otorgar derechos económicos y sociales a las mayorías populares, tuvieron claros objetivos antioligárquicos y de búsqueda de una base social que apoyara al régimen militar que se iniciaba. Ello contribuyó al desarrollo de la organización popular autónoma frente al Estado y a los partidos políticos, la cual fue desde el inicio una de las contradicciones del proyecto reformista militar. Los intereses económicos, políticos y sociales afectados por las reformas vieron en la organización popular un desafío sin precedentes, ya que no contaban con el apoyo directo del Estado ni de los partidos políticos, que se vieron recortados en su accionar durante todo el período. Habían perdido, pues, el control de la situación. La capacidad del reformismo militar para implementar dichas medidas y la de los sectores populares para organizarse autónomamente debe hallarse en el llamado proceso de democratización social abierto con la crisis del poder oligárquico desde la década del 50, expresada en el cuestionamiento de su dominación, vista como ilegítima. Gracias a tal proceso fue posible la liquidación del terrateniente tradicional mediante la reforma agraria; la obtención de importantes derechos económicos y sociales como la estabilidad laboral; la organización sindical y una más real mediación del Estado en los conflictos laborales; y el impulso a la participación de los trabajadores en la gestión y propiedad de las empresas, mediante las cooperativas agrarias y las empre1088

sas de propiedad social. Estas medidas cuestionaban el carácter privado de la propiedad, por lo que despertaron entre los propietarios una resistencia mayor que la mostrada frente al crecimiento del Estado y su intervención en la economía, de la cual supieron obtener importantes beneficios. Estas reformas, que buscaban contener una explosión social inminente, casi se constituyen en el germen de una revolución más radical.

EL MANIFIESTO DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Mientras se realizaban las negociaciones para la formación de la junta revolucionaria, fue lanzado un primer comunicado fechado el 2 de octubre, que establecía las razones del golpe. En primer lugar, se señalaba la resistencia de “poderosas fuerzas económicas, nacionales y extranjeras, en complicidad con peruanos indignos” a la “realización de las básicas reformas estructurales”. En segundo lugar, una negativa marcha económica, donde además de la crisis generada “han quedado comprometidos nuestros recursos en condiciones de notoria desventaja para el país, lo que determina su dependencia de poderes económicos, lesionando nuestra soberanía y dignidad nacionales”. En tercer lugar, la inmoralidad en la administración pública, generada por la “ambición incontrolada dentro del ejercicio de las actividades inherentes a los poderes Ejecutivo y Legislativo, (y) en el desempeño de los cargos públicos

El Perœ contemporÆneo

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de administración”. Por último, el fracaso del programa reformista de Belaunde – “que fue esperanza de renovación y de transformaciones revolucionarias”– debido a “la indefinición, la componenda, la inmoralidad, el entreguismo, la claudicación, la improvisación, la ausencia de sensibilidad social, caracteres constitutivos de un mal gobierno, que en tales condiciones no debía seguir detentando el poder”. Pero la gota que derramó el vaso fue la alianza de Belaunde con el El 3 de octubre de 1968 fue depuesto el arquitecto Belaunde. El gobierno militar impulsaría PAP y el Acta de Talara: una serie de reformas que modificaron el perfil social y productivo de la sociedad peruana. “La culminación de los desaciertos ha tenido lugar en el uso incontrolado y doloso de inconstituciona- res morales que aseguren a nuestra patria la conseles facultades extraordinarias concedidas al Ejecuti- cución de sus superiores destinos”. vo, así como en la seudo solución, entreguista, dada al problema de La Brea y Pariñas, que evidencian LA JUNTA DE GOBIERNO que la descomposición moral en el país ha llegado a El golpe había comenzado a ser planificado desextremos tan graves que sus consecuencias son imde los primeros meses de 1968 por oficiales del previsibles para el Perú”. Como programa y principios rectores el mani- Ejército, encabezados por el general de división fiesto señalaba que: “La acción del gobierno revo- Juan Velasco Alvarado. El grupo estaba compuesto lucionario se inspira en la necesidad de transfor- por cinco generales y cuatro coroneles; el núcleo de mar la estructura del Estado, en forma tal que permita una eficiente acción de gobierno; transformar las estructuras sociales, económicas y culturales; mantener una definida actitud nacionalista, una El general de clara posición independiente y la defensa firme de división Juan la soberanía y dignidad nacionales; restablecer ple- Velasco namente el principio de autoridad, el respeto y la Alvarado observación de la ley, el predominio de la justicia y encabezó la junta que depuso de la moralidad en todos los campos de la actividad a Fernando nacional”. Asimismo, “el gobierno revolucionario Belaunde Terry declara su respeto a los tratados que en el orden in- en 1968. Las ternacional tiene celebrados el Perú; que se man- acciones de su tendrá fiel a los principios de nuestra tradición oc- gobierno cancelaron a la cidental y cristiana; y que alentará la inversión ex- llamada tranjera que se sujete a las leyes e intereses nacio- oligarquía nales”. Finalmente, el gobierno revolucionario peruana y a la “hace un llamado al pueblo peruano a fin de que, vez iniciaron el confundido con la Fuerza Armada, luche por lo- monopolio estatal en varios grar una auténtica justicia social, un dinámico de- sectores sarrollo nacional y el restablecimiento de los valo- productivos.

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Portocarrero Grados estos últimos fue el que fundamentalmente llevó a cabo el golpe de Estado (Jorge Fernández Maldonado, Leonidas Rodríguez Figueroa, Enrique Gallegos Venero y Rafael Hoyos Rubio). Según Kruijt, para realizar el golpe se movilizaron dos coroneles, nueve comandantes, diecisiete oficiales y ciento cincuenta “rangers”. La Aviación y la Marina tuvieron que plegarse una vez consumados los hechos, aunque la segunda tuvo algunas vacilaciones; recién en horas de la tarde del día del golpe, las tres ramas llegaron a un acuerdo. Sin embargo, el comandante general de la Marina, vicealmirante Mario Castro de Mendoza, solicitó su pase al retiro y fue reemplazado por el contralmirante Raúl Ríos Pardo de Zela. Asimismo, se le pidió su renuncia al general de división Alejandro Sánchez Salazar, partidario de Belaunde y segundo hombre en la jerarquía del Ejército. De esa manera, el general Velasco pudo renunciar a su cargo de comandante general del Ejército, dejando en su lugar al general Ernesto Montagne. La junta revolucionaria quedó así compuesta por el general Juan Velasco Alvarado, quien la presidía; el general Ernesto Montagne Sánchez, por el Ejército; el vicealmirante Raúl Ríos de Zela, por la Armada; y el teniente general Alberto López Causillas, por la Fuerza Aérea, firmantes del estatuto del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Los generales y almirantes en servicio activo ocuparon los principales ministerios y juramentaron en palacio de Gobierno en la noche del 3 de octubre. Mientras tanto, el grupo de coroneles que planificó y llevó a cabo el golpe pasó a conformar el Comité de Asesoramiento del Presidente (COAP), organismo creado la noche anterior como una especie de Estado Mayor político del primer mandatario. Más adelante, el general Velasco contaría con un importante grupo de asesores civiles identificados como intelectuales de izquierda. Entre otros estaban Augusto Zimmermann (secretario de prensa de Velasco), Alberto Ruiz Eldredge (quien tuvo a su cargo el litigio contra la IPC), Augusto Salazar Bondy y Walter Peñaloza Ramella (encargados de las bases doctrinarias de la reforma educativa), Carlos Delgado Olivera (secretario de Velasco y uno de los ideólogos de la revolución), Héctor Cornejo Chávez, Héctor Béjar y Carlos Franco.

EL ESTATUTO REVOLUCIONARIO El mismo 3 de octubre se promulgó el decreto ley Nº 17063 o estatuto del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. El art. 1 señalaba como razón 1090

del golpe la “impostergable necesidad de poner fin al caos económico, a la inmoralidad administrativa, a la improvisación, al entreguismo respecto a las fuentes naturales de riqueza y a su explotación en beneficio de grupos privilegiados, así como a la pérdida del principio de autoridad y a la incapacidad en la dirección del Estado”. El art. 3 establecía que los comandantes generales de las tres armas ocuparían los despachos de Guerra, Marina y Aeronáutica respectivamente, y que éstos designarían “por unanimidad (como) presidente de la República a un miembro de la Fuerza Armada” (art. 4). Asimismo, que el ministro de Guerra ejercería la presidencia del gabinete y el resto de ministros sería nombrado por el presidente, “pudiendo ser miembros de la Fuerza Armada o civiles” (cabe señalar que no hubo civiles en el gabinete hasta 1977). El gobierno revolucionario se regiría por “las disposiciones del presente estatuto, y las de la Constitución del Estado, leyes y demás disposiciones, en cuanto sean compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario” (art. 5). Con ello se hacía una declaración formal de un supuesto respeto a la institucionalidad política anterior a octubre de 1968, aunque era obvio que el nuevo gobierno establecería los términos de ésta según se fueran desarrollando los acontecimientos y las tensiones internas en las Fuerzas Armadas. El presidente cumpliría el rol del poder Ejecutivo y el gabinete en pleno el del Poder Legislativo (art. 6). Con respecto a la relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, se respetarían las reglas de la institución militar: “Los comandantes generales de los institutos armados continuarán rigiéndose, en lo que respecta a su situación militar, por las disposiciones legales vigentes. Al pasar a la situación de retiro, la designación de su sucesor recaerá en el oficial general de mayor antigüedad dentro de su respectivo instituto” (art. 9). Finalmente, el presidente juraría el cargo y el cumplimiento del estatuto ante la junta revolucionaria, y los ministros ante el presidente (art. 10); el estatuto no sufriría modificaciones y sería refrendado “por los comandantes generales del Ejército, Marina y Fuerza Aérea al constituirse en junta revolucionaria” (art. 11). Ambas disposiciones se cumplieron en la noche del 3 de octubre. En cuanto al poder Judicial, en diciembre de 1969 fueron despedidos los vocales de la Corte Suprema y reemplazados por el Consejo Nacional de Justicia, entre cuyas funciones se encontraba el nombramiento de jueces y vocales. El Jurado Nacional de Elecciones dejó de funcionar hasta que sus

El Perœ contemporÆneo miembros fueron restituidos para la realización de las elecciones a la Asamblea Constituyente (1978).

trense. Cuando estos elementos fueron puestos en cuestión, comenzó también su declinar.

EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DEL GOLPE

LAS BASES PROGRAMÁTICAS E IDEOLÓGICAS

Como ha resaltado Luis Pásara, un problema central fue establecer la relación entre el gobierno militar y las Fuerzas Armadas, lo cual tenía que ver con la representación institucional del régimen y su legitimidad castrense. El golpe fue inicialmente la expresión de la voluntad política de un grupo de oficiales, posición que pasa a ser mayoritaria en las Fuerzas Armadas ante los hechos consumados; en ese sentido, el gobierno que surge de esta decisión es institucional. El respeto a la forma institucional para integrar el gobierno es la base sobre la cual se constituyó el régimen de las Fuerzas Armadas, respetándose la jerarquía de grado y antigüedad. Sin embargo, esto se vería afectado, en primer lugar, por la constante manipulación de ascensos y nombramientos en las tres armas y, en segundo lugar, por la existencia de un grupo “dirigente” que encabezaba el proyecto. De allí se podría deducir que este grupo “dirigente” encubre la conducción del régimen bajo el título de las Fuerzas Armadas. Aun así, ello no invalida el carácter institucional del conjunto del proyecto, ni la existencia de un grupo “más avanzado” a su interior, ya que las pugnas y las manipulaciones sobre los ascensos pasaban a través de las reglas de juego castrenses. Se combinaron, pues, ambos factores que de alguna manera afectaron el grado de radicalidad o los términos de la aplicación de las reformas; allí, el liderazgo del general Velasco como elemento dirimente tendría un rol central. Entonces, a pesar del carácter institucional del proceso durante toda su llamada “primera fase” el general Velasco impuso su mayor personalidad y liderazgo, combinando elementos de fidelidad personal con el respeto a la institucionalidad cas-

Aunque el documento “Bases ideológicas de la revolución peruana” fue hecho público recién en 1975 –como consecuencia de los acontecimientos del 5 de febrero–, en sus términos fundamentales contiene los iniciales principios que rigieron el golpe de octubre de 1968. En dicho documento la “revolución peruana” es definida como “un proceso autónomo que se desarrolla para transformar el sistema político, económico y social del país y cancelar nuestra condición de sociedad subdesarrollada, capitalista, oligárquica y sometida a los intereses del imperialismo”. Es, asimismo, “nacionalista e independiente” y doctrinariamente se basa en un “humanismo revolucionario de clara oposición a los sistemas de explotación social y a los dogmáticos y totalitarios, por tanto, recusa los sistemas capitalista y comunista”. Estas ideas estaban obviamente influenciadas por la Democracia Cristiana y el Social Progresismo. Dentro del humanismo revolucionario, el documento recoge diferentes aspectos de diversas corrientes: socialista, libertaria y cristiana, mostrando el carácter ecléctico de estas bases ideológicas, que buscaban un consenso genérico al interior de las Fuerzas Armadas para así proyectar una imagen de pluralismo político, económico e ideológico frente a la sociedad, permitiendo que cualquier medida o

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La toma de las instalaciones petroleras de Talara, el 9 de octubre de 1968, y la ley de reforma agraria promulgada en 1969, entre otras medidas, provocaron una relativa adhesión al proyecto de la Fuerza Armada. En la imagen, mitin de Juan Velasco Alvarado en la ciudad de Iquitos.

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Portocarrero Grados posición política al interior del gobierno pudiera ser fundamentada en dichas bases ideológicas. El documento termina con el planteamiento de “la construcción de una democracia social de participación plena” basada en: el apoyo popular, un sistema económico pluralista y en valores morales como “la justicia, la libertad, el trabajo, la participación, la solidaridad, la creatividad, la honradez y el respeto por la dignidad humana”. Todos estos planteamientos, como se sabe, no llegaron a cumplirse.

LA TOMA DE TALARA

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El 9 de octubre se efectuó la toma de Talara, que abarcó los yacimientos, la refinería y las instalaciones de la IPC. Ese día fue declarado de la “Dignidad Nacional”, celebración que se mantuvo hasta 1979. En un principio el gobierno declaró no estar obligado a pagar indemnización alguna, dado el monto de los impuestos adeudados por la empresa; sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos asumió la defensa de la empresa amenazando con la aplicación de la enmienda Hickenlooper. Como ha sostenido Carlos Malpica, a los pocos días de expropiar La Brea y Pariñas el gobierno otorgó nuevos contratos de exploración y explotación de los yacimientos del zócalo continental a la empresa norteamericana Belco Petroleum Corporation, que se convirtió en una de las compañías productoras más importantes. Asimismo, luego de la creación de Petroperú (en julio de 1969), el gobierno firmó numerosos contratos con consorcios norteamericanos, europeos y japoneses para la explotación del petróleo descubierto en la selva por dicha empresa. Estos contratos se firmaron bajo el llamado “modelo peruano” que obligaba a las compañías a entregar al Estado el 50% de los crudos por concepto de regalía, avaluándose los costos de producción en un 30%, de modo que las utilidades de las compañías estarían cercanas al 20% del valor bruto de los productos extraídos. Sólo la Occidental Petroleum Company descubrió yacimientos con valor comercial, por lo que se convirtió en la primera productora.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES Las principales fueron, en orden cronológico, las siguientes: la nacionalización de la IPC (1968); la reorganización de la banca bajo control del Estado y la reforma agraria (1969); las leyes generales de industria, pesquería y minería, y la creación de sus respectivas comunidades laborales (1969-1970); la 1092

reforma de la educación (1971); la estatización de la industria pesquera anchovetera (1973) y de la Cerro de Pasco Peruvian Corporation (1974); la ley de propiedad social y la expropiación de los periódicos de circulación nacional (1974); y la estatización de los yacimientos mineros de Marcona (1975). El gobierno creó también numerosas empresas estatales y estableció un nuevo tratamiento al capital extranjero, enmarcado en las normas fijadas por el Pacto Andino. Veámoslas en detalle. a) El control de la banca y el sistema financiero. En lo relativo al sistema bancario y financiero, en enero de 1969 se dictó una ley por la cual sólo podían considerarse nacionales aquellas empresas cuyo capital estuviera en poder de peruanos en más del 75%, y cualquier nuevo banco que se estableciera debía tener la misma composición. Según Carlos Malpica se favoreció la fusión de bancos y se fijó en 150 millones de soles el capital mínimo para operar en Lima. Asimismo, el Estado adquirió el Banco Popular del Perú, la totalidad de las acciones del Banco Continental y del Banco Internacional del Perú (el primero perteneciente al Chase Manhattan Bank y el segundo al Chemical Bank of New York, la Bunge y Börn y al grupo Grace). En marzo de 1973 el Banco Continental adquirió la totalidad de las acciones del Banco del Progreso, controlado por un grupo judío-peruano. A comienzos del gobierno de Belaunde los únicos bancos privados que quedaban eran: el Banco de Crédito del Perú (25% de sus acciones pertenecientes a la Banca Comercial Italiana), el Banco de Lima (controlado por el Credit Lyonnais), el Banco Comercial del Perú (cuyos principales accionistas eran miembros de las familias Bertello y Aspíllaga) y el Banco de la Industria de la Construcción (BIC, controlado por Luis León Rupp). Se creó, además, la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), con autonomía económica y administrativa, cuya función era coordinar la acción financiera empresarial del Estado y fomentar la creación de empresas, fortaleciendo las existentes. Con el avance de las reformas, el Estado –a través de la banca estatal y asociada– asumió directamente la política monetaria, crediticia y cambiaria, adecuándola a las políticas de desarrollo impulsadas por el gobierno. Para ello otorgó al Banco Central de Reserva y al Banco de la Nación facultades para actuar como agentes financieros. b) La Reforma Agraria. El 24 de junio de 1969 el gobierno de la Fuerza Armada promulgó la ley de Reforma Agraria, iniciando un proceso de cambios

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Arrozales en la provincia liberteña de Pacasmayo. La ley de Reforma Agraria, promulgada el 24 de junio de 1969, estableció diferentes modalidades de propiedad cooperativa y asociativa, como las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS).

Agropecuarios (EPSA) para encargarse de la comercialización de los productos del campo orientados al mercado interno, otorgándosele en diciembre de 1972 el monopolio de la comercialización del café y, en agosto de 1973, el de la fibra de algodón. Un mes después de la ley de Reforma Agraria, el 24 de julio de 1969, se dictó una nueva ley de Aguas, señalando que los recursos acuíferos eran de propiedad del Estado y que éste determinaría el régimen de su distribución (anteriormente estuvo en manos de los grandes propietarios, quienes la usaban como medio para acrecentar sus propiedades). Para su cumplimiento se promovió la organización cooperativa en su uso y explotación, complementaria al sistema asociativo y cooperativo establecido en la propiedad de la tierra. c) La reforma de la educación. Debido al incremento de la demanda de los servicios educativos, y como una manera de frenar las protestas estudiantiles de 1969 frente a la pérdida de la gratuidad de la enseñanza, el gobierno dictó en febrero de ese año la ley universitaria Nº 17437, que fortalecía la auto1093

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radicales. El lema principal de la reforma fue: “Campesino: el patrón no comerá más de tu pobreza” y la primera acción gubernativa fue la expropiación de los complejos agroindustriales de la costa en los cuales el 60% de acciones fueran de propiedad extranjera. Se determinó la cancelación del latifundio y se estableció una nueva distribución de tierras basada en la mediana y pequeña propiedad, que debía ser trabajada directamente por sus dueños. La extensión máxima de las propiedades se estableció de la siguiente manera: 150 ha en la costa, 1 500 ha en las haciendas ganaderas, y de 15 a 55 ha en la sierra y ceja de selva, pagándose a los propietarios una indemnización en bonos y en efectivo, con el objetivo de que los bonos fueran invertidos en la industria. Asimismo, la ley señaló que no habría excepciones en cuanto a las dimensiones de la propiedad y que éstas serían establecidas por el Tribunal Agrario y los jueces de tierras. Se establecieron asimismo diferentes formas de propiedad cooperativa y asociativa, destacando las Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), formadas sobre la base de los complejos agroindustriales; las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), integradas por los trabajadores de los antiguos latifundios y comunidades dedicadas a la agricultura y la ganadería; y las comunidades campesinas, reestructuradas para participar de los beneficios de la ley de Reforma Agraria. Cabe destacar que desde entonces el número de comunidades campesinas reconocidas por el Estado se ha incrementado notablemente; según Alberto Flores Galindo, suman más de 4 mil, convirtiendo a la comunidad en la institución política y económica más importante del Perú contemporáneo. El gobierno disolvió la Sociedad Nacional Agraria (SNA), controlada por los grandes propietarios agroindustriales, y fundó la Confederación Nacional Agraria (CNA), conformada por los diferentes sindicatos y directivas de las nuevas organizaciones cooperativas. Ello implicó una lucha frontal contra el sindicalismo azucarero aprista –que databa de la década del 20–, una de las razones de la oposición del PAP a estas medidas. Según Daniel Carbonetto, la reforma agraria implicó el reparto de 10 298 453 ha entre 399 576 familias campesinas –lo que representaba el 55,3% de la superficie agrícola y el 32,9% de las familias en el campo– y la liquidación de la base de poder de la oligarquía terrateniente. En cuanto a las empresas comerciales de exportación, las dedicadas a productos agrícolas (como la Grace y la Gildemeister en el caso del azúcar) continuaron sus actividades. Se creó la Empresa Pública de Servicios

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Portocarrero Grados ridad del rector y disminuía la presencia estudiantil en los órganos de decisión de las universidades. Luego de dos años, en marzo de 1971, ante el patente fracaso de la ley, se dictó una ley integral de reforma de la educación (Nº 19326) –es decir, en todos los niveles–, cuyas bases doctrinales fueron formuladas por Augusto Salazar Bondy y Walter Peñaloza, basándose en modelos de las universidades norteamericanas y europeas. Los objetivos planteados eran: educación para el trabajo; educación para el cambio estructural y perfeccionamiento de la sociedad peruana; educación para la realización del hombre y la independencia nacional; estímulo de la conciencia crítica y la cooperación nacional y fomento de la autoeducación. La ley consideró varios niveles educativos: a) Inicial, para niños de 0 a 6 años, de aprestamiento para los siguientes niveles; b) Básico, con dos modalidades: regular –para niños de 5 a 15 años– y laboral –para mayores de 15 años–, que abarcaba tres ciclos con nueve grados; c) Superior, que abarcaba: las ESEP (Escuelas Superiores de Educación Profesional), donde se otorgaba el bachillerato profesional; las universidades, escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, seminarios religiosos y otras escuelas, que otorgaban el bachillerato académico y las licenciaturas profesionales; y la Escuela de Altos Estudios, donde se otorgarían las maestrías y doctorados, que nunca llegó a funcionar. Otras modalidades de estudios fueron: a) la Calificación Profesional Extraordinaria, que capacitaba en un corto tiempo para la realización de trabajos específicos en academias y centros de instrucción de calificación profesional; b) la Educación Especial, orientada a niños con alguna incapacidad física, síquica o con problemas de índole social; c) la Extensión Educativa, que abarcaba múltiples actividades orientadas al público en general. En cuanto a la universidad, y específicamente a su gobierno, la ley estableció el sistema electoral para el nombramiento de los miembros de la asamblea 1094

La reforma de la educación fue otra de las medidas impulsadas por el gobierno militar. Para ello se contó con el concurso de asesores civiles, entre los que destacaba Augusto Salazar Bondy, reconocido profesor universitario.

universitaria y del rector, quienes a su vez elaborarían el estatuto universitario. Se reconoció a los trabajadores como estamento de la universidad, aunque nunca llegaron a participar de la asamblea universitaria, y se desconoció a las federaciones universitarias, aunque se mantuvo al tercio estudiantil. Asimismo, se creó el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), como órgano de coordinación entre las diferentes universidades; las facultades fueron reemplazadas por los programas y departamentos académicos; y se estableció el régimen de estudios semestral y por creditaje. Según Carlos Malpica, debido a la elaboración de estatutos universitarios que rebasaban los alcances de la ley, el gobierno no promulgó ésta dejando a las universidades en un caos legal. Asimismo, la disminución relativa de las rentas y el haber quedado el gobierno de las universidades bajo diferentes formas de autoridades provisorias, nombradas por el CONUP, fueron las causas de la crisis universitaria bajo el gobierno militar. d) Ley de Minería. El 8 de junio de 1969 el gobierno promulgó la ley general de Minería –en reemplazo de la dictada bajo el gobierno de Odría– que establecía la participación directa del Estado en la explotación, producción y comercialización de los productos mineros. Éste sería el caso de los yacimientos que después de un plazo establecido no fueran trabajados por los concesionarios. Asimismo, se establecieron medidas de protección y apoyo a la pequeña y mediana empresa minera, en cuanto al otorgamiento de créditos y de asistencia técnica. En octubre de 1970 se crean Minero Perú y Minero Perú Comercial (MINPECO); el primero se encargaría de la explotación directa de los yacimientos mineros de propiedad del Estado y la segunda de la comercialización y exportación de los minerales. De

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esta manera el Estado tenía plena disponibilidad de las divisas del sector minero y el control de los costos y utilidades, evitando así una de las formas más comunes de evasión tributaria. También se crearon Centromin Perú y Hierro Perú para la explotación de los minerales y la administración de las fundiciones de la sierra central. Según Malpica, a excepción de la compra por el Estado de la Cerro de Pasco Corporation y de la Marcona Mining Company, las empresas mineras continuaron operando normalmente. En diciembre de 1969, el gobier- En 1970 el Estado creó Minero Perú y Minero Perú Comercial, entidades que se encargarían no firmó nuevos contratos respectivamente de la explotación y comercialización de los productos mineros. Para la explotación de los yacimientos mineros de la sierra central fue creada Centromin Perú. de explotación de los yacimientos de Cuajone con la Southern Peru Copper Corporation y continuó las partamentos aledaños. En los primeros meses de negociaciones del gobierno de Belaunde con las em- 1974, el Estado adquirió por compra-venta y/o expresas Anaconda, Cerro Corporation, American propiación Cemento Andino S.A. y Cemento PacasSmelting and Refining Company y Kayser Alumi- mayo, transformándose en monopolista de este subnium Company, para la explotación de Cerro Verde, sector industrial, pues ya le pertenecía la planta de Toromocho, Michiquillay, Quellaveco y Bayóvar, cemento de Yura en Arequipa. e) Ley de Industrias. En julio de 1970 el gobierque funcionarían en base a empresas mixtas (nacionales o extranjeras) o empresas estatales con crédi- no dicta la ley Nº 18350 o ley de Industrias que intos externos. Si bien la ley de Minería recortaba al- troduce importantes cambios en el sector: las indusgunas ventajas otorgadas a las empresas extranjeras trias básicas (o de transformación de materias prien el código de Minería del gobierno de Odría, el mas, que comprendían la industria siderúrgica, pemodelo de explotación se mantuvo dentro de una troquímica, de fertilizantes, cemento y papel) quedaban reservadas para el Estado; se crea el sector orientación de promoción capitalista. Con la ley de Comunidades Industriales se creó cooperativo; se establece la participación de los trala comunidad minera, semejante a la industrial pe- bajadores tanto en las utilidades como en el capital ro con la diferencia de que se le destinaba el 10% y y la dirección de la empresa, a través de la comunino el 25% de las utilidades. Para equilibrar las dife- dad industrial; y se limita la participación del capirencias de productividad entre empresas se creó la tal extranjero al 33% del valor accionario de las emcomunidad de compensación minera, a la cual con- presas que operan en el país, salvo casos excepciotribuían todas las empresas para redistribuir los in- nales. Además, se expropiaron las industrias del grupo Grace, la industria del cemento, del papel, de gresos entre los trabajadores del sector. En lo relativo a los materiales de construcción, los fertilizantes y algunas de la química básica. La con el control del Banco Popular el Estado adquirió acción empresarial del Estado en el campo indusel 18% de las acciones de Cementos Lima S.A., la trial generó la formación de empresas como Sidermayor productora de cemento, y la mayoría de las perú, encargada de la producción de acero; Indupeacciones de Cemento Chiclayo S.A. de Cemento rú, para implementar los proyectos empresariales Sur, de Cementos Especiales y Derivados S.A., y de del Estado mediante la prestación de servicios técDistribuidora de Materiales, la compañía encargada nicos y gerenciales; Entur Perú, para impulsar el dede la comercialización del cemento en Lima y de- sarrollo de los servicios turísticos, entre otras.

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Portocarrero Grados En setiembre de 1970, el gobierno promulgó la ley de Comunidad Industrial que otorgaba a los trabajadores la participación en la gestión y propiedad de la empresa mediante la comunidad industrial, conformada por todos los trabajadores de cada fábrica. Su patrimonio estaba constituido por el 15% de las acciones anuales originadas para la reinversión libre de todo impuesto a la renta, el cual se acumularía hasta alcanzar el 50% del capital social de cada empresa; ello le daba a los trabajadores una representación proporcional en el directorio de la empresa, sin sobrepasar el 50%. Un 10% de la renta se repartía entre los trabajadores de acuerdo a los días laborados durante el año. Se exceptuó de la comunidad laboral a las pequeñas empresas privadas con un movimiento económico menor. En abril de 1974 se promulga la ley de Empresas de Propiedad Social, cuya principal característica era pertenecer íntegramente a sus trabajadores. Las EPS se formaban de acuerdo al principio de solidaridad para la realización de actividades económicas y en ellas se buscaba cumplir con la participación plena de todos los trabajadores, quienes tenían derecho de intervenir en la gestión y en los beneficios de la empresa, a la acumulación social y a recibir capacitación permanente. A pesar de que se formaron numerosas empresas bajo este régimen, muchas de éstas no llegaron a prosperar; entre otras razones porque, como ha señalado Chirinos Soto, la propiedad social no era entendida como propiedad individual o grupal de los trabajadores que la conformaban. Más bien, las empresas pertenecían “al conjunto de los trabajadores que integran el sector de propiedad social”. Uno de los objetivos de estas leyes era “acabar con la lucha de clases” mediante la “conciliación de intereses entre el capital y el trabajo”. Sin embargo, surgieron serias discrepancias y contradicciones al interior del movimiento sindical, ya que si bien se veía con simpatía dichas medidas, éstas planteaban en la práctica la desaparición de los sindicatos y de su autonomía política frente al Estado. Esta contradicción atravesó todas las reformas y no pudo impedir que entre 1970 y 1975 se realizaran numerosas protestas y huelgas sindicales. En cuanto a la legislación laboral, el gobierno reorganizó el ministerio de Trabajo, unificó los regímenes de Seguridad Social (de obreros y empleados) y dio una serie de disposiciones sobre inspecciones, reclamaciones colectivas y denuncias. También fomentó el reconocimiento oficial de los sindicatos, duplicándose el número de éstos entre 1968 y 1975. 1096

Una de las medidas de legislación laboral más importantes fue el decreto ley Nº 18471 del 10 de noviembre de 1970, llamado ley de Estabilidad Laboral. Esta ley limitaba a dos los casos en los que el trabajador podía ser despedido: por “falta grave” y por “reducción o despido total del personal autorizado por la autoridad de trabajo”. Según Denis Sulmont, dicha ley fue duramente criticada por los empresarios que veían recortada su libertad frente al trabajador. La ley además, establecía determinadas exigencias mínimas que el empleador debía cumplir para proceder al despido, impidiéndose de esta manera muchas arbitrariedades y permitiendo que los trabajadores participaran en la acción sindical con ciertas garantías elementales frente a las represalias patronales. Sin embargo, los empresarios siguieron atentando contra la estabilidad laboral –en especial contra los dirigentes sindicales–, ya que la ley dejaba un amplio margen de interpretación sobre lo que podía considerarse “falta grave”. Esto llevaba a los obreros a largos trámites para recuperar su puesto de trabajo. Finalmente, el Estado mantuvo la facultad de suspender la estabilidad laboral en ciertas empresas o sectores, disposición a la que recurrió para reprimir el movimiento sindical. f) Ley de Pesquería. El 28 de marzo de 1969 se promulga la ley orgánica del ministerio de Pesquería, donde se establece que la extracción de los recursos pesqueros era de interés social y de necesidad pública. La acción estatal en este sector se inició con la creación, en 1970, de la empresa de comercialización interna denominada Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) y de otra encargada de la exportación de la harina y el aceite de pescado, llamada Empresa Pública de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado (EPCHAP). Se estableció luego la comunidad pesquera, semejante en sus lineamientos a la minera, otorgando participación a los trabajadores en la gestión y en las utilidades de las empresas; y la comunidad de compensación pesquera, que permitía proteger a todas las empresas, grandes o pequeñas. En mayo de 1973 el Estado expropia las acciones de las empresas que transformaban la anchoveta, cuyo accionariado en su mayoría se hallaba en manos extranjeras, creándose Pescaperú. Para la explotación de la pesca de consumo directo y elaboración de conservas se crearon varias empresas mixtas y se suscribieron convenios con países tanto capitalistas como socialistas. En julio de 1976, el gobierno de Morales Bermúdez privatiza la flota de Pescaperú autorizando su venta a pequeñas empresas, lo cual provocó una

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gran huelga de los pescadores anchoveteros. En 1979, el gobierno denunció unilateralmente los contratos con Cuba y Polonia. g) La reforma del Estado. Los cambios producidos en todos los sectores de la producción y de servicios en el país hicieron necesaria una reforma del aparato estatal. Se crearon nuevos ministerios como Economía y Finanzas (ex Hacienda y Comercio); Energía y Minas; Industria, Comercio, Turismo e Integración; del Interior (ex GobierLa estatización de la actividad pesquera fue otra de las medidas del gobierno militar. no y Policía); Transportes y Progresivamente el Estado peruano fue monopolizando las principales actividades Comunicaciones; Vivienda y productivas y creando entidades estatales para su explotación y administración. Construcción; y Pesquería. En 1973 fue creada Pescaperú. Asimismo, se fortaleció al Instituto Nacional de Planificación (INP) otorgándole el control de todas las in- 50% de las acciones de los canales de televisión y de versiones del sector público y la responsabilidad de once radioemisoras de Lima. Se creó, además, el Sisla política económica de largo plazo. A modo de tema Nacional de Información (SINADI), encargadescentralización, se crearon los Comités Departa- do de los servicios informativos al interior y extementales con el fin de planificar y realizar las inver- rior, y el Estado comenzó a producir programas de siones del Estado en cada departamento del país, televisión a través del canal estatal. En julio de 1972 mediante la coordinación de las entidades estatales el gobierno compró el 70% de las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. perteneciente con organizaciones de diverso tipo. h) Las telecomunicaciones. En diciembre de 1969 el gobierno creó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel Perú) encargada del establecimiento, las operaciones y el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones dentro y fuera del país, iniciándose el ingreso del Perú al sistema de comunicaciones vía satélite y vía microondas. En noviembre de 1971 se promulgó la ley de Telecomunicaciones, Una de las herencias del docenio militar fue precisamente un complejo aparato estatal y una crecida marco en el cual se burocracia. En la imagen, fachada de lo que fuera el ministerio de Pesquería, edificio construido durante el gobierno militar. En la actualidad funciona como Museo de la Nación. expropió más del

Portocarrero Grados a la International Telephone and Telegraph (ITT), iniciándose la nacionalización del sector. También fue nacionalizada, e integrada a Entel Perú, la Compañía Nacional de Teléfonos, encargada del servicio del centro, norte y oriente de la República, subsidiaria de la ITT y de la Sociedad Telefónica del Sur S.A., subsidiaria de la empresa sueca Ericksson. A todo esto se agregó la nacionalización de la red de ferrocarriles que se encontraba en poder de la compañía inglesa Peruvian Corporation. En setiembre de 1972 fue creada la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Perú (Enafer Perú). i) Otros sectores. Según Malpica, el Estado controló la mayoría de las acciones de las Empresas Eléctricas Asociadas, entidad que siguió siendo la predominante en el sector correspondiente, cambiándole el nombre por el de Electrolima. El resto de empresas estatales se agrupó en Electroperú. Las empresas comerciales continuaron operando igual que antes, produciéndose pocos cambios en el sector, tales como la mayor participación del Estado en la comercialización de los productos agropecuarios a través de la Empresa Pública de Servicios Agropecuarios (EPSA) y la intervención de las 14 tiendas de la cadena Supermarket, que pertenecía a la familia Olcese. EPSA era la única entidad autorizada para importar carnes, grasas, frutas, productos lácteos, licores, menestras, trigo, maíz y sorgo, y la encargada del comercio del arroz y otros productos agrícolas con precios subsidiados. Junto con EPSEP y EPCHAP, el gobierno organizó la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), encargada de la importación de insumos y artículos industriales. Al desaparecer EPSA en 1979, ENCI asumió sus funciones. Las urbanizadoras continuaron operando sin alteraciones, salvo las disposiciones dictadas para evitar el exceso de especulación, racionalizar la expansión de las ciudades, facilitar la adquisición de terrenos por cooperativas y asociaciones de vivienda, y recuperar los terrenos eriazos en poder de particulares.

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LA POLÍTICA ECONÓMICA Luis Pásara ha sostenido que el proyecto militar tenía una fórmula básica para financiar el desarrollo nacional: concentrar en el Estado el proceso de acumulación que se hallaba en manos del capital extranjero y de los grupos nacionales de poder económico. Para ello se nacionalizaron las principales actividades productivas y de comercialización de las 1098

exportaciones peruanas. El excedente nacional, que no escaparía entonces al exterior ni se concentraría en pocas manos, permitiría realizar inversiones públicas reproductivas al mismo tiempo que se obtenían las divisas necesarias para abastecer al sector industrial. El modelo mostró su debilidad por varios lados. En primer lugar, muchas de las nacionalizaciones no produjeron el efecto esperado y algunas de ellas más bien ocasionaron un significativo desembolso de divisas. Las expropiaciones de la IPC y la Cerro de Pasco Corporation requirieron de nuevas inversiones antes de mostrar utilidades significativas. La comercialización de minerales, pesca y productos agrícolas en manos del Estado no dejó los márgenes de utilidad que había alcanzado antes de la expropiación. En segundo lugar, se siguió implementando una política de fomento a la sustitución de importaciones que resultaba adicta a un consumo de divisas cada vez mayor, puestas al alcance de la industria por el Estado. En tercer lugar, la necesidad del régimen de contar con un apoyo social lo llevó a aplicar una amplia cobertura de subsidios a los productos de primera necesidad urbana, repercutiendo de manera negativa en el presupuesto fiscal, la balanza comercial y la producción agrícola. En conclusión, el manejo económico del régimen suponía un creciente gasto público y un consumo ascendente de divisas, acrecentado por la reducción de la presión tributaria sobre el capital. El camino para resolver estos problemas fue el endeudamiento público, cuyo proceso se aceleró en la medida de la necesidad de garantizar que la economía continuara funcionando.

LA POLÍTICA EXTERIOR Y EL PROTAGONISMO INTERNACIONAL En el campo de las relaciones internacionales el gobierno militar obtuvo importantes éxitos. Dio muestras de independencia frente a la política de los Estados Unidos, que amenazó al Perú con sanciones económicas, especialmente en relación al problema con la IPC; la defensa de la tesis de las 200 millas de mar territorial peruano y la posición respecto al canal de Panamá. Ello llevó al retiro de las misiones militares norteamericanas y a una apertura hacia el bloque socialista, restableciéndose relaciones diplomáticas y comerciales con casi todos los países de dicho bloque, incluyendo Cuba y China, y comprándose armamento a la Unión Soviética. Se continuó la política de integración de los países andinos

El Perœ contemporÆneo iniciada por el gobierno de Belaunde; en mayo de 1969 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron en la ciudad de Cartagena un acuerdo de integración subregional, llamado Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena. En 1973 Venezuela se unió a éste y en 1976 Chile, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet, se retiró. El Perú fue anfitrión de la reunión del Grupo de los 77 del Movimiento No Alineado, realizada en Lima en octubre de 1971, aunque sólo participó como observador; recién en setiembre de 1973 se incorporó como miembro pleno, ubicándose en una posición de liderazgo a nivel latinoamericano y del Tercer Mundo. Los principios fundamentales en los que se basó la política exterior peruana fueron los siguientes: autonomía frente a cualquier forma de injerencia extranjera; política antimperialista, contraria a toda forma de dominación externa o de dependencia política, social o militar respecto a cualquier centro de poder internacional; respaldo a la lucha de los pueblos contra toda forma de imperialismo, colonialismo y subordinación internacional; posición de país no alineado y ubicación tercermundista; afirmación de un nuevo concepto en las relaciones internacionales sustentado en una efectiva comunidad de naciones libres y soberanas basadas en la igualdad. Los titulares en el ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno del general Velasco fueron los generales Edgardo Mercado Jarrín y Miguel Angel de la Flor Valle.

Edgardo Mercado Jarrín, ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, fue uno de los portavoces de la posición no-alineada del Perú en los foros internacionales.

LA MOVILIZACIÓN SOCIAL era congruente con el discurso oficial de “democracia social de participación plena” y de “no partido”, aunque muchos integrantes del gobierno vieron en el SINAMOS un antecedente de lo que debía ser la constitución de un partido político de la revolución peEl SINAMOS fue creado con el propósito de conseguir respaldo civil al proyecto militar y contribuir a la gestación de una democracia de participación plena. Sin embargo, se convirtió en un “partido” del gobierno militar y sus prácticas repetían el tradicional sistema de favores que ha caracterizado a los movimientos políticos peruanos.

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Con el fin de obtener una base social de apoyo al gobierno y dirigir “desde arriba” la participación de la población en el proceso de reformas, el gobierno creó en junio de 1971 el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), encabezado por el general Leonidas Rodríguez Figueroa, sistema que articulaba organizaciones de diferente carácter, a través de las cuales se realizaba campañas de concientización y movilización política, pero también se canalizaba las demandas de pequeñas obras públicas por medio de las Corporaciones Departamentales de Desarrollo. Esta política

Portocarrero Grados ruana. Por el carácter militar del régimen, el SINAMOS instauró una relación vertical y autoritaria con la población organizada en sus filas, a través de las cuales también se establecieron lazos paternalistas y de clientelaje político. Sin embargo junto con el proceso de reformas la organización popular comenzó a radicalizarse más y, en determinados momentos, a desbordar el férreo control gubernativo. Esta organización popular, paralela a la que fue gestándose por impulso de la izquierda radical, fue uno de los más grandes temores de los empresarios y propietarios, ante la perspectiva de una explosión social incontrolable. Junto con el SINAMOS se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil, en marzo de 1973, orientado a la prevención y rápida movilización social en caso de desastres.

EL INICIO DE LA CRISIS ECONÓMICA DE 1973

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En 1973 comenzaron a manifestarse los primeros síntomas de la crisis: déficit en la balanza de pagos, caída de las reservas internacionales, incremento de los servicios de la deuda externa y del costo de vida. Según Lynch, cuando las dificultades económicas fueron innegables, alrededor de 1975, el gobierno militar las atribuyó a la baja internacional de los precios de nuestras exportaciones, causante de la falta de divisas necesarias para las importaciones que hacían funcionar el resto de sectores económicos, especialmente la industria. La falta de divisas intentó ser cubierta con préstamos externos a partir de 1974, utilizando como garantía los futuros ingre-

sos por las inversiones realizadas por el gobierno en la minería y el petróleo. Los resultados, sin embargo, no fueron inmediatos ni en los niveles previstos, y la explicación de las causas de la crisis se volvería reiterativa hasta el inicio del gobierno aprista. Ninguno de los ministros de Economía ni los presidentes de turno quisieron reconocer la existencia de importantes factores internos como la caída de la presión tributaria y de la inversión privada, así como la dependencia de divisas para el funcionamiento de la industria, acrecentada por el modelo de sustitución de importaciones. En cuanto a la crítica por el desmesurado crecimiento del Estado y el incremento de su presencia en la economía en desmedro de las actividades productivas privadas, hay que señalar que, según Carbonetto, pese a las reformas el sector privado mantuvo su preeminencia en la generación del valor bruto de la producción, con un total del 58,4% (43,1% nacional y 15,3% extranjero), mientras que la propiedad estatal fue del 10,3% y la asociativa de 8%. En cuanto a inversión, también el Estado incrementó su participación superando a la privada: mientras el sector estatal controlaba la banca, la minería, el petróleo y, a través de las empresas asociativas, las grandes propiedades agrarias, el capital privado tuvo preeminencia en importantes segmentos de la industria, el sector más dinámico de la economía, con un crecimiento promedio anual del 7,5% entre 1960 y 1975. Dentro de ella se encontraban las unidades productivas más grandes, con más de 100 trabajadores, como en los sectores químicos y metalmecánicos, en manos de capitales norteamericanos, que tendrían una gran importancia en la política de sustitución de importaciones. Sin embargo, hay que reconocer –como sostienen Schydlowsky y Wicht– que, pese a las altas inversiones, el sector estatal debía enfrentar problemas como el haber absorbido empresas con dificultades económicas o insta-

En 1973 el gobierno de Velasco empezó a padecer los primeros síntomas de la crisis económica. Si bien entre 1970 y 1975 se incrementaron la rentabilidad y beneficios del sector privado, esto no fue aparejado con un crecimiento de la inversión. En la vista, una imagen de Lima.

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laciones obsoletas y la falta de eficacia en el manejo interno de dichas empresas. En cuanto al sector agrario, no cambiaron las desiguales relaciones entre el campo y la ciudad, manteniéndose los precios agrarios bajos en favor de los sectores urbanos, frenándose las posibilidades de crecimiento del sector agrario asociativo y del agro en general. Volviendo al punto de la inversión privada, el sector empresarial argumentaba que su reducción se debía al incremento de la presencia estatal en la economía, pero especialmente al impacto de Planta y trabajadores de Industria Textil Perú S.A. La existencia de una legislación los beneficios sociales otorgados laboral protectora fue subrayada por el sector privado como la principal razón para restringir sus niveles de inversión. a los trabajadores, como la estabilidad laboral y el incremento de salarios. Según Dancourt, entre 1970 y 1975 la de- mostrado Carbonetto, éste es insostenible. Danmanda, producción, rentabilidad y beneficios del court atribuye esta falta de inversión a la ausencia sector privado se incrementaron, pero la inversión de confianza empresarial, entendida como la capano, debido a la falta de confianza empresarial por cidad de los empresarios de “disciplinar” a los tralas limitaciones impuestas en la toma de decisiones bajadores, particularmente a través del despido. Pay en la obtención de mayores ganancias, aspectos ra los empresarios la estabilidad laboral significaba relacionados al trato del factor trabajo. Ello a pesar una disminución de su poder dentro de la sociedad de que el gobierno de Velasco otorgó importantes en favor de los sindicatos y de la competencia que incentivos con el fin de compensar dichas limitacio- como empleador significaba el Estado. Los emprenes y dar mayor confianza a los empresarios, como sarios, acostumbrados a actuar sin competencia son las múltiples exoneraciones tributarias, el au- económica ni respeto a los derechos laborales, no se mento del gasto público y los mejores salarios, que sintieron cómodos con las nuevas condiciones imincrementaron la capacidad de compra de amplios puestas por el gobierno, por más que éstas significasectores populares. Ello se ve reforzado con lo que ran mayores ganancias. Por su parte, el inversionisCarbonetto señala acerca de la relación entre ganan- ta extranjero que, como hemos señalado, mantuvo cias y salarios al interior de la distribución nacional su presencia en el sector industrial –pese a su desde la riqueza; entre 1968 y 1975, las ganancias su- plazamiento de importantes sectores como la minebieron del 22,4% al 28,2%, mientras los salarios ba- ría, el petróleo y el agro–, imitó el comportamiento jaron de 77,6% al 72,6%. Es decir que, en términos del empresario peruano: no invirtió, debido a las lede distribución de la riqueza, los empresarios incre- yes sociales que beneficiaban a los trabajadores, a la mentaron sus ingresos en desmedro de los trabaja- política de formación de empresas mixtas en la exdores. Ello muestra que pese a las medidas dictadas plotación de nuestros recursos naturales, a las limipor el gobierno, éste mantenía su tendencia a bene- taciones en la repatriación de utilidades y a la pauficiar al sector empresarial antes que a los trabaja- latina nacionalización de las empresas extranjeras. dores. Además, las ganancias que no se dedicaron a Sin embargo, también se benefició ampliamente con la inversión fueron orientadas al incremento del los incentivos del gobierno y el uso de las divisas consumo personal de los empresarios, el cual subió peruanas, lo cual redundó en mayores ganancias. Los estudios de Carbonetto, y de Schydlowsky y del 40% al 70% entre 1968 y 1975. El argumento de señalar al incremento de los salarios como causa de Wicht, plantean que los problemas de fondo se diela crisis ha sido la posición oficial del empresariado ron con el modelo de desarrollo industrial basado peruano hasta nuestros días; sin embargo, como ha en la “sustitución de importaciones” como princi-

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pio para la acumulación económica, que demandaba una gran cantidad de dólares para la importación de maquinarias e insumos, necesidad que se vio incrementada con el creciente reclamo por aumentos salariales y del gasto público. La crisis era inevitable si la producción para el mercado interno no contaba con las divisas necesarias. Esta situación se había iniciado en los años 60 con la expansión de la producción de bienes de consumo durables orientados a las clases medias y altas (automóviles, televisores, refrigeradoras y otros productos para el hogar), que requería de maquinarias e insumos importados; pero no se impulsó una política orientada a promover una industria masiva de bienes de consumo con insumos nacionales y con maquinarias producidas en el país. Las escasas divisas existentes terminaron financiando una industria que no atendía sino las necesidades de un sector muy pequeño de la población y que no contribuía a una integración económica del conjunto de los sectores productivos; es decir, no se impulsaba el crecimiento del mercado interno. Se buscó cubrir la falta de divisas a través de préstamos externos, cuyo monto subió de 1 100 millones de dólares en 1968 a 2 542 millones en 1973 y a 3 990 millones en 1975. La mayoría de estos préstamos pro-

vino de la banca privada de los Estados Unidos y de Europa, debido al deterioro de las relaciones con el gobierno norteamericano. Desde 1972 los déficits presupuestales serían cubiertos con estos préstamos externos y, recién en 1974, Perú y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que restablece la fluidez de recursos financieros. Asimismo, los gastos en defensa se incrementaron al deteriorarse las relaciones con Chile luego del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. En agosto de 1975 se alcanzó un punto crítico que pudo llegar a enfrentamientos armados: los gastos de defensa subieron de 58 millones de dólares en 1970 a 219 millones en 1975. Los ingresos por las exportaciones no sólo debían mantener en funcionamiento a la industria, sino que también debían orientar más recursos a los gastos militares y al pago de la deuda externa, que se incrementó del 14,6% en 1968 al 25,8% en 1975. Una de las salidas podría haber sido realizar una reforma del sistema tributario para mejorar los ingresos del Estado, pero esa decisión política no se tomó ante el temor de afectar las ganancias empresariales y los ingresos de la clase media alta, dos sectores que a pesar de verse favorecidos por las políticas económicas inmediatas mantenían su distancia ideológica frente al régimen. El fracaso económico, expresado en forma inmediata como apremio financiero, fue causado por defectos de un modelo de industrialización consumidor y dependiente de divisas, que no logró integrar a los diversos sectores productivos y en el marco del cual casi no se reinvirtió. La baja en los precios de los productos de exportación, los gastos en defensa y en el pago de la deuda externa agravaron la situación pero no fueron su causa. En ese sentido, los militares continuaron y profundizaron un modelo de desarrollo industrial iniciado por el gobierno de Belaunde.

LA EXPROPIACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Una manifestación a favor de la expropiación de los diarios en 1974. En julio de dicho año las sedes de La Prensa, El Comercio, Ultima Hora, Correo y Ojo fueron ocupadas y posteriormente transferidas por el gobierno militar a los llamados “sectores sociales organizados”.

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Entre los primeros sectores afectados por las medidas del gobierno estuvieron los periodistas y los medios de prensa que eran voceros de los partidos políticos afectados por el golpe o que en general se opusieron

El Perœ contemporÆneo que el gobierno no lograba alcanzar legitimidad y apoyo social para las reformas.

LA CRISIS DEL VELASQUISMO La crisis política del gobierno militar no fue sino la expresión de los conflictos al interior de las Fuerzas Armadas, relacionados con el rumbo que estaba tomando el proceso de reformas. Una de las preocupaciones más importantes era el movimiento social –con signos de una rápida radicalización– que empezaba a romper los marcos estrechos de la organización corporativa dada por el SINAMOS, agudizada por los primeros signos de la crisis económica. El elemento aglutinador del liderazgo del general Velasco alrededor de las reformas comenzó a romperse, situación impensable al inicio del gobierno militar, aunque ya Velasco había enfrentado algo similar a fines de enero de 1969 cuando le tocaba pasar al retiro. El estatuto del gobierno revolucionario establecía que el presidente era elegido entre los miembros de las Fuerzas Armadas, sin especificar su situación de actividad o retiro. En caso de interpretarse que debía ser un oficial en actividad y respetando la jerarquía militar, la presidencia debía recaer en el general Ernesto Montagne, que ya concentraba los cargos de presidente del Consejo de ministros, ministro de Guerra y comandante general del Ejército. El general Montagne intentó un “golpe de mano” al interior del Consejo de Ministros, pero fracasó ante la actitud decidida del general Velasco de mantenerse a la cabeza del gobierno. Una nueva oportunidad para un cambio de liderazgo se presenta en febrero de 1973, cuando el general Velasco sufre la ruptura de un aneurisma de la aorta abdominal. Su situación se agrava a inicios de marzo, por lo que se le amputó la pierna derecha; ante la posibilidad de su muerte, empieza a discutirse al interior del gobierno el tema de la sucesión y a organizarse posiciones en relación al futuro del proceso de reformas. El ministro de Marina, almirante Luis Vargas Caballero, manifiesta abiertamente sus discrepancias ideológicas, criticando las posiciones socialistas y marxistas del gobierno, definiendo al Perú como un “país occidental y cristiano” que debía ser salvado de “la infiltración comunista”. Estas declaraciones contaron con el apoyo de su institución, que desde el inicio había estado en desacuerdo con el proceso de reformas. El sector velasquista logra que la junta de gobierno entregue momentáneamente las atribuciones del presidente de la República al entonces presidente del Consejo 1103

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a él. Los diarios Expreso y Extra (ambos de propiedad de Manuel Ulloa Elías) y la revista Caretas fueron clausurados en noviembre de 1968. Para enfrentar a los medios de prensa opositores al gobierno, en marzo de 1969 se crea la Oficina Nacional de Información, como vocero oficial. En marzo de 1970 se concreta la expropiación de Expreso y Extra. En abril es declarada en quiebra y clausurada La Tribuna, vocero del PAP; asimismo, con la compra del 85% de las acciones del Banco Popular, el gobierno obtuvo el diario La Crónica. En noviembre de 1971, se decreta la compra por parte del Estado del 51% de las acciones de los canales de televisión privada, con lo que asumió su control. Las empresas de radio y televisión productoras de programas continuaron en manos de sus propietarios; el Estado creó Telecentro, una empresa mixta con los antiguos dueños. Los únicos medios escritos que mantuvieron su autonomía frente al gobierno fueron La Prensa (de propiedad de Pedro Beltrán), El Comercio (de propiedad de la familia Miró Quesada), Ultima Hora, y Correo y Ojo (de propiedad del empresario pesquero Luis Banchero Rossi). En la madrugada del 27 de julio de 1974, las sedes de estos diarios fueron ocupadas, dictándose esa misma mañana un decreto por el cual se confiscarían; en adelante el gobierno nombraría a los directores y a los gerentes de las empresas editoras. Según el decreto, el gobierno no asumiría directamente el control de los diarios sino que éstos serían transferidos a los sectores organizados de la sociedad: El Comercio sería entregado a los campesinos; La Prensa a las comunidades laborales; Expreso y Extra a la comunidad educativa; Correo a los profesionales; Ultima Hora a los trabajadores de servicios; y Ojo a los intelectuales. La Crónica dependería directamente de la presidencia de la República. Dichas transferencias nunca se concretaron. Las agencias noticiosas internacionales siguieron operando y se reincorporó el servicio de Prensa Latina, la agencia del gobierno cubano, clausurada en diciembre de 1959 por el gobierno de Manuel Prado. Con respecto a las revistas extranjeras, Life y The Economist dejaron de circular en su versión castellana y se prohibió el ingreso de Visión por su posición antiperuana. A fines de 1975, se prohibió la importación de revistas frívolas (Playboy, Cosmopolitan), en tanto que, de las revistas nacionales, continuaron apareciendo Caretas y Oiga. Durante la segunda fase se fundaron numerosas revistas políticas como Marka, Amauta, Equis X, Opinión Libre y El Tiempo, expresión de una inminente crisis política debido a

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Portocarrero Grados NAMOS, que había estade Ministros, general Eddo en manos de “los progardo Mercado Jarrín. gresistas”. Para inicios Ante la crisis política de 1975, Velasco toma que se abría al interior abierta posición a favor del gobierno, el propio de “la Misión”. general Velasco –visiblemente enfermo– hace un esfuerzo supremo y retoEL 5 DE FEBRERO ma sus atribuciones, tratando de mantener la La crisis política del unidad de las Fuerzas gobierno también coArmadas. A fines de mamenzó a expresarse en yo el almirante Vargas manifestaciones de desCaballero hace nuevas contento popular que declaraciones, esta vez incluían a miembros de Javier Tantaleán Vanini, ministro de Pesquería entre 1970 y en defensa de la propiela policía, mayoritaria1975 y sindicado como el jefe de “la Misión”, grupo de dad y la empresa priva- ministros considerados de orientación conservadora al interior mente procedente de del gobierno militar. da, solidarizándose con sectores populares y melos gremios empresariadios bajos. A inicios de les. El propio general Velasco lo desautoriza y le febrero de 1975 se producen reclamos por mejoras exige su renuncia, siendo reemplazado por el almi- salariales, contra la corrupción administrativa y rante José Arce Larco; sin embargo, ello no solucio- por maltratos de parte de altos oficiales. El reclamo nó las contradicciones al interior de las Fuerzas Ar- de los subalternos se extendió de comisaría en comadas y el incidente afectó más bien su unidad ins- misaría, conformándose una comisión representatitucional. tiva que se instaló en la sede de Radio Patrulla en Al interior del sector velasquista también co- el centro de Lima, amenazando con una huelga de menzaron a manifestarse posiciones discrepantes no atenderse sus reclamos; al fracasar las negociaalrededor de temas como la unidad institucional de ciones, hacia la medianoche del 4 al 5 de febrero, la las Fuerzas Armadas, la agudización de la moviliza- huelga entró en vigencia. Unidades blindadas del ción social y la crisis económica. Según Nicolás Ejército sitiaron Radio Patrulla exigiendo la entrega Lynch, en lo que respecta a la movilización popular de los dirigentes policiales y el fin de la huelga; al –quizá el tema que más preocupaba a las Fuerzas no haber respuesta, se produce la toma violenta del Armadas por sus implicancias en cuanto a las posi- local, y debido al control militar de la zona nunca bilidades revolucionarias de su movilización autó- se pudo precisar el número de muertos y heridos noma– se manifestaron dos posiciones: por un lado entre los huelguistas. Luego el Ejército se retiró. estaba el grupo de ministros conocido como “la Mi- Las horas siguientes en las calles del centro de Lisión”, que apoyaban una política de control del mo- ma fueron de incertidumbre. La gente temía salir vimiento social a través de los servicios de inteli- de sus casas, pero poco a poco comenzó a darse gencia y el paralelismo sindical, enfrentando la in- cuenta de la falta de control. En la mañana, la profluencia creciente de los partidos políticos de la iz- testa estalló tanto en Lima como en el Callao; paraquierda radical. Los miembros de este grupo, enca- lelamente a los saqueos de tiendas de ropa y elecbezado por el ministro de Pesquería, general Javier trodomésticos, fueron incendiados el casino miliTantaleán Vanini, eran incondicionales del general tar, el diario Correo, las oficinas del SINAMOS, el Velasco, ganándose paulatinamente su confianza. El centro cívico. Los ataques a estos últimos, al pareotro grupo –conocido como “los progresistas” y cer, estuvieron encabezados por estudiantes aprisconformado por los antiguos coroneles que organi- tas que trataron de dirigir la espontánea explosión zaron el golpe de 1968 junto con el general Velas- popular. co– promovía un acercamiento cada vez más estreDesde palacio de Gobierno se ordena la salida de cho al movimiento social y evolucionaba hacia po- las tropas de la segunda región militar (Lima y Casiciones más radicales, cercanas al socialismo y al llao) a cargo del general Leonidas Rodríguez, miemmarxismo. El apoyo del general Velasco a “la Mi- bro de “los progresistas”; éstas salen recién a mediosión” se evidenció al entregarle la dirección del SI- día y reprimen a sangre y fuego tanto a los saquea1104

El Perœ contemporÆneo quería reforzar su relación con las organizaciones populares mediante la creación de un partido político. Unos y otros parecerían haber estado de acuerdo al respecto: los de “la Misión”, porque ello les permitiría continuar su política de control del movimiento social; “los progresistas” porque con ello se podría recuperar la relación “pueblo-Fuerza Armada” y dar concreción a “la democracia social de participación plena”. El 25 de febrero el gobierno publica las “Bases ideológicas de la revolución peruana” y en julio se anuncia la formación de la Organización Política de la Revolución Peruana (OPRP), que no tendría éxito, y que languidecería con la salida de Velasco.

LA CAÍDA DE VELASCO

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Los hechos del 5 de febrero abrieron espacios a los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas. Además de la situación política y econóEl 5 de febrero de 1975 la ciudad de Lima quedó desguarnecida al decretarse mica, y de la posibilidad de un conuna huelga de la Guardia Civil, produciéndose el robo y saqueo de numerosas tiendas del centro de Lima, así como el ataque a diarios de filiación flicto militar con Chile, las Fuerzas gobiernista como Correo. Armadas temían que las protestas y movilizaciones populares se incrementaran favoreciendo a los partidos dores como a los manifestantes. Asimismo, median- de la izquierda radical. La Marina recuperó posiciote comunicado oficial, el gobierno suspende las ga- nes cuando en julio de 1975 logra que el general rantías y declara el toque de queda a partir de las 6 Velasco retire al comandante general de la Marina de la tarde. El saldo oficial fue de 86 muertos, 155 nombrado por él, a favor de uno elegido por la proheridos, 1 012 detenidos y 53 policías enjuiciados, pia arma. Al interior del Ejército comenzó a debasegún datos de Aldo Panfichi y Dirk Kruijt. El go- tirse nuevamente el tema del relevo de Velasco: un bierno acusó oficialmente al PAP de alentar los dis- grupo de oficiales se pone en contacto con colegas turbios y protestas, cosa que éste siempre negó. de la Marina y la Aviación, y con el presidente del Como ha sostenido Lynch, por primera vez se Consejo de Ministros y comandante general del produce una manifestación abierta de descontrol Ejército, general Francisco Morales Bermúdez. A social y de represión contra la población en Lima. pesar de los objetivos diferentes, los diversos sectoEstas situaciones se habían presentado al interior res al interior de las Fuerzas Armadas estaban de del país, en Ayacucho (1969), el centro minero de acuerdo en la necesidad del recambio del general Cobriza (1971) o Andahuaylas (1974), pero no en Velasco: la Marina y los conservadores querían un Lima. Los sucesos del 5 de febrero mostraron la pér- relevo para dar marcha atrás en las reformas, “la dida de la legitimidad que los militares habían con- Misión” deseaba fortalecer su política de control seguido con las reformas. Ello puso en debate ya no del movimiento social, y “los progresistas” querían sólo el problema del recambio del general Velasco, continuar con el proceso de reformas. Pero cada sino también el de la búsqueda de salidas políticas sector era incapaz por sí solo de imponerse a los que mantuvieran la unidad institucional de las otros, por lo que se plantearon establecer un míniFuerzas Armadas; pero, sobre todo, el gobierno mo de acuerdos en garantía de la unidad institucio-

Portocarrero Grados

El 5 de febrero de 1975 generó una fuerte crisis al interior del gobierno militar, sumada a los padecimientos físicos de Juan Velasco Alvarado y los enfrentamientos entre facciones al interior del gabinete ministerial. Finalmente, el 29 de agosto de 1975, en Tacna, Francisco Morales Bermúdez, entonces comandante general del Ejército, anunció el relevo de Velasco.

nal de las Fuerzas Armadas. Entonces ya se barajaba el nombre del general Francisco Morales Bermúdez como un hombre de consenso, quien además seguía jerárquicamente al general Velasco y había negociado con los diferentes comandantes de las Fuerzas Armadas pero sin llegar aún a acuerdos definitivos. Morales Bermúdez aprovecha un viaje al sur del país y desde la ciudad de Tacna se subleva, logrando la adhesión de los comandantes de las diferentes regiones militares. Al mediodía del 29 de agosto de 1975 el general Velasco abandona palacio de Gobierno.

II

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LA SEGUNDA FASE Inicialmente el desplazamiento del general Velasco de la presidencia de la República no significó ningún cambio sustancial, lo que permitió al discurso oficial señalar que se trataba del cumplimiento de las normas internas de las Fuerzas Armadas, dado que el general Velasco ya no se hallaba en actividad. Se anunció asimismo la profundización de las reformas y el cumplimiento de la transferencia del poder al pueblo organizado. En ese sentido, la salida del general Velasco fue presentada como el inicio de una “segunda fase” de la revolución peruana. Pero realmente, ante el adelanto de los planes por parte del general Morales Bermúdez, las diferentes posiciones castrenses entraban a una nueva situación frente al rumbo que debía tomar el gobierno. Inicialmente, el general Morales Bermúdez mantuvo el discurso reformista radical, con el objetivo de no provocar las protestas del movimiento social ni producir giros abruptos. Se abrían nuevas posibilidades de negociación, tanto dentro como fuera de las Fuerzas Armadas; para iniciarla, el general Mo1106

rales Bermúdez mostró cierta apertura política hacia los sectores civiles, revocando las deportaciones dictadas a principios de agosto contra políticos y periodistas, a excepción de Eudocio Ravines, quien moriría en su exilio en México, en 1979. También se dio una relativa apertura a la prensa mediante la autorización de publicación a revistas y semanarios políticos, que harían de este período una de los más ricos en debate político y de mayor politización social. Entre ellos destacan, además de la revista Caretas, Oiga, Equis X (de Ismael Frías), El Tiempo (de Alfonso Baella Tuesta), Opinión Libre (vinculado al diario La Prensa) y Marka (perteneciente a un conglomerado de partidos de izquierda). Sin embargo, los nuevos diarios, debido a la incertidumbre del curso político y a los elevados costos, funcionaron al ritmo de constantes clausuras y reaperturas. Morales Bermúdez inició también el desplazamiento de los integrantes de “la Misión”, los colaboradores más cercanos del general Velasco. La tendencia más radical, la de “los progresistas”, mantendría su presencia en el gobierno durante un año más. Se dictaron asimismo medidas de radicaliza-

El Perœ contemporÆneo ción e impulso de la reforma agraria y de la propiedad social y, en un nuevo intento por institucionalizar el proceso de reformas, se crea el Frente de Defensa de la Revolución Peruana (FDRP), encabezado por el dirigente campesino Avelino Mar. Finalmente, se nombró una comisión para la formulación de un nuevo plan de gobierno que sería conocido como “Plan Túpac Amaru”, cuyas propuestas no pasaron de ser meras declaraciones retóricas y formales. En su papel de mediador de las tendencias al interior de las Fuerzas Armadas, Morales Bermúdez dictó también medidas orientadas a favorecer a los sectores conservadores: hacia mediados de 1976, desplazó del gobierno a “los progresistas”, recortó la estabilidad laboral, encarceló en la colonia penal de El Sepa a un importante grupo de asesores sindicales y flexibilizó el trato a los empresarios. Esto provocó un paro regional de la CGTP en Lima y el Callao el 29 de diciembre de 1975, el primero desde 1968.

RECOMPOSICIÓN POLÍTICA AL INTERIOR DEL GOBIERNO Francisco Morales Bermúdez sucedió a Juan Velasco Alvarado en la conducción del gobierno militar, con lo que se dio inicio a la llamada Segunda Fase que significó la transición hacia un gobierno civil.

cales al interior de las Fuerzas Armadas. En julio de 1976, el general Carlos Bobbio se subleva desde la Escuela Militar de Chorrillos, lo cual trajo como consecuencia los pases al retiro de los generales Jorge Fernández Maldonado –presidente del Consejo de Ministros, ministro de Guerra y comandante general del Ejército– y Enrique Gallegos Venero. Según Lynch, al parecer existieron conatos similares en diferentes puntos del país, pero todos fueron debelados.

EL DESMANTELAMIENTO DE LAS REFORMAS Todos los hechos señalan el giro político conservador del gobierno que lentamente desmantelaba las reformas, especialmente aquellas que beneficiaban directamente a los sectores populares. Por ello, parte fundamental de este giro será la represión del movimiento sindical que protesta ante el recorte de sus derechos, especialmente los de estabilidad laboral, sindicalización y huelga. En abril de 1976 el gobierno declara en emergencia los sectores minero y

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Como se señaló anteriormente, el general Morales Bermúdez desplazó a los colaboradores más cercanos del general Velasco. A fines de octubre de 1975 se pasa al retiro a los generales José Graham Hurtado, jefe del COAP, y Leonidas Rodríguez, jefe de la segunda región militar. Si bien estos cambios se realizaron respetando las normas institucionales de las Fuerzas Armadas, favorecieron a los sectores conservadores, actitud reflejada en casos como el del general Luis Cisneros Vizquerra, nombrado jefe del SINAMOS en setiembre de 1975 y, posteriormente, ministro del Interior. Con ánimo de reforzar una línea institucional, el COAP es desplazado por el Consejo de Ministros en la formulación de planes y proyectos de ley, y en la toma de decisiones políticas, que antes eran meramente formales; con ello adquirieron fuerza los sectores opuestos a cualquier profundización del proceso de reformas y que buscaban más bien, un retroceso. Los asesores civiles del gobierno también fueron retirados de sus cargos. En setiembre es despedido Augusto Zimmermann del cargo de secretario de Prensa del presidente de la República y en marzo de 1976 son despedidos los directores de los diarios expropiados dos años atrás, la mayoría de los cuales era de filiación izquierdista. Esto produjo intentos de “golpe de mano” por parte de los sectores radi-

Portocarrero Grados la gestión; dispuso que las nuevas empresas no se regirían por las leyes laborales aún vigentes, por lo que muchas se declararon en quiebra; la reforma agraria fue prácticamente paralizada y la protesta social duramente reprimida. Esto generó la condena de los sectores sociales y políticos que inicialmente habían apoyado al gobierno y la izquierda radical señaló que estas medidas desenmascaraban el verdadero rostro del gobierno. En diciembre de 1976, éste inicia un acercamiento a las fuerzas políticas existentes antes del golpe de 1968 y que podríamos calificar como tradicionales: AP, PPC, PAP, PCP, discriminando a los partidos de la izquierda radical y a los sectores velasquistas. Ello se expresó en la vuelta a la circulación de algunas revistas políticas, cuyos directores llegaron a un acuerdo con Luis Cisneros Vizquerra, ministro del Interior: no atizar la lucha de clases, no apoyar la subversión ni atentar contra la unidad de las Fuerzas Armadas; ello implicaba aceptar de hecho la censura del gobierno. Mientras tanto, los generales velasquistas deportados meses atrás fueron impedidos de regresar al Perú.

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A pesar de una vigilada censura contra los medios de prensa, revistas de inspiración izquierdista como Marka expresaban sus críticas hacia la conducción económica del gobierno militar, calificándola de antipopular y entregada al capital extranjero. Un buen ejemplo de esta óptica se puede apreciar en su portada del 27 de abril de 1978.

pesquero –importantes productores de divisas– para poder reprimir la protesta sindical en puertos y minas. Se producen huelgas entre los maestros y toma de las fábricas ubicadas en la carretera Central por sus trabajadores, amenazados con el despido. En julio de 1976, junto con el primer “paquete” de medidas económicas, y ante la protesta popular, el gobierno decretó el estado de emergencia a nivel nacional, suspendiéndose las garantías individuales y los derechos laborales; se clausuraron las revistas de oposición y se deportó a los generales velasquistas en retiro. Junto con el estado de emergencia se estableció el toque de queda, medidas que perduraron hasta julio de 1977, cuando fueron derogadas como resultado de un paro nacional. En este contexto el gobierno devolvió a los empresarios la flota pesquera estatizada; modificó la ley de comunidad laboral, recortando los mecanismos de acceso de los trabajadores a la propiedad y a 1108

Luis Cisneros Vizquerra, ministro del Interior, acordó con los dueños de algunas revistas políticas que su circulación estaría permitida siempre y cuando no atentasen contra la llamada “unidad de las Fuerzas Armadas”.

El Perœ contemporÆneo LA POLÍTICA ECONÓMICA

El primer ministro civil del gobierno militar fue Luis Barúa Castañeda, en la cartera de Economía y Finanzas. Alentó una serie de drásticas medidas como la devaluación de la moneda, el ajuste de precios y el control en el alza de las remuneraciones. Sus medidas económicas no tuvieron éxito y renunció a su cargo en mayo de 1977.

gímenes; mantenimiento del precio de productos como el arroz, el azúcar, kerosene doméstico, gasolina de avión y otros; congelamiento hasta el 31 de diciembre de 1975 de los nuevos precios; reducción de subsidios del gobierno; y reajustes leves en los sueldos y salarios. Dichas medidas apuntaban a no sacrificar el crecimiento, manteniendo importantes niveles de inversión pública, pero a su vez tratando de elevar las tasas de rentabilidad y ganancia de las empresas. Como parte de la apertura política hacia los partidos políticos tradicionales y al empresariado, en setiembre de 1975 se nombró al primer ministro civil del gobierno militar, Luis Barúa Castañeda, hecho significativo ya que se trataba del ministerio de Economía y Finanzas. Casi inmediatamente se anunció una medida complementaria al “paquete” económico: la devaluación de la moneda, elevando el tipo de cambio de 38,70 a 45 soles. Sin embargo, no se logró los resultados esperados, por lo que en enero de 1976 el ministro Barúa anuncia un nuevo “paquete” de medidas con los mismos 1109

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Como primer objetivo económico se debía resolver el problema financiero y de la balanza de pagos. Cualquier reestructuración debía incluir el problema de la deuda externa, por lo que las instituciones del sistema financiero internacional –especialmente el FMI– tendrían papel destacado en la elaboración de la política económica y en la aplicación de los denominados “paquetes” de medidas, de carácter ortodoxo y orientados a que los costos sociales fueran pagados por los sectores de menos ingresos. Como ha sostenido Lynch, dichas medidas económicas iban acompañadas de medidas de represión de la movilización social. Según Iguíñiz, estas medidas “correctivas” comenzaron a aplicarse desde junio de 1975, cuando el general Francisco Morales Bermúdez presidía el Consejo de Ministros. Dichos “paquetes” tuvieron tres mecanismos definidos para resolver el problema de la balanza de pagos: la elevación de los precios controlados, especialmente de la gasolina y de los productos de consumo popular; el control de las remuneraciones, mediante el establecimiento de topes y pequeños incrementos del Salario Mínimo Vital; y la devaluación monetaria, mecanismos que regirían la política económica en los 15 años siguientes. Según Lynch, el diagnóstico que comienza a aparecer detrás de las medidas “correctivas” es el de un “exceso de demanda”, que debía ser restringida mediante la reducción de la capacidad de compra de la población y la disminución del gasto público y de las importaciones que no estuvieran orientadas a favorecer a las empresas privadas. El gobierno militar asumió el diagnóstico de los gremios empresariales pero no redujo el gasto público, ya que ello habría implicado reducir drásticamente la presencia del Estado en la economía, disminuir el gasto militar –en un contexto de tensiones con Chile– y no enfrentar el problema de la deuda externa. Como ya se señaló anteriormente, el primer “paquete” de medidas se dictó en junio de 1975. Las razones que se dieron incluían un desajuste en los precios de los productos controlados y no controlados; divergencias entre los precios internos y externos; el alza de los insumos, que afectaba la rentabilidad y la producción de las empresas; la necesidad de evitar nuevos préstamos para garantizar los programas de inversión; una estructura de precios perjudicial; y que el incremento de sueldos y remuneraciones crearía un déficit fiscal difícil de cubrir. Las medidas fueron: elevación de los precios controlados, de los fiscalizados y de los no sujetos a estos re-

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Portocarrero Grados mecanismos que el anterior: reducción de subsidios y elevación del precio de la gasolina y de los productos básicos, disminuyendo la capacidad adquisitiva de las remuneraciones y el poder de negociación del trabajador. Nuevamente aumentaron los precios de la gasolina y de los alimentos, así como levemente las remuneraciones. Los incrementos automáticos de sueldos y salarios por negociación colectiva quedaron suprimidos, al igual que las peticiones por condiciones de trabajo. Asimismo se declaró nulo todo pacto o convenio que excediese los topes fijados, con el objetivo de evitar que los incrementos salariales gravaran a las empresas. Para fomentar las exportaciones se dispuso reintegros y exoneraciones a diversos impuestos y derechos aduaneros, modificando el sistema de Certificados de Reintegro Tributario a la Exportación (CERTEX). Por último, se restringió la base monetaria en términos nominales y reales. A lo largo del año se dictaron nuevas medidas, aunque éstas se concentraron en junio. Se dieron incrementos de precios en productos que afectaban a las empresas públicas. La política salarial apuntó a la capacidad adquisitiva de las remuneraciones más altas y a incrementos que no se trasladaban al Salario Mínimo Vital, haciendo más precario el ingreso de los más pobres. También se postergaron por seis meses los topes a los convenios colectivos, para que no se produjeran aumentos. Como resultado de ello, entre 1975 y 1976, el subempleo se incrementó de 18,2% a 28,3% y se estancó el empleo en el sector moderno de la economía. En julio se devaluó la moneda en un 44,4%, pasando de 45 a 65 soles. A partir de entonces se iniciaron las minidevaluaciones, con las cuales al final del año el dólar costaba 69,40 soles. En cuanto a la política tributaria, se incrementaron los impuestos a las ventas de bienes y servicios (de 17 a 20%) y a los bienes de lujo (de 27 a 40%), así como el de la gasolina; este último y los impuestos indirectos que paga la mayoría 1110

de la población, se vuelven prioritarios al interior de la estructura tributaria, y se incrementaron de manera real en 10%. Los impuestos directos, es decir, a la renta, a la propiedad y a las exportaciones, disminuyeron en 15%. El gobierno, sin embargo, volvió a recurrir a la emisión monetaria en el último trimestre del año. Ante el fracaso de las medidas implementadas, el ministro Barúa plantea un nuevo incremento a la gasolina para cubrir el déficit fiscal, a lo que el gobierno se opone; en mayo de 1977 renuncia a su cargo. Walter Piazza Tangüis, un importante miembro de los gremios empresariales, asume en junio de 1977 el ministerio de Economía y Finanzas, con la promesa de tener libertad de decisión en las medidas económicas. Los objetivos de su programa económico eran recuperar la confianza de los empresarios en el gobierno, fomentar el ahorro interno, revisar los programas de inversión pública y reducir el gasto público, entre otros. Para lograrlo planteó las siguientes medidas: reducir drásticamente el gasto público, incrementar el precio de la gasolina en un 50%, reducir las importaciones del Estado, dar un leve incremento de remuneraciones y negociar un acuerdo con el FMI por un monto de 250 millones de dólares. Sin embargo, al no obtener el apoyo mayoritario del gabinete para disminuir el gasto militar, y al incrementarse la movilización social a lo largo del año en contra de la política económica, Piazza renuncia a principios de julio, cuando ya se anunciaban las coordinaciones para la realización de un paro nacional. Ante esta situación, el gobierno endurece su posición y nombra a un militar en el ministerio de Economía, el geneWalter Piazza Tangüis sucedió a Luis Barúa en la cartera de Economía y Finanzas. Miembro importante de la clase empresarial peruana, uno de sus principales objetivos era devolver a los empresarios la confianza en el gobierno militar. Sin embargo, discrepancias con el gabinete ministerial apresuraron su salida; su gestión duró escasas semanas.

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ral Alcibíades Sáenz Barsallo. Se produce el paro nacional del 19 de julio de 1977, que el gobierno reprimió violentamente; hecho a partir del cual el gobierno ya no trataría de cuidar su imagen, sobre todo en cuanto a medidas económicas. El eje de su gestión se centraría en llegar a un acuerdo con el FMI, restableciéndose las negociaciones en agosto. En octubre el gobierno firma una carta de intención, luego de que el general Sáenz anunciara nuevas medidas de austeridad. En dicha carta, que debía aplicarse de octubre de 1977 a diciembre de 1979, se diagnosticó el problema económico como un exceso de Vista externa del Mercado Central de Lima durante el paro nacional del 19 de julio de 1977. Ante el evidente deterioro de la legitimidad del régimen, éste convocó a demanda, producto del déficit fiscal. Frente a ello, el gobierno se elecciones para una Asamblea Constituyente, las que se realizarían en junio de 1978. comprometía a reducir el gasto fiscal de 8,5, a 3,3% en 1978 y a 2,3% en 1979; a ele- tes de su salida del ministerio de Economía y Finanvar el precio de la gasolina en 20% antes de enero zas, el general Sáenz Barsallo dictó una serie de mede 1978; a incrementar el crédito de 29% a 32% pa- didas ya conocidas: una devaluación de 15,4%; un ra 1978; a establecer una tasa de cambio libre; a res- incremento de 60% en el precio de la gasolina y de tringir los incrementos salariales al 10% (con un 40% en los productos básicos; eliminación de la maobjetivo de inflación de 20% para 1978), ya que és- yoría de subsidios; implementación de nuevos imtos eran considerados culpables de la inflación; a es- puestos; incremento en las tasas de interés; y reductablecer límites al financiamiento externo de media- ción del gasto público. En este nuevo contexto, a inicios de mayo de no y largo plazo; y a reducir los controles a las importaciones. Dichas metas fueron consideradas por 1978, el gobierno llama nuevamente a un civil, Javier Silva Ruete, al ministerio especialistas como punitivas, de Economía. Como pieza funincumplibles e impuestas por damental de su propuesta ecoel FMI. Tal era el caso que en nómica, Silva Ruete nombró febrero de 1978 el mismo FMI presidente del directorio del criticó al gobierno por la masiBCR a Manuel Moreyra; ambos va violación de las metas acordirigieron la política económidadas. El gobierno respondió ca hasta julio de 1980, iniciándeclarando “persona no grata” dose un período de liberalizaa la representante del FMI, peción y privatización de la ecoro continuó golpeando los denomía, que consistió básicarechos laborales y los ingresos mente en devolver la toma de de los trabajadores. En enero de 1978 se volvió a prorrogar la vigencia de las negociacioJavier Silva Ruete asumió la cartera nes colectivas por 18 meses y de Economía y Finanzas en mayo de 1978, nombrando como presidente en marzo de 1978 se amplió el del Banco Central de Reserva a período de prueba, condición Manuel Moreyra Loredo. Su gestión previa para obtener la estabilituvo relativo éxito, permaneciendo dad laboral, de tres meses a hasta el final del gobierno militar en julio de 1980. tres años. En mayo, poco an-

Portocarrero Grados decisiones a los empresarios en desmedro de los derechos laborales. Las medidas dictadas tuvieron un relativo éxito, ya que permitieron estabilizar la crisis, mas no sortearla. Parte de este relativo éxito se debió a un contexto favorable: el inicio de la transición democrática, la derrota de la movilización social, la entrada en operaciones de grandes proyectos de inversión minera y petrolera iniciados durante el gobierno del general Velasco y una mejora en los precios de nuestros productos de exportación. La respuesta de la movilización social a las medidas del general Sáenz recién se sintió los días 22 y 23 de mayo con un nuevo paro nacional que remeció el país. En ese entonces ya se había establecido el nuevo equipo económico y la medida de protesta no modificó los rumbos de la política económica del gobierno. El 18 de junio se realizaron las elecciones para representantes a la Asamblea Constituyente. Inicialmente se afianzaron las medidas económicas dictadas en mayo, se inició una reducción drástica del gasto fiscal y se buscó sanear el sector externo para garantizar el pago de la deuda externa; más adelante, se dictaron nuevas medidas de contrarreforma y se liberaron prácticamente todas las importaciones.

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LA CONVOCATORIA A ELECCIONES Ya en febrero de 1977, con la presentación del denominado “Plan Túpac Amaru” y con su acercamiento a los partidos, los militares estaban estudiando las posibles vías para una transferencia política del gobierno a los civiles y, en ese contexto, debían enfrentar tres problemas fundamentales paralelos: las discrepancias al interior de las Fuerzas Armadas, la crisis económica y la movilización social. Los partidos políticos y los gremios empresariales exigían claridad en cuanto a la forma y al cronograma de la transferencia. En mayo de 1977 el gobierno convoca a conversaciones separadas a los partidos políticos que consideraba interlocutores válidos, para conocer sus opiniones al respecto: AP, el PPC, el PAP y el PC, este último por su influencia sindical; estas iniciales conversaciones no tuvieron resultados concretos. Para el gobierno el problema inmediato era estabilizar la crisis económica y enfrentar la creciente movilización social, que había aumentado notablemente desde la implementación de las primeras medidas en julio de 1975. Esto llevó a los diversos sectores laborales y a los partidos de la izquierda radical a coordinar una medida de envergadura como respuesta al gobierno. Las coor1112

dinaciones fueron largas y tediosas debido al fraccionamiento político de las fuerzas de oposición que influían en la organización sindical y popular, especialmente de la izquierda radical con constantes luchas por imponerse unas sobre otras. Los grupos prochinos, trotskistas y de la Nueva Izquierda competían con el PC prosoviético que dirigía la CGTP por el control de los sindicatos; sin contar con la CTP aprista, las organizaciones sindicales y populares influenciadas por los velasquistas y otros grupos menores. Finalmente, el 14 de julio, 23 organizaciones sindicales se agrupan en un Comando Unitario de Lucha (CUL) que convocó a un paro nacional de 24 horas para el día 19. El comunicado del CUL planteaba las siguientes reivindicaciones: aumento general de sueldos y salarios de acuerdo con el alza del costo de vida; oposición al programa económico del ministro Piazza; congelamiento de los precios de primera necesidad; vigencia de la estabilidad laboral y de los convenios colectivos sin topes ni recortes; reposición de los trabajadores despedidos, libertad de los detenidos y regreso de los deportados por razones sindicales y sociales; plenas libertades políticas, levantamiento de la ley de emergencia y el toque de queda; y solución a gremios en conflicto: pesquero, agrario, universitario. El paro nacional, el primero en la historia sindical peruana, fue acatado mayoritariamente en casi todo el país, estableciéndose un patrón nuevo de protesta social: la identificación de los trabajadores con la población. No sólo pararon los sindicatos, tanto en la ciudad como el campo, sino también protestaron los asentamientos humanos y los barrios, que se movilizaron de los conos hacia el centro de Lima para converger con los sindicatos. Para los partidos de la izquierda radical, la insurrección revolucionaria de las masas y la toma del poder político estaban a la vuelta de la esquina, lo cual se vería reflejado en los debates a su interior. Ante la contundencia del paro, el gobierno autorizó a las empresas –tanto públicas como privadas– a despedir a todos los dirigentes sindicales que hubiesen participado en él; así se despidió a alrededor de 5 mil trabajadores en todo el país con el objetivo de descabezar al movimiento sindical. Pero el gobierno también tomó conciencia de que su tiempo político se agotaba; a pesar de que no se realizó ninguna de las reivindicaciones planteadas por el CUL, era evidente el grado de deterioro político del gobierno frente a la población. El 28 de julio se anunció la convocatoria a elecciones para elegir repre-

El Perœ contemporÆneo sentantes a una Asamblea Constituyente que funcionaría durante un año, luego de lo cual se convocaría a elecciones generales. Estas dos medidas le darían un respiro al gobierno, ya que redujeron la beligerancia de los partidos políticos y del movimiento social. Por un lado ganó tiempo para negociar los términos de la transferencia abriendo un espacio nuevo de confrontación política y, por otro, logró mayor tranquilidad para la aplicación del programa económico. A pesar de que los paros y huelgas continuarían a lo largo del año, no será hasta los días 22 y 23 de febrero de 1978 que se producirá una nueva medida que paralizaría al país, pero sin la beligerancia del paro de julio. Tampoco esta vez aceptó el gobierno ninguna de las reivindicaciones del pliego nacional. Sin embargo, tanto por la presión de la movilización social como por la necesidad de crear mínimas condiciones electorales, el gobierno levanta el estado de emergencia y el toque de queda a inicios del mes de agosto. En setiembre de ese año vuelven a circular las revistas clausuradas un año atrás y a fines de octubre se formaliza la convocatoria a elecciones para la Asamblea Constituyente, señalándose que uno de sus objetivos era institucionalizar las reformas implementadas a lo largo del gobierno militar. Esto fue considerado por los partidos políticos convocados a negociar la transferencia como una injerencia del gobierno en las futuras decisiones de la Asamblea Constituyente, ya que ellos estaban

más bien predispuestos a desmantelar tales reformas. La izquierda, en cambio, se opuso a las elecciones por cuestiones ideológicas, al considerarlas como un espacio vedado para la acción política revolucionaria; sin embargo, la mayoría de sus representantes participaría en ellas. Asimismo el decreto estableció los requisitos para los votantes: peruanos alfabetos mayores de 18 años. Los candidatos podían postular tanto por listas de partidos políticos como de organizaciones gremiales. Como ha anotado Lynch, esta última figura buscaba todavía combinar el postulado de la “transferencia del poder al pueblo organizado” con los mecanismos electorales tradicionales. Más adelante, la nueva Constitución anularía la inclusión de las reformas y el mecanismo de postulación vía organizaciones gremiales. Además se cambió el postulado de “transferencia del poder al pueblo organizado” por “transferencia del poder a la civilidad” y, para garantizar dicho viraje, el SINAMOS fue disuelto. Para la organización, implementación y vigilancia de las elecciones se convocó al Jurado Nacional de Elecciones existente hacia octubre de 1968 cuyas funciones habían sido interrumpidas por el golpe militar. En la navidad de 1977 fallece el general Juan Velasco Alvarado, a quien se le tributaron honores de jefe de Estado y cuyo cortejo fúnebre fue acompañado por una multitudinaria manifestación popular. Con su muerte, el velasquismo quedaba en manos de sus antiguos colaboradores.

III

RECOMPOSICIÓN DE LAS FUERZAS POLÍTICAS

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

El impacto del golpe de 1968 en el sistema de partidos que rigió la vida política desde 1956, afectó sobre todo a aquellos que no tenían relaciones orgánicas con las organizaciones sindicales y populares, como AP, el PPC, la DC, el MDP y la UNO. El PAP y el PC, a pesar de su paulatina pérdida de influencia social, mantuvieron su presencia política tanto de oposición como de apoyo al gobierno militar. Los partidos políticos de la Nueva Izquierda tu-

vieron por su lado un inusitado crecimiento tanto a nivel orgánico como en presencia social, aunque debilitados por el constante fraccionamiento político y las divisiones ideológicas; serían el PAP y el conjunto de los partidos de izquierda los que mantendrían una vida política activa. Los partidos en su mayoría se movían en los espacios políticos propios de la institucionalidad estatal (Parlamento, ministerios, procesos electorales) y fueron llamados “partidos tradicionales” por su falta de vínculos orgánicos con la sociedad y, en especial, con los sectores populares. En cambio los partidos que consideraban

Portocarrero Grados que la política pasaba también por múltiples espacios sociales (sindicatos, universidades, organizaciones barriales, prensa), mantuvieron su actividad política y hasta crecieron al interior del movimiento social, mientras los otros languidecían. Sin embargo, aun en el caso del PAP y de la izquierda radical, la mayoría de los nuevos dirigentes políticos que surgieron al lado de los antiguos líderes partidarios e intervinieron en los sucesivos procesos electorales, provenía de las universidades. Los “partidos tradicionales”, al ser elegidos como interlocutores para la realización de la transferencia de gobierno, volvieron a tener cierta vitalidad y, gracias a su larga experiencia política, presencia electoral. La convocatoria llevaría a diferentes actitudes: Acción Popular planteó la realización de elecciones generales inmediatas y posteriormente de elecciones a la Asamblea Constituyente, como en 1931, procedimiento que –como se demostró después– era inadecuado; finalmente, no participó. La izquierda radical, si bien rechazó la convocatoria a elecciones, comenzó a agruparse en frentes políticos. Los demás aceptaron participar con mayores o menores reparos.

LAS ELECCIONES A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

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Ya hemos señalado que en este contexto se produjo la entrada de un nuevo equipo económico encabezado por Javier Silva Ruete y Manuel Moreyra. La política que se continuó aplicando produjo una nueva respuesta de la movilización social que reali-

zó un paro nacional los días 22 y 23 de febrero de 1978, apoyado por un número de trabajadores cuatro veces mayor al de julio de 1977, repitiéndose algunos patrones de movilización y protesta social: convocatoria amplia, movilizaciones regionales previas y protestas callejeras conjuntas entre los sindicatos y los barrios. Pero la plataforma de lucha era básicamente la misma del año anterior, y el gobierno no dio marcha atrás. Su respuesta fue restablecer el estado de emergencia y el toque de queda; cerrar las revistas y los espacios políticos en la radio y la televisión; ordenar la deportación de 16 dirigentes sindicales y políticos de izquierda, de generales velasquistas en retiro y del director de la revista El Tiempo. Asimismo, se postergaron las elecciones por dos semanas, con la advertencia de que éstas sólo serían posibles en un ambiente de “paz social”. En este contexto se conformaron e inscribieron las listas de candidatos a la Asamblea Constituyente. Trece de los dirigentes de izquierda deportados aparecieron en las listas y los velasquistas se agruparon en el Partido Socialista Revolucionario (PSR). Finalmente, las elecciones se realizaron el 18 de junio de 1978, utilizando como mecanismos electorales el distrito electoral único, la lista incompleta, la cifra repartidora y el voto preferencial para elegir a 100 representantes. Los partidos que participaron con sus candidatos en cabeza de lista, fueron los siguientes: Partido Comunista Peruano (PCP) con Jorge del Prado, Partido Aprista Peruano (PAP) con Víctor Raúl Haya de la Torre, Partido Popular Cristiano (PPC) con Luis Bedoya Reyes, Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FRENATRACA) con Roger Cáceres, Acción Revolucionaria Socialista (ARS) con Mario Villarán, Unidad Democrática y Popular (UDP) con Javier Diez Canseco, Partido Socialista Revolucionario (PSR) con Leonidas Rodríguez Figueroa, Movimiento Democrático Peruano (MDP) con Javier Ortiz de Zevallos, Unión Nacional Una mesa electoral durante los comicios para Asamblea Constituyente, en junio de 1978. En este proceso intervinieron no menos de doce agrupaciones políticas, incluyendo los partidos de izquierda, a pesar de su oposición inicial. Acción Popular, el partido de Fernando Belaunde Terry, se abstuvo de participar.

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El Perœ contemporÆneo

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Odriísta (UNO) con Julio de la Piedra, Democracia Cristiana (DC) con Héctor Cornejo Chávez, el Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular (FOCEP) con Hugo Blanco y el Partido Democrático Reformista (PDR). Los resultados oficiales fueron los siguientes: PAP, 1 241 174 votos (37 representantes); PPC, 835 294 votos (25); FOCEP, 433 413 votos (12); PSR, 232 520 votos (6); PCP, 207 612 votos (6); UDP, 160 741 votos (4); FRENATRACA, 135 552 votos (4); PDC, 83 075 votos (2); UNO, 74 137 votos (2); MDP, 68 619 votos (2); ARS, 20 164 votos (0); PDR, 19 524 votos (0). En El candidato más votado para la Asamblea Constituyente fue Víctor Raúl Haya de la Torre. El histórico líder del APRA se convirtió así en el presidente de la Asamblea cuanto al voto preferencial, los Constituyente que redactaría la Carta Política de 1979, por lo que le correspondió más votados fueron: Víctor Raúl presidirla. En la imagen, Haya de la Torre en el hemiciclo del congreso durante la Haya de la Torre, 1 038 516 voinstalación de dicha Asamblea. tos; Luis Bedoya Reyes, 644 131 votos; Hugo Blanco Galdós, 268 885 votos; Leoni- una tribuna para denunciar al gobierno y a los pardas Rodríguez Figueroa, 169 772 votos; Jorge del tidos políticos “tradicionales”. La votación de los Prado, 150 960 votos; Genaro Ledesma Izquieta, 76 partidos vinculados al gobierno de Velasco (PC, DC, PSR) expresa que pese a las medidas de contra327 votos; Roger Cáceres Velásquez, 55 336 votos. Como conclusión se puede señalar que la victo- rreforma, el proceso reformista tenía aún fuerte preria del PAP fue producto de su larga trayectoria his- sencia política y social. Los partidos del orden olitórica, de su mejor cohesión organizativa y de su gárquico (MDP, UNO) estaban en agonía. aún importante presencia en el movimiento social. A ello habría que sumar sus exitosas relaciones con LAS RELACIONES DE LA ASAMBLEA CON el gobierno, especialmente con el general Morales LA DICTADURA Bermúdez, que lo presentaban como carta de reEl primer problema a resolver, luego de publicacambio lógico. La votación del PPC, expresión del voto conservador, se vio beneficiada por la absten- dos los resultados oficiales, era establecer claramención de AP, ya que el PPC nunca pasó de represen- te las funciones de la Asamblea Constituyente. Si tar a los sectores medios altos y altos de Lima. El ca- bien la convocatoria circunscribía su tarea a la elaso más saltante fue el de la Izquierda que, pese a su boración de la nueva Constitución, los acuerdos pofragmentación política, rondó el tercio de votos líticos entre el gobierno y los partidos que servían convirtiéndose en una nueva fuerza electoral. Su al- de interlocutores sobre este punto fueron ambiguos. ta votación expresaba su influencia en el movimien- Haya de la Torre, el candidato más votado, asume la to social y el desarrollo político alcanzado durante presidencia de las juntas preparatorias y, luego de la la implementación del proceso de reformas. Por ello instalación de la mesa directiva, es elegido por mano es extraño que los dos dirigentes de izquierda yoría como presidente de la Asamblea. En su dismás votados fuesen Hugo Blanco y Genaro Ledes- curso de iniciación de los trabajos, el 28 de julio de ma, dos líderes vinculados al movimiento campesi- 1978, Haya de la Torre declaró que la Asamblea deno en su confrontación con la oligarquía. Pero la iz- bía ser “el primer poder del Estado”, aunque sin quierda no supo sacar correctas enseñanzas de esto, cuestionar directamente la presencia de los militaya que mantendría la fragmentación política e ideo- res en el gobierno. Con ello buscaba no sólo legitilógica como característica central; considerando, mar la existencia del gobierno militar, pero también además, a la Asamblea Constituyente sólo como declarar la independencia formal de la Asamblea

Portocarrero Grados

ETAPA CONTEMPORÁNEA

La segunda fuerza política de la Asamblea Constituyente fue el Partido Popular Cristiano (PPC). La cabeza de su lista fue Luis Bedoya Reyes, quien fuera en dos ocasiones alcalde de Lima.

el MDP y la UNO, tomaría el control efectivo del trabajo de la Asamblea, y el gobierno militar se ocuparía de la situación interna del país. La mayoría de la Asamblea se desvinculó prácticamente de la movilización social mientras que la izquierda radical no se frente al mismo. La izquierda radical presentaría preocupó tanto del debate constitucional como de una moción para que además de las tareas constitu- la movilización social, realizando constantes deyentes, la Asamblea asumiera funciones legislativas nuncias y utilizando su inmunidad para interceder en la solución de las demandas populares, la cual no por los gremios en conflicto. prosperó. Aun así, la Asamblea se convirtió en caja Los constituyentes se dividieron en comisiones. de resonancia de la protesta social, lo cual puso en En la principal, presidida por Luis Alberto Sánpeligro su continuidad. Para garantizarla, en medio chez, se concentró la mayor parte del debate, que de la discusión sobre el reglamento interno de la se inicia en abril de 1979 hasta mediados de julio, Asamblea, el gobierno y los dos partidos con mayor cuando la Constitución es terminada. Durante la votación (el PAP y el PPC) llegaron a un acuerdo es- mayor parte de este proceso Haya de la Torre no estableciendo que la Asamblea se circunscribiría a sus tuvo directamente vinculado al debate constituciotareas constituyentes sin cuestionar al gobierno, el nal, ya que debido a su edad enfermó gravemente y cual no intervendría en los trabajos de la Asamblea fue trasladado a Houston en los Estados Unidos. A y cumpliría con realizar las elecciones generales en su regreso, aunque no pudo seguir presidiendo la 1980. Así, la mayoría PAP-PPC, a la que se sumaron Asamblea, firmó la nueva Constitución antes de morir. Ésta fue enviada a Morales Bermúdez para su promulgación, pero fue devuelta por establecer la aplicación inmediata de la Constitución y, por ende, adelantar la transferencia del gobierno. La Asamblea por unanimidad, quizá la única, rechazó tales observaciones. En la práctica dicho conflicto quedó postergado, ya que la Constitución entraría en vigencia recién el 28 de julio de 1980. A lo largo del año de trabajo de la Asamblea la movilización social se agudiza. Los maestros agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (SUTEP) realizaron una huelga de tres meses, entre mayo y julio de 1978. También los empleados Las huelgas de los maestros agrupados en el SUTEP fueron una de las públicos se movilizaron frente a los mayores protestas que sufriera el gobierno militar, sobre todo en sus últimos dos años. En la imagen, una manifestación del SUTEP de agosto de 1979. anuncios de despido como manera de 1116

El Perœ contemporÆneo reducir el gasto público, y en setiembre fundaron la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE). A ellos se sumaron los trabajadores bancarios y los del sector Salud. La movilización social más importante fue la de los trabajadores mineros, quienes realizaron marchas de sacrificio hacia Lima acompañados de sus familias. El centro de Lima se convirtió en escenario constante de enfrentamientos, manifestaciones y ollas comunes. Todas las protestas fueron reprimidas violentamente por el gobierno, ante la indiferencia de la mayoría de la Asamblea Constituyente. El año 1978 se convirtió en el año con mayor número de horas-hombre perdidas durante toda la década.

electoral. Luego, su cadáver fue trasladado por tierra, en un largo y último peregrinaje, a la ciudad de Trujillo donde fue enterrado. Sus partidarios lucharían por el control del PAP, que entró en su crisis más importante hasta entonces. Eudocio Ravines, uno de los personajes más interesantes y controvertidos de nuestra historia política, murió como un paria en México, exiliado cuando nadie lo era en el Perú. Condenado y odiado por la izquierda, a la que dedicó su juventud y parte de su madurez; olvidado y hecho a un lado por aquellos que aprovecharon la experiencia de sus años de comunista para sostener un orden injusto, su vida ha sido distorsionada, especialmente por la historia oficial del PCP. Sirvió fielmente a la revolu-

EL FIN DE UNA ERA

Toma aérea de las exequias de Víctor Raúl Haya de la Torre, cuyo partido tuvo rol determinante en la política peruana.

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Con la promulgación de la nueva Constitución, con un electorado representado en más de un 30% por nuevas fuerzas políticas y con la experiencia de casi una década de transformaciones estructurales, si alguien soñó con la restauración del régimen existente antes de 1968 lo hizo en vano. Expresión final de esa era fue la muerte de tres importantes personajes que sostuvieron el orden oligárquico durante los últimos 12 años de su existencia: Pedro Beltrán, Víctor Raúl Haya de la Torre y Eudocio Ravines, fallecidos todos ellos en 1979. Un cuarto personaje, el general Manuel A. Odría, ya había muerto años antes. Pedro Beltrán falleció en el mes de febrero al regresar de los Estados Unidos. Fue velado en la iglesia de San Marcelo y en el local del diario La Prensa. Beltrán representó el pensamiento económico liberal moderno, aunque en el campo político estuvo más cerca del civilismo clásico. Queda pendiente el estudio de su vida y obra para la comprensión de nuestra historia política y económica contemporánea. Haya moriría el 2 de agosto de 1979 en su casa, la Quinta Villa Mercedes. Sus restos fueron velados en el local de la Casa del Pueblo, en el Congreso y en la catedral, recibiendo honores de jefe de Estado, cargo al cual no accedió en vida ni por vía revolucionaria ni por vía

Portocarrero Grados Eudocio Ravines, controvertida figura pública peruana. Militó y fue dirigente del Partido Comunista Peruano, renunciando posteriormente y convirtiéndose en un furibundo anticomunista. Su polémica trayectoria no ha permitido todavía un análisis sereno de su paso por la política peruana.

ción de la que fue ejecutor y también víctima, y luego a la oligarquía. El estudio de su vida, una vida trágica y llena de contradicciones, debe realizarse no sólo por su importancia en la evolución de nuestra historia política sino porque nadie merece un olvido tan mezquino de los sectores a los cuales apoyó, aunque éstos hayan estado en bandos completamente opuestos.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1979 Según Marcial Rubio y Enrique Bernales, la Constitución, en cuanto establece la funcionalidad del Estado y las reglas básicas de la sociedad, no resulta necesariamente del consenso de los diversos sectores de ésta, sino más bien de los componentes de la Asamblea Constituyente, quienes establecen sus parámetros. En ese sentido, el modelo de socie-

dad resultante se expresa a través de tres ordenamientos: el económico, el político y el de los derechos ciudadanos. Conforme a este criterio Rubio y Bernales reseñan la esencia de la Constitución de 1979. a) El sistema económico. El tratamiento normativo era extenso aunque ello no significó un cambio fundamental en relación a lo que contenía en esta materia la Constitución de 1933. La Asamblea Constituyente precisó varias instituciones que existían tácitamente en la Constitución anterior e incorporó otras tomadas de la modernización operada en la sociedad peruana en las décadas precedentes, adaptándolas al modelo de 1933. Articuladas por un concepto tradicional de propiedad –inviolable y de carácter privado–, las reglas básicas del sistema económico eran la economía social de mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio e industria. En dicha constitución se recogieron las transformaciones ocurridas en las décadas anteriores, pero bajo una normatividad ambigua entre un régimen liberal y un régimen donde el Estado cumplía un importante rol empresarial y de regulación de las relaciones sociales, tendencia que se venía dando desde la década del 60. Ello se pudo ver en los siguientes casos: – La libre capacidad de las empresas quedó encuadrada dentro de los procedimientos de autorización, como la exigencia de requisitos de constitución empresarial o las oportunidades de inversión en campos señalados como prioritarios y no prioritarios. En otras palabras, se contraponían dos principios que no funcionan armoniosamente juntos: la libertad de industria y comercio, y el sistema de planificación. – Bajo control o fiscalización del Estado se reconoció toda una gama de formas asociativas autogestionarias, como cooperativas o empresas de propie-

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La constitución de 1979 reconocía como modelo económico la llamada “economía social de mercado”, según la cual éste actúa como centro de regulación de las decisiones económicas y el Estado se ocupa de asegurar la libre competencia y prestar ayuda a los individuos marginados de sus beneficios.

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El Perœ contemporÆneo las normas establecidas en la Constitución. No eran responsables por sus opiniones o acciones en el ejercicio de sus cargos; no podían ser destituidos por ninguna razón política (salvo por comisión de delito, con formulación de un antejuicio político y la suspensión en el ejercicio de la función); y no existían mecanismos de “democracia directa” para que el pueblo pudiera intervenir en las decisiones entre elección y elección. Tampoco se previó la institucionalización de ningún organismo que, mediante representación de ciudadanos, pudiera intervenir dictaminando o ejerciendo el derecho de iniciativa en materia legislativa o las renovaciones periódicas parciales del órgano legislativo. De esta manera, el sistema político era representativo en su variante más clásica, restringiendo sustancialmente las formas de participación popular a las elecciones quinquenales. No es que se hubiera propugnado un sistema democrático más abierto. Fue una decisión consciente y voluntaria de mantener en lo sustancial el mismo mecanismo y el mismo sistema político de la Constitución de 1933. Hubo propuestas que buscaron enriquecer el modelo, como el referéndum ratificatorio de legislación y decisiones políticas trascendentales, o el otorgamiento de participación institucionalizada a las organizaciones sociales en la tarea legislativa, como agentes dictaminadores y propulsores de legislación; sin embargo, se optó por restringir estas atribuciones a los elegidos para ocupar cargos de gobierno, debido al temor a las organizaciones sindicales y populares influenciadas por la izquierda en una coyuntura de fuerte confrontación social. La reducción al mínimo de la democracia representativa se convirtió así en un instrumento de elitización del poder, en manos de representantes con nula responsabilidad frente a sus electores hasta los siguientes comicios. Ello facilitaba el control de las mayorías nacionales, en la medida que las decisiones gubernamentales se hacían “en virtud del mandato popular”, pero tomándolo como forma, no como contenido. Hay que reconocer, sin embargo, dos modificaciones positivas: el otorgamiento del voto a los analfabetos y la eliminación de las restricciones a la existencia de los partidos políticos. En la estructuración de los poderes del Estado se innovó más en cuanto al Ejecutivo que al Legislativo. A diferencia de la Constitución de 1933, hubo un reforzamiento de las atribuciones del primero frente al segundo. En primer lugar, se mantuvo la censura ministerial, pero se instituyó la posibilidad 1119

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dad social. Sin embargo, la Constitución se limitó a señalar que el Estado las “estimula y las ampara”. Igual ocurrió con los mecanismos de participación de los trabajadores en la propiedad, gestión y beneficios económicos, especialmente las comunidades laborales, en donde la Constitución limitó el acceso a la propiedad a las empresas “cuya naturaleza no lo impide”. Con ello se dejó este derecho en suspenso. – La expropiación se restringió y la nacionalización, que aparecía en la Constitución de 1933, no fue normada expresamente. Con ello se disminuyeron las posibilidades de regulación e intervención del Estado en la vida económica. – La explotación de los recursos naturales y el comercio exterior, que fueron reservados en su mayor parte para el Estado por su importancia en la propiedad de las divisas, no fueron del todo considerados en la Constitución: se permitió concesiones que otorgaban “un derecho real” en la minería y propiedad particular sobre tierras de la selva; por otro lado, se rompió el monopolio de la comercialización exterior. – En cuanto a la propiedad agraria, si bien se mantuvo el principio de que la tierra debe ser conducida por el propietario directamente y se reconocieron las formas individuales y asociativas de conducción empresarial, las normas fueron confusas para definir la conducción directa, lo cual abrió las posibilidades de que se impusieran en el campo las sociedades de capitales. En resumen, en términos de propiedad, la Constitución de 1979 recogió las transformaciones operadas en años anteriores, pero con una normatividad ambigua favorable a cambios de carácter liberal. La utilización de la propiedad en armonía con el interés social es un concepto abstracto de varios posibles significados. Dichas contradicciones aparecerían bajo los gobiernos de Belaunde (con su política de liberalización y privatización) y de Alan García (con la estatización de la banca y la anulación de los contratos petroleros de la Belco). En ambos gobiernos hubo posiciones discrepantes sobre la interpretación de la Constitución en la aplicación de dichas políticas. La libertad de industria y comercio se convirtió así en garante del sistema, pero enfrentada a las posibilidades y necesidades del control estatal. b) El sistema político. El sistema político era el de la democracia representativa. El presidente y los miembros del Congreso serían elegidos cada cinco años, ejerciendo el gobierno con plena libertad de acción frente al pueblo, desde el punto de vista de

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Portocarrero Grados nos, que desgraciadade la disolución de la mente fueron violados Cámara de Diputados sistemáticamente duen caso de censura de rante la década del 80, tres gabinetes; se trataentre otras razones ba, pues, de una disoporque, a pesar de su lución parcial, en sitratamiento conceptuaciones excepcionatual, se establecieron les. En segundo lugar, normas especiales que se otorgó al presidente redujeron estos benefila posibilidad de ejercios, especialmente en cer el veto legislativo, los aspectos políticos. que no tenía en la Entre dichos artícuConstitución anterior, los se encontraba, en y la delegación de atriprimer lugar, el que esbuciones legislativas, tablecía la posibilidad aplicada con anterioriLa Carta Política de 1979 en su primer artículo subrayaba a la dad aunque sin tener persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado. de que las autoridades una norma expresa. En A la vez ensayaba una larga enumeración de los derechos básicos pudieran detener prede la persona en un listado que no estaba cerrado a la sanción judicialmente hasta tercer lugar, se otorgó normativa o al reconocimiento de nuevos derechos. por quince días a los al presidente mayor sospechosos de terropoder en materia presupuestal, lo cual le permitió una mayor capacidad rismo, espionaje o tráfico ilicíto de drogas; en sede implementar sus políticas. En cuanto al poder gundo lugar, se restringió la defensa a través del haJudicial, se mantuvo casi la misma organización es- beas corpus; en tercer lugar, se normaron las exceptablecida en la Constitución anterior, incluyendo el ciones en lo referente a la inviolabilidad del domicinombramiento de los magistrados por los poderes lio, señalando que la autoridad o cualquier persona políticos, lo cual le quitaba independencia; y se res- podría ingresar a un domicilio sin permiso del que tableció el ministerio Público por mandato consti- lo habitaba y sin orden judicial, en caso de “flagrantucional al interior de la administración de justicia te delito o de peligro inminente de su perpetray la defensa de los derechos. Como conclusión, los ción”. Como la excepción quedaba a criterio de autores señalan que pese a las modificaciones he- quien ingresaba al domicilio y la causa que lo perchas –dadas las características señaladas líneas arri- mitía no era sólo el delito, sino el “peligro inminenba– se dejaba abierta la posibilidad de una dictadu- te” de que existiera, se abría la posibilidad del allara legal. A todo esto habría que agregar el estableci- namiento clandestino; lo cual ocurrió constantemiento de la separación de Iglesia y Estado, y la ple- mente, en contra de dirigentes políticos y sindicales; en cuarto lugar, la libertad de reunión se sujetó na libertad de cultos. c) Los derechos constitucionales. A diferencia de a autorización por “motivos de seguridad”, que si la Constitución de 1933, la de 1979 era extensa y bien en abstracto es una disposición razonable, en explícita en estas materias, incorporando en su tex- lo concreto puede ser materia de indebida extento una amplia gama de derechos. En adición a las sión. En lo que se refiere a la protección de los delibertades clásicas (personal, de reunión, de expre- rechos constitucionales hubo un avance significatisión, de tránsito, inviolabilidad del domicilio) y a vo: el habeas corpus, el amparo, la inconstitucionaotros derechos sociales ya tradicionales (seguridad, lidad de leyes y decretos, así como otras normas cobertura de riesgos, protección de minusválidos), complementarias, que brindaban mayores oportuañadió importantes normas sobre derechos del tra- nidades de defensa judicial. También se creó el Tribajador a la educación, a la ciencia y la cultura, así bunal de Garantías Constitucionales que, directa e como un tratamiento moderno a la familia. Inclusi- indirectamente, era controlado por los poderes del ve, se consideró que la declaración de derechos en Estado, los cuales también elegían a sus miembros. el texto no era taxativa, sino que éstos estaban am- Finalmente, se establecieron dos figuras para los reparados constitucionalmente. Se había realizado gímenes de excepción: el estado de emergencia, que una buena tarea de recopilación, síntesis y declara- suspendía las garantías por sesenta días, prorrogación de los principales avances en derechos huma- bles, con mención expresa de que las Fuerzas Arma1120

El Perœ contemporÆneo das asumían el control del orden interno; y el estado de sitio, en el cual se suspendía por 45 días todos los derechos, salvo los que expresamente se mantuvieran en vigencia.

LAS ELECCIONES GENERALES DE 1980

Armando Villanueva del Campo fue el principal adversario de Fernando Belaunde en los comicios de 1980. Los conflictos dentro de su agrupación política, la nacionalidad de su esposa y cierta simpatía del desacreditado gobierno militar fueron factores que jugaron en su contra durante la campaña electoral.

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Para las elecciones generales de mayo de 1980, se presentaron en total 15 candidaturas: Fernando Belaunde Terry (AP), Armando Villanueva del Campo (PAP), Luis Bedoya Reyes (PPC), Hugo Blanco Galdós Mitin del cierre de campaña de Acción Popular en mayo de 1980. Fernando Belaunde (Partido Revolucionario de los Terry alcanzó con este mitin la mayor convocatoria de toda la campaña electoral en un apoyo que sería reafirmado en las urnas el domingo 18 de mayo, día de las Trabajadores, PRT), Genaro Leelecciones generales. desma Izquieta (FOCEP), Horacio Zevallos Gómez (Unión de Izquierda Revolucionaria, UNIR), general Leonidas loma (PS), Alejandro Tudela Garland (MDP), CarRodríguez Figueroa (Unidad de Izquierda, UI: PC y los Carrillo Smith (UNO), y Waldo Fernández DuPSR), Gustavo Mohme Llona (Acción Política So- rán del Movimiento Popular de Acción de Integracialista, APS), Roger Cáceres Velásquez (FNTC), ción Social (PAIS). Estas candidaturas expresaban el Carlos Malpica Silva Santisteban (UDP), general Ja- grado de fragmentación política y de crisis de reprevier Tantaleán Vanini (OPRP), Luciano Castillo Co- sentación, resultado de la incapacidad para establecer un nuevo orden formalmente democrático luego de la desaparición del régimen oligárquico, y que nacía con pies de barro. La crisis se expresó en la incapacidad de formar sólidos frentes políticos entre partidos afines ideológicamente; sólo se lograron alianzas electorales endebles y, en casos de partidos como el PAP, luchas internas por su control. En el caso del PAP, luego de la muerte de Haya de la Torre se inició la pugna por la sucesión, en la que por momentos hubo abiertos enfrentamientos físicos, como la golpiza que le propinaron a Luis Alberto Sánchez –en ese entonces de 80 años– durante el Congreso Nacional del PAP realizado en Trujillo a comienzos de 1980 para resolver los problemas internos y de la sucesión. El debate sobre la dirección del partido manifestó dos grandes tendencias: la primera –encabezada por Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé y Andrés Townsend Ezcurra– representaba a los conservadores y anticomunistas; la se-

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Portocarrero Grados gunda –encabezada por Armando Villanueva del Campo y los jóvenes Carlos Roca y Alan García Pérez– representaba a los moderados y reformistas de tendencias socialdemócratas. La primera sustentaba la secretaría colegiada, para impedir la concentración del poder partidario; la segunda defendía la secretaría general, para mantener la cohesión partidaria bajo un mando único. La primera saldría derrotada tanto en el debate sobre la dirección del partido como en la elección de la plancha presidencial negociándose a última hora una plancha nueva: Villanueva, Townsend y Negreiros, y las candidaturas parlamentarias fueron negociadas al interior de la nueva dirección. Sin embargo, no por ello se dejaron de lado los fuertes rencores y discrepancias ideológicas, que llevaron a una ruptura en 1983. Cabe recalcar que el PAP se presentó como la mejor carta de recambio del gobierno. La izquierda, en cambio, tuvo que enfrentar diferencias políticas e ideológicas mucho mayores: prosoviéticos, maoístas, trotskistas, mariateguistas, divididos a su vez en minúsculos partidos. Los resultados electorales de 1978 expresaban que la izquierda no podía abstenerse de participar en la escena oficial y que requería de la unidad para tener un verdadero peso político nacional de representación de los sectores populares. A inicios de 1980 comenzaron las negociaciones para la conformación de un frente político en perspectiva a las elecciones de mayo. Las fuerzas políticas más comprometidas fueron: el FOCEP por su alta votación, el PC por su fuerza sindical y la UDP por su presencia en el movimiento campesino. A estos grupos se sumaron los maoístas, quienes no habiendo participado en las elecciones a la Asamblea Constituyente “descubrieron” su importancia como “espacio de lucha política revolucionaria”; de concretarse dicha alianza se habría denominado Alianza de la Izquierda Revolucionaria (ARI). Sin embargo, había demasiadas fracciones políticas y demasiadas ambiciones personales en juego, por lo que la alianza fracasó y estalló en pedazos. Las versiones “oficiales” declaran a Hugo Blanco Galdós como “el verdadero culpable”, pues se negó a tomar la decisión política para la formación del ARI, aunque habría que decir en su favor que para entonces varias fuerzas políticas ya se habían retirado de las negociaciones. El fracaso fue del conjunto de la izquierda, pero había la necesidad, dentro de la vieja tradición stalinista, de señalar un “chivo expiatorio”, un “traidor”. La decisión de Blanco fue

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tangencial a un problema más de fondo de la izquierda, problema que la historia posterior demostró que era su talón de Aquiles: la incapacidad de unidad, la incapacidad de dejar de lado ambiciones y mezquindades en favor de la revolución. Más bien los representantes de la izquierda utilizaron el nombre de la revolución en favor de sus ambiciones y mezquindades. En total, la izquierda presentó cinco listas, dos más que en 1978. En cuanto a AP y el PPC, el primero debía saciar las ambiciones políticas de los caciques provinciales sobre quienes se sustentaba la organización de su partido, por lo que empezó repartiendo las curules entre sus familiares y colaboradores más cercanos; al segundo le sobraban provincias que repartir debido a su poco peso político nacional, por lo que pudo ser generoso. Tal era el sistema de partidos sobre el cual se levantaría el nuevo régimen. Los resultados presidenciales oficiales fueron los siguientes: AP, 1 793 190 votos (45,2%); PAP, 1 087 188 votos (24,4%); PPC, 382 547 votos (9,6%); PRT, 160 713 votos (3,9%); UNIR, 134 321 votos (3,2%); UI, 116 890 votos (2,8%); UDP, 98 452 votos (2,3%); FNTC, 81 647 votos (1,9%); FOCEP, 60 853 votos (1,4%); UN, 18 170 votos (0,4%); OPRP, 17 737 votos (0,4%); APS, 11 607 votos (0,2%); MDP, 9 875 votos (0,2%); PAIS, 9 350 votos (0,2%) y PS, 8 714 votos (0,2%). Del total de votos emitidos (78,7%), 14,5% fueron nulos y 7,7% blancos. El ausentismo fue del 21,3%. Los resultados muestran una clara victoria de AP, que superó ampliamente el 36% requerido; recibiendo mayor votación presidencial (45,2%) que para senadores (40,9%) y diputados (38,9%). Es claro que Belaunde fue favorecido por una parte del voto en conjunto de la izquierda, cuya votación para senadores (17,3%) y diputados (18,4%) fue mayor que la presidencial (13,6%). La izquierda en conjunto redujo su votación porcentual en 15,7% en relación a 1978, debido al fracaso del ARI, y porque una victoria de AP era vista como un mal menor frente a la del PAP, que representaba la opción de recambio del gobierno militar. Asimismo, el PPC y el PAP también vieron reducidos sus porcentajes de votación en relación a 1978: el primero en 14,2% y el segundo en 11%, aunque la relación entre sus votaciones presidenciales y para senadores y diputados era pareja. De todas estas reducciones provino la votación de AP; la distribución del Congreso no le fue adversa como en 1963: de 60 senadores obtuvo 26 y de 180 diputados obtuvo 98.

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IV

EL IMPACTO DE LAS REFORMAS Uno de los puntos más controvertidos acerca del gobierno militar es la existencia previa o no de un proyecto castrense. La aparición tardía del “Plan Inca”, las contradicciones al interior de las Fuerzas Armadas y la aplicación de medidas como respuesta a determinadas coyunturas políticas parecerían desmentir su existencia. Sin embargo, como ha sostenido Lynch, si bien al parecer no existía un modelo coherente y previamente diseñado, el comportamiento del gobierno militar tampoco fue errático. Las primeras medidas enfrentaron la situación existente antes de 1968 y la conducta posterior debió responder a las situaciones creadas por la aplicación de éstas. A la larga, serán esas mismas condiciones creadas las que lo llevarían a su crisis. Veamos cuál fue el impacto de las medidas reformistas en la estructura económica y social del país. En primer lugar, se desplazó del poder a la oligarquía terrateniente y agroexportadora y al grupo de empresas extranjeras que habían dominado la política económica y la conducción del Estado. En segundo lugar, se impulsó la racionalización del sistema económico, en base a los planteamientos de seguridad nacional, garantizando el uso planificado de nuestros recursos, la construcción de una infraestructura económica y un replanteamiento de nuestras relaciones con el mercado internacional, lo que provocó un proceso de concentración y centralización del capital. En tercer lugar, el Estado asumió un papel clave como articulador de todo el proceso económico mediante su expansión en los diversos sectores y la planificación.

En cuarto lugar, se estableció una nueva relación entre el capital privado y el Estado a través de diferentes mecanismos que reglamentaban las formas de asociación, de inversión y reparto de ganancias. En quinto lugar, se implementaron diversos sistemas de participación de los trabajadores en el funcionamiento de las empresas. En sexto lugar, se dieron formas de relación corporativas y verticales que buscaban articular la relación Estado-sociedad civil, que si bien fracasaron, a la larga promovieron un alto grado de organización social. Veamos ahora algunas cifras. La PEA urbana creció de 37,6% en 1961 a 62,2% en 1972, redundando fuertemente en el proceso de urbanización, pero tuvo efectos desiguales en el de industrialización. En el mismo período, la fuerza laboral en el sector industrial manufacturero sólo creció de 13,2 a 15,1%, mientras que el sector terciario (comercio, servicios y gobierno) pasó de 27,8 a 34,7%, según datos de Sulmont. Dentro de este sector se ocultan el subempleo, el comercio ambulatorio y la informalidad. El empleo y el subempleo varían de 44,2% y 4,2% en 1972 a 52% y 6,5% en 1978, lo que muestra que el desarrollo industrial siguió siendo desigual y desarticulado de los otros sectores económicos, pese a las reformas, ya que el modelo de sustitución de importaciones se venía aplicando desde la década del 60.

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Con el gobierno militar el Estado asumió un importante rol como promotor de la actividad económica. Numerosos sectores de producción fueron conducidos directamente por el Estado que se convirtió además en el principal agente económico como Estado-empresario. En la ilustración, una vista del muelle de Ilo.

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LAS EMPRESAS PÚBLICAS Durante el docenio se produjo un evidente fortalecimiento del Estado, hecho relacionado con el nuevo rol que le asignó el gobierno militar: el de empresario y regulador de la sociedad. Asumir estas responsabilidades significaba un crecimiento cualitativo del aparato estatal, especialmente en ciertas áreas vitales de la economía. Por esta razón fue que, del conjunto de expropiaciones realizadas durante el gobierno de Velasco, apareció un poder económico y social en manos del Estado que no fue transferido a la sociedad civil y que no decaería en los años siguientes al gobierno militar, ya que el ordenamiento y funcionamiento de la economía suponían y requerían tal presencia. El rol empresarial del Estado se realizó en detrimento de una parte del capital nacional privado y, sobre todo, recortó la presencia del capital extranjero. El gobierno militar controlaba un tercio del producto nacional, una quinta parte de la fuerza de trabajo del sector productivo moderno –sin contar los empleados públicos–, nueve décimas partes de las exportaciones y la mitad de las importaciones. Según Pásara, si bien el peso dominante del Estado en la economía está fuera de toda duda, éste no alcanzó el control del excedente productivo, ya que los sectores donde se dio la intervención estatal no eran los que producían la mayor acumulación dentro del proceso económico; el sector industrial nunca pudo ser controlado por el Estado. No obstante el peso de la intervención estatal, la planificación no se pudo aplicar ni siquiera al conjunto de las empresas públicas, pues éstas, que se hallaban bajo el control del ministerio de su sector y desarticuladas entre sí, no generaron excedentes, y si lo hicieron, éstos fueron derivados a otros sectores, por lo que tuvieron que recurrir al endeudamiento público para poder seguir funcionando. Según datos de Luis Alva Castro, en 1968 el Estado tenía sólo 40 empresas públicas. A fines de 1985 el Estado contaba con 234 empresas bajo diferentes modalidades: control total, participación mayoritaria o participación simple. De esas 234 empresas, 134 se ubicaban en el sector no financiero y 100 en el sector financiero, si contamos empresas matrices y filiales. En 173 empresas el Estado tenía más del 50% de las acciones y en 61 empresas menos del 50%. Del total, 20 empresas significaban el 90% del patrimonio y 9 empresas constituían el 80% de los ingresos por ventas de la actividad empresarial estatal. Finalmente, de las 1124

134 empresas no financieras, 83 dependían del grupo CONADE-ICSA, 47 de los ministerios, 2 de los municipios y 2 de la Beneficencia. Contrariariamente a lo que se cree, la actividad empresarial estatal no surgió con el gobierno militar. En el gobierno de Bustamante y Rivero se debatieron proyectos de ley (como el del Banco de la Nación y la Corporación de Valores) que buscaban dar un nuevo papel al Estado, el que anteriormente había asumido, de manera reducida, diversas actividades económicas no propiamente empresariales sino más bien recaudadoras y reguladoras: los casos de los estancos de la sal, el alcohol y la coca, por ejemplo. Más tarde éstos se convertirían en empresas como ENATA, EMSAL, ENACO y la Empresa de Alcohol Industrial. En los años 60, la presencia estatal se incrementa en campos como la siderurgia (SOGESA), el petróleo (Empresa Petrolera Fiscal), el comercio exterior (Compañía Peruana de Vapores), el sistema financiero (Banco de la Nación), el sistema de agua y desagüe (Corporación de Saneamiento de Lima), la energía eléctrica (Corporación del Mantaro, Servicios Eléctricos Nacionales y Corporación del Santa) y la construcción (Corporación de Vivienda). También se construyeron plantas industriales bajo control estatal como la planta de fertilizantes de Cachimayo, la deshidratadora de alimentos de Arequipa y la refinería de petróleo de La Pampilla. En cuanto a la banca de fomento, existían el Banco Agrario, el Banco Industrial, el Banco Minero, el Banco Central Hipotecario y el Banco de Vivienda. A fines de 1968 había 40 entidades públicas –entre corporaciones, institutos, empresas estatales y organismos del gobierno central– realizando actividades que bajo el gobierno militar habrían estado a cargo de empresas del Estado. Como ya hemos visto, el crecimiento de las actividades empresariales del Estado está relacionado con una concepción que le confiere un rol central en la promoción y gestión de las actividades económicas. Según Alva Castro, las motivaciones fueron las siguientes: la necesidad de que el Estado contara con importantes excedentes para el cumplimiento de sus funciones; la concepción de seguridad nacional, que implicaba el control de los sectores estratégicos de la economía; un mejor manejo de las divisas a través del control del comercio exterior; sustitución del capital privado en sectores y empresas en crisis como el pesquero, el financiero y el de transportes; necesidad de un mayor control del sector financiero por su carácter especulativo y de impulsar nuevas actividades des-

El Perœ contemporÆneo Vista de la mina Casapalca. La herencia del Estado-empresario forjada por el gobierno militar fue asumida por los gobiernos civiles de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez (1985-1990). Sin embargo, ya desde el gobierno de Morales Bermúdez y de Belaunde hubo intentos por privatizar y liberalizar la actividad económica.

cuyo accionariado tenía mayoría el Estado: Epsep, Ganadera Amazonas, Empresa Nacional de Tabaco, Cemento Yura, Cemento Sur, Enaco, Manylsa, Moraveco. Entre las empresas donde el Estado era accionista minoritario: Cemento Andino, Cemento Norte Pacasmayo, Cemento Lima, Bayer Industrial. En el sector financiero la presencia estatal estaba agrupada en un total de 23 empresas: 7 bancos comerciales asociados (Popular, Continental, Internacional, NorPerú, de los Andes, Sur Medio y Callao, y Amazónico), 5 bancos de fomento (Industrial, Agrario, Minero, de la Vivienda, Central Hipotecario), 3 empresas financieras asociadas (Peruinvest, San Pedro y Peruana), 3 almacenes generales de depósito (Almacenera Continental, Almacena y Kolkandina), 3 empresas de seguros (Reaseguradora Peruana, Popular y Porvenir y Secrex), el Banco de la Nación y COFIDE. Su peso puede ser medido de la siguiente manera: el 73% de los trabajadores del sector le pertenecían, así como el 80% de las colocaciones y el 65% de los depósitos; en total tenía el 71% del patrimonio del sistema financiero.

LA DEUDA EXTERNA Según Óscar Ugarteche, en los años iniciales del gobierno militar, el país contaba con una situación de relativo saneamiento financiero, debido a las refinanciaciones y renegociaciones realizadas entre 1967 y 1968, y al “boom” pesquero de 1970; gracias a ello se abrieron perspectivas para un mayor en1125

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deñadas por el capital privado. A fines de 1978 se inicia un proceso de privatización que se irá desarrollando paulatinamente a lo largo de la década de los 80. Sin embargo, en la Constitución de 1979 se dio reconocimiento constitucional a la actividad empresarial del Estado con el fin de promover la economía, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos del desarrollo nacional. Durante el gobierno de Belaunde se aplicó un concepto diferente sobre el Estado y su rol en el desarrollo nacional, aunque se dieron dispositivos legales importantes para tratar de ordenar el funcionamiento de las empresas públicas. El primero de éstos creó la Comisión Nacional de Desarrollo (CONADE) como un ente normativo de la actividad empresarial del Estado, convirtiendo a COFIDE en empresa de derecho privado, y creó Inversiones COFIDE S.A. otorgándole funciones de inversión; el segundo normó la actividad empresarial del Estado, otorgándole a CONADE funciones relacionadas con el planeamiento, la orientación y el control de la gestión de las empresas estatales. Con estas medidas no se logró un efectivo ordenamiento legal e institucional de las empresas del Estado, ya que no se le dio prioridad a una necesaria racionalización de las empresas existentes, iniciándose más bien el abandono de la actividad empresarial del Estado a través de la desactivación, la liquidación o la privatización de las empresas públicas. Siguiendo con Alva Castro, de las 134 empresas no financieras existentes al inicio del gobierno aprista, 27 representaban el 90% de su patrimonio: Petroperú, Electroperú, Electrolima, Centromin Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Tintaya, Entel Perú, Aeroperú, Enafer, Enapu, Corpac, Enatru, CPV, Siderperú, Sociedad Paramonga, Fertisa, Incasa, Pescaperú, Sima Perú, Indumil, Enci, Ecasa, Emmsa, Senapa, Sedapal, Minpeco. Entre las empresas en

Portocarrero Grados deudamiento durante el primer quinquenio de la década del 70. El uso del crédito durante ese período tuvo dos ejes: inversiones públicas y compra de armamento. La compra de armamento estuvo relacionada al cese de la ayuda militar norteamericana, la compra de armas a la URSS, y a las tensiones diplomáticas con Chile. Luego de la caída de Velasco y ante el incremento de la movilización social, los gastos militares aumentaron. Las inversiones públicas más importantes fueron el oleoducto norperuano y la mina de cobre de Cerro Verde, que culminaron en 1978. Ello generó serios problemas en la balanza de pagos, ya que los precios de nuestras exportaciones decrecieron levemente, mientras las importaciones y el servicio de la deuda se incrementaron. El Perú entró en crisis de pagos de deuda en diciembre de 1976, al mismo tiempo que el endeudamiento por defensa llegó al 75% del endeudamiento total. Entre 1977 y 1978 el Perú se ubicó entre los países con mayor crisis de endeudamiento, lo cual motivó el cierre de los créditos provenientes de la banca privada; a partir de entonces, las relaciones y negociaciones con el FMI tuvieron numerosos rompimientos y conflictos. El general Morales Bermúdez comprometió el apoyo del gobierno norteamericano a las negociaciones del FMI a cambio del cumpli-

miento de la transferencia de gobierno. De este modo, en mayo de 1978 mientras se realizaban las elecciones para la Asamblea Constituyente, se aplicó una política de ajuste que terminó con el proceso reformista iniciado por el general Velasco y con la política de sustitución de importaciones. Se redujo el papel del Estado, se negoció el cese de 30 mil empleados públicos y se abrieron las puertas al comercio y al capital internacional. Se inició así el camino neoliberal. Con la subida de los precios del petróleo y la plata en 1979, el problema del endeudamiento externo pareció solucionado. Luego del golpe de 1968 y debido a los conflictos con el gobierno norteamericano, el gobierno adoptó la política de no buscar créditos en los organismos multilaterales donde Estados Unidos tenía poder de veto, como el Banco Mundial y el BID, orientándose hacia los países socialistas de Europa Occidental y al Japón, así como a la banca privada internacional. Así, durante 1970-1975 la principal fuente de créditos fue la banca privada internacional, seguida de los créditos gubernamentales. En 1976, coincidentemente con la reapertura del crédito multilateral sobrevino el cierre de los créditos de la banca privada internacional. Por ello durante el período 19761980 la mayoría de los créditos provino de los países socialistas por la compra de armas, seguidos por los otorgados por gobiernos occidentales.

EL CENSO NACIONAL DE 1972

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Un elemento importante para la realización del proceso de reformas era el manejo de información. Por ello, el gobierno de Velasco dio impulso a entidades como el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de Planificación, a las que encargó en 1970 la planeación de la realización de un censo nacional para julio de 1972. Los resultados confirmaron la tendencia de los cambios que se operaban en el país desde 1940. Quizás la constatación más importante fue que la población urbana superaba a la población rural: la primera representaba 8 058 495 personas (59,9%) y la segunda 5 479 713 personas (40,5%), con una población total de 13 538 746 personas. La distribución por regiones era la siguiente: en la costa 9 113 500 pobladores, en la sierra 7 329 500 y en la selva 1 311 900. El gobierno militar llevó a cabo en 1972 una encuesta nacional de población, cuyos resultados indicaban que el Perú había dejado de ser un país eminentemente rural y la costa se había convertido en la región más habitada por los peruanos.

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V

LOS EMPRESARIOS Y EL RÉGIMEN MILITAR El proceso de reformas implementadas por el general Velasco estuvo orientado a afectar los intereses de la oligarquía, con efectos importantes sobre el poder económico de sus componentes, especialmente de los sectores más tradicionales del campo. Los modernos, en cambio, se desplazaron a otros sectores económicos, conformándose una nueva burguesía que se fue integrando a la ya existente: los denominados “nuevos ricos”, procedentes del ahora denominado “sector informal”, así como comerciantes, intermediarios, profesionales y miembros de las Fuerzas Armadas enriquecidos en el ejercicio de cargos públicos en los ministerios o en las empresas estatales. Éste fue un lento proceso que se fue dando a lo largo de los doce años de gobierno militar, promovido de alguna manera por éste, con la intención de que el empresariado nacional asumiera el liderazgo en el desarrollo nacional en reemplazo del capital extranjero. Por ello recibió una serie de beneficios, como un tipo de cambio sobrevaluado que le permitía importar materias primas y bienes de capital en condiciones favorables; el establecimiento de una tasa nominal de interés; control sobre los precios agrícolas, que benefició a los sectores urbanos y que no se ejerció sobre los bienes industriales; y una política de protección del mercado interno como nunca antes se había dado. Según Pásara, si bien el Estado expandió su rol empresarial –lo

que podría ser visto como realizado a costa del empresariado privado, al que se le expropiaron ciertas áreas que pasaron a ser reservadas para el Estado–, en realidad lo que se hizo fue delimitar sectores y niveles de actuación para la empresa privada, en los que se desarrolló productivamente y obtuvo grandes ganancias, gracias a que la industria fue colocada como eje del desarrollo económico. Por ejemplo, la estatización del cemento aseguró su abastecimiento a precios que dejaban un bajo excedente para el Estado; Petroperú aprovisionó a la industria de combustible subsidiado; y Siderperú retenía un pequeño excedente en la producción de acero, en beneficio del sector metalmecánico en manos privadas. Sin embargo, los industriales no respondieron de manera positiva, por razones más políticas que económicas, pues no estuvieron dispuestos a aceptar el nuevo rol del Estado, no sólo como empresario sino como regulador arbitral de las relaciones sociales. Esta diferencia de los industriales con el gobierno militar produjo desde el comienzo su distanciamiento, y no sólo ideológico. Las medidas to-

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El 28 de julio de 1970 Juan Velasco Alvarado en su mensaje a la nación anunció la creación de la comunidad industrial, generando fricciones con los grupos empresariales que la veían como la concesión de un excesivo poder a los trabajadores tanto en la dirección como en la participación de las utilidades de la empresa.

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Portocarrero Grados cantes a la conciliación entre capital y trabajo tampoco fueron bien recibidas y más bien se sospechaba de ellas; éste fue el caso de la comunidad industrial, vista como una interferencia obrera impuesta por el Estado a su libre gestión de la producción. Desde 1970 los empresarios deciden sabotearla mediante una progresiva adquisición de comunidades industriales con una parte de las utilidades anuales, o mediante la burla de las utilidades. Como resultado, el conflicto entre capital y trabajo tiende a aumentar en la empresa, en vez de disminuir. Al no lograr acuerdos, los empresarios intentaron influenciar en el gobierno a través de los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas. Con la caída de Velasco y la apertura política del general Morales Bermúdez, los empresarios logran una influencia directa sobre el gobierno, estableciéndose civiles vinculados a los gremios empresariales en el ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la desconfianza persistió a pesar de las medidas de contrarreforma que afectaron los derechos laborales de los trabajadores y beneficiaron ampliamente a las empresas. Francisco Durand tiene una visión más compleja, pero complementaria a la de Pásara. Según él, el proceso de consolidación de una nueva burguesía librada del lastre de sus aliados tradicionales, a lo largo de la década del 70, se vio bloqueado por tres factores. En primer lugar, a pesar de que el proceso reformista le dio un rol importante en el desarrollo económico nacional y la favoreció en la obtención de grandes ganancias, también la subordinó a su proyecto limitando el papel dirigente que se le quería atribuir. En segundo lugar, el proceso de acumulación era inestable debido a la crisis internacional y la burguesía fue incapaz de enrumbarlo, actuando de manera marcadamente coyuntural. En tercer lugar, la presencia del capital extranjero en la estructura productiva deja a la burguesía los sectores menos rentables, subordinándolos a sus intereses. Sin embargo, los empresarios nacionales no estaban dispuestos a una ruptura con el capital extranjero, ya que los proveía de insumos, créditos y tecnología. A ello habría que agregar el hecho de que la situación mundial ya se orientaba hacia un reordenamiento caracterizado por la imposición de proyectos monopólicos y de apertura económica, que en un contexto de crisis como el que se vivía entonces hacía a la burguesía vulnerable a su penetración. Estos factores hacen de la incertidumbre una característica permanente del estado de ánimo de la nueva burguesía peruana, además del malestar y la desilu1128

sión, ya que siendo sus integrantes en teoría los actores claves del desarrollo nacional, no logran serlo en la práctica. Si a ello se suma el reto que significa enfrentar a la movilización social, se entenderá el comportamiento de los industriales, quienes en lugar de tener sentido del riesgo e iniciativa se convirtieron en personas temerosas. Durante el gobierno de Velasco su fuente de incertidumbre fue la acción del Estado; durante el de Morales Bermúdez, la crisis económica. Sus esperanzas se cifraron en el proceso de contrarreforma y de apertura política, pero tuvieron que enfrentar aún otra década más de incertidumbre.

LA MOVILIZACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL A TRAVÉS DEL SINAMOS Desde el inicio del proceso de reformas, el gobierno tenía clara la necesidad de establecer un control político sobre los diferentes sectores sociales, especialmente los beneficiados con las reformas. Se buscaba así garantizar el apoyo popular al proceso reformista y al gobierno, mediante un organismo administrativo que sustituiría a los partidos políticos: el SINAMOS, a través del cual el “pueblo organizado” haría llegar al gobierno sus reivindicaciones, especialmente a nivel local. Se buscaba así también la conciliación de intereses, complementando reformas como las comunidades industriales, para lo cual se combinaban paternalismo y control autoritario, elementos complementarios del comportamiento del gobierno frente a la movilización social. Si bien el SINAMOS recogía iniciativas y reivindicaciones, las decisiones últimas estaban controladas por el gobierno militar y se esperaba de sus integrantes la actitud del subordinado pasivo y agradecido. El acento hacia uno u otro polo dependía de las coyunturas políticas y del grado de cuestionamiento al proceso reformista y al gobierno. Como era de esperarse, el control autoritario se acrecentó con la contrarreforma. La organización del SINAMOS fue piramidal, de arriba a abajo, dividida en niveles (nacional, departamental y local); era asimismo corporativo, ya que los organismos que lo integraban se dividían en sectores (comunidades industriales, cooperativas, pueblos jóvenes, sindicatos, etc.). En ese sentido, la retención del poder por las Fuerzas Armadas fue un rasgo esencial del gobierno militar; sin embargo, el modelo del SINAMOS implicaba organizar a aquellos sectores que no lo estaban y darles mínimos espacios de acción, aunque sin permitirles cuestionamiento alguno. De

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esta manera se dio un proceso de organización y movilización social como no se había dado antes, resultado no deseado por el gobierno militar. Inicialmente, se impulsó al SINAMOS como una plasmación del postulado de la “democracia social de participación plena”, postura rechazada por los diferentes sectores políticos, e inclusive por algunos del gobierno. Para los conservadores se trataba de un plan creado por la “infiltración comunista en el gobierno”, y para la izquierda, de un instrumento de control “fascista”. Los vaivenes de su funcionamiento y organización son también expresión de los cambios en la coyuntura política y Mitin de apoyo al SINAMOS, junio de 1972. La organización de SINAMOS fue del desarrollo de las contradicciones al jerárquica y piramidal y subordinó, en última instancia, las reivindicaciones interior de las Fuerzas Armadas. A me- políticas populares a la dirección (y evidente supervisión) del gobierno militar. dida que se desenvolvía el proceso de reformas, SINAMOS se convierte en el centro de Confederación Nacional de Comunidades Indusfuertes tensiones, ya que de un organismo de con- triales (CONACI). Destaca la creación del Movitrol de la movilización social se convirtió, a la larga, miento Laboral Revolucionario (MLR), con el proen uno de los elementos centrales de la concientiza- pósito de garantizar la estatización del sector pesción política de los sectores populares. Este proceso quero, utilizando para ello métodos violentos. Podemos dividir la evolución del SINAMOS en no se dio sólo en las zonas urbanas, sino que tamtres etapas: la primera, de 1969 a 1973, cuando el bién tuvo un rol muy importante en el campo, gobierno logra implementar creando e impulsando la orgalas principales organizaciones nización de las cooperativas de apoyo, en un contexto de agrarias y de la Confederación iniciativa política en la puesta Nacional Agraria (CNA), coen marcha del proceso reformo única manera de garantimista; en la segunda, de 1973 a zar la implementación de la re1975, el control gubernamenforma del sector. Pero el SINAtal se deja sentir sobre la moviMOS no sólo organizaba, tamlización social, realizando opebién practicaba el paralelismo rativos de paralelismo, diviy la división de organismos sión y asalto a las organizacioexistentes, como una manera nes sociales que mantuvieron de enfrentar a las fuerzas polísu independencia; en la terceticas con bases populares cora, de 1976 a 1978, el SINAmo el PAP y la Izquierda. Son MOS pasó a ser dirigido por los casos, por ejemplo, de la los sectores más conservadores Confederación de Trabajadodel gobierno, hasta su definitires de la Revolución Peruana va desactivación. (CTRP), creada en 1972 para neutralizar a las otras centrales sindicales; del Sindicato de Educadores de la Revolución Carlos Delgado Olivera, uno de los Peruana (SERP), para contraprincipales asesores civiles del rrestar al Sindicato Único de gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y alto funcionario de Trabajadores de la Educación SINAMOS. (SUTEP); de la división de la

Portocarrero Grados cal; durante esos años se reconocieron 2 115 sindicatos, casi tantos como los 2 279 reconocidos entre Antes de octubre de 1968 solamente existía una 1936 y 1968, según datos de Teresa Tovar. Entre los central de trabajadores, la Confederación de Traba- sindicatos más importantes cabe resaltar la creación jadores del Perú (CTP), dominada por el PAP. En del SUTEP en 1971, aunque no fue reconocido por 1971 fueron reconocidas la Confederación General el gobierno. Se reconocieron además importantes de Trabajadores del Perú (CGTP), controlada por el derechos sindicales –como la estabilidad laboral– PCP, y la Confederación Nacional del Trabajo que otorgaban garantías mínimas al trabajador para (CNT), de orientación católica. A fines de 1972 fue realizar libremente sus actividades sindicales. Hay reconocida la Confederación de Trabajadores de la que señalar que el reconocimiento de la CGTP por Revolución Peruana (CTRP), organizada por el mi- parte del gobierno tuvo una motivación política: nisterio del Interior y por el SINAMOS; más tarde se contrarrestar la influencia de la CTP aprista. Sin organizó el Comité Coordinador de Unidad Sindical embargo, cuando la CGTP cobró mayor influencia, (CCUS) bajo influencia maoísta, que no prosperó. el gobierno impulsó la creación de la CTRP para Según Sulmont, los datos del año 1974 señalan que neutralizar a apristas y comunistas mediante el ofrela CGTP contaba con un 37% de la afiliación sindi- cimiento de mejores ventajas sindicales y la formacal, la CTP con el 29%, la CTRP con el 27% y la ción de sindicatos y federaciones paralelas. A pesar del apoyo del gobierno a la organización CNT con el 7%. La CGTP se constituyó así en la sindical, hubo importantes huelgas y movilizaciocentral sindical más importante del país. De igual nes sindicales y populares. En julio de 1969 fueron forma, a partir de la ley de comunidades laborales abaleados en Huanta los manifestantes que protes(1970), se produce un crecimiento de la sindicalización en las pequeñas y medianas empresas bajo la taban por la suspensión de la gratuidad de la enseinfluencia de la CGTP. Ésta desarrolló las huelgas y ñanza, con un saldo de 25 muertos y 50 heridos; en movilizaciones de mayor importancia, que en 1973 noviembre de 1971 cinco trabajadores mineros murepresentaron el 47,8% de horas-hombre perdidas; rieron a consecuencia de la toma policial de las inscifra que se elevó al 67% en 1975. Sin embargo, se- talaciones de las minas de Cobriza, que estaban en gún Manuel Valladares, a pesar de la intensa labor poder de los huelguistas por las amenazas de cierre de sindicalización llevada adelante por el gobierno y despido; la huelga de maestros de setiembre de y los partidos de izquierda, ésta sólo alcanza a un 1972 también fue duramente reprimida. Con el aproximado del 18% de la población asalariada. Co- agudizamiento de la crisis económica los conflictos mo puede verse, bajo el gobierno del general Velas- se intensifican. En abril y octubre de 1973 se produco se dio gran importancia a la organización sindi- cen enfrentamientos en Chimbote durante la huelga pesquera y diversas protestas en todo el sur andino; en setiembre de 1974 se reprimió a los campesinos de Andahuaylas que impulsaron tomas de haciendas no afectadas por la reforma agraria; finalmente sobrevendría la explosión social del 5 de febrero de 1975. Los años de 1973 a 1975 fueron los de mayor protesta social, producto de la crisis económica y política al interior del gobierno. Diversos sectores demandaban la defensa y radicalización del proEn 1971 fue reconocida la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ceso de reformas, a lo cual el controlada por el Partido Comunista Peruano. El gobierno militar de Juan Velasco gobierno respondió con fuerAlvarado quiso así contrarrestar la hegemonía de la Confederación de Trabajadores del tes mecanismos de control soPerú (CTP) de influencia aprista.

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LA MOVILIZACIÓN OBRERA

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El Perœ contemporÆneo debido al debilitamiento producido por las medidas del gobierno, y a los esfuerzos conjuntos de éste y de los empresarios para neutralizarlo. En abril se producen enfrentamientos entre la policía y obreros que habían tomado la fábrica Cromotex, con un saldo de 6 muertos; mientras, los maestros inician una nueva huelga entre junio y setiembre, exigiendo el cumplimiento de las promesas del año anterior. Luego se sumarían la Federación Nacional de Trabajadores de la Universidad Peruana (FENTUP), los trabajadores del Banco de la Nación y el Seguro Social. En ese contexto de rebrote de la movilización social, se organiza un nuevo paro nacional para el 19 de julio, convocado por un amplio espectro de organizaciones. El paro fue contundente pero, como en los casos anteriores, el gobierno no cambió la política económica ni su actitud contra la movilización sindical, que ingresó debilitada al régimen democrático iniciado en 1980.

LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA FRENTE A LA REFORMA AGRARIA El objetivo central de la reforma agraria buscaba una drástica redistribución de la propiedad y el impulso de formas cooperativas de producción, beneficiando preferentemente a los trabajadores del agro. Inicialmente la reforma agraria se implementa en las haciendas de la costa norte, ya que representaban el sector moderno del agro y la base económi-

Elección de una nueva directiva en una cooperativa agraria. Las grandes haciendas del norte peruano fueron convertidas en cooperativas y su dirección asumida por los propios trabajadores. Sin embargo, toda manifestación de disidencia con el proyecto militar fue sancionada y reprimida por las autoridades.

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cial (rompimiento de huelgas, paralelismo, arrestos). De esta manera las movilizaciones fueron pasando de un carácter meramente gremial a un carácter político de oposición al gobierno. Durante este período hubo un encuentro entre los partidos de izquierda y el movimiento sindical, que dio lugar a la llamada “identidad clasista”, definida por autores como Parodi y Balbi como una identidad basada en el poder colectivo de los trabajadores para demandar respeto a su dignidad y a sus derechos, cuestionando la autoridad despótica de los empresarios y/o supervisores dentro de la fábrica, y utilizando métodos de lucha tendientes a la confrontación. Resaltan, además, la igualdad jurídica que logra el clasismo entre patrones y obreros, permitiendo a los trabajadores un acceso a la ciudadanía del que antes carecían. Como señalamos anteriormente, diversas leyes refuerzan su situación. A la participación vía comunidades se suma el establecimiento del derecho a la estabilidad laboral, beneficio sumamente apreciado por los trabajadores y que, pese a no eliminar de hecho el despido, amplía sus posibilidades de defender su empleo. Estas leyes también dieron oportunidad de crecimiento y fortalecimiento a la acción sindical, a lo que se sumó un alza del salario real entre 1968 y 1973, que benefició al sector de la población empleado establemente en empresas medianas y grandes, y mayormente organizado en sindicatos. Pese a su escaso número, los trabajadores conformaban un contingente importante por su peso en la economía y por su fuerza organizada. Su mayor capacidad adquisitiva también contribuyó a una expansión del mercado y de la industria. En 1976, bajo el estado de emergencia, la movilización obrera decrece, pero lentamente comienza a acumularse el descontento frente a las medidas económicas y de control social. La excepción sería la huelga pesquera de octubre de 1976 contra la privatización del sector. Las movilizaciones de 1977 a 1981 tendrán como objetivo enfrentar la política económica del gobierno de Morales Bermúdez y de los inicios del gobierno de Belaunde. Ya hemos reseñado el contexto y hechos de los paros nacionales de 1977 y 1978. Destacan, además, la huelga de maestros entre mayo y julio de 1978, la de la Federación Nacional de Mineros y Metalúrgicos en agosto, y la formación de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales (CITE). 1979 fue un año de altas y bajas en la movilización sindical. Se convocó a un nuevo paro nacional para los días 9, 10 y 11 de enero, pero éste fracasó

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ca de los sectores agroexportadores –pilares de la alianza oligárquica– y porque allí se concentraba la influencia del sindicalismo aprista, controlado por la Federación Nacional de Campesinos del Perú (FENCAP), afiliada a la CTP. Será en estas propiedades donde se producirán las primeras movilizaciones campesinas debido a que si bien formalmente las cooperativas pertenecían a los socios, el Estado ejercía el control efectivo en la dirección de éstas. Entre 1970 y 1972 los trabajadores y el Estado se enfrentan en torno a la capacidad de decisión sobre las cooperativas, produciéndose huelgas en Pomalca, Cayaltí, Pucalá, Paramonga, Cartavio y Tumán. El gobierno respondió con mayores controles a través del Sistema de Asesoramiento y Fiscalización (SAFCAP), y sancionando el recurso a la huelga como delito de sabotaje a la reforma agraria, sujeto al fuero militar. Más al sur se realizaron movilizaciones campesinas para modificar el régimen de parcelaciones por iniciativa privada, recogido por la ley de reforma agraria de 1969, ya que de esa manera los propietarios se proponían evadir la expropiación. Éste fue el caso de la hacienda “Huando” en el valle de Huaral en 1970, donde la movilización buscó el desconocimiento de las parcelaciones realizadas y la cooperativización de la hacienda. En febrero de 1971 la ley fue modificada, las privatizaciones fueron anuladas y se dio un nuevo impulso a la cooperativización; a pesar de ello los propietarios persistieron en las parcelaciones, por lo que la movilización se expandió a los valles de Cañete, Huaura y Nazca. Durante 1972 y 1973 se produjeron tomas de haciendas que tuvieron como resultado la expropiación de los fundos. A diferencia de la costa norte, estas movilizaciones buscaban obtener del gobierno la afectación de tierras, rebasando los cauces legales de la reforma agraria, radicalizándola. En este contexto de movilización campesina se crea el SINA-

En 1974 se desarrolló en Andahuaylas una gigantesca movilización campesina en su lucha por la tierra y en sus exigencias por una mayor participación política. Estas protestas fueron encabezadas por Lino Quintanilla y Julio César Mezzich (en la foto).

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MOS. Para el caso del agro, su objetivo fue movilizar a los sectores favorables a la reforma agraria sin la intervención de los partidos. Con tal fin, se disolvió la Sociedad Nacional Agraria (SNA) que, como representante de los propietarios, había realizado constantes campañas contra la reforma agraria, fundándose en su lugar en 1974 la Confederación Nacional Agraria (CNA), que se dedicaría a la organización de ligas agrarias, compitiendo con las organizaciones de izquierda que reactivaron la CCP bajo la hegemonía de VR. Las bases de la CCP estaban compuestas mayoritariamente por campesinos no beneficiados por la reforma agraria, que utilizaban la toma de tierras como mecanismo para obtener su afectación, exponiendo la economía campesina. A partir de 1973, la movilización campesina se desplaza hacia la sierra, donde el gobierno no había ejercido mayor presencia ni se había implementado significativamente la reforma agraria. Las tomas de tierras no sólo se ejercieron sobre tierras no expropiadas sino también sobre aquellas asignadas a cooperativas y a sociedades de propiedad social, como en el caso de la SAIS Huancavelica, disuelta luego de una progresiva división de sus tierras entre las comunidades circundantes, varias de las cuales eran formalmente socias de la empresa. La CCP dirigió dos importantes movilizaciones entre 1973 y 1975, orientadas a la adjudicación de tierras a las comunidades campesinas mediante la toma de tierras previa a la negociación con el gobierno: la primera se produjo en el departamento de Piura, encabezada por Andrés Luna Vargas, entre 1973 y 1975; la segunda fue en Andahuaylas –en donde la reforma agraria no había avanzado–, encabezada por Lino Quintanilla y Julio César Mezzich. Entre julio y setiembre de 1974 se produjeron tomas masivas de tierras, sumando miles las hectáreas afectadas. Como consecuencia de ello, el gobierno firmó actas de compromiso que incluían el establecimiento de comités campesinos de adjudicación provisional y, no obstante, procedió a arrestar a los dirigentes campesinos y estableció pena de cárcel para los que instigasen o realizasen invasiones.

El Perœ contemporÆneo Otro tipo de movilización campesina se produjo entre los trabajadores agrícolas de las haciendas circundantes a Lima, entre 1974 y 1975, con el objetivo de conseguir la derogatoria del artículo 42 de la ley de Reforma Agraria, que facultaba al ministerio de Vivienda la adjudicación de tierras y le permitía definir los límites de la expansión urbana, lo que dio lugar a la especulación de tierras en beneficio de las grandes empresas inmobiliarias, que alcanzaron elevadas utilidades. Este proceso se había iniciado en la década del 50 con la compra de predios rústicos, mantenidos por las inmobiliarias como fundos de panllevar, y urbanizadas paulatinamente.

LOS NUEVOS ACTORES SOCIALES

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Bajo el gobierno militar se plasman nuevos actores al interior de la movilización social, principalmente el movimiento de pobladores y los movimientos departamentales y regionales. Hay que señalar que el gobierno militar no realizó una reforma urbana, debido a que hubiera afectado los intereses empresariales de la construcción vinculados a importantes sectores económicos. Por ello, inicialmente, el gobierno creó la Oficina Nacional de Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV), en diciembre de 1968, cuya política se basó en el fomento de la autoayuda y en el tradicional reparto de alimentos, estableciendo una nueva forma de organización para las barriadas: las organizaciones vecinales, en base a los comités por manzanas o cuadras. En este contexto se producen las primeras movilizaciones de pobladores. La más importante del período fue la ocupación de terrenos en Pamplona en abril de 1971, que llevó al gobierno a replantear sus relaciones con los pobladores, reservando zonas de expansión y reubicando a los invasores dando lugar a la formación de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo en 1972. Se buscó encauzar la acción de los pueblos jóvenes a través del SINAMOS y las “acciones cívicas” del Ejército, en la realización de obras de infraestructura, así como con la dación del DL 20066, que tipificaba las invasiones como “delito de usurpación”. A pesar de estos intentos de encauzamiento, entre 1972 y 1973 se produjeron otras tomas de terrenos, siendo la más importante la de octubre de 1972 en la Av. Argentina, por pobladores conocidos como “los rescatadores”, quienes reivindicando el derecho a una vivienda digna y cuestionando los criterios comerciales y de lucro, exigieron del Estado la expropiación de los terrenos ubicados en la margen izquierda del río Rímac y que se respetara la organi-

zación vecinal de los 13 pueblos jóvenes de la zona, formándose así el pueblo joven El Rescate. Dicha dinámica se reproduce en las principales ciudades del país, pero principalmente en la costa. El caso más significativo fue el de Chimbote, cuya población se quintuplicó entre 1961 y 1972 debido “al boom” pesquero, proceso que aún no ha sido suficientemente estudiado. Los pueblos jóvenes se convierten en un fenómeno social incuestionable en ciudades como Cuzco, Arequipa, La Oroya, Huancayo, Trujillo, etc. Al inicio de la crisis económica, el gobierno no contaba con recursos suficientes para dotar de servicios a los pobladores, pero mantuvo su política de control de las organizaciones barriales. Poco a poco surgieron luchas por la autonomía vecinal, acrecentándose la influencia de la izquierda radical. El encarecimiento del costo de vida y el desempleo golpean duramente a los pobladores. Desde 1975 las tomas de terrenos y las movilizaciones y protestas por servicios se incrementan. Se pueden citar a este respecto la marcha de los pobladores de Villa El Salvador, en abril de 1975, solicitando solución al problema del agua y del transporte; la marcha de los pueblos jóvenes de El Rescate en apoyo a los metalúrgicos en marzo de 1974 y, posteriormente, los sucesos de Vitarte en junio de 1976, donde la población se movilizó en apoyo a la huelga de los obreros de la Nylon. El cuestionamiento al gobierno, y particularmente al SINAMOS, ya era patente al iniciarse el gobierno de Morales Bermúdez y se manifestó claramente cuando las movilizaciones barriales se sumaron al movimiento sindical en la realización de los paros nacionales de 1977 a 1979, sin cuya participación éstos no hubieran tenido éxito. El gobierno asumió entonces una política de represión y de mayor control militar, por lo cual, durante el estado de emergencia y el toque de queda, las operaciones de intervención y rastrillaje en los pueblos jóvenes fueron bastante comunes. Mientras tanto, proyectos ambiciosos de organización vecinal y autogestión, como Villa El Salvador, son abandonados a su suerte. En esa situación, se busca una solución a los principales problemas de los pueblos jóvenes a partir de la iniciativa vecinal; mediante la autogestión, se construyen comedores populares, caminos, agua y luz, posta médica, logros que de una u otra manera fortalecían la organización barrial. Entre julio de 1979 y agosto de 1980 se forman varias federaciones departamentales de pueblos jóvenes, con el objetivo de crear una

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Portocarrero Grados Central General de Pueblos Jóvenes, lo que no llega 1978 las reivindicaciones regionales y departamena concretarse. Con la transferencia de gobierno, el tales incluyeron la reposición de los dirigentes desmovimiento barrial comienza a independizarse del pedidos. A diferencia de otros movimientos, éstos movimiento sindical y a dirigir sus reclamos a las mantuvieron su fuerza durante la década del 80. instituciones representativas del Estado, cuya sectorización propició el debilitamiento del movimiento LOS PARTIDOS POLÍTICOS DURANTE EL social en su conjunto. GOBIERNO MILITAR Por su parte, los movimientos departamentales y regionales están relacionados con el paulatino proEn líneas anteriores hemos delineado el comporceso de fortalecimiento y de centralización sindical tamiento político y electoral de los partidos, espede diferentes gremios urbanos y rurales en diversas cialmente durante el gobierno de Morales Bermúpartes del país. Son los casos por ejemplo de la Fe- dez. Veamos ahora algunos puntos referidos a su deración de Campesinos de Piura (FEDCAP) y de la evolución interna. Al producirse el golpe de 1968 Federación de Trabajadores de La Libertad (FEDE- AP entró en un largo receso, interrumpido por inTAL), entre otros. Éstos se constituirían en la base termitentes comunicados sobre las medidas aplicapara la movilización social a favor de las reivindica- das por el gobierno militar. Algunos de sus dirigenciones regionales y departamentales, cuyas prime- tes sufrieron cárcel y deportación, así como acusaras manifestaciones se inician en el sur: en agosto ciones de corrupción que fueron llevadas al poder de 1971 en el Cuzco, encabezada por el Frente Úni- Judicial. Al igual que otros partidos, AP cobró bríos co de Defensa de los Intereses del Cuzco; en abril de luego de la caída del general Velasco. Aunque regis1972 en Arequipa; y en junio de 1972 en Puno. En tró su inscripción como partido en el JNE, no parti1973 estos movimientos se incrementaron: en abril cipó en las elecciones a Asamblea Constituyente; en Moquegua, por el Frente Único de Defensa de sin embargo, Fernando Belaunde Terry sería elegido los Intereses de Moquegua; en mayo en Arequipa, nuevamente presidente de la República en las elecpor la Federación de Trabajadores de Arequipa, y en ciones generales de 1980. Chimbote, en solidaridad con los pesqueros; en noLa DC había entrado ya en crisis como partido al viembre en Arequipa, Puno, Cuzco y Ayacucho. A producirse el golpe de 1968. En su congreso de diferencia de los movimientos 1971 se produce una nueva regionales de la década del 50, ruptura, esta vez de los sectores liderados por industriales y coradicales de la juventud, algumerciantes, los de la década del nos de cuyos integrantes eran 70 están encabezados por amEnrique Bernales, Rafael Roncaplios sectores populares que les gliolo, Alfredo Filomeno, Henry dan nuevo significado y que son Pease y José María Salcedo. Más expresión inicial de la confluenadelante, en 1976, Enrique Bercia entre el movimiento obrero nales –junto con ex militares de y otros sectores, especialmente la primera fase– formaría el Parel de pobladores; sólo en casos tido Socialista Revolucionario significativos se logró una con(PSR). Asimismo, la DC perdió fluencia con el movimiento el control de la Federación de campesino. Estos lazos se estreEstudiantes de la Universidad charían entre 1977 y 1980 con Católica (FEPUC) cuando una los paros nacionales contra la lista encabezada por Carlos política económica y la militariBlancas fue derrotada por el zación, cuyo éxito no hubiera Frente Revolucionario de Estusido posible sin la participación diantes Socialistas (FRES), cuya masiva de todo el país. En los lista estaba compuesta por Jameses previos al paro nacional vier Diez Canseco, Manuel de julio de 1977 se produjeron Dammert y Agustín Haya de la Caricatura del quincenario Monos y importantes movilizaciones en Torre. En mayo de 1972, la DC Monadas del 17 de enero de 1980 donde Cuzco, Tacna, Ayacucho, Areexpresó su respaldo público al aparece el general Francisco Morales proceso revolucionario de las quipa, Huancayo y Trujillo. En Bermúdez en primer plano. 1134

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Héctor Cornejo Chávez, reconocido especialista en Derecho de Familia, fue elegido como constituyente para la Asamblea de 1978.

los pobladores de asentamientos humanos y pueblos jóvenes. Asimismo, la izquierda estaba dividida por su posición frente al régimen militar: mientras la izquierda radical se opuso desde el principio, el PCP apoyó al gobierno del general Velasco y, luego de su caída, a sus partidarios. Ello produjo importantes debates internos referidos a la naturaleza del régimen y las reformas, la relación partido-masas, el carácter de la sociedad peruana y la estrategia para la toma del poder político. Un balance inicial nos muestra que, al margen de las formulaciones propuestas, la acción de la izquierda estuvo centrada en actividades gremiales más inmediatas: lucha por el control de los sindicatos, movilizaciones por reclamos económicos, de oposición al régimen. Los sectores populares se sentían representados por la izquierda, pero muchas movilizaciones y protestas se producían espontánea o paralelamente al impulso de los partidos que la integraban. Es decir, la fuerza social no logró ser capitalizada en el fortalecimiento de los partidos, siendo bastante relativa su capacidad de arraigo y dirección del movimiento social; constatación que no significa desconocer el importante rol de la izquierda en el desarrollo y representación del movimiento social y en la obtención de reivindicaciones políticas y económicas, especialmente durante el gobierno del general Morales Bermúdez. Todo se vio reflejado en el tercio electoral 1135

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Fuerzas Armadas, con el cual encontraba “coincidencias ideológicas”, a pesar de que posteriormente mostraría su desacuerdo con el contenido de la ley universitaria y con la formación del SINAMOS. Importantes dirigentes de la DC asumieron cargos públicos e influyeron en la elaboración de una serie de medidas que incluían la socialización de los periódicos de circulación nacional en 1974: al producirse la toma de los diarios, Héctor Cornejo Chávez recibió la dirección del diario El Comercio, cargo que ejerció hasta fines de agosto de 1975, cuando renunció en solidaridad con el general Velasco, momento a partir del cual la DC pasó a la oposición del gobierno de la segunda fase. En las elecciones a la Asamblea Constituyente de 1978, la DC consiguió dos curules: Héctor Cornejo Chávez y Carlos Moretti. No se presentaría en las elecciones de 1980. Producido el golpe, el PPC es uno de los primeros partidos en pronunciarse en contra. Durante el período de Velasco, las actividades políticas del PPC se redujeron a constantes comunicados y tomas de posición frente a las medidas gubernamentales pero, con el inicio de la segunda fase, asumió una mayor presencia y actividad, volviéndose uno de los principales interlocutores del gobierno militar, apoyando las medidas de desmantelamiento de las reformas. Con la convocatoria a la Asamblea Constituyente, el PPC reimpulsa la organización del partido con el fin de participar en las elecciones, en las que obtendría el segundo lugar a nivel nacional después del PAP, y el primer lugar en Lima. Luis Bedoya Reyes obtuvo la segunda votación preferencial a nivel nacional, debido a la no participación de AP, cuya votación le fue endosada al PPC. En las elecciones de 1980, pese a su tercer lugar, su peso electoral volvió a su nivel, es decir, a ser fuerza política sólo en Lima. La evolución política de la izquierda es bastante compleja. A pesar de que atravesó un período de desarrollo y rápido crecimiento nunca pudo vencer el factor estructural que limitaba su conformación como una real alternativa nacional: su división política e ideológica. Su expansión en las diversas organizaciones que conformaban el movimiento social fue posible debido a los efectos contradictorios de las medidas del gobierno para encauzarlo, así como a la inexistencia práctica de los partidos políticos tradicionales. La izquierda radical compite con el PCP por la influencia en el movimiento sindical; a su vez, los diversos grupos de la izquierda radical compiten entre sí, logrando influencia entre los campesinos pobres o sin tierras, los maestros, los estatales,

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obtenido en 1978, pero sus debilidades la llevaron a ver reducida más aún su fuerza electoral en 1980. En cuanto a los partidos trotskistas, Ricardo Napurí abandona en 1970 VR y constituye el Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), del cual se desprendería al año siguiente la Liga Comunista. El FIR, luego de la amnistía de Hugo Blanco por el gobierno militar, intenta reorganizarse pero se divide en dos facciones: la Comisión Reorganizadora del FIR y el FIR-Combatiente; en 1974, la Comisión Reorganizadora asume la denominación de Partido Socialista de los Trabajadores (PST), encabezado por Enrique Fernández Chacón. Para las elecciones a la Asamblea Constituyente, el PST forma parte del FOCEP, al cual también pertenecía el POMR. Luego de las elecciones de 1978, Hugo Blanco y otros dirigentes de grupos menores fundan el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), que participaría en 1980 de las negociaciones para la formación del ARI, en perspectiva de las elecciones generales. Luego de la formación de Izquierda Unida (IU), partidos trotskistas como el PST y el PRT intentaron un acercamiento a dicho frente, pero jamás fueron aceptados. Los grupos maoístas sufren varias divisiones durante los primeros años del gobierno militar. En 1969 había surgido Patria Roja y en 1970 Sendero Luminoso. En 1971 se produce una nueva ruptura al interior de Bandera Roja, de la cual surge el Partido Comunista del Perú-Estrella Roja. Durante todo este período, estos grupos van a manifestar su presencia al interior del movimiento estudiantil universitario y en algunos sindicatos importantes, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Edu-

cación Peruana (SUTEP), controlado por Patria Roja. Su peso político fue mínimo pero, en los 80, Sendero Luminoso irrumpiría en el escenario político con el inicio de la llamada “guerra popular”. A lo largo de la década del 70 Sendero Luminoso se prepara para sentar las bases de la lucha armada, especialmente a través del Comité Regional de Ayacucho y de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en donde actúa a través del Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Durante estos años Sendero Luminoso se dedica al estudio de la obra y pensamiento de José Carlos Mariátegui y de la realidad peruana e internacional; es opositor declarado del gobierno militar, al que caracteriza como fascista, y busca diferenciarse de otros partidos de izquierda. Sin embargo, hacia 1974 se debilita su presencia al interior de la Universidad de Huamanga, donde pierde el control de la asamblea universitaria y de la federación de estudiantes. Su presencia se redujo en 1975 a la facultad de Educación, para abandonar la universidad un año más tarde y enviar a sus cuadros a trabajar con las bases de la región y a otros lugares del país, en tanto su núcleo dirigente continuaba el proceso de consolidación del partido. En 1976, al producirse la muerte de Mao TseTung y la caída de la denominada “banda de los cuatro”, que dio fin a la revolución cultural china, Sendero Luminoso se declara opositor al nuevo régimen chino y mantiene su adhesión al maoísmo ortodoxo. En 1977, a partir de una serie de organismos generados, Sendero Luminoso se vuelca al trabajo rural para sentar la base social de la “guerra popular” que se anuncia próxima, pasando a la clandestinidad. A principios de 1980 el comité militar de Sendero Luminoso realiza la Primera Escuela Militar, denominada ILA 80 (Inicio de la Lucha Armada), a cuyo término se acuerdan las acciones que iniciarían la “guerra popular”. La primera acción registrada se dio el 17 de mayo de 1980, cuando un grupo armado asaltó el local del JNE en el pueblo de Chuschi (Ayacucho) y quemó las ánforas electorales. Se había iniciado la “guerra popular”. Genaro Ledesma Izquieta, líder del FOCEP, y Hugo Blanco Galdós se confunden en un abrazo. Para las elecciones generales de 1980 se pensó en un frente único de izquierda llamado Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI). Diferencias internas desbarataron este intento.

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LOS REGÍMENES POPULISTAS DE LOS ‘80 (1980-1990) I

EL SEGUNDO BELAUNDISMO

general Jorge Muñiz Luna, ministro de Guerra; teniente general José Gagliardi Schiaffino, ministro de Aviación; Javier Arias Stella, ministro de Relaciones Exteriores; José María de la Jara y Ureta, ministro del Interior, entre otros. Una rápida revisión de su composición muestra que los ministros podían ser clasificados en tres grupos. El primero integrado por los ministros moderados encargados de los sectores de gran influencia social (Trabajo, Transportes, Educación, Interior, Relaciones Exteriores); el

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Belaunde había accedido al gobierno en 1963 con un amplio programa reformista, bajo gran expectativa popular y el apoyo de diversos sectores sociales, pero no tenía el control del Congreso. En 1980 la situación era casi inversa. No tenía un programa de gobierno claro, salvo la búsqueda de solución para las necesidades inmediatas; las expectativas populares no eran entusiastas y los diversos sectores sociales lo presionarían tratando de enrumbar su gobierno. Pero contaba con una relativa mayoría en el Congreso gracias a la alianza con el PPC, que recibió los ministerios de Justicia, e Industria, Turismo e Integración. Los demás partidos se habían negado al llamado de Belaunde a participar directamente en el gobierno, colocándose más bien en la oposición. El primer gabinete de Belaunde estaba compuesto por: Manuel Ulloa Elías, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía; Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Energía y Minas; Alfonso Grados Bertorini, ministro de Trabajo; Fernando Belaunde Terry fue el vencedor de los comicios generales de 1980. Eduardo Orrego, ministro de TransConvocó a los partidos políticos a formar un gobierno de “ancha base”; sólo el portes y Comunicaciones; Luis FeliPPC aceptó colaborar con el gobierno recibiendo las carteras de Justicia y de pe Alarco, ministro de Educación; el Industria, Turismo e Integración.

Portocarrero Grados influencia gremial sobre el Estado; el segundo, que pese a no haber logrado un cambio de rumbo en la política económica liberal ni en la militarización, mantenía su fuerza movilizadora y sus comportamientos tenían gran impacto en el curso político, por lo que la política no se redujo al Congreso.

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LAS PRIMERAS MEDIDAS Siguiendo a Malpica, entre las primeras medidas liberales del gobierno de Belaunde se encontraban las que continuaban el proceso de privatización iniciado por el gobierno de Morales BerDesde antes de los comicios generales de 1980 uno de los puntos de la agenda política múdez. Veamos algunas: la devoestaba referido a la devolución de los medios de prensa a sus antiguos dueños. Al lución de los diarios y las estacioproducirse el triunfo electoral de Fernando Belaunde, su gobierno asumió ésta como una de sus primeras medidas. En la imagen, Manuel Ulloa Elías (a la izquierda) nes de televisión y de radiodifuconversa con Alejandro Miró Quesada Garland y Aurelio Miró Quesada Sosa; al sión; la devolución de la mayoría centro de la escena aparece Enrique Agois. de acciones de las empresas de cemento; las negociaciones para segundo por los ministros liberales vinculados a or- transferir los yacimientos en posesión de Minero ganismos financieros internacionales (Economía y Perú; la transformación de empresas estatales en soEnergía y Minas); y el tercero por los ministros mi- ciedades anónimas (Minero Perú, Electroperú, Pelitares en actividad (Guerra, Marina y Aviación). Es- troperú, MINPECO, entre otras); eliminación del ta composición denota dos de las principales con- monopolio de la comercialización de minerales por tradicciones al interior del gobierno de Belaunde: parte de MINPECO y de diversos productos de exen primer lugar, la combinación de una política eco- portación como el algodón, el café, el azúcar, los nómica liberal con políticas populistas que busca- fertilizantes y el tabaco negro. Aunque se intentó la ban paliar los efectos de la crisis, ante el temor de desactivación de ECASA y ENCI –como parte de los una explosión social; en segundo lugar, la fuerte acuerdos con el FMI– para liberar la comercializapresencia militar en un régimen nominalmente re- ción del arroz y otros productos agrícolas, no se lopresentativo y democrático que ponía límites al po- gró por la oposición del Congreso. Dentro de la poder civil. Esta situación se acrecentaría en los años lítica liberalizadora destacan las medidas destinadas venideros. Por ello la democracia nacida en 1980 a otorgar mayores facilidades al capital extranjero puede ser caracterizada como restringida y tutelada en la explotación de nuestros productos mineros. por el poder militar. En el caso del petróleo, a fines del gobierno militar Ambos elementos, que ya estaban presentes des- se habían renegociado los contratos con la Occidende 1975, serían el contexto y el germen del desarro- tal Petroleum, la Belco Petroleum y Oxy Bridas. El llo de la violencia política a lo largo de la década. gobierno de Belaunde dictó la llamada “ley Por ello este fenómeno no puede ser interpretado Kuczynski”, por la cual se modificó la legislación como causado por un grupo aislado o calificado de para la explotación y exploración del petróleo, conincomprensible. La violencia política ya estaba pre- tando con el apoyo aprista. Bajo esta ley se firmaron sente antes de 1980 y recrudecería después hasta nuevos contratos con Superior Oil, Hamilton Petrollegar al horror. Otro elemento importante en el pe- leum, Shell y Union Texaco, empresas a las que se ríodo es la constante presión sobre el gobierno tan- otorgó ventajas tributarias adicionales a cambio de to por parte del empresariado como del movimien- invertir en nuevas explotaciones. A fines de 1984 se to social: el primero a través de la reactivación de su comprobó que la Oxy Bridas y la Belco Petroleum, 1138

El Perœ contemporÆneo parceleros quedaron en la ruina y tuvieron que vender sus parcelas. En el sector industrial, se limitó más los alcances de la comunidad industrial con intenciones de desactivarla. Finalmente, para lograr la autorización de venta de las empresas estatales, se envió un proyecto de ley denominado de acción empresarial del Estado, el cual, luego de dos años, no fue aprobado en el Congreso. Ante la imposibilidad de acelerar el proceso privatizador, el gobierno decidió transformar las empresas públicas en sociedades anónimas dirigidas por un directorio y una junta de accionistas, nombrando en estos cargos a personas con mentalidad privatista quienes usaron descaradamente sus recursos en provecho propio. Ejemplos claros son los de Pescaperú, Epsep, Minpeco y Centromin.

LA POLÍTICA ECONÓMICA Dentro de la línea de aplicación de medidas en el marco de las propuestas de los principales organismos financieros, especialmente el FMI, el gobierno nombró como ministros a connotados representantes de los intereses de la banca y empresas extranjeras; los casos más saltantes fueron los de Pedro Pablo Kuczynski (Energía y Minas), Carlos Rodríguez Pastor y, en menor grado, Manuel Ulloa (Economía).

Manuel Ulloa Elías, ministro de Economía y Finanzas durante los primeros dos años del gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry. El programa económico de este período fue acusado, especialmente por el APRA y la izquierda, de sujetarse a las políticas del Fondo Monetario Internacional.

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en vez de utilizar el crédito tributario en nuevas explotaciones, se habían dedicado a la extracción de las reservas conocidas. En esta línea, se dictaron leyes para obstaculizar el desarrollo de proyectos productivos estatales iniciados por gobiernos anteriores. Por ejemplo, en el caso de la minería, se prohibió que el Estado avalase proyectos financieros de empresas estatales. Por ello no se pudo financiar la segunda etapa de Cerro Verde y tampoco se culminó el convenio para la mina Antamina, entre otros casos. También se tomaron medidas para reducir la presencia estatal en el sector financiero, mediante el crecimiento de la banca privada y el establecimiento de bancos extranjeros. Se dictó la llamada “ley chica” de la banca la cual permitió la propiedad de hasta un 33% del capital accionario de los bancos privados por empresas extranjeras y se autorizó la apertura de nuevas sucursales y nuevos bancos extranjeros; pero se nombró directorios con personas inescrupulosas y de poca experiencia, produciéndose no pocos casos de préstamos a empresas insolventes, cobertura de deudas de la banca privada o conversiones de deudas en dólares a soles, lo cual llevaría a una serie de escándalos financieros tanto en la banca estatal como privada. Se crearon los siguientes bancos nacionales: Latino, Mercantil y Bandesco; y se establecieron oficinas de representación y sucursales del Banco Unión República de Venezuela, Commerzbank S.G., Chase Manhattan Bank, The Bank of Tokio, The Citizens and Southern National Bank, Union Chelsea National Bank N.Y., Wells Fargo Bank, First Interstate Bank of California y Manufacturers Hannover Trust. Asimismo, el transnacional Banco Exterior de los Andes y de España (Extebandes) consiguió autorización para actuar en el mercado interno. Curiosamente, a pesar de la vocación privatista del régimen, la quiebra del Banco de la Industria de la Construcción (BIC) y luego del Banco de los Andes, del Banco Comercial del Perú y su financiera y del Banco Sur Medio y Callao obligaron al gobierno a asumir los activos y pasivos de estos últimos y emprender la operación de salvataje, incrementándose de este modo el número de bancos y financieras en poder del Estado. También se devolvió el 51% del capital social de las empresas de cemento a sus antiguos propietarios, a pesar de que se les había pagado los montos de valorizaciones de sus acciones. En el sector agrario, se autorizó la parcelación de las cooperativas y sociedades agrícolas de interés social (SAIS), fragmentándose sus tierras en lotes, aunque luego de dos o tres campañas muchos de los

Portocarrero Grados

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Como han señalado Iguíñiz, Basay y Rubio, la bonanza de las cuentas externas entre 1979 y 1980, lograda mediante políticas de ajuste, terminó muy pronto, apareciendo los problemas en los primeros meses de 1981 debido, en primer lugar, a la caída del precio real de nuestros productos en el mercado internacional y, en segundo lugar, al déficit surgido en la balanza comercial debido a la liberalización de las importaciones y al incremento de pagos de la deuda externa. Para enfrentar la situación, el gobierno recurrió a una política de devaluaciones periódicas, lo cual provocó la “dolarización” del ahorro y de la economía en general. Se establecieron sobretasas del 15% a las importaciones. La política de apertura de la banca nacional a la inversión de capitales extranjeros, reseñada líneas arriba, permitió al gobierno recurrir a nuevos préstamos para pagar la deuda externa y elevar nuestras reservas internacionales, pero ello sólo postergó el problema. Parte de los nuevos préstamos se orientó a cubrir el continuo déficit y a la aplicación de una política tributaria que ponía énfasis en el incremento de los impuestos indirectos (de 50,5% en 1980 a 66,6% en 1982) y en la reducción de los directos (de 48,9% en 1980 a 32,2% en 1982). La política monetaria se aplicó a restringir el consumo ya que se consideraba que había “un exceso de la demanda”; logrando una recesión en el sector productivo, pero no la reducción de la inflación, ya que desde 1981 se había iniciado también la liberalización de los precios controlados y regulados. A mediados de 1983, el gobierno reinició negociaciones con el FMI para resolver los problemas de

la deuda externa. En ellas se establecieron nuevas medidas restrictivas, diseñadas y aplicadas por el ex funcionario de la Wells Fargo, Carlos Rodríguez Pastor, incluyendo reducción del gasto público, mayor restricción de la demanda e incremento del ritmo de devaluación y de las tasas de interés. Dichas metas no se alcanzaron a pesar de la eliminación de subsidios, del incremento en el precio de la gasolina y el servicio eléctrico y de la política de “minidevaluaciones”. Los precios de los productos básicos continuaron su tendencia alcista a lo largo del año, por lo que el gobierno comenzó a controlarlos en perspectiva de las elecciones municipales de noviembre. Los salarios se mantuvieron por debajo del nivel de inflación. Ante la situación crítica, el gobierno atribuyó el fracaso del programa económico a los efectos de las inundaciones causadas en 1983 por la corriente del Niño.

LA APARICIÓN DE SENDERO LUMINOSO Semanas antes de las elecciones generales de 1980, aparecieron numerosos perros colgados de postes públicos, con sendos carteles con los nombres de los principales líderes del gobierno chino; hecho que sorprendió a la mayoría, pero del cual no se dio mayor explicación. Más adelante, el 17 de mayo, en la plaza central del pueblo de Chuschi, Ayacucho, un pequeño grupo armado quemó las ánforas que se iban a utilizar en las elecciones del día siguiente. Con este acto simbólico, Sendero Luminoso –por entonces un grupo reducido, con armamento obsoleto y sin experiencia en el campo militar– dio inicio a su “lucha armada”, sin concitar mayor atención, ya que la mayoría de los partidos políticos y el gobierno estaban preocupados por las campañas electorales de ese año. Tampoco había mayor información al respecto ya que los documentos de los servicios de inteligencia y de seguridad del Estado habían sido sustraídos por los militares antes de la transferencia. Aunque no faltaron voces de alerta, el presidente Belaunde El 17 de mayo de 1980 en Chuschi (Ayacucho), Sendero Luminoso dio inicio a la llamada “lucha armada”. Estas acciones prontamente se trasladaron a las ciudades.

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El Perœ contemporÆneo ciembre de 1982, luego del asesinato del director de la filial ayacuchana del Instituto Nacional de Cultura. Ello significó que las Fuerzas Armadas recuperaran injerencia y presencia política en el Estado, perdidas desde su retiro a los cuarteles en 1980, y que se fueron incrementando a lo largo de la década. Junto con la intervención, se declaró el estado de emergencia para cinco de las provincias del departamento de Ayacucho sometiéndolas, además, a la autoridad del comando político-militar bajo las órdenes del general Clemente Noel Moral. El poder civil quedó así sometido al poder militar. Con dicha intervención se inicia la puesta en práctica de doctrinas militares contrainsurgentes cuya estrategia no estaba exenta de racismo, que implicaba coaccionar a los campesinos, utilizar a las comunidades unas contra otras, ataques de saturación de poblados y “juicios sumarios”, semejantes a los “juicios populares” de SL. Con el tiempo vendrían las denuncias por violaciones de derechos humanos hechas por campesinos ante las diversas fiscalías del departamento. A comienzos de 1984 se nombró al general Adrián Huamán como nuevo jefe político-militar de Ayacucho. El general Noel salió al “exilio dorado” como agregado militar del Perú en los Estados Unidos, alejándose de las investigaciones que entonces continuaban con respecto al caso Uchuraccay y a las violaciones de derechos humanos durante su jefatura. El general Huamán aplicó, junto con las medidas militares, una política asistencialista de apoyo a la población para lograr su adhesión. En setiembre fue removido de su comando por hacer declaraciones que el gobierno consideró “políticas” y que “iban más allá de sus estrictas funciones militares”. Como ha resaltado Heraclio Bonilla, la ineficacia de las Fuerzas Armadas frente a SL no sólo fue el resultado de la ausencia de una política antisubversiva coherente y sostenida –ya que ésta variaba según los vaivenes de la situación política–, sino también influyó el hecho de que sus operaciones eran realizadas por soldados no oriundos de la zona, por lo cual no se identificaban con la población; se enfrentaban además a un ejército que no daba la cara y que más bien tenía la capacidad de desplazarse y confundirse con la población rural. A ello hay que sumarle los bajos salarios de la tropa y las Fuerzas Policiales. La capacidad de acumulación de fuerzas de SL, que en ese entonces obtenía sus armas mediante el robo o el asesinato de policías, se puso de manifiesto en el ataque a la cárcel de Ayacucho a mediados de 1983, que liberó a decenas de detenidos, tanto militantes 1141

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volvió a atribuir estas acciones al abigeato, como lo había hecho 15 años antes. Sendero Luminoso iniciaba así su “guerra popular del campo a la ciudad”, cuya primera etapa era “conquistar bases de apoyo en el campo” para establecer “zonas liberadas”. Esta situación coincidía con la intención inicial del gobierno de establecer una actitud distinta a la política de violación de los derechos humanos del gobierno militar, que no pasó de buenas intenciones. Sólo el ministro del Interior José María de la Jara y Ureta renunciaría por voluntad propia, en agosto de 1980, al asumir la responsabilidad política por la muerte en el Cuzco de un estudiante universitario a manos de la policía. Entre 1980 y 1982 SL logró una relativa expansión en el campo. Cabe citar como ejemplo el entierro multitudinario de la joven dirigente senderista Edith Lagos en setiembre de 1982. Esta inicial expansión es explicable por varias razones: en primer lugar, las características socioeconómicas de Ayacucho, uno de los departamentos más pobres y olvidados del llamado “trapecio andino”; en segundo lugar, las características culturales, pues junto a la Universidad San Cristóbal de Huamanga –punto de modernización y difusora de nuevas ideas– existía un mundo rural y urbano bastante complejo con importantes reminiscencias andinas; en tercer lugar, las tácticas iniciales aplicadas por SL –ayuda en los trabajos agrícolas, protección frente a los abigeos y las autoridades corruptas, apoyo a las comunidades en sus disputas por linderos con las SAIS– le ganaron el apoyo activo (alimentación y protección) o pasivo (encubrimiento) de la población rural. Cabe resaltar que los iniciales militantes de SL provenían del campo o eran descendientes de campesinos. Su dirigencia, en cambio, estaba compuesta por sectores intelectuales y medios profesionales, algunos de los cuales eran descendientes de hacendados. Ellos conocían, pues, la realidad del campo. El Estado, más bien, los tenía olvidados y relegados. Pero esta relación, como se comprobaría rápidamente, nacía de la misma matriz paternalista– autoritaria del gamonalismo; SL cuidaba de sus amigos, pero castigaba a sus enemigos o a los que dudaban. Éstos fueron los casos de las comunidades de Huancasancos y Lucanamarca, las que fueron masacradas por un centenar de senderistas en abril de 1983 al negarse a continuar protegiéndolos. La situación de la población rural se había vuelto muy díficil, y en la práctica se hallaba entre dos fuegos con la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva, decretada el 20 de di-

Portocarrero Grados de SL como delincuentes comunes. A partir de entonces los diversos sectores dejaron de considerar a SL como un problema menor.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

LAS FUERZAS POLÍTICAS DE OPOSICIÓN Luego del fracaso de la Alianza Revolucionaria de Izquierda (ARI) y de los resultados adversos en las elecciones generales, la izquierda intentó recomponer sus fuerzas. Para las elecciones municipales de 1980, nace Izquierda Unida (IU) como un frente de partidos de diversas tendencias marxistas: el PCP y el PSR, representantes de los sectores velasquistas; la UDP, integrada por un grupo de partidos de la llamada Nueva Izquierda, fundamentalmente el MIR, VR y el Partido Comunista Revolucionario (PCR); el FOCEP; la Unidad de Izquierda Revolucionaria (UNIR), frente de partidos conformado por el PC del P-Patria Roja, VR–Proletario Comunista y MIRPerú; y grupos de independientes, entre los que se encontraban importantes intelectuales. Más adelante se incorporaría Acción Política Socialista (APS), grupo escindido de Acción Popular en 1968, encabezado por Gustavo Mohme Llona. Alfonso Barrantes Lingán, reconocido como un independiente de consenso, presidía este frente de partidos. Como su principal líder, también sería su candidato tanto a las elecciones municipales como a las elecciones generales. El PAP, luego de los resultados electorales de 1980, realiza un congreso extraordinario en la ciudad de Trujillo, donde se ponen en evidencia las fuertes fisuras existentes en su interior. Por un lado se encontraba el ala izquierdista encabezada por Armando Villanueva del Campo, apoyado por jóvenes dirigentes como Luis Alva Castro, Carlos Roca y Alan García Pérez; y por el otro el ala derechista encabezada por Andrés Townsend Ezcurra, apoyado por viejos líderes como Ramiro Prialé y Luis Alberto Sánchez. Las disputas no sólo se expresaron

Fernando Belaunde Terry y Eduardo Orrego Villacorta aparecen en el balcón del palacio de Gobierno.

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en el debate interno sino también en las calles, con enfrentamientos entre los grupos de choque de cada bando, llegando al colmo de darle una paliza al ya anciano Luis Alberto Sánchez. Finalmente, el único líder que se retiraría del partido aprista sería Townsend, quien posteriormente fundaría el Movimiento de Bases Hayistas (MBH), que tuvo corta vida. Armando Villanueva sería elegido secretario general y Alan García continuaría en la secretaría de Organización. Como presidente de la Comisión Nacional de Plan de Gobierno (CONAPLAN) fue elegido Luis Alva Castro. Sin embargo, ello no resolvió la crisis interna. La “renovación aprista” vendría después.

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1980 En agosto de 1980, en medio de un rápido cambio de gabinete, Eduardo Orrego renunció al ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el fin de iniciar la campaña de AP hacia las elecciones municipales convocadas para noviembre. Se presentaron también, como candidatos con opciones, Ricardo Amiel (PPC), Justo Enrique Debarbieri (PAP) y Alfonso Barrantes Lingán (IU). Según el JNE, los resultados nacionales fueron los siguientes: AP, 1 386 774 votos (35,92%); IU, 898 325 votos (23,27%); PAP, 877 807 votos (22,73%); PPC, 272 896 votos (10,99%) y otros, 272 896 (7,06%). Según la información oficial, AP y el PAP tuvieron resultados nacionales inferiores a los obtenidos en las elecciones generales; el PPC ratificó su presencia

El Perœ contemporÆneo sólo en Lima, obteniendo escasa votación en el resto del país; la sorpresa la dio IU que pasó a constituirse en la segunda fuerza política, ganando importantes alcaldías provinciales en el sur. Casi un año después, el 8 de noviembre de 1981, se realizaron elecciones municipales complementarias en las seis provincias y 119 distritos donde los resultados de 1980 fueron anulados por el JNE, ratificándose la misma correlación de fuerzas del año anterior.

EL CONFLICTO CON EL ECUADOR A principios de 1981 se produce un enfrentamiento entre patrullas peruanas y ecuatorianas. El gobierno de Quito denunció que dicho enfrentamiento se había producido en su territorio, en la zona de Paquisha: la realidad era que el ejército ecuatoriano había instalado puestos de vigilancia en el lado peruano del sector no delimitado de la frontera, con los mismos nombres de puestos ecuatorianos. El presidente Belaunde ordena la expulsión de dichas tropas pero sin transgredir la frontera norte. El Ejército, comandado por el general Hoyos Rubio –uno de los conspiradores del golpe de 1968–, luego de algunos días de enfrentamientos logra expulsar a los ecuatorianos. Belaunde, junto con un grupo de periodistas, viaja a la denominada “Falsa Paquisha”, donde los indicios señalaban que tan rápida expulsión se debió a que el Perú mantenía la superioridad militar frente al Ecuador y a que la infiltración estaba recién en sus inicios (dada la precariedad de sus puestos). El descuido posterior –a partir de 1990– de la política exterior frente a nuestros vecinos, les permitiría una infiltración más sólida. Terminados los combates, los países garantes del protocolo de Río de Janeiro insistieron en la necesidad de concretar negociaciones para solucionar la falta de delimitación de 78 km en la frontera norte. Como se mostraría una década después, no se avanzó nada al respecto.

LA MASACRE DE UCHURACCAY En la mañana del 28 de enero de 1983, los diarios amanecieron con grandes titulares anunciando la muerte de 8 periodistas de la oposición y de su guía en la comunidad de Uchuraccay, en las alturas de Ayacucho. Según las informaciones que se obtuvieron, Jorge Sedano de La República, Eduardo de la Piniella y Pedro Sánchez de El Diario de Marka, Willy Retto y Jorge Luis Mendivil de El Observador, Amador García de Oiga, el corresponsal de El Diario Félix Gavilán, un periodista ayacuchano, Octavio Infante, y el guía Juan Argumedo, salieron de la ciudad de Ayacucho para investigar la muerte de siete senderistas en manos de los campesinos de Huaychao, lo cual fue presentado por algunos sectores de la prensa como un hecho significativo y “patriótico”; sin embargo, no se tenía acceso a la zona por el hermetismo y la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas, que controlaban la región y no querían testigos incómodos. Un grupo de periodistas decidió salir rumbo a Huaychao, ya que se tenía información de que esta situación era producto de la estrategia contrainsurgente aplicada por el comando político-militar de Ayacucho. El día 26, en la comunidad de Uchuraccay, cercana a Huaychao, los hombres de prensa fueron muertos y sus cuerpos mutilados. En un primer momento, el general Noel –jefe político-militar de Ayacucho– afirmó que los periodistas habían llegado a Uchuraccay portando una bandera roja y dando vivas a la subversión, desviando así su responsabilidad política y señalando implícitamente que la oposición tenía vínculos con SL.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

En enero de 1981 se produjo el conflicto con el Ecuador por el Falso Paquisha, toponimia ecuatoriana en territorio peruano. La inmediata acción militar peruana, dirigida por el general Hoyos Rubio, concluyó con el desalojo de las patrullas militares ecuatorianas.

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Portocarrero Grados

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La cruenta represión militar al terrorismo dio pie a que se sospechara sobre el uso de métodos vedados por el ejército en las zonas de emergencia. La idea de una “guerra sucia” en los Andes fue tomando fuerza entre los medios de prensa opuestos al gobierno. Con el propósito de investigar tal presunción, un grupo de periodistas marchó a Huaychao, donde se había producido una matanza, siendo victimados por los comuneros de Uchuraccay en un confuso incidente. En la imagen, pobladores de Uchuraccay transportan el cádaver exhumado de uno de los periodistas.

El gobierno decidió nombrar una comisión investigadora presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, e integrada por el periodista Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa. También fueron parte de la comisión los antropólogos Juan Ossio, Fernando Fuenzalida y Luis Millones, el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, el sicoanalista Max Hernández y el abogado Fernando de Trazegnies. A mediados de febrero la comisión visitó la comunidad de Uchuraccay, recogiendo los testimonios de los comuneros y entrevistando a los familiares del guía Juan Argumedo, a los periodistas ayacuchanos que llegaron a Uchuraccay algunas horas después de conocida la noticia y a los miembros de las Fuerzas Policiales presentes en la zona. El informe de la comisión investigadora fue entregado en marzo de 1983, caracterizándose por incluir interpretaciones de tres tipos: convicción absoluta, convicción relativa y convicción dudosa. Entre las conclusiones más importantes, la comisión señaló que el viaje de los periodistas fue bajo su propia responsabilidad y que los principales jefes político-militares no tuvieron conocimiento de él. Que los comuneros de Uchuraccay los habrían confundido con un destacamento senderista que venía a escarmentarlos por los linchamientos ocurridos en Huaychao. Que “los periodistas debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara diálogo previo, y por una multitud a la que el miedo y la cólera, mezclados, enardecían y dotaban de ferocidad infrecuente en su vida diaria y en circunstancias normales”. Que era falsa la tesis 1144

de que los periodistas hubieran llegado enarbolando una bandera roja y dando mueras al gobierno y a los “sinchis”. Que la masacre fue obra de los comuneros de Uchuraccay, sin que participaran en ella fuerzas del orden; reconociendo, sin embargo, que los comuneros habían recibido de los “sinchis” la recomendación de defenderse y matar a los terroristas que se acercaran a Uchuraccay, aunque no de manera sistemática; tal decisión habría sido adoptada por los comuneros en sus asambleas. Éstos finalmente –según la comisión– no pudieron dar una respuesta coherente respecto a la desaparición del dinero, las ropas y las cámaras fotográficas de los periodistas. Cabe resaltar una afirmación del informe de la comisión respecto a la supuesta ignorancia de los comuneros, que dejaría implícita como conclusión de fondo que la masacre fue producto de un malentendido: “No se necesita gran esfuerzo de imaginación para saber que, al sentirse atacados, uno o varios de los periodistas hicieron funcionar sus cámaras, reacción primera e instintiva de un reportero gráfico. ¿Están en condiciones los comuneros de Uchuraccay de identificar una cámara fotográfica y saber para qué sirve? Algunos de ellos, por lo menos, sin duda alguna. La comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como linternas, radios y tocadiscos a pilas. No es éste el primer caso de una sociedad en la que el primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos manufacturados modernos”.

El Perœ contemporÆneo 689 182 votos (17,5%); PPC, El informe de la comisión 547 346 votos (13,9%), y investigadora fue duramente otros, 262 794 votos (6,7%). criticado y calificado como De esta manera: a) el país una maniobra encubridora del quedó dividido en tres tercios: gobierno. La comisión habría el PAP, IU y la alianza APejercido funciones que le coPPC; b) pese a ganar en Lima rrespondían al poder Judicial y a su alta votación, IU seguía y las visitas a la comunidad de siendo segunda fuerza electoUchuraccay habrían sido poral, sin poder recuperar la vocas y breves. Las conclusiones tación alcanzada en 1978; c) del informe implicaban una el PAP se recuperaba de su subvaloración del campesinacrisis al pasar de ser tercera do, calificándolo como ignofuerza política al primer lurante, tradicional y arcaico, gar; d) la crisis del gobierno contrapuesto a la sociedad era irremediable. moderna. Las investigaciones La victoria de IU en Lima y los hechos posteriores designificó la aplicación de un mostraron que las conclusioamplio proyecto de beneficio nes de la comisión estaban en a los sectores populares –ya varios aspectos alejadas de la que IU había ganado mayorrealidad y más cercanas a la mente en los distritos más imaginación y a la ficción. CaAlfonso Barrantes Lingán, candidato de pobres– en el que destacaron be resaltar tres hechos al resIzquierda Unida y electo alcalde de Lima en el programa del Vaso de Lepecto. Primero, los periodistas los comicios de 1983. che (que inicialmente abarcó hicieron trámites previos para a más de 300 mil niños entre viajar con miembros del Ejército, lo que les fue negado; y para salir de la ciudad los 0 y los 5 años) y el reconocimiento de los nupasaron por tres puestos del Ejército, lo cual arroja- merosos asentamientos humanos de la capital. Esto ba serias dudas sobre el “desconocimiento” del via- se hizo en base al empuje de la movilización popuje por parte del comando político-militar; en segun- lar, lo que dio un nuevo impulso a las diferentes do lugar, la posterior aparición de las ropas y las cá- organizaciones de subsistencia dirigidas por mujemaras fotográficas de los periodistas, en cuyos ro- res: comedores populares, clubes de madres, entre llos figuraban fotos que demostraban que sí existió otros. En términos generales, la experiencia municontacto y comunicación previos en las proximida- cipal tuvo un gran impacto en los partidos de izdes de Uchuraccay, y que los periodistas fueron lle- quierda, que por primera vez debían asumir direcvados posteriormente a la comunidad, en donde tamente la toma de decisiones y la administración fueron asesinados; en tercer lugar, la evidencia de de importantes recursos pertenecientes al aparato que las Fuerzas Armadas estaban implementando estatal. Destacan dentro de ellas las iniciales gestioun modelo de lucha contrainsurgente de guerra in- nes municipales de IU en Villa El Salvador, San terna, que incluía la formación de grupos paramili- Martín de Porres y Villa María del Triunfo. tares en el campo.

EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO TUPAC AMARU

Las elecciones municipales se realizaron el 13 de noviembre de 1983, teniendo como candidatos de fuerza para la alcaldía de Lima a Alfonso Grados Bertorini (independiente, por AP), Alfonso Barrantes Lingán (IU), Alfredo Barnechea (PAP) y Ricardo Amiel (PPC). Según el JNE, los resultados oficiales a nivel nacional fueron los siguientes: PAP, 1 306 345 votos (33,1%); IU, 1 143 102 votos (29%); AP,

El MRTA, a diferencia de SL, proviene de la Nueva Izquierda que comenzó a gestarse en la década del 60. A partir de sus múltiples divisiones, se distancian en 1980 de aquellos partidos que deciden participar en las elecciones de dicho año. Militantes provenientes del MIR-El Militante, PSR-Marxista Leninista y otros grupos pequeños de la UDP que se disolvieron oficialmente al crearse el Partido Unifi1145

ETAPA CONTEMPORÁNEA

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1983

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Portocarrero Grados cado Mariateguista (PUM) en octubre de 1983, son los que convergen para formar el MRTA. También hay que incluir a jóvenes dirigentes apristas, como Víctor Polay Campos, y líderes sindicales como Néstor Cerpa Cartolini, quien perteneció al sindicato de la fábrica Cromotex y estuvo involucrado en la huelga de 1979. El MRTA se definía como una organización marxistaleninista que proclamaba la necesidad de hacer la revolución combinando “todas las formas de lucha”, pero priorizando la que ponía en ejecución su “aparato militar”. Como señala la comisión Bernales, ideológicamente no se diferencia de cualquier otro partido marxista-leninista, ni tampoco en lo referido a las proclamas y a la reivindicación de personajes como el Che Guevara o Luis de la Puente Uceda. En el aspecto militar, el MRTA combinó tácticas guerrilleras propias del “foquismo” castrista, sobre todo en la selva del departamento de San Martín, con las tácticas de guerrilla urbana de los grupos insurgentes del Cono Sur. Siguiendo el mismo documento, señalaremos que el MRTA surgió contra el segundo gobierno de Belaunde, al que denunciaron como entreguista, proimperialista y comprometido con la “guerra sucia” que se implementaba en Ayacucho. Previniendo un posible golpe militar, el MRTA se preparaba para liderar la “insurgencia del pueblo” desarrollando la violencia revolucionaria. Originalmente sus tácticas se diferenciaban de las acciones terroristas de SL, realizando además acciones asistencialistas en sectores populares (como el robo y reparto de alimentos) e impulsando una prensa oficiosa que publicitaba y reivindicaba sus actos en el afán de demostrar que, a diferencia de SL, la violencia revolucionaria no atentaba contra el pueblo sino contra los enemigos de éste. Sin embargo, estas concepciones y prácticas cambiarían sustancialmente a fines de la década. Según la base de datos sobre violencia política de DESCO, el 22 de enero de 1984 se produce la primera actividad pública conocida del MRTA: el ataque al puesto policial de Villa El Salvador. Inicialmente, junto a ataques contra la sede de la embaja1146

Víctor Polay Campos, uno de los principales dirigentes del MRTA. En 1984 el MRTA ataca el puesto policial de Villa El Salvador y tres años más tarde alcanza notoriedad pública al tomar la ciudad de Juanjuí en el departamento de San Martín.

da de los Estados Unidos y diferentes agencias bancarias, el MRTA se dedicó a una campaña de proselitismo con acciones como la colocación de banderas, el secuestro de periodistas y la toma de radioemisoras y agencias de noticias, desde donde lanzaba proclamas previamente grabadas, así como repartos de alimentos en barrios marginales. El acto de mayor envergadura en sus inicios fue la toma de Juanjuí, en el departamento de San Martín, acto de propaganda al que se citó a periodistas de un canal de televisión para que grabaran la parada militar y el retiro de sus tropas.

BALANCE DE LA POLÍTICA ECONÓMICA APLICADA BAJO EL SEGUNDO GOBIERNO DE BELAUNDE Según el economista Augusto Portocarrero, para fines de 1984 las reservas internacionales lograron recuperarse como resultado de las políticas recesivas aplicadas, alcanzando casi los mismos niveles de julio de 1980. Los gastos de defensa se redujeron en 21% y los de planillas del Estado en 8%, pero los pagos por concepto de deuda externa aumentaron en 51%. Pese a ello la deuda externa se incrementó a lo largo del gobierno de Belaunde en más de 4 mil millones de dólares, sumando un total de 13 721 millones de dólares. Se continuó con la política fiscal de reducir la presión tributaria, especialmente a los sectores de mayores ingresos. En 1985 se recaudó el 61% de lo que se había recaudado en 1980 por concepto de impuestos directos; en cambio, los impuestos indirectos se redujeron en 2%. Así, mientras en 1985 los impuestos a las exportaciones representaron sólo el 13% de lo recaudado en 1980, se incrementaron impuestos como el General a las Ventas (IGV) y el Selectivo al Consumo (ISC), rubro este último que tu-

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vo gran importancia en el incremento en 166% del dustriales subieron más que los agrícolas, por lo impuesto a los combustibles. Se mantenía así la an- que la situación del agro continuó su secular caída. tigua costumbre de cubrir las necesidades de liqui- Además, dadas las circunstancias, durante los últidez mediante el incremento del precio de la gasoli- mos seis meses del gobierno belaundista los emprena para a su vez aumentar la recaudación de im- sarios adelantaron la subida de sus precios, dándopuestos que lo afectaban. Para 1985, la recaudación se niveles de inflación que no se habían producido por impuestos indirectos representaba el 77% del en 10 años. Con el rotundo fracaso de las políticas de ajuste total, mientras que en 1980 había sido del 65%. En términos generales, mientras los gastos del gobier- del gobierno belaundista la campaña del PAP enno aumentaron, sus ingresos se redujeron, con lo contró terreno fértil para su promesa de construir “un futuro diferente” “para todos los peruanos”. cual aumentó el déficit fiscal. En cuanto a la producción, el país sufría una fuerte recesión, expresada en la caída en 1985 del LAS ELECCIONES DE 1985 PBI per cápita a los niveles de 1975. Esta recesión tuvo tres causas fundamentales: las políticas de Para dichos comicios, AP nombró como candiajuste, los desastres naturales de 1983 y la política dato a Javier Alva Orlandini, quien además de conarancelaria norteamericana que limitó nuestras ex- tar con un importante apoyo de las bases de provinportaciones. Más de la mitad del sector manufactu- cias, había venido realizando una serie de críticas al rero trabajó por debajo del 50% de su capacidad ins- gobierno para legitimar su candidatura, y por ello talada, con la consiguiente reducción del empleo. Belaunde se opuso a su elección. El PPC se negó a Por añadidura, se produjo una drástica caída de la mantener la alianza con AP tratando de evitar las inversión en términos generales. Para 1985, las in- consecuencias políticas del desgaste del gobierno versiones del sector público se redujeron a los nive- belaundista pero, sabedor de su poca influencia, se les de 1970, siguiendo las recomendaciones del aliaría con el MBH de Townsend y otros indepenFMI; sin embargo, por el carácter populista del go- dientes, formando la Convergencia Democrática bierno se mantuvo un amplio programa de obras (CODE). La IU lanzó la candidatura de Alfonso Bapúblicas, sobre todo en el sector vivienda. La inver- rrantes confiando en el impacto de su gestión en la sión del sector privado representó en 1985 tan sólo el 11,1% del PBI, pese a los constantes estímulos que Belaunde otorgó a los empresarios, tanto nacionales como extranjeros. Mientras tanto la inflación, que entre julio de 1975 a julio de 1980 fue de 677,49% alcanzó durante el quinquenio 1980-1985 la cifra de 3 734,52%, hasta entonces la más alta de nuestra historia. Pese a las políticas recesivas y de ajuste, la inflación no sólo no fue derrotada sino que mantuvo tasas mayores a las existentes antes de su aplicación, entre otras razones, por la constante maniEn 1985 el APRA presentó a Alan García Pérez como su candidato presidencial. García, pulación de los precios de los quien había sido constituyente en 1978 y diputado durante el período 1980-1985, fue el servicios públicos con el obvencedor de la primera vuelta. Ante la defección del candidato de la Izquierda Unida, jetivo de cerrar la brecha fisAlfonso Barrantes Lingán, para participar en una segunda vuelta, García fue ungido como presidente de la República. cal. Asimismo, los precios in-

Portocarrero Grados Las elecciones se realizaron el 14 de abril de 1985. Los resultados oficiales, según el JNE, fueron los siguientes: PAP, 3 452 111 votos (45,8%); IU, 1 605 139 votos (21,3%); CODE, 773 313 votos (10,2%); AP, 471 150 votos (6,3%); Izquierda Nacionalista (IN), 91 968 votos (1,2%); Frente de Unidad Nacional (FUN), 54 899 votos (0,7%); Partido de Avanzada Nacional (PAN), 26 366 votos (0,3%); Partido Socialista de los Trabajadores (PST), 15 696 votos (0,1%); Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio, 10 150 votos (0,1%). Cabe resaltar que los porcentajes se establecieron sobre el total de votos emitidos. Con estos resultados, el PAP obtenía una amplia mayoría tanto en senadores como en diputados. Según la Constitución de 1979, que se aplicaba por primera vez, si el candidato de mayor opción no obtenía el 50% más 1% de los votos, debía realizarse una segunda vuelta con el candidato con segunda votación más alta, en este caso Alfonso Barrantes; quien sorpresivamente renunció a la confrontación “para ahorrar dinero a los contribuyentes”, según su comunicado. A pesar de ser una situación irregular, nadie se opondría y el JNE proclamaría a Alan García como el siguiente presidente de la República.

alcaldía de Lima y en el incremento de su influencia política y electoral. En el seno del PAP se había producido la “renovación aprista”, encabezada por Alan García Pérez, quien consiguió en 1983 la secretaría general del partido, derrotando a Luis Alva Castro, y luego, en 1984, fue nombrado candidato presidencial, derrotando a Carlos Enrique Melgar. Desde entonces y de manera anticipada a su formal inscripción ante el JNE, Alan García inició su campaña electoral cambiando radicalmente el discurso y la simbología aprista: a) hizo a un lado el discurso excluyente a toda posibilidad de alianza o concertación política expresado en el famoso lema “Sólo el aprismo salvará al Perú” (SEASAP), utilizando otros como “futuro diferente” y “un gobierno para todos los peruanos”; b) fue el primero en emplear como táctica electoral una campaña en base al apoyo de personajes independientes (artistas, deportistas, intelectuales) a su candidatura; c) utilizó como imagen a una paloma blanca enmarcada por la estrella aprista; d) realizó una campaña electoral “populista” en la que se confundía con el pueblo y realizaba actos sorpresivos, que persistieron durante su gobierno en los famosos “balconazos”. Finalmente, existían cinco candidaturas menores.

II

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EL GOBIERNO APRISTA El inicio del gobierno aprista se produjo en un contexto muy similar al primero de Belaunde: una votación muy alta, nivel de popularidad al tope y apoyo de amplios sectores sociales en todos los estratos. El PAP había logrado incluso limar sus históricas asperezas con las Fuerzas Armadas. La principal fuerza política que podría disputarle el liderazgo en el país, la IU, adolecía de serias disputas internas motivadas entre otras razones, por las ambiguas 1148

posiciones y hasta simpatías de su principal líder, Alfonso Barrantes Lingán, respecto al presidente García. En cuanto al programa de gobierno, Alan García sorprendió a propios y extraños con su discurso del 28 de julio, por su contenido radical, antimperialista y deLa elección de Alan García Pérez fue saludada por la prensa internacional, cuyos analistas veían en él a un joven gobernante socialdemócráta moderado y razonable. Portada de la revista Visión, publicación de inspiración liberal, del 1 de julio de 1985.

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nuestro consumo y “el confensor de las amplias capas trol de precios contra las gaempobrecidas del país; disnancias abusivas”. curso que en la realidad se En cuanto a la recesión, la iría desdibujando según necesidad de garantizar el avanzaban los meses. ahorro interno y la fuga de En su discurso Alan Garcapitales, García anunció una cía criticó las políticas de política de control de las ajuste del FMI que se habían transacciones con el exterior aplicado hasta entonces y semediante la restricción del ñaló que la crisis económica uso del dólar; el apoyo a la era causada por “una larga inversión privada (tanto nahistoria de injusticia”. Asicional como extranjera) ofremismo, criticó la corrupción ciendo “seguridad en las rey “el abuso prepotente del glas de inversión”, restrinpoder en todos los niveles”. giendo las importaciones a lo Su interpretación sobre la indispensable, mediante la realidad del país era que éste “estabilidad laboral para el estaba administrado por los trabajador” y, sobre todo, el sectores económicos más poapoyo crediticio, técnico y de derosos en colusión con “el maquinaria para el agro. Su centralismo” y “la dependendiscurso señalaba que la subcia”. Denunció a un empresaversión tenía su causa en la riado que sólo ensamblaba Fernando León de Vivero, uno de los líderes miseria y que la democracia productos importados y mantenía su capacidad pro- históricos del APRA, hace uso de la palabra como debía ser “autoridad y enerpresidente de la cámara de Diputados. gía”. Más adelante diría que: ductiva instalada funcionan“no aceptamos que el sistema do sólo en un 38%. Se anundemocrático use la muerte ció así una política de apoyo a la industria nacional, de descentralización, de eco- como instrumento” y que la ley sería “aplicada con nomía autónoma, de redistribución de la riqueza y severidad también para los que violen los derechos de solidaridad con los más pobres. Según su discur- humanos mediante la muerte, las ejecuciones extraso, los principales problemas del país eran: la deu- judiciales y la tortura”. Para combatir el desorden y da externa, la inflación, la recesión, la subversión, el la inmoralidad, García propuso la doble pena para desorden y la inmoralidad. Respecto de la deuda ex- los funcionarios públicos, la reorganización de las terna, señaló que ésta era producto de las “desigua- Fuerzas Policiales y la coordinación con Colombia les relaciones entre los países ricos y pobres”, del de acciones conjuntas contra el narcotráfico. En su “sobredimensionado valor del dólar frente a otras política exterior, propuso una postura integraciomonedas” y de “nuestra debilidad como país”, para nista, de soberanía y libre determinación, resaltanutilizar productivamente dichos recursos. Ensegui- do nuestra posición como país no alineado. Los hechos posteriores se encargarían de refutar da anunció: “dialogaremos con nuestros acreedores sin usar como intermediario al Fondo Monetario cada uno de los puntos de este discurso. Internacional, pero en los próximos doce meses y mientras las situaciones no cambien, sólo destinare- POLÍTICA ECONÓMICA HETERODOXA Y mos al servicio de la deuda externa el 10% del valor CRECIMIENTO ECONÓMICO, 1985-1987 total de nuestras exportaciones y no el 60%, como hasta ahora se nos exige”. Señaló que la inflación se Con respecto a la política económica del gobierdebía a que el Estado “prefirió apoyar las ganancias no aprista, se distinguen claramente dos momentransnacionales, a la industria ensambladora de Li- tos: el primero –caracterizado por la aplicación de ma y al crecimiento de la burocracia”, olvidando al una “política heterodoxa”, keynesiana– abarcó descampesinado y a la agricultura; para resolver este de julio de 1985 hasta diciembre de 1987, cuando problema planteó elaborar una ley antimonopolio, fue ministro de Economía Luis Alva Castro, y el seuna política de apoyo al agro, una reorientación de gundo desde enero de 1988 hasta julio de 1990,

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Portocarrero Grados ducir la alta tasa inflacionaria, evitar la reducción de la inversión privada (que bajó de 10,3% en 1980 a 6,1% en 1984) y el deterioro de los niveles de vida de la población. En los primeros días de agosto se elevó el tipo de cambio a 13,90 soles y luego se le congeló, reduciéndose las tasas de interés de 280% a 140%. Más adelante, éstas llegarían a reducirse al 38%. Siguiendo su propuesta de proteger el mercado interno, reorientando las divisas que se usaban en el pago de la deuda externa, el gobierno transfirió el 12% del PBI al sector privado mediante modificaciones tributarias y manejo de los precios públicos. Con ello se buscaba incentivar la inversión privada, el uso de la capacidad instalada ociosa y una reestructuración de la economía. Los empresarios se vieron beneficiados ampliamente con estas mediLuis Alva Castro, segundo vicepresidente de la República y das, cuyos gastos derivados asumió el Estado increministro de Economía durante los primeros dos años de mentándose el déficit fiscal. Sin embargo, a pesar de gobierno aprista. Puso en práctica un plan heterodoxo que que la industria se recuperó y volvió a funcionar luego tuvo que ser corregido con un severo reajuste de precios. con toda su capacidad, no dio el salto de hacer nuecuando se aplicó una “política ortodoxa”, vincula- vas inversiones y se contentó con las fáciles gananda a los lineamientos del FMI. Como se señaló, al cias que el gobierno le había otorgado. Ello generó finalizar el segundo gobierno de Belaunde las reser- un problema político interno que provocó que en su vas internacionales se encontraban en los niveles discurso del 28 de julio de 1987 Alan García anunde 1980, lo que le permitió al gobierno aprista una ciara la estatización de la banca privada. Sin embargo, con estas medidas se logró inicial maniobrabilidad polítireducir la inflación: en 1985 ca. Como condiciones favorala inflación acumulada fue de bles hay que agregar también 158% y en 1986 de 60%. el alto porcentaje de la capaciOtra de las medidas de dad instalada ociosa, la situaapoyo al sector industrial prición del nivel de precios, esvado fue la paulatina desactipecialmente públicos, que por vación de la estabilidad labosu sobrecosto permitían una ral iniciada bajo el gobierno política de control, y la prode Morales Bermúdez. El goclividad pública al discurso bierno aprista tomó medidas populista de Alan García. La para poner en el régimen de tendencia económica inicial eventuales los contratos de es keynesiana: en vez de conlos trabajadores, debilitando traer la demanda mediante así otros derechos colectivos y una política de ajustes, había el uso de la presión sindical. que alentar el crecimiento Entre las medidas introduciproductivo y el uso de la cadas como medidas de “empacidad instalada ociosa mepleo temporal” destaca el D.L. diante el estímulo de la de22342, que señalaba que las manda, la mejora de los suelempresas exportadoras podos y salarios, el aumento del dían contratar el número de gasto público, el control de personal eventual a plazo fijo los precios de los productos César Vásquez Bazán, ministro de Economía de primera necesidad, del dó- durante el gobierno de Alan García. En 1988 se que requiriesen, a condición de que existiera un contrato lar y de las tasas de interés. produjo el primer ajuste sustancial en el programa económico del gobierno aprista. de exportación, orden de De esta manera se buscaba re1150

El Perœ contemporÆneo Remigio Morales Bermúdez, elegido diputado por Lima en 1985 y ministro de Agricultura durante el bienio 1986-1988.

da recibirían una parte proporcional de ese 10%. En tercer lugar, hubo un conjunto de entidades a las que no se pagaba. De este modo los créditos de mediano y largo plazo del sector público captaban casi el 20% del servicio de la deuda, incluidos los del BCR, créditos privados y de corto plazo. Indudablemente, esta restricción de los pagos provocó serios conflictos políticos internacionales con todos los acreedores. El gobierno peruano sabía que el Perú sería declarado “valor deteriorado”, y no le importó. Esta declaración significaba que las deudas serían colocadas en una reserva contable como “incobrables”, y mientras esa situación durase, el Perú no sería sujeto de crédito. El gobierno aprista calculó –según Ugarteche correctamente– que era irrelevante ser considerado en esta categoría, porque de todas maneras no habría créditos de mediano y largo plazo de parte de la banca comercial internacional en un período largo por razones ajenas a la economía peruana. Sin embargo, el gobierno aprista pagó alrededor del 30% de las exportaciones de bienes y un 20% de servicios, descendiendo éstas drásticamente en 1988 cuando se agotaron las reservas internacionales. Este modelo del gobierno aprista tenía, pues, un límite. El presidente García esperaba que con estas medidas los empresarios recuperaran la confianza en el Estado, mediante los beneficios otorgados, y se reorientaran hacia una política más nacionalista. Esta alianza no llegó a concretarse porque, como ya se señaló, los empresarios se contentaron con los altos beneficios alcanzados pero no reinvirtieron. Hacia octubre de 1986 comienzan a aparecer los primeros límites de la política heterodoxa. Según 1151

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compra o documento similar y un programa de producción a ser cumplido. Acogiéndose a este dispositivo legal, muchas empresas incorporaron masivamente a trabajadores eventuales, quienes acumularon años de trabajo sin adquirir estabilidad laboral. Otra de las medidas de “empleo temporal” establecida por los D.S. 018-86-TR y 020-86-TR fue el Programa Ocupacional de Emergencia (PROEM). Según este dispositivo, los empleadores podían contratar personal a plazo fijo sin limitación de número y sin necesidad de acreditar la naturaleza accidental o temporal de las labores a realizarse. Con el inicio de la crisis en 1988, dicho dispositivo fue prorrogado hasta julio de 1990. En lo que respecta al agro, se congelaron los precios industriales y se liberalizaron los precios agrícolas, con el fin de beneficiar al campo en la política redistributiva. También se aplicó el denominado “crédito cero”, sobre todo en el llamado “trapecio andino” donde el conflicto con Sendero Luminoso era más agudo, y se impulsó los llamados “rimanacuys”, en el marco de los cuales el presidente García, desconociendo a las organizaciones sindicales agrarias, realizó asambleas directas con las comunidades campesinas. En cuanto al trato al capital extranjero, el hecho más significativo fue la declaratoria de nulidad del contrato suscrito entre Petroperú y la Belco Petroleum Corporation, a fines de 1985, que significó la práctica expropiación de la empresa. En el sector financiero destacan la quiebra del Banco Amazónico, que sería asumido por el Banco Continental, y la definitiva consolidación del Banco del Sur Medio y Callao (Surmebanc) como banco estatal, que tras haber sido intervenido por el presidente Belaunde, fue reflotado bajo el gobierno de Alan García. En cuanto a la deuda externa y a la postura de pagar únicamente el 10% de ésta, Óscar Ugarteche afirma que existieron tres criterios relacionados con la transferencia neta de recursos (TNR). Primero, si el acreedor tenía una TNR positiva al país, definida como la diferencia entre los desembolsos de créditos menos los pagos por amortizaciones e intereses, se le pagaba; si ésta era negativa, no se le pagaba. En segundo lugar, aquellos a quienes se les pagaba deu-

Portocarrero Grados nuncia al ministerio de Economía a fines de junio de 1987, teniendo en perspectiva las elecciones internas del PAP para candidato a presidente, y es reemplazado por Gustavo Saberbein. A principios de julio se produjo una devaluación del 93,7% del tipo de cambio paralelo. El presidente García decreta el 28 de julio la prohibición del mercado paralelo y la estatización de la banca, medida que produjo la desconfianza de los empresarios. A pesar de todas estas acciones la inflación volvió a desbocarse, alcanzando nuevamente índices de más de un dígito.

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Luis Alberto Sánchez, primer vicepresidente de la República, hace su ingreso al Congreso. Escritor, ensayista y uno de los miembros sobrevivientes de la generación del centenario, fue uno de los líderes históricos del APRA.

Óscar Ugarteche, a fines de 1986 las reservas internacionales cayeron aceleradamente a un ritmo de 100 millones de dólares mensuales, y la inflación comenzó a incrementarse debido a que la oferta estaba alcanzado los “cuellos de botella” ante la falta de nuevas inversiones. No obstante, durante 1987 se mantuvo la “política heterodoxa” llegándose a diciembre de dicho año con una inflación acumulada de 120% y sin reservas internacionales. Ante esta situación, el gobierno dictó medidas de flexibilización. Para recuperar las reservas internacionales netas, se buscó reducir la importación mediante un proceso de devaluaciones del 2% anual, estableciendo una variedad de tipos de cambio a partir de su función (exportación o importación), evaluados como porcentajes del dólar MUC y del financiero. En segundo lugar, debido al desfase entre los precios públicos y un efectivo control de precios, se establecieron cuatro categorías de éstos: los controlados, los de régimen especial, los regulados y los supervisados. En esta coyuntura, Luis Alva Castro re-

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LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1986

Al igual que en el segundo gobierno de Belaunde, las primeras elecciones municipales que se realizaron bajo el gobierno aprista tenían un carácter plebiscitario para medir la fuerza de los partidos políticos, muy especialmente la del partido de gobierno. Los candidatos a la municipalidad de Lima fueron los siguientes: Alfonso Barrantes Lingán (IU), Jorge Del Castillo (PAP) y Luis Bedoya Reyes (PPC). AP no se presentó. Las elecciones se realizaron el 9 de noviembre y sus resultados oficiales a nivel nacional, según el JNE, fueron los siguientes: PAP, 2 765 112 votos (47,6%); IU, 1 790 886 votos (30,8%); PPC, 858 140 votos (14,8%), independientes, 226 256 (3,9%); y otros, 225 640 votos (3,9%). Los resultados no hicieron sino ratificar, luego de casi año y medio de gobierno aprista, la correlación de fuerzas existentes.

Jorge del Castillo fue el candidato del APRA para Lima Metropolitana en las elecciones municipales de noviembre de 1986. Sus principales adversarios políticos fueron Alfonso Barrantes Lingán de la Izquierda Unida y Luis Bedoya Reyes del Partido Popular Cristiano, resultando elegido Del Castillo en un discutible proceso electoral.

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Una de las razones de la victoria de Del Castillo, pese a su bajo perfil y carencia de carisma, fue que Alan García, en vez de mantener una distancia política con respecto al tema electoral, apoyó abiertamente a su candidato manifestando su capacidad personal de endosar sus altos niveles de popularidad. Uno de las propuestas de la campaña electoral aprista fue la construcción de un tren eléctrico que uniría los conos distritales con el centro de Lima. También se prometió la ampliación del programa del Vaso de Leche. Sin embargo, La principal promesa electoral de la campaña de Jorge del Castillo fue la ambos proyectos terminaron en construcción de un tren eléctrico que integraría a las poblaciones del cono sur con el centro de Lima. A pesar de la construcción de varios tramos, la obra no fue sendos escándalos de corrupción; concluida, siendo considerada desde entonces un “elefante blanco” de la ciudad. el del Vaso de Leche por las denuncias respecto al uso y estado de las donaciones, y el del tren eléctrico porque en Internacional, entre cuyos principales líderes se enprincipio su proyecto de factibilidad fue cuestiona- contraban los primeros ministros de Alemania do, ya que era oneroso frente a otras propuestas. Só- (Willy Brandt), Francia (Francois Mitterrand) y Eslo se construyeron pequeños tramos de la obra y paña (Felipe Gonzales), y el ex presidente de VeneGarcía la “inauguró” con sólo un kilómetro de ex- zuela, Carlos Andrés Pérez. En ese sentido, Alan tensión desde la estación central, pero la obra en su García estaba dispuesto a disputarle el liderazgo laconjunto nunca se terminó. Más adelante, las inves- tinoamericano y tercermundista a Fidel Castro, uno tigaciones del Congreso por corrupción contra Alan de los últimos líderes históricos del movimiento García demostraron que éste recibió sobornos de NO-AL, quien además sostenía, frente al problema parte del consorcio italiano encargado de la obra pa- de la deuda externa, la tesis del “no pago” y el uso de los recursos militares de las grandes potencias ra ganar la licitación. para cubrirla. Alan García asiste a la promulgación de la ConsLA POLÍTICA EXTERIOR Y EL titución sandinista, se opone a la intervención de PROTAGONISMO INTERNACIONAL Estados Unidos en Panamá y a la derogación de la Se puede señalar que con el anuncio sobre el pa- Decisión 24 del Pacto Andino que ponía límites a la go del 10% con respecto a la deuda externa, se ini- inversión extranjera en la región, e impulsa la forció la política exterior del gobierno aprista. Dicha mación del Grupo de Apoyo al Grupo de Contadoposición sería ratificada en la ONU en setiembre de ra, encargado de las negociaciones de paz para Cen1985, ocasión en que Alan García comenzó a perfi- troamérica. El momento cumbre de la política extelarse como uno de los nuevos líderes mundiales del rior del gobierno aprista fue cuando la Internaciomovimiento NO-AL. Habría que recordar que el Pe- nal Socialista aceptó la invitación del presidente rú no era un país más al interior del Tercer Mundo, García para realizar su XVII congreso en Lima en juya que bajo el gobierno del general Velasco había nio de 1986. Los sucesos de los penales fueron un cumplido el importante papel de acercar a América duro revés para la política exterior peruana, del cual Latina a este movimiento, y por su política exterior nunca se pudo recuperar. de enfrentamiento a los Estados Unidos; Alan García no hacía más que recoger la cosecha. Su discur- LA LUCHA ANTISUBVERSIVA so antimperialista, independiente y radical tuvo Tras el discurso presidencial del 28 de julio de también amplio impacto en el exterior, sobre todo cuando el gobierno aprista comenzó a acercarse ca- 1985, el MRTA anunció el inicio de una tregua unida vez más a la Internacional Socialista o Segunda lateral para “evaluar la situación” y “fiscalizar las

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Portocarrero Grados militares en las zonas de emergencia. Sin embargo, perdieron prerrogativas en cuanto a los sistemas de defensa e inteligencia, el nombramiento de los altos mandos y el manejo presupuestal. En el tema de los derechos humanos, parecía que el gobierno aprista cumpliría su promesa de defenderlos y castigar a los culpables de su violación. A principios de 1986 fue denunciada la existencia de fosas comunes con cadáveres de campesinos asesinados por el Ejército en Pucayacu y Accomarca. El presidente García, en un acto significativo, procedió a la destitución El estallido de la lucha subversiva generó una cruenta respuesta por parte del jefe político-militar y del comandante de la policía, en primer lugar, y seguidamente del ejército, dando inicio a de la segunda región militar, lo que motila llamada “guerra sucia”. En la imagen y como evocación de una varía un fuerte resentimiento entre los altragedia que costó la vida de más de 20 000 personas la obra Tablas tos mandos militares. Sin embargo, éste heridas de Emilio Rodríguez Larraín. fue sólo un acto simbólico del presidente. Los hechos de los penales ese mismo año promesas del gobierno”; Sendero Luminoso en se encargarían de desmentir el supuesto cambio en cambio rechazaría dicha actitud. En su discurso, las orientaciones sobre la lucha contrasubversiva. García había propuesto como medidas antisubversiMás adelante, en mayo de 1988, fue denunciada vas un mejoramiento de las condiciones de vida de la masacre de 30 campesinos, esta vez en Cayara la población, la defensa de los derechos humanos y (provincia de Cangallo), en represalia por una emla lucha contra la corrupción. Respecto a este últi- boscada a un convoy del Ejército, siendo acusados mo punto solicitó al Congreso facultades extraordi- los campesinos de ser “simpatizantes” de SL. Para narias para la reorganización de las Fuerzas Policia- investigar los hechos, se nombró una comisión en el les y las Fuerzas Armadas, unificando los mandos Senado presidida por Carlos Enrique Melgar, del en la policía, que pasó a llamarse Policía Nacional, PAP, la que en un primer momento quiso negar la e integrando los ministerios de Guerra, Marina y existencia del hecho para –luego de las pruebas preAviación en uno solo, denominado ministerio de sentadas– emitir un dictamen que liberaba de toda Defensa, en octubre de 1987. El primer titular del responsabilidad a las fuerzas del orden. Durante el recién creado ministerio sería el general (r) Enrique proceso penal en la fiscalía de Ayacucho, nueve de López Albújar, asesinado en 1989 por el MRTA. Si los testigos “desaparecieron” o fueron asesinados, y bien en términos generales tales reformas eran ne- el fiscal a cargo fue hostigado hasta que renunció. cesarias y funcionales, significaron también un pro- Ese caso, como otros, quedó en la impunidad. Como ceso de “apristización” de dichas fuerzas, injerencia el gobierno aprista se hallaba en un creciente descréque produjo fuertes descontentos, especialmente al dito desde la estatización de la banca, el presidente interior de las Fuerzas Armadas. Según ha resaltado García no encontró mejor mecanismo que afianzar Sinesio López, los gastos dirigidos a los sectores de sus vínculos con las Fuerzas Armadas para prevenir Defensa e Interior representaron el 25,6% de los un golpe de Estado. Por ello, desde 1988 se dio magastos generales bajo el gobierno aprista. En cambio yores poderes y autonomía a los jefes político-milise redujeron los gastos de las Fuerzas Policiales, te- tares de las zonas de emergencia. Asimismo, se forniendo éstas que replegarse en las áreas rurales de malizó la acción armada de la población civil contra las zonas en emergencia. Más de un centenar de co- la subversión, con la creación de grupos de defensa misarías fueron abandonadas, por lo cual sus cir- civil o “ronderos”. Temerosos de que éstos acumulacunscripciones quedaron a merced de los grupos sen cierto poder y autonomía, no se les proveyó de subversivos. La mayor parte del gasto se orientó ha- armamento moderno. Sin embargo, ello provocó cia las Fuerzas Armadas, que en términos reales que en algunas zonas los grupos de ronderos se encontrolaban el 40% del territorio nacional y el 50% frentaran entre sí no por la lucha contra la subverde la población a través de los comandos político- sión, sino para resolver diferencias ancestrales. 1154

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El MRTA manifestó rápidamente sus problemas en cuanto a organización y clandestinidad. A pesar de contar, a diferencia de SL en ese entonces, con armamento y un sistema de comunicaciones moderno, su estructura interna era fácil de penetrar. Así se logró la captura de los más importantes dirigentes del MRTA, incluido Víctor Polay Campos a quien, pese a las críticas, se le dio un trato preferencial. Sin embargo, casi al finalizar el gobierno aprista, él y 52 reclusos del MRTA protagonizaron una espectacular fuga a través de un Una vista de los restos del pabellón senderista en el presidio de la isla El Frontón. túnel de la cárcel de alta seguridad “Miguel Castro Castro”, Los senderistas se habían amotinado el 18 de junio de 1986 en tres cárceles limeñas: Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. construida durante el gobierno anterior. Dicha situación produjo una crisis interna en el MRTA, que originó una lí- su capacidad para albergar más presos. La lentitud nea “dura” que comenzó a emular los métodos de de los procesos, la corrupción de los funcionarios a terrorismo urbano de SL. El hecho más importante cargo de dichos establecimientos y las malas condifue el asesinato del general (r) López Albújar, ex ciones internas ya habían provocado, bajo el segunministro de Defensa, bajo cuya gestión se había pro- do gobierno de Belaunde, sangrientos motines en El ducido la masacre de los combatientes del MRTA en Sexto y Lurigancho. Formalmente, los presos comunes y los presos Los Molinos, en la sierra central. También comenzaron a resolver sus problemas internos mediante por terrorismo estaban en diferentes pabellones. Los presos por terrorismo tenían una organización asesinatos selectivos. Sendero Luminoso consiguió aumentar la fre- interna propia: limpieza, alimentación, talleres, escuencia de sus acciones y sus zonas de influencia. cuelas de adoctrinamiento y sistemas de comunicaDebido a la fuerte presencia militar en el campo, SL ción con el exterior. Ello provocó el malestar y los opta por un cambio estratégico: no ahogar a las ciu- temores de las Fuerzas Armadas porque las cárceles dades desde el campo sino centrar sus acciones en se convertían en “gloriosas trincheras de lucha”, seellas. Con esta política se incrementan las voladuras gún los términos de SL. Ante el temor de un traslade torres de alta tensión, pero sobre todo los asesi- do al nuevo penal de “Miguel Castro Castro” o la innatos selectivos de dirigentes populares y de iz- tervención de las Fuerzas Armadas en el control de quierda, y de funcionarios públicos como fue el ca- los penales, los presos por terrorismo lanzaron una so del presidente de ENCI y dirigente aprista, Ro- campaña “contra el genocidio que se preparaba en drigo Franco Montes. Ello produciría la aparición las cárceles”; ello sería el preludio de un vaticinio del grupo paramilitar “Rodrigo Franco”, integrado autocumplido. A mediados de junio de 1986 se inauguraba el por militares apristas vinculados, como lo señalaría el informe sobre grupos paramilitares del Congreso, congreso de la Internacional Socialista, evento que se realizaría en respaldo al gobierno del presidente al ministerio del Interior. García. Los presos por terrorismo de las cárceles de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara iniciaron LA MASACRE DE LOS PENALES un motín en la mañana del 18 de junio, fecha en Con el incremento de la lucha subversiva, tam- que se apoderaron de sus pabellones y en algunos bién aumentó el número de detenidos por este deli- casos de rehenes –de quienes tomaron las pocas arto. Ello provocó una situación explosiva en las cár- mas con las que contaban–, logrando con ello la celes de Lima, que hacía mucho habían desbordado atención de la prensa internacional y de los asisten-

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Portocarrero Grados tes al congreso de la IS. Reunido urgentemente el Consejo de Ministros se ordenó a las Fuerzas Armadas “el restablecimiento del orden y el principio de autoridad”. Para avalar la intervención militar en la jurisdicción penal, se dictó un decreto declarando a los penales “zonas de exclusión militar” –relegando a las autoridades civiles– que, además de ilegal, no entraría en vigencia sino hasta su posterior aparición en El Peruano. El operativo se inició en El Frontón, a las 5 de la tarde del día 18, a cargo de la Marina, con bombardeos contra el “pabellón azul” –donde se encontraban los presos por terrorismo y tres rehenes– que durarían hasta la madrugada del día siguiente. Los presos lograron resistir debido a un sistema de túneles subterráneos. La toma del derruido pabellón se inició a las 6:00 a.m. y culminaría a las 2:00 p.m. Aunque todavía en los siguientes días se buscarían más presos sobrevivientes, se procedió a demoler el pabellón bombardeado. En el caso de Lurigancho el Ejército abrió un boquete en sus muros el 19, para entrar y someter a los amotinados; el rehén fue rescatado y se procedió a la ejecución de los presos sobrevivientes. En cuanto a Santa Bárbara, la intervención a cargo de la Fuerza Aérea se inició a las 8:00 p.m. del día 18 y culminó a las 11:00 p.m. rescatándose a dos rehenes. En un inicio la opinión pública estuvo de acuerdo con la actitud del gobierno frente al motín de los penales. La IS emite también un comunicado solidarizándose con el gobierno; sin embargo, pese al control militar y al hermetismo, comienza a filtrarse información acerca del ajusticiamiento de los presos rendidos. El día 21, el gobierno reconoce que el alto número de muertos en Lurigancho “hace presumir que se cometieron excesos en el uso de la fuerza”. Encarga las investigaciones al fuero militar y llama al Congreso y a la Fiscalía de la Nación a realizar investigaciones similares, señalando que “el gobierno garantiza la sanción a cualquier exceso que pueda haber ocurrido en el restablecimiento del orden en el penal de Lurigancho”. Se provoca un cambio en la opinión general e incluso la IS expresa que “serias preocupaciones han surgido por posibles excesos en los métodos utilizados y el número de muertos”. El día 24 el presidente García se dirige al país respaldando a las Fuerzas Armadas. En cuanto a los “excesos” señaló que “como presidente de la nación, no avalo ni respaldo, ni apruebo la comisión de excesos, la venganza criminal e instintiva. Las fuerzas de la ley deben estar por encima de la reacción primaria y brutal”; responsabilizando sin em1156

bargo a los jefes, oficiales y personal de tropa de la Guardia Republicana de dichos hechos. Días después, en un recorrido por Lurigancho junto a la prensa nacional e internacional, señaló enfáticamente: “O se van ellos o me voy yo”. Las investigaciones posteriores no llegaron a sanciones, salvo en los casos de los miembros de la Guardia Republicana. En el Senado se formó una comisión investigadora presidida por Rolando Ames (IU), que presentó un informe en minoría. La mayoría aprista aprobó un informe donde se exculpaba de responsabilidad política a las Fuerzas Armadas y al presidente García. El único ministro en presentar su renuncia sería el entonces titular de Justicia, Luis Gonzales Posada. La voluntad política de encubrimiento se manifestaría semanas después cuando los cuerpos de presos dados como “desaparecidos” en la toma de los penales aparecieron en diferentes cementerios de Lima y ciudades cercanas, enterrados clandestinamente. Oficialmente se reconoció que el número de presos muertos fue de aproximadamente 300.

LA ESTATIZACIÓN DE LA BANCA Como ya se señaló, el modelo económico heterodoxo se basaba en el presupuesto de una paulatina toma de conciencia de los empresarios para la formulación de un esquema de crecimiento basado en el mercado interno. Sin embargo, los empresarios –y en especial los grupos de poder económico– continuaron con sus actitudes rentistas y especulativas, aprovechando los beneficios otorgados por el gobierno. Frente a ello, el presidente García decidió tomar el control del principal mecanismo de captación y distribución de capitales: el sistema financiero. El 28 de julio de 1987, durante su discurso de orden, anunció el envío de un proyecto de ley al Congreso para la nacionalización de los bancos, las financieras y las compañías de seguros. García manifestó que había empezado la verdadera revolución aprista y convocó a sucesivos mítines en los que conminó al Legislativo a respaldar las medidas tomadas. Si bien ello provocó el eufórico apoyo del partido de gobierno, en otros sectores hubo posiciones divergentes. En el Congreso, un sector encabezado por IU señaló estar de acuerdo con la medida, pero que plantearía modificaciones para evitar que fuera utilizada como un mecanismo de control y poder personal. Ambas fuerzas reunieron una amplia mayoría en el Congreso, frente a partidos como el PPC y AP, por lo cual la oposición principal vino de los dueños.

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Manifestación de empleados bancarios en contra de la estatización del sistema financiero. En agosto de 1987 Mario Vargas Llosa convocó a un mitin en la plaza San Martín que sería el germen del futuro Movimiento Libertad.

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Los propietarios o mayores accionistas de los bancos eran connotados representantes de los denominados “doce apóstoles” o grupos de poder económico más importantes del país: Dionisio Romero y Juan Francisco Raffo (Banco de Crédito), Augusto y Guillermo Wiese de Osma (Banco Wiese), Francisco Pardo Mesones (Banco Mercantil), y los Picasso Salinas (Banco Latino). Frente a los recursos de amparo, el poder Judicial se divide entre la aceptación del reclamo de los propietarios o el apoyo al gobierno. La creciente oposición y una opinión pública desfavorable provocan que paulatinamente sectores del propio PAP preEn su mensaje a la Nación del 28 de julio de 1987 Alan García, en sorpresiva sentaran dudas respecto del acierto decisión, anunció la estatización del sistema financiero y de seguros del país. político de la medida. Poco a poco, y En la vista el Banco Wiese, una de las entidades financieras intervenidas. con las modificaciones planteadas por IU, el proyecto se convierte en ambiguo e inoperativo. Cabe resaltar que tanto los que lo partidos minoritarios, organizan alrededor de la fiapoyaban como los que se oponían, se fundamenta- gura del escritor Mario Vargas Llosa el Movimiento ron en la Constitución de 1979; los primeros por- Libertad. Para probar fuerzas, se convoca en agosto que las expropiaciones estaban reconocidas y los se- de 1987, en la plaza San Martín, a un mitin contra gundos porque la medida era contraria a la econo- la estatización de la banca que logra un éxito inesmía social de mercado. Comienzan aquí a manifes- perado. Junto con Vargas Llosa se presentó Hernantarse en el campo económico las contradicciones y do de Soto, director del Instituto Libertad y Demoambigüedades de la Constitución de 1979. Los opo- cracia (ILD). Los propietarios, la alta clase media y sitores a la medida que no se sentían representados sectores del comercio popular se sintieron represenpor el PPC y AP en el Congreso por su condición de tados por este nuevo movimiento que surgía en reemplazo de los partidos existentes. De la oposición a la estatización a las posibilidades de que Vargas Llosa fuera candidato a la presidencia en 1990, sólo había un paso. Con el Movimiento Libertad comienzan a surgir en el discurso político los cuestionamientos a los “partidos tradicionales” y el lanzamiento de candidaturas “independientes” y de “técnicos” que “no son políticos”. Finalmente, mediante la ley Nº 24723, el Congreso aprobó la expropiación de hasta el 70% del capital social de los bancos y financieras en poder del sector privado, del 30% de las acciones de los bancos regionales, y del 15% de las acciones de las compa-

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En el seno del Congreso fue nombrada una comisión investigadora de las actividades del comando “Rodrigo Franco”, que no aportó mayores luces sobre su accionar.

ñías de seguros. Sin embargo, a pesar de los reiterados anuncios al respecto de parte del presidente Alan García, la ley no se aplicó. De las treinta comisiones interventoras proyectadas, se nombraron siete y sólo dos asumieron sus cargos, la del Banco de Crédito y la del Banco Wiese. Los accionistas del primero decidieron vender la mayoría de sus participaciones a los trabajadores, en una discutida operación que al comienzo fue calificada de “fraudulenta” e “ilegal” por los funcionarios de la Bolsa de Valores de Lima, por la Comisión Nacional de Supervisión de Empresas y Valores, por el ministro de Economía y por el presidente García quien, con la batalla perdida, meses después declararía dicha venta de acciones como “legal”, “patriótica” y “antioligárquica”. Dictó, además, un decreto legislativo para consolidarla a través de la denominada “banca autogestionaria”, con la que los “pequeños” accionistas podrían controlar hasta la mitad del capital social. Según Malpica, la situación de los bancos no cambió, ya que los antiguos accionistas continuaron controlándolos.

LOS GRUPOS PARAMILITARES Según la información de la base de datos de DESCO, ya entre 1986 y mayo de 1988 era posible rastrear las actividades de lo que posteriormente sería conocido como el comando democrático “Rodri1158

go Franco”. En mayo de 1986, un grupo de estudiantes que se identificaron con carnets apristas fueron detenidos luego de haber detonado explosivos durante una huelga sindical. En febrero de 1987 se encontraron dos arsenales: el primero dentro de un camión camuflado entre el equipo sanitario del ministerio de Salud, dirigido a Ayacucho; el segundo en la casa del secretario general del partido aprista de Puno. Ese mismo año, el 2 de octubre, dos jóvenes apristas murieron al detonarse una poderosa carga de dinamita en el interior del auto en que se encontraban, frente al local de El Diario, periódico oficioso de Sendero Luminoso. El primer atentado reivindicado por el comando “Rodrigo Franco” tuvo lugar el 28 de julio de 1988, cuando fue asesinado en Lima Manuel Febres, el abogado defensor de Osmán Morote, en ese entonces considerado el número dos de SL. El 8 de agosto fue dinamitada la tumba de Edith Lagos en Ayacucho. A partir de entonces, “Rodrigo Franco” realizó una serie de atentados en diferentes puntos del país no sólo contra personas o sectores sospechosos de estar vinculados a la subversión (como los dirigidos contra el semanario Cambio y el periódico El Diario), sino también contra dirigentes y periodistas de la oposición (especialmente de IU), fiscales investigadores de casos de violaciones de derechos humanos como el de Cayara, y aun contra sectores de la Iglesia, como el atentado en Chimbote contra monseñor Luis Bambarén. Algunos atentados, secuestros y posteriores desapariciones fueron realizados dentro de las horas del estricto toque de queda establecido por el gobierno, cuando las Fuerzas Armadas controlaban las calles, por personas identificadas como miembros del Ejército o de la Dincote. Por esta razón, las investigaciones periodísticas señalaban que los integranres del comando “Rodrigo Franco” eran militantes apristas, policias y oficiales de las Fuerzas Armadas, vinculados al ministerio del Interior. Muchas de las denuncias contra “Rodrigo Franco” no fueron investigadas. La Cámara de Diputados nombró una comisión investigadora presidida por el diputado Manuel Piqueras de IU, cuyo informe en mayoría –aprobado por el pleno del Congreso controlado por el PAP– no dio mayores luces sobre el funcionamiento del comando y los sectores oficiales a los cuales estaban vinculados. Conforme

El Perœ contemporÆneo se acercaba el término del gobierno aprista, las acciones de este grupo fueron disminuyendo paulatinamente.

LA CRISIS ECONÓMICA, 1988-1990

Abel Salinas fue ministro del Interior durante el bienio 19851987 y ministro de Energía y Minas entre 1987 y 1988.

36,3% para los salarios privados, 27,2% para los sueldos privados y de 27% para los trabajadores estatales. Sólo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se incrementó en 17%. Respecto al empleo, la disminución de las ventas y el sobrealmacenamiento produjo la reducción de los turnos y del personal eventual contratado por el sistema del PROEM. La producción cayó y la recesión se incrementó. El sector manufacturero se redujo en 6,1%, el sector comercio en 41% y las ventas de los empresarios industriales y los empresarios comerciales se redujeron en 67% y 48%, respectivamente. Como conclusión se puede señalar que el ajuste recayó principalmente en los trabajadores asalariados, lo cual produjo que en la distribución del ingreso las remuneraciones variaran de 32% en 1987 a 28% en 1989. En noviembre se produjo una nueva elevación de los precios públicos. Al no poder ser detenido el proceso inflacionario ni recuperarse los niveles de reservas internacionales, el Perú fue declarado “inelegible” en marzo de 1989. El gobierno intentó entonces obtener un préstamo “puente” de 800 millones de dólares, para lo cual se enviaron diversas misiones a Washington. En julio el FMI se comprometió a conseguir el préstamo mientras concertaba una misión de rutina para enero de 1990, con el fin de intentar restablecer las relaciones financieras internacionales con el gobierno. Según Óscar Ugarteche, hacia 1990 la deuda ascendía a alrededor de 16 720 millones de dólares: 13 mil millones de dólares del sector público; 800 millones de la deuda del BCR con el FMI; 1 500 millones del sector privado; y 1 500 millones de la deuda de cor1159

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Con la aparición de los primeros síntomas de los límites del modelo heterodoxo y el fracaso de la estatización de la banca, el gobierno aprista se orientó hacia políticas ortodoxas. En un primer momento, intenta negociar con los organismos financieros internacionales, pero éstos exigieron el pago previo de las moras, que ascendían a 1 500 millones de dólares. A fines de agosto, las reservas internacionales eran negativas. Para mostrar buena fe, y luego de una serie de indecisiones, se nombró ministro de Economía a Abel Salinas, quien el 7 de setiembre de 1988 aplica un “paquete” económico preparado por el ministerio de Economía y el BCR. Según Iguíñiz, Basay y Rubio, los objetivos de las medidas eran tres: detener la inflación y la recesión, terminar con la pérdida de divisas y crear un contexto de estabilidad y confianza para los agentes económicos. El programa tuvo dos lineamientos: primero, cerrar la brecha cambiaria y fiscal mediante la devaluación del inti, el incremento de los ingresos fiscales, la reducción de subsidios y exoneraciones impositivas y la restricción del consumo; segundo, congelar los precios de los salarios, el tipo de cambio, precios públicos, tarifas y tasas impositivas por 120 días, a contar luego de 10 días de incrementos privados. Sin embargo, éstos fueron tan grandes que se imposibilitó sostenerlos, por lo que la medida se suspendió el 21 de setiembre. Los resultados inmediatos fueron el cierre de la brecha externa, al alcanzarse 72 millones de dólares para el cuarto bimestre del año, debido sobre todo a una mayor reducción de las importaciones que de las exportaciones. Esta situación de la balanza comercial continuaría durante 1989, pero los niveles de las Reservas Internacionales Netas (RIN) siguieron siendo negativos hasta mediados de dicho año. En el sector fiscal no se logró la reducción drástica del déficit y la tendencia decreciente de los ingresos reales del gobierno continuó a lo largo de 1989, debido a que, para cubrirse, el sector privado incrementó sus precios proyectados hasta diciembre. Los gastos totales del gobierno también cayeron. El impacto más importante del “paquete” fue la drástica caída de las remuneraciones reales y el empleo. Los aumentos nominales no impidieron que la pérdida real con respecto a agosto fuera del

Portocarrero Grados Una de las antiguas aspiraciones de las elites provincianas fue la descentralización. La carta política de 1979 prescribía un plan nacional de regionalización (art. 259). A partir de 1988 se fueron estableciendo las regiones, pero el proceso quedó suspendido en 1992. En la imagen, la ciudad de Pucallpa en el departamento de Ucayali.

to plazo. La mora ascendía al 69% del total de la deuda de largo plazo del sector público más la del BCR.

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EL PROCESO DE REGIONALIZACIÓN Según ha señalado Sinesio López, ante el debilitamiento del gobierno aprista el presidente García buscó ganar nueva legitimidad impulsando el proceso de regionalización. Basándose en la Constitución de 1979 se procedió a la elaboración del Plan Nacional de Regionalización, en donde se establecería el número de regiones a formarse y los mecanismos de constitución de los gobiernos regionales. Los aprobados fueron los siguientes: Grau (marzo de 1988), Loreto (marzo de 1988), Nor-Oriental del Marañón (julio de 1988), Ucayali (noviembre de 1988), Inka (enero de 1989), La Libertad-San Martín (enero de 1989), Los Libertadores-Wari (febrero de 1989), Andrés Avelino Cáceres (abril de 1989), Arequipa (abril de 1989), Chavín (abril de 1989), y José Carlos Mariátegui (abril de 1989). Sin embargo, mientras se tramitaba la aprobación de las regiones, diferentes circunscripciones solicitaron modificaciones en los proyectos. La creación de la región La Libertad-San Martín quedó suspendida ya que por consulta popular este último departamento logró ser separado. La región Lima-Callao también pidió su separación. El problema que se presentaba era que el Plan Nacional de Regionalización sólo reconocería 13 regiones. Los debates continuaron durante los primeros meses del gobierno de Fujimori. San Martín sería reconocida como región autónoma en febrero de 1991, pero todo el proceso quedó trunco el 5 de abril de 1992, cuando Fujimori desconoció a los gobiernos regionales y el proceso vol-

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vió a cero. Después no se ha vuelto a tratar el tema. Una de las características del proceso de regionalización aprista es que mantuvo la posición centralista de Lima, ya que no se otorgó autonomía ni atribuciones a los gobiernos regionales ni los recursos económicos necesarios para su funcionamiento. Asimismo, el Estado comenzó a reducir la asignación de recursos fiscales para una serie de programas multisectoriales que afectaron a las regiones. Éstos fueron los casos de las CORDEs, Cooperación Popular y los programas de emergencia, cuyos montos invertidos bajaron de 3,2% del gasto público global entre 1980-1985 a 2,9% entre 1986-1990, según Sinesio López. Esta reducción sería una de las principales causas del fracaso de los gobiernos regionales.

LA CRISIS DE LA IZQUIERDA Izquierda Unida logró mantener su unidad hasta 1989, pero ya manifestaba signos de crisis alrededor de 1987. A sus habituales discrepancias internas entre los sectores moderados y radicales se agregaron las discrepancias de actitud y toma de posición respecto del gobierno aprista. Al inicio de éste, los sectores moderados de IU, encabezados por el propio Barrantes, intentaron un acercamiento a Alan García, mientras que los partidos radicales asumieron de principio una actitud de oposición y diferenciación con el PAP. Para algunos, la renuncia a la segunda vuelta electoral fue vista como un tácito apoyo a Alan García. Pero los sucesos de los penales marcaron un momento de distanciamiento entre los sectores moderados de IU que apoyaban la posición de Barrantes frente al gobierno. Esta actitud se fortaleció con la estatización de la banca, cuando los sectores radicales apoyaron inicialmente la medida con el fin de llevarla más lejos; pero ambas posiciones fueron derrotadas junto con el intento estatizador, debido a las dudas al interior del PAP, que tenía mayoría en el Congreso.

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res que apoyaban a Barrantes se La agudización de las disretiran del evento. Los sectores crepancias internas en IU se hiradicales llegan entonces a un zo cada vez más patente cuanacuerdo con el sector de centro do Barrantes Lingán comenzó a mediante el lanzamiento de la utilizar la amenaza de renuncia candidatura de Henry Pease. a su presidencia, como una maA estos factores internos hanera de defender su posición, bría que sumar los factores exlo cual era expresión de la existernos que afectaron a toda la tencia de posiciones encontraizquierda en general: en primer das. Barrantes sólo podía apelugar, el reagrupamiento de la lar a su imagen política como derecha peruana alrededor de independiente y como catalizala figura de Mario Vargas Llosa dor de la fuerza electoral de IU. y de un programa de claro tinte Comenzó a marcar distancia neoliberal. Desde la estatizacon las protestas sociales, viación de la banca había comenjando, por ejemplo, a Bulgaria zado una vasta campaña propaen mayo de 1987, cuando se La Izquierda Unida lanzó como candidato gandística que enfrentaba ideoiba a realizar un importante papresidencial para los comicios de 1990 a lógicamente a la izquierda y al ro convocado por la CGTP. En esos años se fueron per- Henry Pease García, quien había sido teniente PAP, a quienes se acusaba de alcalde de Barrantes durante su gestión continuar las políticas populisfilando tres sectores: los sectomunicipal entre 1983 y 1986. tas iniciadas bajo el gobierno res radicales, representados por militar. En segundo lugar, la el Partido Unificado Mariateguista (PUM, ex UDP), la Unión de Izquierda Revo- crisis del socialismo real a nivel mundial, que colucionaria (UNIR) y el FOCEP; el sector de centro, menzó con el debate alrededor de la perestroika y el conformado por los llamados cristianos de izquier- glasnost impulsados por Mijail Gorbachov en la enda –que defendían la institucionalidad de IU al mar- tonces Unión Soviética. Dicha situación se expresagen de los partidos y del propio Barrantes–, y el ría en 1989 en la caída del muro de Berlín y en 1990 PCP; y los sectores moderados, encabezados por Ba- en la disolución de la URSS. rrantes, quien comenzó a crear su propia organización al interior de IU, los No Partidarizados, apoya- SURGIMIENTO DEL FREDEMO dos por partidos como el PSR y APS. Las constantes discrepancias y tensiones interA pesar de que el lanzamiento de la candidatura nas llevaron a la convocatoria del primer congreso de Vargas Llosa era prematuro, nadie dudaba de ésnacional de Izquierda Unida para los primeros me- ta. Se inició entonces la difusión por diferentes meses de 1989. Se buscaba, en teoría, resolver los pro- dios de las tesis neoliberales que en el largo plazo blemas internos mediante un evento organizativo fueron creando reacciones opuestas en la ciudadaque definiera un programa, una línea política y una nía, pues dejaban entrever una admiración por los democratización interna; apuesta, sobre todo, de los países europeos en desmedro del Perú, del cual se sectores de centro. Sin embargo, en la práctica, el tenía una visión pesimista, especialmente del camproceso hacia el primer congreso significó la polari- pesinado y del sector agrario, denotando a la vez zación interna. Si bien se llegó a acuerdos políticos prejuicios raciales ya manifestados en el informe soformales en los temas tratados, la situación clave era bre Uchuraccay. la definición del candidato a alcalde para las elecDentro del Movimiento Libertad destacaban los ciones municipales de noviembre. Alfonso Barran- denominados “jóvenes turcos”, profesionales de tes había sido a lo largo de la década el candidato de ideas neoliberales, que representaban a los sectores consenso en toda elección importante. Los sectores más radicales. Este sector en concreto se opuso a un radicales plantearon su candidatura, lo cual fue acercamiento entre Libertad y AP y el PPC, a los considerado por el sector moderado como una ma- cuales denominaban “partidos tradicionales” y “poniobra para cerrarle el paso a la candidatura presi- pulistas”. Sin embargo, la necesidad de unir el madencial de 1990 en caso de ganar las elecciones mu- yor número de fuerzas para asegurar una aplastante nicipales. La ruptura se produce cuando los secto- victoria que le diera la mayoría en el Congreso fue

Portocarrero Grados El Fredemo, pese a ser una suma de fuerzas, no alcanzaría los altos porcentajes logrados por el PAP en su mejor momento. En todo caso, igualará los anteriores niveles de IU, lo que demostraba que hasta entonces el Fredemo no lograba convencer. Este cambio del espectro político tenía sus causas en la creciente crisis económica enrumbada hacia la hiperinflación y en el descrédito en que había caído El Fredemo fue una alianza política conformada por Acción Popular, el Partido Popular el gobierno aprista desde el Cristiano y el Movimiento Libertad. En la imagen aparecen los líderes de estas agrupaciones año anterior. suscribiendo un documento: Fernando Belaunde Terry (Acción Popular), Luis Bedoya Reyes La situación de IU, tal co(Partido Popular Cristiano) y Mario Vargas Llosa (Movimiento Libertad). mo en las elecciones generales de 1980, era una consedecisiva. Luego de semanas de negociaciones, en cuencia directa de su ruptura. Sin embargo, su ammarzo de 1989 se constituye el denominado Frente plia distancia con respecto al Acuerdo Socialista de Democrático –utilizando el nombre del frente polí- Izquierda (ASI) –organización política formada por tico liderado por Bustamante y Rivero en 1945– o los grupos que apoyaban a Barrantes– mostraba que Fredemo, conformado por el Movimiento Libertad, la mayoría de la izquierda se identificaba más con el AP, el PPC y el SODE. Para formalizar la candidatu- ala radical. ra de Vargas Llosa, y para continuar usando la imaLas principales candidaturas para Lima fueron: gen de 1945, se lleva a cabo un mitin en Arequipa, Juan Incháustegui (Fredemo); Mercedes Cabanillas una de las bases históricas del liberalismo peruano. (PAP); Henry Pease (IU); Enrique Bernales (ASI) y Sin embargo, los problemas comenzaron muy pron- Ricardo Belmont (Movimiento Obras). Los resultato. Al realizarse las negociaciones para establecer las dos oficiales a nivel nacional, según el JNE, fueron candidaturas a las elecciones municipales de ese los siguientes: Fredemo, 1 572 868 votos (31,6%); año, a las discrepancias al interior de Libertad sobre PAP, 982 040 votos (19,7%); IU, 888 422 votos sus aliados se unieron las disputas por las cuotas (17,9%); ASI, 113 734 votos (2,3%); otros, 1 418 electorales de cada partido. Libertad consideraba 541 votos (28,5%). Para el caso de Lima, el Movique por constituir la fuerza más importante de atracción electoral, debía encabezar las listas municipales; AP apelaba a su importante presencia municipal a nivel nacional. Vargas Llosa decide presionar amenazando con su renuncia a la candidatura presidencial, iniciando su primera “cura de silencio” frente a los problemas internos del Fredemo.

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LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1989 Las elecciones municipales de ese año se realizaron el 12 de noviembre. Como antecedente a las elecciones generales de 1990, éstas significaron un cambio sustancial del espectro político, con un crecimiento del peso de los grupos no pertenecientes a los partidos más antiguos. Ello se refleja en la caída de los porcentajes del PAP y de IU, mientras que sube el rubro de “otros”. 1162

Mercedes Cabanillas, candidata del APRA al sillón municipal de Lima en 1989.

El Perœ contemporÆneo cía poder enfrentársele. El PAP estaba desgastado por los resultados finales del gobierno y la izquierda se presentaba dividida en dos candidaturas. Según Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone, el Fredemo parecía tenerlo todo: la unidad, un programa neoliberal coherente, un equipo de asesores de alto nivel, un “candidato de lujo” y el apoyo de los principales grupos de poder económico. Semanas antes de las elecciones, las enLAS ELECCIONES DE cuestas le otorgaban el 40% de 1990 las preferencias. Pero la desordenada campaña de los candiEl gobierno aprista llegaba a datos al Congreso y algunos su término en condiciones de “spots” cuestionables llevaron total desprestigio. Frente a éste a una saturación del público y la izquierda se levantaba la En las elecciones municipales de 1989, votante. El objetivo de la campropuesta neoliberal del FredeRicardo Belmont Cassinelli, carismático mo encabezado por Mario Var- comunicador social, fue el vencedor en Lima paña era superar el 50% de los votos necesarios para ganar en gas Llosa, quien había iniciado como candidato del Movimiento Obras. primera vuelta. Sin embargo, su campaña, en la práctica, deshacia mediados de marzo code el mitin de la plaza San Martín en 1987. La propuesta del Fredemo señalaba la menzó a destacar uno de los candidatos “chicos”, inmediata y necesaria implementación de un pro- Alberto Fujimori, que pasó del 1% de las encuestas grama de ajuste como medio de estabilizar la econo- al 10% de las intenciones de voto. Para las elecciones del 8 de abril los candidatos mía y la promesa de reducir la inflación al 10% en el plazo de un año. Esta propuesta fue criticada por eran: Mario Vargas Llosa (Fredemo), Alberto Fujisus opositores que la bautizaron como “la política del shock”. Ante el impacto de esta imagen, el Fredemo comenzó a resaltar sus propuestas paralelas de un programa de compensación social y de reestructuración del aparato productivo, orientándolo hacia la exportación y la atracción de capitales, especialmente extranjeros. Para lograrlo, debía reducirse la presencia estatal en la economía, la cual quedaría bajo el control de la iniciativa privada, el libre mercado y la libre competencia, todo lo cual llevaría al Perú a ser un “moderno país capitalista”. Vargas Llosa solicitaba un mandato claro y mayoritario para realizar el “gran cambio”. Frente Alberto Fujimori Fujimori, candidato “marginal” de la política peruana, fue la a este discurso y su nivel de campagran sorpresa en las elecciones de 1990. Había sido rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. ña publicitaria, nada ni nadie paremiento Obras obtuvo el 48,70%, el Fredemo 23,39%, el PAP 12,38%, IU 11,40%, ASI 1,69% y otros 2,44%. La victoria de Ricardo Belmont en Lima, según Julio Cotler, significó la entrada del primer “outsider” en el espectro político. El Fredemo interpretó estos resultados en el sentido de que su candidato, Mario Vargas Llosa, alcanzaría la presidencia en las elecciones de 1990.

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Para las elecciones generales de 1990 la plancha presidencial del Fredemo estuvo conformada por Mario Vargas Llosa (Movimiento Libertad), Eduardo Orrego (Acción Popular) y Ernesto Alayza Grundy (Partido Popular Cristiano). Se puede apreciar a Mario Vargas Llosa en plena campaña proselitista.

mori (Cambio 90), Luis Alva Castro (PAP), Henry Pease García (IU), Alfonso Barrantes Lingán (IS), Roger Cáceres Velázquez (FNTC), Dora Larrea de Castillo (UNO), Nicolás de Piérola Balta (Unión Democrática) y Ezequiel Ataucusi Gamonal (Frepap). Los resultados oficiales, según el JNE, fueron los siguientes: Fredemo, 2 163 323 votos (27,6%); Cambio 90, 1 932 208 votos (24,6%); PAP, 1 494 231 votos (19,2%); IU, 544 889 votos (6,9%); IS, 315 038 votos (4,1%); FNTC, 86 418 votos (1,2%); UNO, 21 962 votos (0,3%); UD, 9 541 votos (0,1%); y Frepap, 73 974 votos (1%). Dichos resultados sorprendieron, no tanto porque ningún candidato hubiera alcanzado el 50% más uno de los votos, sino porque en la segunda vuelta se enfrentarían Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, un ingeniero agrónomo hasta entonces desconocido en política. Descendiente de inmigrantes japoneses, había sido rector de la Universidad Nacional Agraria y director de un programa de debate político en el canal del Estado bajo el gobierno saliente. La campaña de Fujimori, según la Comisión Andina de Juristas (CAJ), se había caracterizado por la falta de propuestas concretas y la carencia de un programa de gobierno, con un difuso lema de “honradez, tecnología y trabajo” como expresión de los lineamientos de su futuro gobierno; mientras que su movimiento, Cambio 90, estaba compuesto por peque-

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La contienda electoral de 1990 fue una de las más apasionadas y polarizadas de la historia republicana peruana. Al enfrentamiento ideológico se sumaron las adhesiones y oposiciones raciales y de clase social. En la imagen, portada de Página Libre en su edición del 5 de abril de 1990, haciendo alusión al mitin de cierre de campaña de Mario Vargas Llosa.

El anuncio de un “shock” económico para reajustar la economía por parte de Vargas Llosa espantó a muchos de sus potenciales electores. Este punto fue hábilmente explotado por los asesores de imagen del candidato aprista Luis Alva Castro, quienes difundieron un “spot” publicitario en el que se mostraban los potenciales efectos devastadores de esta medida.

El Perœ contemporÆneo

Si bien Alberto Fujimori Fujimori quedó en segundo lugar en los comicios del 8 de abril de 1990, sabía que podía contar con los votos del APRA y de las izquierdas para la segunda vuelta fijada para el 10 de junio. Finalmente, gracias a este respaldo electoral pudo acceder a la primera magistratura del país. Portada de La República en su edición del lunes 9 de abril de 1990. El titular del diario subraya la fuerza electoral de Alberto Fujimori, quien ya se perfilaba como el posible nuevo presidente del Perú, y anuncia la realización de una segunda vuelta.

recuerdan Degregori y Grompone, en los días siguientes a la primera vuelta, Vargas Llosa realiza una nueva “cura de silencio” para decidir si renunciaba a participar en la segunda vuelta. Como ha relatado su hijo Álvaro, el propio arzobispo de Lima Augusto Vargas Alzamora visitó de manera encubierta a Vargas Llosa para convencerlo de no renunciar. Para continuar, el Fredemo necesitaba replantear su campaña electoral, ya que obviamente el PAP e IU apoyarían a Fujimori. En primer lugar, se dejó de hablar del “shock” y se insistió en el Programa de Asistencia Social (PAS) destinado a paliar los efectos de dicha medida. En segundo lugar, Vargas Llosa se vistió con ropas más sencillas y recorrió las barriadas que antes casi no había visitado. En tercer

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ños industriales, comerciantes y “microempresarios” informales, profesionales de clase media y grupos evangélicos. Algunas conclusiones de estos resultados. En primer lugar, a pesar de iniciar su millonaria campaña antes que todos, el Fredemo no superó los niveles de las elecciones municipales; en segundo lugar, el PAP seguía siendo el partido político más importante, pese a la reducción porcentual y nominal, pues había obtenido su votación sin alianzas y cargando con las consecuencias del gobierno de Alan García; en tercer lugar, la izquierda como conjunto se enrumbaba hacia la práctica desaparición electoral, crisis de la que no se recuperaría; en cuarto lugar, para Cambio 90 existía una gran diferencia entre la votación presidencial y la votación para el Congreso y, de ganar la segunda vuelta, sería minoría. La distribución en el Congreso era la siguiente: Fredemo, 63 diputados y 21 senadores; PAP, 53 diputados y 17 senadores, Cambio 90, 32 diputados y 14 senadores; IU, 16 diputados y 6 senadores; FIM, 7 diputados; IS, 4 diputados y 3 senadores; FNTC, 3 diputados y 1 senador; e independientes, 3 diputados. Las reacciones en el Fredemo fueron básicamente dos. La primera, el surgimiento de una polémica interna sobre las causas de no haber logrado una victoria contundente. Por un lado, se señalaron los errores de la estrategia electoral: la excesiva arrogancia de Vargas Llosa o su sinceridad sobre los efectos del “shock”; por el otro, el lastre de que Libertad hubiera ido acompañado de otros partidos. La segunda fue una reacción de impotencia que se expresó en críticas muy duras contra el candidato de Cambio 90, sobre todo de índole xenofóbica: “extranjero”, “chino”. Uno de los voceros del Fredemo, el abogado constitucionalista Enrique Chirinos Soto, declaró que existía una Constitución no escrita que impedía elegir presidente a “un peruano de primera generación”. También se acusó a Fujimori de testaferro de Alan García, de querer atentar contra “la religión católica” y de evasor de impuestos. Como nos

Portocarrero Grados lugar, se convocó a un número significativo de artistas y deportistas para que apoyaran públicamente su candidatura. En cuarto lugar, como ya se señaló, se inició una investigación y denuncias sobre Fujimori, no exentas de xenofobia. En quinto lugar, la Iglesia Católica, temerosa de la presencia evangélica, apoyó la candidatura de Vargas Llosa –a quien se le perdonó su “agnosticismo”– y sacó en procesión al Señor de los Milagros en Lima y a la Virgen de Chapi en Arequipa. Fujimori, en cambio, guardó un cauto silencio al respecto y priorizó su campaña en provincias para consolidar su posición, ya que daba por descontado el apoyo del PAP e IU sin necesidad

de alianzas abiertas que comprometieran su imagen de “independiente”. Las elecciones para la segunda vuelta se llevaron a cabo el 10 de junio. Los resultados oficiales, según el JNE, fueron: Alberto Fujimori, 4 489 897 votos (62,4%) y Mario Vargas Llosa, 2 708 291 votos (37,6%). Como se puede observar, la diferencia fue casi del 35%, lo que significó una victoria contundente. Según la CAJ, el hecho de no contar con mayoría en el Congreso ni con un partido disciplinado y organizado se presentaba, en teoría, favorable para el diálogo y el acuerdo para gobernar, pero no fue así.

III

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LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS 80 Como ha señalado Sinesio López, la década de los 80 significó el desmoronamiento de los partidos políticos. Durante los procesos electorales de 1980 a 1986, el país se dividió en tres tercios: la derecha (AP y PPC), el centro (PAP) y la izquierda (IU). La derecha fue la primera en desmoronarse, logrando un breve resurgimiento con el Fredemo. Para las elecciones municipales de 1989, la crisis partidaria era patente. Para intentar cubrir esos espacios políticos, surgieron numerosas pequeñas organizaciones de efímera existencia, entre las que se encontraba el Frente de Unidad Nacional (FUN), encabezado por el general (r) Francisco Morales Bermúdez Cerruti, fundada en marzo de 1983, organización que no tuvo ninguna presencia real. Participó en las elecciones de 1985 sin ningún éxito y en 1987 dejó formalmente de existir. Otro caso es Solidaridad y Democracia (SODE), fundada el 19 de febrero de 1984. Entre sus principales miembros fundadores se encontraban Javier Silva Ruete, Manuel Moreyra Loredo y Carlos Ferrero Costa; lo integraban antiguos funcionarios del gobierno militar y ex militantes de la DC. A fines de 1984 el SODE realiza conversaciones con el PAP para participar conjuntamente en las listas parlamentarias con vistas a las elecciones de 1985. En enero de 1985 se acordó la inclusión de Javier Silva Ruete 1166

y Aurelio Loret de Mola por el SODE y de Carlos Blancas y César Delgado Barreto por la DC en las listas parlamentarias del PAP para el departamento de Lima. Dicha alianza se rompería en la coyuntura de la estatización de la banca en julio de 1987. También en la perspectiva de las elecciones generales de 1985, se conformó el 8 de noviembre de 1984 la Convergencia Democrática (CODE), integrada por el PPC, el MBH y un grupo de independientes encabezados por Esteban Rocca. En dichos comicios fueron elegidos Andrés Townsend Ezcurra, Ernesto Lanatta Piaggio, Felipe Osterling, Mario Polar Ugarteche y Esteban Rocca. Dicha alianza se disolvió igualmente en 1987, en el contexto de la estatización de la banca. Mientras el PPC intentaba un acercamiento al Movimiento Libertad, el MBH fue disuelto. La organización política más importante que surgió durante la década de los 80 fue sin duda alguna IU. Fundada en 1980, a lo largo de su existencia hasta 1990, pasó por un prolongado proceso de recomposición y reacomodos. En primer lugar la formación del Partido Unificado Mariateguista (PUM) que realizó su congreso de fundación en octubre de 1984. El PUM se constituyó a partir de la unificación de los partidos integrantes de la UDP (MIR, VR y PCR), aunque un sector del PCR encabezado por Manuel Dammert decidió no integrarse. Para la izquierda en general esto significó un importante avance en el proceso de unificación de los par-

El Perœ contemporÆneo Mitin de Alfonso Barrantes Lingán como líder de la Izquierda Unida en el Cuzco. La Izquierda Unida fue uno de los más serios experimentos políticos de la izquierda peruana en su intento por agrupar a los diversos partidos y grupos de dicha tendencia, habitualmente atomizados y divididos.

PUM sufrió la disidencia de un grupo de dirigentes encabezados por Santiago Pedraglio, quienes formaron el Partido Mariateguista Revolucionario (PMR). El sector moderado de IU, encabezado por Barrantes, formaría luego de la ruptura la Izquierda Socialista (IS) –inicialmente denominada Acuerdo Socialista de Izquierda (ASI)–, que participaría en las elecciones municipales de 1989 y en las generales de 1990. La ruptura de IU significó el inicio del proceso de descomposición de la izquierda, que culminaría con la desaparición de IU y la IS tras las elecciones generales de 1990. Su reaparición en los comicios de 1995 fue efímera.

La escisión de un grupo encabezado por Alfonso Barrantes Lingán de la Izquierda Unida precipitó la descomposición de esta agrupación. En 1989, la Izquierda Unida Socialista (el grupo de Barrantes) presentó como candidato al sillón municipal a Enrique Bernales Ballesteros (en la foto) y al año siguiente a Alfonso Barrantes Lingán como candidato presidencial.

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tidos llamados de la Nueva Izquierda. Para IU significó el fortalecimiento de las posiciones radicales, lo cual fue visto con desagrado por Barrantes y por el PCP. En segundo lugar, al interior de la UNIR se dio un proceso de depuración que dejó como único partido actuante al PC del P “Patria Roja”, que prefirió mantener el membrete de UNIR para lograr una mayor representación en la dirección de IU. En tercer lugar, después de las elecciones de 1985 comenzaron a surgir pequeñas organizaciones a la izquierda de IU, como la Unidad Democrática y Popular (UDP) y Pueblo en Marcha (PM), las que en determinado momento intentaron unirse en el llamado Bloque Revolucionario (BR), que tuvo corta duración. Eran agrupaciones que realizaban proselitismo político de manera pública, pero que rechazaban la participación en los procesos electorales. Incluso intentaron ser aceptados en IU, pero ante sus obvias intenciones de captar la militancia izquierdaunidista, fueron rechazados. Su discurso era bastante radical, lo cual los acercaba más a los grupos subversivos que a IU. No alcanzaron a tener mayor presencia, desapareciendo a principios de los 90. Finalmente, luego de la ruptura de IU en 1989, a su interior los cristianos de izquierda formaron el Movimiento de Afirmación Socialista (MAS), con el objetivo de fortalecer la participación de los independientes y defender la institucionalidad de IU mellada por la ruptura. Asimismo, el

Portocarrero Grados Estado; y la incidencia del poder militar en el gobierno local y regional en diferentes zonas del país. Siguiendo con Obando, bajo el segundo gobierSegún el especialista Enrique Obando, existen no de Belaunde se produjo una reducción del poder varios aspectos para evaluar el poder de los milita- de los militares en el Estado y la sociedad, derivada res. A éstos, como grupo de presión al interior del de una reacción gubernamental contra todo lo que Estado, les interesa que éste se organice de acuerdo significara Fuerzas Armadas por el temor de que se a su concepción de seguridad nacional y que fun- repitiera un golpe de Estado. El Sistema de Defensa cione; las decisiones que se tomen al respecto son Nacional, aunque no fue modificado, no recibió un indicador de su poder. A esta variable se suman apoyo en su implementación, sobre todo en lo refeotras importantes, como el nombramiento de los al- rido a la cooperación de los ministerios civiles. Asitos mandos y la decisión de los ascensos en las mismo, el Servicio de Inteligencia se debilitó al ser Fuerzas Armadas; su capacidad para lograr que sus desactivado el servicio de vigilancia de la sociedad hipótesis de guerra sean aceptadas; el poder y el ám- civil y reducido su presupuesto. En cuanto al nombito de acción de los servicios de inteligencia; la ca- bramiento de los mandos y la decisión de los ascenpacidad de presión para la aprobación de su presu- sos, el presupuesto y las adquisiciones militares y puesto y para realizar adquisiciones militares; los los privilegios personales, no hubo cambio alguno. Sin embargo, con el problema de la subversión privilegios otorgados a sus miembros; sus sueldos; las Fuerzas Armadas comenzaron a obtener mayor la protección de los miembros de las Fuerzas Armapoder en otros ámbitos, como en el caso de la creadas contra juicios e investigaciones por el poder cición de comandos político-militares en las provinvil relacionados con la violación de los derechos humanos y con los malos manejos de los fondos del cias declaradas en emergencia de los departamentos de Ayacucho y Apurímac, teniendo bajo su mando no sólo a las fuerzas militares sino también a las policiales, con libertad de realizar operaciones antisubversivas en la zona. Con ello comenzó a aplicarse una política contrasubversiva que la oposición y los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como extranjeros, calificaron de “guerra sucia”. Con el paso del tiempo las autoridades civiles perdían poder de decisión frente a los jefes político-militares, situación que se agudizaría con Alan García, bajo cuyo gobierno no sólo se mantuvo la actitud de no apoyar la implementación del Sistema Nacional de Defensa, sino En la historia peruana las Fuerzas Armadas han jugado un rol importante ya sea como árbitros de la vida política o como gobernantes de facto. En los años ochenta su poder se hizo notorio que además se intentó durante la lucha antisubversiva. En la fotografía, Alan García durante una parada militar. controlar sus procesos

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LA INFLUENCIA POLÍTICA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL GOBIERNO

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El Perœ contemporÆneo Ayacucho fue una de las zonas más convulsionadas por la violencia subversiva, originando un masivo éxodo de sus habitantes.

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internos. Ello se manifestó en la creación del ministerio de Defensa, que unificó los tres ministerios militares más la secretaría de Defensa y el comando conjunto; en la interferencia en la elección de los mandos y en la determinación de los ascensos, tratando así de controlar a los altos mandos; en la disminución del presupuesto de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que respecta a sueldos; y en la reducción de la calidad de los servicios que recibían los miembros de la institución. El Servicio de Inteligen- toridades civiles en las zonas de emergencia. Así, cia fue fortalecido, aunque se le utilizaba para vigi- durante el gobierno de García la Fuerza Armada lar a sectores de la oposición y a las propias Fuerzas perdió casi toda su capacidad de presión frente al Armadas. En cuanto a la lucha antisubversiva, Gar- Estado peruano, excepto para proteger a algunos de cía trató de preservar su imagen frente al problema sus miembros que habían cometido excesos en la de los derechos humanos, por lo que llegó a remo- guerra antisubversiva y en los casos de corrupción, ver a un presidente del comando conjunto, a un je- posición que el gobierno aceptaba como un medio fe de región militar y al jefe político-militar de Aya- de mejorar sus relaciones con los altos mandos cucho, abriendo incluso procesos judiciales contra militares. varios miembros de las Fuerzas Armadas. Pero debido a la crisis política que sufría el gobierno en sus últimos años, García decidió respaldar las acciones de la Fuerza Armada en cuanto a la lucha antisubversiva. La situación antes descrita no impidió que se incrementara el poder que la Fuerza Armada tenía en las zonas declaradas en emergencia y bajo control político-militar. Conforme la subversión fue creciendo, nuevas zonas fueron declaradas en emergencia y nuevos jefes político-militares fueron encargados de su pacificación; de este modo, las Fuerzas Armadas llegaron en algún momento a tener bajo su control a la tercera parte del país. En opinión de Obando, ese poder no era total, ya que los militares sólo tenían mando sobre sus fuerzas y las policiales, y no sobre autoridad civil alguna. Justamente uno de los pedidos de los Plaza de armas de Andahuaylas, ciudad apurimeña que también sufrió militares a los cuales el gobierno no accedió los embates del terrorismo y permaneció por mucho tiempo en la categoría de zona en emergencia. era que se pusiera bajo su mando a las au-

Portocarrero Grados EL IMPACTO SOCIAL DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Según datos presentados por Heraclio Bonilla, una estimación del ministerio del Interior establece que entre 1980 y 1990 se produjeron 17 466 atentados y 12 055 muertos, mientras que en 1992 el número de muertos fue de 22 mil y los costos materiales de los recursos destruidos durante la década ascendieron a 22 mil millones de dólares, monto equivalente al valor total de la deuda externa del Perú. La lectura de la distribución de los atentados y de los muertos como consecuencia de la violencia permite constatar algunos hechos importantes. En primer lugar, los departamentos más afectados por los atentados fueron Lima (4 245), Ayacucho (3 541), Pasco (788) y Puno (684), sumando 11 071; el 63% del total. En segundo lugar, los atentados se incrementan en número paulatinamente, teniendo sus picos más altos entre 1983-1985 y entre 19891992. En tercer lugar, los atentados sufren un desplazamiento de las zonas rurales a las urbanas, debido a los cambios de estrategia de SL y el MRTA. En cuarto lugar, la población civil fue la más afectada con el mayor número de muertos. Hasta 1990 las muertes se distribuyeron de la siguiente manera: población civil (5 477), miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales (997), autoridades civiles (381), y subversivos (5 200). Recogiendo los estudios de Favre, Bonilla postula que la base social de SL se encuentra entre los sectores más desarraigados de la población peruana, tanto rural como urbana. No se trata de un movimiento organizado de obreros o campesinos, ni portador de una cultura

estructurada, sino que sus partidarios se ubican en una opaca y heterógenea franja social producto del cuestionamiento del orden tradicional que todavía no encuentra una condensación, aunque los apellidos de una importante fracción de muchos de sus militantes aluden a un pasado indígena reciente. Éstos son en su mayoría jóvenes, y muchos de ellos cuentan con educación formal superior, lo cual refleja el hecho de que en el Perú los niveles de empleo se reducen mientras se incrementa la tasa de escolaridad. Las expectativas de un mejor futuro y de posibilidades de movilización social producto de la educación no encuentran satisfacción; por ello los jóvenes se debaten entre la marginalidad y la subversión.

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En ciertas áreas, especialmente en Ayacucho, las rondas fueron apoyadas y alentadas por las Fuerzas Armadas. Al lado de las funciones de vigilancia y seguridad, las rondas suplieron el papel del Estado en la tarea de administrar justicia.

La violencia política supuso un alto costo en vidas humanas y en bienes materiales. La fotografía muestra un atentado terrorista contra las tiendas Hogar en Lima.

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Las rondas campesinas fueron los principales adversarios de Sendero Luminoso en las áreas rurales y a ellas se debe en gran parte la derrota sufrida por las huestes de Abimael Guzmán. En la fotografía se puede apreciar a ronderos ayacuchanos.

guridad, medios de comunicación sofisticados, centros médicos, centros de información y propaganda, etc. Otro fenómeno importante será el rol de las rondas campesinas en la lucha contrasubversiva. Las rondas ya existían como organizaciones autónomas desde antes de 1980. Desde 1983 se formaron otras nuevas controladas por el gobierno y las Fuerzas Armadas, con efectos contraproducentes. Junto con el control y expulsión de SL en Piura, Puno y Cuzco, también se produjeron abusos, enfrentamientos entre comunidades y corrupción, como en el caso del tristemente célebre “Comandante Huayhuaco”, un traficante convicto. Para terminar, el impacto social más dramático, junto con los casos de violaciones de derechos humanos, es el fenómeno de los desplazados por la violencia política de SL y las Fuerzas Armadas. Comunidades enteras migraron sin apoyo hacia las capitales de departamento primero y a Lima después. Su número se calcula en aproximadamente 200 mil personas, provenientes principalmente de departamentos como Ayacucho y Huancavelica, de las cuales más de 6 mil son huérfanos que han sido recogidos por otras familias. Estos desplazados, por sus lugares de procedencia, seguirían siendo marginados debido a la desconfianza de que a su interior existiesen células de SL, razón por la cual sufrieron operativos de rastrillaje y de hostigamiento en sus precarios asentamientos marginales por parte de las fuerzas del orden.

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Un elemento importante que marcó un giro en la guerra interna fue la mayor presencia subversiva en las regiones cocaleras del Alto Huallaga, que desde la década del 70 surge como zona económica importante. Su prosperidad está relacionada con la expansión del consumo de cocaína en los Estados Unidos, lo cual provocó el incremento de las áreas sembradas que alcanzaron 28 mil ha en 1980 y 211 mil en 1988. Allí trabaja aproximadamente el 5% de la Población Económicamente Activa (PEA), mayormente desempleada o subempleada. El valor anual de la producción de cocaína, según estimados, es de 1,2 billones de dólares, casi el 50% de las exportaciones legales. Inicialmente, los actores políticos de esta zona eran los campesinos, los narcotraficantes y la policía. Para 1985 SL ya se encontraba sólidamente instalado en la zona; le seguiría el MRTA, que desde sus inicios había establecido destacamentos en el departamento de San Martín. Como ha demostrado Nelson Manrique, SL buscó ganarse el respaldo de los cultivadores frente a los abusos de la policía y de los narcotraficantes. A los narcotraficantes les ofrecía protección y salida garantizada de la cocaína y, a cambio, recibía cupos y armas. Es claro que con el tiempo los productos del narcotráfico también corrompieron a la subversión, como lo habían hecho con las fuerzas del orden, creando una “casta privilegiada” al interior de los grupos subversivos. Ello les permitió –sobre todo a SL– dar un salto en términos de capacidad militar, que se manifestó en la constitución de casas de se-

Portocarrero Grados

IV

siendo su principal blanco los ingresos por sueldos y salarios, y el gasto público orientado a la aplicaEs claro que uno de los principales problemas ción de políticas sociales de apoyo. En cuanto a los económicos durante la década del 80 ha sido y es el sueldos y salarios, no se ha optado por otras alterproblema inflacionario. Según el economista Au- nativas como sería aumentar la oferta, es decir, progusto Portocarrero, las interpretaciones sobre la ducir más, o afectar los márgenes de utilidades de causa de la inflación –y por tanto la aplicación de las empresas o de la renta agraria y, en lo que respecmedidas tendientes a combatirla– han sido dos: la ta al gasto público, tampoco se ha elegido reducir de exceso de demanda y la de incremento de costos. los subsidios a las empresas mediante la exoneraLa primera señala que para mantener en equilibrio ción tributaria o el otorgamiento de un dólar más el mercado la oferta y la demanda deben ser iguales, barato que el del mercado libre. En ambos casos, se pues cualquier desequilibrio produce una variación trataría de incentivos a la inversión por lo cual el de precios; sobre todo cuando la demanda es mayor gobierno no quiere tocarlos. Las ganancias no se que la oferta, lo cual produce un incremento de pre- han orientado, pues, a la inversión –que se ha reducios debido a la escasez de productos. Cuando esta cido drásticamente desde la década de los 70–, sino situación se presenta en el conjunto de los produc- más bien al consumo suntuario de las familias de tos de la economía del país y de manera permanen- los empresarios, a la especulación financiera y a la te, se habla de inflación. La solución para lograr un apertura de cuentas en el exterior. La segunda interpretación señala que la inflanuevo equilibrio hasta el momento ha sido restringir la demanda, alternativa que implica reducir ción se explica por los cambios en el comportaaquellos elementos que generan mayor consumo, miento de los actores económicos (asalariados, empresarios, rentistas y gobierno) capaces de influir sobre los cuatro precios básicos que determinan los costos del producto: el salario, el margen de ganancia, la tasa de interés y el tipo de cambio. De estos factores el que comúnmente se ve afectado es el de los salarios. El problema aquí es que se asume éstos como costo, cuando en realidad son los trabajadores quienes transforman las máquinas e insumos en productos, y no se les reconoce como consumidores, es decir ampliadores del mercado interno. Aun asumiendo estas consideraciones, el peso de las remuneraciones en el total de ventas es mínimo con tendencia a la baja, sobre todo con la introducción de nueva maquinaria. Otra alternativa habría sido disminuir el margen de ganancia, pero ello era inaceptable para los empresaUna vista nocturna de la zona financiera de Lima en el distrito de San Isidro. rios. La decisión de qué alternativa toEl problema inflacionario fue en los años ochenta una de las principales mar no depende de criterios técnicos, preocupaciones del gobierno de Fernando Belaunde Terry y especialmente del de Alan García Pérez. sino que se trata de una decisión políti-

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EL PROBLEMA INFLACIONARIO

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El Perœ contemporÆneo Local principal del Banco de Crédito del Perú en La Molina. Por sus dimensiones empresariales y su magnitud financiera sus propietarios son considerados el grupo económico más influyente del Perú.

ca de asignar a uno u otro sector socioeconómico el pago de los costos de la crisis. Además, es claro que existe otro factor que influye más en la determinación de los costos, que es la variación del tipo de cambio, ya que los productos tienen una alta dependencia de insumos importados. Sin embargo, no se ha aplicado ninguna política tendiente a la reestructuración del aparato productivo.

LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO Y LOS GREMIOS EMPRESARIALES

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Según Campodónico, Castillo y Quispe, un grupo de poder económico está constituido por un conjunto de empresas que tienen participaciones mayoritarias en diversos sectores económicos, generalmente en los sectores de punta. Para ello no requieren participación mayoritaria en cada empresa o sector, pero sí una dirección centralizada que decida la política común. En ese sentido, la tendencia en las empresas más dinámicas es a la diversificación. El motor central de la acumulación y el crecimiento de la inversión están en relación proporcional a esta diversificación, que permite aprovechar oportunidades y rentabilidades en varios sectores de manera paralela. La finalidad del grupo de poder económico es incrementar la tasa de ganancia, es decir, lograr una mayor rentabilidad, y el acceso al crédito es esencial para el logro de estos fines. Por ello, un elemento central en un grupo de poder económico es su participación en la propiedad de una institución bancaria, financiera o de seguros, generalmente con otro u otros grupos; vinculación que le ha de permitir potenciar sus estrategias de diversificación y expansión económica, que no dependerán ya de fondos propios autogenerados. Permite además reciclar y dotar de una mayor rentabilidad a

sus excedentes de liquidez y un manejo relativamente más rápido y libre de los flujos monetarios generados dentro y fuera del sistema. También proporciona acceso al crédito internacional, la diversificación del riesgo y un rol anticíclico en épocas de crisis y recesión, lo que en un contexto de escasez del crédito se transforma en un verdadero “poder financiero”. Según los autores citados, los cambios más sustanciales en la estructura económica durante los años 80 fueron la tendencia al fortalecimiento del sector empresarial privado y la conformación de los denominados “grupos económicos” como la fracción empresarial más dinámica e influyente en el conjunto de la economía. Dicha estructura tendría la siguiente composición: en primer lugar, los grupos económicos nacionales y extranjeros privados; en segundo lugar, el Estado con sus propias empresas; el capital extranjero, formado por empresas y corporaciones internacionales; y el resto el sector empresarial privado. Según Perú: The Top, son 13 los grupos económicos más grandes: el grupo Brescia (40 empresas), el grupo Romero (32 empresas), el grupo Ferreyros (21 empresas), el grupo BackusBentín (15 empresas), el grupo Nicolini (14 empresas), el grupo Wiese (13 empresas), el grupo La Fabril (11 empresas), el grupo Lanatta Piaggio (11 empresas), el grupo Benavides de la Quintana (9 empresas), el grupo Fierro (7 empresas), el grupo Hochschild (6 empresas), el grupo Arias Dávila (6 empresas) y el grupo Raffo (4 empresas). Estos grupos totalizan 189 empresas, que representan el 7,6% del total de las 2 500 contabilizadas en Perú: The

Portocarrero Grados Top. En términos de valores económicos, sus ingresos sumaban 3 209 millones de dólares, los activos totales 2 746,1 millones, el valor patrimonial 1 182,2 millones y las utilidades netas generadas un valor de 71,6 millones. De estos grupos destacan cuatro: Brescia, Romero, Nicolini y Raffo, cuyo rasgo más saltante es su vinculación con el Banco de Crédito del Perú, el banco privado más importante e influyente del país. Otros grupos con vínculos en bancos son: Lanatta Piaggio (Banco Mercantil); Wiese (Banco Wiese); y Benavides de la Quintana (Banco de Lima). Los grupos más vinculados a compañías de seguros son: Backus-Bentín (Compañía de Seguros Cóndor S.A. y Fénix Peruana Compañía de Seguros); y Arias Dávila (Compañía Internacional de Seguros). Son muchos los gremios empresariales que constantemente se pronuncian sobre la política macroeconómica a través de diferentes órganos de expresión masivos. Su accionar en ese sentido consiste en expresar sus puntos de vista por medio de manifiestos y declaraciones de sus dirigentes, en particular sobre aquellas medidas que les conciernen directamente. Por estas razones, entre otras, es que gremios como la SNI, ADEX y la CONFIEP, casi desde su acto fundacional se comportan como clásicos grupos de interés presionando para que sus puntos de vista sean asumidos por el Estado.

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LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y EL DEBILITAMIENTO DE LOS GREMIOS SINDICALES Como señala Sinesio López, la crisis institucional llegó también a la sociedad civil, debilitándose las organizaciones sindicales, populares, regionales, barriales y culturales. El sindicalismo clasista prácticamente ha desaparecido. En los años 80, más bien, la institucionalidad social es asumida por la Iglesia, los medios de comunicación masiva y las organizaciones no gubernamentales (ONGs), perdiéndose el carácter popular que existió en la década de los 70. El sindicalismo perdió su capacidad para presionar al gobierno y establecer alianzas con sectores populares más amplios: golpeado por las políticas de ajuste, desprotegido por el desmantelamiento de los derechos sindicales, entró también en una crisis de liderazgo y de descomposición organizativa. Según Carmen Rosa Balbi, el clasismo se había consolidado por su papel en la transformación de los patrones de poder vigentes en la sociedad hasta los setenta, que rompieron las formas paternalistas 1174

y clientelistas que regían las relaciones laborales en las fábricas, emprendiendo una lucha por la universalización de derechos sociales en un contexto de difusión de ideas igualitarias. El clasismo tuvo así que enfrentar a un empresariado con concepciones racistas y autoritarias –expresadas en formas soterradas de menosprecio y maltrato al trabajador–, y se fortaleció en tanto vía de canalización de resentimientos y desfogue de odios frente a las concepciones y actitudes de los empresarios, reticentes a un reconocimiento de derechos y a un trato igualitario, alcanzando a liderar un movimiento social y nacional. En los 80, con la restauración democrática, las concepciones contra las que insurgió el clasismo pierden fuerza y se instauran nuevos canales de negociación, por lo que se debilita. Según la autora, la crisis del sindicalismo es ideológica y organizativa, lo cual incluye la pérdida de representatividad de las dirigencias frente a sus bases y de su capacidad para plantear alternativas a las propuestas antisindicales en marcha; inciden en ello varios factores. En primer lugar, los cambios en la composición de la fuerza de trabajo por el crecimiento dinámico de la pequeña empresa y el incremento explosivo del sector informal; en segundo lugar, los efectos de la recesión sobre el empleo, que genera una reducción del conflicto como una manera de preservar el puesto de trabajo, fragmentando la acción sindical; y en tercer lugar, el incremento del número de trabajadores contratados o eventuales, que no se sindicalizan pues su prioridad es un proyecto individual, ya que generalmente se trata de jóvenes que recién se incorporan al mercado laboral. Pero también existieron otras razones más complejas. Quizás la más importante fue el abuso de la protesta radical en la lucha por los derechos laborales, junto con un desinterés para ofrecer propuestas en el terreno de la producción y la productividad, deslegitimando a las organizaciones clasistas frente a la sociedad. Con el agravamiento de la crisis, el discurso empresarial que culpaba al sindicalismo de todos los males comenzó a calar aun entre los jóvenes trabajadores eventuales que se incorporaban al mercado laboral, especialmente bajo el gobierno de Fujimori. Éste buscó mostrar a un sindicalismo que defendía el status quo de una burocracia negligente y ociosa, sin deberes para con el país, que limitaba el progreso, culminando con ello el proceso de desarticulación de las dirigencias sindicales. El proyecto de Fujimori implica una reforma autoritaria de las relaciones laborales para imponer nuevas condiciones que incrementen la productividad,

El Perœ contemporÆneo otorgándole un poder desmesurado y peligroso al empresario. La autora finaliza señalando que esto conduce a una peligrosa desaparición de un grupo de presión e interlocutor social importante que balancee el poder empresarial.

LA INFORMALIDAD Y LA PEQUEÑA EMPRESA

La migración y la aparición de actividades económicas informales transformaron el rostro de la antigua ciudad señorial y captaron la atención de los analistas sociales.

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Uno de los principales problemas que tuvieron que enfrentar los investigadores sociales en los 80 fue definir con igualdad de criterios el fenómeno de la llamada “informalidad”. El uso de términos como sector informal, economía informal, trabajo informal, tiene connotaciones diversas. Sin embargo, se parte de una realidad aceptada: la existencia de una extendida red de empresarios y comerciantes que trabajan al margen del sistema económico legal, es decir, que no están registrados, no pagan impuestos y no se rigen por los diversos dispositivos y leyes dados por el Estado. El autor que con mayor éxito editorial ha tratado de definir la informalidad es, sin duda alguna, Hernando de Soto, quien inicialmente contó con el apoyo político de Mario Vargas Llosa. Ello se debió, según el propio Hernando de Soto, a que su libro El otro Sendero lleva implícito un proyecto político de transformación del Estado, al cual califica de “mercantilista”, ya que su estructura y las políticas aplicadas por éste sólo han beneficiado a sectores minoritarios vinculados al poder. Según De Soto, la informalidad se origina como una respuesta “popular y creativa” ante la incapacidad estatal de satisfacer las demandas más esenciales; a ello se suma la actitud discriminatoria del Estado al no permitir el acceso a la formalidad a quienes no detentan el poder económico y político. Los largos y costosos trámites, muchos de ellos

preñados de corrupción, se convirtieron en una barrera que impedía a los más pobres el acceso a la propiedad. De Soto demuestra esta aseveración estudiando, con un importante equipo de asesores, casos concretos de los sectores vivienda, industria, comercio y transporte, en los que se habría producido el desencuentro entre el Estado y la sociedad civil. Como alternativa se plantea el establecimiento de un régimen liberal (neoliberal) donde la reducción del Estado y sus mecanismos de control –que para el autor son en realidad mecanismos de marginación– cedan el lugar a una ampliación significativa de la propiedad. El tema de la informalidad está relacionado al de la pequeña empresa, ya que un importante número de empresas y comerciantes son o eran informales. Éste es el caso por ejemplo de Vicente Díaz Arce, uno de los más importantes empresarios textiles de Gamarra que terminaría detenido por evasión tribu-

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Portocarrero Grados taria. El creciente interés en este sector ha llevado a que en vez de plantearse la aplicación de medidas de represión o de un mayor control tributario, se realicen importantes propuestas de legalización y apoyo empresarial, y también a que éste sea visto potencialmente como una alternativa para el crecimiento y el desarrollo económico del país. Uno de sus más importantes estudiosos y defensores es Fernando Villarán, quien en sus estudios sobre la pequeña empresa distingue estratos al interior de la estructura industrial: la artesanía, la microindustria, la pequeña empresa industrial, la mediana empresa industrial y la gran empresa industrial. Según datos de 1987 (en los que se basa por ser los más confiables), en el caso de las llamadas microempresas, su rasgo más importante es su reducido tamaño, 1 a 4 personas ocupadas y una densidad de capital de 600 dólares por puesto de trabajo. Se calcula que la PEA empleada representa el 29,3% del sector (210 mil personas) y que existirían aproximadamente más de 84 mil empresas; asimismo, genera el 8% del producto del sector, utiliza poco equipo de capital, manteniendo sus ingresos en los niveles de subsistencia. En conclusión, es intensiva en mano de obra, es económicamente inestable, su productividad es baja y casi nula en la generación de excedente. La pequeña empresa ocupa de 5 a 19 personas, con una densidad de capital de 300 dólares aproximadamente por puesto de trabajo, estimándose en 137 mil las personas empleadas (el 19% de la PEA del sector). Existen unas 17 mil empresas que producen el 13% del PBI del sector. Su base tecnológica es moderna, ya que cuenta con equipos y maquinarias, cierta estabilidad económica y capacidad de producir excedente. Villarán señala que el 43% del personal ocupado en todo el sector industrial se encuentra bajo condiciones de informalidad, concentrándose sobre todo en la microindustria (que llega al 85%) y la artesanía. El 30% de las pequeñas empresas son informales. Quizá el ejemplo más importante en cuanto a la pequeña empresa lo representa el complejo industrial de Gamarra, en el distrito de La Victoria. En él se concentran en pocas manzanas 7 mil establecimientos productivos y comerciales, donde laboran más de 40 mil personas, generándose un movimiento comercial de casi 800 millones de dólares al año. Las transacciones se basan en redes familiares y de paisanaje, que combinan las reglas de la reciprocidad con las del mercado; la mayoría de su producción está orientada al mercado interno, pero una 1176

parte creciente se orienta a la exportación. Algunas de las condiciones que lo hicieron posible fueron: una tradición comercial de décadas en la zona, su densidad poblacional, la cercanía de los mercados mayoristas y la contribución de grupos importantes de migrantes; haciendo de este complejo un caso particular. El proceso de formación de Gamarra se inicia en la década del 50, cuando la avenida Aviación empezó a cobrar importancia comercial. En ese entonces el jirón Gamarra era una zona residencial, pero con la construcción de los mercados Mayorista y Minorista se potenció el movimiento comercial en dicha avenida y sus alrededores. En las décadas de los 50 y los 60 se vendieron casi todos los terrenos de setecientos y mil metros cuadrados, pero existían restricciones por ser zona residencial de “alta densidad”. Éstas desaparecieron con la aplicación del Plan de Lima Metropolitana en 1972, donde se estableció que la zonificación de Gamarra sería comercial. Con ello comenzaron a construirse las primeras galerías, con numerosas tiendas, cuyas áreas inicialmente eran grandes (40 m2), para que además de la tienda estuviera el pequeño taller. Con el tiempo, por su creciente importancia económica, las áreas fueron reduciéndose hasta llegar en la actualidad a menos de 12 m2 debiéndose trasladar los talleres a otras zonas. Asimismo, el metro cuadrado llegó a costar hasta mil dólares. Su desarrollo está vinculado a una serie de factores. En primer lugar, su ubicación, estrechamente asociada al movimiento comercial del mercado Mayorista, puerta de entrada y salida de Lima hacia el centro del país. En segundo lugar, la expansión de la producción textil, que creció notablemente durante la década del 70 debido al aumento de la demanda interna y a la introducción de las fibras sintéticas, que redujo los precios. Ello produjo el cambio de escala en las empresas textiles de confecciones de relativa antigüedad y presencia en el mercado, que contaban con una gran cantidad de personal; al no poder trabajar como antes tuvieron que reducir su escala de operaciones, pasando a desarrollar intensamente la industria a domicilio y la subcontrata. Asimismo, las empresas que cerraron o se recompusieron dispersaron una buena cantidad de trabajadores con experiencia, muchos de los cuales crearon pequeñas empresas individuales o grupales. Los capitales provinieron de jubilaciones, beneficios sociales y retiros con máquinas de costura, remalladoras y otros equipos. Así, el “boom” de la pequeña empresa de confecciones en Gamarra, mayo-

El Perœ contemporÆneo La plaza Bolívar de Lima hacia 1910. Desde el siglo XIX se inicia el proceso de expansión de la ciudad aunque a costa de valiosos y únicos monumentos coloniales.

vicios, a partir de un núcleo central; los compromisos de empleo son temporales y a destajo, con el fin de eliminar costos fijos de mano de obra, lo cual determina la existencia de una mano de obra no calificada en la zona.

LA TRANSFORMACIÓN DEL ROSTRO DE LA CIUDAD DE LIMA Desde la década del 50, la migración hacia Lima se volvió un proceso que paulatinamente ha transformado el rostro de la ciudad. Si bien la migración del campo a la ciudad es un fenómeno nacional, fue a Lima hacia donde se orientó la mayoría de migrantes, provenientes de casi todos los puntos del país, desbordando los fenómenos regionales. A ello se sumaba el tradicional centralismo administrativo limeño desde la llegada de los españoles, que concentraba en la capital a la elite económica, política y social, imprimiéndole a la ciudad un ordenamiento donde la distribución espacial y temporal reproducía las formas de dominación de las elites gobernantes. Como ha sostenido Eduardo Arroyo, ello ha cambiado drásticamente. La distribución espacial ha sido rota, su diversidad cultural es mucho mayor y sus personajes populares ya no son los mismos. Algunos sectores empezaron entonces a crear imágenes de una Lima que realmente nunca fue: la denominada “arcadia colonial” reseñada por Sebastián Salazar Bondy en Lima, la horrible. Estos cambios han llevado a la necesidad de replantear lo que es Lima, lo que es ser limeño y qué une o identifica a los que viven en ella. En la década del 50 la puerta de entrada del migrante se hallaba en los paraderos de los autobuses

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ritariamente informal en su inicio, se ubica entre 1978 y 1987, período en el cual convergieron diversos elementos que favorecieron su desarrollo: un mercado nacional protegido, funcionamiento al margen de la legalidad, el desarrollo de la empresa informal y el traslado de antiguos hacendados y empresarios agrícolas al sector textil y de confecciones. A estos factores se suma la tradición confeccionista de los vecinos de La Victoria. La mayoría de estas empresas eran negocios familiares, con salarios bajos, que no tributaban directamente y no daban seguros ni beneficios sociales, lo cual permitía una acumulación rápida. Esta situación desfavorable para el trabajador era causa de que luego de un período de aprendizaje éste se independizara, aunque en muchos casos los que formaban su propio negocio no eran los más pobres. El complejo Gamarra tiene, en términos generales, los siguientes rasgos: se especializa en textiles, específicamente en confecciones; no se trata de un parque industrial sino que está íntimamente vinculado al comercio; el sistema de comercio se basa en el consumo personalizado, mediante una atención al público a través de las “boutiques”; el tipo de empresa que más abunda es el de la pequeña y micro empresa de índole familiar, agrupándose en galerías para vender directamente al público y a los distribuidores; los empresarios que trabajan en Gamarra son en su mayoría migrantes del interior, provenientes sobre todo de Huancayo, Ayacucho, Huancavelica, Cuzco, Puno, Abancay y Ancash. En cuanto a sus dimensiones, el complejo Gamarra es una concentración de edificios de galerías, de hasta 11 pisos, en las cuales se ubican tiendas comerciales y tiendas-talleres, cuyo número se calcula entre 6 y 8 mil, cubriendo en total 75 manzanas ubicadas entre las avenidas México, 28 de Julio, Aviación y Prolongación Parinacochas. Según la SUNAT, se le calcula un movimiento comercial de hasta 800 millones de dólares. Tiene una demanda continua de trabajadores debido a lo extendido de la subcontrata de ser-

Portocarrero Grados El centralismo ha determinado que Lima concentre la mayor cantidad de recursos económicos y culturales. Por esta razón, numerosas familias procedentes de distintas partes del Perú se han sentido atraídas por la ciudad; sus hijos conforman los “nuevos limeños” que se han apropiado de la capital peruana y le han dado un nuevo rostro.

interprovinciales en el distrito de La Victoria, en los alrededores de lo que sería conocido como La Parada. Su importancia se expresó en la construcción del mercado Mayorista para los productos que bajaban de la sierra. En ese sector se mezclaron criollos y serranos, y su creciente población migrante pronto se desbordó y se expandió hacia el centro de Lima. Mientras los migrantes y sus descendientes fueron apropiándose de los espacios de la Lima cuadrada, la clase dominante que los recibía con desprecio y temor a la vez, empezó a desplazarse hacia los distritos del sur buscando alejarse de ellos, no mezclarse. Lima empezó poco a poco a tugurizarse, y frente a la falta de acceso al empleo surgió el ambu-

lante como el nuevo personaje limeño. Lima comenzó así a llenarse de quechuahablantes, a vestirse de polleras, a escuchar otra música, a tener nuevas festividades y nuevas costumbres. Aunque inicialmente se ocultaron estas características debido al menosprecio y a la discriminación, pronto empezaron a cobrar gran fuerza y ahora se manifiestan con toda claridad. A fines de los 80 los hijos de los migrantes pioneros se han asentado en la ciudad y la han hecho suya. Muchos han nacido aquí y ya no se sienten extraños, pues no lo son. Son los “nuevos limeños”. Se han adueñado de Lima, plebeyizándola, masificándola. Pero no sólo han llegado a apropiarse del centro de la ciudad, sino que además se han extendido en múltiples barriadas y pueblos jóvenes, han fundado barrios y distritos. La mayoría de la población de Lima es ahora provinciana. Sus instituciones, como clubes provinciales y deportivos, cofradías religiosas, etc. se extienden por toda la ciudad.

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BIBLIOGRAFÍA Existen diversas obras de consulta general. Quizás la más reseñada sea la Historia de la República (1991) de Enrique Chirinos Soto, a pesar de su apasionamiento –debido a que es protagonista de la política peruana en todo el período que abarca este libro– y de su limitada incursión en los temas económicos y sociales. A Chirinos se han sumado Margarita Guerra con sus trabajos sobre la República contemporánea (1984 y 1994); César Pacheco Vélez como editor de Perú promesa (1988); Franklin Pease con Hombre e historia. Siglo XX (1993); y Luis Durand Flórez con La República, 1900-1993 (1993). No hay que olvidar la colección de Historia del Perú del desaparecido Juan Mejía Baca (1980), cuyos tomos VIII, XI y XII están dedicados al siglo XX. Dentro de estas colecciones se encuentran trabajos específicos como los de Baltazar Caravedo y Luis Ponce dedicados a los aspectos económicos: el primero con “Economía, producción y trabajo (Perú, siglo XX)” (1980) y el segundo con su “Historia económica del siglo XX”, en sus dos ediciones (1984 y 1993).

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Para los temas de política, partidos y elecciones destacan obras como Partidos políticos en el Perú (1987) de Álvaro Rojas Samanez; ¿Quién ganó? Elecciones 19311980 (1980) de Rafael Roncagliolo; y Perú político en cifras. Elite política y elecciones (segunda edición, 1994) de Fernando Tuesta Soldevilla, de consulta indispensable, y de donde hemos obtenido los datos más confiables sobre la evolución política y electoral. Tuesta ha publicado también Sistemas de partidos políticos en el Perú, 1978-1995 (1995). Para un ensayo global véase “Estado, régimen político e institucionalidad en el Perú (1950-1994)” (1995), de Sinesio López. En el aspecto económico destacan Giancarlo Bardella con Un siglo en la vida económica del Perú (1889-1989) (1989); Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram con Perú, 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta (edición en español, 1985); Javier Iguíñiz con sus Crisis y fluctuaciones en la economía peruana, 1950-1983 (1985); y Los ajustes. Perú, 1975-1992 (1993), este último con Rosario Basay y Mónica Rubio.

EL RÉGIMEN OLIGARQUICO (1950-1968) Para una introducción a la historia política y económica del período se puede consultar el libro de Gonzalo Portocarrero De Bustamante a Odría (1986). Para una presentación general, las obras de Carlos Miró Quesada, Autopsia de los partidos políticos en el Perú (1961); François Bourricaud, Poder y sociedad en el Perú (segunda edición, 1989); Baltazar Caravedo, Desarrollo desigual y lucha política en el Perú, 1948-1956 (1976); y Julio Cotler, Clases, Estado y Nación en el Perú (1978). Para obras más específicas, véanse los trabajos de: Enrique Chirinos Soto, Cuenta y balance de las elecciones de 1962 (1962); y Pedro Pablo Kuczynski, Democracia bajo presión económica. El primer gobierno de Belaunde (1963-1968) (edición en español, 1980). Para el estudio del pensamiento político véase el libro editado por Alberto Adrianzén, Pensamiento político peruano, 1930-1968 (1990); y para las Fuerzas Armadas y la doctrina militar el de Víctor Villanueva, El CAEM y la revolución de la Fuerza Armada (1972), y el de Jorge Rodríguez, Los militares y el poder. Un ensayo

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sobre la doctrina militar en el Perú, 1948-1968 (1983). Para estudiar la evolución económica, el libro ya citado de Kuczynski y La economía política del Perú, 1956-1978 (1981), de E.V.K. Fitzgerald. En lo que concierne al estudio de las clases sociales véase para el debate alrededor de la oligarquía en el Perú, además de Bourricaud, Los dueños del Perú (duodécima edición, 1981) de Carlos Malpica; Mito y realidad de la oligarquía peruana (1966) de Jorge Bravo Bresani; la compilación de José Matos Mar, La oligarquía en el Perú (1972); el debate de la izquierda en Frente al Perú oligárquico (1977) moderado por Mirko Lauer; y La oligarquía peruana. Historia de tres familias (1982) de Dennis Gilbert. Sobre los sectores industriales, véase “Empresarios, Sociedad Nacional de Industrias y proceso político, 1950-1968” (1978) de Gonzalo Portocarrero; y La burguesía industrial en el desarrollo peruano (1982) de Anthony Ferner. Sobre el campo, la edición de José Matos Mar, Hacienda, comunidad y campesinado en el Perú (segunda edición, 1978); Economía agraria en la sierra peruana antes de la reforma agraria de 1969 (1981) de José María Caballero; y Desarrollo desigual y crisis de la agricultura peruana, 1944-1969 (1981) de Raúl Hopkins. Para los diversos movimientos políticos y sociales existe una amplia bibliografía. Para el movimiento obrero véase el ya clásico Historia del movimiento obrero peruano (1890-1977) (1977) de Denis Sulmont. Para el movimiento campesino, Los Andes. Tierra o muerte (1967) de Hugo Neira; Tierra o muerte. Las luchas campesinas en el Perú (1972) de Hugo Blanco; Latifundio y sindicalismo agrario en el Perú (1974) de Eduardo Fioravanti; “Feudalismo andino y movimientos sociales (1866-1965)” (1980) de Manuel Burga y Alberto Flores Galindo; y El campesinado en la historia. Cronología de los movimientos campesinos, 1956-1964 (1981) de Virginia Guzmán y Virginia Vargas. Sobre las guerrillas en el Perú, véase: Las guerrillas en el Perú y su represión (1966) publicado por el ministerio de Guerra; Perú, 1965. Una experiencia guerrillera (1969) de Héctor Béjar; Historia secreta de las guerrillas (1967) de Gonzalo Añi; Las guerrillas del MIR, 1965 (1982) de Rogger Mercado; y nuestro ensayo “Los movimientos guerrilleros de la década del sesenta” (1989). Acerca de los sectores urbanos y la migración, véase la edición de Carlos Enrique Paz Soldán, Lima y sus suburbios (1957); Las barriadas de Lima, 1957 (segunda edición, 1977) de José Matos Mar; Las migraciones internas en el Perú (1969) de Héctor Martínez; y Lima, 1940-1970. Aspectos del crecimiento de la capital peruana (1975) de Jean Paul Deler.

LOS REGÍMENES POPULISTAS DE LOS ‘80 (1980-1990) Para los diversos temas del período, véanse los trabajos generales ya citados. Trabajos más específicos sobre política son los de Henry Pease, A un año del segundo belaundismo (1981) y Democracia y precariedad bajo el populismo aprista (1988). Cabe destacar los vacíos en estudios sistemáticos referidos a las coyunturas políticas y económicas de los 80, especialmente para los años finales del gobierno aprista. Para los temas económicos, véanse los trabajos generales ya citados, especialmente el de Javier Iguíñiz. Con respecto a la distribución del ingreso para el período, véase Crisis distributiva en el Perú, 1970-1990 (1993) de Adolfo Figueroa y, sobre deuda externa, Inserción y deuda. Perú, 1985-1990 (1991) de Óscar Ugarteche. Para el estudio de los grupos de poder económico, véanse los tres volúmenes de Carlos Malpica, El poder económico en el Perú (1989-1992); El nuevo capital financiero. Grupos financieros y ganancias sistémicas en el Perú (1992) de Ludovico Alcorta; y Los grupos de poder económico. Un estudio de la oligarquía financiera (1990), de Eduardo Anaya Franco. Para analizar el comportamiento gremial y como grupo de presión de los grupos de poder económico, véase De poder a poder. Grupos de poder, gremios empresariales y políticas macroeconómicas (1993) de Humberto Campodónico, Manuel Castillo y Andrés Quispe. Acerca del sector informal véanse los dos volúmenes de Daniel Carbonetto, Lima. Sector informal (1988); y de Hernando de Soto El otro sendero. La revolución informal (1987, sexta edición). Sobre la pequeña empresa, el trabajo de Fernando Villarán, El nuevo desarrollo. La pequeña industria en el Perú (1992), y el de Carlos Ramón Ponce Gamarra. Formación, estructura y

perspectivas (1994). Para una inicial evaluación de las políticas inflacionarias y su impacto en el sector laboral, consúltese “Teorías sobre la inflación y su implicancia en la política salarial” (1995) de Augusto Portocarrero, tesis de Economía presentada a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sobre el tema de la violencia política existe una amplia bibliografía. Sobre SL destacan las investigaciones de Carlos Iván Degregori, entre ellas, Sendero Luminoso. Los hondos y mortales desencuentros (1986) y Ayacucho, 1969-1979. El nacimiento de Sendero Luminoso (1990); el libro del periodista Gustavo Gorriti, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú (1990); Sendero Luminoso. El movimiento subversivo más letal del mundo (1992) de Simon Strong; y la compilación de trabajos por Heraclio Bonilla, Perú en el fin del milenio (1994). Sobre las causas y consecuencias de la violencia, véanse Violencia y campesinado (1986) de Alberto Flores Galindo y Nelson Manrique, y Desplazamiento por violencia política en el Perú, 1980-1992 (1994) de Isabel Coral. Muy útiles resultan para ello los dos volúmenes de DESCO sobre Violencia política en el Perú (1989). Durante la década del 80 se realizaron investigaciones respecto a la violencia política que son de consulta indispensable. Éstas son por orden cronológico: el Informe de la comisión investigadora de los sucesos de Uchuraccay (1983); el Informe al Congreso sobre los sucesos de los penales (1988) de la comisión del Senado presidida por Rolando Ames; el Informe de la comisión especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú (1989), presidida por Enrique Bernales; y el Informe de la Comisión investigadora de grupos paramilitares (1990), presidida por el diputado Manuel Piqueras. Sobre los derechos humanos véanse los informes anuales de Amnistía Internacional y los informes específicos sobre la masacre de los penales (1987) y de Cayara (1989). En cuanto a la evolución de las Fuerzas Armadas y su relación con el Estado, véase Fuerzas Armadas, subversión y democracia. Perú, 19801993 (1993) de Carlos Iván Degregori y Carlos Rivera. Sobre el problema del narcotráfico, véanse los trabajos de la Comisión Andina de Juristas compilados por Diego García Sayán, Coca, cocaína y narcotráfico y Narcotráfico (1989). Realidades y alternativas (1990). Sobre el tema sindical y su evolución, véanse los trabajos de Jorge Parodi Ser obrero es algo relativo. Obreros, clasismo y política (1986) y La desmovilización del sindicalismo industrial peruano durante el segundo belaundismo (1985); el trabajo de Pedro Galín, Julio Carrión y Óscar Carrillo, Asalariados y clases populares en Lima (1986); y de Carmen Rosa Balbi Identidad clasista en el sindicalismo. Su impacto en las fábricas (1989). Sobre los nuevos movimientos sociales véanse los libros compilatorios de Eduardo Ballón, Movimientos sociales y crisis. El caso peruano (1986) y Movimientos sociales y democracia. La fundación de un nuevo orden (1986); los 5 libros editados por los 25 años de DESCO (1990); y el libro de Carlos Franco, Imágenes de la sociedad peruana. La otra modernidad (1991). Sobre los temas de migración, provincianos en Lima y transformación de la ciudad, véanse los trabajos de Cecilia Blondet, Nicolás Lynch y Carlos Iván Degregori en Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a ciudadanos en San Martín de Porres (1986) y Los caballos de Troya de los invasores. Estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima (1987) de Jürgen Golte y Norma Adams. Finalmente, sobre diversos temas, véase el libro editado por Augusto Álvarez Rodrich El poder en el Perú (1993). Para un análisis de la vida y personalidad de Alberto Fujimori, véase Ciudadano Fujimori. La construcción de un político (1993), de Luis Jochamowitz, y El pragmatismo de Fujimori. Del exceso ideológico al realismo político (1992), de Rafael Romero. Para un análisis de la campaña electoral, véanse dos libros: La guerra del fin de la democracia (1993) de Jeff Daeshner, y Demonios y redentores en el nuevo Perú. Una tragedia en dos vueltas (1991) de Carlos Iván Degregori y Romeo Grompone. Respecto a la candidatura de Mario Vargas Llosa se han escrito varios libros. Como testimonios destacan el libro del propio Vargas Llosa El pez en el agua. Memorias (1993), y el de su hijo Álvaro, El diablo en campaña (1991).

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

EL RÉGIMEN MILITAR (1968-1980) Existe una amplia bibliografía acerca del régimen militar. Para una visión de conjunto veáse Perú: ¿Qué pasó? 1968-1976 (1977) de Francisco Moncloa; El ocaso del poder oligárquico (1977) y Los caminos del poder (1979) de Henry Pease; “El docenio militar” (1980) de Luis Pásara; El experimento peruano en retrospectiva (1986) de Jane Jaquette y Abraham Lowenthal; La revolución por decreto (1989) de Dirk Kruijt; La transición conservadora, 1975-1978 (1992) de Nicolás Lynch; El reformismo burgués (1968-1976) (1978), debate al interior de la izquierda, moderado por Mirko Lauer; las compilaciones El Perú de Velasco (3 tomos, 1983), de Carlos Franco; y El gobierno militar. Una experiencia peruana, 19681980 (1985) de Cynthia McClintock y Abraham Lowenthal. Para testimonios de los militares del 68, véase ¿Golpe o revolución? Hablan los militares del 68 (2 tomos, 1983), entrevistas realizadas por María del Pilar Tello; y Una revolución itinerante (1989) de Arturo Valdés Palacios. También resulta de interés para el último año del gobierno de Velasco el libro No, mi general (1976) de Guillermo Thorndike. Para los testimonios de civiles véanse, además de Moncloa, Testimonio de lucha (1973) y Revolución peruana. Autonomía y deslindes (1975) de Carlos Delgado; y El plan Inca. Objetivo: revolución peruana (1974) y Camino al socialismo (1976) de Augusto Zimmermann. Para un balance económico, además de los ya citados Fitzgerald e Iguíñiz, véase Políticas de industrialización en el Perú, 1970-1976 (1977) de Roberto Abusada; Economía peruana. Un ensayo de interpretación (1977) de Hugo Cabieses y Carlos Otero; Anatomía de un fracaso económico. Perú, 1968-1978 (1979) de Daniel Schydlowsky y Juan Witch; Crónica de un colapso económico. Perú, 1974-1979 (2 tomos, 1980) de Guido Pennano; y el

ensayo de Daniel Carbonetto incluido en La opción por un nuevo modelo de acumulación: sus límites (1983) de Carlos Franco. Para un testimonio de parte, véase Yo asumí el activo y el pasivo de la revolución peruana (1981) de Javier Silva Ruete. Respecto a las reformas, para una visión de conjunto, véase Cambios estructurales en el Perú, 1968-1975 (1976) de Ernest Kerbusch. Para el sector industrial, Dinámica de la comunidad industrial (1974) de Diego García Sayán, Jorge Santisteban y Luis Pásara; Comunidad laboral y capitalismo. Alcances y límites (1976) de Hugo Cabieses; Empleo y estabilidad laboral (1976) de José Burneo, Adolfo Ciudad y Luis Pásara; y Política industrial peruana, 1970-1980 (1984) de Javier Iguíñiz. Para el sector agrario, véase Estado y política agraria (1977) de Henry Pease, Diego García Sayán, Fernando Eguren y Marcial Rubio; Reforma agraria. Logros y contradicciones, 1969-1979 (1980) de José Matos Mar y Manuel Mejía; Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina (1980) de José María Caballero; El agro peruano, 1970-1980 (1982) de Daniel Martínez y La reforma agraria peruana, 20 años después (1990), compilación de Ángel Fernández y Alberto Gonzales. Sobre la distribución del ingreso Distribución del ingreso en el Perú (1975) de Richard Webb y Adolfo Figueroa; y Crisis distributiva en el Perú. Perú, 1970-1990 (1993), de Adolfo Figueroa. Para el sector petrolero, La política petrolera, 1970-1985 (1986) de Humberto Campodónico. Sobre la deuda externa, El Estado deudor. Economía política de la deuda. Perú y Bolivia, 1968-1984 (1986); de Oscar Ugarteche, y De la corresponsabilidad a la moratoria. El caso de la deuda externa peruana, 1970-1986 (1987) de Drago Kisic. Para los grupos de poder económico véase, además de Malpica, El poder económico en la industria (1972) de Humberto Espinoza y José Osorio. Sobre el comportamiento de los empresarios, además de Abusada, véanse La década frustrada. Los industriales y el poder, 1970-1980 (1982) de Francisco Durand; y Proyecto nacional. Empresarios y crisis, 1970-1987 (1990) de Javier Iguíñiz. Respecto a los movimientos sociales, véase además de Sulmont y Lynch para el movimiento obrero, Velasquismo y movimiento popular. Otra historia prohibida (1985) de Teresa Tovar. Para el movimiento campesino, además del texto de Pease, véanse Andahuaylas, la lucha por la tierra (1981) de Lino Quintanilla; Toma de tierras y conciencia política campesina (1981) de Rodrigo Sánchez; y Toma de tierras en el Perú (1982) de Diego García Sayán. Respecto al debate constitucional, véase Constitución y sociedad política (1983) de Enrique Bernales y Marcial Rubio.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

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Portocarrero Grados

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Resumen cronol gico

RESUMEN CRONOLÓGICO

1990 JUNIO 10 Alberto Fujimori Fujimori, candidato de la agrupación Cambio 90, gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales obteniendo el 62,4% de la votación, a casi 35% de distancia de su contendor Mario Vargas Llosa, del Frente Democrático (Fredemo), quien obtuvo el 37,6% de los votos. Los acompañantes de la plancha electoral de Fujimori, Máximo San Román y Carlos García García, acceden a la primera y segunda vicepresidencias, respectivamente.

Alberto Fujimori Fujimori es investido como presidente constitucional de la República el 28 de julio de 1990, luego de ganar las elecciones generales en segunda vuelta.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

AGOSTO 8 Para enfrentar el proceso hiperinflacionario heredado de la gestión aprista el gobierno adopta un conjunto de medidas de ajuste económico, tanto en materia de política cambiaria, como en política fiscal y de precios, que son anunciadas por el ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller.

El ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, ministro de Economía y presidente del primer gabinete ministerial nombrado por Fujimori.

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NOVIEMBRE 5 Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, visita palacio de gobierno junto con representantes del Banco Mundial (BM), en un primer acercamiento para restablecer las líneas de cooperación económica con el país.

1991 ENERO 14 El diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar realiza visita oficial al Perú en su condición de secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU). ENERO 29 Visita del astronauta norteamericano James E. Irwin, cuarto hombre en llegar a la luna y primero en pasearse a bordo de un módulo independiente.

FEBRERO 13 El economista Carlos Boloña Behr reemplaza a Juan Carlos Hurtado Miller en la cartera de Economía. Su presencia enfatiza la orientación neoliberal de la política económica del gobierno.

Carlos Boloña Behr consigue un mayor acercamiento con organismos económicos internacionales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

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ABRIL 6 Estadísticas oficiales señalan que 130 mil personas afectadas y casi un millar de muertos es el saldo a la fecha de la epidemia de cólera que desde febrero azota al país.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Se promulga nuevo Código Penal en la sede de palacio de gobierno con la presencia del ministro de Justicia Augusto Antoniolli.

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MAYO 14 Se suscribe convenio sobre política de control de drogas y desarrollo alternativo con Estados Unidos, orientado a promover cultivos y programas alternativos que no signifiquen perjuicio social o económico a los productores de coca. JUNIO 8 Se confirma formación de primer Grupo de Apoyo, encabezado por Estados Unidos y Japón, e integrado entre otros por Francia, Canadá, Alemania, Italia, Holanda, totalizando once países, los cuales en forma conjunta se comprometen a otorgar al Perú préstamos y donaciones por mil cien millones de dólares para poner al día los pagos vencidos y atrasados con los organismos multilaterales y acelerar así el proceso de reinserción del país en la comunidad financiera internacional. La reinserción del Perú en el ámbito financiero internacional fue uno de los primeros puntos de la agenda externa de Fujimori. La actitud peruana fue bien recibida tanto por la comunidad internacional como por las entidades financieras multilaterales, las cuales negociaron con el Perú varios acuerdos y préstamos para refinanciar su deuda exterior.

JULIO 30 Se denuncia que Leonel Figueroa, ex presidente del Banco Central de Reserva del Perú, y Héctor Neyra, ex gerente general de la misma entidad, habrían recibido sobornos por tres millones de dólares del Banco de Crédito y Comercio Internacional (BCCI), involucrado en uno de los mayores fraudes bancarios a nivel mundial. DICIEMBRE 12 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) le confiere a Lima la categoría de Patrimonio Cultural de la Humanidad.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

1992 ENERO 9 Presidente Alberto Fujimori llega a Quito (Ecuador), en la que constituye la primera visita oficial de un presidente peruano a ese país.

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ENERO 24 Presidentes de Perú y Bolivia suscriben la Declaración de Ilo por la cual el Perú concede al país del sur el libre uso de sus instalaciones portuarias y el desarrollo de una zona franca industrial y una zona franca turística en la playa del puerto de Ilo (Moquegua).

El acuerdo suscrito en Ilo rompe la mediterraneidad de Bolivia luego de más de un siglo y facilita el flujo comercial de los productos peruanos por el Atlántico.

FEBRERO 15 Sendero Luminoso asesina a balazos a María Elena Moyano y dinamita su cuerpo. La dirigente popular de 33 años había presidido la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (Fepomuves), constituida en 1983 para llevar a la práctica proyectos de ayuda legal a la mujer, formación de comedores populares y el programa del vaso de leche. También fue teniente alcadesa del distrito mencionado.

MARZO 19 La Universidad Nacional Mayor de San Marcos otorga doctorado Honoris Causa a Gustavo Gutiérrez, teórico de la denominada “teología de la liberación”, cuya difusión le ha valido reconocimiento continental. En el presente siglo esta distinción sólo ha sido conferida anteriormente al jurista José Luis Bustamante y Rivero y al diplomático Javier Pérez de Cuéllar.

Gustavo Gutiérrez agradece distinción otorgada por la Universidad de San Marcos.

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JULIO 16 Dos edificios quedan totalmente destrozados y mueren veinticinco personas en atentado terrorista en la calle Tarata del distrito de Miraflores. Se calcula que fueron usados 600 kilos de componentes explosivos en este violento ataque, cuyas pérdidas materiales se estiman en tres millones de dólares.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

El presidente Alberto Fujimori anuncia el establecimiento de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, y la disolución del Congreso, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura y de los gobiernos regionales. Anuncia igualmente la realización de un plebiscito para aprobar una nueva Constitución.

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AGOSTO 4 Familiares denuncian el secuestro y asesinato de un profesor y nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” en operativo militar, sindicándolos como terroristas.

AGOSTO 9 Fallece Manuel Ulloa Elías, quien fuera primer ministro, ministro de Economía y presidente del Senado durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry.

Manuel Ulloa, además de su fecunda actividad política, fue fundador –junto con Manuel Mujica Gallo– del diario Expreso.

SETIEMBRE 7 En el marco del proceso de privatización de entidades estatales, la empresa brasileña Ingá, perteneciente al grupo Kibo, adquiere cien mil acciones de Minero Perú Comercial (Minpeco), por un monto de 4,1 millones de dólares. SETIEMBRE 12 Luego de un minucioso y prolongado trabajo de seguimiento de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) de la Policía Nacional, encabezada por el general Ketin Vidal, se logra capturar a Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

El 12 de setiembre de 1992 fue capturado Abimael Guzmán, conocido como el “camarada Gonzalo”, líder máximo de Sendero Luminoso. Su detención y la de importantes dirigentes senderistas precipitó la desintegración y derrota militar de este movimiento terrorista.

OCTUBRE 7 Abimael Guzmán es juzgado por un tribunal militar y condenado a cadena perpetua en una base custodiada por la Marina de Guerra.

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NOVIEMBRE 5 Privatización de Hierro Perú, comprada en 120 millones de dólares por el consorcio chino Shougang Corporation, que se compromete a invertir 150 millones de dólares adicionales y a cuadruplicar la producción en los siguientes dos años.

Uno de los hornos de la planta de pelets en Marcona, parte de las instalaciones de Shougang Hierro Perú.

NOVIEMBRE 13 Intento de golpe de Estado por parte de un grupo de generales en retiro, encabezados por Jaime Salinas Sedó y José Pastor Vives.

NOVIEMBRE 22 Se realizan elecciones al Congreso Constituyente Democrático (CCD), que se encargará de redactar una nueva Constitución, resultando ganadora la agrupación oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría (C90-NM) con 49,2% de los votos. Los siguientes lugares fueron ocupados por el Partido Popular Cristiano (9,8%), el Movimiento Renovación (7,1%) y el Frente Indepediente Moralizador (7,1%). Jaime Yoshiyama, de la agrupación C90-NM, es designado presidente del Congreso Constituyente Democrático.

NOVIEMBRE 18 Por Decreto Ley Nº 25868 se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), dentro del ámbito del ministerio de Industria, pero con autonomía técnica, presupuestal y administrativa. La entidad se encargará, entre otros objetivos, de proteger al mercado y a los consumidores de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la libre competencia y la calidad de los productos.

Por Decreto Ley Nº 25897 se crea el Sistema Privado de Pensiones basado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas que invertirán los recursos provenientes de las aportaciones de los trabajadores, a quienes se otorgará, en las condiciones más ventajosas, las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

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DICIEMBRE 18 Privatización del yacimiento cuprífero Quellaveco, perteneciente a Minero Perú, vendido por 12 millones de dólares a la empresa chilena Mantos Blancos, subsidiaria de Anglo American Corporation, una de las más grandes empresas mineras del mundo. Se estima una inversión de US$ 540 millones para montar una planta que producirá 40 mil TM de cobre diarias. DICIEMBRE 18 Asesinan al dirigente sindical cuzqueño Pedro Huillca Tecse, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

1993 ENERO 16 Con el aporte de Aerovías de México S.A. (Aeroméxico), la segunda empresa aérea más grande de América Latina, se privatiza la Empresa de Transporte Aéreo del Perú (Aeroperú). El consorcio ganador pagará 23,1 millones de dólares por el 72,15% de las acciones. Un 7,2% de éstas será vendido a sus trabajadores y el resto seguirá perteneciendo al Estado. Hasta antes de la privatización, Aeroperú perdía un millón de dólares mensuales. ENERO 29 En elecciones municipales es reelegido el candidato independiente Ricardo Belmont Cassinelli, del partido Obras. Los otros candidatos fueron Luis Cáceres Velásquez por Perú al 2000, Michel Azcueta por Plataforma Democrática, Raúl Diez Canseco por Acción Popular y Miguel Vega Alvear por el Movimiento Libertad. FEBRERO 23 Se crea la Comisión de Promoción del Perú (Promperú), con el objetivo de coordinar los esfuerzos públicos y privados para lograr una imagen positiva del Perú y promover las inversiones, el turismo y las exportaciones.

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ABRIL 29 La Superintendencia de Banca y Seguros ordena intervención del Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial (Clae), cuya cabeza visible es Carlos Manrique Carreño, presidente de su directorio y gerente general. Con veinticinco años de trayectoria, Clae venía creciendo desde 1983 como una entidad financiera informal, logrando captar fondos de más de 160 mil personas de los sectores medios y populares por los altos intereses que pagaba.

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MAYO 10 El general de división EP Rodolfo Flores Espinoza es pasado a la situación de retiro por medida disciplinaria, a raíz de su denuncia de la existencia de un grupo paramilitar en el Ejército, autodenominado “Colina”, al cual responsabilizó, entre otros hechos, del secuestro y muerte de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad de La Cantuta. Posteriormente Robles se exiliaría en Buenos Aires, Argentina. MAYO 14 Luis Alberto Sánchez, distinguido intelectual y político, es incorporado como rector emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en ocasión de su 442 aniversario. Cabe mencionar que el doctor Sánchez ha sido tres veces rector de dicha universidad.

Antiguo local de la cuatricentenaria universidad de San Marcos, alberga actualmente su centro cultural.

JULIO 11 Se realiza el Noveno Censo Nacional de Población y el Cuarto Censo de Vivienda, obteniéndose la cifra preliminar de 22 128 466 millones de habitantes, 30,1% más que la de 1981. Otras cifras obtenidas son las siguientes:

DEPARTAMENTOS MÁS POBLADOS Lima Piura La Libertad Cajamarca Puno

29,3% 6,5% 5,8% 5,8% 4,8%

Vista de la avenida Garcilaso de la Vega en el centro de Lima. El censo de 1993 reveló que el 70,4% de la población del Perú vivía en zonas urbanas, confirmando una tendencia iniciada a mitad de este siglo. Lima es el departamento más poblado del país y la capital del Perú es largamente la ciudad que cuenta con la mayor cantidad de habitantes.

Madre de Dios Moquegua Tumbes Tacna Cerro de Pasco

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DEPARTAMENTOS MENOS POBLADOS 0,3% 0,6% 0,7% 1% 1%

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CATEGORÍA Población Población Población Población Población Población Población

urbana rural de la costa de la sierra de la selva masculina femenina

Nº HABITANTES

PORCENTAJE

15 567 602 6 560 864 11 558 204 7 904 711 2 665 551 11 020 409 11 108 057

70,4% 29,6% 52,2% 35,7% 12,1% 49,8% 50,2%

JULIO 29 Jaime Paz Zamora, presidente boliviano, realiza visita oficial al Perú. Entre otros documentos bilaterales, suscribe el Acuerdo de Cooperación Amazónica y el Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. AGOSTO 21 Se inaugura nuevo teatro-auditorio del Centro Cultural Peruano Japonés en el marco de las celebraciones por el 120 aniversario del inicio de relaciones diplomáticas entre Perú y Japón. SETIEMBRE 19 La selección femenina de vóley consigue el Vigésimo Campeonato Sudamericano, al ganar a la selección brasileña, que dos años atrás se había quedado con dicho título. Con este triunfo el representativo peruano asegura su derecho a participar en el mundial de 1994 en Brasil. En lo que va del año ha ganado también medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Cochabamba y el cuarto puesto en el campeonato mundial juvenil celebrado en la República Eslovaca. OCTUBRE 1º En Estados Unidos, luego de su entrevista del 26 de setiembre con el presidente norteamericano Bill Clinton, el presidente peruano Alberto Fujimori pronuncia un discurso en la 48 Asamblea General de las Naciones Unidas y muestra carta del terrorista Abimael Guzmán, en la cual éste reconoce el fracaso de su sanguinario movimiento subversivo y solicita conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

OCTUBRE 31 Se realiza reférendum para aprobar nueva Constitución. Votaron por el Sí 3 895 763 personas (52,3%) y por el No 3 548 334 personas (47,7%). El 31 de octubre de 1993 se realizó el referéndum del proyecto de Constitución elaborado por el Congreso Constituyente Democrático. A pesar de la campaña publicitaria se produjo un ajustado triunfo electoral de la fórmula del “Sí” en un proceso donde se denunciaron varias irregularidades.

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NOVIEMBRE 1 El yacimiento de cobre Cerro Verde es transferido a la empresa norteamericana Cyprus, la cual compromete una inversión de 485 millones de dólares.

1994 ENERO 14 Captura del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera (a) “Vaticano”, enjuiciado en el fuero militar por “traición a la patria” y condenado a cadena perpetua por su “colaboración” con Sendero Luminoso.

La captura de Demetrio Chávez Peñaherrera permitió confirmar la perjudicial alianza del denominado “narcoterrorismo”.

ENERO 31 Llega al Perú el ingeniero Juan Carlos Wasmosy, primer presidente paraguayo que visita oficialmente el país. FEBRERO 5 Equipo peruano de tenis, integrado por Jaime Yzaga, Alejo Aramburú, Tato Noriega y Américo Túpac Venero, vence a su similar mexicano, asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Davis. FEBRERO 6

FEBRERO 24 El Grupo Rodríguez Rodríguez, primera empresa peruana que participa en el proceso de privatización de entidades estatales, adquiere Cementos Yura. El Grupo es también propietario de D´Onofrio y Gloria.

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Fallece el polígrafo y maestro universitario Luis Alberto Sánchez, quien tuvo también una destacada trayectoria política. Doctor en Letras y en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuyo rectorado ejerció en tres oportunidades. Varias veces desterrado del país por razones políticas, llegó a ser uno de los líderes más influyentes del Partido Aprista Peruano (PAP), fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante el gobierno de Alan García desempeñó la primera vicepresidencia de la República. Su obra literaria e histórica es extensa y abarca los más variados campos, destacando su interés por la obra del pensador Manuel González Prada.

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FEBRERO 28 Consorcio formado por Telefónica Internacional de España, Banco Wiese y Graña y Montero adquiere un paquete compuesto por el 35% de acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú (Entelperú), alrededor del 20% de las acciones del Estado y la suscripción de capital en la Compañía Peruana de Teléfonos (CPT) para alcanzar el 35% del accionariado, por la suma de 2 002 millones de dólares, cuadruplicando el precio base de 533 millones propuesto por la Cepri. Asume además un compromiso de inversión de 1 800 000 millones de dólares para los próximos años.

Vista de la agencia principal de Telefónica del Perú en Lima. La principal transacción en el proceso de privatizaciones fue la del sector telefónico: en 1994 las acciones de la Compañía Peruana de Teléfonos fueron adquiridas por Telefónica de España en una suma que superó los 2 000 millones de dólares.

MARZO 25 Se suscribe un convenio con Shell International para la explotación del gas de Camisea, cuyas reservas se calculan en más de doce millones de pies cúbicos. JULIO 11 Visita oficial del mandatario colombiano César Gaviria, quien próximamente transferirá el mando a Ernesto Samper para asumir la secretaría general de la Organización de Estados Americanos. Su candidatura a este último cargo fue apoyada por el Perú dado “su importante papel a favor de la pacificación en la región, en la lucha contra la pobreza, en el combate contra el narcotráfico y por sus gestiones a favor de la integración continental”. JULIO 20 El Congreso Constituyente Democrático aprueba Ley Orgánica Electoral Nº 26337, introduciendo la prohibición de postular al Parlamento a los parientes del presidente de la República.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

AGOSTO 3 Susana Higuchi, esposa del presidente Alberto Fujimori, solicita declarar inconstitucional la ley electoral aprobada el 20 de julio por considerar que recorta sus derechos ciudadanos. AGOSTO 7 Se convoca a elecciones presidenciales para el 9 de abril de 1995.

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AGOSTO 14 Javier Pérez de Cuéllar, ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas y candidato presidencial, ingresa al Perú por Puno y es recibido por una multitud que le manifiesta su adhesión. AGOSTO 23 En mensaje a la nación el presidente Alberto Fujimori anuncia separación de Susana Higuchi de la función honorífica de Primera Dama. SETIEMBRE 6 El peruano Jaime Izaga vence en el US Open de Nueva York al número 1 del tenis, el norteamericano Pete Sampras, pasando del puesto 23 en el ranking mundial al puesto 17. OCTUBRE 8 Alberto Fujimori anuncia oficialmente su candidatura a la reelección presidencial y da a conocer a sus acompañantes en la fórmula Cambio 90-Nueva Mayoría. Para la primera vicepresidencia postula el ingeniero Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y para la segunda vicepresidencia el doctor en educación César Paredes Canto, rector de la Universidad de Cajamarca y titular de la Asamblea Nacional de Rectores. Alberto Fujimori decidió postular a un segundo mandato en las elecciones generales de 1995, donde su principal adversario sería Javier Pérez de Cuellar, ex secretario general de las Naciones Unidas. En la fotografía se puede apreciar a Fujimori durante sus visitas al interior del Perú.

NOVIEMBRE 9 En visita oficial al Perú, el presidente argentino Carlos Saúl Menem suscribe un acuerdo marco sobre cooperación antártica, un convenio sobre promoción y protección de inversiones, un convenio sobre cooperación turística y un convenio de carácter cultural. OCTUBRE 31

DICIEMBRE 4 Muere escritor peruano Julio Ramón Ribeyro, a quien recientemente se había otorgado el premio internacional de cuento Juan Rulfo.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Carlos Manrique Carreño, ex presidente del directorio de Clae, es capturado en Miami (Estados Unidos) cuando se disponía a realizar una transacción bancaria.

Resumen cronol gico

DICIEMBRE 15 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) acuerda en su reunión de Tailandia declarar Patrimonio Cultural de la Humanidad a las líneas de Nazca. Las Líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994.

1995 ENERO 26 Las fuerzas armadas de Ecuador se infiltran en territorio peruano en la vertiente oriental de la cordillera del Condor, en la zona del Alto Cenepa, provocando incidentes bélicos en Tiwinza, Cueva de los Tayos y Base Sur. El 26 de enero de 1995 estalló un conflicto con el Ecuador. La presión externa, por un lado, y los altos costos de guerra por el otro colaboraron en la suspensión del conflicto y dieron inicio a una serie de largas conversaciones entre ambos gobiernos.

FEBRERO 17 Declaración de Paz de Itamaraty suscrita en Brasil pone fin a conflicto fronterizo con el Ecuador iniciado en enero.

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FEBRERO 28 Aprovechando la presencia de los cancilleres de Perú y Ecuador, con ocasión de la asunción al mando del nuevo presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, se suscribe la Declaración de Montevideo, que ratifica lo convenido en la Declaración de Paz de Itamaraty y demuestra la disposición de ambas partes al diálogo constructivo. MARZO 15 Se denuncia que el gobierno argentino, país garante del Protocolo de Río de Janeiro, realizó ventas de armas al Ecuador durante el conflicto con el Perú.

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Resumen cronol gico

ABRIL 4 Se inaugura la represa de Yuracmayo, ubicada a 4 300 msnm, en la provincia de Huarochirí (Lima), que beneficiará a más de 600 mil familias limeñas del centro y la periferia de la capital, e incrementará la producción de energía de la central hidroeléctrica de Matucana en 71 millones de kw/hora. Su capacidad de almacenamiento es de 48 millones de m3 de agua. ABRIL 9 Se realizan elecciones presidenciales. Alberto Fujimori, candidato de C90-NM obtiene el 64,42% de los votos. Su opositor, el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, de Unión por el Perú, consigue el 21,81% de la votación. Con dichos resultados Fujimori gana las elecciones en primera vuelta y obtiene mayoría absoluta en el Congreso.

Javier Pérez de Cuéllar, candidato presidencial de Unión por el Perú (UPP) para las elecciones generales de 1995. Destacado y reconocido diplomático, Pérez de Cuéllar ocuparía el segundo lugar en estos comicios.

ABRIL 24 El escritor Mario Vargas Llosa es galardonado con el premio Miguel de Cervantes, el más importante que se otorga a los escritores en lengua española, dotado con 120 mil dólares. El rey de España Juan Carlos I le entrega la medalla del premio en la Universidad Alcalá de Henares de Madrid (España). ABRIL 18 Consorcio formado por el Banco Bilbao Vizcaya de España y las empresas del Grupo Brescia, Inversiones Breca, Inversiones San Borja, Urbanización Jardín y Minsur, compra 60% de las acciones del Banco Continental, por 195 700 000 millones de dólares, más 60 millones de dólares en valor nominal de títulos de la deuda externa. Dichas acciones incluyen a las empresas filiales Financiera San Pedro, Contidata, Almaconti. Con la transferencia de más de 15 millones de acciones de propiedad del Estado a la empresa Holding Continental se cierra la transacción, cuyo monto total asciende a 255 700 000 dólares.

Se promulga ley de proceso de reorganización en universidades nacionales de San Marcos y La Cantuta.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

MAYO 25

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JUNIO 14 Se promulga ley Nº 26479 que otorga amnistía general al personal militar, policial o civil que se encontraba denunciado, investigado, encausado, procesado o incluso condenado por delitos comunes y militares, tanto en el fuero civil como en el militar, encontrándose comprendidos todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, en forma individual o colectiva, desde mayo de 1980 hasta la fecha de promulgación de la ley. JUNIO 16 Retorna al Perú el general en retiro del Ejército Rodolfo Robles Espinoza, quien había permanecido exiliado en Argentina desde 1993. JUNIO 24 En el Día del Campesino se promulga en Pampa Galeras (Ayacucho) la ley de la Vicuña que establece la propiedad de esos camélidos a las comunidades del país dedicadas a su crianza.

Los campesinos criadores de vicuñas son beneficiados por ley.

JUNIO 29 Se confirma la suscripción de Carta de Intención con el FMI, documento que establece como meta que el 50 por ciento de los fondos de la privatización de las empresas públicas se orientará a la ejecución de programas de desarrollo social. JULIO 13 Se aprueba ley Nº 26505 de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, más conocida como Ley de Tierras, que elimina todo límite a la propiedad de la tierra, permite la titulación individual en las tierras de las comunidades campesinas y anula todas las restricciones al uso de las tierras agrícolas, con el objetivo de promover la inversión privada.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

OCTUBRE 1 En virtud de una solicitud de extradición llega a Lima Carlos Manrique Carreño, ex presidente del directorio de Clae, luego de casi un año en cárceles norteamericanas. Es recluido en una celda especial del penal Canto Grande y enfrentará tres procesos penales por delitos de estafa, falsificación de documentos y corrupción de funcionarios. NOVIEMBRE 12 Se realizan elecciones municipales, triunfando el candidato independiente Alberto Andrade Carmona del Movimiento Somos Lima con el 52,07% de votos. En segundo lugar quedó el candidato

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Resumen cronol gico oficialista Jaime Yoshiyama (Cambio 95), que

1996 obtuvo el 47,93% de votos. ABRIL 10 Jorge Santistevan de Noriega juramenta como Defensor del Pueblo, cuyas atribuciones entre otras son: orientar e instruir a las personas sobre el ejercicio de sus derechos, investigar de oficio o a pedido de parte las violaciones a los derechos humanos, los excesos de la administración estatal y el mal funcionamiento de los servicios públicos.

Defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega.

JULIO 17

El Parque Nacional Bahuaja-Sonene, una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, alberga más de mil especies de mariposas.

Sobre una superficie de 325 mil ha se crea Parque Nacional Bahuaja-Sonene (nombre nativo de los ríos Tampobata y Heath, respectivamente), dentro de la circunscripción de la Zona Reservada Tambopata-Candamo, ubicada en los departamentos de Madre de Dios y Puno. En el área del parque, una de las regiones más ricas en biodiversidad a nivel mundial, habitan especies como el lagarto negro, el maquisapa y el lobo de río. Se sabe además que albergaría más de mil especies de mariposas y más de quinientas especies de aves.

Congreso aprueba ley de interpretación auténtica del artículo 112 de la Constitución, que posibilita la eventual postulación del presidente Alberto Fujimori a una nueva reelección en el 2000.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

AGOSTO 23

Resumen cronol gico

1997 ENERO 16 A la edad de 83 años fallece el cardenal Juan Landázuri Ricketts, tras 65 años de vida religiosa. Nació en Arequipa el 19 de diciembre de 1913 y fue bautizado como Guillermo Eduardo. En 1932 ingresó al convento de los Descalzos y se ordenó como sacerdote el 16 de abril de 1939 en el convento de Ocopa, adoptando el nombre de Juan, pues tenía como modelo al apóstol evangelista. Se doctoró en Derecho Canónico en el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma y posteriormente fue designado provincial de los franciscanos en el Perú. El 2 de mayo de 1955 fue nombrado trigésimo arzobispo de Lima y consecuentemente primado de la iglesia católica, cargo que ejerció hasta el 21 de enero de 1990, cuando se retiró por límite de edad, siendo reemplazado por Augusto Vargas Alzamora. El 19 de marzo de 1962 fue nombrado cardenal por el papa Juan XXIII.

La muerte del cardenal Juan Landázuri, arzobispo de Lima durante tres décadas, causó profundo pesar en todos los sectores de la sociedad.

FEBRERO 7 La ciudad de Lima es designada como Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana durante todo el año 1997 por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), organización edilicia que agrupa a veintiséis ciudades y veintitrés capitales de los estados iberoamericanos. Lima recibe merecida designación, luego de un esforzado programa de restauración y recuperación de su Centro Histórico.

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MARZO 7 El Perú suscribe en Nueva York un trascendental acuerdo de reestructuración de la deuda con la banca extranjera bajo el esquema del Plan Brady, reduciendo su deuda en 5 300 millones de dólares. Con ello el país logra su plena reinserción al sistema financiero internacional, se posibilita el acceso de las empresas a créditos de mediano y largo plazo, y el incremento de la competitividad al reducirse los costos de producción. ABRIL 22 Un grupo de 140 comandos de elite de las fuerzas armadas rescata a 72 rehenes que habían permanecido secuestrados en la residencia del embajador japonés en el Perú durante 126 días por la organización terrorista autodenominada Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

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La espectacular intervención militar, bautizada como “Chavín de Huántar” –debido a que los comandos entraron por túneles hechos a semejanza de los que se hallaron bajo el templo preinca de Chavín–, logró rescatar vivos a todos los rehenes, con excepción del vocal supremo del poder Judicial Carlos Giusti Acuña. Perecieron también heroicamente dos oficiales del ejército, el teniente coronel Juan Valer Sandoval y el teniente Raúl Jiménez Chávez. Los 14 emerretistas asaltantes de la residencia murieron en la operación. El presidente peruano Alberto Fujimori y Jorge Gumucio, embajador de Bolivia en el Perú, uno de los rehenes rescatados en la operación “Chavín de Huántar”.

MAYO 16 Con siete tripulantes a bordo, entre ellos el ingeniero peruano Carlos Noriega, el transbordador estadounidense “Atlantis” parte de Cabo Cañaveral hacia la estación espacial rusa “Mir”. Este es el sexto encuentro espacial con la estación rusa para el intercambio de equipo y alimentos, además de la realización de numerosos experimentos y labores de mantenimiento y reparación, puesto que la estación “Mir”, con once años Luego de su hazaña espacial, la Fuerza Aérea del Perú de funcionamiento, presenta una serie de problecondecoró a Carlos Noriega con la Cruz Peruana al mas técnicos. Mérito Aeronáutico. En julio Carlos Noriega visitó el Perú, donde fue condecorado por la Fuerza Aérea con la Cruz Peruana al Mérito Aeronáutico, en el grado de Comendador. Igualmente, a través del ministro de Educación, recibió el reconocimiento del gobierno peruano por su ejemplo a la juventud peruana.

MAYO 24

La serenidad de Morihisa Aoki resultó determinante en el ánimo de los rehenes secuestrados en la residencia diplomática japonesa durante 126 días.

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Ex embajador de Japón en el Perú, Morihisa Aoki, recibe la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz por sus méritos en fortalecer las relaciones entre el Perú y el Japón. El diplomático fue uno de los 72 rehenes secuestrados por el MRTA en diciembre de 1996, justamente cuando se celebraba en su residencia el natalicio del emperador japonés.

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MAYO 29 El Congreso, con 53 votos a favor y 30 en contra, destituye a tres de los siete miembros del Tribunal Constitucional (TC): Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo, por presunta infracción constitucional al haber “usurpado el nombre y las funciones del TC emitiendo una resolución sin que hubiera sido materia de convocatoria, deliberación, votación y aprobación del TC”. La resolución de los magistrados fue emitida respondiendo a un pedido de aclaración solicitado por el Colegio de Abogados de Lima en el sentido de que se precisara la resolución que declara la inaplicabilidad de la reelección presidencial.

JULIO 18 En lo que constituye la cuarta entrega de obras de remodelación en el Centro Histórico de la capital en lo que va del año, el alcalde de Lima Alberto Andrade inaugura el nuevo parque Universitario. Desde febrero, se han entregado remozadas la plaza Castilla (ex Unión), la plaza San Martín y la plaza Italia (ex Santa Ana) en Barrios Altos. Vista del parque Universitario, luego de las obras de remodelación que le han dado una nueva fisonomía.

NOVIEMBRE 12 Perú ingresa oficialmente al Foro Parlamentario Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés que corresponden a Asian Pacific Cooperation Council), el mayor foro mundial comercial y de cooperación económica, ya que reúne a las economías más grandes y dinámicas al presente. En el marco de la Décima Reunión de Ministros de APEC, realizada en Kuala Lumpur (Malasia), junto con el Perú se incorporan Rusia y Vietnam, con lo que el número de miembros de esta asociación económica –cuya formación se remonta a 1989– se eleva a 24, los cuales representan aproximadamente el 55% de la producción mundial. El ingreso del Perú a APEC, entre otros beneficios, fortalece y dinamiza el comercio, las inversiones y la cooperación técnica, posibilitando el desarrollo sustentado del país.

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1998 ENERO 23-29 La provincia de Ica, en el departamento del mismo nombre, es declarada en emergencia, luego del desborde del río Ica que devastó la ciudad, luego de que su caudal aumentara inusitadamente, registrando un aforo de 400 m3 por segundo, cifra sin precedentes para este río, a consecuencia de continuas precipitaciones pluviales.

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Esta catástrofe ha dejado a cerca de 15 mil personas damnificadas, 6 mil casas inundadas, 800 desplomadas y 7 mil ha de cultivo arrasadas, en una de las más alarmantes manifestaciones de la presencia del Fenómeno del Niño en el Perú.

Plaza de armas de Ica, departamento que fue uno de los primeros afectados por el Fenómeno del Niño.

ENERO 25 Las fuertes lluvias que azotan el norte del país, causadas por el Fenómeno del Niño, han dado lugar a la formación de una laguna en el área de los desiertos de Mórrope y Sechura (Piura), al represarse el caudal de los ríos Piura, La Leche y Cascajal, los dos últimos pertenecientes a Lambayeque. Su extensión es de aproximadamente 40 km de ancho y cerca de 300 km de longitud, con una profundidad de hasta 5 m. La presencia de la laguna, bautizada por el presidente Alberto Fujimori como La Niña y locaFormación de laguna La Niña favorece las faenas de pesca lizada a 54 km de Piura, ha determinado la apay navegación turística en sus 300 km de longitud. rición de variadas especies marinas y de aves como garzas, parihuanas y pelícanos, así como la posibilidad de realizar recorridos turísticos en caballitos de totora, motos acuáticas y toda clase de pequeñas embarcaciones. FEBRERO 3

Las Comisiones Transitorias de Administración Regional constituyen un paso previo a la formación de las futuras nuevas regiones, que se realizará a través de consultas populares.

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Se promulga Ley Marco de Descentralización Nº 26922, la misma que inicia el ordenamiento del proceso de descentralización en forma gradual y que tiene como objetivo principal ser la base estatal para un desarrollo regional eficiente. Esta ley reemplaza a la que, con el mismo nombre, fue aprobada por el Congreso en junio de 1997, recibiendo observaciones por parte del Ejecutivo. Crea además un total de 23 Comisiones Transitorias de Administración Regional (CTAR) en cada uno de los departamentos del país, con excepción de Lima y Callao, como organismos públicos descentralizados del Ministerio de la Presidencia con autonomía técnica, presupuestal y administrativa.

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FEBRERO 27 Uno de los mayores desastres naturales se produce en el Cuzco cuando la central hidroeléctrica de Machu Picchu es sepultada por un deslizamiento de piedra y lodo que ocupa violentamente el cauce del río Vilcanota, en una extensión de 2 km entre la quebrada de Aobamba y el puente Colpani. Un huayco de 10 millones de m3 represó las aguas del Vilcanota hasta una altura de 30 m, alcanzando varios niveles de la central hidroeléctrica, construida sobre una base de rocas vivas durante el primer gobierno del ex presidente Belaunde. La rehabilitación de la hidroeléctrica, que abastecía de energía a los departamentos de Cuzco, Puno y Apurímac, demandará varios meses de trabajo con maquinaria pesada para limpiar las miles de toneladas de lodo y piedras. MAYO 19

La creación de Ceticos-Loreto posibilita el incremento de nuevas inversiones en la zona. En la imagen la ciudad loretana de Iquitos.

Congreso aprueba proyecto de creación de un Centro de Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios (Ceticos) en el departamento de Loreto. Esta disposición busca promover el desarrollo de la región amazónica, dotándola de mejores condiciones en comparación con las que poseen las zona sur (CeticosTacna) y la zona norte (Ceticos-Paita). En consecuencia, las empresas que inviertan en Loreto gozarán de exoneraciones de los impuestos a la Renta, General a las Ventas y Selectivo al Consumo, promoviéndose de esta forma la inversión privada en la zona, con una única restricción que impide la realización de actividades dedicadas a la explotación de hidrocarburos, servicios públicos o actividades materia de concesión por parte del Estado.

MAYO 26

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite demanda contra el Estado peruano presentada por congresistas Lourdes Flores y Carlos Chipoco, por el caso de la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional.

Lourdes Flores Nano, congresista por el Partido Popular Cristiano.

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JUNIO 8 A los 95 años de edad muere María Reiche Grosse-Neumannn, matemática alemana que dedicó la mayor parte de su vida a la investigación y conservación de las líneas de Nazca. Nació en Dresden (Alemania) el 15 de mayo de 1903 y llegó al Perú en 1932. Desde 1946 se dedicó a la investigación de las misteriosas líneas, logrando que fueran declaradas por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta misma organización la había condecorado en mayo con la medalla Machu Picchu.

El gobierno peruano distinguió póstumamente a María Reiche con la condecoración de Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz.

JULIO 15 Luego de transcurridos dos años y un mes de firmado el acuerdo de concesión para la perforación y futura explotación de reservas de gas entre Perupetro y el consorcio anglo-holandés formado por Shell Prospecting and Development Perú y Mobil Exploration and Producing Perú, el 17 de mayo de 1996, esta empresa manifestó su negativa de continuar con la segunda fase de la obra. El gobierno indicó que con el retiro de Shell-Mobil, el vínculo contractual quedó automáticamente disuelto, precisando que los principales motivos del alejamiento del consorcio habrían sido, entre otros, la negativa de exoneraciones tributarias, la insuficiente tarifa de venta del gas, y el hecho de no poder manejar la distribución del gas en Lima ni exportarlo en forma directa a Brasil. Este megaproyecto –cuyos lotes se ubican 500 km al este de Lima, al otro lado de los Andes, en el departamento del Cuzco, en la región conocida como Bajo Urubamba– generaba gran expectativa en nuestro país, pues el desarrollo del mismo y su llegada a Lima, significaba atraer nuevas inversiones y en consecuencia ingresos para los sectores públicos y privados, generación de empleos, una fuente competitiva y segura de energía, así como transferencia de nuevas tecnologías. El yacimiento de Camisea cuenta con un volumen probado de 12,2 billones de pies cúbicos de gas natural y 640 millones de barriles de líquidos de ese carburante. La inversión total que se estimaba para el proyecto era de 3 mil millones de dólares hasta el 2001, habiéndose invertido en los dos últimos años 250 millones de dólares. La segunda etapa del proyecto contemplaba el tendido de un gaseoducto y de un ducto de líquidos de gas natural desde Camisea hasta Lima. El gobierno peruano anunció que el proyecto seguirá su marcha tal y como se había planeado inicialmente; es decir, traer el gas a Lima en el 2003, para lo cual se convocará a operadores internacionales, vía concurso público, de las siguientes etapas del desarrollo de este yacimiento: explotación de los yacimientos ya probados, gaseoducto desde Camisea hasta Lima, distribución del carburante en Lima y generación de energía.

En el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de Filadelfia (Pennsylvania), el gobierno norteamericano hizo entrega al embajador peruano en Washington del protector coxal del Señor de Sipán, recuperado por agentes del FBI en octubre de 1997. La pieza preinca peruana, cuya antigüedad es de al menos 1 700 años, estuvo a punto de ser vendida en el mercado estadounidense por 1,6 millones de dólares.

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JULIO 15

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Esta simbólica entrega se produce en el marco de un memorándum de entendimiento firmado entre los gobiernos peruano y norteamericano el 9 de junio de 1997, que restringe la importación en Estados Unidos de material arqueológico precolombino y de cierto material etnológico colonial (1532-1821).

Un valioso protector coxal de oro, que había sido sustraído de la tumba del Señor de Sipán, fue recuperado por autoridades estadounidenses y devuelto al Perú.

JULIO 16 El grupo político Foro Democrático presenta un millón 441 mil 535 firmas a favor de la realización de un referéndum sobre la reelección presidencial. Entre los promotores de este pedido de consulta figuran Lourdes Flores Nano (Partido Popular Cristiano), Javier Diez Canseco (Izquierda Unida), el periodista del Partido Aprista Mauricio Mulder y el dirigente político Alberto Borea. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) convierte la solicitud del Foro en proyecto de ley para derogar la 26657 (interpretativa del artículo 112 de la Constitución política que faculta la postulación del presidente Fujimori a la reelección) y remite el caso al Congreso. JULIO 31 Alfredo Deza Ganoza, de 18 años, gana la medalla de oro en la especialidad de salto alto del Campeonato Mundial Junior de Atletismo disputado en la ciudad francesa de Annecy, al realizar un mejor intento de 2,21 cm. La medalla de plata fue para el chino Xueli Yin y la de bronce para el bielorruso Aleksander Veryutin.

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AGOSTO 2 Un incendio de menos de dos horas de duración redujo a cenizas las históricas instalaciones del teatro Municipal, desapareciendo más de cien años de tradición, puesto que la cronología de este teatro se remonta a 1886, cuando se inaugura con el nombre de teatro Olimpo. Con el correr del tiempo se constituyó en el escenario preferido de las más famosas compañías líricas, teatrales y de danza, así como de la gran mayoría de artistas de renombre internacional que pasaron por Lima. Impresionante tanto por su arquitectura, obra del ingeniero peruano Alfredo Viale, como por su interior adornado con hermosas columnas decoradas con frisos, escalinatas del foyer estilo Luis XVI, amplia sala de 2 300 m2 y de impecable

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Fachada del teatro Municipal, afectado por un pavoroso incendio en agosto de 1998.

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acústica, techo abovedado, lujosos palcos, artísticos capiteles y esculturas, así como su elegante proscenio de dos pisos. Su reconstrucción, cuyo costo se estima entre 4 y 5 millones de dólares, será financiada mediante una partida especial a través del Ministerio de Educación. AGOSTO 13 El complejo agroindustrial Cartavio acepta la oferta de compra de un porcentaje de sus acciones, hecha por el consorcio panameño-estadounidense Azucagro-Easton Capital. De esta manera Cartavio se convierte en la primera ex cooperativa azucarera que acepta a un socio estratégico en el marco de promoción de venta que inició el año pasado el Comité Especial de Privatización (Cepri) de la industria azucarera. Con esta venta se facilita un proceso similar para otras nueve empresas agroindustriales. El complejo Cartavio se encuentra a 50 km de Trujillo y llegó a ser el ingenio azucarero de mayor producción, no sólo a nivel nacional sino también internacional.

Un total de diez ex cooperativas azucareras han sido puestas a la venta por el Comite Especial de Privatización (Cepri). En la vista, complejo azucarero Tumán en Lambayeque.

AGOSTO 15 El Perú, invitado de honor al Décimo Festival Internacional de la Papa en el pueblo francés de Crevant, fue distinguido con el primer premio entre 110 expositores de Francia, Bélgica, Italia y España. Esta es la séptima ocasión en que el Perú se hace acreedor a un premio en el marco de este evento. Igualmente el Centro Internacional de la Papa recibió un premio especial. Cabe destacar que este centro, cuya sede principal funciona en el distrito de La Molina, luego de veinte años de investigación ha conseguido un material de siembra resistente a plagas y enfermedades, obtenido de las pequeñas semillas botánicas de la flor de la papa (TPS por sus siglas en inglés), producto que garantiza una excelente cosecha a menor costo. AGOSTO 20 Luego de seis años y ocho meses como comandante general del ejército y presidente del comando conjunto de las fuerzas armadas, el general Nicolás Hermoza Ríos es relevado de sus cargos. En su reemplazo se nombra al general EP César Enrique Saucedo Sánchez, quien desde julio de 1997 desempeñaba el cargo de ministro de Defensa. AGOSTO 27

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El Congreso, luego de un debate de trece horas y media, rechaza la iniciativa legislativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) que plantea derogar la ley 26657 (interpretativa del artículo 112 de la Constitución política que faculta la eventual candidatura del presidente Fujimori a una segunda reelección consecutiva en el año 2000), a raíz del pedido de referéndum promovido por el Foro Democrático. La oposición multipartidaria, respaldada por las firmas de más del 10 por ciento de la población electoral, no pudo lograr los 48 votos exigidos por la ley para continuar con el proceso de consulta

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popular iniciado hace dos años. Unos 150 estudiantes convocados por la Coordinadora Estudiantil por la Democracia y los Derechos Humanos realizaron, en la plaza del Congreso, una vigilia en defensa de la democracia, previa al resultado del debate. SETIEMBRE 26 Fallece director y presidente del directorio del diario El Comercio Aurelio Miró Quesada Sosa. Investigador incansable de la realidad nacional, historiador, maestro, literato y periodista, su muerte causó consternación general. Sus restos fueron trasladados desde su domicilio a la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual fue rector, recibiendo asimismo el homenaje de la Academia Peruana de la Lengua, la Academia Nacional de Historia y el Instituto de Estudios Marítimos del Perú, entidades que lo tuvieron como miembro honorario. Luego fue despedido en la puerta de El Comercio por su director Alejandro Miró Quesada Garland y en el local de la Biblioteca Nacional por su directora Martha Fernández. Finalmente fue enterrado en el mausoleo familiar del cementerio Presbítero Maestro.

Aurelio Miró Quesada Sosa, investigador incansable de la realidad nacional, fue también un reconocido especialista en la obra de Garcilaso de la Vega.

OCTUBRE 8 El gobierno crea el Ministerio de Educación y Cultura y anuncia la conversión del Instituto Nacional de Cultura en Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, en razón de la necesidad de una entidad especializada para el adecuado registro de los más de 100 mil lugares arqueológicos que existen en el país, de los cuales apenas están registrados 3 mil 500. Se anuncia igualmente la reducción de la secundaria a cuatro años y la puesta en marcha de un nuevo nivel educativo, el bachillerato, para cerrar la brecha existente entre la educación secundaria y la educación superior.

OCTUBRE 11

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Alberto Andrade Carmona del Movimiento Independiente Somos Perú es reelegido para un segundo período municipal de cuatro años de duración. Con un porcentaje del 60% de las votaciones, superó a su más cercano rival, Juan Carlos Hurtado Miller, de la agrupación Vamos Vecino, vinculada al gobierno y al partido oficialista Cambio 90-Nueva Mayoría. Por otro lado, las estadísticas señalan que sobre 42 distritos de Lima el movimiento liderado por Andrade consiguió un representante como alcalde electo en 25 de ellos. A nivel nacional, en los diferentes departamentos del país, resultaron ganadores en buena proporción los candidatos de agrupaciones independientes. El independiente Alberto Andrade fue reelegido como alcalde de Lima, con el 60% de los votos, para el período 1999-2001.

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El reelecto burgomaestre limeño debe proseguir su campaña de recuperación del Centro Histórico de Lima, así como continuar la búsqueda de soluciones a los problemas que atraviesa la capital del país, como el incremento de la delincuencia e inseguridad ciudadana, la falta de limpieza pública, el transporte y la falta de apoyo a la cultura, a la alimentación en zonas marginales y el deporte. OCTUBRE 26 Los gobiernos de Perú y Ecuador llegaron a un acuerdo de paz global y definitivo, después de tres años y ocho meses de intensas conversaciones, tratos parciales y crisis superadas. El Acta Presidencial fue suscrita en Brasilia por los presidentes de ambos países, Alberto Fujimori y Jamil Mahuad, y fue refrendado por los cancilleres de Perú, Fernando de Trazegnies, y de Ecuador, José Ayala Lasso. Este acuerdo, logrado en base a la propuesta vinculante entregada por los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro en 1942, Presidentes del Perú y Ecuador ultiman detalles para la ratifica la demarcación fronteriza establecida por éste, dispone la construcción de dos parques eco- firma del histórico acuerdo de paz que pone fin a más de medio siglo de incidentes fronterizos. lógicos colindantes, concede al Ecuador un cementerio de un kilómetro cuadrado en territorio peruano (Tiwinza), dos establecimientos de almacenaje, transformación y comercialización de no más de 150 ha y acceso fluvial al Amazonas. Este último punto suscitó serios incidentes en Iquitos, al haberse interpretado erróneamente que las naves ecuatorianas surcarían libremente por los ríos de la selva y que los productos comerciales ecuatorianos competirían con los peruanos. En virtud de este histórico Acuerdo de Paz, ambos países se comprometen además a llevar a cabo diversos convenios, que entrarán en vigencia cuando se terminen de colocar los 23 hitos faltantes en el tramo de la cordillera del Cóndor. NOVIEMBRE 4 El Comité Ejecutivo de Reconstrucción de El Niño (Ceren) da a conocer el monto de las pérdidas económicas en la infraestructura básica del Estado, a consecuencia del Fenómeno del Niño, el mayor desastre natural afrontado por nuestro país en los últimos cincuenta años. La cifra exacta es de 3 607 millones de soles, principalmente en los rubros de transportes, comunicación y vivienda: 10% de la red vial afectada, 30 centrales hidroeléctricas dañadas, 130 mil ha de tierras agrícolas perjudicadas, 107 527 viviendas afectadas, además de pérdidas en las exportaciones pesqueras y retrasos en las importaciones mineras. Hubo en total 178 muertos y 117 desaparecidos, quince departamentos fueron declarados en emergencia y más de medio millón de personas resultaron damnificadas. DICIEMBRE 30

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Se promulga la ley Nº 27037 de Promoción de la Inversión en la Amazonía, que busca beneficiar a los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali mediante la eliminación y/o reducción de impuestos, como la exoneración a los combustibles del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto Selectivo al Consumo, con el consecuente abaratamiento del transporte; o una menor tasa del Impuesto a la Renta de la actividad comercial, con la condición de que por lo menos el 30% de las utilidades generadas por dicha actividad se quede en la Amazonía.

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La ley contempla asimismo beneficios tributarios para la producción y transformación del café, cacao y palma aceitera, así como la dotación anual por parte del gobierno de por lo menos 600 millones de nuevos soles para obras de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, turística, energía, saneamiento y servicios básicos. Se espera beneficiar progresivamente a más de 3 800 000 habitantes, incluyendo 1 450 comunidades nativas. Los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali son beneficiados por ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía.

DICIEMBRE 30 Parte la décima expedición peruana a la Antártida, denominada Antar X, a bordo del buque de investigación científica “Humboldt”. Además de la tripulación, viajan 45 profesionales entre investigadores y técnicos, que realizarán –entre otros– estudios de oceanografía física y dinámica, así como del ecosistema en relación al krill (pequeño crustáceo que forma la biomasa más importante de la región antártica). Se calcula el regreso de la expedición para el 25 de febrero.

1999 ENERO 12 El presidente de la República Alberto Fujimori inaugura en Lima la Séptima Asamblea Anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico (FPAP). El tema central de la cita, la primera que se realiza en un país sudamericano, es la crisis económica mundial y cuenta con la participación de 150 delegados de 24 países miembros. Perú introducirá tres proyectos de resoluciones referidas a la erradicacion de las minas contra personas, la promoción de una cultura de paz y la creación de una conciencia mundial para la reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno del Niño.

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ENERO 12 Fallece José Tola Pasquel, ingeniero y matemático. Egresó de la Pontificia Universidad Católica como ingeniero civil en 1938 y de la UNMSM como doctor en ciencias matemáticas en 1941. Introdujo las cátedras de álgebra abstracta y funciones analíticas en el programa de Ciencias Exactas de la Facultad de Ciencias de la UNMSM. Desde 1938 enseñó en ésta y en la PUC, de la cual fue rector en dos períodos sucesivos de 1977 a 1984 y de 1984 a 1989. Al momento de su muerte se desempeñaba como director de la Escuela de Graduados de la PUC, cargo que ejercía desde 1990. Distinguido matemático y maestro José Tola Pasquel, rector de la Pontificia Universidad Católica entre 1977 y 1989.

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ENERO 18 Los presidentes de Perú y Ecuador se reúnen en la zona denominada Lagartococha-Güeppí para formalizar los cuatro hitos que delimitan dicho sector: el hito Naciente, el hito Corte Río Gueppi, el hito Nº 2 en el río Gueppí y el hito número 3, también en el Gueppí. La reunión de los presidentes constituye el cierre definitivo de la primera de tres regiones fronterizas pendientes de demarcación entre ambos países; las otras dos se ubican en las zonas de Cusumaza-Bumbuiza y Yaupi-Santiago. ENERO 24 Crean Zona Reservada Santiago-Comaina ubicada en los distritos de Cenepa, Río Santiago y Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, con una superficie de 863 mil 277 ha, cuyo objetivo es preservar la riqueza ecológica y la vida y costumbres de las 29 comunidades nativas de la zona, donde habitan 22 mil nativos (aguarunas y huambizas). Abarca el territorio comprendido entre el límite del parque binacional peruano hasta las proximidades del río Marañón, no formando parte de los parques colindantes creados en la frontera a raíz del Acuerdo de Paz entre Perú y Ecuador. Vista del departamento de Amazonas, en cuya jurisdicción se ha creado recientemente la Zona Reservada Santiago-Comaina.

ENERO 29 Se promulga ley Nº 27056 que crea el Seguro Social de Salud (Essalud), sobre la base del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Con esta iniciativa se busca una administración ágil, eficiente y moderna que posibilite ampliar la cobertura a la población no asegurada y personas de escasos recursos, siendo la meta llegar al 60 por ciento de los peruanos en el año 2000. La cobertura se descentralizará y se ampliará a quienes integran organizaciones sociales que brindan apoyo a la población más necesitada, así como a las amas de casa, artistas y estudiantes del nivel escolar, universitario y de institutos superiores. Además se fortalecerán, modernizarán y ampliarán los servicios de salud y las prestaciones sociales y económicas.

ENERO 30

El nuevo arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, estuvo anteriormente al frente de la arquidiócesis de Ayacucho.

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Juan Luis Cipriani sucede oficialmente a Augusto Vargas Alzamora en el arzobispado de Lima, debido a que éste cumplió el límite de 75 años que impone la iglesia católica para el cargo. Vargas Alzamora asumió esa responsabilidad al frente de la arquidiócesis el 26 de enero de 1990.

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FEBRERO 2 Perú inicia esta semana su participación formal como miembro de APEC, al asistir a la reunión de líderes que se realizará en Nueva Zelanda. Nuestro país participará en los distintos comités que constituyen este grupo de integración (comercio, inversiones, economía, grupos negociadores, proceso de negociación temprana, entre otros). MARZO 8 Se inaugura exposición “Dama de Ampato” en el Museo de la Nación. La famosa momia, también conocida como Juanita y que se exhibe en una urna especialmente climatizada, fue hallada en setiembre de 1995 en el cráter principal del nevado Ampato a 6 380 msnm, en el departamento de Arequipa. Se presume que fue ofrendada a los dioses hace 530 años, cuando tenía entre 12 y 14 años de edad. A partir de abril esta exposición recorrerá once ciudades del Japón durante catorce meses. MARZO 10 Aeroperú, la línea de aviación privatizada en 1993, anuncia la suspensión de sus vuelos como consecuencia de la grave situación financiera que afronta, fijándose un plazo de 60 a 90 días para su reestructuración. MAYO 10 Víctima de un derrame cerebral, a los 83 años, fallece Walter “Brujo” Ledgard, el mejor nadador nacional. En los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 quedó segundo en su serie eliminatoria, sin poder culminar su participación por el retiro de la delegación peruana de la competencia, en protesta por una injusticia con nuestra selección de fútbol. Campeón sudamericano de los 100 y 200 m libres en 1938, campeón sudamericano de los 200 m en 1939. En 1954 funda la primera academia de natación en el Perú. En agosto de 1986 recibe los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz. MAYO 11 La empresa noruega Statkraft SF anuncia que invertirá 560 millones de dólares en la construcción de la hidroeléctrica Cheves, que será la segunda más grande del país después de la del Mantaro. La central se halla ubicada a 140 km al norte de Lima, cerca de Churín, y aprovechará las aguas del río Huaura.

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MAYO 13 Los presidentes de Perú y Ecuador suscriben el Acta Final de Formalización de Hitos y Conclusión de Demarcación de la Frontera en el Hito Confluencia, donde se unen los ríos Yaupi y Santiago. Esta ceremonia significa la conclusión del proceso de fijación de la frontera terrestre común realizado en cumplimiento del punto de vista vinculante emitido por los jefes de Estado de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro y, por tanto, la entrada en vigor de todos los acuerdos suscritos en Brasilia el 26 de octubre de 1998. Histórico Hito Nacientes, símbolo de la integración peruano-ecuatoriana.

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Resumen cronol gico

MAYO 30 Se conmemora centenario de la inmigración japonesa al Perú con la presencia de la princesa Sayako, hija menor de los emperadores del Japón, Akihito y Michiko. Los japoneses constituyen una de las colonias más significativas en el Perú, tanto en términos de su número –cerca de 100 mil– como en relación con su aporte en los distintos ámbitos de la vida nacional. JUNIO 3 Se conmemora 52 aniversario de la muerte del eminente arqueólogo Julio C. Tello, primer peruano en alcanzar un doctorado en la prestigiosa universidad de Harvard en 1911. Postuló el autoctonismo de la civilización andina y sus aportes al estudio de las culturas preincaicas constituyen una invalorable contribución a la forja de nuestra identidad nacional. JUNIO 5 En clausura de la Novena Asamblea Ordinaria del Parlamento Amazónico, realizada en Lima, se designa al Perú para presidir dicha agrupación, integrada por ocho países, durante el período 1999-2001. JUNIO 12 Consejo Supremo de Justicia Militar declara inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido a inicios de junio, planteando un nuevo juicio para cuatro terroristas chilenos condenados a cadena perpetua por la justicia militar peruana, aduciendo que durante el proceso “no hubo defensa ni instancias de apelación”, lo cual es incompatible con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La resolución del CSJM precisa que la jurisdicción militar es autónoma e independiente y que, de acuerdo a la Constitución, tiene competencia para juzgar a civiles por delitos de terrorismo y traición a la patria. JUNIO 17 La Misión de Observadores Militares para Ecuador y Perú (MOMEP) se retira oficialmente de la zona fronteriza ecuatoriano-peruana, dado que ambos países han demarcado definitivamente sus límites. Desde marzo de 1995 la referida misión vigiló el cese de los enfrentamientos y el cumplimiento de los acuerdos de Paz. JULIO 8 Gobierno oficializa ante la OEA la resolución legislativa que desconoce la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El retiro del Perú se produce a raíz del fallo emitido en junio por dicha Corte, planteando un nuevo juicio para cuatro terroristas chilenos. JULIO 14

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Como un rotundo éxito de la política antisubversiva del gobierno fue calificada la captura de Óscar Ramírez Durand (a) “Feliciano”, cabecilla terrorista de la facción Sendero Rojo, luego de 40 días de persecución y el trabajo conjunto de las fuerzas armadas y de la policía. El operativo desplazó a 1,500 efectivos que, en círculos concéntricos, cercaron a “Feliciano” en la localidad de Cochas, a unos cuatro o cinco km de Huancayo. A bordo de un avión Antonov de la Marina fue trasladado desde el aeropuerto de Jauja hasta la Base de Las Palmas en Lima, donde será interrogado y aguardará su juicio por el fuero militar.

Artes y letras

ARTES PLÁSTICAS: PINTURA, ESCULTURA, CERÁMICA

PINTURA La obra del pintor cajamarquino Mario Urteaga (1875-1957) marca para algunos críticos el inicio del siglo XX en la plástica peruana. Una opinión diferente tiene el pintor Fernando de Szyszlo (1925), para quien el siglo XX aparece en la plástica peruana recién en 1937, con el retorno desde Francia de Ricardo Grau (1907-1970), cuya presencia –al frente de un grupo autodenominado “de vanguardia”– representa el inicio de una reacción contra la corriente indigenista que imperaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes (Enba), favorecida por José Sabogal (1888-1956) –su director desde 1932– y un grupo de entusiastas discípulos suyos, entre ellos Julia Codesido (1892-1978), Alfonso Sánchez Urteaga “Camilo Blas” (1903-1985) y Enrique Camino Brent (1909-1960). En 1939 el artista austríaco Adolfo Winternitz (1906-1993) funda la Escuela de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica (hoy Facultad de Arte), que se convertiría con el tiempo en otro de los principales centros de formación plástica superior en el país. Winternitz se estableció definitivamente en Lima y continuó trabajando en dicha institución hasta su muerte, ocurrida en 1993.

José Sabogal (1888-1956), director de la Escuela de Bellas Artes y uno de los principales representantes del indigenismo en la pintura peruana. Retrato por Julia Codesido (Casa Museo Julia Codesido).

gionalista, que ya no cumplía a cabalidad la función reivindicadora del hombre y del paisaje peruanos, planteada por su ideólogo José Sabogal”. Pocos años después, en 1945, Grau asumió la dirección de la Enba, cargo que conservaría hasta 1949; no se apartó sin embargo de la institución, y continuó como profesor en ella hasta su muerte (1970). Dado que Bellas Artes era por entonces el principal espacio de formación, reunión y debate académico de los artistas plásticos, se acepta ahora que fue la influencia renovadora de Grau la que inició el vanguardismo en la plástica local y fomentó la sustitu-

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Los inicios del vanguardismo En 1940, al incorporarse Grau como profesor a la Enba, la pugna entre “indigenistas” y “vanguardistas” se traslada a sus aulas, dándose un largo enfrentamiento con Sabogal, que culminaría con la salida de éste de la dirección de la Escuela en 1943. Cabe anotar que para ese entonces el indigenismo adolecía –en palabras del crítico Eduardo Moll– de una marcada desviación “hacia un folklorismo re1214

Bodegón por Ricardo Grau (Museo del Banco Central de Reserva del Perú). Educado en Europa, asumió la dirección de la Escuela de Bellas Artes en 1945.

Artes y letras

Composición con cinco figuras por Carlos Quíspez Asín (Museo del Banco Central de Reserva del Perú).

ción del indigenismo por ideas plásticas más universales. Muchos de los integrantes de este grupo de vanguardia (denominado por algunos críticos “grupo de los independientes”) alcanzaron un altísimo nivel artístico, como Carlos Quíspez Asín (Lima 1900-1983), quien aunque destacó como muralista incursionó también en el mosaico, la escultura y el grabado. El polifacético Juan Manuel Ugarte Eléspuru (Lima 1911) –pintor, muralista, escenógrafo, escultor y crítico de arte– no quiso tomar partido por ninguno de los bandos beligerantes (indigenistas y vanguardistas), adoptando una postura intermedia. Su obra en general es de tema y técnica libre, pues consideraba necesario reivindicar la independencia de la expresión plástica.

Dentro de este grupo de vanguardistas o independientes se encuentran asimismo Alberto Dávila (Trujillo 1912-1988), pintor figurativo de temas vernaculares en sus inicios y que optó después por el abstraccionismo, conservando sin embargo un uso sobrio y medido del color; y Sabino Springett (Ayacucho 1913), de hábil e interesante manejo de colores y texturas, quien ha evolucionado del expresionismo al abstraccionismo, especialmente después de su estadía en Europa. Una mención especial requiere el autodidacta Teodoro Núñez Ureta (Arequipa 1914-Lima 1997), cultor del dibujo, la acuarela y el óleo, cuya pintura, netamente figurativa y de gran rigor compositivo y estético, priorizó la sátira y la crítica social, así como la caracterización de tipos y costumbres populares.

Sérvulo: “Punto de quiebre” Un artista considerado unánimemente por críticos y curadores como un “punto de quiebre” en la plástica nacional es Sérvulo Gutiérrez (Ica 1914-Lima 1961). Luego de viajar a París, retorna a Lima hacia 1940, donde bajo la influencia de Ricardo Grau se dedica a una apasionada exploración colo1215

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Madre por Juan Manuel Ugarte Eléspuru (Museo del Banco Central de Reserva del Perú). Educado en Buenos Aires, su obra artística es variada. Ejerció la docencia en la Escuela de Bellas Artes, de la que ha sido su director.

Abstracción por Alberto Dávila (Museo del Banco Central de Reserva del Perú). Mereció el Premio Nacional de Pintura en 1953 y el Premio de la Bienal de Tecnoquímica en 1964.

Artes y letras Don Juan por Sérvulo Gutiérrez (Museo del Banco Central de Reserva del Perú). En setiembre de 1998 el Museo de Arte organizó una retrospectiva de su obra que incluyó conversatorios, una exposición multimedia y la publicación de un libro.

rista que, luego de un inicio figurativo, desembocó en un originalísimo expresionismo. Nacen en 1912 Guillermo Guzmán y Ricardo Sánchez; en 1913 Carlos Aitor Castillo; en 1914 Julio Camino Sánchez y Mariano Fuentes Lira; en 1915 Carlota Carvallo de Núñez; en 1916 Carlos Michelsen, Fernando D’Ornellas, César Salcedo “César Andino” y Andrés Zevallos; en 1917 Mauro Aquino y Julio Pantoja Rodulfo; en 1918 Pedro Azabache y Jorge Segura; en 1919 Francisco Abril de Vivero.

La postguerra

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Los años 50 son cruciales a todo nivel y en la pintura peruana pueden distinguirse dos grandes tendencias: la abstracción, representada principalmente por Fernando de Szyszlo (Lima 1925), David Herskowitz (EE.UU. 1925) y Miguel Nieri (Lima 1931); y el figurativismo indigenista, cuya influen-

Fernando de Szyszlo, considerado el pintor peruano más reconocido en el exterior; se le atribuye la iniciación del cultivo de la pintura abstracta en el Perú.

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cia subsistiría en pintores como Aquiles Ralli (Callao 1920), Óscar Allaín (Trujillo 1922) y Ángel Chávez (Trujillo 1929-Lima 1995). Fernando de Szyszlo (Lima 1925) es en la actualidad el pintor peruano más conocido a nivel internacional y considerado, casi sin discusión, como el iniciador de la pintura abstracta en nuestro medio. Discípulo de Adolfo Winternitz en la Academia de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica, continuó estudiando y trabajando por su cuenta en París y Florencia, retornando al Perú en 1951, y constituyéndose, según Ugarte Eléspuru, en “abanderado del universalismo abstractista, antagónico del figurativismo-Escuela de París”. Otro seguidor de esta corriente abstracta es Miguel Ángel Cuadros (Lima 1928), cuya modalidad geométrica ha sido calificada por él mismo como “estructuralismo primario”. Alejada también de la figuración, Ella Krebs (Lima 1926) maneja –valiéndose de veladuras– planos superpuestos y círculos envolventes. Nombres importantes en esos años son Alfredo Ruiz Rosas, con un estilo expresionista de denuncia, y Francisco Espinoza Dueñas, quien reside en España, ambos nacidos en Lima en 1926. De 1928 son dos artistas que residen fuera del país desde hace varios años: el piurano Antonio Maro (seudónimo de Antonio Apolo Ramírez), establecido en Bélgica, cuyas inquietudes artísticas se asocian con la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, y el ancashino Armando Villegas, quien vive en Colombia desde 1952, habiendo logrado un singular equilibrio entre el figurativismo de sus inicios y los elementos abstractos que incorporó posteriormente. Ángel Chávez (Trujillo 1929- Lima 1995) probablemente deba ser considerado como el más importante colorista del siglo. Su uso recurrente del color rojo ha dado lugar al término “rojo Chávez”. Son famosas sus “chinacholas” de Huanchaco: pescadoras, floristas, fruteras, etc. Un personaje marginal por elección propia, activo y reconocido en los 60 pero famoso y cotizado

Artes y letras

Silencio en la noche por Víctor Humareda (Museo del Banco Central de Reserva del Perú), quien nos ofrece distintas visiones de lo popular en su obra artística.

recién en sus últimos años y después de su muerte, es Víctor Humareda (Puno 1920 - Lima 1986), quien siendo aún estudiante se adhiere a la tradición del expresionismo europeo. Temas y personajes obsesivamente presentes en su pintura son el circo, las prostitutas, el arlequín triste, etc.

1959: La “promoción estrella”

Chávez y Tilsa Tsuchiya trabajaban, por ejemplo, dentro del surrealismo, probablemente como resultado de sus estancias en Europa, siendo hoy considerados como los primeros iniciadores de esta corriente en nuestro país. Al mismo tiempo, Enrique Galdos Rivas –notable colorista– cultiva el abstraccionismo, en tanto que Milner Cajahuaringa se decanta por un personal estilo en el cual contrastes de vibrantes colores dan sensación de movimiento a rigurosas figuras geométricas. Destacan en este período dos pintores de herencia cultural nisei: Arturo Kubotta (Lima 1932) y Venancio Shinki (Supe 1932). El primero ha transitado desde el figurativismo más estricto hasta el abstraccionismo y el pop-art, que matiza con juegos de tonos y texturas. La pintura de Shinki es decididamente abstraccionista, Tilsa Tsuchiya, discípula de Carlos Quíspez Asín y Ricardo Grau, estudió en la Escuela de Bellas Artes. Figura principal del arte peruano en los años setenta, su obra surrealista sugiere evocaciones orientales y prehispánicas.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Los años 60 fueron importantes en la plástica local, entre otras razones, porque empezaron a llegar con cierta regularidad a Lima muestras pictóricas itinerantes, se creó el Patronato del Museo de Arte y la crítica artística especializada, ejercida en diarios y revistas, evoluciona hasta alcanzar niveles más formales. Asimismo, en 1959, egresa de Bellas Artes una promoción “estrella” (llamada por algunos “la generación de oro”) que produjo importantes artistas hasta hoy vigentes, como Milner Cajahuaringa (Lima 1932), Enrique Galdos Rivas (Lima 1933), Alberto Quintanilla (Cuzco 1934), Tilsa Tsuchiya (Supe 1936-Lima 1984) y Gerardo Chávez (Trujillo 1937). Pero aun dentro de este grupo aparentemente homogéneo confluyen tendencias y estilos diversos. Pintores como Gerardo

Personajes por Gerardo Chávez (Museo del Banco Central de Reserva del Perú). Conjuntamente con otros creadores como Carlos Revilla, José Tola, Gilberto Rebaza, su obra se encuentra afiliada a la corriente surrealista que irrumpiera en los años setenta en nuestra tradición artística.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Artes y letras 1969; y, en la línea expresiocon imágenes imprecisas nista, Julia Navarrete (Caaparentemente suspendidas llao 1938) y Luz Negib (Lio flotantes, como visiones ma 1939). de ensueño. Otro artista actualmente muy cotizado es Carlos ReLos inicios del villa (Arequipa 1940), pinposmodernismo tor y grabador formado en A partir de los años setendiversos países europeos. ta empiezan a aparecer reSus cuadros deslumbran presentantes de diversos “ispor su depurado preciosismos” pictóricos, mayormenmo y el manifiesto dominio te derivaciones de alguno de del espacio y la perspectiva, los estilos anteriormente en con presencia dominante de boga. En opinión del crítico figuras renacentistas, cuyas Eduardo Moll, estas tendencabezas muestran formas cias pueden resumirse en erotizadas. neoindigenismo, neoabsHuacachina III por Venancio Shinki (Museo del Nombres destacados de traccionismo, neoexpresioBanco Central de Reserva del Perú), ganador del esta generación son también nismo y neopop-art. Al premio Tecnoquímica en 1966. los de Herman Braun (Lima transcurrir el tiempo, la ma1933), cuyos cuadros comyoría de los críticos ha simbinan escenas de pintores clásicos (Velásquez, Rem- plificado estas clasificaciones, quedando englobadas brandt, Picasso) con motivos contemporáneos; en la categoría de “posmodernismo”, ampliamente Juan de la Cruz Machicado (Puno 1935), de colori- usada hoy. da temática campesina; Gilberto Jiménez (Lima En esta época aparecen en la escena plástica lo1936), uno de nuestros pintores abstractos más im- cal artistas muy interesantes, provenientes tanto de portantes y originales; Daniel Yaya (Lima 1936), re- Bellas Artes como de la Universidad Católica, y sidente en París, con sus naturalezas muertas de ti- otros que habían estudiado o vivido en el extranjepo cubista; el arequipeño Gilberto Urday (1938), ro. Uno de estos últimos es José Miguel Tola (Lima quien obtuvo el premio “Daniel Hernández” en 1943), egresado de la Real Escuela de Arte de San Fernando (España). Figurativo en sus inicios, las agresivas imágenes, formas y colores distinguibles en sus obras han ido dejando paso a formas abstractas trabajadas (recortadas, silueteadas, pintadas) en madera, que ya no son “cuadros” en sentido estricto; el propio Tola prefiere denominarlas “superficies”, aunque bien podrían ser llamadas “superficies colgantes”. Tadeo Castro (Ayacucho 1944), Miguel Camargo (Cuzco 1941) y José Coronado (Lima 1942) tienen en común el haber merecido el primer premio del Salón de Acuarela que organiza anualmente el Icpna, en 1971, 1973 y 1980, respectivamente. Los dos primeros prefieren temas y personajes costumbrisEnigma por Carlos Revilla (Museo de Arte de Lima). En los últimos tas andinos, aunque Castro tuvo una años se han realizado dos retrospectivas sobre el conjunto de su obra. La primera etapa geometrizante. Coronaprimera de ellas, en el Museo de Arte de Lima, comprendió su do, por su parte, es conocido por sus producción entre 1957 y 1997 y la segunda en Quito (Ecuador) en julio cuadros sobre usos y lugares tradiciode 1998, abarcó el período entre 1954 y 1998. nales limeños. 1218

Artes y letras

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

El hiperrealismo cuenta en nuestro medio con destacados cultores como Juan Pastorelli (Arequipa 1943) y Bill Caro (Arequipa 1949). Caro nos muestra estudios casi fotográficos de objetos solitarios (deteriorados en muchos casos) y panoramas desolados. Pastorelli prefiere los paisajes costeños y temas marinos. El cuerpo humano en movimiento y el manejo preciso de la Carcochas por Bill Caro, 1976 (Museo luz constituyen las de Arte de Lima). La obra de Caro es constantes de Rafael considerada una de las principales Hastings, seudónimo expresiones del hiperrealismo en el Perú. de Eduardo Indacochea (Lima 1942), quien se mantiene alejado del circuito de El iluminado por José Tola, galerías. Esta actitud 1990-1991 (Museo de Arte de Lima), ganador del premio de aislamiento ha sido Tecnoquímica 1998. llevada al extremo por otros artistas como el rostro permanentemente cubierto; AntoFrancisco Grippa nio Pimentel (Áncash 1946), de temática (Tumbes 1942) y Luis ecologista, que ha estudiado restauración Palao Berastain (Areen el Cuzco becado por la Unesco; Rafael quipa 1944). Grippa Llaque, cuyos bodegones evocan a los cuvive con los boras, bistas; el ayacuchano David Meléndez; una tribu amazónica Adrián Airaldi, egresado del departamento de de la Enba en 1975 con el Loreto, y Palao trabaja Premio “Enrique Camino desde hace muchos años Brent”; y Miguel Espinoza en el pueblito cuzqueño de (Arequipa 1950-1986), Calca. primer premio del XVII Elda di Malio (Lima Salón de Grabado Icpna, 1946) desarrolla una consprematuramente fallecido. tante indagación en torno Leoncio Villanueva (Lia la figura humana, que ma 1947) aparece como aparece mayormente solisurrealista, aunque en los taria. Teresa Alberti (Lima últimos años su trabajo se 1945), formada en la ha ido aproximando al llaFacultad de Arte de la mado “arte conceptual”. PUC, ha incursionado tanUn artista con variadas into en pintura (grabado) fluencias en su formación como en cerámica. académica es Ramiro LloMiembros del grupo na (Lima 1947), quien iniPuka Punku, constituido ció estudios pictóricos en en 1971, son: Julio Quispe S/T de Ramiro Llona (Museo de Arte de Lima). Estudió Nueva York y posterioren la Facultad de Arte de la Universidad Católica y es Virhuez, más conocido como “Quispejo” (Ancash hoy uno de los artistas más reconocidos del Perú fuera de mente siguió su formación sus fronteras. En mayo de 1998 el Museo de Arte de en la Facultad de Arte de 1945), cuyos personajes Lima organizó una exposición retrospectiva de su obra la PUC en 1971. artística. son indios anónimos con

Artes y letras Destacados representantes provincianos son el huancaíno Josué Sánchez (1947) representando al artista en busca de la expresión plástica integral, pues ha incursionado en la pintura, la escultura, la cerámica, el tallado de los mates burilados y otras manifestaciones del arte popular de su región; y José Carlos Ramos (Huancavelica 1948), creador de una técnica denominada “cartongrafía” y cuyos motivos más característicos son caballos asexuados que vuelan, y flores que sufren metamorfosis. Cabe mencionar, en la vertiente de un expresionismo muy particular, a Carlos Alberto Ostolaza (Lima 1947) y Oswaldo Higuchi (Lima 1948). El primero retrata “personajes del horror” –según el poeta Juan Ramírez Ruiz–, aunque no exentos de ternura, mientras que Higuchi enfoca su atención al cuerpo humano, sobre todo al desnudo femenino.

La experiencia de “Huayco”

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Entre fines de 1979 y principios de 1980 se da una interesante experiencia de creación plástica colectiva de proyección social: el Taller “Huayco”. Surgido de la urgencia de un grupo de estudiantes de la entonces recesada Enba por un espacio para la formación y la práctica artísticas, buscaba vincular la vanguardia a lo popular: desmitificar el proceso de la creación artística, acercándola a la vida cotidiana de la gente y tomando sus temas de ésta. “Huayco” se inició con Francisco Mariotti, María Luy, Juan Javier Salazar y Charo Noriega; posterior-

Fiesta por Enrique Polanco (Museo del Banco Central de Reserva del Perú). Polanco estudió en la Escuela de Bellas Artes y posteriormente en el Instituto de Artes de Pekín, en China, durante el período 1984-1987.

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mente se integraron Herbert Rodríguez, Mariella Zevallos y Armando Williams. Además de difundir afiches y volantes sumamente contestatarios y críticos de lo que llamaba “el sistema de galerías y el sistema de la cultura en general”, “Huayco” realizó estudios en coordinación con estudiantes y profesionales de otras ramas, como encuestas sobre los gustos y preferencias estéticas populares. El taller estuvo en actividad casi tres años hasta su disolución en 1981, debido a discrepancias internas y a su propia marginalidad como propuesta.

La década de los ochenta Del balance de la década cabe destacar al arequipeño Moico Yaker (1949), poseedor de recursos expresivos insólitamente ricos; al hiperrealista Eduardo Cervantes (Huánuco 1950); a Hernán Pazos (Lima 1952), cuyo trabajo busca un equilibrio entre la abstracción y la figuración, como señala el especialista argentino Damián Bayón; a Ramiro Pareja (Arequipa 1952), considerado forjador de la plástica arequipeña contemporánea junto al fallecido Miguel Espinoza del grupo Puka Punku; a Miguel Brenner (Lima 1953), cultivador de un surrealismo poblado de dioses guerreros; a Juan Pedro Egoavil (Lima 1953), dedicado preferentemente a los bodegones; a José Antonio Morales (Lima 1953), que apela a un cáustico sentido del humor; a Enrique Polanco (Lima 1953), quien se identifica con Humareda y Herskowitz y hace una especie de crónica plástica de la realidad urbana, usando colores violentos y contrastantes; a Ricardo Wiesse (Lima 1954) que busca motivos de inspiración en las culturas del pasado ancestral peruano; a Pedro Caballero (Cajamarca 1954), que en los últimos años viene desarrollando un trabajo de fusión inspirado en el arte textil prehispánico dentro de un espacio abstracto contemporáneo; a Rafael García Miró (Lima 1954), quien luego de su estancia europea ha incorporado a su pintura materiales como cordeles de colores, arena, lienzos superpuestos. Entre los artistas nacidos al final de la década mencionamos a Cynthia Capriata (Lima 1959),que ha abandonado sus inicios geométricos para experimentar con el cromatismo y la fragmentación de formas; a Jorge Castilla Bambarén (Lima 1959), en cuyo estilo confluyen expresionismo, surrealismo y artes primitivas, predominando el uso de figuras zoomorfas; y a Rhony Alhahel (Lima 1959), cuya pintura posee fuertes connotaciones simbólicas y ha incursionado con éxito en la fotografía y en la escul-

Artes y letras tura. Precisamente, una de sus obras escultóricas adorna la Alameda Chabuca Granda en Lima, inaugurada en enero de 1999.

Grandes cambios en los noventa Dada la cercanía temporal es prematura la calificación de los artistas que están en pleno proceso creativo, por lo cual nos limitamos a una mención de los nombres más sobresalientes. De los nacidos en la década del sesenta se distinguen el laureado acuarelista Ricardo Córdova (Arequipa 1961); Kukuli Velarde (Cuzco 1962), precoz pintora autodidacta, inclinada al barroquismo en sus imágenes; Patricia Vega (Lima 1963), egresada de la Eapuc; Denise Mulanovich (Lima 1964), quien usa vivos colores sobre madera u otros materiales recortados; Fernando Bryce (Lima 1965), residente actualmente en Berlín; y Francisco Guerra-García (Lima 1965), quien practica una pintura lúdica, incorporando a sus coloridos espacios urbanos hechos populares como el fútbol. Consignamos a continuación algunos nombres destacados de las recientes promociones de los dos principales centros de formación plástica en el Perú

Sonámbulo y estrella en vaso de agua por Denise Mulanovich (Museo del Banco Central de Reserva del Perú).

EGRESADOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES PROMOCIÓN

NOMBRE

CARACTERÍSTICAS/TRAYECTORIA

Rosi Schwartzmann

Realismo muy particular, mezcla de registro fotográfico e imaginación, oponiendo construcciones urbanas y personajes solitarios.

1981

Joel Vargas

Utiliza acrílicos y óleos junto con arena y otros materiales de desecho, a los que cubre con barniz y resina, resultando una especie de plancha de cerámica esmaltada.

1983

José Luis Arbulú

Postgrado en pintura tradicional china en la Academia Central de Bellas Artes de Beijing.

1986

Guido Garaycochea

Se inspira en las máscaras ceremoniales chimú.

1988

Ever Arrascue

Paisajes rurales.

1989

Elena Castro

Paisajes marinos e imágenes ecológicas.

Wilber Piscoya

Segundo lugar en la versión 1997 del premio Johnnie Walker.

1991

Martha Vargas

Figuras de formas volumétricas.

1994

Luis Castellanos

Ganador en 1998 del II Concurso de Artes Plásticas auspiciado por el Patronato de Teléfonica del Perú.

1995

Renso Castañeda

Fuerte contenido erótico, con predominio de mujeres en actitud agresiva.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

1980

Artes y letras EGRESADOS DE LA FACULTAD DE ARTE DE LA PUC NOMBRE

PROMOCIÓN 1982

Chalo Guevara

Ganador del Salón de Acuarela Icpna 1981. Ganador del Salón de Grabado Icpna 1983. Premio Mitchell 1983.

1983

José Enrique Alcalde

Ganador del Cuarto Concurso Nacional de Pintura Southern Perú (Arequipa 1989).

1986

Federico Esquerre

Espacios cerrados con fuerte carga expresionista.

Eduardo Tokeshi

Ganador del Salón Nacional de Dibujo Icpna 1986.

1989

Carmen Letts

Gatos y seres marinos, en especial peces.

1992

Giuliana Senno

Atmósferas líricas, de una profunda carga onírica.

1994

Rodolfo Espinoza

Ganador del VII Salón Nacional de Pintura Icpna 1995. Ganador del premio Johnnie Walker 1996

1995

Natalia Iguíñiz

Usa su propia imagen como referencia recurrente.

Pintores provincianos

ETAPA CONTEMPORÁNEA

CARACTERÍSTICAS/TRAYECTORIA

Entre los representantes de las escuelas regionales de bellas artes podemos mencionar al cuzqueño José Luis Carreño (1963), egresado de la Escuela Diego Quispe Tito; al grabador Carlos Carrizales (Ica 1959), egresado de la Escuela Sérvulo Gutiérrez; y de la escuela regional de bellas artes de Trujillo, William Pinillos, quien egresa en 1987 y obtiene el primer premio del III Salón de Primavera de su ciudad natal. Un caso excepcional en este grupo es el del joven artista arequipeño Eric Huanca, egresado de la Escuela Carlos Baca Flor, quien en 1998 ganó el primer premio del XXVI Salón Nacional de Acuarela Icpna, el primer premio del VIII Salón Nacional de Pintura Icpna y el premio John Constable del concurso de acuarela “Paisaje peruano”, organizado por la Asociación Cultural Peruano Británica. Como acotación final, cabe destacar el incremento, en la última década, en la apertura de galerías y locales de exposición artística, así como el auspicio de la empresa privada expresado en concursos y premios con muy alta capacidad de convocatoria, por ejemplo los de la Southern Perú, Telefónica, Pinturas Mitchell y Johnnie Walker. Igualmente el apoyo de instituciones educativas como el Icpna que ya desde 1961 convocó su Primer Salón Nacional de Pintura. Igualmente, de gran importancia, fue la realización, a fines de 1997, de la Primera Bienal Iberoa1222

mericana de Lima, convocando a 150 artistas en más de quince sedes, con el apoyo de Tele 2000 Bellsouth. Las actividades incluyeron pintura, escultura, técnicas mixtas, performances, instalaciones, fotografía, multimedia y video. En octubre de 1998 se realizó, asimismo la Primera Bienal Nacional, con la presencia de ochenta artistas, que sirvió como evaluación para la designación de cinco representantes peruanos a la Segunda Bienal Iberoamericana de Lima de 1999.

ESCULTURA La escultura ha estado desde siempre asociada al culto religioso, debido a que en sus inicios la mayoría de sus piezas era destinada para el adorno de altares y capillas. Su desarrollo sigue un derrotero algo menos dinámico que el de la pintura, aunque muchos pintores son a la vez escultores, practicando indistintamente ambas artes. A los nombres insustituibles del español Manuel Piqueras Cotolí que llega en 1919 al Perú a encargarse de la enseñanza de escultura en la Enba –creador de un estilo llamado “neoperuano”, mezcla de elementos hispanos y precolombinos–, y del húngaro Lajos D’Ebneth, quien llega a Lima en la década del 50, pueden agregarse los de Artemio Ocaña (Ancash 1894-Lima 1980), formado en la Academia Concha y especializado en la Real Academia de Bellas Artes de Roma; Daniel Casafranca (Lima 1900-1943), con marcada

Artes y letras inclinación a las figuras indígenas; y Joaquín Ugarte y Ugarte (Arequipa 1917), quien ejerció a la vez la crítica de arte. Entrando a la segunda mitad del siglo XX, destacan los nombres de Miguel Baca Rossi (Chiclayo 1917-1987), cuya atención estuvo centrada en la figura humana y en animales como el caballo de paso y el toro de lidia; Cristina Gálvez (Lima 19191982), a la vez brillante dibujante, orientada al expresionismo, con caballos (símbolos de vitalidad) y toros (representando a la violencia y a la muerte) como temas recurrentes; Joaquín Roca Rey (Lima 1923), cuyos trabajos semejan bestiarios con reminiscencias góticas; Carlos Bernasconi (Lima 1924), quien es además de escultor, ceramista y orfebre, muy cercano a las artes tradicionales y populares peruanas; y Amelia Weiss (Moyobamba 1925), egresada en 1966 de la Enba. Radican fuera del país Alberto Guzmán (Piura 1927), en Francia desde 1959, combina con habilidad el bronce, el aluminio, el mármol y el acero inoxidable; y Emilio Rodríguez Larraín (1927), quien es también arquitecto y pintor, viviendo desde hace más de 30 años en distintas ciudades de Europa y Estados Unidos. Se aprecia en su obra una constante tensión entre su rigurosa formación visual y su iniciativa siempre innovadora, en pugna con las reglas y las corrientes más ortodoxas. Otros nombres destacados son los de Víctor Delfín (Piura 1927), conocido por sus series de aves y caballos, quien se ini-

Ritmo en tres por Joaquín Roca Rey (Museo de Arte de Lima), quien reside en Italia desde 1965.

cia en la escultura reciclando chatarra; Armando Varela (Lima 1933), quien viaja becado a Francia y estudia luego en Londres; Álvaro Núñez Rebaza (Arequipa 1943) de formación autodidacta, bajo la guía de su padre, el pintor Teodoro Núñez Ureta, son muy conocidas sus esculturas policromadas sobre palillos de fósforos; Benito Rosas, que trabaja en madera, piedra y bronce; la huancaína Margarita Caballero, quien vive en París desde 1976; Susana Roselló, becada a Roma, luego de su egreso de la Facultad de Arte de la PUC en 1970; y Sonia Prager, cuyas esculturas se distinguen por la peculiar combinación y recontextualización de materiales adicionales, como maderas y cuerdas.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariategui y César Vallejo en esculturas de Miguel Baca Rossi. En junio de 1997 se realizó una retrospectiva de 50 años de su obra en el Centro Cultural de Bellas Artes.

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Artes y letras De la década del cincuenta son Margarita Checa (Lima 1950), quien desde sus inicios en la segunda mitad de los años setenta, se interesó en el cuerpo humano, en contra de la corriente abstracta que imperaba en ese momento; y Johanna Hamann (Lima 1954), que trabaja dentro de la corriente expresionista. Egresados de la Facultad de Arte de la PUC son Javier Aldana (Lima 1960), con interesantes piezas en mármol y metal, también dentro de la tónica expresionista; Haroldo Higa (1969), de original y particular sentido lúdico; Aldo Chaparro, quien vive en México desde 1991 y explora materiales no convencionales como el aluminio, los plásticos, el poliuretano y las resinas; Ana Orejuela, que trabaja piezas en madera inspiradas en la pintura gótica; y Claudia Salem, de origen árabe, que expuso en 1998 bustos de gran colorido con motivos del Medio Oriente. Luis Sifuentes afirma emplear el mármol y el granito para expresar el paradigma de la dualidad andina: el mármol claro y liviano enfrentado al granito oscuro y denso; Silvia Westphalen, cuyo material preferido es el mármol, realizó en 1997 una retrospectiva de diez años de actividad.

Javier Aldana en su taller en Lima. El mármol y el fierro son algunos de sus materiales preferidos, buscando en su combinación “simular áreas de luz en la escultura”.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

CERÁMICA En la década de los ochenta el trabajo con cerámica empieza a cobrar un gran auge, asociado quizás a la aún reciente efervescencia ideológica de los setenta y a la inquietud de reconocerse artísticamente en un elemento que se había trabajado desde épocas prehispánicas. Existían formalmente unos cuantos talleres y las muestras de cerámica empiezan a tener cabida en los circuitos formales de exhibición. Entre los nombres más destacados de la cerámica contemporánea se hallan los del cuzqueño Edilberto Mérida, cuyas imágenes –predominantemente cristos de rostro indígena, ni1224

ños y las denominadas “mamachas”– se caracterizan por la deformación de pies y manos; Félix Oliva (Lima 1932), quien es a la vez pintor; José Luis Yamunaqué (Piura 1951), con visible influencia de elementos precolombinos en su trabajo; Sonia Céspedes, con más de veinte años como ceramista; Víctor Manuel Juárez, conocido como “Llinqa Rimaqchiq” (el que hace hablar a la arcilla); Patricia Camet, ceramista y grabadora, formada en la Rhode Island

Para Runcie Tanaka el sentido de corporalidad está presente tanto en el ceramista como en el escultor.

Artes y letras School of Design; Grimanesa Neuhaus, quien incluye frecuentemente en sus trabajos flores propias del Perú, como la cantuta, el jazmín y la campanilla. El huancavelicano Ponciano Flores, gracias a una beca, se formó en el instituto de arte estatal de la casa de cerámica Richard Ginore, una famosa empresa que trabaja la porcelana, en Florencia

(Italia). Allí estuvo con el también destacado ceramista Carlos Runcie Tanaka (Lima 1958), quien ha alcanzado una notable madurez expresiva y se halla dedicado actualmente a un sorprendente trabajo en el cual es difícil distinguir los límites entre la cerámica y la escultura, en busca del uso total del espacio como medio de expresión.

LITERATURA

La mayoría de especialistas concuerda en el establecimiento de tres hitos principales dentro del quehacer literario del siglo XX en el Perú: la publicación en 1911 del poemario Simbólicas de José María Eguren, con el cual el modernismo alcanza su más depurada y exquisita expresión local; la aparición de Trilce de César Vallejo en 1922, experiencia límite –hasta hoy no igualada– en la renovación del lenguaje poético; y el surgimiento de los narradores de la llamada “generación del 50” (principalmente Julio Ramón Ribeyro y Carlos Eduardo Zavaleta), que transformaron totalmente la literatura peruana y dieron inicio a la narrativa de tema urbano.

EL “INDIGENISMO” LITERARIO

(Requena 1904-Lima 1970), Arturo Burga Freitas (Iquitos 1909-Nueva York 1976) y, un poco más tarde, por Francisco Izquierdo Ríos (Saposoa 1910-Lima 1981). La poesía también reflejó esta suerte de “nativismo”, siendo Mario Florián (Cajamarca 1917) quien mejor lo desarrolla, abandonando los rebuscamientos modernistas para retomar el expresivo y sencillo lenguaje de la poesía tradicional española y de la tradición oral quechua. La obra de José María Arguedas se caracteriza por su incesante búsqueda de una interpretación de la realidad del Perú que armonizara sus vivencias personales del mundo indígena con su formación como científico social.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

En 1941 habían aparecido dos grandes novelas: El mundo es ancho y ajeno, “última obra completa” de Ciro Alegría (Huamachuco 1909-Lima 1967), y Yawar fiesta, la primera de José María Arguedas (Andahuaylas 1911-Lima 1969). Basadas ambas en la temprana vivencia del mundo rural por parte de sus autores, presentan desde distintas perspectivas la dura realidad vivida y sufrida cotidianamente por los campesinos andinos. Este tipo de narrativa tuvo su correlato en la selva, representado principalmente por la obra de Arturo D. Hernández

Nutrido de los cuentos populares aprendidos de los peones de las haciendas donde creció, Alegría muestra a los campesinos en su lucha cotidiana por dominar la naturaleza.

Artes y letras Los relatos de Julio Ramón Ribeyro estan impregnados de un cierto fatalismo, basado en la certeza de que todos los empeños humanos son inútiles a priori, pues les espera inevitablemente el fracaso. Según Fernando Silva Santisteban, “el gran éxodo migratorio de la población rural hacia las ciudades de la costa, particularmente hacia Lima, caracterizó la fisonomía social, urbana y política” de la década del 50 y las sucesivas.

LA NARRATIVA URBANA La novela como género autónomo había llegado a su madurez, pero –tal como había ocurrido poco antes en las artes plásticas– el tema indigenista o agrario empezaba a agotarse. Paralelamente, como consecuencia de la crisis de la economía agraria de la sierra, gran cantidad de migrantes ocupó Lima, ciudad que en los años 50 inicia un repentino y acelerado proceso de cambios demográficos, urbanísticos y socioculturales.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Uno de los primeros en introducir técnicas narrativas anglosajonas en sus relatos es Carlos Eduardo Zavaleta, quien también tiene un sólido prestigio como traductor.

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Este “cambio de faz” urbano encontró también su lugar –y su cabal expresión– en la literatura, tal como había dejado huella en el quehacer de otros artistas. De otro lado, con la creciente llegada de obras literarias norteamericanas y europeas se introducen nuevas técnicas narrativas; así, en el Perú, surge la llamada “generación del 50”, grupo de escritores que se orienta decididamente al tratamiento de los temas urbanos. Dentro de esta generación se aprecian en un inicio dos grandes tendencias: una “neoindigenista”, representada por Eleodoro Vargas Vicuña (Tarma 1924-Lima 1997) y Carlos Eduardo Zavaleta (Caraz 1928), quienes tratan de mantener y vigorizar la narrativa agraria y provinciana; y otra “neorrealista”, con Julio Ramón Ribeyro (Lima 1929-1994) y Enrique Congrains (Lima 1932), cuyos protagonistas son ya los personajes urbanos (los nuevos grupos y actores sociales), con todas sus características y problemas propios. Otros narradores que corresponden cronológicamente a esta generación son Marcos Yauri Montero (Huaraz 1930), ganador del premio Casa de las Américas en 1974, y Luis Loayza (Lima 1934), escritor de fina prosa pero de irregular producción.

VERTIENTES DE LA POESÍA La poesía afronta sus propios cambios y evoluciones en los años 50, definiéndose dos grandes vertientes poéticas, más temáticas que formales: la llamada “poesía social” –comprometida con la acción política– y la “poesía pura”.

Artes y letras Los primeros poemas de Manuel Scorza están nutridos de las experiencias de su juvenil militancia política.

Juan Gonzalo Rose evoluciona poéticamente del verso insurgente a un estilo intimista y personal.

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Aunque en muchos casos la “poesía social” incu- riendo en cambio el tema amoroso y la poesía lírica; rrió en una excesiva simplificación y “prosificación” o Leopoldo Chariarse (Chiclayo 1928), que inscridel verso, ha dejado también obras memorables, co- be su obra en una tradición literaria universal antes mo las de Gustavo Valcárcel (Arequipa 1921-Lima que local. 1992), Alejandro Romualdo (Trujillo 1926), Pablo Guevara (Lima 1930), Juan Gonzalo Rose (Tacna LOS 60: REVOLUCIONES Y MADUREZ 1928-Lima 1983) y Manuel Scorza (Lima 1928-Ma- LITERARIA drid 1983). El año 1945, cuando es elegido presidente de la A nivel continental, la década del 60 se inicia República don José Luis Bustamante y Rivero, es con la toma de poder de Fidel Castro (1959) y culconsiderado como el punto de partida cronológico mina con la elección y ascenso a la presidencia de de la trayectoria de los poetas denominados “puros” Chile de Salvador Allende (1970), representante de como Jorge Eduardo Eielson (Lima 1921), Javier grupos socialistas y comunistas. Para el Perú, los Sologuren (Lima 1921), Sebastián Salazar Bondy hechos relevantes –según Mirko Lauer– son los mo(Lima 1924-1965) y Blanca Varela (Lima 1926). vimientos campesinos de protesta, el golpe militar Hay algunos casos esde 1968 y la reforma peciales en este panorama agraria de 1969. poético: aquellos que preArtistas e intelectuales fieren temas más personaperuanos seguían con les (aunque en determinaatención los acontecido momento hacen algo de mientos internacionales, “poesía social”) como Carasí como sus repercusiolos Germán Belli (Lima nes en la situación conti1927) y Washington Delnental y del país. Demosgado (Cuzco 1927); o tración de la influencia Francisco Bendezú (Lima de estos hechos es el caso 1928) quien, a pesar de de Javier Heraud (Lima haberse mantenido siem1942-Puerto Maldonado pre en una postura noto1963), quien lleva su riamente simpatizante con compromiso político hasBlanca Varela combina temas profundos e íntimos el comunismo, no escribió ta la acción armada. Su –como el desencanto vital y la frustración– poemas “sociales”, prefiescritura clara y transpacon la espontaneidad expresiva.

Artes y letras Javier Heraud (1942-1963). Su temprana muerte impidió la madurez de una poética de alta calidad lírica.

rración histórica; Antonio Gálvez Ronceros (Chincha 1932), quien introduce la cotidianidad del poblador rural negro costeño como tema literario; y Oswaldo Reynoso (Arequipa 1932), integrante del grupo “Narración”, con una visión ácida de la realidad peruana. A propósito del grupo “Narración”, constituido en 1966 con la publicación de la revista del mismo nombre, muchos de sus integrantes, que defendían la postura del compromiso social del escritor, consiguieron posteriormente su plena consagración literaria. Entre ellos estaban, además de Reynoso, Miguel Gutiérrez, Gregorio Martínez, Hildebrando Pérez Huarancca, Roberto Reyes y Augusto Higa.

MOVIMIENTOS CONTESTATARIOS Y POESÍA rente constituye una especie de puente entre las generaciones del 50 y 60: era el primer anuncio de la poesía “confesional”, de verso libre y lenguaje coloquial, que se desarrollaría ampliamente durante los años 60. La figura central en la narrativa de esta década es Mario Vargas Llosa (Arequipa 1936), quien asimila las experiencias de los narradores de la década anterior y las lleva a su culminación, convirtiéndose en un virtuoso de las nuevas técnicas narrativas. Entre los numerosos galardones internacionales que ha merecido se cuenta el premio Miguel de Cervantes, que le fuera otorgado en 1995. Publican por esta época Carlos Thorne (Lima 1926), quien incursionará posteriormente en la na-

La poesía de los años 60, influida también por la coyuntura de la época, va a marcar grandes diferencias con la de la década anterior. Por ejemplo, el uso de prosaísmos será en ella más continuado, siendo asimismo notable que estos poetas, a pesar de compartir numerosas vivencias e ideales comunes, poseen una marcada independencia expresiva entre sí, con diferentes parámetros estéticos, temas dispares y estilos muy personales. Podemos considerar a Antonio Cisneros (Lima 1942) como el poeta más representativo de la poética de los 60; es también el integrante de esta generación que ha alcanzado mayor difusión internacional.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Mario Vargas Llosa, uno de nuestros escritores más laureados. Su más reciente galardón es el XIII Premio Internacional Menéndez Pelayo, que le fuera otorgado en junio de 1998, “por el nivel máximo de excelencia de creación intelectual” que ha logrado en su obra.

Marco Martos, la voz intimista de su generación, es también un reconocido crítico literario.

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Artes y letras Otros destacados exponentes son: Arturo Corcuera (Trujillo 1935), uno de los que ha publicado con mayor regularidad; César Calvo (Iquitos 1940), que empató con Javier Heraud el primer lugar del concurso “El Poeta Joven del Perú” en 1960; Rodolfo Hinostroza (Lima 1941), constructor de una poesía “intelectual”; Luis Hernández (Lima 1941-Buenos Aires 1977), uno de los primeros tributarios de los poetas “beatniks” norteamericanos; Marco Martos (Piura 1942), la voz intimista de su generación, aunque no descarta el ejercicio de un sarcástico sentido del humor; y Juan Ojeda (Chimbote 1944-Lima, 1974), fallecido prematuramente. Poetas del período son también Juan Cristóbal (1941), seudónimo de José Pardo del Arco; Winston Orrillo (Lima 1941), que puede ser considerado, por su temática y estilo, como un “poeta urbano”; Hildebrando Pérez Grande (Lima 1941), quien recoge en muchos de sus poemas las formas tradicionales peruanas; Julio Ortega (Casma 1942), actualmente dedicado a la docencia universitaria en Estados Unidos; Mirko Lauer (Checoslovaquia 1947), quien ejerce también la crítica de arte y el periodismo de opinión; y Omar Aramayo (Puno 1947), poeta, narrador, pintor y cineasta, entre otros.

(Chepén 1941), ganador del premio de cuento Juan Rulfo en 1998; Gregorio Martínez (Nazca 1942), escritor de marcada heterodoxia lingüística; Harry Beleván (Lima 1945), diplomático de carrera, uno de los pocos narradores que se adscriben a la corriente de lo fantástico; y Augusto Higa (Lima 1947), que retrata el mundo de las pandillas juveniles y los callejones.

LA POÉTICA DE LO COTIDIANO

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Durante la década del 70, la poesía peruana adquiere caracteres bastante definidos: el “prosaísmo” se instala plenamente, apreciándose en muchas ocasiones un carácter narrativo épico. Los poetas de este periodo iniciaron un movimiento de vanguardia, análogo al surgido en Europa a principios de siglo, representado principalmente por el movimiento “Hora Zero”, grupo que planteaba la necesidad de romper con todo lo hecho anteriormente para renovar las letras peruanas. “Hora Zero” estuvo integrado mayormente por poetas procedentes de pequeñas ciudades provincianas y de los sectores más empobrecidos de la pequeña burguesía, lo que los agrupaba solidariamente en una cerrada oposición al “sistema” (Jorge Pimentel, Juan Ramírez Ruiz, Mario Luna, Jorge Nájar, Tulio Mora, Eloy Jáuregui, LOS NARRADORES DE LOS 70 entre otros). Otras agrupaciones poéticas fueron “Gleba” –liDurante esta década se afianzan las carreras literarias de Julio Ramón Ribeyro y Mario Vargas Llosa geramente anterior–, conformada por estudiantes e iniciando el período, en 1970, aparece Un mundo de la Universidad Federico Villarreal, entre ellos Ripara Julius, la primera novela de Alfredo Bryce cardo Falla y Manuel Morales; “Estación Reunida”, Echenique (Lima 1939), retrato de la vida de la alta que editaba la revista homónima y congregó en torburguesía, que mereció el elogio unánime de la crí- no suyo a un compacto grupo de poetas sanmarquitica. Su obra posterior no ha hecho sino ratificar su nos, como Elqui Burgos, José Rosas Ribeyro y Óscar Málaga; “Piélago”, también ubicación consagratoria en la de estudiantes de San Marnarrativa latinoamericana. cos; y “La Sagrada Familia” Destacan también José Hiintegrado, entre otros, por dalgo (Pisco 1934), ganador Enrique Sánchez Hernani, del premio de novela UniverRoger Santiváñez, Edgar so en 1973; José Antonio BraO’Hara, Dalmacia Ruiz Rosas vo (Tarma 1937), con gran y Oscar Malca. Las publicafacilidad para retener y cociones periódicas más notamunicar imágenes; Guillerbles de esta etapa por su conmo Thorndike (Lima 1940), tinuidad, así como por la cacultivador del reportaje nalidad de su contenido, han sirrativo de actualidad; José do Haraui, dirigida hasta la Urteaga Cabrera (Cajamarca fecha por Francisco Carrillo, 1940), que plantea interesane Hipócrita Lector, que dirites exploraciones en la esLuego de más de treinta años de residencia en tructura formal de sus obras; Europa, Alfredo Bryce ha retornado definitivamente gían Marco Martos e Hildebrando Pérez. Eduardo Gonzáles Viaña al Perú.

Artes y letras

ETAPA CONTEMPORÁNEA

Abelardo Sánchez León autocalifica su poesía como “tremendamente personal, de imágenes secas”. También ha incursionado en la novela.

Poetas destacados de esta generación son Ricardo Silva Santisteban (Lima 1941), cultor del verso clásico; Jorge Pimentel (Lima 1944), promotor del movimiento “Hora Zero” y ganador del premio Casa de las Américas en 1973; José Watanabe (Trujillo 1946), quien prefirió mantenerse apartado de los grupos contestatarios de su generación; Abelardo Sánchez León (Lima 1947), considerado uno de los poetas más dotados de su generación y una especie de “puente generacional” entre los poetas del 60 y del 70; Tulio Mora (Huancayo 1948), quien imprime a sus poemas un tono narrativo épico, experimentando también con el uso de varios niveles de lenguaje; Feliciano Mejía (Apurímac 1948), también de “Hora Zero”, que emplea preferentemente la prosa poética; José Rosas Ribeyro (Lima 1949), director de la revista Estación Reunida y uno de los iniciadores de la actitud vital que caracterizaría a los poetas del 70; Ricardo González Vigil (Lima 1949), cuya poesía está teñida de una visible veta mística; Enrique Verástegui (Lima 1950), principal fundador del movimiento “Hora Zero” y uno de los poetas más representativos de su generación; Mario Montalbetti (Lima 1953), integrante del consejo editorial de la revista Hueso Húmero, poeta cultista, a pesar de su lenguaje cotidiano; y Edgar O’Hara (Lima 1954), uno de los más activos animadores del grupo “La Sagrada Familia” y de sus revistas, se ha dedicado también a la crítica y la antología. Mención especial requiere María Emilia Cornejo (1949 -1972), cuya escritura sería precursora de la poesía hecha por mujeres en la década siguiente. Sus textos, directos y muy sentidos, son un testimonio de la peculiar cosmovisión y sensibilidad femeninas.

LOS NUEVOS NARRADORES Cabe recordar que la mayor parte de los escritores que empieza a publicar oficialmente en la década de los 80 y que continúan activos hasta la fecha 1230

son todavía relativamente jóvenes, nacidos entre 1950 y 1960; es decir, que vivieron su adolescencia y juventud durante los años 70, época inquieta, contestataria y llena de cambios. Casos singulares son los de Luis Rey de Castro (Arequipa 1930), que publica su primer libro de cuentos recién en 1993, aunque ya había obtenido diversos premios como el de la Feria del Libro Ricardo Palma en 1972; Edgardo Rivera Martínez (Jauja 1933), quien aunque empieza a publicar desde 1962 obtiene unánime reconocimiento en los 80, habiendo sido elegida su novela País de Jauja (1993) como la mejor de la década del 90; Miguel Gutiérrez (Piura 1940), que luego de un largo silencio creativo publica en 1991 La violencia del tiempo, ambiciosa novela que abarca casi un siglo de la historia de una familia piurana, la de los Villar, y en consecuencia cien años de la historia del país; y Luis Enrique Tord (Lima 1942), quien incursiona en el relato histórico hacia la segunda mitad de la década del 80. Los principales escritores surgidos en esta época son Fernando Ampuero (Lima 1949), que ejerce también el periodismo; Cronwell Jara (Piura 1950), en cuya narrativa, de corte naturalista, hay una gran presencia del entorno rural y del habla popular; Carlos Orellana (Callao 1950), de plausible incursión también en la narrativa; Mariella Sala (Lima 1952), que imprime en sus relatos la visión y sensi-

La saga de los Villar en La violencia del tiempo de Miguel Gutiérrez es también una oportunidad de profundizar en toda una época de la historia nacional.

Artes y letras bilidad femeninas; y Augusto Tamayo San Román (Lima 1953), quien hace gala de una prosa clara dedicada a universos fantásticos. Notables cuentistas son Alonso Cueto (Lima 1954), quien se aleja deliberadamente de las influencias del indigenismo y del realismo urbano, con un lenguaje limpio y preciso; Guillermo Niño de Guzmán (Lima 1955), autor de relatos realistas, con recursos que van desde la descripción más cruda de la realidad urbana hasta el uso de la caricatura irónica; y Luis Nieto Degregori (Cuzco 1955), en cuya temática ocupan lugar importante los sucesos históricos. Merecen mencionarse igualmente los nombres de Alejandro Sánchez Aizcorbe (1952), Carlos Schwalb (1953), Guillermo Altamirano (1955) y Rafael Moreno Casarrubios (1959).

LA POESIA DE LOS 80 Y 90

LA GENERACIÓN LITERARIA MÁS JOVEN Aunque resulta un poco prematuro hacer un balance de los narradores más jóvenes, es posible señalar algunos nombres como los de Mario Ghibellini (Lima 1960), autor de relatos de corte realista; Carlos Herrera (Arequipa 1961), cuyo universo narrativo es “rico en símbolos”; Fernando Iwasaki (Lima 1961), quien pretende desmitificar la imagen idealizada de la Lima colonial; Mario Bellatín (Lima 1965), cuyos personajes son seres anónimos en situaciones trágicas; Jaime Bayly (Lima 1965), premiado con el Herralde de Novela por La noche es virgen; Javier Arévalo (Lima 1965), quien proviene del periodismo; Óscar Malca (Lima 1968), cuya temática aborda la realidad de los

Iván Thays ha publicado recientemente El viaje interior, novela con la que confirma la madurez de su prosa, intensamente simbólica y lírica.

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ETAPA CONTEMPORÁNEA

Los años 80 se caracterizan por la aparición y el notable incremento de la poesía escrita por mujeres, especialmente sobre temas eróticos. Esta tendencia, iniciada discretamente en el decenio anterior por María Emilia Cornejo, constituye el correlato literario de la rebeldía femenina contra las convenciones sociales restrictivas y una respuesta a su creciente necesidad de identificarse como mujeres. Carmen Ollé (1947) es sin duda la poeta más destacada de esta “promoción femenina”. Su primer libro, Noches de adrenalina (1981), aunque fue bien recibido por la crítica, causó revuelo por sus textos explícitos y su carácter de testimonio crudo –aunque preciso– y casi visceral. En la misma vertiente se inscriben Ana María Gazzolo (Lima 1951), Giovanna Pollarolo (Tacna 1952), Marcela Robles (Lima 1952), Inés Cook (Lima 1956), Mariela Dreyfus (Lima 1960), Rosella di Paolo (Lima 1960), Patricia Alba (Lima 1960) y Rocío Silva Santisteban (Lima 1963). Pero no fueron sólo las mujeres y su discurso de liberación lo que marcó la poética de estas décadas. Caben nombres como los de Luis La Hoz (Lima 1949), que concentra selectivamente la experiencia y la sensación en unas pocas palabras

o frases, breves y luminosas; Carlos López Degregori (Lima 1952), explorador del lado oscuro del alma humana; Jaime Urco (Jauja 1952), ganador del premio bienal de poesía de la Asociación Cultural Peruano-Japonesa en 1994; Enrique Sánchez Hernani (Lima 1953), considerado uno de los más talentosos y creativos poetas de su generación; Jorge Eslava (Lima 1953), quien trabaja últimamente una línea “cultista”, erudita; Oswaldo Chanove (Arequipa 1954), otro poeta “cultista”, su lenguaje expresa una peculiar relación entre imágenes oníricas y frases de construcción casi coloquial; Roger Santiváñez (Piura 1957), principal animador del grupo “La Sagrada Familia” y posteriormente de “Kloaka”; Eduardo Chirinos (Lima 1960), poeta de escritura hermética; Domingo de Ramos (Ica 1960), pionero de la temática marginal urbana; y José Antonio Mazzoti (Lima 1961), de quien se ha enfatizado el barroquismo de su lenguaje. Entre los novísimos nombres de la poesía podemos citar a Luis Fernando Chueca, Doris Bayly, Josefina Barrón, Tatiana Berger, Cecilia Madueño, Carolina Ocampo y Martín Rodríguez Gaona.

Artes y letras amigos del barrio de clase media; Iván Thays (Lima 1968), que cultiva el cuento y la novela; Selenco Vega (Lima 1971), ganador de la edición 1995 del “Cuento de las mil palabras” de Caretas; Raúl Tola (Lima 1975), cuyos protagonistas son los adolescentes marginales; y Sergio Galarza (Lima 1976), con provocadores relatos. Un impresionante grupo de mujeres, no necesariamente coetáneas, ha incursionado últimamente tanto en el relato corto como en la novela, reno-

vando el discurso narrativo más reciente, destacando nítidamente Laura Riesco (La Oroya 1940), con su Ximena de dos caminos (1994). Como muestra de lo afirmado, mencionamos algunos de los títulos publicados en 1998: Me envolverán las sombras de Leyla Bartet, La espera posible de Grecia Cáceres, Cuando todo iba bien de Liliana Costa, Puñales escondidos de Pilar Dughi, Yo me perdono de Fietta Jarque, La mentira de un fauno de Patricia de Souza y En la cresta de la ola de Violeta Váscones.

ETAPA CONTEMPORÁNEA

PROTOCOLO DE PAZ, AMISTAD Y LÍMITES ENTRE PERÚ Y ECUADOR Los gobiernos del Perú y del Ecuador, deseando dar solución a la cuestión de límites que por largo tiempo los separa, y teniendo en consideración el ofrecimiento que les hicieron los gobiernos de los Estados Unidos de América, de la República Argentina, de los Estados Unidos del Brasil y de Chile, de sus servicios amistosos para procurar una pronta y honrosa solución del problema y movidos por el espíritu americanista que prevalece en la Tercera Reunión de Consultas de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, han resuelto celebrar un Protocolo de Paz, Amistad y Límites en presencia de los representantes de esos cuatro gobiernos amigos. Para este bien intervienen los siguientes plenipotenciarios: Por la República del Perú, el señor doctor Alfredo Solf y Muro, ministro de Relaciones Exteriores; y Por la República del Ecuador, el señor doctor Julio Tobar Donoso, ministro de Relaciones Exteriores; Los cuales, después de exhibidos los plenos y respectivos poderes de las partes, y habiéndolos encontrado en buena y debida forma, acordaron la suscripción del siguiente Protocolo: Artículo I: Los gobiernos del Perú y Ecuador afirman solemnemente su decidido propósito de mantener entre los dos pueblos relaciones de paz y amistad, de comprensión y de buena voluntad, y de abstenerse, el uno respecto del otro, de cualquier acto capaz de perturbar esas relaciones. Artículo II: El Gobierno del Perú retirará, dentro del plazo de 15 días, a contar de esta fecha, sus fuerzas militares a la línea que se halla descrita en el artículo VIII de este Protocolo. Artículo III: Estados Unidos de América, Argentina, Brasil y Chile cooperarán, por medio de observadores militares, a fin de ajustar a las circunstancias la desocupación y el retiro de tropas en los términos del artículo anterior. Artículo IV: Las fuerzas militares de los dos países quedarán en sus nuevas posiciones hasta la demarcación definitiva de la línea fronteriza. Hasta entonces, el Ecuador tendrá solamente jurisdicción civil en las zonas que desocupará el Perú, que quedan en las mismas condiciones en que ha estado la zona desmilitarizada del Acta de Talara. Artículo V: La gestión de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile continuará hasta la demarcadación definitiva de las fronteras entre el Perú y el Ecuador, quedando este Protocolo y su ejecución bajo la garantía de los cuatro países mencionados al comenzar este artículo. Artículo VI: El Ecuador gozará, para la navegación en el Amazonas y sus afluentes septentrionales, de las mismas concesiones de que gozan el Brasil y Colombia, más aquellas que fueren convenidas en un Tratado de Comercio y Navegación destinado a facilitar la navegación libre y gratuita en los referidos ríos. Artículo VII: Cualquier duda o desacuerdo que surgiere sobre la ejecución de este Protocolo será resuelto por las partes con el concurso de los representantes de Estados Unidos, la Argentina, Brasil y Chile, dentro del plazo más breve que sea posible. Artículo VIII: La línea de frontera será referida a los siguientes puntos: A) En el Occidente: 1) Boca de Capones en el Océano;

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2) 3) 4) 5) 6) 7)

Río Zarumilla y Quebrada Balsamal o Lajas; Río Puyango o Tumbes hasta la Quebrada de Cazaderos; Cazaderos; Quebrada de Pilares y del Al amor hasta el río Chira; Río Chira, aguas arriba; Ríos Macará, Calvas y Espíndola, aguas arriba, hasta los orígenes de este último en el Nudo de Sabanillas; 8) Del Nudo de Sabanillas hasta el río Canchis; 9) Río Canchis en todo su curso, aguas abajo; 10) Río Chinchipe, aguas abajo, hasta el punto en que recibe el río San Francisco; B) En el Oriente: 1) De la Quebrada de San Francisco, el divortium aquarum entre el río Zamora y el río Santiago hasta la confluencia del río Santiago con el Yaupi; 2) Una línea hasta la boca del Bobonaza en el Pastaza. Confluencia del río Cunambo con el Pintoyacu en el río Tigre; 3) Boca del Cononaco en el Curaray, aguas abajo, hasta Bellavista; 4) Una línea hasta la boca del Yasuni en el río Napo. Por el Napo, aguas abajo, hasta la boca del Aguarico. 5) Por éste, aguas arriba, hasta la confluencia del río Lagartococha o Zancudo con el Aguarico; 6) El río Lagartococha o Zancudo, aguas arriba, hasta sus orígenes, y de allí una recta que vaya a encontrar el río Güepi y por éste hasta su desembocadura en el Putumayo y por el Putumayo arriba hasta los límites del Ecuador y Colombia. Artículo IX: Queda entendido que la línea anteriormente descrita será aceptada por el Perú y el Ecuador para la fijación, por los técnicos, en el terreno, de la frontera entre los dos países. Las partes podrán, sin embargo, al procederse a su trazado sobre el terreno, otorgarse las concesiones recíprocas que consideren convenientes, a fin de ajustar la referida línea a la realidad geográfica. Dichas rectificaciones se efectuarán con la colaboración de representantes de los Estados Unidos de América, República Argentina, Brasil y Chile. Los gobiernos del Perú y del Ecuador someterán el presente Protocolo a sus respectivos Congresos, debiendo obtenerse la aprobación correspondiente en un plazo no mayor de 30 días. En fe de lo cual, los plenipotenciarios arriba mencionados firman y sellan, en dos ejemplares, en castellano, en la ciudad de Río de Janeiro, a la una hora del día veintinueve de enero del año mil novecientos cuarenta y dos, el presente Protocolo, bajo los auspicios de Su Excelencia el Señor Presidente del Brasil y en presencia de los señores ministros de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Brasil y Chile y del subsecretario de Estado de los Estados Unidos de América. FIRMADO: Alfredo Solf y Muro, J. Tobar Donoso, E. Ruiz Guiñazú, Oswaldo Aranha, Juan B. Rossetti, Sumner Welles. 29 de enero 1942