¿HACE FALTA MODIFICAR LA CONSTITUCION?1 Miguel Ángel Sandoval
Antecedentes
Desde hace algunos años hay un grupo claramente pro-empresarial que llama por todos los medios a modificar la constitución política de la república de Guatemala. Con verdades a medias que parecen verdades completas, con causas que parecen justificar esta propuesta, se dicen cansados de la corrupción, con lo cual se puede estar de acuerdo. Dicen además que el Congreso y los políticos no sirven de mucho, y con ello también se puede estar de acuerdo. Hablan además que el Estado se quiere meter en todo, y con ello también se podría estar de acuerdo; pero, siempre existe un pero, en el caso de este grupo, se trata de apostar por el credo neoliberal en aras de fortalecer al mercado, debilitando de paso al Estado. Con las ideas anteriores se podría pensar en que el planteamiento de proReforma está claramente expuesto, pero seria de una insostenible superficialidad. Veamos entonces de que hablamos y cual puede ser la posición desde los sectores sociales o claramente desde los sectores políticos de izquierda y democráticos. Yendo al fondo del tema de las reformas constitucionales y de los planteamientos del grupo Pro-Reforma, es necesario subrayar que las reformas a la constitución son necesarias, pero por otras razones a las que invoca el grupo mencionado. Así en un articulo de prensa, Lizardo Sosa, subraya que “el texto constitucional es susceptible de perfeccionar y no debe considerarse como equivalente a las tablas e Moisés talladas en piedra, sino como el pacto social básico de convivencia alcanzado por las fuerzas políticas y sociales en 1984 y 1985; pacto que debe adaptarse a nuevas circunstancias, sobre todo en una realidad dinámica y cambiante como la nuestra2. Sobre la base de este punto de partida, es necesario subrayar que en año 8485, el proyecto constitucional fue impulsado desde el ejército, que los sectores sociales mayoritarios no participan del pacto que menciona Lizardo Sosa y que las fuerzas de izquierda que se encuentran alzados en armas, son por lo 1
En la elaboración de estas notas, se han utilizado como material de apoyo, columnas de opinión de: Lizardo Sosa, Luisa Reynolds, Iduvina Hernández, Mario Roberto Morales, Abner Guoz, así como material de Sonia Pérez y Ana Lucia Blas y del libro la Paz Precaria de Miguel Ángel Sandoval. También las presentaciones del Grupo Pro-reforma. Y la constitución política del Ecuador, así como la boliviana y venezolana. Asimismo la Carta Social de las Américas que es por ahora un proyecto. 2 El subrayado es de Miguel Ángel Sandoval
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menos críticas de los acuerdos alcanzados. Ello le confiere a ese texto constitucional un alcance limitado, y es por ello, que en el momento de inicio de las conversaciones de paz, los diferentes sectores se pronuncian por una reforma constitucional, que en los compromisos de los Acuerdos de Paz se hizo el acuerdo de realizar una serie de reformas a la constitución política en la cual se modificaran aspectos conflictivos o restringidos de lo acordado en el texto en 1985. Esa es la razón, entre muchas otras, de plantear una reducción del Ejército (no hay que olvidar que la constitución de 1985 se hizo con la tutela del Ejército), o que se incluyera como elementos de importancia los derechos indígenas, y la caracterización del Estado y la sociedad guatemalteca como plurales y multiétnicos, pues era lo menos que podría hacerse en aras de una mejor constitución. No se puede dejar de mencionar que en la actual constitución existe un capitulo dedicado a los derechos humanos, así como consideraciones sobre derechos sociales como educación y salud, que expresan la conciencia de los excesos cometidos por el ejército y otras fuerzas de seguridad en los años previos a su aprobación. A estos puntos se agregó otros relativos a reformas necesarias al régimen político, algunas cuestiones fiscales, sistema de justicia, y otros de menor monta, pero de manera general, con objetivo de ampliar los derechos sociales y colectivos, de una constitución redactada con las condiciones descritas. En este caso, se trataba de impulsar una reforma por parte de los sectores que en 1985 estaban excluidos del modelo creado y luego de un conflicto armado, pugnaban por el reconocimiento de derechos olvidados en esa constitución, así como sentar las bases de ulteriores desarrollos en el modelo económico y político prevaleciente en el país. Los Acuerdos de Paz. La propuesta de incluir reformas constitucionales en los Acuerdos de Paz, tiene origen en la reunión de 1990 entre los partidos políticos con representación parlamentaria y la URNG, que tuvo lugar en El Escorial, España. En el acuerdo alcanzado en esa ocasión, todos los partidos políticos se comprometieron a realizar una asamblea nacional constituyente para introducir reformas constitucionales3 y al mismo tiempo, impulsar cambios institucionales. De lejos estos propósitos fueron compartidos por los más diversos sectores sociales del país.
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Desde el Acuerdo de El Escorial han pasado ya bastantes años y el llamado a una ANC duerme el sueño de los justos. En parte se argumenta que no se puede disolver el actual congreso, que seria la condición para una ANC y entonces es la de nunca terminar. Por ello se plantea en la actualidad un conjunto de reformas sin disolver el congreso y sin llamar a una ANC. Son reformas que se harían por la vía de acuerdos parlamentarios que luego se validarían con una consulta popular. Es el mismo esquema que ya probo suerte con la consulta popular de 1999. Nota MAS.
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Lo anterior se expresa en las reuniones de Quito, en Ecuador y Metepec y Atlixco, en México. En todos los casos, religiosos, trabajadores, intelectuales, cooperativistas, campesinos, sectores de derechos humanos, entre otros, no vacilaron en apoyar las reformas constitucionales y los cambios institucionales. Todo ello sirvió como insumo indispensable a los Acuerdos de Paz. Y de manera particular para el capitulo que contenía las reformas constitucionales y los cambios institucionales. Pues había suficiente conciencia de la exclusión de muchos sectores y la urgencia de abordar las reformas a la constitución como una manera de aliviar esta situación, así como la única vía para superar parte de las causas del enfrentamiento armado de 36 años. Finalmente se firmó la paz en 1996, y se abrió un proceso de debate sobre las reformas indispensables a la constitución, que una parte de ellas fueron aprobadas por el congreso de la republica, sin embargo, el resultado de la consulta popular en 1999, dio por concluido el punto de las reformas, que aparentemente, termina con esa consulta. Es necesario anotar que las reformas propuestas en los Acuerdos de Paz si fueron aprobadas por el congreso y luego pasaron a consulta popular en donde fueron rechazadas luego de una campaña mediática exacerbando los miedos más recónditos de la sociedad guatemalteca, y la falta de campaña para su aprobación de parte de las fuerzas signatarias de los Acuerdos de Paz. Sin embargo, los temas planteados siguen con vigencia, y constituyen cambios pendientes y de relativa urgencia. Es de mediana objetividad señalarlo. Pero si no fuera suficiente la evocación de la firma de la paz y de los compromisos que se hicieron en relación con la modificación del texto constitucional, es indispensable subrayar que con la Ley Marco para los Acuerdos de Paz, aprobada recién en 2006, éstos se convierten en compromiso de Estado y como tales, deben ser impulsados para conseguir su cumplimiento.
Las tendencias de hoy
Retomando los propósitos de Lizardo Sosa en cuanto a que la actual constitución expresa un acuerdo político entre los sectores que la impulsan en 84-85, queda claro que con la firma de la paz y de la creciente toma de conciencia de diferentes sectores en cuanto sus derechos, estaríamos ante la necesidad de hacerle modificaciones al viejo texto constitucional. Es por ello que desde diversos sectores sociales el debate sobre la necesidad o pertinencia de cambios a la constitución o de una asamblea nacional constituyente, está a la orden del día, aunque por supuesto partiendo de premisas diferentes a las que planea el modelo neoliberal. Por lo indicado se puede concluir que desde la perspectiva del movimiento social y desde los sectores de izquierda hay una tendencia proclive a retomar el tema de las reformas constitucionales y por ello es de indudable interés discutir ahora cual es la posición que se puede asumir hoy día en relación con
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las reformas que la constitución necesita, y de manera particular ante el planteamiento de los empresarios agrupados en el llamado Pro-Reforma, que no limitan su planteamiento a reformas al texto constitucional, sino que agrega un componente novedoso que es el cambio de modelo político. Sin embargo no es muy claro cuales son las reformas que se plantean en la actualidad, y cual es el sentido de las mismas. Y junto a lo anterior, cuales son las propuestas de modificación del sistema político que se plantea. Como se puede ver, hay mar de fondo en las propuestas del grupo empresarial que como se señala, desde hace varios años intenta convencer de la necesidad de dichas reformas, y de lo oportuno que serían las mismas para el mejor funcionamiento del sistema político de nuestro país, que en verdad no funciona nada bien. Además, habría la intención de montarse sobre la ola de reformas constitucionales que tienen lugar en varios países del continente como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Esto a partir de la idea de dotar a los cambios propuestos por el grupo Pro-Reforma, de un contexto favorable, e incluso de simpatías ante el viento favorable que viene del sur. Aunque lo que parece mas cercano a la realidad es la idea de anticiparse para no permitir lo mismo en nuestro país. Aquí hace falta subrayar que en los casos de las reformas a las constituciones de los países mencionados, se refleja un cambio de correlación de fuerzas políticas que ha tenido lugar en esos países. Aunque es bueno anticipar, que las reformas constitucionales que se han realizado en varios países de América del Sur, tienen un signo distinto al propuesto por el grupo Pro-Reforma. En el caso de las reformas que vienen del sur, hay un esfuerzo por ampliar los derechos sociales, de fortalecer la soberanía nacional, de fortalecer los estados respectivos o de reconocer de manera amplia la diversidad cultural y de manera particular los derechos indígenas conculcados a lo largo y ancho del continente. A titulo de ejemplo, cito el artículo numero uno de la nueva constitución política del Ecuador que dice de manera textual: “El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través del poder público y de las formas de participación directa previstas en la constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.” Y de manera cierta se ha legislado teniendo en mente dos o tres premisas: la primera es el fortalecimiento de la soberanía nacional en estos países, la segunda es la ampliación de los derechos sociales de las personas, y la tercera es la apuesta por mayores y mejores relaciones con los países de la América Latina, o bolivariana como se usa desde la ascensión al poder de Chávez. La decisión de no permitir bases militares en el Ecuador, debe de ser analizado no como algo que podría darse a futuro o como algo hipotético, sino como la
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urgencia de que la base militar de los EEUU en manta, sea cerrada sin posibilidad futura de ser de nuevo abierta. Grupo Pro-reforma Tomando en consideración que existe en el tema de las reformas a la constitución un conjunto de aspectos que llevan a pensar en su realización, es menester ubicar la gestión del grupo llamado pro-reforma como una listura, como un intento de pasarse de vivos y aprovechar lo pendiente como algo a su favor. Se trata de un grupo de personajes ubicados en lo que ellos mismos denominan, corriente libertaria, que en realidad corresponde a la variable criolla del neoliberalismo. Manuel Ayau, empresario y fundador de la universidad Francisco Marroquín, Estuardo Zapeta o Ramón Parellada o Armando de la Torre, son algunos de los integrantes de este grupo que al origen tienen relación con centros de producción de pensamiento neoliberal, y de un grupo de escritores de medios de comunicación, que se denomina o se le conoce como Grupo Pleyade, especialmente para la elaboración de líneas de información en el trabajo que como columnistas de periódicos conservadores tienen la mayoría de sus integrantes. El grupo en su totalidad tienen como economista de cabecera a Ludwig Von Misses, cuyo ideario recomienda la supresión de toda intervención del Estado en la economía, así como toda posible participación del mismo en la regulación de las relaciones sociales. Es el mercado que proveerá de todo. Tanto la autorregulación económica, como la gobernabilidad social y política se dejan a la mano invisible del mercado, y de manera concreta se busca que los sectores económicos funcionen sin ninguna regla y sin ningún control. Se trataría entonces de una corriente guatemalteca que representa lo más rancio del pensamiento neoliberal que en el ámbito internacional esta en crisis y muchos sectores se encuentran a la búsqueda de una mejor alternativa. Ya no es el pensamiento dominante, o por lo menos, ya no se le considera con tales características. Esta afirmación es claro que funciona para otros países, que se estudia en otros países pero no en Guatemala. Queda la impresión que ola debacle del neoliberalismo y sus formulas que están en plena debacle, deja sin inmutarse a los neoliberales criollos. Y ello puede tener una explicación en el modelo guatemalteco. Como aquí no se impulsado nunca la libre competencia, ni ahora la famosa competitividad, porque se ha tratado de un especie de gran finca donde todo tiene dueño y todo se mide sin tomar en cuenta los costos y otras variables, pues entonces la crisis capitalista no permite ni siquiera reflexionar y seguimos con si nada. Al menos eso ocurre entre los neoliberales. Los ejes de la propuesta del grupo Pro-Reforma estarían alrededor de hacer de la Constitución Política cualquier cosa menos un instrumento que garantizara
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los derechos sociales, el bien común. Y por esa vía, cualquier cosa menos un acuerdo nacional entre las diferentes fuerzas políticas. En este caso se trata de aprovechar una coyuntura que esta marcada por el debilitamiento excesivo del Estado y sus instituciones para intentar sustituir lo que existe por un proyecto donde lo que predomine sea la impunidad del mercado, sin reglas, sin nada social. Es en pocas palabras, dar rienda suelta al ideario libertario o mejor dicho, neoliberal a ultranza. Solo que en este caso a partir de hacer de Guatemala una especie de isla sin ninguna clase de contaminación, del tipo que sea, pues el grupo tiene en común, una visión contraria a toda influencia extranjera, con una dosis inocultable de xenofobia que no es más que la cara oculta del racismo. Es por ello que la sola mención de los países en donde existe a pesar de todo, un estado de bienestar les provoca urticaria, sin hablar de los procesos de corte socialista en varios países en la actualidad. Llega a tal nivel su rechazo por todo lo que huela de participación del Estado, que las mismas propuestas del FMI o el BM que en la actualidad recomiendan una mayor y mejor participación del estado, la ven con profunda desconfianza. Igualmente es esa la reacción ante las claras intervenciones del estado en los países desarrollados ante el impacto demoledor de la crisis económica, especialmente en sus aspectos financieros. En ello es de importancia subrayar que en varias capitales de los países desarrollados, la opción por el economista Keynes se convierte en la una salvación a vista por los sectores de poder económicos de las economías centrales. 4 Y que en países como Japón, los textos de Marx presentan las mayores ventas en muchos años, con lo cual se da una lección a los neoliberales. Las propuestas del grupo Pro-reforma Sin hacer un análisis exhaustivo de las reformas planteadas, de las cuales existe un listado, incluso comparado, en estas notas se hace un abordaje de los contenidos conceptuales de la reforma que se propone. Y esta vía se escoge pues las reformas que en total son 72, abordan temas de lo más variado, que van desde la elección de los gobernadores a la constitución de un senado de ancianos y un congreso poco representativo, formas para la elecciones de los magistrados de la CSJ y de las diferentes salas, amen de limitar el rol del Estado en la economía y en la regulación de todo el cuerpo social. Adicionalmente el senado propuesto tendría la facultad de incidir en el nombramiento de jueces y fiscales, magistrados de corte y de sala, en suma, una especie de suprapoder que dejaría la idea del equilibrio de poderes, propia de una democracia liberal, y fundamento de su funcionamiento, al menos teórico, en el canasto de calcetines viejos. Hay sin embargo un aspecto que llama a profundas reflexiones, y es el que se refiere a la manera en que los miembros de este senado serían propuestos. Se 4
Habría que esperar las reacciones ante el anuncio de Barack Obama en cuanto a limitar los salarios de las grandes corporaciones que han solicitado el apoyo del Estado.
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trata de que comités cívicos, integrados por una generación etárea similar a la del eventual senado, quienes serian los encargados de hacer la propuesta de los candidatos a integrar ese senado. No queda claro, sin embargo, quienes harían la elección, si por voto directo, por colegios de electores, etc. Aunque es necesario subrayar, que la idea de una reforma constitucional tiene adeptos pues la urgencia de sanear la justicia cae en terreno abonado por los últimos hechos, y de manera particular la incapacidad de la CSJ de elegir a un presidente o a la luz de los fallos que reflejan impunidad; o en el mismo sentido, el escándalo financiero del congreso que tiene a los diputados como la ultima expresión de la corrupción y la negligencia, o los últimos hechos políticos ocurridos durante los últimos gobiernos, que en su conjunto avalarían una reforma. O de manera más reciente el asesinato de Rodrigo Rosemberg. Partiendo del rechazo a la clase política que tiene en el Congreso de la República su mejor vitrina negativa, el grupo Pro-Reforma propone algo que esta absolutamente de moda: la reducción del Congreso. Es la punta de lanza para una propuesta que sin duda alguna tiene simpatías, pues nadie en su sano juicio podría oponerse a una reforma del congreso o incluso a una amplia depuración, dados los escándalos que se suceden. A partir de esa premisa se aborda un conjunto de razones para hacer de una reforma constitucional algo inscrita en la necesidad de amplios sectores ciudadanos. La lógica de razonamiento es harto simple. Como los diputados son los depositarios de un texto constitucional que no sirve, y de alguna manera redactada por ellos mismos o en todo caso respaldado por ellos, hay que cambiar tanto a los diputados como el texto que les sirve de base para su mal ejercicio de la política. Y santos en paz. Es por ello que se habla de reducir los diputados al nivel que plantean los Acuerdos de Paz5. Pero de todos los cambios propuestos al texto constitucional es necesario dejar claro que la formulación que se encuentra en la base no tiene desperdicio y dice de manera textual: “La reforma devolverá su preeminencia al respeto de los derechos individuales”. Este es el punto de arranque para eliminar cualquier tipo de control estatal en cualquier orden de la vida nacional. O para suprimir toda obligación que tengan los ciudadanos o ciudadanos con la sociedad en su conjunto, para lo cual se apela al derecho individual, a la capacidad individual de salir adelante dejando de lado cualquier forma de solidaridad o compromiso social. Se le estaría quitando de un plumazo, todo lo que la actual constitución tiene de garantista, para convertirla en un instrumento de corte absolutamente neoliberal. De manera resumida los principales elementos doctrinarios que incluye la propuesta se resumen a continuación. El análisis comparado de los textos que se proponen es para otro trabajo de investigación y análisis: 5
Se debe tomar en cuenta que este es el único punto en el cual se evoca a los Acuerdos de Paz, que se consideran por este grupo como algo ilegal, y sin ninguna legitimidad. El resto no existe, no hace falta, o se rechaza, pero tomando como punto de partida que aun hay algo de legitimidad a los Acuerdos se les invoca para este propósito.
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a. Se hace una apuesta por la propiedad individual dejando de lado cualquier noción de función social de la misma. Nada hay más importante que la propiedad individual. Se trata de suprimir la idea de bien público o de bien común, para sustituirlo por el de responsabilidad individual, beneficio particular. Es por ello que por ejemplo, la tierra se acapara y no importa que los campesinos estén fuera de cualquier posibilidad para alcanzarla. En este caso se trataría de hacer de la constitución un mecanismo de garantía absoluta de la propiedad privada, lo que tendría como complemento la capacidad del nuevo orden político para desarrollar leyes más específicas que recortaran mucho más los derechos sociales y colectivos. b. Los impuestos son rechazados, particularmente el impuesto sobre la renta. Sabido es que para los neoliberales el único impuesto que podría pagarse es aquel que se le introduce al consumo, o sea el IVA, pues el mismo no afecta en ninguna medida los ingresos o el capital. Afecta solo el consumo de una manera “democrática” pues el mayor capitalista o más pobre trabajador paga lo mismo. En este caso, la idea constitucional de pago de acuerdo con los ingresos estaría suprimida. Pero además, la idea de una reforma globalmente progresiva se anula con el planteamiento de que los impuestos se emitan para fines concretos y luego se eliminan. Y por supuesto, la eliminación de los mismos quedaría de manera al juicio “democrático” a un eventual senado que no se aclara con exactitud, su integración, sectores de donde provendrían sus integrantes, y un largo etcétera, salvo que sean de 50 años en adelante. c. Con el credo neoliberal se suprime el gasto público o en el peor de los casos para quienes lo formulan, solo se reduce el gasto en servicios de salud, educación, infraestructura. Por supuesto que los gastos en seguridad si se deben mantener pues con ello se garantizan la propiedad y los negocios. Este orden de ideas quedaría aprobado con las reformas que propone el grupo Pro-Reforma. Es como bien se puede observar, una cartilla neoliberal en momentos que el mismo se encuentra en profunda crisis como lo demuestran los acontecimientos del último tiempo. El propio presidente Barack Obama, de Estados Unidos, se ha referido al fracaso del modelo neoliberal en términos bastante novedosos, incluso al decir que el sistema tiene que salvarse de él mismo; y ahora, no hay analista o economista con alguna seriedad, que no señale que los contenidos del consenso de Washington han fracasado. d. Hay en el fondo de la propuesta neoliberal una apuesta por la reducción del Estado que es considerado como algo innecesario pues “el mercado regula” el resto. Es el discurso que se escucha desde hace mucho tiempo proveniente de los partidos políticos de derecha, de los empresarios o sus intelectuales conservadores. En pocas palabras, es la receta que se ha impuesto en el mundo de la mano del consenso de Washington y de las recetas puntuales del BM. BID, y otras expresiones
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de este pensamiento que se encuentran hoy en una profunda crisis. En otro orden de ideas, lo que se ha formulado en los últimos años no solo se encuentra en una profunda crisis como se señala, sino que de parte de sus mas fervientes defensores hay un apuesta por formulas de signo contrario. Ahora se habla de fortalecer el Estado, ampliar el gasto público, etc. e. Con las propuestas de reforma constitucional del grupo pro-reforma, se suprimirían entonces, todos los controles estatales a la actividad de las empresas privadas, con lo cual, la regulación de salarios quedaría fuera de toda consideración. En el espíritu de esta propuesta se abre la puerta a la desregulación laboral, o a lo que se conoce como pago por productividad. Ni hablar del rol de los sindicatos que desde la óptica en cuestión se les considera vagos, perezosos y en el caso más agudo, como desestabilizadores o incluso, terroristas. En nuestro caso seria en cualquier esquema, la reforma del convenio 175 que desregular el trabajo a tiempo parcial. f. Es claro que con la reducción del gasto publico habría una desaparición forzada de la educación publica, de la salud publica y entonces asistiríamos a la educación o salud privadas y al manejo de estas actividades centrales en una sociedad, por los caprichos del libre mercado. Cualquier noción de función social se pierde en este caso. En pocas palabras, se tendría como resultado el planteamiento central de este grupo empresarial: “La reforma devolverá su preeminencia al respeto de los derechos individuales”6 g. Con la reducción planteada en las reformas, al Estado se le convierte en una especie de gerencia. Ya no se gobierna con los instrumentos de la política, se gobierna con los instrumentos de la gerencia empresarial. Se cambia la naturaleza de las relaciones políticas y todo se reduce a contar con empleados al servicio de las empresas. Y ello es lo que se pretende normar en las reformas a la constitución política que se promueven en la iniciativa citada. h. Por supuesto que todo este entramado solo tendría sentido con otras reformas en las instituciones. En especial hay una dirigida reformar el Congreso que no goza de un alto nivel de simpatía en la sociedad guatemalteca debido al desprestigio del Congreso en la actualidad, especialmente luego del escándalo de los 80 millones, o de la incapacidad de aprobar una ley de armas y municiones restrictiva. La propuesta de reducir a 807 diputados porque así está en los Acuerdos de Paz y la creación de un sistema bicameral, con un Senado en homenaje a la gerontocracia, solo esconde la necesidad de sectores de la oligarquía de tener control del Congreso, como única institución con relativa independencia de los poderes fácticos, especialmente del poder
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Dossier de prensa del Grupo Pro-reforma. 2008. Aunque en otras publicaciones se habla de 46 diputados, con 2 por cada uno de los departamentos sin hacer mención al tema de la representatividad que sin duda se vería afectado. 7
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económico. Tendríamos entonces un Congreso poco representativo y un senado decorativo. i.
No es casual que la propuesta de este grupo intente dejar sin relevancia alguna al Congreso de la República para dar a los integrantes del Senado todas las facultades. Se trata de una propuesta sin mucho asidero en la democracia liberal que dicen respetar, y menos en la parte representativa de esta. De acuerdo con dossier de prensa ya citado, el Senado, integrado por 45 senadores, tendría la facultad de elaborar las “leyes generales y abstractas” como el Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, que corresponden al derecho privado. Además este ente se reservaría la ley electoral, la designación de magistrados y otras disposiciones que “no deben politizarse”. Y habría una cámara de diputados, integrada por 80 representantes electos de forma directa (no dicen por quien) aunque ya vimos que sería por el mecanismo de comités cívicos a la imagen empresarial y neoliberal, suprimiendo por esta vía al sistema de partidos políticos, que se encargue de la legislación que gobierna el quehacer diario del país, o sea las normas de organización. Aunque por supuesto, queda claro que sería una Cámara de diputados sin mayores funciones y relegada como institución de Estado. Con este tipo de organización se cumpliría el sueño de los diferentes sectores económicos del país de contar con un Congreso sujeto a las disposiciones de la cúpula de poder económico.
Otros elementos de la Reforma Política propuesta:
De manera general se plantean 72 reformas que se refieren a la naturaleza del Congreso, la propuesta de un senado, propuestas dirigidas al organismo judicial para el nombramiento de magistrados, para la corte de constitucionalidad, y la manera de nombrar a los magistrados a la corte. Hay además propuestas sobre los gobernadores, el ejecutivo, incluyendo presidencia, vicepresidencias, ministros, etc. Como ya fue señalado, la propuesta es de contar con dos cámaras, la de senadores integrada por 45 personas, mayores todos de 60 años y con cargos vitalicios. La de diputados con 46 miembros, dos por cada departamento, que se elegirían por periodos de cuatro años, u otra cantidad de tiempo, sobre lo que no existe mucha claridad a la fecha. También se habla de una cifra total de 80 diputados que seria fija, no como ahora que se establece el número de diputados de acuerdo a la cantidad de población. Como se puede ver, hay varias propuestas del mismo grupo sobre el número de diputados, aunque gradualmente se ha ido redondeando la cifra. En el caso de los Senadores, con las funciones ya señaladas en el numeral “i”, y renovable solo en caso de muerte, nos dejaría en las actuales condiciones de la correlación de fuerzas a expensas de los caprichos de un sector oligárquico. Pero hay algo mas: no queda claro la forma y el como se elegirían los
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senadores y todo indica que estarían fuera del ámbito de los partidos políticos del sistema así como de otras instituciones, con lo cual es ente, tendría facultades mas allá del funcionamiento democrático. Estaríamos delante una especie de concejo de ancianos sin representación política, sin relaciones políticas lo cual va en contra de los fundamentos de la democracia liberal que existe en nuestro país y que los autores del proyecto dicen defender. Una de las modificaciones que llaman la atención y que tendría sentido aprobar, aunque en otro contexto, es el mecanismo de remoción presidencial y vicepresidencia. Aquí se establece, de acuerdo con el grupo Pro-Reforma, que con 100 mil firmas se podría convocar a una consulta popular para definir la remoción o no de estos funcionarios. Quizás el punto más llamativo es este relacionado con la revocatoria de mandato que es algo que se mantiene vivo en el espíritu de mucha gente progresista que eventualmente podría ser llevada a equívocos con el planteamiento global de este grupo Pro-Reforma, cuyo objetivo mayor es profundamente neoliberal. En el pasado un presidente de la republica anuncio en los primeros momentos de su mandato que convocaría a un referendo revocatorio si había descontento, pero el anuncia se quedo en eso. En pocas palabras, las reformas a la constitución y el eventual modelo político bicameral que se propone, no guardan mucha relación, salvo en un aspecto: si las medidas neoliberales buscan achicar el estado o de plano anularlo, la reforma política con senado y congreso, estaría desmantelando el actual sistema político, que necesita reformas sin duda pero no su desmantelamiento para quedar a expensas del poder económico. Finalmente habría que señalar que el proyecto de reforma acudiendo al mecanismo de aprobar los cambios por el congreso y luego pasarlos a consulta popular, tendría como problema el hecho de que se trata prácticamente de un tercio de la constitución, y con cambios que sugieren la falta de un acuerdo político nacional antes de ser emprendidas por un grupo de personas. Por la naturaleza de las reformas propuestas, habría trabajo para dos o tres legislaturas al paso que vamos y por la capacidad de trabajo del actual congreso, o en caso hipotético, una ruptura constitucional para una asamblea nacional constituyente. Son los escenarios que se pueden prever al analizar el paquete que proponen los señores de Pro-Reforma. En cualquier escenario, es indispensable discutir en los sectores sociales sobre el alcance ideológico de esta propuesta y la forma en que se pretende impulsar. Son reformas que tienen una naturaleza absolutamente diferente a las que se proponen desde el sur y quizás el objetivo mayor seria el de introducir confusión al momento de analizar las propuestas que se han realizado en países como Bolivia, Venezuela, Ecuador. En pocas palabras, las reformas propuestas buscarían el desmantelamiento de lo político, y por supuesto, el fortalecimiento de lo privado en la toma de decisiones. Ya existe en nuestro país una fuerte componente de lo privado en
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aspectos que deberían ser de alcance social. Y actual propuesta de reforma, solo expresa un momento en el cual estos sectores se constituirían en los dominantes del ejercicio político, económico y con la idea de hacer de su propuesta y visión, la “normal” en el medio social guatemalteco.
Un escenario complicado De manera gradual se ha ido abriendo paso la idea de aprovechar la coyuntura que se abre con una consulta popular para el tema de Belice8, y en ese momento tratar de pasar los contenidos que plantea el grupo Pro-Reforma. Hay en esto varios temas. Uno de ellos es que hay varios grupos políticos que tendrían interés en una reelección, y como todo se vale, no habría mucho cargo de conciencia para juntar los intereses de grupo político, el tema de Belice y las reformas que propone el grupo. Ahora, luego del affaire Rosemberg, se insiste en una recolecta de firmas, que con objetivos y naturaleza diferente, se pretende utilizar en dirección a hacer aprobar, por la vía del fast-track, como en el caso del DR-CAFTA, una serie de reformas que se buscaría que ni siquiera fueran leídas por los congresistas. Total, si el contenido neoliberal de la propuesta de proreforma no choca de manera frontal con los planteamientos de los grupos políticos interesados en aprobar una reelección. Uno de ellos el grupo de Álvaro Arzú, si algo promueve es la agenda neoliberal. El grupo actual en el gobierno, no tiene mucha dificultad en coexistir con la visión neoliberal, salvo en unos pocos. Es por ello que no debería de extrañar sobresaltos en las propuestas que puedan tener lugar en el congreso a petición y como resultado de los cabildeos de Pro-Reforma, que justo es decirlo, no están tratando con personas ajenas a sus intereses e ideología. Que sean propuestas extremas no debe de ser motivo para verlas como fuera de contexto. Lo que interesa es que tienen asidero en la visión compartida de muchos de los integrantes de la clase política del país. Finalmente, la propuesta de reforma en nuestro país se inscribe a contracorriente de lo que se ha realizado en países del sur como ya se indicó. Las reformas bolivianas, ecuatoriana o venezolana, están lejos de la visión de la propuesta que comentamos. En ello hay razones conocidas: allá se amplían los derechos sociales, se preservan los recursos naturales y se defiende la soberanía, aquí se buscaría todo lo contrario. Esa es la preocupación que debería existir. Sin embargo hay reservas de muchos sectores porque el planteamiento de Pro-Reforma, tendría como efecto una especie de ruptura de la clase política, de sus compromisos, alianzas, de una manera de vivir.
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Aunque esto parece que ya no es mas de actualidad.
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Finalmente me parece que no es momento de impulsar reformas a la constitución. Como ya se señaló, con ello se abriría la puerta a la pérdida de los pocos contenidos garantistas de la misma y con ello asistiríamos a un retroceso constitucional y por supuesto, político. Salvo que se contara con una propuesta distinta a la de Pro-Reforma, y que esa nueva propuesta sea vinculada a los Acuerdos de Paz, con una visión favorable a los cambios que se están desarrollando en los países de la América del Sur, y entonces analizar el contexto y la correlación de política de fuerzas. Lo contrario es la aventura. Las reformas a la constitución no pueden ser un fenómeno mediático, pues constituye el meollo de las relaciones políticas en sociedades como la nuestra.
DATOS HISTORICOS9. En 1879 se promulgó la primera gran Constitución para Guatemala, y estuvo vigente hasta 1944. En 1945 se impuso la Revolución, y el gobierno de Jacobo Árbenz hizo una nueva Constitución, tras elección de la Constituyente. En 1956, después de un golpe de Estado, el coronel Carlos Castillo Armas reformó la Carta Magna y prohibió las ideologías de izquierda. En 1965, tras otro golpe de Estado militar, se vuelve a reformar la Constitución. En 1986 se puso fin a los gobiernos militares de facto; entonces se promulgó la Constitución hasta hoy vigente. En 1994, hubo algunos cambios parciales. Un nuevo intento de reforma falló en 1999.
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Fuente: inforpress. 30.8.2006. Louisa Reynols
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