COLECCIÓN DE ARTÍCULOS RELEVANTES REVISTA DE ACTUALIDAD JURÍDICA Y LEGISLATIVA FOLEX
Las notas y artículos consignados en esta sección, corresponden a extractos relevantes de la Revista de actualidad jurídica y legislativa (FOLEX) que circuló de 1991 a 1995. No se ha logrado más que rescatar y transcribir lo posible y más importante, pues incluso hay algunos números de la revista que, como diría la cueca chapaca, “tantas idas y venidas/ tanto pasar por aquí/se han de gastar tus zapatos/y te vas a olvidar de mí.. “, se quedaron olvidadas en algún lugar o simple y llanamente, se evaporaron en las arenas inexorables del tiempo.
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FOLEX N° 2 – 1992 ‐ Editorial Anuncios de Reformas Por períodos casi cíclicos, aunque de diferente intensidad y duración, autoridades y dirigentes políticos anuncian o proponen diversas reformas, supuestamente enmarcadas en el ámbito de la modernización del Estado y de sus instituciones. Si bien es evidente que se han concretado algunas iniciativas y se traducen en leyes como la Ley SAFCO, cuya invocación es automática cuando resurge el tema de la corrupción, como si fuera una panacea que resolverá (no se sabe cuándo ni cómo) un problema que hoy resulta ser congénito y estructural, o el Código de Minería o la Ley de Hidrocarburos, éstas no cubren, ni mucho menos, todo el espacio de reformas que se anuncian y se proponen. Ante un panorama que, por lo repetido y difuso, más que esperanzas de cambio para mejorar, llega a provocar hastío, confusión e indiferencia en la opinión pública que se merece un poco de seriedad en el tratamiento de temas que, según los mismos proponentes, son de trascendental importancia para el futuro del país. Estamos hablando de cambios que van más allá de condicionamientos técnicos, financieros o económicos ‐por no decir imposiciones‐ de ciertos gobiernos u organismos internacionales en sectores muy sensibles de la economía nacional, como la minería, hidrocarburos o las empresas estatales. Se mencionan como temas la reforma constitucional, la descentralización, la reforma de la seguridad social, la modernización o reforma del poder judicial, la reforma educativa y otros que son complejos y polémicos a partir de su solo enunciado. Es hora y es prudente que no se utilicen estas reformas de fondo como distracción temporal, mucho menos como banderas políticas coyunturales o virtuales amenazas, y que, de una vez por todas se incorpore a la sociedad civil y a las principales instituciones a un debate sereno, meditado y responsable. De lo contrario, el proceso de pérdida de credibilidad de la llamada clase política será irreversible e irreparable, con graves consecuencias para el propio sistema democrático. Luís Carlos Paravicini
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FOLEX N° 3 – 1992 ‐ Editorial Derecho y Opinión Publica Es un criterio comúnmente aceptado que el derecho es una ciencia o, por lo menos, una disciplina que tiene bases doctrinales y cuyo conocimiento supone estudio y especialización en cuanto a las amplias y diversas áreas de conocimiento racional que comprende. El derecho regula la realidad social en sus múltiples manifestaciones y, se supone, alcanza su mayor plenitud y vigencia en estados democráticos. Por tan elementales presupuestos, tiene que ser mayor nuestra inquietud y preocupación por la forma en que se manejan o administran los valores y principios jurídicos que, por su tratamiento público en nuestra sociedad, van sufriendo distorsiones e interpretaciones improvisadas y hasta irresponsables, con graves perjuicios para personas e instituciones. Por una parte, no podemos desconocer serias deficiencias en la administración de justicia y en el Poder Judicial que acusa una debilidad institucional congénita y reclama reformas cada vez más profundas y urgentes. Por otra parte, respetuosos de las libertades constitucionales, no podemos cuestionar las libertades de opinión y de expresión. Pero, de estos extremos hasta el hecho de permanecer indiferentes ante el curso caótico que va tomando el manejo y, sobre todo, la interpretación de normas jurídicas y de principios de derecho, existe una distancia realmente grande. Lo que está sucediendo en nuestra organización social ya es una amenaza al propio sistema democrático pero, además, es una demostración de como se puede vulnerar impunemente bienes jurídicamente protegidos que revisten la mayor importancia para la paz social a título de irrestrictas libertades constitucionales. Todos los días conocemos interpretaciones y opiniones de una gran complejidad jurídica, pero que se formulan con una frivolidad e irresponsabilidad extremas, lo que no solamente constituye un factor de perturbación social, sino que llega a dañar irreparablemente los valores más preciados por el ser humano. Las declaraciones e informaciones que cotidianamente recibe la opinión pública suelen carecer de mínimos fundamentos legales, pero se utilizan para dañar la honra de las personas, resultando que, en muchos casos, es innecesaria la acción de la ley porque los formadores de opinión pública se encargan de juzgar y sancionar a
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personas e instituciones. No hay juicios, no hay pruebas, no hay posibilidad de defensa, pero si hay sanciones que resultan ser inapelables. Hay que poner coto a estas formas de conducta que, lamentablemente, tienden a generalizarse. Luís Carlos Paravicini FOLEX N° 3 – 1992 ‐ Cuento UN CUENTO JUDICIAL Por: Elautor (LCP) Aquella tarde de abril, sin lluvia, sin viento, presentí que iba a perder el juicio. Entre la sorpresa y la ansiedad demandé una respuesta fugaz, algo así como un proveído de mero trámite, urgente, puntual y sin mayor importancia en cuanto al fondo del asunto. Pero ella estaba con él, un individuo gordo, más bien parecido a un sapo que, entre cervezas y picantes, deslizaba sus ojos, vaya que ojos, como queriendo aprehenderla toda y nada, mientras comía y se chupaba los dedos y luego tomaba el vaso y lo vaciaba, para luego volverlo a llenar, mientras la miraba a ella y volvía a comer, luego los huesos, el vaso, la botella y yo esperaba el proveído. El, imponente en su continente y ella, misteriosa, esquiva y contundente, como una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ella cogía con delicadeza, tal vez con coquetería, los huesos y el vaso. Los movimientos de él eran torpes aunque seguros. De rato en rato saludaba y le saludaban y luego la miraba a ella, como para recordarle su importancia. Ella me miraba de reojo y yo la miraba con disimulo para no despertar sospechas ni prejuicios que pudieran perjudicar el curso del proceso. A manera de alegato, ensayé una simple comparación y creo haber sido demasiado generoso con mis ocultas y no comprobadas virtudes y atributos pues, el sapo, como herido en su amor propio, se largó con miradas, insinuaciones y gestos que jamás pensé pudieran ser correspondidos por ella, pero que sí lo eran. Alrededor nuestro el tono de las voces y la música, tropical y melosa, aumentaba de intensidad. El sapo concluyó el ritual de la comida ‐ ella había terminado antes ‐ y los mozos revoloteaban limpiando y reponiendo su mesa. Un aire placentero fue
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cubriendo su rostro mientras ella aguardaba un desenlace fatal e inevitable, cual condenada sin derecho a indulto. El sapo pidió la cuenta. Sacó un fajo de billetes, seleccionó unos cuantos, dejó unas monedas, exigió su factura, se paró y se fue con ella. El era repulsivo, aunque imponente. Ella era muy bonita, como la justicia. FOLEX N° 3 – 1992 ‐ Artículo MANUAL DEL MEDIANO LITIGANTE Por: Luís Carlos Paravicini No mencionamos al gran litigante por ser inoportuno y peligroso, ni al chico por ser innecesario. El gran litigante difícilmente tendrá que acudir al litigio, mientras que el pequeño, por lo general, no podrá ni será sensato que lo haga, por más graves problemas o diferencias que tenga. Un primer aspecto que tendrá que considerarse es que, en Bolivia, es conocido el hecho de que la justicia constituye una verdadera calamidad para quien tenga la necesidad de acudir a su administración. Antes de tan extrema medida, quien pretenda o se vea obligado al litigio tendrá que hacer un balance imparcial de su fortuna y de las influencias políticas de que dispone y cotejarlas con las del circunstancial contrario. Si el resultado da saldo en contra, lo más prudente será buscar la transacción. Si pese a la advertencia anterior aún persiste la idea de litigar, lo primero que tendrá que hacer es felicitarse porque su espíritu inquebrantable está próximo a ser quebrantado; adicionalmente, tendrá que disponer de una parte importante de su patrimonio (si no es todo) , pues habrá comenzado el momento en que habrá de distribuir en el mundillo judicial lo que tiene y lo que podría tener, además de lo que le harán confesar que tiene y que tendrá. En este momento de decisiones cruciales, usted tendrá el privilegio de envidiar a los poderosos que arreglan los problemas más graves con una simple llamada telefónica, que puede ser más cara pero que ahorra papeles sellados, firmas y timbres, pero también podrá sentirse reconfortado ante esa gran cantidad de
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gente que no tiene derecho ni acceso a la administración gratuita de justicia. Usted, eso sí, tendrá derecho a un expediente donde hará constar, con letras de imprenta y marcador, su apellido y el de su parte contraria. Como se supone que haría un buen hombre de empresa, usted ya tendrá que haber retirado las provisiones necesarias para hacer el juicio, lo que implica un porcentaje de lo más alto que usted pretende para pagar por anticipado a quienes participarán en su litigio, incluyendo honorarios para su abogado, para el contrario, para el Colegio de Abogados, para gastos de presentación de su demanda, para los funcionarios del juzgado, para los informes, para los parientes del abogado y de los funcionarios del juzgado donde se radicará su demanda, para las apelaciones y portes, para los funcionarios de la Corte Superior, para los del correo especial, para los funcionarios de la Corte Suprema, para las movilidades, para viáticos y gastos de representación, para las comisiones y sobretiempos de las autoridades recargadas de trabajo, para los incentivos, para los aranceles judiciales, para los oficios, para las notificaciones en radio taxi, así sea un piso más abajo de las oficinas de la Corte, para la navidad de todos los implicados en su proceso, para los cumpleaños de éstos y los otros, para los velorios de los Vocales develados, para los testigos de oficio, para los imprevistos. Tendrá que proveer empleos para las “sobrinas” de los magistrados y muchas otras sorpresas que conocerá a lo largo de su proceso, gastos que no ameritarán factura alguna y le desfasarán su débito fiscal. Es muy probable que al cabo de dos años, si usted tiene aún la habilidad financiera para mantener a semejante equipo de trabajo, ya no tendrá que preocuparse más por la propiedad de su empresa, pues ella seguramente habrá quedado en manos de alguno de sus colaboradores en el pleito y en su casa todos se encontrarán trabajando para ayudar a sostener el juicio que, para su consuelo, siempre estará muy bien encaminado, aparte de que conocerá de derecho tanto o más que Messineo. Y, si usted no está conforme con los resultados, aún tiene tiempo para dar su solidaridad a los viejitos de la Corte Suprema o para ir a cantarle a Gardel. Si usted tomó una decisión parecida a la anteriormente descrita, sepa usted, temerario litigante, que lo que usted ha hacho es un acto heroico pero insensato que llevó a la miseria a los más miserables, círculo al que usted acaba de incorporarse y que estará eternamente agradecido por aquellos abogados y jueces a los que usted verá aparecer en vehículos último modelo, quienes sí sabrán invertir lo que usted no supo derrochar.
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FOLEX N° 4 – 1992 ‐ Editorial TIEMPOS DE CAMBIO Habrá que comenzar admitiendo que el título, por lo obvio, puede resultar simplista, absurdo o, simplemente, una verdad de Perogrullo, pues es más que evidente que todos los tiempos son de cambio y que los cambios son más bien constantes. Pero, asimismo, sabemos que hay tiempos y tiempos y que hay cambios y cambios. Tal vez sea más preciso y prudente que nos refiramos a los cambios, reformas, transformaciones o reestructuraciones que al parecer reclama nuestra organización social, con un sentido trascendente que puede asumir proyecciones insospechadas. El debate acerca de la o las formas que debería signar el carácter de la o las reformas (perdón por la reiteración e involuntario juego de palabras) parece haber surtido los resultados de un efectivo tapón. Si es una constituyente, un referéndum o si se trata de métodos más pausados y ortodoxos de reforma constitucional, no deja de importar, pero lo que sí está claro es que hay que marchar en el camino de las reformas y que éstas tienen que ser profundas. Lo cierto es que el país reclama cambios de fondo. Está claro que las reglas de juego y el modelo económico vigente sólo tienen en común su absoluta incompatibilidad. No se trata únicamente de una nueva edición, aumentada y concordada, que se pueda hacer de la Ley de Leyes. Entonces, bajo tales premisas, resulta que los impulsores, actores o protagonistas del cambio tendrán que ser auténticos, legítimos y, también, legales Un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en esta materia lo constituye el proceso tortuoso ‐casi kafkiano‐ que ha seguido la iniciativa descentralizadora. Muchos años de debate, demasiado esfuerzo teórico e intelectual de sus genuinos precursores, para luego, cuando parecía haberse alcanzado el punto óptimo de maduración, encontrarse con objeciones superadas, con posiciones improvisadas, con temores y exigencias fuera de toda racionalidad, sacadas o introducidas en un contexto, pero de contrabando. Temas de tanta importancia deberían merecer la mejor atención de nuestros mejores pensadores, ideólogos o lo que se les quiera llamar, pero, al mismo tiempo, la resignada y patriótica abstención de todos aquellos artesanos ‐sin ninguna intención peyorativa‐ donde quiera que se encuentren o por más buenos propósitos que los animen, pues la magnitud de los cambios y su importancia hacen que
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adquieran nítidos matices de distinción los hechos importantes respecto de los accesorios. En otras palabras, hay ciertos cambios que deben discutirse y, de alguna manera, elaborarse, en algo así como una élite intelectual, con plena participación social, para luego ser sometidos, en cuanto a sus opciones, a la palabra final de las mayorías, sea mediante el voto directo, a través de sus representantes o cualquier otra forma de participación democrática. Hay, pues, tiempos en que los cambios no pueden ser debatidos en cualquier lugar, por cualquiera o de cualquier manera, por más que, y peor aún, si van a afectar a todos. FOLEX – 4 ‐ 1992 DICCIONARIO LEGISLATIVO BOLIVIANO Por: Rudy Miranda Noya (Jefe a.i. de la Biblioteca Central de la Excma. Corte Suprema de Justicia). Desde Noviembre de 1991 está en circulación la monumental obra DICCIONARIO LEGISLATIVO BOLIVIANO elaborado por el Estudio Jurídico Paravicini & Asociados a cuya cabeza está Luís Carlos Paravicini. Por fin se ha realizado un trabajo verdaderamente exhaustivo de toda nuestra legislación, que abarca de 1825 a 1991, con todos los detalles y metodología adecuada para la consulta rápida y oportuna, por materias y especificando si está en vigencia o no. Es lo mejor que se ha realizado dentro de la legislación nacional. En el tomo I (689 pp.) el prologista CARLOS DABDOUB ARRIEN enfatiza: “Muchas son las causas y concausas que se suelen señalar para tratar de identificar el porqué del estado de atraso del país y la imperfección de sus instituciones, pero nadie, que sepamos, ha encontrado en nuestra imperfecta legislación una de las razones de esta situación. Y no sólo se trata de lo imperfecto de nuestra legislación sino de sus contradicciones en leyes y decretos de validez momentánea, amén de lo deficiente y oscuro de su redacción. Tampoco nadie ha llegado a demostrar, aunque sea verdad sabida por todos la inmensa cantidad de leyes, decretos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales y disposiciones secundarias que el país viene acumulando a través de los años, casi siempre incurriendo en contradicciones con normas precedentes, posibilidad que se suele obviar con “quedan derogadas todas las disposiciones contrarias a la presente ley” ( o de lo que se trate). "Esto, aunque es labor para titanes, lo ha logrado, quizás no en su integridad pero sí en lo más importante, Luís Carlos Paravicini, con su presente DICCIONARIO
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LEGISLATIVO BOLIVIANO que clasifica a las leyes y decretos por materia, fecha, número, status, tema. Una simple mirada a su índice nos muestra la monstruosa deformación de la legislación boliviana y la utilización a veces egoísta o personalísima que se ha hecho de ella, Esta obra fundamental, de tan minuciosa e inteligente investigación, sacudirá la conciencia nacional, forzará a la reflexión y, ojalá que ello también sucediera, instará a nuestros políticos y legisladores a revisar leyes, decretos y legislación en general, para adoptar una superestructura jurídica más coherente, uniforme, consecuente y justa... He aquí un libro llamado a conmover las conciencias, cuyo resultado bien pudiera ser el arribar a una legislación más justa, coherente y menos enrevesada que la actual, lo que solamente es posible y concebible dentro de un pleno marco democrático". A su vez, Luís Carlos Paravicini, advierte: "Las formas corruptas y degeneradas de gobierno alcanzaron una superlativa expresión durante las dictaduras revestidas de autoridad militar, situaciones de excepción que han sido las más comunes y hasta las más normales y no porque la responsabilidad fuera exclusivamente atribuible a la casta militar ni mucho menos, sino porque esa fue la tendencia y la conducta política de las clases dominantes". "La revisión detallada de las normas dictadas en los diferentes períodos de la historia republicana permite identificar características bien conocidas: la frecuente inestabilidad, la improvisación, la reiterada y hasta ridícula creación de comisiones, comités y consejos a quienes se encomendaba la solución de los problemas más insólitos, el excesivo congestionamiento y centralización de la administración que suele mezclar las cosas importantes con las más domésticas, la recurrente e interminable de múltiples tributos locales, regionales y nacionales para cubrir los constantes déficits y necesidades, los consuetudinarios préstamos y donaciones, las declaraciones de prioridades, las compras y contratos estatales..." "Para desgracia nuestra, en mucha menor proporción se encuentran normas que reflejan sanas intenciones de austeridad, de orden y de preservación del patrimonio nacional, así como propósitos de organización y eficiencia". "Formalmente, el trabajo de sintetizar y clasificar aproximadamente 40.000 disposiciones legales es una labor que requiere de mucha paciencia y dedicación. Pero es también una labor que llega a provocar pasiones y, de algún modo, a hacer revivir los momentos más trascendentales de la vida nacional recreándolos y dándoles una interpretación contemporánea, algo así como la tarea artesanal que realizan los carpinteros con la madera o los poetas con las miradas o con las
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ausencias. Son casi 40.000 momentos, decisiones, normas, ambiciones o posibilidades convertidas en realidad para personas, regiones y para el país". "Este diccionario es fruto del trabajo de aproximadamente 6 años en los que se levantó un inventario de todas las disposiciones legales (leyes, decretos ley y decretos supremos) dictados en Bolivia desde la fundación de la República ‐6 de agosto de 1825‐ hasta la actualidad, lo que implicó el registro de más de 40.000 normas y la clasificación por materias, temas, concordancias y status, para habilitar una base de datos computarizada, empleando los mayores adelantos tecnológicos disponibles para lograr lo que, de alguna manera se puede considerar como una memoria activa de toda la legislación boliviana". El primer tomo contiene las siguientes materias: Abogacía, administración, aduanera, aeronáutica, agropecuaria, alcaldías, archivos, arqueología, arquitectura, artesanal, auditoría, bancaria, beneméritos, caminos, censos, científica, ciudadanía, civil, colonización, comercial, comunicaciones, condecoraciones, constitucional, construcción, consular, consultoría, contabilidad, contraloría, cooperativismo, corporaciones, cultural, defensa, defensa civil, deporte, derechos humanos, desarrollo, diplomacia, documentación, duelos, ecología, economía, educación, electoral, energía, energía nuclear, espectáculos, estadística, familiar, feriados, ferias, ferroviaria, financiera, fiscal, fomento, forestal, geofísica, geografía, geología, gobierno, hidrología, historia, homenaje, hotelería, identificación e indigenismo. El tomo II )1383. Más apéndice 21 pp.) contiene las siguientes materias: Industrial, información, informática, ingeniería, integración, interior, internacional, inversiones, judicial, juegos de azar, laboral, legislativa, literaria, magisterio, medicina, menores, migración, militar, minería, monetaria, narcotráfico, normalización, numismática, odontología, penal, penitenciaria, periodismo, petrolera, planeamiento, policial, política, prefectura!, premios, presidencial, procesal, procesal civil, procesal coactiva, procesal laboral, procesal militar, procesal penal, profesional, propiedad, propiedad industrial, publicaciones, reforma agraria, registro civil, registros, religiosa, reparticiones, reservada, salarial, salud, seguro social, seguros, servicios, símbolos, sindical, social, territorial, transportes, tributaria, turismo, universitaria, urbanismo, veterinaria, vivienda. Este valioso aporte organizado y metódico deseamos que sirva a legisladores, ejecutivos, abogados, estudiantes, investigadores, periodistas y ciudadanos de las demás profesiones por el minucioso contenido, para de esta manera no caer en errores por ignorancia, estudiar y analizar con detenimiento todas las leyes ‐ buenas
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o malas del pasado ‐ para proyectarnos hacia el futuro con pleno conocimiento de la realidad que vive Bolivia en el concierto de le países civilizados. La obra merece los parabienes de los hombres que creen en el derecho y la justicia. Conocer a fondo la legislación nacional es obligación de todo ciudadano que se precie de culto y de demócrata, para evitar el caos y la anarquía en que hemos vivido hasta ahora. Nota de Redacción: El artículo anterior ha sido trascrito de las publicaciones efectuadas en los órganos de prensa el NACIONAL y LA CAPITAL de la ciudad de Sucre. De parte nuestra, el agradecimiento al autor por los conceptos que nos honran y nos estimulan. FOLEX N° 4 – 1992 – Nomenclatura Por: lcparavicini EL TEMA DE LA DESCENTRALIZACIÓN, no cabe ninguna duda, ocupó la parte central de la atención pública en el último tiempo. Un asunto que lleva debatiéndose, por lo menos, durante los diez últimos años, que parecía haber generado un alto grado de consenso, de pronto provoca sentimientos encontrados que pasan de la euforia a visiones apocalípticas, amenazas o intransigencias muy poco democráticas. Superadas algunas diferencias de interpretación sobre el carácter de la descentralización, pareció existir un criterio casi unánime respecto a que se encuentra enmarcada en la Constitución Política del Estado y que es esencialmente administrativa. Los problemas surgieron cuando se comenzaron a discutir temas tales como la elección del prefecto, la conformación de las Asambleas Departamentales, las competencias a ser transferidas, pero, sobre todo, lo relativo a los recursos, la distribución de los tributos, la compensación, la equidad y otros factores que, según los más pesimistas, podrían ocasionar la desintegración nacional. Mientras el Gobierno nacional evidenciaba actitudes contradictorias y notorias dubitaciones sobre el tema, algunos de los Comités Cívicos mas influyentes y agresivos, por lo menos en lo que hace a la materia. como son los de Santa Cruz y Chuquisaca amenazaron frontalmente con formar gobiernos departamentales de facto en caso de que el proyecto de ley de descentralización sufriera una nueva postergación.
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En medio de un ambiente caldeado, el Ministro de Planeamiento y Coordinación, hasta entonces muy prudente para manifestarse respecto al tema, retrucó, replicó, o tal vez, cometió el desliz de afrontar y enfrentarse a los Comités Cívicos que anunciaban la conformación de gobiernos departamentales de facto, argumentando, para el caso de tan extremas medidas, un corte radical en la entrega de recursos desde el centro hacia las regiones rebeldes. Pero, las regiones rebeldes respondieron con cortar los recursos, principalmente tributarios, en una actitud de abierta sedición tributaria. Puede ser que la sangre no llegue al río. Puede ser. Pero también puede ser que la sangre llegue al río. Puede ser. Sin embargo, nada, absolutamente nada, podría justificar que esto último suceda. Pese a todo, este es, en definitiva, un tema trascendental para el futuro del país; bajo tales circunstancias, su debate debería estar reservado y condicionado a ciertos elementos de Juicio, a formas, modos y maneras de razonar y dialogar que tendrían que estar fuera de toda sospecha, lejos de oportunismos, improvisaciones o demagogias. COMO UN GATO PANZA ARRIBA. el Contralor General de la República, o don Antonio Sánchez de Lozada, que para el caso es lo mismo, concluirá un largo período constitucional de 10 años. Para unos bien, para otros mal, pero terminará un ciclo democrático. con novedades como la Ley Safco, en medio de críticas o a través de elogios, sin reglamentos pero con vehemencia, con mucha chispa e imaginación. Con don Sánchez de Lozada (en realidad es el gran artífice para el cambio de imagen) le damos la despedida a aquella Contraloría solemne de las amenazas, de las arbitrariedades o de los absurdos y espectamos esperanzados la era de las oportunidades, de las sencilleces o de la MODERNIDAD en este importante campo. RESPECTO AL NUEVO CONTRALOR, pese a su inconsistencia, no dejó de causar extrañeza el hecho de que se mencione al actual Superintendente de Bancos como candidato a sustituir al gato panza arriba, perdón, al actual Contralor; salvando los inevitables e impredecibles cálculos políticos, resultaría inconcebible que una autoridad que, en los hechos, se encuentra bajo la fiscalización (para llamarla de algún modo) de la Contraloría General de la República y que, por lo menos hipotéticamente, tiene muchas cuentas que rendir respecto a manejos muy poco claros del sector financiero nacional, incluidas las liquidaciones de algunos bancos y las quiebras escandalosas de algunas financieras, pueda ser ungido a un
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cargo que, supuestamente, tendría que auditarlo y fiscalizarlo a él mismo. EL TEMA ECOLÓGICO, a momentos, daría la impresión de ser un patrimonio de esnobistas, folklorólogos y financistas. En efecto, mientras se encendían fogatas y polémicas sobre la quema (tradicional o no) de la noche de San Juan y sus efectos inmediatos en tiempo y espacio en los principales ámbitos urbanos de nuestro país, el mundo industrializado en serio no disminuía en nada su enorme y permanente aporte al daño ecolólogico, al ecosistema, a la naturaleza, al medio ambiente y a las demás vainas que, minuto a minuto, realiza con inigualable eficacia. Mientras en nuestro país, plagado de mortalidad, ignorancia, pobreza, cólera y otras calamidades, miles de campesinos se enteraban, como de costumbre semi oficialmente, que iban a ser autores de un nuevo atentado a la civilización, la civilización proseguía implacable su tarea de progreso y desarrollo, haciendo funcionar sus maquinarias de desarrollo y progreso, sin fogatas pero con contaminación intensiva. EL PACTO ANDINO, como proyecto de integración y a lo largo de su accidentada (o anodina?) trayectoria, nunca llego a ocupar una casilla más o menos importante en el sentimiento o en la esperanza boliviana, como que tampoco llegó a suceder en los otros países miembros. Y no se trata de buscar explicaciones en nuestra falta de integración física, en la falta de voluntad política, o en otras faltas, sino que es una realidad que contiene y engloba a distintos factores (como toda realidad), unos más complejos que otros. Sin embargo, habrá que reconocerlo, pocos proyectos tan cargados de proyectos, de retórica, de eufemismos, de declaraciones, de protocolos, de programas y de reuniones. No podemos afirmar que el Pacto Andino haya muerto, que esté agonizando, ni mucho menos. Pero, lo que al parecer le sucede o aparenta sucederle, es mucho peor que tan simples problemas fisiológicos o biológicos. El Pacto Andino subsiste, pero le falta alma, le falta vida (si alguna vez las tuvo), lo que es peor que estar muerto o agonizante en los términos simbólicos y figurados que podemos concebir. LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que se precian de ser democráticos hacia adentro y hacia afuera, se han dedicado a buscar e ingeniar formas de democratización o participación interna que les permita estar a tono con los tiempos y responder a las demandas descubiertas por las encuestas, algunas propias, otras vecinas. Para los
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partidos que se pueden considerar grandes el problema ha tenido complicaciones administrativas y algunas experiencias traumáticas; paradójicamente, en cambio, para los partidos pequeños o de relleno, el asunto no ha existido o, por defecto, no les ha tocado en lo más mínimo. Las aperturas democráticas al interior de los partidos, sin embargo, no son ni pueden ser una solución de fondo a las demandas de la sociedad civil que, con total razón, reclama reformas democráticas o participativas al interior de las estructuras y aparatos partidarios que, en términos universales y normativos, tendrían que traducirse en una Ley de Partidos Políticos, por lo menos, sin que ello implique descartar urgentes reformas electorales, regulaciones patrimoniales o, incursionar en sectores afines que requieren urgentemente de reglamentación (medios de comunicación social). LOS PRÓXIMOS MESES serán de expectativa y de suspenso hasta conocer la actitud y las respuestas del gobierno ante planteamientos serios y muchas veces conflictivos que, para su respuesta, requerirán altos grados de coraje y decisión, a riesgo de dejar pasar inmejorables oportunidades históricas. FOLEX N° 5 – 1992 ‐ Editorial BOLIVIA: EN EL TORBELLINO DE LAS LEYES Si analizamos la cantidad y, en muchos casos, la calidad de disposiciones legales dictadas y promulgadas a lo largo de la historia republicana, no tendríamos motivo para sentirnos disconformes o insatisfechos con la producción de los diferentes gobiernos, democráticos o de facto, que administraron el Estado. Tenemos abundancia de leyes, decretos ley y decretos supremos. Ni que decir de la cantidad incontable de disposiciones de menor rango como Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Administrativas, Ordenanzas, etc. Posiblemente la vida de una persona no alcanzaría para revisar superficialmente todas ellas. Pero bien, veamos qué sucede con la aplicación efectiva de, por lo menos, las más importantes disposiciones legales, partiendo de la propia Constitución Política del Estado. Al parecer, el empeño legislativo, como el afán reglamentador, no pasa de ser un simple espejismo, una ilusión de mera formalidad a la que también estamos acostumbrados.
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Si se trata de la interpretación de las disposiciones legales la situación es aún más conflictiva. Cualquiera y cada quien, con o sin formación especializada, se lanza por cuenta propia a interpretar a su manera y con su verdad lo que ha querido significar el espíritu del legislador y, naturalmente, acomoda su interpretación a sus propias ideas y conveniencias. Lo propio sucede en el plano jurisdiccional, cuando se trata de dirimir conflictos entre el Estado y los particulares o entre los particulares entre sí que, si bien tienen pretensiones y derechos contrapuestos, no tienen leyes distintas para cada caso. La casi inexistente difusión de las principales normas jurídicas hace que la democracia, en este aspecto, sea poco creíble, puesto que no es posible pensar en la participación ciudadana en un esquema donde las reglas de juego son virtualmente desconocidas o inaccesibles para la gran mayoría de los bolivianos. Por ello, una de las tareas prioritarias en el proceso de modernización del Estado radica en rectificar esta práctica antes de seguir emprendiendo reformas y dictando disposiciones legales que carecen de organicidad y de posibilidad efectiva de ser mínimamente aplicadas. Estamos convencidos de que, más que la monstruosa proliferación de normas, requerimos un ordenamiento institucional y una adecuada política legislativa que establezca prioridades, jerarquías y opciones de transparencia en la interpretación y aplicación de normas legales. Luis Carlos Paravicini FOLEX N° 5 – 1992 NOMENKLATURA Por: lcparavicini VENTA DE BIENES DEL ESTADO La actitud decidida del gobierno para llevar adelante un proceso de evidente complejidad: como es la venta de bienes del Estado, supone riesgos de todo tipo en su ejecución, ante la expectativa de la oposición, del sindicalismo, de la opinión pública y hasta de la empresa privada nacional y extranjera, sin olvidar a organismos internacionales implicados en programas de ajuste estructural con el gobierno
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boliviano. Para la oposición y el sindicalismo, se presentó la oportunidad de cosechar réditos y plantar banderas a través de la crítica. En el caso del sindicalismo, partió de una oposición de principio, no al proceso en sí, sino a la propia privatización, a la que se le achacó una serie de efectos negativos ligadas al desempleo y las llamadas masacres blancas. La opinión pública, ante las persistentes y nunca esclarecidas denuncias de corrupción, reaccionó con escepticismo y hasta con cierta indiferencia. La empresa privada nacional tuvo que desnudar su debilidad económica e institucional y se mostró impotente para asumir un reto que, para ella, implicaba la oportunidad de generar capacidad de diversificación, pero, sobretodo, imaginación y creatividad para encontrar formas de asociación o participación colectiva, mientras el capital extranjero muestra, hasta ahora, escaso interés por invertir en nuestro país. Ante esta constatación, quedó claro que el Estado no fue un fatal administrador, pero sí un pésimo empresario. Virtualmente todas las empresas estatales fueron malas inversiones, se adquirieron a precios sobredimensionados ( que se hará con los responsables de los negociados?), al margen de una mala administración. El actual proceso de venta de bienes del Estado tiene matices y diferencias que impide que todos los casos sean clasificados bajo el rótulo de privatización. Un ejemplo claro es la fallida capitalización del LLoyd Aéreo Boliviano, muy diferente a lo que puedan significar las ventas de fábricas y distintas a procesos de desregulación de empresas de servicios o monopolios estatales como ENFE o YPFB. Cuando se considera el caso de la venta de los hoteles Crillón y La Paz (ex‐Sheraton) resulta ilógico incluirlos dentro de la privatización. Estos hoteles fueron adjudicados judicialmente al Banco del Estado y, dentro de este ámbito y de la Ley de Bancos, es que debe realizarse su transferencia. Es evidente que la intervención estatal (incluido el Ministerio del Interior) a que estuvieron regidos los hoteles durante los últimos años dio lugar a todo tipo de abusos en su administración. Sin embargo, aunque el procedimiento no haya sido el óptimo, la mayor parte de los cuestionamientos que se efectuaron en el primer intento de venta no contribuyeron a lograr transparencia y seriedad en el proceso.
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Se manejaron cifras y precios de venta confundiendo lo deseable con lo posible de acuerdo a las condiciones de la oferta y la demanda bajo las cuales se realizarán las ventas. Las mayores contradicciones y hasta absurdos se sucedieron en interpretaciones y objeciones leguleyescas que se ensayaron para obstaculizar algo que, de pronto y por un buen tiempo, se convirtió en cuestión de Estado para sectores de oposición y hasta para algunos parlamentarios oficialistas. En medio de tan poco apego por el análisis serio, profesional y responsable de las leyes que lamentablemente nos caracteriza, surgieron voces que creyeron encontrar una identificación plena entre el Estado y el Banco del Estado y, luego, llegaron a la extraordinaria conclusión de que los bienes del Banco del Estado (que es una persona de derecho público con total autonomía) eran también bienes de una otra persona de derecho público que es el Estado y, consiguientemente, la disposición de sus bienes requería de expresa autorización congresal. Bajo tan singular razonamiento, YPFB tendría que pedir expresa autorización congresal para vender gasolina o gas licuado, o ENFE para usar comercialmente su material rodante en el transporte y, así, con COMIBOL o con ENAF, lo que haría innecesaria la propia existencia o creación de empresas públicas o de bancos estatales. Si bien no se puede esperar que todo lo que haga el gobierno sea perfecto, parte del juego democrático es precisamente fiscalizar y criticar para evitar errores o irregularidades. Las críticas deben tener un mínimo de seriedad y de consistencia ya que, de persistir la ligereza e irresponsabilidad, haremos inviable el camino democrático. LA DETENCIÓN DE SENDERO LUMINOSO La aprehensión del líder de Sendero Luminoso ABIMAEL GUZMAN, confirma que las medidas y decisiones de excepción adoptadas por el Presidente Alberto Fujimori no merecían un análisis tan superficial y hasta frívolo, como el que la mayoría de la prensa internacional nos entregó, para una situación extraordinariamente compleja como la que viene atravesando el Perú. Con este hecho, de tanta importancia, se abre un período de esperanza y la posibilidad de disminuir radicalmente la violencia que azota tan duramente al país vecino. El Gobierno peruano tiene la posibilidad de reestablecer la autoridad y gobernabilidad dentro de un contexto que parecía no tener soluciones ni esperanzas.
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En cuanto al delincuente Abimael Guzmán, no bastarán los adjetivos con que se califique su triste celebridad. Deberá ser la sociedad peruana la que presione para demostrar que la mayoría está por la paz, que es contraria a la violencia irracional y que al juzgarlo no se busca venganza, sino justicia y sanción. REFORMAS Y CONTRARREFORMAS De tanto esperar las anunciadas reformas del sistema judicial y del sistema político, al Gobierno se le presentó la oportunidad y la necesidad de encarar, sobre la marcha, una reforma o reestructuración de la Policía Nacional, como consecuencia de un escándalo que, involucrando a dos altos jefes policiales, por lo grosero y ostensible, no pudo pasar desapercibido, como pasan la mayor parte de los escándalos y actos corruptos en el país. Los primeros indicios nos hacen temer que se trata de una reforma más, de esas que se hacen apresuradamente, con grandes pretensiones, con la formación de una comisión, con una plazo de 60 días y con la perspectiva real de esperar un nuevo cambio de algunas formas pero ningún cambio estructural de fondo. i Qué podemos esperar cuando escuchamos a algún miembro de la comisión que propone cortar la extensión de licencias de conducir a menores de edad para evitar que los padres sigan corrompiendo a los policías para tapar las infracciones que cometen sus hijitos. Bajo esta perspectiva, no será extraño conocer una recomendación de la comisión para que los ciudadanos eviten transitar con dinero en efectivo para así no ser víctimas de algún atraco o que las mujeres se disfracen de hombres para evitar a los violadores. PANZONES CRUCIFICADOS EN CALZONCILLOS Es notable la falta de imaginación de las organizaciones sindicales para plantear sus reivindicaciones y recuperar su poder de convocatoria. Así como se abusó de ciertas medidas extremas que siempre se anunciaban hasta sus últimas consecuencias, hoy se han puesto de moda dos nuevas modalidades de recursos: la primera, a través de la Justicia ordinaria donde se plantean los recursos de amparo constitucional por todo y por nada, aprovechando la corrupción e irresponsabilidad con que actualmente se administra justicia. La segunda, las insurgentes crucifixiones en el atrio de la Universidad, hasta ahora en calzoncillos, próximamente será en cueros. Lo cierto es que estos crucificados están contribuyendo a dar un toque de color, aunque muy poco estético, a una ciudad como La Paz que, de tanto ver cosas, ya no se sorprende por nada.
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FOLEX N° 6 – 1992 ‐ Editorial ALCANCES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL Como sucede con muchos temas importantes en Bolivia, la cuestión de la reforma a la Constitución Política del Estado, de pronto deja de ocupar la atención central aunque mantiene subyacente su trascendencia. En momentos como los actuales, cuan distantes y equivocadas aparecen aquellas posturas que exigían cambios perentorios y radicales en nuestro ordenamiento constitucional, como condición inexcusable para proseguir en el sendero democrático y hasta para garantizar la existencia misma de la Nación. Resulta que, en tiempos en que todo parece tener una vigencia relativa, los cambios constitucionales no parecen ameritar un debate ni mecanismos extraordinarios para su concreción. De hecho, luego de consabidos seminarios y simposios, las opiniones y encuestas sobre el tema reflejan un virtual consenso en cuanto al método y a los principales temas que comprendería una reforma constitucional, al punto que existen propuestas concretas sobre las modificaciones, en cuanto al fondo y hasta a la forma de las mismas. El voto a los 18 o 19 años, la elección directa de Alcaldes, la prórroga en el tiempo de duración de su mandato, la forma de elección del Presidente y de los Parlamentarios, son temas que no ofrecerían mayor dificultad en la parte orgánica, pero sí en la parte dogmática o declarativa; tampoco existirían mayores problemas para introducir principios como aquellos del Estado plurinacional, multi o pluricultural, reconociendo a los originarios una serie de derechos, algún retoque sobre la religión, sobre potenciales derechos a la educación, a la salud, a la protección del medio ambiente o defensa ecológica puesto que, todo ello no deja de ser un listado de buenas intenciones y de sanos propósitos. La posibilidad de grandes transformaciones se centra en una nueva forma de Gobierno o en la creación de nuevos órganos que contribuyan al armónico funcionamiento de los Poderes del Estado. En el primer caso, implicaría pasar de un régimen presidencialista a una forma parlamentaria de gobierno, con un primer ministro y un nuevo ritmo democrático. En el segundo caso, a través del establecimiento de un Tribunal Constitucional o del Consejo de Estado. Más allá de las referidas modificaciones, con algún otro agregado de menor
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importancia, un cambio constitucional debe ser meditado seriamente y responder a una actitud general de reflexión y mesura, concientes de que la prioridad para el país, consiste en adecuar racionalmente el ordenamiento vigente a la dinámica social, sin provocar factores traumáticos de desestabilización. Luis Carlos Paravicini FOLEX N° 6 – 1992 NOMENKLATURA por lcparavicini COOPERACIÓN INTERNACIONAL Hay muchas formas de entender e interpretar un fenómeno complejo y, a veces, inexplicable, de todo aquello que usualmente encajamos en el concepto de cooperación internacional. La cooperación, gramaticalmente, puede significar una forma conjunta de operar en algo. Esta primera apreciación nos remite a una noción de igualdad y equidad en cuanto a los derechos y obligaciones, deberes y responsabilidades de las partes que conjuntamente operan, pero no es así. Se trata más bien de que, según nuestra experiencia, una parte opera más que la otra y en consecuencia, la parte que opera más exige e impone más y mayores condiciones. Hay países como el nuestro en que estamos acostumbrados al CO de la OPERACIÓN y permitimos que se nos exijan e impongan sus propias condiciones. Hay muchas razones para cuestionar el por qué o los objetivos de la cooperación internacional. Hay también muchos orígenes, formas y mecanismos, hay programas de Estado a Estado, de Asociación de Estados a Estados, de Organismos a Estados, de Estados a Organismos, del público al privado, del privado al público. Será que los sentimientos de fraternidad, solidaridad o filantropía han logrado calar tan hondo en el concierto de las naciones, en la comunidad de los hombres?. LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE OCCIDENTE En ocasión de conmemorarse (término poco polémico) los 500 años de un hecho que cambió el curso de la historia, hay cosas que no van a
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cambiar, como no se puede cambiar el pasado. No en vano se han escrito mares de tinta sobre la significación de un conjunto de hechos y de circunstancias irreversibles. Tal vez el encabezamiento resulte extraño o pretencioso, pero todo depende del punto de vista y de la ubicación del observador. Creo que hace algo más de 500 años, los habitantes de estas tierras descubrimos el rostro y la presencia de una cultura, de una forma de pensar y de actuar diferentes a lo concebible y conocido hasta entonces, suceso que permitió introducirnos a toda esa mastodóntica concepción del mundo a través de la visión de occidente. Este aniversario nos encuentra con muchas teorías y reivindicaciones que, lamentablemente, resultarán muy poco útiles en el aspecto práctico. Por más empeño que pongan los originarios y sus teorías, lo cierto es que se ha producido una mezcla de culturas, sangres, costumbres, rasgos físicos, cromosomas, genes, creencias, intereses y hasta esperanzas, pasado, presente y futuro, imposibles de aislar. El hecho de reconocer a grupos o territorios originarios, a culturas o nacionalidades, no habilitará un cambio automático o mágico de la realidad económica o social del mundo o de una de sus vertientes, tampoco eliminará las evidentes desigualdades o discriminaciones en un mundo pictórico de mestizaje, donde no existe una raza humana químicamente pura o una selva absolutamente virgen. Siguiendo las tradiciones bolivianas, en un Estado pluricultural y plurinacional podríamos declarar el día del aymara, el día del quechua, el día del tupi‐guaraní, el día del cholo cochabambino, el día del chapaco, el día del camba, el día del cholo chuquisaqueño y así sucesivamente, hasta que seguramente nos faltarían los días del año, particularmente si añadimos los días dedicados a la mujer, al trabajador, al anciano, al niño, al petrolero, al carbonero, al medio ambiente, al pobre, a la secretaria, al abogado, a la salud, al... ORDENANDO LAS FINANZAS DEL PAÍS Después de varios seminarios, como todo proyecto de ley que se respete, la que podría ser la Ley de Bancos y Entidades Financieras se encuentra haciendo antesala en el Poder Legislativo para su próxima consideración, dizque dentro del acuerdo previo de los partidos políticos. Las malas lenguas dicen que el proyecto fue elaborado por extranjeros (principalmente cochabambinos y algún cruceño), que vulnera la Constitución Política de los Estados Unidos
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de Norteamérica (no especifican en qué consisten las violaciones) y que, además, pretende introducir criterios foráneos, que no son lo mismo que los veraneos, para un país con tan sólida y auténtica concepción económica del mundo y de las finanzas. Ojalá que los temores expresados no sean evidentes y que el país prosiga con su estable y ordenado sistema financiero, que ha servido de modelo y es un ejemplo para el mundo desarrollado. LAS VENTAJAS DE NO ESTAR EN EL CENSO Aunque resulta difícil identificar con precisión a quiénes iniciaron una batalla, lo cierto es que se produjeron serias fricciones entre algunos periodistas y parlamentarios. Es indudable que quedó una percepción de derrota para ambos bandos, ninguno se reivindicó plenamente. Algo no funciona en alguna parte, hay cosas que a veces no tienen explicación. El llamado Cuarto Poder del Estado asume hoy dimensiones e intenciones casi hegemónicas, no acepta reglas ni limitaciones, se ampara en una libertad al más puro estilo liberal del siglo 19 y es juez supremo de la actividad pública y privada. Los parlamentarios persisten en conductas poco democráticas, reaccionan abusando de las inmunidades y privilegios que les otorga su fuero, no son consecuentes con el mandato popular y confunden la representación popular formal con un estado de gracia inexistente e imposible. GANA LA CASA A los que apostaron en contra de casinos y juegos de azar, pensando ingenuamente que podrían revertir una situación de facto, con muy poderosos intereses de por medio, acudiendo al simple y elemental argumento de la legalidad, habrá que reconocerles el mérito de su empeño que no disimula lo estrepitoso de su fracaso. Hay que tener presente que en juegos de azar y en política siempre gana la casa y, mientras tanto, los abogados de casinos y timbas deben estar atareados preparando los reglamentos que permitirán consolidar el funcionamiento de los juegos de azar en Bolivia. LA PROFUNDIDAD DE LA REFORMA Cuando moros y cristianos manifiestan su acuerdo en la necesidad de la reforma, incluso en los principales temas o instituciones a reformar, en medio de divergencias respecto al procedimiento a seguirse para
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tal propósito (Asamblea Constituyente, Referéndum, el previsto por la Constitución), la gran duda surge respecto a la real profundidad de la Reforma Constitucional que se plantea. Cualquier modificación que se introduzca a la ley de leyes será de suyo importante, pero hay que distinguir la magnitud y la trascendencia de los cambios que se planteen dentro de un aspecto meramente formal, en el que se modifiquen plazos, procedimientos o declaraciones, diferente a lo que pueda significar un nuevo diseño del Estado Nacional que implique la introducción de nuevas instituciones y modalidades o la reestructuración plena de las ya existentes. Si el espíritu que animará la reforma es de contenido meramente formal, no hay motivo para esperar mayores complicaciones. En cambio, si el propósito es pensar en una nueva expresión orgánica del Estado, con seguridad nos encontramos atrasados en tiempo y en procedimientos. DOS ACTITUDES CURIOSAS Primero, fueron los Ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes sorprendieron al país con una represalia desproporcionada e inexplicable respecto a una supuesta acusación que habría lanzado un diputado en contra de su honorabilidad y dignidad. Con tan especial motivo, se suspendía ilegalmente el juicio a García Meza y se vulneraba el Estado de Derecho. De la misma manera confusa y extraña en que se produjo, se solucionó un episodio casi anecdótico, pero no quedaron claros los móviles ni las intenciones que seguramente existían detrás de tan insólita actitud de niños ofendidos que adoptaron los Ministros de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, el jefe del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, protagonizó un incidente con Ciro Humboldt, viejo militante movimientista, que supuestamente le habría amenazado con un revólver, el que a su vez denunció haber sufrido un atentado posterior contra su vida. Después de una renuncia a la Jefatura y a la Candidatura que conmocionó al país por lo inesperada, luego de unos cuantos votos de apoyo y de anuncios de lucha contra la corrupción al interior del partido, Sánchez de Lozada se vio "forzado" a retirar sus renuncias, sometiendo a Humboldt al Tribunal de Honor del MNR. En todo esto, más allá de la seriedad o veracidad que pudieron tener los hechos denunciados, se evidencia un error de cálculo político en el tratamiento que se les asignó, dejando toda la impresión de que apenas se trató de una maniobra preelectoral cuasi frustrada en sus efectos. En todo caso, actitudes como estas restan credibilidad y seriedad a los hombres públicos y demuestran que el país se encuentra harto de sufrir chantajes y condicionamientos como resultado
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de actitudes o caprichos enteramente personales o privados. APARIENCIAS DE UNA LUCHA GENERACIONAL Los últimos cambios de Ministros y servidores públicos de alto nivel sirven para reflexionar sobre esencia y sustancia, forma y contenido. Van por mal camino aquellos que creen encontrar signos de cambio y de revolución en el simple hecho de que unos que entran sean cada vez más jóvenes respecto de otros que salen, porque a ese paso llegaremos al gobierno de los infantes (no de marina precisamente), o párvulos o lactantes. Ese es un indicador que no indica nada y solo busca enfrentamientos innecesarios y absurdos. Hay jóvenes bien formados, impetuosos, calificados y capaces, pero no es porque tengan años menos, apariencia de yuppies y formación en una Universidad de USA; paralelamente, existen personas de mucha experiencia, que se actualizan permanentemente y que tienen un lugar altamente apreciado en cuanto a su aporte profesional. Razonando a la inversa, es inevitable que existan jóvenes mal inclinados, con deficiencias en su formación personal y profesional y su edad no será un atenuante para sus propias limitaciones; tampoco sería justo desconocer que hay muchos veteranos fracasados o simples personajes mediocres que se asustan ante el advenimiento de las nuevas generaciones. Colocando las cosas en su justa medida, las cualidades intelectuales, la idoneidad y la capacidad para desarrollar funciones de gobierno en un sistema democrático no tienen nada que ver con simples y frívolas especulaciones que pudieron tener su explicación el siglo pasado, pero que hoy carecen de sentido y de racionalidad. EL REMATE DE LOS HOTELES Después de más de un intento fallido, alguna intervención hasta presidencial y alguna oscura gestión de última hora realizada por los anteriores propietarios de los hoteles, Corte Suprema de Justicia de por medio y una maniobra de embargo judicial por pretendidos derechos laborales, al final se realizó la subasta y la adjudicación de los Hoteles La Paz (ex‐Sheraton) y Crillón. Quedaron atrás las millonarias e imaginarias ofertas o las escandalosas impugnaciones de todos aquellos que se prestaron de una u otra manera a seguir el juego de los ex propietarios y ex administradores de estos negociados realizados a costa de la buena fe del Estado nacional. Es el fin de los bulines y de los alojamientos
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estatales de lujo y gratuitos. FOLEX N° 1 y 2 – 1993 – Editorial Las tareas legislativas El año que se inicia será particularmente intenso para los legisladores y esto tomando en cuenta que este periodo electoral, para ellos y para los políticos en general, apenas tendrá una duración superior a los siete meses pero, como diría algún aficionado a la escena: ¡QUE MESES!. En este corto lapso de tiempo se tendrían que considerar leyes como la del Presupuesto, Reformas Electorales, la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la Ley de la Descentralización, la Ley de Declaratoria para la Reforma Constitucional y otras de tanta o mayor importancia. Tratándose de temas ciertamente trascendentales, es de desear que no suceda lo que con frecuencia caracteriza la conducta de los legisladores al hacer que lo urgente desplace a lo importante, pues sucede que hoy se presenta una coyuntura en la que resulta casi imposible distinguir una cosa de la otra. Por otra parte, es también del Poder Legislativo de donde surgen los nuevos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, en una nueva modalidad de designación (dos tercios de votos) como un mecanismo que pretende hacer que el consenso reemplace al favoritismo o a los nombramientos estrictamente políticos. Estas designaciones obedecen al cumplimiento del periodo legal de varios de los actuales Ministros, por lo que no supone ninguna reforma o reestructuración al margen de la institucionalidad democrática, lo que de por sí resulta alentador para la cultura democrática, aunque todavía insuficiente respecto a las ansias de una modificación sustancial en lo que actualmente significa el Poder Judicial. Existe también expectativa por lo que pueda suceder con casos de fiscalización, licencias, separaciones o procesamientos que caen dentro del ámbito parlamentario con interpelaciones pendientes contra el Ministro de Defensa, o en lo relativo a la situación del anterior Ministro de Defensa Héctor Ormachea, sin olvidar al ex Ministro del Interior Fernando Barthelemy o, tal vez el caso más ordinario y grosero de corrupción, el del ex Ministro de Educación Hedim Céspedes.
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La relación anterior no será la que copará totalmente la preocupación o los afanes de los honorables representantes nacionales. La mayor parte de ellos son, de una u otra manera, miembros activos de los Partidos Políticos y, ellos mismos, tendrán que dedicar tiempo, energía y otros recursos para las campañas de sus partidos. Ya estamos, y cada vez será más intenso, en el ritmo afiebrado de una campaña electoral plena de incertidumbre y mas propicia a los acertijos que a los pronósticos. Luis Carlos Paravicini FOLEX N° 1 y 2 – 1993 NOMENKLATURA Por lcparavicini LITIO Y LITHCO: UN CUENTO DE HADAS QUE TERMINO Durante varios años fuimos testigos involuntarios de negociaciones que mantuvieron a la opinión pública en vilo, por tortuosas antes que por complejas, que con seguridad lo fueron en grado extremo. Esta historia nos recuerda, de alguna manera, lo que hace varios años atrás sucedía con el proyecto de venta de gas al Brasil; como olvidar, entre otros, al actual Diputado Nacional por CONDEPA don Andrés Soliz Rada y su vigorosa e intransigente defensa de los recursos naturales no renovables. Hoy los tiempos y muchas otras cosas han cambiado, pero cómo explicarnos que hayan habido personajes que se hayan equivocado tanto y, hoy, como si nada hubiera pasado, persistan y sigan actuando en puestos de privilegio del pensamiento y de la representación popular. Lo que ha sucedido con el Litio y con la Lithco es bastante más que un aplazo en la negociación; el fracaso del proceso se multiplicó en señales negativas o desalentadoras para sus majestades los inversionistas extranjeros pero, sobre todo, puso en evidencia que el desarrollo regional, y consecuentemente nacional, no puede estar supeditado a los caprichos de liderzuelos ávidos de protagonismo, con gran capacidad de maniobra en el campanario y con una absoluta irresponsabilidad sobre sus actos y sus consecuencias. Hoy el país entero tendrá que pagar una elevada factura mientras que los responsables seguramente se encuentran en alguna cantina ensayando su nuevo discurso, aquél que les
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permita proyectarse políticamente, no importa a costa de qué. NACIÓN VERSUS REGIONES Cuando hace aproximadamente 10 años se comenzó a hablar en forma más o menos seria acerca de la descentralización, se manejaban conceptos como los de la democratización del Estado. Para entonces, descentralizar era una forma de evitar la evidente antinomia entre un Estado centralista, absorbente y casi totalitario en contraposición a regiones olvidadas, sin gravitación política, económica ni de ninguna naturaleza, en síntesis, dentro de un escenario que nos planteaba el conflicto Estado o Gobierno Central contra Regiones. La recurrente postergación del tema, para cuyo propósito se utilizaron todo tipo de mañas y artimañas, no logró restarle importancia ni potencia a un problema y a una confrontación demasiado evidente. Hay dos factores que cambian la percepción del problema y que en gran medida también condicionan su eventual solución; en primer término, a partir de la Reforma Tributaria, se modifica el mapa económico del país, surgen conciencias antes adormecidas y se siembra la semilla de la descentralización real; luego, paradójicamente, la postergación del proceso descentralizador acumula demandas y agranda el congestionamiento administrativo del Poder y de la Administración. Puede ser que todavía estemos a tiempo para tomar decisiones sobre este tema, pero, las que tomemos tarde o las que dejemos de tomar gracias a los recursos dilatorios que imaginemos, solo conseguirán hacer de éste un problema cada vez más explosivo y hasta peligroso. Por ello, a través de una disputa aparentemente puntual y referida a la distribución tributaria, el conflicto inicial, casi administrativo, que confrontaba al Estado centralista versus los Departamentos, amenaza con convertirse en una real confrontación entre el Proyecto del Estado Nacional contra regiones dispersas y antagónicas incluso entre sí. Lo que está sucediendo, la forma en que se está tratando el tema, puede constituir uno de los peligros más inminentes y serios para la propia viabilidad del Estado boliviano. EL PODER DUAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL Los medios de comunicación social, no cabe duda alguna, se encuentran en el centro de los más importantes escenarios políticos, económicos y sociales del mundo y de nuestro país; todo transita y se procesa a través de ellos.
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En nuestra experiencia, los medios de comunicación social se muestran ante encuestas, que de alguna manera son realizadas por ellos mismos, como los más confiables, creíbles y serios ante la opinión pública, muy por delante de políticos, profesionales, parlamentarios, militares y otras especies imperfectas. Es natural que la democracia tenga que acudir a los medios de comunicación social, pero es que acaso son los medios los que atraen o justifican la intermediación democrática por su seriedad, responsabilidad o credibilidad intrínseca?. Es acaso la actitud del ciudadano hacia los medios consecuencia de un sincero respeto, de una franca credibilidad y confianza o son, sobre todo, temor y miedo los sentimientos que marcan la relación entre ciudadanos y medios de comunicación social?. Comunicación Social y Democracia parecería ser el resultado de una relación incestuosa, incluso pervertida. Por una parte, la democracia requiere vitalmente de la comunicación social para expresarse pero, a la inversa, cómo puede la sociedad manifestarse democráticamente a través de los medios de comunicación social que no son democráticos en su acceso, pero que tampoco responden a reglas de juego que garanticen una coexistencia mínimamente igualitaria en relación a los factores de poder o a los simples ciudadanos. Hoy la relación es dual o, tal vez, algo más que eso. Los medios de comunicación informan, opinan y, en muchos casos, juzgan y sentencian. Los ciudadanos e incluso las instituciones democráticas, por lo general no pueden informar, ni opinar y, mucho menos, juzgar ni sentenciar absolutamente a nadie si no lo hacen por intermedio, con el favor o con el acceso, de o a uno o más medios de comunicación social. Y, mientras más acceso a más medios se tengan, más garantizado estará el porvenir democrático del accedente, que resulta ser una categoría de privilegio para ocupar los roles antes reservados para carismáticos y talentosos. En los días que transcurren, hay testimonios que acreditan y demuestran que las anteriores afirmaciones son evidentes; políticos que se desviven por improvisar o acceder a medios y convertirse en comunicadores; comunicadores para quienes la política es apenas una modalidad o experiencia más a la que acceden como una prolongación absolutamente natural de su actividad comunicacional. En esta profusa confusión de roles y papeles, donde no se sabe quién es quién, que es qué, ni se puede adivinar por donde buscar las respuestas, sólo queda la
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impotencia del simple ciudadano que no entiende si la noticia es noticia, especulación, opinión, trascendido o "encargo", si el que habla es periodista o político (o al contrario). Queda claro que, más allá de los naturales reparos que hoy sentimos hacia los que controlan los medios de comunicación social, éstos no son confiables sino temibles, el papel dual que desempeñan, como medios y como expresión de determinados intereses, es un factor que distorsiona la democracia y todas las actividades culturales y sociales. Lo paradójico de todo esto y tal vez una de las causas fundamentales para que las cosas sucedan de esta manera, se refleja en el hecho de que aquellos que fiscalizan y controlan el cumplimiento de las reglas de juego sociales, no tienen ni aceptan mínimas reglas de juego propias que cumplir, por lo que se pueden desempeñar en el marco de la más absoluta irresponsabilidad e impunidad. Está claro que lo anterior no incluye, o más bien excluye, a aquellos periodistas o comunicadores que imprimen a su labor valores de alto contenido ético y social, pues lo mismo sucede en muchas otras actividades y profesiones, pero resultan un flaco consuelo si pensamos en su casi imperceptible gravitación colectiva. QUIÉN DESHACE LA TORTILLA? El tema de los quinientos años de la conquista, del descubrimiento, del encuentro de dos mundos o de lo que se le quiera llamar, motivó también el descubrimiento y el encuentro, a veces violento, de posiciones ideológicas y hasta de terminología especialmente diseñada para la ocasión, tal como aquellas de los originarios o indianistas e indigenistas. Lo cierto que es hubieron lugares y momentos en que nosotros, tristes y oscuros espectadores del fenómeno comunicacional, quedamos confundidos y desconcertados. Si comenzamos por decir que es lo que no vimos nos tenemos que referir a la autenticidad; el resto, todo con olor a impostura. Periodistas criticados por periodistas por el hecho de discriminar a sus entrevistados y, mientras usteaban a unos, tuteaban a otros y luego al revés, todo dependiendo de la condición social del entrevistado. Así, mientras un joven yupi merecía un usteo respetuoso, un anciano indígena era groseramente tuteado como si se tratara de la sirvienta del o de la entrevistadora. Pero la cosa, es decir, la impostura y la falsedad no se detuvieron allí. Vimos a intelectuales de vanguardia reclamando por los derechos y reivindicaciones habidas y por haber de los originarios y su contexto, mientras delataban haber sido fiel y
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sumisamente servidos por sus contemporáneas sirvientas, cosas carentes de derechos y al margen de los otros derechos de los originarios. Faltó poco para que se exigieran compensaciones históricas de España y sobró mucho discurso, mucha imaginación, mucha fantasía. Lo concluyente es que muchos analistas descubrieron que somos una tortilla social, una mezcolanza donde quedan muy pocos resabios y ninguna base para hablar de razas puras, donde como en cualquier parte del mundo, la economía y la producción han subordinado a consideraciones de piel y hasta de cuero. COOPÉRAME COOPERADOR PARA QUE COOPEREMOS A LOS QUE COOPERAN Este parece ser el lema de una legión de hombres y mujeres, nacionales y extranjeros, que han encontrado en las condiciones de atraso y pobreza del país un ambiente propicio para atraer donaciones y préstamos que generan proyectos, los proyectos generan empleos, los empleos generan necesidades y las necesidades . . . hay que cubrirlas. Las cosas han llegado a tal magnitud que ‐ya es un secreto a voces‐ en la Bolivia de hoy, la pobreza es uno de los mejores negocios. Se comenta que hay comunidades rurales en las que las mujeres se embarazan una vez al año para poder seguir recibiendo alimentos de donación para sus lactantes. Por otra parte, mientras a la mayor parte de los lugares más o menos distantes de los centros urbanos no llegan ni las enfermedades, hay lugares como El Alto de La Paz donde las ONG's se disputan cuadra a cuadra, casa a casa, cama a cama, los pobres que les pertenecen a cada una de ellas y hay vacunados que ya no tienen espacio corporal para recibir más vacunas. LA ESPECIE DE LOS ESTUDIADORES: Son también de diferentes nacionalidades y profesiones y, dentro de un componente importante de las ayudas y préstamos, se dedican a elaborar sesudos, gruesos y muy bien presentados diagnósticos y estudios. La única dificultad está en acceder a la élite de escogidos para ser consultores y punto. Por lo demás, no importa si los diagnósticos son correctos o no, si las sugerencias son adecuadas o no, en todo caso sí es importante la buena presentación que justifique honorarios de, por lo menos, 4.000 $us. mensuales. No existe, como mínimo recaudo precautelar para semejante sangría de recursos, mecanismos o instancias por las que se pueda establecer
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responsabilidades o sanciones para tanto mamotreto inútil que se elabora a título de estudio, de diagnóstico o de recomendación. FOLEX N° 3 y 4 – 1993 ‐ Editorial LA INDUSTRIA DE LA CULTURA La cultura, concebida globalmente como todo lo que produce el hombre con un sentido de trascendencia, ocupa un lugar cada vez más Importante en el quehacer y en la preocupación de la sociedad; algo similar sucede con las manifestaciones de actividades culturales especificas, tanto en avances materiales como en expresiones del espíritu. En el país, se reclama cada vez con mayor insistencia el establecimiento de políticas educativas y culturales, en algún caso mediante reformas o reestructuraciones y con frecuencia se repiten los pedidos para que el Gobierno, el Estado o sus Instituciones establezcan medidas efectivas de protección y de estímulo a las tradiciones como a la producción cultural. En los días que corren, es común escuchar propuestas que postulan a Bolivia como un país pluricultural, plurilingüe y otras pluralidades que se orientan a la búsqueda de nuestra propia Identidad a partir del reconocimiento de nuestras auténticas diferencias. El modelo económico de mercado vigente también condiciona y marca el rumbo del fenómeno cultural, haciendo que todo lo que significa producción cultural, en el sentido señalado al inicio, tenga también que adecuarse a las reglas del mercado. La cultura, como cualquier otro bien, está sometida a la libre competencia (interna y externa), por lo que, para poder ser rentable y encontrar los recursos para su propia reproducción, debe encontrar mecanismos de producción y comercialización eficientes, debe optimizar costos, usar técnicas adecuadas de marketing y pasar a un segundo plano a Mecenas, filántropos, subvenciones, subsidios y, en general, a todo lo que significaba un cultura estatista en la que los valores y las valoraciones estaban subordinadas a criterios de favoritismo y prebendalismo oficialista, cuando era el Gobierno de turno el que decidla el uso de Imprentas oficiales o de recursos fiscales para premiar a unos en desmedro de otros. Con estas consideraciones no pretendemos restar validez ni Importancia a la educación como principal función del Estado, pero queda claro que esa altísima función, en cuanto a su ejecución y resultados, debe ser sometida también a parámetros de eficiencia y competitividad, pues lo contrario significarla reducirla al
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mero postulado constitucional o, cuando más, a una función burocrática generadora de empleos mal remunerados, tal como más o menos sucede en la actualidad. El productor de cultura de hoy ya no puede aspirar únicamente al reconocimiento oficial que, por lo general, se traduce en una condecoración, tampoco puede quedarse en grupículos elitistas de "sociedad" donde el compromiso personal y las alabanzas reciprocas esterilizan las posibilidades de cambio y de creación. Por el contrario, desde la agricultura hasta la cibernética, el producto cultural está sometido a las implacables exigencias del mercado y del consumidor, lo que hace que el pilar para una real democratización cultural radique ahora en posibilitar a las mayorías un real acceso a la oferta cultural, sin discriminaciones de ningún tipo. Luis Carlos Paravicini FOLEX N° 3 y 4 – 1993 NOMENKLATURA Por: lcparavicini TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: LEVANTA POLVO ANTES DE BARRER. Dentro de la ley de declaratoria de necesidad de reforma a la Constitución Política del Estado aprobada por el Congreso Nacional, el tema de la creación del Tribunal Constitucional, imprevisiblemente para muchos, se convirtió en un verdadero torbellino y atrajo para sí durísimos ataques de una Corte Suprema recientemente renovada en cinco de sus doce miembros, pero que al parecer mantendrá el estilo de beligerancia y desproporcionalidad en muchas de sus reacciones. Un primer aspecto que se destaca en lo que hace a reformas en general tiene que ver con la escasa participación, así como con el tratamiento superficial que se asigna a temas de tanta importancia para la institucionalidad democrática; por una parte, los legisladores y, en realidad, los Jefes de Partidos Políticos con los cada vez más frecuentes Acuerdos Cumbre, descolocan a la opinión pública asumiendo decisiones trascendentales que merecían, cuando menos, una información y un debate previo. Por su parte, la gran mayoría de los medios de comunicación social llamados a orientar y generar opinión, omite o trata muy superficialmente este tipo de temas que indudablemente requieren trabajo de investigación y el aporte de verdaderos especialistas en la materia.
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Con un tratamiento tan poco democrático para temas trascendentales, ya no extrañan las insólitas reacciones de la Corte Suprema de Justicia cuyos miembros, olvidando que conforman un Poder del Estado, se atrincheran en movimientos cívicos regionales y amenazan con demandas de inconstitucionalidad (ante ellos mismos) así como con distintas medidas para evitar la creación del Tribunal Constitucional. En todo caso, aparte de posiciones radicales y antagónicas, más allá de apresuramientos y declaraciones de tono amenazante y disgregador, se impone recuperar el tiempo perdido e ingresar al análisis sereno y racional de esta que, por el momento, es apenas una propuesta de reforma y que tendrá que admitirse o rechazarse en base a argumentos racionales antes que a caprichos o poses de un desgastado histrionismo. EL QUE MUCHO HABLA MUCHO SE EQUIVOCA?. Posiblemente podría ser un fácil recurso atribuir a la inexperiencia o hasta a la imprudencia del Canciller de la República los errores o equivocaciones en sus declaraciones públicas en torno a las relaciones con Chile y a un hipotético canje territorial para recuperar una salida al Mar. También se podría suponer que una excesiva locuacidad lo llevó a tocar temas de alta sensibilidad para la opinión pública nacional, al punto de provocar críticas y desmentidos del propio sector oficialista. Pero, en Diplomacia y Relaciones Internacionales, las cosas no son tan sencillas ni tan casuales, más aún si colocamos a tales declaraciones dentro del contexto de un Convenio de Complementación Económica que acaba de suscribirse entre ambos países luego de laboriosas y difíciles negociaciones, las mismas que tuvieron que superar la oposición de varios sectores y de muchos intereses. Tampoco creemos que estén dadas las condiciones ni que sea el momento oportuno para lanzar globos de ensayo. Contra las señales superficiales, el Convenio y las declaraciones forman parte de una estrategia cuyo siguiente paso tendría que ser la reanudación de relaciones diplomáticas y un renovado tratamiento al problema marítimo. DESCENTRALIZACIÓN: EL ABSURDO DEL CONSENSO OBLIGATORIO Y UNA NUEVA FRUSTRACIÓN. Para muchas decisiones de importancia ha funcionado muy bien la mecánica del
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consenso entre los principales partidos políticos, subordinando incluso a los propios legisladores que, entre convencidos y resignados, tuvieron que dar forma legal a los acuerdos adoptados en instancias supralegales. El consenso es importante y deseable, en muchos casos despierta nuestra mayor admiración por el nuevo estilo de afrontar los grandes temas nacionales, pero si, como en el caso de la Descentralización, se pretende que sea un condicionante inflexible, estamos introduciendo un nuevo factor que puede no solo desvirtuar los avances logrados, sino llegar a inviabilizar la institucionalidad democrática. El tratamiento que ha merecido el Proyecto de Ley de Gobiernos Departamentales es ilustrativo y aleccionador. No siempre será posible que todos los intereses y actores involucrados en el tratamiento de temas de esta magnitud y complejidad lleguen a un sentimiento uniforme y a un acuerdo total, así sea por la vía de recíprocos renunciamientos y concesiones. En caso de disenso, estos temas tampoco se solucionarán con permanentes postergaciones en espera de lograr que, tal vez por cansancio, se alcance el ansiado acuerdo general. Seguramente por estas divergencias características de la coexistencia del hombre en sociedad, las milenarias prácticas democráticas han establecido instituciones y prácticas para dirimir conflictos y diferencias inevitables. Hay momentos en que el interés mayoritario, reflejado en el voto, se tiene que imponer sobre posiciones particulares o minoritarias. La misma democracia es una construcción intelectual que se apoya en una ficción por la cual se delega la representación popular para encontrar y definir posiciones por los propios canales democráticos. Por lo tanto, si bien es deseable la búsqueda del consenso en límites y tiempos razonables, no es posible supeditar la resolución de asuntos cruciales o mantenerlos en prolongados periodos de indefinición e incertidumbre en espera de un consenso que como toda ansia de perfección, suele ser incompatible con la realidad. LOS EXÁMENES PARA CANDIDATOS. A partir del cambio de modelo y de la aplicación de reglas neoliberales, mientras la Central Obrera Boliviana sigue perdiendo o no recupera el poder de convocatoria que tuvo en largos e importantes periodos, son dos factores
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de poder los que monopolizan el arbitraje y la legitimación de todo lo que se propone o hace en el plano político y económico: LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS DE BOLIVIA y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Es así que, el ya tradicional Foro convocado por los empresarios privados, les puso nota de aprobación a los principales candidatos y ratificó las serias dudas y temores respecto a un candidato en particular: Max Fernandez. Más allá de su evidente aplazo ante los empresarios, la incoherencia ideológica, la ambigüedad programática y la virtual inexistencia de un aparato partidario más o menos organizado que se sintetiza en UCS como expresión de las obras y decisiones personales de su candidato y propietario, dejan una enorme incógnita acerca del rol que desempeñará este Partido, más aún si se considera su evidente importancia electoral. El Foro de la empresa privada sirvió también para mostrar las grandes contradicciones e incertidumbres que acusan los principales candidatos. Por una parte, casi todos se esmeraron por mostrarse potables y respetuosos para el modelo de libre mercado, al que solo le añadieron tibios matices de orientación. Sin embargo, cuando se enfocan las prioridades programáticas, todos enfatizan en el aspecto social que se traduce en el empleo ‐casi siempre con propuestas muy alentadoras y atractivas en el manejo de cifras y de ofrecimientos‐, en la salud y la educación, para pagar la deuda social y corregir las injusticias del modelo. Se podría entender que, considerando el ámbito y la calidad de los examinadores, los candidatos hayan omitido exponer con claridad su concepción en cuanto al nuevo rol del Estado, para algunos una mala palabra y para otros un simple reparador de injusticias. Lo que no se entiende ni justifica es que en las publicitadas difusiones de programas de gobierno, tampoco los candidatos ni los partidos hacen una exposición clara y definida sobre este aspecto verdaderamente central. Desde esta forma de ver las cosas, el debate parece concentrarse en los grados y alcances de las medidas de reforma estructural iniciadas, en las formas de proseguir con la privatización de empresas públicas o en la capitalización y potenciamiento de las consideradas todavía estratégicas.
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Resulta absurdo que, en un modelo económico tácitamente aceptado por los diferentes partidos, para el que básicamente no debiera existir ninguna empresa estratégica, se planteé un debate con medias verdades y sin ninguna definición verdaderamente estratégica acerca del nuevo rol del Estado nacional. UNA SENTENCIA QUE SIENTA JURISPRUDENCIA Y ALGO MAS. Finalmente concluyó el juicio a Luis García Meza y a sus más notorios colaboradores. De alguna manera, la sentencia aplaca las ansias de justicia de la sociedad boliviana y cierra un periodo que dejó muchas heridas. Jurídicamente, se agotaron las instancias de un juicio y la sentencia refleja lo mínimo que podía esperarse, por lo que no sorprendió ni a los propios encausados. Una sentencia que sienta jurisprudencia y algo mas. Con su actuación en este proceso, los componentes del más alto Tribunal de Justicia de la Nación también despertaron la expectativa para que, a partir de este hito institucional, el Poder Judicial recobre algo de su muy venida a menos credibilidad y para encarar un urgente proceso de reestructuración del sistema judicial. Adicionalmente, la Corte Suprema sienta jurisprudencia al juzgar y, de alguna manera, convalidar, con normas constitucionales actos y gobiernos inconstitucionales. Los efectos más importantes de la sentencia, sin embargo, se traducen en la lección y en la advertencia moral para establecer un freno efectivo contra las tentaciones golpistas y las aventuras "revolucionarias". FOLEX N° 5 y 6 – 1993 ‐ Editorial PODER JUDICIAL: LOS URGENTES CAMBIOS DE FONDO El tema de la corrupción ha logrado nomás estigmatizar a una gestión de gobierno que, en este tema, cometió, cuando menos, el gran pecado de la omisión, que se traduce en la falta de decisión política para sancionar a algunos de los casos más notorios de delitos cometidos contra la economía del Estado, al punto tal que su sola mención ha alcanzado gravitación electoral y, a juzgar por las declaraciones del Presidente de la República al referirse a la lucha contra la "hipercorrupción", tiene una categoría mayúscula y se constituye en un objetivo nacional.
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Las reformas y propuestas conocidas hasta hoy y que, en algunos casos se expusieron como ejemplos de medidas estructurales, tales como la aprobación de la Ley SAFCO, los dos tercios de votos, la Ley de Organización Judicial y la Ley del Ministerio Público, así como la eventual creación del Ministerio de Justicia, resultan útiles pero insuficientes para garantizar en buen grado la independencia e idoneidad del Poder Judicial y la de sus miembros. Más allá de ponderables esfuerzos para crear instituciones de capacitación judicial u órganos administrativos independientes como el Consejo de la Magistratura, la reposición jerárquica de un órgano como el Ministerio de Justicia podría significar el vehículo catalizador para impulsar y concretar cambios estructurales, de fondo e integrales. Si partimos del convencimiento de que el problema del Poder Judicial no sólo es de jueces y de funcionarios, por qué no pensar, de una vez, en categorizar y jerarquizar la profesión de abogado y las funciones afines y auxiliares, tales como las de Notarios de Fe Pública, Oficiales de Registro Civil y hasta la de los Procuradores. Esto podría iniciarse haciendo que, por méritos, por vocación, por práctica o por necesidad, los abogados sean conminados a especializarse en una rama del derecho y, complementariamente, establecer un escalafón jurídico que categorice a los profesionales según sus méritos objetivos, es decir, sus trayectorias, investigaciones, propuestas y, en lo negativo, los actos irregulares, las deficiencias u omisiones que se les pueda demostrar. La propuesta de jerarquizar y categorizar el ejercicio profesional de la abogacía implicaría una nueva concepción del rol y función social que deben cumplir los colegios profesionales, reorganizándose para cumplir sus funciones con criterios científicos y de eficiencia administrativa y dejando de ser un objetivo político para el logro de influencias personales. Luis Carlos Paravicini NOMENKLATURA Por: lcparavicini FISCALES A TODO VAPOR Los representantes del Ministerio Público han tenido últimamente varias y propicias oportunidades para ser principales protagonistas de los hechos noticiosos y, en algunos casos, ellos mismos han sido noticias. El caso de la
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Fiscalía de Distrito de La Paz es de particular interés al observar un nuevo estilo y una dinámica hasta ahora desconocida, introducida por el Dr. Javier Dips, que insinúa el surgimiento de una nueva imagen para esta importante institución. Fue muy atinada y oportuna la participación fiscal al tomar la iniciativa para que se consiga la trasmisión televisiva de los partidos de fútbol de nuestra selección por canal abierto, pero lo que ha constituido un verdadero acierto ha sido la opinión contraria a la publicación de los nombres de los deudores morosos en los medios de prensa. Más allá de tecnicismos legales o rigurosas normas procesales, lo cierto es que esta práctica se estaba convirtiendo en un hábito para denigrar a las personas y a las instituciones, sin considerar que ser deudor no es ningún delito y que existen las garantías y los medios judiciales para recuperar los créditos. No todas las actitudes han concordado respecto a la expectativa de cambio positivo. Así, cuando a través de artificios legales posiblemente combinados con poderosas influencias se logró dejar en suspenso el cierre de casinos, la fiscalía tuvo una buena oportunidad para mostrarse diligente respecto al cumplimiento de las leyes vigentes en la República, pero no hizo la menor intención de aprovechar tal ocasión y mantiene hasta hoy un sugestivo silencio. Resulta que, así se haya forzado, mediante Írritos Recursos Directos de Nulidad, la suspensión de Competencia del Presidente de la República y de algún otro Ministro, estos recursos, en ningún caso, pueden dejar sin efecto o en suspenso leyes que prohíben el funcionamiento de juegos de azar en Bolivia. En consecuencia, los Fiscales, que no tienen suspendida ninguna competencia, tendrían la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes y requerir las sanciones contra los que las vulneren, sin que esto implique deslindar responsabilidades por el silencio de las demás autoridades, legisladores y otros fiscalizadores incluidos. Posteriormente surgió el caso del arroz vietnamita, que resultó dañino a la salud, donde los fiscales se lucieron en tramitar su incineración (la del arroz y no la de ellos mismos, se entiende) y, después, requirieron sanciones a diestra y siniestra buscando responsabilidades y responsables por docenas, seguramente porque así sale más barato. Después de un hecho consumado y que ocasionó daños posiblemente irreparables a varias o bastantes personas, este es un asunto que no termina de esclarecerse.
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Como corolario para el Ministerio Público le llegó el asunto del tráfico de armas a nombre del país y que derivó en tráfico de pasaportes y documentos de identificación. Después de operativos espectaculares, se obtuvieron resultados algo desalentadores cuando se acudió al viejo estilo de inculpar a funcionarios subalternos y de octava categoría por actos, omisiones o delitos que no pudieron haberse concretado sin la participación de funcionarios de alto nivel; para aumentar la incertidumbre y el desconcierto, se atribuyen declaraciones al Fiscal General quien habría anunciado que procesará a los involucrados nada menos y nada más que por el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA. De ser ciertas tales declaraciones, el procesamiento sería imposible y el Fiscal estaría cometiendo una aberración jurídica pues, de acuerdo al Código Penal vigente, este delito solo es posible cuando el país se encuentra en tiempo de guerra. Para concluir sobre el tema de la Fiscalía, el balance se inclina hasta ahora más hacia lo positivo y esperanzador. EL PROPÓSITO DE DICTAR UNA LEY DE INVESTIGACIÓN DE FORTUNAS, muy difícilmente podrá plasmarse en realidad pero, su solo enunciado, ha provocado más de un temporal. Hablar de investigar todas las fortunas, incluso en los términos relativos y proporcionales a nuestro país es imposible a partir del momento en que no hay criterios objetivos o parámetros que permitan precisar lo que constituiría una fortuna, para después distinguir las fortunas legítimas de las mal habidas, pues en este momento ya estaríamos prejuzgando y como la Constitución y el Estado de Derecho presumen que toda persona es inocente mientras no se le demuestre lo contrario, todos los afortunados tendrían infinitas posibilidades para corroborar su inocencia; don Max Fernandez no se equivoca cuando se pregunta las razones por las que se pretende investigar justamente su fortuna y no la de otros afortunados que seguramente tendrían muchas dificultades para justificar, sin ir más lejos, el origen de los cuantiosos recursos gastados en la campaña electoral y tampoco se equivocan quienes sostienen que lo único que hace falta es aplicar las leyes vigentes para castigar los actos de corrupción, lo que casi nunca sucede, en vez de terminar de espantar a potenciales inversionistas. Habrá que esperar mayor seriedad en este tipo de propuestas que huelen a demagogia e irresponsabilidad, formas de corrupción que afectan la fe pública. LOS ESCÁNDALOS EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se vuelcan al
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interior de los Partidos y ya se puede esperar cualquier cosa; del tráfico de armas al de pasaportes, mientras aspirantes a ocupar cargos opinan y critican, así se hayan aplazado anteriormente, nos encontramos con una denuncia sobre comercialización de 153 vehículos de lujo por parte del ex embajador en Argentina, Agustín Saavedra Weisse, quien además habría otorgado status diplomático, por su cuenta, a más de 40 funcionarios para habilitarlos en el negocio de las liberaciones. Una primera curiosidad surge al descubrir que se tuvo que esperar que el negocio llegue a 153 vehículos de lujo (tal vez un número cabalístico para nuestra Cancillería) o a más de 40 funcionarios irregularmente designados, para recién denunciar y armar el escándalo, lo que significa que no tenemos el más mínimo control sobre nuestras misiones diplomáticas y esto con la agravante de que las denuncias surgen no de la oposición sino entre los propios correligionarios políticos. El segundo dato curioso radica en la actitud del embajador denunciado quien, a tiempo de admitir la liberación para 153 vehículos, omitiendo mencionar los nombramientos irregulares, muy suelto de cuerpo atribuye la desproporción a la extensión geográfica de la Argentina y a la importancia de nuestra misión diplomática en aquél país. Vaya formas de demostrar importancia y de representar al país. Sin embargo, luego de una especie de tira y afloja, es el mismo embajador que, cual dama despechada, publica una solicitada en los periódicos donde da la lista de vehículos liberados y los nombres de los funcionarios favorecidos, la mayoría parientes y allegados del Presidente de la República, del Gral. Banzer y de políticos y parlamentarios, además de mostrar que, sólo los agregados militares a la Embajada Argentina pueden llegar fácilmente a formar un batallón. Recordemos que, en el caso del tráfico de pasaportes, se estableció que un Subsecretario fue sorprendido en su buena fe y otorgó pasaporte oficial a un exfutbolista procesado por irregularidades administrativas en la propia Cancillería, destacándolo como inspector a un consulado boliviano en Usa, inspección que se prolonga varios meses sin noticias del inspector. Todo esto confirma las dudas existentes respecto al Servicio exterior boliviano, concebido casi siempre como un favor o una prebenda para los elegidos de turno, que se dedicaron al turismo y a efectuar negocios particulares a costa de la fe y de los intereses del Estado boliviano. Más allá del negocio de los autos de lujo, el nepotismo y la irracionalidad con que se demuestra haber manejado la misión diplomática en la Argentina durante los último años resulta agraviante para los intereses y la dignidad nacional.
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REPERCUSIONES POST ELECTORALES: A los militantes de los partidos oficialistas, particularmente MIR y ADN, habría que recordarles que la vida ‐sobre todo la política‐ es una carrera de resistencia antes que de velocidad para que dejen de buscar las causas de su derrota fuera de ellos mismos. En la misma línea de la sabiduría doméstica, será saludable también que los trapos sucios se laven en casa y no salpiquen a todos los que ahora descubren que hicieron, dejaron de hacer o pudieron haber hecho sus militantes durante una oportunidad histórica que, de todas maneras, ya no puede repetirse. Por su lado, un ex canciller que escribió un libro contra los militares, que participó en el corto pero sangriento gobierno de Natush, que estuvo involucrado en la venta de pasaportes y condecoraciones a súbditos chinos y cuyo nombre no se nos viene en este momento a la memoria, conmovió y alarmó a la opinión pública afirmando que YPFB y, en consecuencia, el país se encuentran en quiebra. Por más que sus apreciaciones y evaluaciones fueran correctas, parece poco sensato que se formulen declaraciones públicas de esta magnitud y cuyas repercusiones pueden llegar mucho más lejos de lo que desde una óptica meramente política se pudo haber previsto. ENTRE PATADAS Y CHAUVINISMOS: En ocasión de realizarse los partidos de fútbol correspondientes a las eliminatorias del Mundial, surgen poses y actitudes que pretender ser capitalizadas por los políticos. Mientras los periodistas pretenden reeditar una cruzada de nacionalismo donde en la cuestión de la selección de fútbol deben participar absolutamente todos, frailes, mochas, infantes y otras especies que habitan o transitan a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Está claro que, sea cual fueren los resultados, los eventos deportivos, por más importantes que sean, no dejan de ser deportivos y por sí solos no cambiarán la realidad social y económica del país o del mundo. Pasado el entusiasmo, se tendrá que retomar el camino de la regulación para un deporte que, siendo profesional, lo seguimos manejando con muchas ambigüedades y vacíos legales que van desde el aspecto laboral hasta la esfera tributaria e involucra a los clubes deportivos como tales así como a los propios jugadores. Esta realidad no será transformada radicalmente, por lo menos en lo inmediato,
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pese a un último decreto dictado por el gobierno saliente mediante el que incorpora a los deportistas profesionales al ámbito de la Ley General del Trabajo, determinando ciertas particularidades pero sin resolver el problema en forma integral. LOS MATICES DE LA CORRUPCIÓN: En un tema como éste, capaz de hacer caer a gobiernos y gobernantes en Bolivia o en cualquier parte del mundo, pues la corrupción es tan antigua como el hombre, que junto con él la desarrolla, perfecciona y refina, lo menos que se tiene que hacer para combatirla con cierta eficacia es tratarla con la seriedad que merece. Se han elaborado muchas teorías para analizarla y luchar contra ella pero, en nuestro caso, es muy poco lo que se ha puesto en práctica. Hay actos y actos de corrupción, hay causales y motivaciones distintas y también hay efectos diferentes; asume las más diversas formas y se presenta o descubre cuando menos se lo espera. Así como en un determinado momento los autores del slogan de "la revolución del comportamiento" ensayaron una sutil diferenciación entre corruptores y corruptos o corrompidos, la repetición de actos irregulares y la impunidad constante hicieron que las conductas desviadas de unos cuantos lleguen a estigmatizar a toda una gestión de gobierno, hasta convertirse en una obsesión nacional. Dónde comienza y dónde termina la corrupción?. No puede ser lo mismo la situación de un funcionario desesperado que se apropia o pide unos pesos extras para pagar las pensiones del colegio o para la leche de los hijos o para pagar los alquileres, que un embajador o un ministro que hace negociados para cambiar de Mercedes o para pasar el fin de semana en el Caribe. Hay negocios que llevan casi implícita una comisión, siempre y cuando se hagan bien los negocios, mientras existen negociados expresamente diseñados para obtener recursos ilícitos. Una forma radical y degenerada de corrupción es ocupar o ejercer una función o profesión para la que uno no está capacitado o habilitado y también es corrupción el difamar o calumniar por simple envidia, venganza o resentimiento. Una cosa es tener sospechas y hasta humana envidia por los éxitos de una persona, pero otra es actuar en base a frustraciones personales. En este sentido, debemos desterrar aquella concepción que nos hace creer que todo éxito o toda fortuna es, casi con seguridad, mal habida o resultado de algún negociado. Lo más sincero y práctico para combatir la corrupción está en la simple y llana
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aplicación de las disposiciones legales vigentes, que es precisamente lo que no hacemos al crucificar a moros y cristianos ante el paredón del escarnio público en base a simples rumores o supuestos. Más allá de una justa censura moral o social a los actos ilícitos o irregulares, que en la mayor parte de las veces son muy difíciles de probar, nuestra sociedad necesita combatir la corrupción y la impunidad hasta donde sea posible, pero ante todo y básicamente plantea un cambio de actitud respecto al culto del dinero fácil, al despilfarro y a la ostentación que ofenden diariamente al ciudadano común y, con mayor razón al pobre, que es el común del ciudadano. Los contrastes odiosos, el malgasto innecesario, no importa que sea de dinero relativamente bien habido, constituyen el aspecto medular y que se traduce, en cuanto al manejo de la cosa pública, en vehículos de lujo, viajes innecesarios, adquisiciones suntuarias o superfluas y un etcétera inacabable. El desperdicio de créditos o donaciones y en general de bienes y dineros públicos rebela y enerva al más paciente de los individuos y eso va más allá del mero formalismo legal. Y, por favor, que no se diga que para corroborar el despilfarro de recursos estatales es muy difícil obtener pruebas, si éste lo vemos todos los ciudadanos y todos los días. Folex 1 –1994 ‐ Editorial UNA PARADOJA DEMOCRÁTICA Tal como sucede cuando se tocan temas relativos a gastos y remuneraciones para funcionarios públicos de cualquier categoría, institución o condición, donde y cuando suele ser normal contemplar un tratamiento casi despectivo y humillante hacia los servidores públicos, últimamente se reabrió la polémica ‐si es que se la puede llamar de esa manera‐ cuando se filtró la noticia de un pretendido y, al parecer, frustrado intento de aumento en la dietas de los diputados, a lo que, para colmo de males, se sumó el intento de distribuir o regalar canastones navideños , calificados por algunos medios de prensa como "millonarios", de Sus. 120.‐ para cada diputado. En pleno ojo de la tormenta desatada por tales asuntos de índole salarial y financiera, ni siquiera los propios afectados hicieron un intento más o menos serio por defender o justificar racionalmente los beneficios que pretendían. Aparecieron algunos diputados con la oportunidad demagógica que el caso ameritaba y solemnemente renunciaron y se opusieron al aumento.
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Luego de algunas encuestas sin pies ni cabeza y aplacada la polvareda que se encargaron de montar los supuestos defensores de la hacienda pública, éstos consiguieron su objetivo, mientras los diputados resignaban o postergaban sus expectativas. Son muchos y variados los conceptos y comparaciones que se manipularon ‐creo que es el término más adecuado para describir lo que sucedió‐ para hacer abortar las pretensiones salariales de los legisladores. Se habló de la situación económica, de la austeridad, de la poca eficiencia parlamentaria, de la discusión política. de los sueldos y salarios de obreros y trabajadores hasta forzar conclusiones que, al partir de premisas falsas, resultan también erradas. En la forma como se analizó el problema se llegó a comparar los ingresos de un obrero no calificado, con seis hijos y una serie de calamidades a cuestas, en relación al trabajo y a las responsabilidades de un Representante nacional y, por el modo como se eligieron los ejemplos, sucede que las diferencias de ingresos siempre eran abismales, para lo que, en conclusiones, significaba una injusticia mayúscula que mientras el obrero x, con seis hijos, ganara menos de 1.000.‐ bolivianos al mes. no podía ser justo que un Diputado pretenda ganar más de 8.000.‐ bolivianos al mes. Un razonamiento tan simplista como el anterior desconcierta y acusa una evidente muestra de inmadurez democrática, así como de irresponsabilidad para el tratamiento de estos temas puesto que. pretextando formas inverosímiles de justicia y equidad salarial, lo que no puede suceder con los obreros carentes de mayores responsabilidades, puede perfectamente suceder con los legisladores que. al encontrar una inadecuada retribución a sus responsabilidades, buscarán la forma de incrementar sus ingresos por otras vías menos convencionales y más expeditas, con lo que estaremos haciendo una invitación directa para multiplicar los actos de corrupción y el tráfico de influencias, lo que, de todas maneras, siempre resultará más oneroso y perjudicial para el país y para los propios intereses laborales. Luis Carlos Paravicini Folex 1 ‐ 1994 NOMENKLATURA
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Por: lc. paravicini EL NUEVO MAPA POLÍTICO Las últimas elecciones municipales no deparararon grandes sorpresas y, por tanto, tampoco produjeron grandes frustraciones. Mientras a la coalición de gobierno, en conjunto, le fue bastante bien gracias al concurso de candidatos "independientes", pero claves, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, los partidos políticos que la conforman no pueden estimar el resultado de los comicios municipales como parámetro válido para evaluar su gestión o realizar proyecciones. Lo que sí se pudo establecer con toda nitidez es la fatiga del electorado por la frecuencia con que se lo obliga a ejercitar el derecho‐deber del voto, la necesidad de alargar a, por lo menos, cuatro años la gestión edilicia y, tal vez, a la elección directa de los Alcaldes como reformas constitucionales inminentes. Con tan grande gravitación de las personas de los candidatos, muy por encima de programas o de partidos, estos últimos no pueden hablar de triunfos o derrotas, por lo que resultan ser las figuras de los independientes las que se constituyen como las variables más imprevisibles. Al observar las pasiones democráticas, las confrontaciones, muchas veces violentas y con juego sucio, resulta difícil comprender los verdaderos móviles que impulsan a partidos y a candidatos para desplegar tal cantidad de energías y recursos de todo tipo. Se puede pensar en altos ideales, en vocación de servicio, en el virus de la política, o considerar a ésta como una inversión riesgosa pero altamente rentable que hace que aquellos que asumen a tiempo completo esta actividad casi siempre tengan un buen pasar, para ellos y sus allegados más inmediatos. LOS ARTIFICIOS DE UN INDIGENISMO INÉDITO Cuando Fidel Castro visitaba el país en ocasión de las ceremonias de transmisión del mando presidencial, una periodista le consultó su opinión sobre el hecho histórico que significaba el ascenso de Victor Hugo Cárdenas a la Vicepresidencia Constitucional. Su respuesta desconcertó a la entrevistadora cuando expresó su extrañeza al no lograr distinguir a Cárdenas de la mayoría del pueblo boliviano, incluida la periodista; si bien es cierto que, para exportación o para despistados, podía utilizarse la figura de un líder de marcada ascendencia aymara, cuya familia tuvo antecedentes de trabajo agrícola, es por demás evidente que Victor Hugo Cárdenas es un intelectual componente de la gran mayoría de mestizos que componen la población nacional. En Bolivia, igual o menos que en cualquier parte del planeta, ya no es posible hablar de razas puras o, mucho menos, de culturas
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propias y excluyentes. Por otra parte, también está plenamente superada aquella falsa concepción, particularmente en el occidente del país, que identificaba a los campesinos necesariamente con la tez cobriza y demás características altiplánicas, con un mal pronunciamiento del español y otros absurdos. Es posible que hace varias décadas, posiblemente antes de la Reforma Agraria y en un contexto totalmente superado y hasta olvidado, hayan existido formas de discriminación social o racial. Hoy, en un proceso muy natural, la mujer de pollera ha llegado tranquilamente al Parlamento y, la misma esposa del Vicepresidente las viste con in disimulado orgullo, pese a lo cual y, como una curiosidad, no sucede lo mismo con las hijas del Vicepresidente. Al no existir formas marcadas de discriminación y menos segregación, en un país que se encuentra en pleno proceso de integración, la cuestión de las polleras, que vienen de la época de la colonia cuando las nativas pretendieron imitar a las damas españolas, ya no puede considerarse un valor tradicional o una genuina expresión cultural y es apenas una opción de vestimenta basada en la costumbre y restringida por cuestiones prácticas y hasta económicas. Sin negar la existencia de grandes diferencias y distancias marcadas por factores geográficos, sociales y principalmente económicos, resulta muy difícil comprender los sentidos y el alcance que se le asigna a un indigenismo que pretende marcar diferencias y asentarse en las polleras como elemento reinvindicativo cultural, pero también social y político. UNA REPRESALIA FUERA DE FOCO, absurda y sin sentido, que además puede constituir un peligroso precedente, la información proporcionada por el Ministro Antelo al divulgar una citación a los Diputados Vásquez y Oviedo, sometidos a un proceso por un accidente de tránsito que habrían protagonizado hace algún tiempo en Cuba, todo ello sin respetar las más elementales normas procesales ni mucho menos éticas. Que el Partido de los diputados haya decidido la elección del Alcalde en La Paz, contrariando los deseos del oficialismo, es una cosa, y, otra, muy distinta, un proceso judicial personal al que se le asignaron ribetes de escándalo. Muy mal por el Ministro y muy lamentable para el sistema democrático. UN NUEVO NEGOCIADO CON LAS DONACIONES, en este caso las del Gobierno Japonés, destinadas supuestamente a fomentar la producción agrícola, se hace público y, por lo que se sabe, implica la disposición arbitraria de 6 millones de dólares que se manejaron discrecionalmente y, en gran medida, con fines políticos. Nuevamente se pone en tela de juicio todo lo que significa el asunto de las
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donaciones en cuanto a la carencia de políticas globales sobre una materia que se vuelve más compleja precisamente por el desorden con que se la maneja. En este punto, nuevamente surge la inquietud por las expectativas y hasta temores que provoca la sola mención de la Ley Safco, elaborada a un alto costo, puesta de ejemplo como instrumento de ordenamiento de la administración estatal e instrumento de lucha estructural contra la corrupción pero que, cuando se ponen al descubierto irregularidades millonarias como la comentada, parecería que no pasa de una broma de mal gusto, más aún si se considera que estas anomalías no se producen de un momento al otro, ni son resultado de actos aislados o golpes espectaculares, sino que asumen procesos prolongados y continuos en los que el sistema de administración y control fiscal parecería quedar en suspenso. Folex 1 – 1994 Artículo MARCO HISTÓRICO LEGAL DEL ABORTO Por: DRA. NANCY ROMERO BERRÍOS* Jane Hurst, es sin duda una de las más serias investigadoras de la Teología del Cristianismo y junto a John T. Noonan, concluyen que la anticoncepción, el aborto y el infanticidio se practicaban regularmente en el Imperio Romano. Los primeros Cristianos se enfrentaron al Gnosticismo, una religión extremadamente dualista y que denigraba el cuerpo, por ello idealizaban la virginidad y prohibían el matrimonio. En éste contexto, la religión cristiana empezó a definir sus propias enseñanzas sobre la procreación y el aborto. Uno de los primeros documentos de la Iglesia fue el DICHACHE y que condena el Aborto, como una práctica para ocultar la evidencia de fornicación y adulterio. Los teólogos más importantes argumentaban que el aborto era un homicidio en las primeras etapas del embarazo. San Agustin en el ENCIURIDION, afirma que los fetos mueren como semillas que no han fructificado. Santo Tomás de Aquino, sostenía que el aborto no es un pecado de homicidio a menos que el feto ya se encontrase unido al alma y estaba seguro que ello no ocurría hasta un tiempo después de la concepción. Basándose en un concepto aristotélico, desarrolló una concepción HILOMORFICA de los seres humanos, que lo define como una unidad formada por la materia prima y la forma sustancial y ello implica una HOMINIZACION TARDÍA. Esta concepción fue confirmada por el Consejo de Viena de 1312.
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El Papa Sixto V publicó la bula EFRAENATUM, en la que clasifica al aborto y la anticoncepción como HOMICIDIOS en cualquier período del embarazo y que eran tanto pecados mortales como delitos; por tanto se aplicaba la excomunión, sin excepción también para los abortos terapéuticos. Con ésta bula queda implícito que la homonización es inmediata. En 1917 recibe el apoyo del Código de Ley Canónica y amplia la excomunión tanto para la madre como para médicos y enfermeras que practiquen un aborto. Actualmente se mantiene el concepto teológico de proteger el embrión desde el momento de la concepción y se caracteriza con la frase "derecho a la vida". Sin embargo, la mayoría de los Católicos han superado la percepción arcaica de la sexualidad que se refleja en las enseñanzas de la Iglesia, favorecen más bien una percepción dinámica de la sexualidad como parte de una relación total y amorosa, y no meramente atada a la obligación de procrear y así lo expresa el informe de la Sociedad Teológica de América. La posición de la Iglesia Católica, influyó en muchas legislaciones que constituyen un precedente histórico. El Código Criminal de Maria Teresa de 1769, resulta ser el más severo al expresar que el bien jurídico protegido es el feto y que los sujetos penales son la madre y el tercero, por tanto equipara el aborto como un homicidio. La legislación sueca de 1734 castigaba el aborto con la pena de muerte. En Inglaterra hasta 1803 se consideraba un crimen penado con trabajos forzados, agravando la sanción en la Ley de Ofensas contra las Personas que en 1864 que castiga el aborto con pena de reclusión perpetua. El Código Español de 1822 introduce el "aborto honoris causa" como atenuante y el Código Penal Alemán de 1870, reconoce el aborto por razones médicas. El año 1920, la República Soviética Rusa dicta el Decreto sobre Protección de la Salud Femenina, que declara IMPUNE el aborto realizado por un médico y en un hospital. La mujer y la familia son los únicos bienes jurídicos protegidos. Los Códigos Latinoamericanos en su mayoría introducen las excepciones por razones médicas y éticas, para salvar la vida de la mujer embarazada y cuando la gravidez es el resultado de delitos contra la libertad sexual. Aunque en la práctica no se cumple, porque el Estado no otorga servicios médicos gratuitos para el aborto legal. Nuestro Código Penal, incluye el ABORTO IMPUNE, cuando es consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro e incesto; tampoco es punible si el aborto hubiere sido practicado para salvar la vida o la salud de la
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madre. Esta aborto debe ser efectuado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial. La Red Mundial de Mujeres para los Derechos Reproductivos, inició el año de 1987 una Campaña por la Prevención de la mortalidad materna y denunció que en un millón de mujeres mueren cada año en el mundo debido a complicaciones derivadas del embarazo, de las cuales alrededor de doscientas mil mueren durante un aborto clandestino. Actualmente existe una fuerte corriente en favor de la despenalización del aborto y es porque nos aterra la realidad de las mujeres que mueren día a día a causa de los abortos mal practicados, por no contar con las condiciones mínimas para criar a sus hijos dignamente. En muchos países latinoamericanos se debate a nivel del parlamento la despenalización del aborto, pero no se puede legislar a partir de una determinada visión de la moral y la religión, sino a partir de los derechos de las mujeres y que son expresamente reconocidos por entidades respetables como la Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, que reconocen el derecho de la mujer a optar libremente por la maternidad o por la interrupción del embarazo con la debida atención clínica. Quienes abogan por la criminalización, cierran los ojos ante la realidad; los abortos no disminuyen con la represión, por el contrario ello conduce a los abortos clandestinos que es la tercera causa de muerte materna en América Latina y muy pocos nos detenemos a pensar en el impacto social de las muertes maternas por esta causa. Es importante que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre sus vidas, sobre su destino como seres humanos. *Presidenta de la Sociedad Boliviana de Ciencias Penales Folex – 1 – 1995 – Editorial UN AÑO DE REALIZACIONES En términos generales y para el ciudadano corriente, parece ser mayoritario el criterio, de alguna manera más optimista que negativo, que asume que el año que hoy iniciamos resultará crucial y decisivo para los intereses nacionales y para la propia viabilidad de nuestro país. En efecto, lo que en principio fue oferta electoral, que luego logró seducir a la mayoría relativa del electorado en favor del Presidente Sánchez de Lozada, tuvo, en
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el año que acaba de concluir, un ambiente fértil y fecundo para la preparación y aprobación de leyes que implican profundos cambios estructurales en la economía y también en otros sectores vitales para la sociedad, tales como los implícitos en la Participación Popular o en la Reforma Educativa. Es bien sabido que la sola aprobación de leyes, por más bien intencionadas o concebidas que hayan sido, resulta totalmente insuficiente para introducir modificaciones de fondo en la realidad económica y social de un país y cabe también esperar que, dentro de los ciclos y modalidades tradicionales, los primeros meses de este año el gobierno tendrá que dedicar buena parte de sus energías a las negociaciones salariales. Más allá de estas previsiones, todo conduce a esperar que este sea un año en el cual se vayan concretando los principales proyectos gubernamentales y que se empiecen a ver los primeros frutos de las reformas. Precisamente porque se trata de poner en ejecución lo que se ha diseñado en el plano teórico, al que se le ha impreso un marco normativo de carácter general, la labor de los gobernantes tendrá que ser compleja e intensa. En cuanto a la oposición, actualmente dispersa y errática respecto al rol que se necesita que cumpla, requiere de cauces o factores de aglutinamiento que le permita desarrollar un discurso de alternativas, opciones y sana crítica, comprendiendo que estamos en tiempos donde los cambios que se pretenden ejecutar trascienden con mucha la circunstancia temporal de uno o más gobiernos y se constituyen en cuestiones de interés nacional. Por lo expuesto y una vez concluido el ajetreo de las fiestas de fin de año, se nos reabre el desafío de avanzar más y mejor en la modernización y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Que sea un año de realizaciones para los grandes proyectos, pero sobre todo que sea un período donde se encuentren mejores y más justos mecanismos de distribución de riqueza y de satisfacción de las necesidades colectivas. NOMENCLATURA Por: lc paravicini EL FÚTBOL SE HIZO CUESTIÓN DE ESTADO. Cuando comencé a escribir estas líneas, aún estaban frescas las repercusiones del partido disputado en Montevideo, donde la selección uruguaya
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derrotó a la boliviana y en el que resultó protagonista un arbitro de fútbol colombiano, arrastrando consigo sospechas sobre la FIFA y supuestos intereses comerciales. Simultáneamente, también por resultados futbolísticos con sus respectivas selecciones, se conocieron repercusiones de importancia y carácter extradeportivo en los gobiernos de Colombia, con su equipo triunfador y condecorado, en Argentina, con una goleada humillante ante Colombia y, en menor medida, en Paraguay, Perú y Ecuador. Como muchos de los que gustamos de la práctica del deporte y particularmente del fútbol que, en nuestros países, es un deporte de multitudes, hemos compartido diversos y profundos sentimientos por los resultados de los últimos eventos y por todo ese contorno casi mágico en que se llevaron a cabo; llegaron momentos en que nos pareció que se estaba exagerando y, como todo extremo es malo, nos preocupó. Antes de conocer el resultado del partido final con Ecuador, antes de saber si nuestra selección se clasificó o no al mundial de USA, nuestras inquietudes se confirmaron y todo lo que sucedió nos llenó de estupor. La pasión ciega e irreflexiva se apoderó de la hinchada, lo que es ciertamente comprensible, pero lo mismo sucedió con los medios de comunicación y periodistas supuestamente serios que perdieron la noción de las proporciones y las distancias, hasta llegar a las más altas esferas de gobierno. Hemos vivido el colmo de los excesos. Súbitamente todos han descubierto un patriotismo sin límites. Se ha mezclado la política con el deporte y, mientras los precios de los minerales se van por los suelos sin que nadie haga ningún gestión por evitarlo, nuestra diplomacia declara que el arbitraje de un individuo, que según muchos no merece llamarse señor, ha puesto en entredicho las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Colombia. El embajador en Colombia reclamó oficialmente al Colegio de Árbitros de ese país. La Cámara de Diputados sacó una Minuta de Comunicación. A la Central Obrera le faltó poco para declarar una huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias. Al otro lado del análisis, ya nadie recuerda que los reglamentos del fútbol no tienen nada que ver con reclamos diplomáticos o sindicales. Olvidamos que el resultado de un partido es inamovible y que existen otras maneras de interpretar las jugadas de un partido que no siempre van a ser del agrado de una
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parcialidad deportiva. Hay también otros detalles que hemos olvidado considerar antes de pensar en mafias y en imaginarias conspiraciones contra todo un pueblo y un país. La principal responsabilidad por revertir resultados, por demostrar superioridad, por meter goles, por luchar contra adversidades propias de un lance, radica en los jugadores y en el cuerpo técnico. Si surgen anomalías extradeportivas, hay están los dirigentes y los canales que se establecen en las reglas del juego. Los jugadores de fútbol, con el respeto que se merecen como personas, son profesionales que viven de esta actividad, a los que cariñosamente solemos llamarlos pataduras y no son legionarios o voluntarios en una cruzada religiosa o patriótica. Es qué acaso nos hemos preguntado quien ganará con la clasificación e, incluso, si salimos campeones mundiales?. Los futbolistas cobran por defender a la selección, reciben premios en la medida en que hacen mejor su trabajo, sus ingresos son muy superiores a los de cualquier trabajador o profesional corriente y, en la medida en que usan la vitrina de un seleccionado, cotizan sus pases y transferencias. La mayoría aspira a ser transferido a un club europeo que pueda pagar el espectáculo que, al parecer, nosotros no merecemos. Es que acaso el hecho de que un futbolista sea cotizado en sumas astronómicas en el exterior significa que nosotros estamos haciendo bien las cosas en nuestro país, que hay un buen fomento al deporte o menos miseria?. Qué hacemos con tantos compatriotas que han tenido que emigrar, que no gozan de ninguna protección diplomática?. Cómo reconocemos a los que destacan en campos profesionales mucho más complejos y productivos ‐pero menos espectaculares‐ que el fútbol?. Hay que admitir que estas son interrogantes incompatibles con la euforia de los resultados. Las satisfacciones deportivas que nos han dado los futbolistas seleccionados al clasificar para el mundial deben ser asimiladas con madurez y, en el mejor de los casos, emulando la actitud serena del DT Xabier Azkagorta, quien sufrió en carne propia el proceso metamorfósico de convertirse de un ilustre desconocido a una especie de villano, primero, para concluir en héroe y en ejemplo de sensatez para periodistas y políticos bolivianos.
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A partir de hoy, superada la resaca de los prolongados festejos, queda la responsabilidad de prepararnos para hacer un buen papel deportivo en el próximo torneo mundial, competencia donde no valdrán las excusas, los pretextos o las presiones extradeportivas puesto que la FIFA y sus dirigentes han demostrado con largeza ser más serios y organizados que muchos líderes y caudillos políticos que pretenden ganar eventos deportivos con las mismas maniobras con las que suelen ganar otra clase de competencias. ENTRE SEXOS Y TAMAÑOS: El gobierno ha designado en algunos cargos críticos a mujeres y, para ello, se sostiene que ellas tienen virtudes particulares que las hace más confiables y menos corruptibles que los hombres. Esta es una media verdad que, como todo lo que se relaciona al género humano, siempre resulta absolutamente relativa. Si se afirma, con mucha simpleza, que las mujeres son menos afectas a llenarse el bolsillo, con no menos ingenuidad habría que hacer notar el peligro de que algunas de ellas quieran llenarse la cartera, que normalmente suele ser más grande que los bolsillos de los hombres. En cuanto a placeres mundanos y a frivolidades, quién nos puede asegurar que las mujeres, por el sólo hecho de ser tales, van a resultar más austeras o menos afectas a los gastos suntuarios. Tampoco es cierto que resulte más difícil sobornarlas o tentarlas con ciertos incentivos exclusivamente aplicables entre hombres. Sin embargo, así como se anotan presuntas virtudes, también deberían hacerse notar algunas evidentes desventajas. Las mujeres suelen ser más aficionadas a las apariencias, a los gastos inútiles como las joyas, la moda, la emulación. Las mujeres, por lo general, sufren las presiones de los maridos y de los hijos y, por los propios convencionalismos sociales vigentes, resultan ser más inmunes y, también más impunes, comparativamente a los hombres, para el caso de eventuales conductas corruptas o delictivas. El hecho de ser hombre, mujer o café con leche, por sí solo, no garantiza ni puede determinar absolutamente nada. Ciertas tendencias discriminatorias, algunas posiciones feministas o machistas, no pueden hacer aparecer súbitas idoneidades
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o suplir trayectorias. AVISOS QUE DELATAN Entre algunas curiosidades y pincelazos, pudimos ver como la máxima autoridad judicial del Beni, una señora que debe ser muy respetable, convocó por prensa, con su nombre y apellido, a una presentación de propuestas para la construcción de obras en su Distrito Judicial. Seguramente para no quedarse atrás, la Corte de Distrito de La Paz, mediante su oficina de Relaciones Públicas, tuvo el alto honor de dirigirse a los señores abogados interesados en postular a las Secretarias y Actuarlas, “insinuándoles” enviar sus curriculum vitae, etc. Hasta cuando tendremos que especiar la constante violación a elementales normas procesales, gramaticales, semánticas o protocolares por parte de supuestos letrados. UN GOBIERNO CON PELOS Y SEÑALES: Desde el inicio mismo de su gestión es notable como el Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada marca cuidadosamente todas las diferencias posibles en relación a la anterior gestión gubernamental. Con mayor prudencia, la novedad no sólo radica en el nuevo estilo, también los hechos van evidenciando radicales diferencias de propósitos y objetivos. La Ley de Ministerios mantuvo al país en estado de interinato durante algo más de un mes. La espera, sin embargo, al parecer valió la pena y el gobierno demuestra que está decidido a producir cambios en la administración que pueden ir más allá de simples acomodos Un Gobierno con pelos y señales burocráticos; hay toda una concepción administrativa que hoy se plasma en Ley de la República. Por otra parte, los despidos en la administración pública y en las empresas del Estado, que pueden ser considerados masivos, son conducidos hasta ahora con mano firme y parecen ser un presupuesto para la aplicación del Plan de Capitalización, cuya aplicabilidad no termina de aterrizar en la percepción colectiva. Acá es donde también se aprecian otras distancias con la gestión Paz Zamora. Esta
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última fue demasiado indecisa a la hora de tomar grandes decisiones, calculaba demasiado el efecto político y, en ese afán, solía ser demasiado complaciente con los medios de comunicación social y con la crítica opositora que, contrariamente, siempre estuvieron al acecho para hacer escándalo o cuestión de Estado por cualquier error, incluso personal, que se presentara en la coalición gobernante. EL TRANSFUGIO: LA SANCIÓN IMPOSIBLE. En muchos aspectos, es necesaria una ley de Partidos Políticos que establezca reglas básicas para democratizar a estos intermediarios o mediadores de la democracia. Lo que no podemos entender es que se pretenda volver a esquemas formales y rígidos, donde el remedio resulte peor que la enfermedad. Este es el caso de aquellos propósitos o despropósitos que pretenden sancionar algo que puede ser, en algunos casos y bajo determinadas circunstancias, ciertamente reprochable pero, en otras, necesario y entendible. El transfugio político, más allá de un espíritu democrático ideal, resulta prácticamente inevitable y hasta necesario. Aunque parezca una actitud cínica, asumamos que es menos malo aquél representante nacional que, vaya uno a saber por qué razones, después de haber sido elegido por un x partido político, busca refugio y cede su lealtad y su voto a otro proyecto, antes que aquél otro que conspira permanentemente en contra de su partido y de sus dirigentes pero sin dar la cara, buscando el beneficio personal y manteniendo a las organización en un estado de extorsión perpetua. La disciplina y la consecuencia partidaria llegan mucho más allá que la votación por consigna o por instrucciones; el primer imperativo que los representantes nacionales deben observar es el de sus conciencias y, de allí, subordinar sus actos a los intereses partidarios o colectivos. El militante partidario tiene la facultad, e incluso la obligación, de discrepar y oponerse a todos aquellos actos o actitudes que vayan contra sus principios. Nadie está obligado a aceptar, a fardo cerrado, decisiones erróneas o arbitrarias, alianzas y componendas que son muy normales en nuestro medio, más normales y corrientes que el mal visto y mal llamado transfugio político. En este orden de equívocos, qué se podría decir de los grandes transfugios, los morales y los ideológicos y cómo se los podría controlar?.
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EL ESCÁNDALO DE MODA. SUPREMAS CORRUPCIONES. No es mucho lo que se puede opinar sobre los últimos acontecimientos que pretenden involucrar al Presidente de la Corte Suprema y a un Ministro en un Juicio de Responsabilidades. En realidad, hasta ahora más ha sido el show, el escándalo y una serie de elementos extraños e incoherentes, antes que las evidencias que permitan formar un criterio imparcial. Un video clandestino y anticonstitucionalmente obtenido, donde tampoco se establecen elementos incriminatorios a los que se les pueda asignar seriedad o gravedad, la participación de un individuo de dudosa reputación en conversación con un ex Ministro de la Corte Suprema, la participación "técnica" y luego "argumenta!" de la embajada norteamericana, declaraciones y retractaciones. Que hay corrupción generalizada en el Poder Judicial es ya una verdad de Perogrullo. Pero, no solamente hay que sospechar de aquellas conductas dolosas o culposas que se puedan atribuir a los miembros de este Poder del Estado, hay que ir más allá y ver las anomalías evidentes y ostensibles que institucionalmente refleja. Pese a prohibiciones establecidas por leyes expresas, el Poder Judicial sigue cobrando valores, tasas y aranceles que administra discrecionalmente y frecuentes declaraciones de sus más altos miembros reflejan un abierto desconocimiento al orden legalmente establecido; para colmo de males, algunos Ministros que suelen ser mostrados por los medios "formadores de opinión pública" como modelos y garantías de probidad e idoneidad (tal el caso especifico del Ex Presidente Luis Adolfo Siles), a tiempo de formular declaraciones públicas demuestran severas limitaciones en cuanto a conocimientos jurídicos, incluso elementales. Posiblemente el hecho de tratarse de un ex Presidente y de reconocérsele atributos morales constituyan una razón válida para presumir su integridad moral, pero no puede ser suficiente para avalar su idoneidad en tan alto cargo, pues, es también evidente que la falta de idoneidad profesional para ejercer funciones públicas que requieren conocimiento y especialidad también constituye una forma de corrupción y el potencial peligro de deteriorar aún más el funcionamiento del Tribunal Supremo. Para graficar esta irregular concepción, podríamos preguntarnos qué sucedería si confiamos una operación de alta cirugía a un ingeniero nuclear de altísima calificación e irreprochables antecedentes morales. Es de esperar que, si se va a cuestionar y debatir sobre el problema de la administración de Justicia, se lo haga a fondo y en forma integral y que no nos
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encontremos con una maniobra más, de aquellas que se urden para mover fichas políticas y que, al final, sólo nos agudizan los sentimientos de frustración e impotencia. Folex 5 y 6 – 1993 – Artículo LEGISLACIÓN DEL USO DE COMPUTADORAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO INSERCIÓN EN EL CÓDIGO DE LA EDUCACIÓN Y EN EL PROYECTO DE LEY NACIONAL DE INFORMÁTICA Por. LUIS CARLOS PARAVICINI Para poder desarrollar con cierta precisión como corresponde y como merece el tema el cual me han invitado a exponer que es la "Legislación del uso de computadores en el Sistema Educativo, inserción en del Código de Educación y en el proyecto de Ley Nacional de informática", es preciso que nos situemos en el contexto dentro del cual debemos nosotros propender o proponer, propugnar las normas que van a regular está importante actividad en nuestro medio. Dentro de lo que llamamos precisar este contexto, nosotros creemos que es importante determinar que la informática es parte de un fenómeno esencialmente cultural y que indudablemente tiene repercusión en el ámbito educativo, ¿desde qué punto de vista tomamos su enfoque eminentemente cultural?. Desde un punto de vista de entender a la cultura como la acumulación de bienes producidos por el hombre en el tiempo, pero con un sentido de trascendencia; desde este punto de vista, un primer mito que queremos despejar, con una primera falacia que es conveniente dejar muy clara, es que la cultura en definitiva no es patrimonio absolutamente de ningún grupo humano en particular ni de ninguna ciencia o de disciplina especifica. La cultura, ya desde los romanos, era dividida en cultura animi o sea la cultura que realizaban intelectualmente, la cultura espiritual que produce el individuo y la cultura agri que era referida más bien a la agricultura, es decir el manejo de la tierra, su cultivo, el cultivo de las cosas materiales. Desde este punto de vista, en términos absolutos, no podemos pensar en una persona absolutamente culta como en un pueblo culto o en una persona inculta, este es un cliché que se ha quedado en muchas circunstancias y que es conveniente dejarlo en claro, todo es relativo en el ámbito cultural. Dentro de este aspecto, el proceso de aculturización, que es indudablemente diferente al proceso de educación, que se refiere a la
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enseñanza‐aprendizaje, en lo que hace la a la informática, a la computación, implica una proyección, una prolongación de lo que es la inteligencia, de lo que es el cerebro humano, así como tenemos la prolongación de la visión a través de la televisión, tenemos la prolongación de la locomoción a través del automóvil; indudablemente el hombre es capaz de darle una extensión a su inteligencia a través de la computación y de la informática que en definitiva son dos conceptos diferentes, que con mucha frecuencia se los suele contundir como si fueran la misma cosa. Dentro de lo que significa el uso de esta herramienta, es decir la Informática, de lo que significa la computación como una prolongación no natural sino artificial de la inteligencia del cerebro humano, tenemos aquella parte de la Filosofía que es la Lógica que se ocupa precisamente de establecer cuales son las reglas del pensamiento; es decir, dentro de las reglas del pensamiento lo lógico, lo que hace el hombre, es primero establecer conceptos, posteriormente esos conceptos, que de alguna manera son imágenes, las transfiere en juicios, es decir les asigna categorías axiológicas o valorativas y posteriormente que ha valorado eso, razona, es decir, que ya le da otro contenido, otro proceso, de tal manera que, a través de todo ese procedimiento nos vamos a crear una simbología, es decir, establecer el lenguaje escrito que es una primera forma de ordenamiento, es una primera forma de manejo. Dentro del contexto al cual pretendemos regular o legislar, creemos que es importante proceder a algunas otras desmitificaciones, es decir, hay algunos mitos que señalan que la Informática y la Computación son disciplinas realmente importantes, son fundamentales ‐ayer se mencionaba en más de una oportunidad que el que no sepa computación en el siglo XXI va a ser virtualmente un analfabeto‐ de alguna manera también se indicaba que esta era una revolución tecnológica, comparable a la revolución industrial y que era un imperativo que virtualmente se introduzca a como de lugar en el sistema educativo. Yo creo que no es tan así, en definitiva creo que la informática y la computación son herramientas muy importantes, pero de ahí a que tengamos que establecer la necesidad de aprender esto a fardo cerrado como una presión más, en este caso sobre los actores del proceso educativo en nuestro país, me parece en definitiva que es una demasía. En efecto, hemos visto que se han producido fenómenos similares cuando apareció
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el automóvil, el televisor, etc., lo cual no significa que por el hecho de que haya aparecido el automóvil todo el mundo se haya tenido que restringir, él que no sepa manejar automóvil no se haya podido movilizar o el que no haya tenido acceso a un televisor no haya podido tener acceso a la cultura; yo creo que ya hay muchos factores de alguna manera estresantes que pesan sobre muchos estamentos de la población boliviana como para que tengamos que amenazarnos con esta perentoria necesidad de aprender computación a como de lugar. Creo que no es así, en definitiva esta herramienta tiene que introducirse en una forma ordenada, no es cuestión de poner delante de cada profesor, de cada alumno, una máquina u obsesionarse porque todo el mundo necesita su máquina. En realidad, de lo que se trata no es de la máquina, no es de habilitar el teclado, no es de hacer que todo el mundo aprenda a programar pero de forma exquisita. No es esa la idea, de lo que se trata es de insertar un modelo, una lógica de pensamiento ordenada. Yo creo que hay gente que tiene, primero, motivaciones, segundo, posibilidades y, tercero, aptitudes para uno u otro de los diferentes campos que comprende tanto la informática como la computación. De tal manera que si nosotros, en nuestra vida privada sin necesidad de máquinas, somos personas ordenadas ya estamos entrando a la lógica de lo que significa la planificación de la computación, la planificación de la informática; es decir, habernos muchos de nosotros que con experiencia o sin ella, porque es nuestra forma de ser, es que así nos hemos acostumbrado, llevamos desde una guía telefónica en forma totalmente desordenada, cuando en la casa nosotros anotamos los teléfonos en un lado o en otro o anotamos en un papelito, etc., estamos yendo en la lógica inversa de lo que significa un proceso de ordenamiento, un proceso de preparación para la Informática y la Computación. Contrariamente a lo anterior, hay muchos de nosotros que nos acostumbramos a trabajar con una pequeña guía telefónica, la ordenarnos en orden alfabético, no solamente eso, podernos llevar ficheros por ejemplo con ciertos temas que nos interesan, esos ficheros los llevamos manualmente, entonces ahí sí estamos trabajando con la información y de alguna manera también ya estamos trabajando con la informática, entonces, si, estamos preparándonos para lo que pueda significar todo un proceso de un mayor auxilio, mayor velocidad a través de equipos automáticos, etc.
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Por otra parte, yo pienso que sería también absurdo suponer que todos, absolutamente todos los hombres, nos vamos a dedicar a las computadoras, a la informática, porque ahí las computadoras, la informática no van a sustituir a los que producen los alimentos, no van a sustituir a los que dan salud, sustituir a los que construyen viviendas. Entonces, no podríamos hacer una sociedad de informáticos donde todos nos dediquemos a jugar de alguna manera con las computadoras, con el proceso de información y el resto de la sociedad, lo esencial, se muera. Tampoco los profesores, los encargados de la enseñanza, los encargados de aculturizar que también son los padres de familia, los maestros, los catedráticos, no pueden dedicarse todos ellos a desarrollar exclusivamente la Informática y la Computación como si fuera la cosa más importante del mundo porque no todos se van a dedicar a programar, a aplicaciones, a profundizar, ya que eso sería completamente absurdo. Yo creo que se trata de establecer ciertos niveles, programas, de ordenar de alguna manera la cosa pero no podemos irnos a ciertos extremos que nos hacen sentir realmente amenazados por el hecho que no tengamos el acceso, no tengamos la posibilidad de la computación. Creo que, en síntesis, esa visión apocalíptica, por lo menos en el plano personal para muchos de nosotros, hay que dejarla de lado. La computación, la informática, no pueden ser una amenaza, tiene que ser una posibilidad para complementar muchas aptitudes que ya tenemos, muchas experiencias y poderlas desarrollar con mayor facilidad. Creo que la gran riqueza de esta herramienta no está en la capacidad de las máquinas, en la capacidad económica que podamos tener ni mucho menos, la gran riqueza de estas herramientas está en el potencial humano que tenemos todos nosotros, en la capacidad de adaptar ese potencial humano, colocarlo en su justa medida, en su cabal dimensión, no hacer de esto una moda, una situación de estatus para introducir en el curriculum y poder obtener mejores cargos o mejores situaciones y después crearnos realmente una confusión monstruosa. El potencial humano debe ser canalizado mediante una planificación en la cual se establezca con que medios contamos, con que medios podemos contar, que medios son los que tenemos, materialmente hablando, que conseguir, que recursos humanos hay que formar en este aspecto, ¿ cuáles son los objetivos? para algo es que nosotros tenemos que formar recursos humanos, tenemos que conseguir esos
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medios, tenemos que establecer prioridades, ver realmente hasta que punto, en que materias, en que ramas, vamos a tener que ser más intensivos en lo que significa la informática y la computación, pero sin descuidar las ramas muy importantes desde la agricultura hasta la construcción, la producción que realmente no podemos dejarlas de lado, descuidarlas, por algo que es muy importante pero que no puede ser tomado como una simple moda. Desde el punto de vista global, esta concepción indudablemente puede no coincidir con muchos entusiastas de la Informática y la Computación. Yo también soy un entusiasta, me gusta mucho pero eso no me puede llegar a cegarme y a creer que la informática es el mundo y que ella va a solucionar todo y que la computación es la solución; definitivamente, la informática y la computación no son panaceas, pero son un fenómeno social evidente, de mucha importancia en este momento, de mucha influencia social, económica, política. Y qué es lo que tiene que hacer el derecho en este caso?. El derecho es un conjunto de reglas que se ocupan de normar la actividad de los individuos en sociedad. En términos muy sencillos ese conjunto de reglas, entonces el Derecho, tiene que reflejar, adecuarse a lo que es una realidad social que indudablemente es cada vez más dinámica, cambiante, nos plantea más desafíos y en consecuencia también despierta un poco más y desafía a nuestra imaginación, a nuestra creatividad para darle soluciones, para reglamentar fenómenos nuevos, complejos, que ni bien terminan de aparecer tienen consecuencias realmente imprevisibles todavía. Desde el punto de vista del Derecho, primero tenemos que plantear ese conjunto de reglas, que se acomode a una sociedad dinámica y de alguna manera pretende recoger un sistema de valores que está vigente en una sociedad en un determinado momento, pero en ese determinado momento y en ese sistema de valores el legislador tiene que tener la suficiente capacidad COMO para darle la proyección de tal manera que no sea una norma rígida, estática, sino que sirva para un período de tiempo, tenga su proyección y más aún en temas muy complejos COMO es el de la informática. La legislación en nuestro país, en el sistema educativo, se traduce en el Código de la Educación al cual, en las facultades de Derecho del país, por ejemplo, virtualmente ni se lo menciona, es decir muchos no conocemos el Código de la educación ni por el forro, no conocemos problemas de la educación a nivel de derecho, esa es una realidad pero es también resultado del gran desorden, de la proliferación de
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disposiciones legales que tenemos en el país, es decir, en este momento tenemos en cuanto a disposiciones legales de primer orden más de 41.000 disposiciones legales que nadie se preocupa de conocer y tampoco tenemos la capacidad de conocer todas las disposiciones que hay en diferentes campos: salud, vivienda, etc., de tal manera que solamente vemos una parte de la realidad. Por ello es que, cuando se planteó la posibilidad de legislar la informática en el país a través de la Comisión de Informática se plantearon también dos posiciones nítidas, una que consideraba que la ley informática no debería existir, debería estar regulada en lo que se conoce como la Ley de Derecho de Autor que se acaba de promulgar, que moderniza de alguna manera el tratamiento intelectual, científico en este campo, pero que naturalmente es genérica, da una protección a todo lo que significa la parte de autoría, protección intelectual, etc., ¿Qué es lo que hace que sea necesaria una ley de Informática? Que, en todo caso, hay muchos sectores, muchas disposiciones, sobre todo en Bolivia que quieren tener su propia ley, además cada nuevo dirigente quiere dictar una nueva ley pues piensa que de esa manera va a trascender olvidando las leyes que hay anteriormente. Para evitar correr ese riesgo se planteó cuales eran de alguna manera los principales objetivos de una Ley de Informática en el país y se vio que requerimos con urgencia una regulación, un ordenamiento, de lo que significa algo así como un filtro en la selección de tecnología. No podemos seguir despilfarrando recursos, contratando, consumiendo cualquier cosa, es decir en forma total, absoluta e irrestricta, eso lo vemos desde los vehículos. En Bolivia no es que exista o tenga que existir una dictadura económica, ni mucho menos, pero deberían existir ciertas normas que garanticen al usuario que compra un vehículo, que va a tener continuidad, repuestos, va a responder a ciertos requerimientos. De tal manera que las divisas, que tanto nos cuestan producir, sean bien invertidas, es decir haya un ordenamiento tecnológico en el país, haya una selección, haya un filtro, pero sucede que a título de libertad, a título de secciones, solo encontramos una continua anarquía que solo responde a las circunstancias. En el país, en todo campo tecnológico, importamos lo que sea, como sea, el consumidor, el usuario no tienen garantías definitivamente, no tienen garantías. Cuando se habla de informática el tema es mucho más complicado porque estamos
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adquiriendo, en muchos casos, programas incompatibles, máquinas obsoletas, discontinuadas, donde se van los escasos recursos del país. Entonces, uno de los principales propósitos de una ley de informática es seleccionar, filtrar, regular, ordenar y establecer de alguna manera una buena utilización de esos recursos. Otro de los objetivos que se persigue con la ley de Informática específicamente, es el de tener algún estímulo, una protección para aquél productor de software, aquél productor de soporte, aquél productor de inteligencia que tenemos en el país, es decir en muchos casos; en el caso de legislación, gracias indudablemente a un trabajo estrictamente privado, estamos juntos con la Argentina, Chile, Perú, estamos dentro de la vanguardia de lo que significa esta producción, este manejo de información jurídica en Latinoamérica y así, en diferentes campos donde tenemos productores, tenemos gente que se preocupa de crear valor agregado, de hacer funcionar su ordenamiento mental y producir programas, paquetes. Entonces, esto requiere no solamente una protección al viejo estilo de los gobiernos bolivianos, es decir mediante subvenciones, créditos de favor, divisas, sino una protección más efectiva, un estímulo de otro estilo, una nueva forma de proteger, de ordenar, de hacer que tenga un buen uso, de insertar esto dentro de una planificación educativa, planificación de desarrollo económico, desarrollo social del país. Por otra parte, para concluir lo que significa esta exposición debo indicar que en la Ley de Informática es muy importante no atropellar, no crear conflictos de competencia en lo que significa la planificación educativa, es decir, hay una cabeza de sector, ya hay las disposiciones legales, la Constitución Política del Estado establece que la educación es la más alta función del Estado, ya hay un Ministerio de Educación, ya hay un sistema universitario que es indudablemente el que se tiene que encargar de nacer que estas herramientas novedosas, modernas para el desarrollo sean introducidas sin mayor trauma en el sistema educativo nacional. Entonces, lo que se tiene que hacer es que estas entidades simplemente cumplan de una mejor forma el rol al cual están llamadas por disposición constitucional, es decir, ya tenemos los mecanismos institucionales y no tenemos necesidad de estar creando otros mecanismos institucionales, lo que si puede hacer la Ley de Informática, lo que se puede hacer a través de la Ley de Informática en este sentido, es apuntalar, es complementar de alguna manera para dar un apoyo especializado, si se quiere, a la selección de programas, a esa introducción a organismos que en lo macro a veces no ven lo especializado, es decir al Ministerio de Educación, a la Universidad, se ocupan de
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formar a profesionales hasta cierto nivel pero no pueden tener ni la capacidad económica, ni la dedicación para ver lo específico, los problemas específicos de la informática, de la computación. En síntesis, creemos que una legislación del uso de computadoras en el sistema educativo boliviano, en realidad y más que de eso, trata de la legislación del uso de la informática en el sistema educativo boliviano; no nos olvidemos que si queremos regular, legislar los computadores, bastaría y sobraría un reglamento; entonces, se dice necesitamos este tipo de computadores de tales características. Lo que estamos tratando, donde se debe ser preciso es en la información. la información es poder, pues el que tiene acceso a la información, tiene acceso al poder, lo que hay que regular en este caso es principalmente el acceso, el procesamiento de la información, hacer que esta información sea accesible, sea beneficiosa, sea provechosa, llegue a diferentes niveles, sea dosificada dentro del sistema educativo; ahora que, para procesar esa información usemos los computadores, unas máquinas, que se reglamente eso, pero refirámonos y seamos precisos, hablemos del uso de la información automatizada en Bolivia. 1
Disertación expuesta en el SEMINARIO SOBRE PLANIFICACIÓN DEL USO DE COMPUTADORES EN EL SISTEMA EDUCATIVO BOLIVIANO CON AUTORIDADES POLÍTICO ADMINISTRATIVAS (HONORABLE SENADO NACIONAL, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y EMBAJADA DE FRANCIA) realizado en julio de 1992. Tomado del libro "MEMORIAS DEL PRIMER CICLO DE INFORMÁTICA Y EDUCACIÓN EN BOLIVIA). Folex 7 y 8 – 1993 ‐ Editorial DESCENTRALIZACIÓN DE LA JUSTICIA? En los tiempos que corren resulta más o menos común oír hablar de cambios, de reformas y modificaciones en la organización social y política de los Estados, que se caracterizan por un redimensionamiento y una mayor mesura en cuanto a las proporciones de las nuevas propuestas. Hasta hace poco, las grandes utopías se plasmaban en sueños de grandes y radicales transformaciones. Hoy, cuando más, se habla de modernización o de ajustes estructurales. Las condiciones actuales nos obligan a ser más objetivos, lo que no supone que debamos renunciar a la imaginación y creatividad, formas menores de utopías sin las cuales no seria posible avanzar en el perfeccionamiento democrático. Estas son consideraciones válidas cuando nos encontramos en vísperas de tomar decisiones trascendentales referidas a las reformas constitucionales y a la descentralización.
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Somos muchos los que creemos en que la administración de justicia requiere modificaciones estructurales de fondo, pero son también abundantes los intereses y las posiciones que se resisten al cambio, peor aún si, casi por naturaleza, los juristas suelen ser conservadores y defienden, de una u otra manera, el orden constituido, el statu quo, por más injusto o inadecuado que resulte. De esta manera, con la libertad de pensamiento que consagra nuestra Constitución, nos atrevemos a plantear que la Corte Suprema se transforme en Tribunal Constitucional e incorporar a la administración de justicia en el proceso de descentralización mediante la creación de cortes regionales de casación. Esto permitiría jerarquizar las funciones de la actual Corte Suprema y descongestionaría la tramitación de juicios para eliminar uno de los factores fundamentales de retardación de justicia, con ventajas adicionales como la disminución de costos y la democratización de la justicia mediante el control y la participación social. Cambios estructurales de esta magnitud no son excluyentes para otras tareas de ordenamiento y revisión de nuestra economía jurídica, particularmente en cuanto a instituciones que deben adecuarse a la realidad social que resulta de los avances tecnológicos. Luis Carlos Paravicini