Escrito Al Ministro Justicia Reunion 30 Abril

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EXCMO. SR. D. FRANCISCO CAAMAÑO DOMINGUEZ MINISTRO DE JUSTICIA

D. Vicente Navarro Pérez, titular del DNI nº 46525585-N, en calidad de Secretario General y representante legal del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).

En fecha 30 de abril de 2009 mantendrá VE una reunión con los representantes de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, integrantes de la Mesa Sectorial en el ámbito estatal. Sin perjuicio de las cuestiones que por parte del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) serán expuestas oportunamente por nuestros representantes en dicha reunión, nos permitimos expresarle también por escrito algunas de nuestras inquietudes en relación con la situación actual de esta Administración y los cambios que se avecinan.

Primero.- En primer lugar, nos gustaría poner de manifiesto algo que a nuestro juicio debería estar siempre presente en cualquier debate que afecte a los funcionarios judiciales: el indiscutible carácter específico de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Especificidad que tiene su razón de ser, como expresa la Exposición de Motivos de la L.O. 19/2003, en las particulares exigencias que implica el desempeño de su labor al servicio de un poder del Estado, además del riguroso régimen de incompatibilidades a que estamos sometidos, en aras a la imparcialidad que debe presidir todo servicio público, exigencia que es aún mayor en el caso de la Administración de Justicia, por razones obvias. Ello requiere, por tanto, un tratamiento también específico, legal y reglamentariamente, así como en el ámbito de la negociación de las condiciones de trabajo, en el seno de las Mesa sectoriales de la Administración de Justicia, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito autonómico; marco de negociación que es el

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único adecuado y que debe servir, también, para lograr el mayor consenso entre las partes de cara a la tan ansiada reforma de la Oficina Judicial, en cuya implantación y desarrollo –no debe olvidarse– seremos pieza clave e imprescindible los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial. En definitiva, un estatuto jurídico propio y diferente al del resto de los funcionarios públicos, lo que no implica, por supuesto, que no existan cuestiones comunes a todos ellos.

Segundo.- En segundo lugar, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia nos gustaría dejar clara nuestra apuesta decidida por el carácter nacional de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, dado el carácter también nacional del Poder Judicial, a cuyo servicio estamos, sin perjuicio de las competencias que vienen asumiendo las Comunidades Autónomas en materia de gestión de medios personales. Últimamente es un argumento muy recurrente por parte de algunos responsables políticos de Comunidades Autónomas el hecho de reclamar las transferencias plenas del personal, cuando esta no es, ni mucho menos, la solución, sino que lo que debe lograrse es una eficaz coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas.

Tercero.- En tercer lugar, permítanos expresarle nuestro malestar por la manera en que se está fraguando la reforma de la Oficina Judicial.

Estamos en un momento muy importante, no cabe duda. Los acontecimientos que se han venido sucediendo desde hace un año y medio, con la huelga de los funcionarios del territorio Ministerio primero –y en otros territorios–, y después con los escándalos por el lento y descoordinado funcionamiento de la Administración de Justicia, han colocado a ésta en el punto de mira de la opinión pública, dejando al descubierto la endémica falta de medios personales y materiales de que adolecen los juzgados y tribunales españoles.

La nueva oficina judicial está prevista legalmente desde que entró en vigor, a principios del año 2004, la reforma de la LOPJ operada por la L.O. 19/2003. Reforma para la que era necesaria la modificación de la legislación procesal y que, por unos u otros motivos, aún no se ha producido. Los acontecimientos han hecho que los STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

jueces –quizá porque se les está considerando, en más de una ocasión, directos responsables de la penosa situación de la Justicia– levanten su voz y protagonicen una movilización sin precedentes. Y ello ha hecho también reaccionar a la clase política, que parece que, por fin, se ha puesto manos a la obra para hacer realidad la reforma de la oficina judicial. También los secretarios judiciales están presentando sus reivindicaciones ante el Ministerio y la opinión pública, exigiendo para ellos la titularidad de unas funciones que ahora, legalmente, corresponden a los jueces.

La modificación de la legislación procesal está ya en trámite, –desde hace varios años, porque ha sufrido varios retrasos–, y consiste básicamente, mediante una separación entre lo jurisdiccional y lo procesal, en un trasvase de poderes de jueces a secretarios. Pero ninguna mención se hace en el Proyecto de Ley de Reforma en cuanto a los restantes cuerpos de funcionarios judiciales.

De ahí que la sensación que tenemos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia sea que la reforma se quiere llevar a efecto sin contar con nosotros.

Las continuas referencias al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios

Judiciales en el citado Proyecto y la nula mención a los demás Cuerpos de funcionarios, es una evidente muestra de la intención de atribuir a aquellos la función y a estos el trabajo. Y esto es algo que los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial no podemos permitir. En la práctica, en el día a día de los Juzgados, somos los funcionarios quienes hemos cargado desde siempre con muchas tareas por delegación, por habilitación, por sustitución o, sencillamente, porque si no es así el Juzgado no funciona, los papeles no salen; tareas que nunca han sido reconocidas y que siempre se han convalidado con las firmas del juez y del secretario, quienes resuelven personalmente a lo sumo una cuarta parte del trabajo. Y lo más importante: el verdadero impulso procesal, en la práctica, se viene ejercitando, antes y ahora, por los funcionarios, especialmente por los del Cuerpo de Gestión (aunque en muchos –muchísimos– órganos judiciales la distinción entre las funciones que realizan los gestores y los tramitadores no existe, viéndose obligados a realizar las mismas funciones pero con diferentes retribuciones)

En definitiva, los funcionarios de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio no somos meros escribientes, más o menos cualificados, por ello exigimos el reconocimiento a nuestro trabajo diario, con asignación de funciones propias. Los STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

órganos judiciales no sólo los integran los jueces y los secretarios. También estamos los funcionarios, y esto debe quedar plasmado en las leyes y en los reglamentos, en todos los niveles y a todos los efectos.

La capacitación de los funcionarios de justicia está fuera de toda duda, basada en los nuevos requisitos para el acceso a los Cuerpos y en la experiencia acumulada, a pesar del escaso reconocimiento de la labor. Incluso se han dictado resoluciones por Audiencias Provinciales convalidando la intervención de los funcionarios en actuaciones como subastas, puesto que si bien su desempeño puede ser motivo de infracción procesal, no han motivado indefensión a las partes, y por tanto no es causa suficiente para justificar nulidad de actuaciones (AAP Ciudad Real de 29-NOV-1993). De igual modo otras resoluciones judiciales han reconocido el carácter técnico de los gestores.

No puede permitirse que la Administración de Justicia siga siendo, como hasta ahora, una fábrica de desmotivados; todo gira en torno al juez y al secretario, ellos tienen incentivos salariales y los funcionarios no. Jueces y secretarios tienen atribuidas unas funciones para cuyo cumplimiento necesitarían que el día tuviese el doble de horas, pero no pasa nada, pues lo hacemos los demás funcionarios y ellos lo firman. Los funcionarios atendemos al público, impulsamos el procedimiento desde su inicio hasta su fin, adoptamos decisiones para salir del paso y agilizar los procedimientos, utilizamos las bases de datos de otros organismos (Hacienda, Tráfico, INEM, TGSS), controlamos los plazos, etc. Aún hoy los funcionarios hacemos los apoderamientos, recibimos las declaraciones de los testigos en jurisdicción voluntaria, celebramos los actos de conciliación, diligencias preliminares, comparecencias de peritos, cesiones de remate, controlamos los plazos, en la jurisdicción penal seguimos recibiendo las denuncias, tomamos declaración a testigos, etc., todos ellos actos en los que ha de intervenir el secretario y, en muchos de ellos, el juez. Por otra parte, algunas de las funciones actuales de los secretarios son ajenas al ámbito del Derecho, como sucede con la estadística, que puede ser capturada directamente con un buen programa informático, o el manejo de la Cuenta de Consignaciones.

Los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia no pretendemos ser ni los secretarios judiciales ni mucho menos los jueces, pero sí exigimos un STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

reconocimiento a la labor que desempeñamos diariamente, como pieza clave del engranaje que hace que la Administración de Justicia funcione. No cabe duda de que aunque llegue a aprobarse el “Proyecto de Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial”, no se solucionará la situación de la Administración de Justicia, si no se hace un deslinde competencial de segundo nivel entre secretarios, gestores y tramitadores.

Todo esto, que podría parecer motivado por la mera, aunque legítima, pretensión de mejora de condiciones laborales y económicas de los funcionarios, cobra mucha más importancia si se considera que con un nuevo organigrama más racional y una distribución clara de tareas, junto con otras medidas como la mejora de medios materiales e informáticos así como la ampliación de plantilla e incremento de órganos judiciales, se podría superar la situación actual de conflicto y desmotivación existente.

Cuarto.- Por todo ello, como Sindicato representativo de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, no podemos permitir que se nos mantenga al margen de las negociaciones y debates que ya se están produciendo en torno a la reforma de la Justicia. Y en este sentido, tenemos la obligación de exigir estar presentes en todos los foros de discusión en los que se decidirán las bases para llevar a cabo esa ansiada reforma. Reforma que debe respetar siempre las siguientes premisas básicas: -

Transparencia en los trabajos que se realicen por parte de la Administración, con intervención directa de los sindicatos representativos del sector.

-

Reconocimiento, en todos los niveles, de la labor que desempeñamos los funcionarios de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio.

-

Potenciación de la figura de los Gestores Procesales, en quienes debe recaer la mayoría de las jefaturas de sección en la nueva oficina judicial, sin perjuicio de las que también puedan corresponder a los Tramitadores y a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

-

Definición clara de las funciones que corresponden a cada puesto de trabajo.

-

Plantillas suficientes, tanto en las Unidades de Apoyo Directo como en los Servicios Comunes Procesales, y formadas exclusivamente por funcionarios de la Administración de Justicia. Plantillas suficientes también en las Unidades

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Administrativas, que deberán estar integradas preferentemente por funcionarios de la Administración de Justicia. -

En el ámbito del territorio Ministerio, y sin perjuicio de las competencias que corresponden a las CCAA, incremento del complemento específico, sobre la base del actual, para todos los funcionarios, pero especialmente para aquellos puestos de

trabajo

cuyas

características

supongan

una

mayor

dedicación,

responsabilidad, disponibilidad, etc. -

Creación de servicios específicos para determinadas funciones, como por ejemplo, asistencia a vistas (Cuerpo de Auxilio Judicial), grabación de vistas y videoconferencias, acceso a bases de datos, archivos judiciales, fiscalías, funciones de decanato…

-

Organización adecuada de todos los servicios comunes, con medios suficientes, tanto humanos como materiales.

-

Creación de verdaderas unidades de atención al ciudadano, que sean útiles, y que estén suficientemente dotadas, con personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.

-

Potenciación de los Servicios de Apoyo Provinciales.

-

Especial consideración de los órganos judiciales de los pueblos, que son siempre los grandes olvidados, incluidos los Juzgados de Paz.

-

Escrupuloso respeto a los derechos de los funcionarios, de todo tipo, incluidos los económicos, no solo los complementos de carácter fijo, sino también los que se perciben actualmente por el servicio de guardias.

Quinto.-

También

se

está

hablando

mucho

últimamente

de

la

“desjudicialización” de los Registros Civiles. Esta es una decisión política que no compartimos, pero que si en cualquier caso llegara a producirse, entendemos que no puede desaprovecharse la larga experiencia y conocimientos con que contamos en esta materia los funcionarios de la Administración de Justicia. Por tanto, dentro o no de la “organización judicial” del Estado, las Oficinas del Registro Civil deben estar servidas siempre por funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Por ello, exigimos una negociación seria de las condiciones en que se producirá, en su caso, esa anunciada “desjudicialización”, con la que, repetimos, no estamos de acuerdo.

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Sexto.- Por otra parte, le exponemos aquí también algunas de las reivindicaciones que consideramos urgentes e importantísimas, y que aún no han obtenido una respuesta satisfactoria por parte de ese Ministerio. -

Revisión y modificación urgente del sistema de promoción interna. Es evidente el fracaso del sistema actual, desde la promoción a Tramitación, pasando por la de Gestión, y especialmente con la de Secretarios Judiciales. Particularmente grave es lo que está sucediendo con esta última. Lejos de una promoción interna, en la que la experiencia debe ser lo que más se valore, se está en presencia de una oposición restringida, pero sin una auténtica valoración de los conocimientos adquiridos por el funcionario como consecuencia de los servicios prestados a la Administración de Justicia. A este respecto en escrito presentado ante la Dirección General del Relaciones con la Administración de Justicia de fecha 6 de abril de 2009, volvemos a solicitar la urgente reunión de la mesa de negociación para abordar la reforma del mismo a fin de poder adoptar decisiones antes de la convocatoria de este año. ante el evidente fracaso del sistema de selección que los resultados de la misma evidencian.

-

Ofertas de empleo público.- Debe recoger las necesidades reales de recursos humanos, y por ello deben ofertarse todas las plazas disponibles.

-

SIRAJ. No podemos sino lamentar y formular nuestra rotunda queja por la forma en que se ha implantado este nuevo sistema de Registros. Este Sindicato ya ha presentado escrito en el que entre otras cuestiones, ponemos de relieve que se ha adjudicado a los funcionarios, sin negociación previa, una nueva tarea (por la que, no debe olvidarse, los secretarios perciben un complemento de productividad), para la cual no se les ha formado previamente y que está provocando un plus en la carga de trabajo que lleva en la práctica a dejar sin hacer otras tareas para poder cumplimentar los datos en los referidos registros. Todo ello además de lo poco operativo del sistema, dado que no es compatible con las aplicaciones procesales que se utilizan en los diferentes territorios. En definitiva, una desorganización que hará recaer nuevamente sobre los funcionarios la responsabilidad de suplir las numerosas carencias de que adolecen los medios materiales puestos al servicio de la Administración de Justicia. STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

-

Accesos

a

bases

de

datos

externas,

grabaciones

de

vistas,

videoconferencias.- Se trata de nuevas funciones, no definidas expresamente en la ley, sobre las que existe una inseguridad tremenda. Recientemente, lejos de regularse expresamente la materia, lo que se ha hecho, tanto por parte del CGPJ, como por parte del Ministerio de Justicia (a través de una Circular dictada por el Secretario General de la Administración de Justicia), ha sido establecer unas instrucciones para perseguir disciplinaria y penalmente a quienes realicen consultas indebidas. Es necesario, por tanto, poner fin a esta situación de inseguridad, mediante la regulación clara y concisa de estas nuevas funciones, y los incentivos económicos que habrán de percibir los funcionarios encargados de las mismas, dada las nuevas responsabilidades que se asumen. -

Determinación del uno por ciento de masa salarial para las pagas extraordinarias.- Prevista en la Ley de Presupuestos, aún no se ha dictado la oportuna Orden Ministerial por la que determine la cuantía a incluir en las pagas extras del personal al servicio de la Administración de Justicia.

-

Jurisdicción penal.- Negociación para la puesta en marcha de un plan de choque para la solución del grave atasco que padece la jurisdicción penal.

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Crisis económica y sobrecarga de trabajo.- Es preciso negociar y poner en marcha medidas para descongestionar el incremento en la carga de trabajo provocada por la crisis económica en la jurisdicción civil (incluidos los juzgados de lo mercantil) y social. También es necesario solucionar los problemas de sobrecarga de trabajo en la jurisdicción contencioso-administrativa, Audiencias Provinciales, Órganos Centrales y la problemática específica de los Juzgados con competencias en materia de violencia sobre la Mujer. También es necesario estudiar a fondo la problemática de los Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de Toxicología.

-

Revisión de la planta judicial y de las plantillas de los órganos judiciales, que no se revisan desde hace años, a pesar de haberse incrementado notablemente la población y la litigiosidad.

Existen muchísimas plazas de

refuerzo que deberían consolidar como plazas de plantilla. -

Interinos.- Es insostenible la situación actual, en la que más de un treinta por ciento del empleo es eventual. La Administración de Justicia no puede permitirse STAJ Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia

el lujo de desaprovechar la experiencia y conocimientos acreditados por muchos funcionarios interinos, por lo que es necesario facilitarles el acceso a la condición de funcionarios de carrera, por supuesto con escrupuloso respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en la Constitución mediante nuevas convocatorias de oposiciones por el sistema de concurso oposición que permita reducir el alto índice de eventualidad en la Administración de Justicia puesto que la actual convocatoria 2008 es la segunda y última prevista por la LOPJ tras su reforma efectuada por LO19/2003. -

Mejora del actual sistema de guardias, así como de las compensaciones por excesos horarios y sistema de libranzas.

-

Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y Agrupaciones de Juzgados de Paz.- Los Juzgados de Paz son los grandes olvidados de la Administración de Justicia. Es necesario realizar un estudio riguroso de sus necesidades de recursos humanos y materiales, así como dignificar la importante labor que realizan los funcionarios de la Administración de Justicia en estos órganos judiciales, que constituyen el primer escalón de la organización judicial, y el más cercano a los ciudadanos y ciudadanas en aquellos municipios donde existen.

-

Formación.- Es necesario acometer un plan de formación de manera que la Administración sea la que forme directamente a los funcionarios, formación que debe llegar a todos, sin excepción.

Estas y otras muchas cuestiones deben ser objeto de tratamiento en la Mesa sectorial, por lo que solicitamos el establecimiento de un calendario de negociaciones, que deberían comenzar en breve.

Madrid, 29 de abril de 2009

Fdo.: Vicente Navarro Pérez Secretario General STAJ

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