El Gobierno De Illia

Fortalezas y Debilidades de la Presidencia de Arturo Illia Prof. Romina Soledad Bada

Introducción Está claro de que la presidencia de Arturo Illia duró treinta y tres meses, es decir, del 12 de octubre de 1963 al 28 de junio de 1966. Ese lapso, a pesar de ser breve, sin embargo, resultó suficiente para definir un estilo político propio dentro de la convulsionada década. No obstante, Arturo Illia, uno de los gobernadores mas atacados por el amplio espectro de la oposición a su gobierno, fue revalorizado cuando los argentinos, cansados de los excesos de las autocracias de turno, comprendieron las ventajas de los principios democráticos para la convivencia política. La forma en el que el radicalismo del Pueblo alcanzó la presidencia de la República no fue un modelo de participación popular: el peronismo, la fuerza mayoritaria, se encontraba proscripto en escala nacional y sólo pudo presentarse para cargos ejecutivos en algunas provincias. De todas maneras, a lo largo de su mandato, Illia fue dando pruebas de su decisión de revertir el vicio electoral de origen que afectaba su investidura, pero el justicialismo jamás le perdonó, como mencionan algunos autores, ese pecado original. Por eso la historia del periodo especificado es también la crónica de desencuentros entre dos partidos populares y de una disputa que en definitiva favoreció la reinstalación del poder militar en Argentina. Fortalezas y Debilidades del gobierno de Arturo Illia La llegada de Illia al poder El 7 de julio de 1963 se dieron las elecciones y en ella Arturo Illia había triunfado. Por primera vez desde 1928 el histórico radicalismo obtenía la primera minoría. Pero aunque el triunfo era de Illia, el mapa electoral no quedaba claro. Para ser consagrado presidente, Illia necesitaba 239 votos en el Colegio Electoral y sólo contaba con 168 electores. En el Congreso, los radicales del Pueblo (UCRP) tendrían 71 diputados, mientras que los alendistas y frondicistas en conjunto disponían de 45 bancas, UDELPA 18, los demoprogresistas 13, los conservadores 18 y una veintena los restantes sectores. Teniendo en cuenta ese panorama, resulta evidente que los resultados electorales anticipaban las dificultades que debería enfrentar el futuro presidente: una permanente negociación y un limitado territorio para moverse. Pese a esto, fueron muy activas las gestiones que se desarrollaron hasta la fecha de la reunión en el Colegio Electoral: se buscó el apoyo de los electores alendistas para Aramburu como una solución de estabilidad para el nuevo gobierno. Pero la tradición democrática del país privó en la decisión de segundo grado: democristianos, socialistas democráticos, conservadores, partidos provinciales y fuerzas neoperonistas dieron espontáneamente sus sufragios a Arturo Illia y Carlos H. Perette. Los meses que siguieron hasta el 12 de octubre fueron pacíficos, distendidos hasta optimistas. Un año atrás, se estaba pendiente de los enfrentamientos armados de azules y colorados. En cambio ahora los comentarios se deslizaban en torno al futuro gabinete de Illia. Con prudencia Illia impregnó el ambiente de una sensación de seguridad, hay que recordar que era un viejo partido el que se haría cargo del poder, no una coalición circunstancial. Illia no debía votos a nadie y su personalidad, al principio, no ofrecía flancos vulnerables a la crítica. Pero, a pesar de todo, nadie podía olvidar la circunstancia de que el presidente subía al poder mediante un 25 % de los sufragios, es

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decir, que solo uno de cada cuatro ciudadanos había votado por él y esto, me parece, no era una predicción felíz para su gestión. Illia se manejó con cautela en la elección de los ministros que iban a integrar su gabinete. Acudió para ello a personalidades destacadas de las principales líneas internas del radicalismo. Decisión ésta que sorprendió al pueblo argentino por el simple hecho de que el elenco destinado a acompañarle tuviera un signo cerradamente partidario. Sin embargo, esa modalidad era explicable porque Illia se movió siempre dentro del ámbito radical y no confiaba en apoyos fuera de su partido. Pero el país desde 1955 se había acostumbrado a ver en los distintos gobiernos a expresiones de pensamientos diferentes y a muchos les pareció demasiado exclusivista el criterio seguido por el presidente en la integración de sus colaboradores; Juan Palmero en Interior, Eugenio Blanco en Economía, Zavala Ortiz en Relaciones Exteriores y Carlos Alconada Aramburu en Educación, eran los más destacados. Siguieron siendo comandantes en jefes de sus respectivas armas, el General Onganía, el Admirante Varela y el Brigadier Armanini, quienes dependían, en teoría, de sus secretarios, y éstos, a su vez, del Ministro de Defensa Leopoldo Súarez. En los hechos, tal como había quedado evidenciado durante la gestión de Frondizi y el interregno de Guido, los que mandaban realmente en sus fuerzas eran los comandantes. Según Robert Potash “la decisión del presidente Illia de conservar al General Onganía y de no hacer cambios en el alto mando reflejaba su filosofía general de que la política partidaria debía jugar un papel limitado en la relación de la presidencia con las otras instituciones. Al negarse a intervenir en el manejo de las Fuerzas Armadas, sentía que estaba demostrando respeto por su autonomía, así como su decisión de no reemplazar a los miembros de la Suprema Corte mostraba respeto por su independencia. Y esperaba que ese respeto fuera recíproco”. (Potash, R.: 1994). Cosa que posteriormente no sucedió, producto de malentendidos constantes entre el presidente y las Fuerzas Armadas. En cuanto a la conducción económica, además del ministro Blanco, actuaban un grupo de jóvenes técnicos salidos de las filas radicales, entre los cuales se encontraban Roque Carranza, Félix Elizalde, Bernardo Grinspun, Alfredo Concepción y Carlos Tudero. El jefe del partido seguía siendo Balbín y a pesar de la situación extraña que esto generaba y de la declaración de muchos observadores sobre roces y rupturas entre el presidente de la nación y presidente de la UCRP, Balbín siguió siendo leal a Illia y lo apoyó en todo momento, actuando con la necesaria discreción como para no dar la sensación de un doble manejo de la política. También hay que tener en cuenta que el radicalismo había ganado en trece provincias, la única netamente peronista era el Chaco con Felipe Bittel, tres provincias eran conservadoras: Mendoza con Francisco Gabrielli, Corrientes con Diego Díaz Colodrero y San Luis con Santiago Besso; y había dos provincias donde habían ganado caudillos que en el pasado fueron frondicistas pero que, en vista de los enfrentamientos internos de la UCRI, prefirieron afrontar la lucha en sus distritos de manera independiente: Jujuy con Horacio Guzmán, la Pampa con Ismael Amit y el bloquismo con Leopoldo Bravo había triunfado en San Juan. Como se puede observar, el mapa electoral era variado y colorido, cuya misma pluralidad obligaba a transacciones y convivencias, tal como ocurría en el seno del Congreso. Así, el panorama político era moderadamente alentador en cuanto a la progresiva afirmación de una democracia cuyo origen electoral era cuestionable, pero que en su evolución futura podía ir salvándolo y mejorándolo. Esta perspectiva se contrapesaba con un factor negativo que afectaba al nuevo elenco oficial: su inexperiencia en el gobierno. Hacía treinta tres años que el radicalismo no tenía responsabilidades de poder. Dicha inexperiencia, y tal como ocurrió con los

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equipos de Frondizi en 1958, colocaba a los nuevos gobernantes en un ámbito un tanto irreal, donde la ideología y las consignas partidarias tenían más gravitación que las exigencias concretas de la realidad del país. Y aunque el radicalismo nunca fue una fuerza dogmática, aquella inexperiencia de gobierno podía traducirse en una actitud ingenua o simplista frente al manejo de la cosa pública, que en algún caso limite podía llevar a los mandatarios a situaciones peligrosas. Sin embargo, el mayor problema residía en la sociedad argentina. Una gran proporción de sus integrantes descreía de la democracia después de haberla visto naufragar entre planteos militares, proscripciones y anulaciones de comicios, y en consecuencia miraba sin fervor y mas bien con escepticismo a una autoridad civil sobre la cual pendía tácticamente el poder militar. Muchos pensaban que era necesaria una mano firme que manejara el Estado y, frente a esa supuesta necesidad, de poco valían los recuperados instrumentos republicanos. Por otra parte, la división entre peronistas y antiperonistas seguía marcando la vida de la sociedad: “era como una cicatriz nunca del todo cerrada, a punto de abrirse nuevamente y contaminar con su supuración todo el organismo social”. (Luna, F: 1992). Todas estas situaciones adversas mencionadas con anterioridad sirvió para destacar el papel del Congreso Nacional, y obligó a unos y otros a negociar y dialogar, sin que estas alternativas impidieran en absoluto la aprobación de leyes tan importantes como las relativas al campo laboral. Sin embargo, lo verdaderamente negativo de esto era que alimentaba la impaciencia de los sectores golpistas. En efecto, la tortuga (como lo llamaban los diferentes medios de comunicación y la oposición) se convirtió en un símbolo de inmovilismo del presidente, y esta imagen desvalorizó la actuación del gobierno en las áreas económicas, diplomática, laboral, etc. Desvalorizó también el estilo del presidente Illia, llano y cordial, con esa sencillez propia de los argentinos del interior, pocos apresurados pero seguros de si mismos e indiferentes a valores prestados. De todos modos, Illia recibió tantas críticas de la oposición por su estilo demorado como las que mereció Frondizi en su momento porque era excesivamente apresurado en sus decisiones y actuaciones. Uno y otro mandatario, cada cual a su modo, representaban intentos de encauzar la vida constitucional del país, y esto era precisamente lo que los intereses más retrógrados deseaban impedir, porque para ellos la democracia era un obstáculo para remover. Desde que asumió la presidencia, Illia empezó a aplicar su proyecto: revitalización de la economía, actualización de la legislación laboral, democratización del sistema político, énfasis en la educación y respeto de las libertades públicas eran sus prioridades en el gobierno. Pero claro para convertirlas en realidad hacía falta tiempo, elemento que en gran parte del país político no estaba dispuesto a concederle. En el plano económico, los radicales heredaron una situación económica muy comprometida, caracterizada por el déficit fiscal, deudas con los proveedores, salarios estatales impagos y una considerable deuda externa, además de la legislación laboral que reclamaba contra la desocupación y el alza del costo de vida. En primer término, el gobierno adoptó una decisión de estricta justicia: el restablecimiento del pago regular de pensiones y saldos estatales, que había sido alterado el año anterior durante el ministerio de Alsogaray. También se dio la anulación de los contratos petroleros suscritos por YPF con trece compañías extranjeras entre el 1 de mayo de 1958 y el 12 de octubre de 1963. Con esto se trató de dar cumplimiento a una promesa de la campaña electoral y a la crítica permanente formulada por la UCRP contra la política petrolera de Frondizi.

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Antonio Castello relata en su libro La Democracia Inestable los entretelones de esa anulación, fundamentada jurídicamente por el ministro Alconada: “el gobierno propiciaba la renegociación jurídica de los contratos en términos más favorables que los obtenidos anteriormente. Facundo Suárez, presidente de YPF, estaba interesado en no romper relaciones con las empresas afectadas, pero existía el fundado temor de que no sólo los intereses privados sino también el gobierno de los Estados Unidos adoptarían represalias contra los argentinos”. (Castello, A.: 1986). A poco de conocerse la noticia, el embajador norteamericano visitó a Illia en Olivos para comunicarle que su país suprimiría toda ayuda financiera a la Argentina. Días después Illia tuvo la oportunidad de explicar al enviado norteamericano de Kennedy, Averell Harriman, los motivos políticos de la anulación en términos que merecieron un eco favorable: el propio Kennedy dijo a los periodistas que la decisión era “un acto de soberanía económica ejercida por el gobierno argentino, y si éste reembolsaba la justa inversión, el asunto estaría terminado”. (Escudero, S.: 1983). Este fue sin duda el episodio más notable que en materia económica tuvo lugar en 1963. Durante el resto de ese año y en el curso del siguiente, el gobierno radical procuró calmar la economía argentina, evitando contraer nuevas deudas en el exterior y postergando la realización de grandes obras públicas –como el túnel subfluvial- a fin de aliviar el balance de pagos. Para reactivar la economía luego de la seguidilla de devaluaciones dispuestas durante el gobierno de Guido, se dieron facilidades a los industriales para que retiraran la costosa maquinaria que se estaba acumulando en el puerto y que no se podía retirar a causa de las dificultades cambiarias. Otro problema que debió afrontar el Banco Central fue que en el periodo anterior se habían importados bienes de capital sin planes de prioridad, y esto había comprometido la situación del sector bancario: el banco de la Nación había otorgado créditos por encima de la capacidad de endeudamiento de las empresas. “todo el sistema estaba entrampado” explicó Félix Ezialde. Para salir de esa parálisis se aplicaron recursos graduales que iban desde controles de precios selectivos, para evitar el aumento del costo de vida, hasta devaluaciones parciales que favorecían las exportaciones. No hubo empeño en disminuir el déficit fiscal, agravado por el pago regular de los sueldos estatales y de las pensiones. Disminuir el déficit hubiera significado un empeoramiento del nivel de vida de los trabajadores y el estancamiento de la inversión estatal. El gobierno constitucional no podía permitirse tal actitud y llevó a cabo una política de redistribución del ingreso comparable a los de los gobiernos peronistas. No obstante a las críticas que formulaban los sectores empresariales, que sostenían que el radicalismo reeditaba los errores del peronismo y que era imposible sostener esa política económica, el PBN (producto bruto nacional) aumentó considerablemente, aunque la inversión interna bruta como porcentaje del producto bruto interno decreció bastante, como consecuencia de la desconfianza de los sectores empresariales hacia el gobierno radical. Finalmente otra medida del gobierno a destacar fue en el ámbito de salud pública en donde se buscó el análisis de la composición y los costos de los medicamentos preparados por los laboratorios internacionales. “Para ello se nombró una Comisión presidida por un profesor de Farmacología, de la Universidad de Buenos Aires, para estudiar la calidad de los medicamentos, y otra Comisión experta en costo para estudiar los costos de los medicamentos” (Escudero, S.: 1983). El estudio, a cargo de expertos, resultó muy difícil, pues los laboratorios presentaron al gobierno libros que no eran los auténticos, y los empleados de la DGI debieron hacer una revisión de los costos declarados. “Cuando se empezó a estudiar la calidad del medicamentos, resultaba que

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mucho de los ingredientes y de las drogas que debía contener el medicamento no lo contenía; es decir, que eran medicamentos fraguados (...) y cuando se analizaron los costos se determinó una desmesura tremenda, en una parte el medicamento no contenía lo que tenía que contener y por otra el precio del medicamento era verdaderamente superior al costo de producción.” (Ibidem). Posteriormente, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso dispuso que se congelara el precio de los medicamentos mientras proseguía la investigación. En consecuencia, se generó protestas de los laboratorios afectados, los cuales, por otra parte, demostraban el envío de las declaraciones juradas con la interpretación de los costos y de la calidad de los medicamentos que producía. Esos laboratorios sostuvieron que “el gobierno era dirigista y se entrometía en la elaboración de estos específicos donde ellos eran verdaderos expertos” (Ibidem). De todas maneras, la congelación de precios de los medicamentos continuó hasta la caída del gobierno de Illia, pues de allí en adelante el General Onganía decretó el precio libre para los medicamentos. La ofensiva de la CGT En enero de 1963 la central obrera había sido reorganizada legalmente por primera vez desde la revolución de 1955. Distintas corrientes estaban representadas en el nuevo cuerpo directivo de la entidad, pues el dirigente peronista José Alonso (textil) ocupaba la secretaría general mientras el independiente Riego Ribas (gráfico) desempeñaba la secretaría adjunta. Una figura de peso creciente en el movimiento obrero fue la del metalúrgico Augusto Timoteo Vandor “hombre fuerte de las 62 Organizaciones peronistas y exponente típico del moderno estilo gremialista”. (Luna, F: 1992). El retorno a la constitución planteó a los dirigentes obrero un dilema ¿debían cooperar con el nuevo gobierno, cuyo proyecto económico coincidía con las aspiraciones de la CGT? O por el contrario ¿era oportuno combatir al oficialismo haciendo hincapié en la difícil situación social y en la relativa legalidad de su origen? Si se adoptaba la primera decisión se debía desacelerar la ola de reclamos; y se optaba por la segunda, había que intensificar la lucha. Finalmente la CGT se inclinó por lanzar su “Plan de Lucha” con argumentos de que la clase trabajadora se encontraba en una posición más difícil que en años anteriores. La afirmación resulta sorprendente si se tiene en cuenta que entre el derrocamiento de Frondizi y el 12 de octubre de 1963 ocuparon la cartera de la economía figuras tales como Jorge Wehbe, Delfino, Alsogaray, Federico Pineido y José Martínez de Hoz, exponentes todos ellos de la derecha liberal. Se trató sin duda de un argumento de carácter político que buscaba jaquear al gobierno, extraerle concesiones y eventualmente demostrar la ingobernabilidad del sistema sin la vuelta de Perón, y quizás, también, la imposibilidad de gobernar dentro del régimen democrático de partidos. El 5 de diciembre fue la fecha fijada para el primer paro general. El día anterior Alonso visitó al presidente y le entregó un petitorio de 15 puntos entre los que figuraban el ajuste de sueldos y salarios de acuerdo con el costo de vida, la reactivación económica, la ruptura de relaciones con el FMI, la participación activa de los trabajadores en la administración de empresas estatales y la eliminación de la desocupación y el desempleo. La respuesta del gobierno a los reclamos obreros no se hizo esperar: entre los primeros proyectos enviados al congreso se incluyó el de la Ley de Abastecimiento que

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implicaba la creación de un Consejo Nacional de Abastecimiento, con participación en el gobierno de los productores y la CGT. Entre tanto, se luchaba intensamente por el poder en la central obrera. Vandor era la figura más fuerte del gremialismo peronista, pero además representaba a los metalúrgicos, cuyo poderío era resultante de la política económica de los últimos años. Entre sus planes figuraba la afirmación de un peronismo sin Perón, y desde luego el enfrentamiento permanente con el gobierno. José Alonso, en cambio, representaba a los trabajadores de la industria textil, que era propiedad de empresarios nacionales, y otro tanto ocurría con Framini, el mas duro de la resistencia del peronismo gremial. La segunda etapa del Plan de Lucha se puso en marcha en mayo de 1964, a pesar de que estaba prevista la discusión en el Congreso de la ley de salario mínimo, vital y móvil (una de las aspiraciones de la CGT), y otra legislación interesante como la anulación de leyes represivas y la proyección de una amnistía para los presos políticos. La tercera etapa del Plan de Lucha, aprobada en el mes de junio, apelaba a la movilización general de los trabajadores en todo el país mediante la realización de cabildos abiertos con participación del peronismo, de otras agrupaciones políticas, etc. La agitación concluiría con una marcha nacional con concentración frente a la Casa Rosada. Con la firma de Framini, de Antonio Scipione (ferroviario), de Hugo Barrionuevo (fideero) y de Eustaquio Tolosa (portuario), se facultaba al secretario de la CGT para apelar a otras medidas, que llegarían inclusive a la ocupación de los centros de venta y producción de alimentos para ser entregados al pueblo a bajo costo. Pero se estaba yendo demasiados lejos en la política de enfrentamiento con el gobierno y los gremio independientes dieron un paso al costado: Ribas, Almozni y March se alejaron de sus cargos. En consecuencia, la continuación del Plan hubo de postergarse, y cuando se lanzó la nueva tanda de paros en el mes de diciembre, el apoyo de los trabajadores resultó limitado, y el efecto de las huelgas se localizó en los sectores netamente industriales. “Es evidente aquí el inicio del declive del vandorismo que comenzaba a desintegrarse hasta alcanzar el grado de compromiso y de descomposición que luego vivió”. (Calello, O. y Parcero, D.: 1984). Con el “Operativo Retorno”, culminó toda esta serie de hechos que tiñeron de dramatismo los años 63-64. Pero, igualmente los problemas continuaron: el 5 de agosto murió el ministro Blanco que fue luego reemplazado por el diputado Juan Carlos Pugliese. El día 6 el comandante del Ejército, el General Onganía, pronunció en West Point un discurso muy significativo que, según Potash, expresó una filosofía general que llamaba a las Fuerzas Armadas a apoyar a los gobiernos democráticos, mientras se reservaban el derecho de derrocar un régimen que considerasen despótico. (Potash, R.: 1994) y el 14 se produjo un atentado contra Frondizi. Los desarrollistas del MIR (ex UCRI) atribuyeron el atentado al gobierno y no admitieron que la autoría se la adjudicara un grupo peronista. Además, mientras denunciaba el atentado en el Congreso, murió el diputado Fernando Pirágine Niveyro, jefe de la banca del MIR (que por esa época cambia su denominación por la de Movimiento de Integración y Desarrollo). Asimismo, algunos brotes subversivos se descubrieron luego de la explosión ocurrida en un edificio de la calle Posadas en Capital Federal. También se alteró la calma existente en los gobiernos provinciales, y debido a los graves conflictos que habían estallado en Jujuy entre el gobernador Guzmán y la legislatura, fue preciso que el Poder Ejecutivo Nacional dispusiese la intervención federal para liquidar la pugna entre poderes de esa provincia.

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Con el propósito de remontar esos acontecimientos negativos, el nuevo ministro de economía aceleró la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo presentado el 2 de octubre, y en cuya preparación se había destacado la capacidad del ingeniero Carranza, secretario general de CONADE. Ese plan, que respondía a la orientación cepalista, proponía un crecimiento económico sostenido por 5 años, que elevaría el nivel de vida de los trabajadores mediante la reactivación industrial. Pero el plan sólo suscito críticas, especialmente del sector frondicista y del ingeniero Álvaro Alsogaray, quién empezó a dirigirse mensualmente a la opinión pública por la televisión para exponer los errores del gobierno. Otro problema que enfrentó el gobierno radical derivó de la interna partidaria y de los conflictos que ésta generaba en algunas provincias, como Santa Cruz y Catamarca. Pero la principal dificultad estuvo relacionada con el lanzamiento de la campaña pro retorno de Perón. En efecto, después de una reunión en Madrid de Perón y Vandor en agosto, se dio a conocer un comunicado que hacía referencia al regreso de Perón como un factor de unidad y pacificación de los argentinos. El tema del retorno de Perón se convirtió en el asunto obligado de todos los análisis políticos, desde las caricaturas sobre el avión negro que traería de regreso al ex mandatario, hasta los comunicados de las comisiones de adherentes a la Revolución Libertadora y los homenajes renovados a los revolucionarios de 1955. Pocos tuvieron en cuenta el hecho de que Perón estuviera en ese lapso concluyendo su mansión de puerta de hierro, y que esto era también un síntoma de su decisión de instalarse definitivamente al amparo del gobierno de Franco. De la campaña pro retorno formó parte, entre otros sucesos, el recibimiento de los peronistas al presidente de Francia Charles de Gaulle, que provocó enfrentamientos entre militares y policías en el paseo Sobremonte de la capital cordobesa y en la aristocrática Plaza Francia de Capital Federal. Los rumores y las predicciones se confirmaron el 1 de diciembre, cuando se supo que Perón, acompañado por Delia Parodi, Framini, Jorge Antonio y Vandor había tomado en Madrid un vuelo de línea con destino a Buenos Aires. Mediante una maniobra no muy elegante, la cancillería hizo que el gobierno de Brasil detuviera a Perón en Río de Janeiro y lo obligara a regresar a España. Zavala Ortíz justificó posteriormente ese recurso aludiendo a la amenaza de un golpe militar que se iba a concretar si Perón regresaba a la Argentina. Pero en el propio peronismo el frustrado retorno provocó algunos interrogantes que resume Rodolfo Walsh en ¿Quién mató a Rosendo?: ¿creyó Perón seriamente que el gobierno radical lo dejaría desembarcar?. Encasillado por la perspectiva, demostró también que era un mito su temor a volver, pero el saldo integral de la operación fue rescatado por el vandorismo: “Perón no volverá”. (Walsh, R.: 1989). Entre tanto el país se encaminaba hacia una nueva confrontación electoral que disputaría en marzo de 1965 varios cargos de diputados nacionales. Estos comicios constituían una prueba más para el gobierno. Se recordaba lo ocurrido en 1962 a la UCRI, y en esta oportunidad se presentarían los candidatos justicialistas amparados por la sigla de la Unión Popular. Finalmente el triunfo se adjudicó a los justicialista con mayoría de votos. La presencia peronista en el congreso se hizo numerosa: su representación pasaba de 8 a 52 legisladores. En cuanto al gobierno, la alarmante derrota electoral provocó una intensa crítica interna que culpaba a la conducción balbinista, excesivamente conservadora y antiperonista. Esta última característica resultó ratificada a fines de abril cuando los

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sucesos de Santo Domingo pusieron de manifiesto concepciones políticas encontradas dentro del gobierno nacional. Este encadenamiento de circunstancias impedía apreciar algunas realizaciones positivas como la situación de balance de pagos que empezaba a se favorable a la Argentina; se había logrado refinanciar la deuda externa. La oposición levantaba la bandera de lucha contra la inflación, y en ese sentido el diputado Pugliese respondió a las diversas críticas diciendo que el problema inflacionario lo heredaron. Esas palabras y otras no menos sensatas emitidas desde los niveles oficiales, fueron desoídas o ridiculizadas. El gobierno de Illia empezaba a quedar aislado, no tanto por la acción de sus adversarios –los restantes partidos y la CGT-, sino por una sensación que existía en la opinión pública y en las clases políticas: la idea era de que era indispensable un cambio total de las estructuras de gobierno para llevar adelante un nuevo proyecto nacional. El mito de una revolución modernizadora, que dejara atrás el anacronismo aparentemente personificado en Illia, se abría paso en las mentes. Frente a esa nueva ilusión argentina, poco podía hacer la prudente administración radical.

Conclusión Para terminar, en principio diré que la presidencia de Arturo Illia fue corta pero intensa, llena de idas y vueltas, de malentendidos y de una oposición poco dispuesta a colaborar con el gobierno. La presidencia de Illia tuvo fortalezas como el mejoramiento en la economía, el actuar político del presidente, que al principio, generó una atmósfera de tranquilidad y optimismo en la sociedad argentina, y sobre todo la constante negociación con los demás actores y sectores políticos y sociales imperantes en esa época. Pero también tuvo debilidades como las diferencias con algunos integrantes de las Fuerzas Armadas que, en definitiva, llevó a que esta presidencia terminara con un golpe de Estado, los reclamos de la CGT, las inestabilidades de las provincias del interior, la promulgación de ciertas leyes que llevó al sector empresarial a estar del lado opositor y la posición de los demás partidos y sectores opositores al gobierno que hicieron todo lo necesario para que dicho presidente fracasara. No obstante, Illia fue un hombre noble, sencillo, seguro de si mismo y para algunos observadores, lento en sus decisiones. De allí surgió la denominación peyorativa hacia él como una tortuga, caracterización ésta muy utilizada por la oposición. Sin embargo, la actitud y el accionar de ese hombre del interior pudo superar las constantes burlas y llevar al país a una situación quizás poco imaginada hasta ese momento.

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Referencia Bibliográfica -

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