Ee.uu. Investidura

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 Nota para las personas encargadas del trabajo con los medios de comunicación 16 de enero de 2009

Estados Unidos de América: Acto de investidura presidencial Mensajes clave y puntos de debate A continuación se exponen los principales motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con los derechos humanos en Estados Unidos. Se incluyen tanto los relativos a la campaña de Amnistía Internacional “Contra el Terror, Justicia” como otras cuestiones de derechos humanos pertenecientes al ámbito nacional y al internacional. Les rogamos que utilicen este documento para preparar las entrevistas en torno al acto de investidura del nuevo presidente de Estados Unidos. ANTITERRORISMO Renunciar a los juicios militares y cerrar Guantánamo Amnistía Internacional expresa su satisfacción ante el compromiso del nuevo presidente de cerrar el centro de detención de Guantánamo. La organización considera importante que esto se haga de forma que se cumplan todas las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos y sin basarse en ninguna legislación, política o práctica que implique el traslado sin más de las violaciones de derechos humanos a otros lugares, incluso dentro de Estados Unidos. Debe derogarse en su totalidad la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, firmada por el presidente Bush el 13 de noviembre de 2001. Como parte del restablecimiento de la supervisión judicial independiente de las detenciones y del cierre de Guantánamo, se debe abandonar el sistema de tribunales de revisión del estatuto de combatiente y juntas de revisión administrativa. Los detenidos de Guantánamo que van a ser juzgados deben ser puestos bajo custodia civil y enjuiciados sin dilación por los tribunales federales ordinarios. Desde el principio, Guantánamo es parte de una operación destinada a eludir la supervisión judicial independiente. El cierre de Guantánamo debe ser parte de las medidas encaminadas a poner fin a esa destructiva operación. Un asunto urgente que debe abordar la nueva administración estadounidense una vez que tome posesión es el juicio ante una comisión militar de Omar Khadr, cuyo comienzo está previsto en Guantánamo seis días después de la investidura presidencial. Amnistía Internacional y otras organizaciones de 1

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 derechos humanos han pedido al nuevo presidente que, en nombre de la justicia, los derechos humanos y el Estado de derecho, impida la celebración de este juicio contra un ciudadano canadiense detenido desde que tenía 15 años de edad. Si desean más información, consulten http://www.amnesty.org/es/news-andupdates/news/presidente-electo-obama-debe-detener-juicio-guantanamo20090112.

Prohibir la tortura Dictar una orden ejecutiva en la que se declare que Estados Unidos no utilizará en ninguna circunstancia la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, tal y como se definen en el derecho internacional. Esta prohibición debe abarcar no sólo los actos de esa naturaleza que se han descrito como técnicas de interrogatorio, sino también las condiciones de detención y reclusión en general. La actual administración ha hecho claramente caso omiso de las declaraciones realizadas por el presidente Bush a finales de junio de 2003, en las que afirmó que Estados Unidos iba a encabezar la lucha mundial contra la tortura “con el ejemplo”. En el momento en que hizo esas declaraciones, Estados Unidos ya estaba aplicando su programa secreto de detención y había sometido por lo menos a tres detenidos recluidos en régimen de incomunicación en virtud de este programa a la forma de tortura conocida como simulacro de ahogamiento (waterboarding). Además, el entonces secretario de Defensa ya había autorizado en secreto a los interrogadores de Guantánamo el uso de técnicas que vulneran el derecho internacional, como desnudar a la víctima, encapucharla, el aislamiento, las posturas en tensión, la explotación de fobias y la privación sensorial. Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción las declaraciones realizadas por el presidente electo unos días antes de su investidura, en las que dijo que el simulacro de ahogamiento constituye tortura. Esto significa que Estados Unidos tiene ahora un presidente que considera que los funcionarios estadounidenses han cometido tortura. El presidente tiene la obligación de garantizar una rendición de cuentas completa tanto individual como institucional. Si desean más información, consulten http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/003/2009/en. También el candidato a fiscal general, Eric Holder, ha declarado claramente que el simulacro de ahogamiento constituye tortura, lo que hay que acoger igualmente con satisfacción como señal de cambio. Este cambio de enfoque debe aplicarse ahora a todo, incluidas otras técnicas de interrogatorio y

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 condiciones de detención que vulneran la prohibición internacional de la tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Debe haber una rendición de cuentas total para las violaciones cometidas y un cumplimiento exhaustivo de las leyes y normas internacionales en todas las políticas y prácticas de detención, actuales y futuras. Liberar y proteger a los detenidos de Guantánamo que no van a ser juzgados La nueva administración debe trabajar con otros gobiernos para garantizar que se ofrece protección a todos estos detenidos. Se debe poner fin a la práctica de basarse en las garantías diplomáticas para facilitar el traslado de detenidos a situaciones en las que existe un riesgo real de que sean sometidos a más violaciones de sus derechos humanos. Una primera medida que puede adoptar la nueva administración es el cumplimiento inmediato del mandamiento judicial dictado en octubre de 2008 en el que se ordenó al gobierno que pusiera en libertad en Estados Unidos a 17 uigures que permanecían detenidos en Guantánamo a pesar de que no se los consideraba “combatientes enemigos”. Esta medida serviría para demostrar que la nueva administración está dispuesta a adoptar medidas concretas para garantizar el cierre legítimo del centro de detención de Guantánamo, sin depender únicamente de que otros gobiernos acepten a detenidos liberados. Véase http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/136/2008/es. Apoyar una investigación independiente sobre la guerra estadounidense contra el terror, incluidas las entregas Debe exigirse enérgicamente la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, incluidos todos los delitos tipificados en el derecho internacional, como la tortura y la desaparición forzada, cometidos por personal estadounidense o en su nombre, sea en Irak, Afganistán, Guantánamo o como parte del programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia. Hay que rechazar la impunidad. El presidente Obama debe garantizar asimismo la creación de una comisión de investigación independiente que investigue todos los aspectos de las prácticas estadounidenses de detención e interrogatorio aplicadas en la “guerra contra el terror”. Cualquier persona contra la que existan pruebas de infracción penal —sea cual sea el cargo que ocupe o haya ocupado— debe comparecer ante la justicia. La creación y el funcionamiento de la comisión de investigación no deben utilizarse para bloquear o demorar el enjuiciamiento de ninguna persona contra la que ya existan pruebas suficientes de conducta indebida. La guerra contra el terror no debe servir para justificar el desprecio al derecho internacional de derechos humanos

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 La teoría de que Estados Unidos goza del derecho de detener a cualquier persona en cualquier lugar del mundo en cualquier momento y de mantenerla detenida indefinidamente, basándose en la premisa de que está implicada en un conflicto armado mundial, perpetuo y absoluto —teoría condensada en el uso por Estados Unidos de la condición de “combatiente enemigo”— es incompatible con el derecho internacional y debe ser repudiada y rechazada por el gobierno, el Congreso y los tribunales de justicia. En este sentido, el nuevo presidente debe ordenar el cese inmediato de la detención bajo custodia militar de Ali Saleh al-Marri y garantizar que es juzgado por un tribunal federal ordinario o puesto en libertad. Ali Marri es actualmente la única persona detenida como “combatiente enemigo” en territorio continental estadounidense. POLÍTICA INTERNACIONAL Abordar la crisis de Darfur La nueva administración debe respaldar activamente, financiar y garantizar con otros medios la adquisición de todo el equipo de transporte aéreo y terrestre necesario para el despliegue completo y rápido en Darfur de las tropas para el mantenimiento de la paz de la UNAMID. Además, la administración debe trabajar con el Congreso para hacer frente a los déficits acumulados en los últimos años en la financiación de la ONU. La administración estadounidense debe trabajar también con el Consejo de Seguridad para garantizar que no se utiliza el artículo 16 del Estatuto de Roma para postergar las medidas de la Corte Penal Internacional sobre Darfur. Abordar la crisis de Gaza Presionar para que se realice sin demora una investigación independiente e imparcial sobre posibles crímenes de guerra y otras infracciones graves del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos por todas las partes del conflicto que afecta a Gaza y al sur de Israel y para que las personas que sean halladas responsables comparezcan ante la justicia en juicios imparciales. Trabajar con socios internacionales a fin de crear un mecanismo para enviar, sin demora, observadores de derechos humanos a Gaza y al sur de Israel con el mandato de observar las infracciones del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que cometan todas las partes e informar de ellas. Suspender de inmediato todas las transferencias de armas a Israel y utilizar la influencia de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para garantizar la imposición de un embargo de armas exhaustivo sobre Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos hasta que haya mecanismos eficaces para

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 garantizar que las armas o municiones y otros equipos militares no se emplearán para cometer infracciones graves del derecho internacional humanitario. Las detenciones en Afganistán e Irak deben ser acordes con el derecho internacional Amnistía Internacional se opone a la detención indefinida sin cargos ni juicio; los detenidos en esta situación deben ser acusados formalmente de infracciones concretas y juzgados por un tribunal de justicia independiente en un juicio en el que se cumplan las normas internacionales sobre imparcialidad procesal o puestos en libertad. Además, Amnistía Internacional considera que el nuevo presidente debe garantizar que el relator especial de la ONU sobre la tortura tiene acceso total a los detenidos bajo custodia de Estados Unidos y a los centros de detención administrados por Estados Unidos durante su próxima visita a Irak, por invitación del gobierno iraquí, y que ningún detenido bajo custodia estadounidense es transferido a las autoridades iraquíes, tal como exige el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas, sin obtener primero garantías firmes de que no será sometido a torturas ni a ejecución, ni a otras violaciones graves de derechos humanos. Ratificar las convenciones de la ONU sobre derechos humanos A pesar de que Estados Unidos firmó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer en 1980, dicho tratado está desde ese año pendiente de trámite en el Senado. También está pendiente de trámite en el Senado desde 1978 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Estados Unidos firmó en octubre de 1977. La nueva administración debe trabajar para garantizar la ratificación de este tratado fundamental de derechos humanos como parte de su compromiso renovado y continuado de abordar todas las cuestiones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales. Estados Unidos debe ratificar también sin reservas tratados como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estados Unidos debe retirar todas las condiciones restrictivas adscritas a la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. La nueva administración debe adoptar un enfoque constructivo hacia las observaciones y conclusiones de los órganos de vigilancia de los tratados de la ONU. Existen numerosas recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que Estados Unidos no ha aplicado.

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Apoyar a la Corte Penal Internacional El 31 de diciembre de 2000, el presidente estadounidense Bill Clinton se unió a otros líderes mundiales y firmó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). En 2002, la administración del presidente George W. Bush retiró la firma de Estados Unidos del Estatuto de Roma. La misión y el mandato de la CPI es hacer que rindan cuentas de sus actos y que comparezcan ante la justicia las personas responsables de los peores crímenes, como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. El presidente electo debe comprometerse a ratificar el Estatuto de Roma y a respaldar a la Corte Penal Internacional. Abordar la violencia contra las mujeres La nueva administración debe responder a los brotes masivos de violencia contra las mujeres como los que están desarrollándose actualmente en Darfur y en la República Democrática del Congo (RDC), donde se sigue utilizando la violación como arma de guerra. Según investigaciones recientes de Amnistía Internacional, sólo en abril de 2008 se denunciaron 800 nuevos casos de violación en la provincia de Kivu septentrional, en la región oriental de la RDC. El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer calcula que, a lo largo de su vida, hasta una de cada tres mujeres del mundo será golpeada, coaccionada para realizar actos sexuales o sometida a otros abusos. Según la Organización Mundial de la Salud, en muchos países, hasta el 70 por ciento de las mujeres y las niñas están afectadas por la violencia.

CUESTIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO NACIONAL Comprometerse a respetar los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos Hace 60 años, la comunidad internacional reconoció que el respeto a la dignidad intrínseca y a los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana forma la base de “la libertad, la justicia y la paz en el mundo”. A partir de ahora, el gobierno estadounidense no debe limitarse a defender los derechos humanos sólo con palabras, sino que sus actos también deben contribuir a ese fin. Abordar el problema de la violencia contra las mujeres

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 A pesar de las medidas adoptadas para abordar este problema en Estados Unidos, muchas mujeres –en especial las que sufren una mayor marginación, como las indígenas americanas y las indígenas de Alaska– siguen sufriendo la falta de remedios efectivos y de protección frente a la violencia de género. El nuevo gobierno debe asignar recursos adecuados para luchar contra estos delitos y garantizar unos servicios más efectivos en caso de agresión sexual. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero También deben apoyarse las medidas para abordar la violencia o la discriminación basadas en la orientación sexual y la expresión o identidad de género. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso declarado del nuevo presidente de abordar estos motivos de preocupación, a través del fortalecimiento de la legislación en materia de crímenes de odio, entre otras medidas. Revocar la legislación que no sea acorde con las protecciones legales internacionales para las personas privadas de libertad Las disposiciones de la Ley de Comisiones Militares de 2006 y de la Ley sobre el Trato a los Detenidos, aprobada en 2005 son casos pertinentes. Desde 2006, Amnistía Internacional viene pidiendo al Congreso que revoque la Resolución Conjunta sobre la Autorización del Uso de Fuerza Militar, aprobada el 14 de septiembre de 2001. El gobierno del presidente Bush ha abusado de esta resolución en exceso genérica para justificar violaciones del derecho internacional. El nuevo presidente no debe permitir que se repitan esos abusos. Anunciar una moratoria de las ejecuciones federales Las primeras ejecuciones federales en Estados Unidos desde 1963 se llevaron a cabo bajo el gobierno ahora saliente, que se ha dedicado con ardor a imponer nuevas condenas a muerte, consiguiendo que la población reclusa federal condenada a muerte se haya más que duplicado durante su mandato. Se permitió la reanudación de las ejecuciones federales a pesar de los indicios – sobre los que no se ha actuado– de que el sistema de justicia federal encargado de aplicar la pena capital adolece de algunos de los atributos que caracterizan al sistema estatal, como los prejuicios raciales y el sesgo geográfico. AI recuerda numerosos estudios realizados en el último cuarto de siglo que llegaron a la conclusión de que la raza, en especial la raza de la víctima, influye en la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. El nuevo presidente debe esforzarse en conseguir una moratoria de las ejecuciones federales y trabajar con el Congreso para que éste apruebe legislación destinada a abolir la pena de muerte a escala federal y en el ámbito militar en Estados Unidos. Además, debe pedir a las autoridades de los estados que mantienen la pena de muerte que hagan lo mismo.

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 Garantizar protecciones especiales para las personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad Muchos centenares de personas cumplen condenas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por delitos que cometieron cuando aún no habían cumplido 18 años, lo cual viola el derecho internacional. El nuevo presidente debe trabajar con el Congreso para que Estados Unidos ratifique la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, como lo han hecho 193 países, todos salvo Somalia y Estados Unidos. En relación con éste y el resto de los tratados, el nuevo gobierno debe trabajar con el Congreso y con otras instituciones de ámbito estatal para aprobar la legislación de ejecución necesaria con el fin de garantizar la plena aplicabilidad en virtud de la ley nacional de las obligaciones internacionales de Estados Unidos. Mujeres bajo custodia Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación porque algunas jurisdicciones en Estados Unidos siguen manteniendo el uso rutinario de instrumentos de sujeción en presas embarazadas, incluso durante el parto. Amnistía Internacional pide a la nueva administración que ponga en práctica la recomendación emitida por el Comité de Derechos Humanos en julio de 2006 de prohibir la inmovilización de las detenidas durante el parto. Poner fin a la discriminación racial en el sistema judicial Este año, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial llamó la atención sobre las “persistentes desigualdades raciales que se constatan en el sistema de justicia penal del Estado Parte, en particular el porcentaje desproporcionado de personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas o raciales entre la población reclusa”. El Comité instó al gobierno de Estados Unidos a resolver este asunto y a realizar nuevos estudios para determinar la índole y el alcance del problema. Entre las desigualdades en el sistema de justicia se encuentran las acusadas desigualdades raciales en el sistema de justicia de menores y en la tasa de menores encarcelados en el sistema de adultos por algunos delitos, con desigualdades especiales en la tasa de menores de raza negra condenados a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Persiste una discriminación arraigada de la que son víctimas los miembros de minorías raciales o étnicas, a manos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en muchas áreas. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso declarado por el nuevo presidente de prohibir a la policía federal el uso de criterios raciales y de proporcionar incentivos a las agencias de policía locales y estatales para que se prohíba esta práctica. La organización urge la aprobación de esa legislación a la mayor brevedad, así como el establecimiento

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 de procedimientos de denuncia efectivos y la aplicación rigurosa de los estatutos federales que prohíben la discriminación y otras violaciones de los derechos civiles. Toda persona que se enfrente a la expulsión debe tener acceso a unos procedimientos justos y completos En marzo de 2008 el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las personas migrantes expresó su preocupación porque el gobierno estadounidense carecía de una estrategia a largo plazo, clara y coherente para mejorar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes en Estados Unidos. Entre sus motivos de preocupación se encontraba la violación del derecho al debido proceso de los ciudadanos no estadounidenses en los procedimientos de expulsión; las políticas de detención obligatoria e indefinida; y las condiciones inhumanas en las que se recluye a muchos inmigrantes detenidos, entre ellos solicitantes de asilo. La nueva administración debe garantizar que la detención se utiliza como último recurso y que las normas federales que se aplican a los centros de detención para personas inmigrantes se hacen cumplir plenamente en todo el territorio de Estados Unidos. Garantizar protección contra la tortura y los malos tratos a todas las personas bajo custodia Todos los años Amnistía Internacional recibe decenas de denuncias de casos de tortura y otros malos tratos a manos de la policía o de funcionarios de prisiones, incluidas muertes bajo custodia resultantes de un uso excesivo de la fuerza. En muchos casos se hizo un uso cruel de los dispositivos de restricción de movimientos y armas de electrochoque. Amnistía Internacional urge a la nueva administración a que garantice que no tolerará la tortura y los malos tratos y que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia emprenderá acciones enérgicas contra los funcionarios locales o estatales que sean responsables de abusos y contra los departamentos donde se identifique una constante de abuso sistémico. La investigación que actualmente lleva a cabo el Departamento de Justicia sobre las muertes acaecidas tras el uso de armas Taser y otros artefactos similares de electrochoque debe ampliarse para abordar los motivos de preocupación de derechos humanos que genera el uso de ese tipo de armas. La nueva administración debe apoyar activamente medidas para prohibir el uso de armas Taser y de dispositivos similares por las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, a menos que se cuente con directrices y sistemas de rendición de cuentas rigurosos; y, en cualquier caso, restringir su uso a aquellas situaciones en las que puedan resultar efectivas para evitar el recurso a las armas de fuego por parte de la policía.

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 Las condiciones de aislamiento vigentes en muchos establecimientos penitenciarios de “supermáxima seguridad” en Estados Unidos incumplen las normas internacionales y han sido criticadas por organismos internacionales de vigilancia de los derechos humanos. Las autoridades federales deben adoptar medidas para garantizar que las condiciones en todas las prisiones y centros de detención en Estados Unidos, ya sean locales, estatales o federales, son acordes con las normas internacionales sobre el trato humano. Derecho a la salud La nueva administración debe adoptar medidas urgentes y concretas para garantizar que todas las personas tienen acceso a tratamiento médico asequible. Amnistía Internacional siente preocupación por los informes que indican que muchas personas posponen o prescinden de la asistencia médica debido a su coste, que más de la mitad de las personas que carecen de seguro médico en Estados Unidos pertenecen a minorías étnicas o raciales, y que dos tercios de las personas sin seguro tienen unos ingresos próximos al Umbral de Pobreza Federal o por debajo de él. Amnistía Internacional también advierte que las mujeres pobres y marginadas corren un riesgo mayor de muerte relacionada con el embarazo y que el índice de mortalidad asociada la maternidad es tres veces superior para las mujeres afroamericanas que para las mujeres blancas. Garantizar el acceso adecuado a la asistencia de salud y a los derechos reproductivos de las mujeres son asuntos fundamentales para cualquier nuevo gobierno estadounidense.

Derechos reproductivos y aborto Apoyar la eliminación de las restricciones legales y políticas sobre el uso de los fondos públicos estadounidenses, que impiden a las organizaciones receptoras ofrecer información y servicios de aborto legal, voluntario y seguro y hacer campaña para la reforma de la política y la legislación sobre el aborto, incluida la Enmienda Helms. **************************************** Si desean más información pónganse en contacto con la Oficina Nacional de Amnistía Internacional México, llamando al número 56876010 55366776 o envíen un correo electrónico a [email protected]

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