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Doe Run una vez mas Nuevamente la empresa Doe Run Perú puso en una situación incomoda al gobierno. Ya lo había hecho en el 2004 cuando solicito la ampliación de su programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA). En esa oportunidad amenazo al gobierno con que si no se ampliaba este programa, se corría el riesgo de que la minera paralizara sus operaciones y, con ello, dejase sin empleo a los habitantes de La Oroya, una población de alrededor de 100.000 personas que dependen directa e indirecta del complejo metalúrgico (fundición y refinería) de La Oroya, propiedad de DRP. Hace un mes el llamado de la minera al gobierno fue similar, luego de que un sindicato de bancos (formados por el BNP Paribás, el Banco de Crédito y el Standard Bank), le quitara un crédito revolvente de US$75 millones que servia como capital de trabajo a la empresa. En efecto, el mensaje de la minera al Gobierno era que iban a paralizar las operaciones porque no tenían capital de trabajo, lo que traía consigo, nuevamente, la posibilidad que la minera quiebre y deje en la calle a sus 3.500 trabajadores y afecte a la economía de La Oroya. Esto al igual que en el 2004, origino que el Gobierno buscara soluciones para que la minera no paralice sus operaciones. Ello, pese a que DRP ha tenido buenos resultados en años anteriores. El ministro del Ambiente, Antonio Brack, señalo que el problema de La Oroya es complejo, no solo porque se trata de una ciudad que tiene pasivos ambientales de años, que hasta ahora no se han logrado sanear, sino porque la ciudad tiene una alta dependencia de la minera. Y de eso se aprovecho DRP para gatillar una vez más el apoyo a su causa. PODER DE FACTO Según el especialista minero Oswaldo Tovar, en La Oroya existe un monopsonio de mano de obra. En estos casos, la paralización o cierre de operaciones genera una crisis de desempleo a gran escala, debido a que la mayoría de la población circundante a las operaciones depende de la mina. Es por eso que cuando la mina cierra, el pueblo colapsa El debate, en ese sentido, estaba centrado en si el Estado debería dejar que la mina entre en insolvencia (y tal como lo dictan las reglas del mercado, quiebre) O, tal como lo hizo antes, intervenga para evitar que los trabajadores pierdan su empleo.

Pero esta no era la única discusión. Un segundo nivel del debate se centro en que DRP ya no cumpliría con el PAMA, lo cual obligaría a los pobladores de La Oroya a seguir conviviendo con el ambiente contaminado, producto de las operaciones mineras, por un tiempo más. La solución final a la situación de DRP, anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, fue un salvataje de las mineras que le proveen de mineral por US$100 millones en concentrados y un aval para un crédito bancario por US$75 millones; además de la ampliación del PAMA y la puesta en garantía al estado de las acciones de DRP por si no cumple con su compromiso ambiental. ¿PASARA OTRA VEZ? ¿Estamos expuestos a una situación parecida a la de Doe Run en la que una empresa minera, de la cual depende toda una población busque prerrogativas estatales o privadas amenazando con cerrar y despedir a sus trabajadores? Tovar opina que si. Y esto ocurrirá en la medida que las empresas no sean transparentes con su información, tal como ha sucedido con Doe Run. En ese sentido, el experto considera que es necesario obligar a las mineras cotizar en la bolsa de valores al menos el 15% de su capital y que esté este en manos de accionistas locales. Con ello se tendría acceso irrestricto a la información interna de cualquier minera, lo que permitiría cautelar situaciones extremas (como DRP) por los trabajadores acreedores y el propio Gobierno. Tovar indica que esto no solo ayudara a crear una cultura de gobierno corporativo en las mineras, sino también permitirá a los inversionistas locales como AFP, Fondos Mutuos, etc. a compartir la rentabilidad producto de la explotación de recursos mineros.