Deudas Sociales Del Estado Dominicano Con Las Mujeres 2010.docx

Deudas Sociales Del Estado Dominicano Con Las Mujeres 2010-2018 Durante los últimos tres años no se ha logrado ningún avance importante en los temas críticos de derecho y desarrollo de las mujeres dominicanas con miras a alcanzar la igualdad, de acuerdo a un análisis de las estadísticas nacionales sobre violencia, acceso a empleos e ingresos propios, educación, salud y participación social y política que elaboró un conjunto de 58 organizaciones sociales. El documento “Las deudas sociales del país con las mujeres”, preparado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y PROFAMILIA, precisa que los hogares encabezados por mujeres todavía registran mayores niveles de pobreza que los dirigidos por hombres. Mientras que, en el 2016, el nivel de pobreza en hogares dirigidos por mujeres era de 26.7%, en la actualidad asciende a 30.37%. En tanto que, en los hogares de jefatura masculina, tenían un nivel de pobreza de 20.9% en 2016 y ahora de 27.4%, muy por debajo de los de mujeres. A nivel nacional, las más afectadas son las mujeres que viven en zonas rurales (40.41%)”. Respecto al acceso al empleo, el estudio estima que al 2017 la tasa de participación global de las mujeres en el mercado laboral era de 49%, mientras en los hombres era de 76%. En ese mismo año, la tasa de desocupación abierta alcanzaba al 7.8% de las mujeres y el 3.95% de los hombres, mientras que el desempleo ampliado afectaba al 23.4% de las mujeres y al 12.3% de los hombres. El documento, que fue presentado en la Sala Julio Ravelo de la Fuente del INTEC, indica además que, a pesar de tener mayor formación que los hombres, las mujeres

mayormente asumen las responsabilidades de cuidado y de tareas del hogar, pues dedican un promedio de 31.2 horas por semana al trabajo no remunerado. Violencia contra la mujer En materia de violencia, según el estudio, desde 2014 República Dominicana se ha mantenido como el tercer país con mayor tasa de feminicidios en la región. En 2017 se realizaron unas 59,391 denuncias por violencia de género e intrafamiliar y 5,808 por delitos sexuales, pero la respuesta del Estado no se corresponde ya que, en materia de feminicidios, el 80% de los casos habían interpuesto una querella. La cantidad de órdenes de protección emitidas fue de 17,148. En ese año ocurrieron 117 feminicidios que dejaron 105 huérfanos. De los agresores, 30 tenían historial de violencia. El 46.1% de las mujeres asesinadas ya estaba en separación al momento de su muerte. Salud y seguridad social Las organizaciones denuncian que el país no tiene una política integral de salud y de derechos sexuales y reproductivos, por lo que la mortalidad materna se mantiene elevada (104.4 casos por cada 100 mil nacidos vivos) y existe una alta proporción de cesáreas (58.1%) la más alta de la región, lo que supera en un 15% la proporción que se entiende aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al igual, se destaca que República Dominicana es el segundo, país con la tasa más alta de mortalidad neonatal de la región, solo superado por Haití, lo cual está asociado a las condiciones de vida y salud de las mujeres gestantes más pobres “La falta de servicios de salud accesibles y gratuitos por parte del Estado violenta la autonomía física y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, y obliga a las mujeres que quieren salvar sus vidas a realizarse abortos en

condiciones inseguras y clandestinas, lo que impacta especialmente a las que viven en la pobreza y condiciones de vulnerabilidad”, plantea el documento. Igualmente hay una necesidad insatisfecha de acceso a métodos anticonceptivos que en adolescentes es de 27%, y existe una barrera de acceso de 40% en la detección de cáncer uterino, y de 17% en cáncer de mama. Otro aspecto que alarma a las organizaciones es que una de cada cinco adolescentes es madre o ha estado embarazada, siendo esta una de las tasas más altas de América Latina. Explican que el matrimonio infantil y las uniones tempranas y la ausencia de educación integral en sexualidad se asocian a los elevados índices de embarazos en la adolescencia. “República Dominicana es uno de los países de la región que registra más uniones tempranas (37%), lo que representa la negación de derechos fundamentales de niñas y adolescentes”. Las deudas en participación política y ciudadana Sobre la participación de las mujeres en los organismos de toma de decisiones las entidades consideran que se mantiene muy baja a pesar de las normativas existentes para revertir esta situación. Detallan que de 22 ministerios en el Poder Ejecutivo, solo dos son dirigidos por mujeres; en el Senado, de 32 cargos, apenas tres son ocupados por mujeres; en la Cámara de Diputados las mujeres ocupan el 28.1% de los puestos; en el Banco Central, organismo donde se toman las principales decisiones económicas, de 10 integrantes de su Junta Monetaria ninguna es mujer y en los ayuntamientos, solo se ha podido lograr la cuota a nivel de regidurías (34.1%), y en las alcaldías las mujeres apenas son el 12.1%.

Presupuesto público Las organizaciones sostienen que la inversión del Estado en el logro de la igualdad es insuficiente, dispersa, desarticulada y carente de enfoque de género. “La formulación del presupuesto es una labor sin participación de la ciudadanía en general ni de las mujeres en particular. Tanto en el Consejo de Ministros que lo discute como en la Comisión Bicameral que lo aprueba están constituidos casi exclusivamente por hombres. Para el 2019 los gastos computados a equidad de género apenas representan un 0.04% del presupuesto general del Estado, el segundo renglón de inversión social más bajo en toda la administración central después de juventud, que se sitúa en 0.01%”, expresan. Propuestas Indican que para el Estado pagar las deudas sociales con las mujeres, arrastrada por años, es necesario disponer de políticas para la formación en igualdad, tanto educativas como laborales y de corresponsabilidad en las tareas de cuidado y realizar un cambio en las dinámicas de las estructuras políticas y sociales para lograr bases más democráticas e inclusivas. “En esencia los procesos de empoderamiento de las mujeres constituyen retos de primer orden en la transformación de las relaciones de género”, concluye el documento en que el conjunto de organizaciones de sociales, de mujeres y feministas citan las principales demandas de la mujer en materia de igualdad.

La deuda en el Presupuesto de 2018

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer una advertencia importante. La deuda mundial total, pública y privada, ha alcanzado unos 182 billones de dólares, un 60% más de lo que se observó en 2007, antes del estallido de la crisis financiera global. El FMI ha llamado la atención de que ese nivel de deuda, dos veces y media el PIB mundial, está poniendo a la economía global, y en especial a la de muchos países y empresas en una situación de vulnerabilidad, en un contexto de endurecimiento de las condiciones crediticias en todo el mundo. Un tercio del total, unos 60 billones de dólares o cerca del 80% del PIB mundial, es deuda pública y el resto es deuda privada. En la República Dominicana no debemos hacernos de la vista gorda con esta advertencia. No porque nos encontremos en un punto crítico en este momento sino porque, como se ha venido señalando en años recientes, el ritmo de crecimiento de la deuda pública es muy alto y los recursos destinados a su servicio han crecido con una intensidad tal que ha venido forzando al gobierno a tomar nuevos créditos para poder

pagar no sólo los vencimientos sino también los intereses. De hecho, un cuarto de todo el presupuesto del Gobierno Central está siendo financiado con créditos, de los cuales, cerca del 60% sirve para pagar deudas que se vencen, y el resto no es suficiente para pagar los intereses. Los datos del crecimiento de la deuda pública Entre 2010 y 2017, la deuda pública total se duplicó al pasar de 14.8 mil millones de dólares o 27.5% del PIB hasta 29.5 mil millones o 38.9% del PIB. En ese mismo período, el servicio anual de la deuda, esto es, las amortizaciones de capital más el pago de intereses, pasó desde 90.2 mil millones de pesos o 2,400 millones de dólares, hasta 173 mil millones de pesos o 3,580 millones de dólares. En promedio entre 2010 y 2013, el servicio absorbió el equivalente a un 36% de los ingresos tributarios, pero entre 2015 y 2017 ascendió a 40%. Hasta agosto, el total de la deuda pública fue de 31.5 mil millones dólares o 40% del PIB, 2 mil millones más que en diciembre de 2017. De ese total, 21.4 mil millones era deuda externa (68%), de los cuales 14.6 mil millones (68% de la deuda externa y 46% de la deuda total) era con tenedores de bonos soberanos. La deuda interna era de 10.1 mil millones de dólares, equivalente al 32% de la deuda total. De esa, 6.4 mil millones (63%) era con bonistas locales. De allí que, la deuda pública total con bonistas locales e internacionales fuera de 21 mil millones de dólares. Eso es dos tercios de la deuda total. ¿Qué

nos

trae

el

presupuesto

de

2019

en

materia

de

deuda?

El anuncio de que la propuesta de presupuesto para 2019 incluye una reducción del déficit en casi 12 mil millones pudiera ser alentadora porque eso implicaría que el gobierno estaría tomando menos créditos y haciendo que el ritmo de crecimiento de

la deuda aminore. Desafortunadamente, el record de cumplimiento de las metas fiscales no permite ser optimista. Como discutimos antes, en promedio entre 2013 y 2017, el déficit del Gobierno Central ha sido un 20% más elevado que el déficit programado en la ley de presupuesto. No obstante, a modo esencialmente informativo, de cumplirse los objetivos de las leyes de Presupuesto de 2018 y 2019, esto es lo que tendríamos. Primero, la nueva deuda contratada para 2019 subiría respecto a 2018. El crédito total al gobierno sería de 4,440 millones de dólares, 185 millones más que lo especificado en el Presupuesto de 2018. Como las amortizaciones serían 3 mil millones, la deuda total subiría en 1,440 millones de dólares respecto 2018, y se ubicaría en 32.7 mil millones de dólares. El gobierno estima que esto elevaría la deuda desde 40.7% del PIB en 2018 hasta 41.7% del PIB. Segundo, la composición del financiamiento se mantendría invariable respecto a la de la Ley de Presupuesto de 2018. Son casi idénticas. El 32% sería obtenido de fuentes internas y el 68% de fuentes externas. Esto mantendría elevado el peso de la deuda externa en la total o a incrementarla. Aunque la ventaja de esto es que la deuda externa es más barata que la interna porque las tasas de interés son menores, la desventaja es que hace que la posición financiera del Estado sea vulnerable a las fluctuaciones de la tasa de cambio. Esto tiende a hacer que el Banco Central refuerce su política de una tasa de cambio cuasi-rígida, subordinando cualquier otro objetivo como el de unas exportaciones, un turismo y una industria más dinámica o empleos más abundantes. A pesar de que el proyecto de ley propone que el 68% de los créditos a tomar sean de fuentes externas, como en años pasados, la Ley de Presupuesto permitirá al Ministerio

de Hacienda cambiar la composición y endeudarse más en el mercado internacional y menos en el mercado doméstico, tal como le ha hecho en 2018. Con la presión de la factura petrolera en alza sobre el mercado cambiario, no extrañaría que repitan la decisión en 2019. En el caso del financiamiento externo, el 74% sería obtenido con la colocación de bonos soberanos, casi igual que en el Presupuesto de 2018. De igual forma, el financiamiento de instituciones multilaterales sería de 440 millones, 40 millones más que en 2018, y todo el crédito sería para apoyo presupuestario. Tercero, aumentarían sensiblemente los pagos de deuda (amortizaciones). Se pagaría casi 3 mil millones de dólares en vencimientos o 156 mil millones de pesos, lo que equivale a 3.6% del PIB estimado. En 2018, la Ley de Presupuesto previó pagos por 2,500 millones (127 mil millones) o 3.3% del PIB. Hay que señalar que, nueva vez, dentro de los montos a pagar aparece un renglón opaco, que no ha sido adecuadamente explicado. Este es el de la “Disminución de Cuentas por Pagar”. Este renglón, sobre el cual no se tiene suficiente información y del que sólo se supone que las deudas administrativas representan una proporción importante, ha venido creciendo. En el Presupuesto de 2018 se consignaron 56 mil millones y en la propuesta para 2019 66 mil millones. Estos son montos demasiado elevados como para que pasen desapercibidos y no se ofrezca una explicación adecuada. ¿Se trata de créditos de corto plazo con proveedores que termina convirtiéndose, forzosamente, en deuda pública por falta de pago?

La deuda pública consolidada del sector público de República Dominicana se ha incrementado en un 850% al pasar de US$4,460 millones en el 2000 a US$42,378 millones hasta febrero de 2018, según datos presentados por el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles obtenidos de las estadísticas que registran el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con los datos oficiales, la deuda del sector público consolidado hasta febrero de este año representaba el 54.97% del producto interno bruto (PIB), y acentúa en este 2018 su tendencia alcista, cuando requiere un mayor porcentaje de los ingresos fiscales del Estado para cubrir el pago de los intereses de dichas obligaciones. Durante un encuentro con periodistas, el CREES mostró datos que indican que el Estado dominicano tuvo que dedicar el 23% de los ingresos fiscales sólo para el pago de intereses, lo que según el vicepresidente ejecutivo de esta entidad, Ernesto Selman, representa una senda de insostenibilidad de la deuda pública. Mostró que en América Latina República Dominicana sólo es superado por Brasil y Costa Rica en el nivel de los recursos que destinan como porcentaje de sus ingresos tributarios al pago de intereses de su deuda pública. En ese sentido, el centro de estudios económicos presentó datos que indican que Brasil dedica un 30% de sus ingresos tributarios al pago de intereses, Costa Rica un 23.4 %, el que menos porcentaje destina es Chile con sólo un 4.2 % de sus entradas fiscales y el promedio de América Latina es un 15.9 %. En torno a la ejecución presupuestaria, según los datos presentados por el CREES, en 2017 el Gobierno tuvo ingresos totales por RD$539,039.4 millones y gastos por RD$651,077.0 para un déficit consolidado, de acuerdo con la estadísticas del Banco Central, de 4.5% del PIB. “Desde el año 2000 ha habido déficit año tras año con excepción del 2007, es decir que ya para República Dominicana la regla es que el Gobierno gaste más de lo que le ingresa y eso es un tema que implica que cuando hay déficit hay que asumir nueva deuda año tras año”, expresó Ernesto Selman.

Conclusión De cumplirse, el nuevo presupuesto continuará elevando la deuda total, aunque a menos velocidad. La subirá 1,440 millones de dólares o alrededor de un 1% del PIB, y mantendrá o elevará el peso de la deuda externa. Además, crecerá el servicio total de la deuda, tanto por mayor pago de intereses como por amortización de capital. Por último, frente a los hechos cumplidos (sabemos que, millón más o millón menos, ese será el presupuesto que se aprobará porque en materia presupuestaria ese Congreso no pinta nada), y frente a la incapacidad o negligencia en reformar la fiscalidad como debe ser, el desafío inmediato del Gobierno sería cumplir su propia meta de déficit y deuda para que la deuda y su costo no crezcan más de lo propuesto.