Derechos

Derechos en la crisis Roberto Bissio varios diplomáticos. El delegado alemán Reinhard Scheweppe alegó que el texto “se enfoca mucho sobre temas de comercio y desarrollo, en vez de atender al mandato del Consejo de Derechos Humanos”. La brasileña Maria Azevedo le replicó que las consecuencias de la crisis sobre el empleo y la salud podrían enfurecer a la gente y crear problemas políticos en muchos países, que la resolución es equilibrada y la mención a temas que podrían no ser estrictamente de derechos humanos era necesaria para explicar el contexto.

En una polémica resolución adoptada el lunes 23 en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas expresó su “profunda preocupación” por el impacto sobre los derechos humanos de las “múltiples e interrelacionadas crisis globales ecónomicas y financieras”. El Consejo teme que las crisis conduzcan a una reducción de la ayuda al desarrollo y afecten el cumplimiento de las metas de desarrollo acordadas internacionalmente, como los llamados Objetivos del Milenio de reducción de la pobreza extrema. Además, recordó a todos los estados que cualquiera sea el impacto de las crisis globales sobre sus economías y sus finanzas, igual están obligados a respetar los derechos humanos y asistir a los más vulnerables.

Brasil y Egipto (en representación de los países africanos) fueron los que propusieron al Consejo este debate.

La resolución no tuvo votos en contra, pero Alemania, Bosnia, Canadá, Corea del Sur, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Holanda, Italia, Japón, México, Reino Unido, Suiza y Ucrania se abstuvieron. Los votos a favor fueron los de Angola, Arabia Saudita, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chile, China, Cuba, Djibouti, Egipto, Filipinas, Ghana, India, Indonesia, Jordania, Madagascar, Malasia, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Qatar, Rusia, Senegal, Sudáfrica y Uruguay.

La resolución enfatiza la “necesidad urgente” de “establecer un sistema internacional equitativo, transparente y democrático”, y reclama mayor participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones económicas internacionales. Entre los temas que los países ricos consideraron fuera de lugar está el reclamo de un “sistema comercial multilateral equitativo, predecible y no discriminatorio”, y el apoyo a una conferencia de alto nivel sobre la crisis que las Naciones Unidas realizarán en Nueva York en la primera semana de junio. Los países que se abstuvieron prefieren que estos temas queden restringidos al Grupo de los 20 (G-20, integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italy, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea, junto a los directores del Banco Mundial y el Fondo Monetario internacional) que se reunirá en Londres el 2 de abril.

La falta de consenso y la división entre países desarrollados y en desarrollo que refleja esta votación fue lamentada por

En sugerencias enviadas a la comisión de expertos de las Naciones Unidas presidida por el premio Noble en

La máxima organización de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas solicitó a los estados que no impongan medidas proteccionistas, mantengan sus compromisos de movilizar recursos financieros para el desarrollo y realicen “esfuerzos concertados y sostenidos” para una rápida recuperación económica.

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Economía Joseph Stigltz, varias organizaciones no gubernamentales enfatizaron el tema de los derechos humanos, ya sea por estar amenazados en el marco de la crisis como también por señalar estrategias para su resolución.

la revisión del funcionamiento de los sistemas financiero y monetario internacionales es “imperativa” pero que “un enfoque de derechos humanos contribuirá a que estas soluciones sean durables a medio y largo plazo”.

Social Watch, una red de organizaciones involucradas en temas de desarrollo social en setenta países, alega que “los derechos humanos, incluyendo la igualdad de género, el pleno empleo y el trabajo decente, y los medios necesarios para lograr la ‘dignidad para todos’, no deberían mencionarse sólo en el preámbulo de los acuerdos internacionales, sino que deben establecerse mecanismos que aseguren el cumplimiento y que obliguen a las empresas transnacionales y organizaciones internacionales a hacerse responsables por sus compromisos de derechos humanos. Esto incluye impedir que la soberanía nacional sea erosionada por las condicionalidades políticas que socavan los mecanismos democráticos de gobernanza y la supervisión parlamentaria. La falta de monitoreo y de regulación por parte de las autoridades responsables es, precisamente, una de las causas principales de la actual crisis financiera”.

Pillay dijo que los trabajadores migrantes son víctimas de la crisis, por un lado, porque los sectores de la economía que los emplean están gravemente afectados y, por otro, porque la recesión suele conducir a pasiones xenófobas y prácticas discriminatorias contra los extranjeros. Asimismo, los derechos económicos y sociales de las mujeres se ven afectados en tiempos de recesión, sus oportunidades de empleo disminuyen y su responsabilidad aumenta al tener que asegurar atención de salud y cuidados a niños y ancianos que los gobiernos en crisis descuidan. La delegada brasileña recordó que la economía mundial sólo crecerá 0,5 por ciento en 2009, según el FMI, la cifra más baja desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que mil millones de personas en el mundo enfrentan dificultades para acceder a alimentos. “Estos números muestran que los derechos humanos, especialmente el acceso a alimentos, empleo, educación, salud y vivienda están afectados”, argumentó.

La organización evangélica de ayuda internacional “Pan para el Mundo”, Christian Aid, el Fondo Católico Suizo de Ayuda y la Confederación Sindical Internacional solicitan que se eliminen las condicionalidades de liberalización económica impuestas a los países en desarrollo por las instituciones financieras internacionales. A juicio de la federación de organizaciones laicas de ayuda Eurostep, “los países pobres no deberían tener que privatizar servicios sociales básicos o cortar sus gastos públicos como precondición para recibir fondos”, ya que este tipo de medidas “castigan a las economías nacionales y contribuyen a la violación de derechos humanos”.

A juicio de India, la crisis va mucho más allá de problemas de liquidez, falta de crédito y compresión de la demanda: “Dada la escala sin precedentes, es importante considerar los serios riesgos políticos que significa la inestabilidad social, especialmente en los países pobres, que no fueron los causantes de la crisis, pero que ciertamente están entre sus mayores víctimas”.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la sudafricana Navanethem Pillay, dijo que -2-