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DEBATES Durante lo que los militares golpistas calificaron como Proceso de Reorganización Nacional, clausuraron el Parlamento, los partidos, los sindicatos y las organizaciones populares, e iniciaron una de las represiones más sangrientas del cono sur. De los ocho años que duró la dictadura, el periodo de Videla fue el más feroz. 1. FRENTE AL PRÓLOGO DE ERNESTO SABATO. (2006) La teoría de los dos demonios: a Teoría de los Dos Demonios es el modo en el que algunos sectores de la sociedad argentina, usualmente ligados a la derecha o afines a las fuerzas militares, buscan explicar lo que en el país ocurrió en la década de 1970, tanto durante como antes de la última dictadura militar. Para estos sectores, la violencia y el terrorismo de Estado llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de modo previo al golpe de Estado de 1976 como durante el mismo fueron consecuencia y resultado directo de la violencia de organizaciones revolucionarias de izquierda como Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) o las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Para quienes sostienen esta teoría, el accionar de los militares fue necesario para calmar el desorden y el caos que aquellas organizaciones habían iniciado y que estaba dándose a través de atentados o secuestros a civiles. La defensa de esta teoría no busca reconocer el error de las Fuerzas Armadas por el modo en el que llevaron a cabo la represión y el sistemático plan de desapariciones forzadas, sino que busca equiparar la violencia de los sectores militares a los de los grupos guerrilleros y de ese modo plantear la idea de una guerra con dos bandos igual de poderosos. La decisión del Gobierno de incorporar un nuevo prólogo a la última edición del informe “ Nunca más” abrió una polémica por la supuesta defensa de la “ teoría de los dos demonios” , que figuraba en la versión original del trabajo realizado en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Funcionarios, organizaciones de derechos humanos y ex miembros de la Conadep discreparon ayer públicamente sobre las connotaciones políticas de la edición original y sobre la necesidad o no de añadir un nuevo prólogo al documento. El nuevo texto, firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue agregado a la edición del 30° aniversario del golpe de Estado de 1976, previo al prólogo redactado hace 22 años por el presidente de la Conadep, el escritor Ernesto Sabato. Aquel prólogo comenzaba así: “ Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda” . En la nueva edición, presentada hace un mes en la Feria del Libro, puede leerse la posición del gobierno de Néstor Kirchner: “ Es preciso dejar claramente establecido, porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes, que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado, que son irrenunciables".

Al echar más leña al fuego de la polémica, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, elogió la nueva edición del "Nunca más" y calificó de "mierda" el texto de Sabato. "Sabato junto a Tróccoli [Antonio, ex ministro del Interior] hicieron esa mierda para hablar de dos demonios", dijo Bonafini, que elogió la iniciativa de "algunos colaboradores como Mattarolo [Rodolfo, subsecretario de Derechos Humanos] y Duhalde". Bonafini rechazó enfáticamente la teoría de los dos demonios. "Nuestros hijos no eran demonios. Eran revolucionarios, guerrilleros, maravillosos y únicos que defendieron a la Patria", dijo. Y reconoció que "algunos de la derecha están muy ofendidos y los progres también". 2. DELIMITA SU OBJETO DE ESTUDIO: 3. MILITARES: AMNISTÍA Y FALTA DE RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS MISMOS.

Macri (actual presidente, ingeniero civil desde 2015) El presidente Macri borra el concepto de genocidio y de terrorismo de Estado, para reemplazarlo por el de guerra sucia que fue la definición elegida por los militares del Proceso de Reorganización Nacional, para justificar sus crímenes. Macri retrotrae el discurso del Estado argentino a los preceptos de la teoría de los dos demonios pero en una versión derechista que abre la puerta a justificar a los genocidas. La guerra sucia es una doctrina asociada a los principios de la guerra contrarrevolucionaria que el imperialismo francés utilizó en las selvas de Indochina entre 1946 y 1954 y en Argelia (1954-1952) para combatir a los a los movimientos de liberación nacional. Como forma de hacer la guerra contra fuerzas irregulares, de tipo guerrillero, consistía en infiltrar, torturar y quebrar al enemigo llevando a cabo acciones “irregulares” que combinan la represión estatal y la intervención paramilitar contra la población civil. Para lo militares franceses de la OAS encabezados por Raoul Salan que llevaron a cabo la guerra sucia en Argelia, el ataque a la población civil era una clave para destruir la organización por la base de los movimientos insurgentes. En el terreno de la doctrina jurídica de la guerra va a ser el pensador de extrema derecha alemán Carl Schmitt, quien reflexione sobre los métodos de la OAS concluyendo que su aporte es que “contra los partisanos hay que luchar a la manera de los partisanos”. En nuestro país y el conjunto de América Latina la doctrina de la guerra sucia viene de la mano de la Doctrina de Seguridad Nacional que otorga a las Fuerzas Armadas la potestad de actuar contra la subversión. Alentada por el imperialismo norteamericano en los ’60 como respuesta a la revolución cubana y la amenaza de insurrecciones obreras y populares, la doctrina de la guerra sucia va a ser enseñada en la tétrica Escuela de las Américas y va a contar con la participación directa en el adiestramiento de asesores de la OAS. El Proceso de Reorganización Nacional elaboró la idea de la guerra sucia para justificar los métodos del terrorismo de Estado con que se ejecutó el genocidio contra la vanguardia obrera, juvenil y popular que parió el Cordobazo de mayo de 1969. Intentaban explicar así que se vieron obligados a llevar adelante una guerra cruenta sin reglas contra un enemigo que utilizaba la guerra irregular en su contra. Lo real es que el genocidio exterminó utilizando todos los resortes del Estado burgués a toda una generación de la clase trabajadora y la juventud que se levantaba contra el capitalismo y el imperialismo. La familia Macri, y los grandes grupos capitalistas que su Gobierno de CEO pretende representar, fueron impulsores, cómplices y beneficiarios de la dictadura y el genocidio. Las declaraciones de Macri muestran que las palabras de Darío Lopérfido a los inicios del gobierno de Cambiemos poniendo en duda el número de desaparecidos no fueron una excepción, sino la regla. El otorgamiento de la prisión domiciliaria a los criminales de la dictadura, los desfiles con genocidas en Tucuman, el intento de utilizar a las FF.AA. en la represión al narcotráfico y la ofensiva contra los movimientos de derechos humanos simbolizada en la frustrada detención de Hebe de Bonafini, hablan de como la derecha argentina se ha envalentonado para imponer la reconciliación con los genocidas y sus cómplices. El presidente Macri emitió un decreto que abre la puerta a que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior, algo que estaba limitado desde el fin de la dictadura. Para la oposición y organismos de DDHH se trata de una grave decisión. Macri saca a las Fuerzas Armadas a la calle para reforzar la seguridad interior (2018)

El Gobierno argentino oficializó la reforma militar con la publicación del decreto que modifica la reglamentación formulada por Kirchner, que garantizaba el uso de los soldados únicamente para ataques externos perpetrados por otros Estados. El Gobierno argentino oficializó la reforma militar anunciada este lunes por el presidente Mauricio Macri desde Campo de Mayo con la publicación del decreto que modifica la reglamentación formulada por Néstor Kirchner, que garantizaba el uso de las Fuerzas Armadas únicamente para ataques externos perpetrados por otros Estados. Basada en las “nuevas amenazas”, la doctrina de Cambiemos modificó el artículo principal para permitir que las tropas militares sean empleadas “ante cualquier otra forma de agresión externa”, incluyendo la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas en forma disuasiva o efectiva ante agresiones de origen externo contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”, sostiene el primer artículo del nuevo decreto. El decreto 683/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, enfatiza la colaboración de los militares en tareas de seguridad interior. "El Ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad", señala la medida. La reforma ya había sido anunciada por Macri un mes atrás durante el acto por el Día del Ejército. Este lunes, desde Campo de Mayo volvió a anunciar el cambio de doctrina en política de defensa y seguridad nacional, que incluye "colaboración" de efectivos de las tres Fuerzas Armadas en tareas de "seguridad interior" y su participación "en la custodia y protección de los objetivos estratégicos". Macri afirmó que "es importante" que las fuerzas militares "puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de frontera, interviniendo frente a la prevención de eventos de carácter estratégicos". El nuevo decreto justifica la necesidad de “nuevos roles y funciones” como consecuencia de “la evolución del entorno de Seguridad y Defensa” y establece como principio fundamental de la “reestructuración” la prioridad al accionar conjunto y a la integración operativa de las fuerzas, así como con las fuerzas de seguridad en sus funciones de apoyo.

Senado argentino anula leyes de amnistía que amparaban a militares. Luego de casi 8 horas de debate, los legisladores declararon esta madrugada la nulidad de las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final", dictadas en la década de 1980. La medida, que ya obtuvo media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, tendría escaso valor jurídico según expertos. 21 de Agosto de 2003 | 08:52 | Reuters BUENOS AIRES.El Senado argentino anuló en la madrugada del jueves dos leyes de amnistía que ampararon a miles de militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, en un gesto que presiona a la Corte Suprema para que las declare inconstitucionales. Tras casi 8 horas de debate, los legisladores declararon la nulidad de las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final", dictadas en la década de 1980 luego del retorno de la democracia, en medio de presiones del sector militar. La medida, que ya obtuvo media sanción la semana

pasada en la Cámara de Diputados, tendría escaso valor jurídico según expertos, aunque constituye un paso más en la estrategia del gobierno, que busca presionar al alto tribunal para que se expida sobre la validez de las leyes. "Hoy estamos haciendo un acto de reparación y de reconstrucción institucional y moral de la República Argentina", indicó la senadora Cristina Fernández, esposa del Presidente Néstor Kirchner, quien fue la última oradora del debate. Familiares de desaparecidos durante la última dictadura y miembros de organizaciones de derechos humanos que estaban presentes en el lugar festejaron con aplausos y cánticos la decisión de los legisladores. La sesión también fue seguida por un centenar de personas que se congregaron en las inmediaciones del Congreso con pancartas. La última dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 montó un plan para eliminar a sus opositores que dejó un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Con el regreso de la democracia, en 1983, los jerarcas militares fueron juzgados y condenados. Sin embargo, la ley de "Obediencia Debida" exculpó a los militares que cumplían órdenes, dejando caer toda la responsabilidad sobre la cúpula del gobierno de facto, mientras que la de "Punto Final" estableció una fecha límite para la presentación de denuncias por desapariciones. El Presidente Kirchner, un peronista de centroizquierda, apoya la anulación de ambas leyes, sin embargo es la Corte Suprema de Justicia quien tendrá la última palabra sobre su validez. El máximo tribunal debe expedirse sobre la cuestión, para lo que no tiene un plazo definido. El debate sobre la constitucionalidad de las dos leyes se reavivó luego de la detención de más de 40 militares por las atrocidades cometidas durante la dictadura a pedido del juez español Baltasar Garzón. En la misma sesión el Senado otorgó rango constitucional a un tratado internacional que establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, en otra medida encaminada a enjuiciar a los militares. Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/internacional/2003/08/21/120861/senado-argentino-anulaleyes-de-amnistia-que-amparaban-a-militares.html

4. PAGOS A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DE DDHH Pagos a víctimas de violación de DD.HH. en Argentina mantienen viva la polémica Veronica SminkBBC Mundo, Argentina 6 febrero 2012 Además de reiniciar el juicio a los represores y llevar a cabo cientos de procesos por crímenes de lesa humanidad, el país también ha invertido cifras millonarias para indemnizar a las víctimas del abuso militar. Los organismos de derechos humanos estiman que unas 30.000 personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad, mientras que otros miles fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos. Hoy, la mayoría de las víctimas y sus familiares tienen acceso a una compensación estatal: entre 1991 y 2004 se aprobaron tres leyes nacionales que indemnizan, respectivamente, a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio. En 2010 la provincia de Buenos Aires también sancionó su propia ley de reparación: la primera norma del país que otorga una pensión graciable a ex detenidos. Pero si bien hay mucho de positivo para decir sobre los esfuerzos para compensar a quienes padecieron a manos del Estado, también hay quienes afirman que en pos de hacer justicia con las víctimas de violaciones a los derechos humanos se están creando situaciones injustas. Las críticas están centradas en los criterios que utilizan las autoridades para otorgar los millonarios beneficios. Los cuestionamientos a los que tuvo acceso BBC Mundo se refieren particularmente a la aplicación de la más reciente ley de reparación (la de la provincia de Buenos Aires), pero muchos creen que este caso es apenas un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. Reclamos ilegítimos El principal abuso al sistema de compensaciones se da por parte de personas que reclaman el beneficio por motivos poco legítimos.

Graciela Lois, de la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, dijo a BBC Mundo que siempre hubo personas que buscaron aprovecharse del sufrimiento ajeno. Así, por ejemplo, hay casos de familiares lejanos de víctimas que fueron favorecidos con una indemnización a pesar de no haber tenido relación con la persona en cuestión. Fuentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires también dieron cuenta de algunos reclamos insólitos de gente que aspiraba a cobrar la pensión que se empezó a otorgar a ex detenidos en 2010. Es injusto que estemos cortando los subsidios de los servicios y aumentando los impuestos para la mayoría de las personas, por falta de fondos, y mientras tanto algunos cobran más de US$10.000 al año por haber presenciado una detención cuando eran bebésFuncionaria del gobierno provincial de Buenos Aires Un caso fue el de un ex legislador provincial que fue apresado entre 1976 y 1983 por enriquecimiento ilícito y pretendía recibir una compensación. Miguel López Montaner, el funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires responsable de autorizar el pago de las pensiones, aseguró a BBC Mundo que pedidos como estos fueron rechazados. Sin embargo, López Montaner confirmó otro caso que también suscitó mucha controversia: el de una familia de unas 25 personas a quienes se les otorgó (a cada uno) la compensación, a pesar de que sólo algunos de ellos habían sido detenidos (y luego liberados). Presenciar Según López Montaner, la compensación es justificada porque todos los integrantes de la familia afirman haber estado presentes cuando los militares irrumpieron en su casa y se llevaron a algunos detenidos. "Presenciar algo así deja secuelas. Además, los grupos de tareas de las fuerzas armadas podían quedarse 5 o 6 horas en los hogares, por lo que toda la familia quedaba privada de su libertad", afirmó. El funcionario dijo a este medio que, siguiendo este criterio, la Secretaría de Derechos Humanos otorgaba pensiones a todos los familiares que habían "presenciado" un secuestro, más allá de si los detenidos luego fueron liberados, y sin importar la edad que tenía el beneficiado al momento del hecho. Organismos de derechos humanos como los Familiares de Desaparecidos apoyaron este criterio. Presenciar algo así deja secuelas. Además, los grupos de tareas de las fuerzas armadas podían quedarse 5 o 6 horas en los hogares, por lo que toda la familia quedaba privada de su libertaMiguel López Montaner, secretaría de DD.HH. de Buenos Aires Sin embargo, otros aseguran que se trata de un abuso del Estado y del sistema de compensaciones por crímenes de lesa humanidad. Los detractores critican el hecho de que personas que presenciaron un delito reciban la misma compensación que los detenidos y torturados: una pensión mensual vitalicia de US$887, que se cobra desde el momento en que es aprobado el reclamo, sin distinción de edad. "Injusto" Según la Secretaría de Derechos Humanos, unas 3.500 personas recibirán el beneficio cuando se terminen de tramitar las solicitudes aprobadas, pero la cifra podría aumentar ya que no hay un límite de tiempo para reclamar. Eso significa que la provincia de Buenos Aires erogará más de US$37 millones anuales en compensaciones (si los casos no aumentan). Una funcionaria del gobierno provincial que prefirió no revelar su nombre dijo a BBC Mundo que debido al fuerte déficit que tiene Buenos Aires, el criterio que se utiliza para pagar esta pensión perjudica a otros ciudadanos. "Es injusto que estemos cortando los subsidios de los servicios y aumentando los impuestos para la mayoría de las personas, por falta de fondos, y mientras tanto algunos cobran más de US$10.000 al año por haber presenciado una detención cuando eran bebés", criticó. La funcionaria recalcó que todos los beneficiados por la pensión provincial ya antes habían tenido acceso a una indemnización nacional. Otros "perjudicados" Quienes también consideran que es injusto el sistema de compensaciones son los familiares de las personas que murieron a manos de los grupos subversivos durante el último gobierno de facto.

Las familias de los soldados muertos (a manos de guerrilleros) reciben US$186 de pensión, no tienen ni para comerAsociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina A diferencia de las víctimas del Estado, ellos no tienen derecho a ninguna reparación económica. Grupos como la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita), denunciaron que en este país se hace "un negocio sucio y millonario con los derechos humanos". "Las familias de los soldados muertos (a manos de guerrilleros) reciben US$186 de pensión, no tienen ni para comer", aseguraron. Estos grupos también resaltan el escándalo de corrupción que se desató en 2011 en el seno de la principal organización de derechos humanos relacionado con el último período militar, las Madres de Plaza de Mayo. La Justicia argentina investiga las irregularidades cometidas en el marco del plan de viviendas de las Madres, llamado Sueños Compartidos, y el presunto desvío ilegal de parte de los cerca de U$300 millones que el organismo recibió del Estado.

5. EN ARGENTINA NO HUBO 30000 DESAPARECIDOS

Los desaparecidos de la dictadura argentina son una cuarta parte de lo que se creía Hubo 61 españoles nativos, según un informe oficial, que los afectados consideran incompleto. 17 noviembre, 2016 00:41 Igual que ocurrió en Europa con la polémica sobre si el Holocausto perpetrado por el III Reich en la Alemania nazi exterminó a 6 millones de judíos o menos, Argentina debate cuántos han sido exactamente los desaparecidos durante la dictadura militar, de 1976 a 1983.

La cifra general de 30.000 desaparecidos, defendida siempre por los organismos de derechos humanos y la izquierda, se consagró como verdad acaso por uso y costumbre. Pero los militares de la dictadura toda la vida aseguraron que la cantidad era menor, aunque nunca precisaron nada.

El primer recuento oficial se realizó en 1984 por la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP), encabezada por el escritor Ernesto Sábato y más personalidades, con la democracia recién recuperada, en base a testimonios recogidos artesanalmente. El llamado ‘informe Sábato’ reportó 8.961 víctimas, entre desaparecidos y ejecutados.

Allí se describía el horror de la dictadura de derechas del general Jorge Videla que en 1976 había derrocado a la presidenta María Martínez, viuda de Perón. Inspirada en el combate al comunismo de la Guerra Fría, lanzó una represión a sangre y fuego contra las guerrillas de izquierdas. Montó campos de concentración en los cuarteles pero no sólo aniquiló a combatientes armados. También secuestró a sindicalistas, activistas, estudiantes, curas, y hasta a algunas madres de desaparecidos. Se cree que a la mayoría los arrojó al mar, vivos y drogados, en ‘vuelos de la muerte’ desde aviones militares.

Videla murió en 2013, a sus 87 años, purgando condena a cadena perpetua. Se llevó a la tumba los secretos de los crímenes que perpetró el régimen que encabezó y siempre asumió la jefatura de lo que él llamaba “guerra antisubversiva”.

Frente a las versiones contrapuestas, el titular de la ONG Ciudadanos Libres, José Magioncalda, puso, en agosto pasado, un recurso de acceso a la información pública. “Queríamos que el Estado revelara los datos que posee porque eso va a ayudar a la calidad institucional”, cuenta a EL ESPAÑOL.

Desde el Gobierno venían evitando tomar cartas en el asunto. El presidente, el liberal Mauricio Macri, declaró a una televisión de Estados Unidos que “es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si (las víctimas) fueron 9.000 o 30.000. Es una discusión que no tiene sentido". Y por ello los organismos humanitarios lo criticaron.

Pasaron tres meses y ante la insistencia de Magioncalda a la Oficina Anticorrupción, el Ejecutivo argentino se ha visto obligado a destapar el único archivo estatal del tema. Lo elaboró la secretaría de Derechos Humanos que durante casi cuatro décadas recopiló “información fechada, organizada y tipificada”.

En el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte), constan 8.571 hombres y mujeres (76% y 24%, respectivamente, de 20 a 29 años en su mayoría).

De ellos, 6.348 cayeron en la dictadura, es decir menos de una cuarta parte (21,16% de los 30.000 que se creía) y 952 fueron asesinatos (sin ocultamiento del cadáver). Otro dato sorprendente ha surgido del desagregado de la cifra total: durante la presidencia de la viuda de Perón, de 1974 a 1976, se produjeron 662 desaparecidos y 609 asesinatos por causas políticas pese a que se trataba de un gobierno constitucional, surgido de elecciones realizadas en 1973. Las Abuelas de la Plaza de Mayo reaccionaron enfadadas ante el informe estatal. Su titular, Estela de Carlotto, dijo en declaraciones a los medios que “se trata de una campaña de bastardeo y desprestigio” contra ellas. “Quieren hacernos quedar como mentirosas”, se quejó.

Sin embargo, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, ha asegurado a EL ESPAÑOL que “esto es información pública, no fue creada por nosotros con un interés particular, sino la respuesta a un derecho que es el acceso a la información, con datos que contaba la secretaría de Derechos Humanos en el 2013, y no hay ninguna intencionalidad en su difusión”.

Me contaron que tenían orden de no hacerla pública porque chocaba con la de los 30.000 desaparecidos

Otra dirigente humanitaria, Graciela Fernández Meijide, ex secretaria de la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas (Conadep) y madre de un adolescente de 16 años desaparecido en la dictadura, autora

del libro La historia íntima de los Derechos Humanos en Argentina, ha confirmado las cifras desveladas por la Administración.

“En 2009 hablé con funcionarios, viejos conocidos míos de la Conadep, y me confirmaron que la cifra es ésta que se difundió ahora. También me contaron que tenían orden de no hacerla pública porque chocaba con la de los 30.000 desaparecidos”, confió a EL ESPAÑOL.

El secretario del área confirma que “el informe que brindamos fue puesto en marcha por el gobierno anterior [kirchnerista] y los datos consignados son a diciembre de 2015. Nosotros no tuvimos ninguna intervención en este número”. De todos modos advierte, acaso para calmar ánimos, que “esta cifra no es definitiva, de ninguna manera cierran las investigaciones”.

Entonces, la pregunta que muchos argentinos se formulan es: ¿de dónde salió la cifra de treinta millares de víctimas?

Fernández Meijide asegura a este diario que "ese número lo acuñaron los exiliados argentinos en Europa para que les hicieran caso en organismos internacionales, porque con esa cantidad ya se hablaba de un genocidio”. “Con el tiempo esa cantidad se instaló como un símbolo, una bandera política”, agrega.

Avruj coincide en que “el número de 30.000 es una cifra emblemática que hay que respetar, porque se trata de un tema muy doloroso. No puede ser de ninguna manera parte de una discusión ideológica y política”.

Sea como fuere, para la dirigente humanitaria el debate “es al cohete” porque “nunca se va a dilucidar discutiendo entre nosotros sí fueron 30.000 o 7.000”. “Los que pueden aportar más a la verdad son los militares, saben a quiénes mataron y donde metieron los cadáveres y a qué niños robaron y entregaron”, remata.

6. TUVIERON 12 AÑOS PARA BUSCAR A LOS 12000 Tuvieron 12 años de financiamiento por parte del Estado y se dedicaron a hacer universidades, a darle dinero a chock lender para que se lo llevara a la casa, radio, sueños compartidos, entonces porque no se dedicaron a buscar a los 21000, porque los otros están registrados. La cifra ni se la creen ellos. (Fernando Iglesias periodista y escritor) Canal 26 noticias 2017.

7. ERNESTINA HERRERA DE NOBLE: DUEÑA PERIÓDICO CLARÍN Los presuntos delitos cometidos por la imputada se refieren a falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falso e inserción de datos falsos en un documento civil. Todos ellos tienen su origen en los trámites de la adopción de sus dos hijos, Marcela y Felipe, en 1976. El tribunal federal de San Martín levantó la orden de arresto domiciliario de Ernestina Herrera.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó (TIPO DE RESOLUCIÓN) a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble en la causa en que había sido denunciada por Abuelas de Plaza de Mayo en el año 2000 por apropiarse de hijos de desaparecidos durante la dictadura. La jueza entendió que no había ninguna evidencia de que ello fuera así luego de cruzar la información genética de los hijos de Herrera de Noble con datos del banco genético que reúne los perfiles de ADN de familiares de desaparecidos, dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Arroyo Salgado rechazó en la misma resolución el pedido que había realizado el fiscal Federico Domínguez para indagar a la dueña de Clarín.