Consecuencias Economic As De Ataques Terrorist As

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL 11-M Por MIKEL BUESA. Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.

LOS estudios acerca de la influencia del terrorismo en la economía de los países en los que se localizan sus estragos han destacado que, por lo general, estos últimos suelen tener una significación limitada -siempre que se consideren caso por caso-, aunque, por el contrario, si la amenaza de la violencia es persistente, dan lugar a un empeoramiento de las expectativas de los consumidores y empresarios, lo que se refleja en una reducción de las inversiones y, por esta vía, en un crecimiento económico menor que el correspondiente al nivel potencial. Esta pérdida en el crecimiento será tanto mayor cuanto más explícitas sean las amenazas y cuanto más alta sea su probabilidad de materializarse en una sucesión de atentados. El caso del 11-M debemos evaluarlo dentro de este marco conceptual. Por ello, lo primero que ha de establecerse es una valoración realista de los daños causados; y, en ausencia de datos oficiales, realizarla bajo supuestos razonables. Así, tomando en consideración el número y la evolución de las víctimas -muertos y heridos-, la dimensión de los efectivos humanos movilizados para auxiliarlas, los costes medios de la atención sanitaria, el nivel salarial de la Comunidad de Madrid, la experiencia precedente en cuanto a los daños materiales y el marco jurídico de la protección a las víctimas del terrorismo, estimo que el coste total derivado de los atentados se acabará situando en unos 173 millones de euros, de los que la mayor parte corresponden a las indemnizaciones que han de percibir las víctimas. Y dado el sistema institucional actualmente vigente, no cabe duda de que lo principal de esa cifra recaerá sobre el sector público -sobre todo, el Estado y el Consorcio de Compensación de Seguros-, quedando una parte marginal para el sector privado. La referida cifra es, en términos relativos, pequeña, pues sólo supone el 0,02 por 100 del PIB español -o, si se prefiere, el 0,14 por 100 del PIB de la Comunidad de Madrid-. Estamos pues, una vez más, ante unos atentados cuya significación económica es muy limitada, incluso por comparación con otras tragedias de la misma naturaleza. Así, en el caso del 11-S, las estimaciones más conservadoras de su impacto se establecieron en el 0,53 por 100 del PIB norteamericano, llegándose en algunos estudios hasta el 1,03 por 100 de esa macromagnitud. Por tanto, los ataques contra Madrid han ocasionado unas pérdidas cuya dimensión económica es entre 25 y 50 veces más pequeña que la que causaron los que tuvieron como objetivo a Nueva York y Washington. En estas circunstancias, no debe sorprender que los efectos económicos inducidos de manera inmediata por los atentados, sean de momento pequeños y más bien circunscritos a la economía local. Así, en el sector turístico, Madrid ha visto cancelar sus reservas hoteleras en un 23 por 100 durante la primera semana, cayendo ese porcentaje a la mitad con relación a la Semana Santa. Pero no parece que esta prevención de los consumidores se haya extendido al resto de la oferta turística nacional. En el sector asegurador, debido a la reducida traslación de los costes de la siniestralidad sobre el sector privado, apenas ha existido repercusión de los atentados. Otro tanto puede decirse del sector del transporte, pues el tráfico aéreo aumentó alrededor del 10 por 100 en la quincena ulterior a la tragedia, y sólo el ferroviario de cercanías, aún habiendo recuperado buena parte de su normalidad,

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parece que se ha resentido. Y, como síntesis de todo ello, la reacción de los mercados financieros ha sido más bien moderada, con caídas iniciales de entre el 2 y el 7 por 100 en las cotizaciones de las principales Bolsas de Valores durante los días siguientes al 11-M, que transcurridas tres semanas ya se han recuperado. Sin embargo, a pesar de estas reacciones más bien mesuradas, no cabe descartar que las consecuencias económicas de los atentados en Madrid acaben teniendo un mayor alcance. A este respecto, los mensajes emitidos por las autoridades monetarias del Banco Central Europeo, sin ser inquietantes, apuntan a una posible pérdida de confianza entre los consumidores e inversores europeos. En igual sentido se han pronunciado la Comisión Europea y, dentro del ámbito nacional, el IFO alemán o el Banco de España, llegándose incluso más lejos en el caso de algunas entidades financieras privadas que apuntan una rebaja en sus previsiones de crecimiento. De momento, en ausencia de estimaciones fiables de los principales indicadores coyunturales, todo esto no son más que especulaciones basadas tanto en la experiencia precedente como en la constatación de que el impacto emocional de los atentados ha sido muy intenso. Señalemos a este respecto que, según un estudio dado a conocer por la Universidad Complutense, dos semanas después del suceso cerca de la mitad de los madrileños se encontraban todavía afectados; y que en el 17 por 100 de ellos la tristeza y el sentimiento de soledad interferían sobre vida cotidiana y laboral. Y es precisamente ese impacto emocional el que puede acabar tornándose en desconfianza si el terrorismo se llega a percibir como un fenómeno persistente a largo plazo. En tal caso, la sociedad española -y tal vez la europea- pagará un costoso precio bajo la forma de un menor crecimiento de su economía. Cabe preguntarse, por ello, de qué depende la apreciación de que el terrorismo es una amenaza constante y no resuelta. Dos son los elementos a considerar a este respecto: por una parte, la efectiva materialización de esa amenaza bajo la forma de nuevos atentados; y, por otra, la contundencia y eficacia de la política desarrollada por el Gobierno para impedirla. Con respecto al primero, aunque la intervención policial ha sido, de momento, exitosa, no cabe duda de que los acontecimientos vividos desde el 11-M -con un atentado frustrado sobre el AVE, una explosión suicida en Leganés, en la que ha habido que lamentar nuevas víctimas y damnificados, y una colección de amenazas, al parecer creíbles, procedentes de organizaciones vinculadas al terrorismo islamista- son inquietantes. Y, en cuanto al segundo, más allá de la movilización de todos los medios de seguridad y defensa disponibles para realizar tareas de vigilancia y prevención, debe esperarse a las decisiones que, en su momento, tome el nuevo ejecutivo emanado de las últimas elecciones. Es este Gobierno el que debe tener en cuenta, con relación al tema que aquí se trata, que la principal lección del 11-S en Estados Unidos fue que sólo a partir de una política de ambiciosos objetivos, tanto en el terreno de la seguridad como en el de la defensa, dotada con generosos recursos, se pudo restaurar la confianza de los ciudadanos y evitar así que las consecuencias económicas del terrorismo se extendieran más allá de su inmediato y transitorio impacto.

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