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CEP PRESENTA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SUS PROPUESTAS DE MEJORA DE LA RESPUESTA POLICIAL A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La Confederación Española de Policía (CEP) ha comparecido ante la Subcomisión del Congreso de los Diputados que estudia “el funcionamiento de la Ley integral de medidas contra la violencia de género y, en su caso, las propuestas de modificación”. Este foro, creado por la Comisión de Igualdad de la Cámara Baja, lleva trabajando en esta materia durante meses, con el objetivo de analizar el funcionamiento de las herramientas legales de lucha contra esta lacra. En la sesión de hoy se ha contado con la presencia del Secretario Nacional de Relaciones Institucionales de la CEP y Vocal del Consejo de la Policía, Isidoro Zamorano. En la misma sesión de trabajo ha comparecido el comisario José Antonio Rodríguez, Director del Gabinete de Estudios de la Seguridad Interior (GESI) de la Secretaría de Estado de Seguridad, e Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal e investigadora especializada en violencia de género de la Universidad de Sevilla. La intervención de la CEP, centrada en el análisis de la eficacia de la respuesta policial ante la violencia de género, ha comenzado con una reflexión sobre la tardía incorporación de nuestro país, en relación a otros de nuestro entorno, al combate contra esta manifestación delictiva. Un retraso que nos ha llevado a correr el doble que los demás para ponerlos a la altura de naciones con una amplia experiencia en esta materia. Esa celeridad, necesaria para recuperar el tiempo perdido, ha sido, al mismo tiempo, un factor que ha impedido una necesaria reflexión más pausada, tanto en el ámbito legislativo como en el policial. Buena prueba de ello fue la puesta en marcha, en 2003, de la Unidad de Prevención Asistencia y Protección a las víctimas de violencia de género (UPAP). Planteada, con arreglo a las necesidades de aquel entonces, para una plantilla potencial de 500 policías, sólo logró alcanzar esta cifra en 2008, cuando el número de víctimas de violencia de género había evolucionado de forma geométrica, haciendo que las previsiones iniciales se quedaran cortas. Plaza Carabanchel Bajo, nº5 – 28025 Madrid

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A la escasez de personal se suma la adscripción de esta Unidad a la CGSC, provocando carencias en los medios materiales (despachos, vehículos, teléfonos, ordenadores) que son cedidos por la estructura periférica del Cuerpo Nacional de Policía. Un problema que no se daría si incardináramos las UPAP en las Brigadas Provinciales o Locales de Policía Judicial, manteniendo una estructura central para labores de coordinación, análisis, estudio, estadística y relación con otras Policías europeas. También hemos reclamado una reflexión sobre la validez del programa informático que, diseñado por el GESI (Secretaría de Estado de Seguridad) sirve para que, respondiendo a un cuestionario cerrado, se determine el nivel de riesgo al que se enfrenta la víctima de malos tratos y, en consecuencia, la protección policial que se debe arbitrar. No pedimos la eliminación de esta herramienta porque ha supuesto la creación de un punto único de acceso para todas las FCS a las fichas de las mujeres víctimas de violencia de género, reduciendo así la descoordinación por ausencia de información. Esta es una ventaja que debe ponerse en valor. Sin embargo, en cuanto al procedimiento de elaboración de las Valoraciones Policiales de Riesgo (VPR) y Valoraciones Policiales de Evolución del Riesgo (VPER), sí creemos necesaria una profunda reforma para acercar a las víctimas un servicio humano, profesional, ágil, dinámico y transversal. Así, hemos propuesto la creación de los Equipos Multidisciplinares de Valoración de Riesgo (EMUVAR) que, ubicados en sede judicial, integren al Cuerpo Nacional de Policía (SAF/SAM y UPAP), Guardia Civil (EMUME), Policías Locales y Autonómicas, juez y fiscal de violencia de género, psicólogos, asistentes sociales, forenses y enlaces con las respectivas Comunidades Autónomas (titulares de recursos como pisos de acogida, subvenciones, etc.). La víctima se ahorraría tiempo, sufrimiento y deficiencias en la atención. Atendida por un policía, en la misma sede podría declarar ante el juez, ser atendida por un psicólogo, evaluar sus lesiones por un forense y obtener información sobre las ayudas económicas y asistenciales a las que tiene derecho.

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También hemos solicitado más formación para los policías de las UPAP y los SAF/SAM, la existencia de una verdadera carrera policial en ambas especialidades, la aprobación del citado Protocolo de Actuación (que incluya una ratio de número de mujeres a proteger por cada policía, con el único límite de la eficacia y la calidad en el servicio) y, como consecuencia de lo anterior, el crear las condiciones labores adecuadas para que las UPAP no se vean sometidas a una movilidad en su personal que haga que nunca alcancen su nivel óptimo de tamaño por ser poco (o nada) atractivas para los policías allí destinados. La Subcomisión del Congreso de los Diputados ha tomado buena nota de lo propuesto y se ha quedado con una copia de nuestras reflexiones. El que un foro como este requiera la colaboración de la CEP para un objetivo tan importante, como es la mejora en la lucha contra una de las lacras a las que se enfrenta la sociedad española, es siempre motivo de agradecimiento.

CEP, que apuesta por una Policía moderna y con derechos, ha intentado trasladar a los diputados parte de las preocupaciones de los policías de las UPAP y los SAF/SAM. La pelota está ahora en el tejado de la Cámara Baja.

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