Convocatoria abierta a la
CAMPAÑA NACIONAL POR LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
es posible Apoyemos los proyectos de ley para cobrarle impuestos a la renta financiera: a la compra y venta de acciones en la bolsa y los grandes depósitos a plazo fijo
y destinar esos fondos para: - asignación familiar por hijos/as - becas escolares para la educación primaria, media y superior - mejoras para los Centros de Atención Primaria de la Salud
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A pesar de importantes avances producidos en los últimos años, aún queda un largo camino por recorrer para que la riqueza generada en nuestro país se distribuya de manera más justa. Cualquier medida que intente alejarse de la lógica neoliberal reinante durante las últimas décadas, tal como quedó demostrado con las retenciones al campo, seguramente demandará, además de una firme convicción política, un amplio y profundo debate en la sociedad. Para avanzar en ese sentido impulsamos, en el marco de la Campaña Nacional por la Distribución de la Riqueza, dos proyectos de ley que plantean mejoras concretas e inmediatas para los sectores más vulnerables que no han modificado sustancialmente su situación de pobreza a pesar del período reciente de crecimiento sostenido. Sostenemos que esto es posible aumentando la recaudación del Estado, incorporando nuevamente al cobro del impuesto a las ganancias a algunas actividades eliminadas desde la última dictadura militar, especialmente las relacionadas con la renta financiera. Sería un paso en la modificación del sistema impositivo injusto que tiene nuestro país, donde el IVA que pagamos ricos y pobres por igual representa casi el 30% de lo que se recauda; el Impuesto a las Ganancias destinado a los sectores de mayores ingresos no llega al 20% y las retenciones a las exportaciones están alrededor del 12%; un sistema regresivo asentado sobre lo que paga la gran mayoría de la población, hasta el más indigente. Por el contrario, el Impuesto a las Ganancias es un impuesto progresivo y complejo. Progresivo porque no todos pagan igual: mientras más beneficios económicos obtienen las personas o las empresas, más deben pagar. Complejo porque entre otras cosas, no todas las actividades que generan ganancias reciben el mismo trato: existen 4 categorías según se tengan propiedades inmuebles, acciones, títulos, empresas, comercios o salarios o ingresos personales superiores a $7.000 mensuales.
nivel de desarrollo de nuestro país. Esto es así no tanto por el porcentaje de lo que se cobra que va del 9% hasta un 35% de las ganancias “en limpio” que declaran quienes aportan- sino por la cantidad de sectores que deberían pagarlo y no lo hacen; ya sea por evasión (se calcula que ronda el 50%, uno de los impuestos más evadidos) o por las excepciones planteadas en la ley, como es el caso de los jueces, la iglesia, las mineras, o el que referimos, el de la renta financiera. Con el tiempo, los sectores económicos de mayores recursos buscaron la forma de asociarse o modificar su forma de operar de manera tal de no pagar impuestos aún por la vía legal. Un ejemplo claro lo vimos en el conflicto con el campo, uno de los sectores con mayores ingresos que no paga ganancias: una buena cantidad por estar en negro y otra parte importante, los “pooles de siembra” por adoptar esa forma de asociación que les permite estar exentos. La mayoría de las ganancias de capital obtenidas por particulares están exentas. Si cualquiera de las 10 personas más ricas del país compra y vende acciones o bonos de la deuda a título personal no paga un centavo del impuesto. El dueño de una fábrica que vale dos millones, sus proveedores, hasta una parte de su personal hoy debe pagar ganancias. Pero el que tiene dos millones en bonos de deuda, no paga nada: la medida se hizo para asegurar que esas ganancias particulares vayan a la bicicleta financiera, antes que otro destino. Con los plazos fijos otro tanto, los beneficios de sus intereses tampoco pagan ganancias; el reino del revés: el dinero que se destina a emprendimientos productivos sí paga, pero el que está pasivo en un plazo fijo resulta ser el premiado. Y no hablamos de los ahorros de la abuelita jubilada del PAMI quien seguramente está muy lejos de cualquiera de las 4 categorías que delimitan el universo de aportantes del impuesto; hablamos de los dueños de la mitad de la plata puesta hoy en plazo fijo, esa mitad son cuentas superiores a $ 250.000, no llegan a ser el 2% del total de titulares.
A pesar de ser un valioso instrumento del Estado para redistribuir los ingresos de los sectores de mayores recursos, la recaudación es baja teniendo en cuenta el
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Si hoy alguien compra una empresa a un millón de dólares y la vende a tres, no paga nada por la diferencia por tratarse de una actividad comercial “no habitual”; ni siquiera está contemplada en las categorías que abarca el impuesto a las ganancias. Hasta la década del '70, quienes recibían una herencia o una donación pagaban por ese beneficio de transferencia de título gratuito excepcional, más tarde se transfirió a las provincias la facultad de cobrarlo, posteriormente dejaron de hacerlo. En la actualidad este tipo de ganancias también están exentas. Los principales países desarrollados del mundo cobran impuestos a la renta financiera, entre ellos, los EE.UU.; incluso Chile y Brasil, los países vecinos más admirados por los liberales que critican la implementación de estas medidas. Amenazan con retiros masivos de los depósitos y con fuga de capitales al exterior, ambas situaciones vividas en reiteradas oportunidades durante todos estos años, gracias a las garantías para entrar y salir cuando más les convenía que les brindaron personajes como Domingo Cavallo. Con el verso de los capitales que vendrían a invertir, durante más de 30 años los sectores de poder de nuestro país se aseguraron los privilegios necesarios para que la especulación financiera sea una de sus principales formas de acumular ganancias, al mismo tiempo que destruyeron nuestra industria y fuentes de trabajo, vaciaron y achicaron el estado y vendieron nuestras empresas públicas al extranjero. La contracara de esos privilegios está justamente en las generaciones de argentinos y argentinas que a partir de allí nunca más se incorporaron de manera permanente a un empleo formal, ni pudieron garantizar a su familia el acceso a una alimentación y una vivienda digna, ni la salud, ni educación. Por eso decimos que la implementación de las medidas propuestas significaría un acto de doble justicia: por un lado permitiría al Estado asumir su responsabilidad ante la enorme deuda social generada durante décadas de postergación, y por otro, sería una clara señal acorde a un nuevo rumbo, quienes tienen dinero lo deben volcar a la actividad productiva y no a la especulación.
4,5 millones de menores de 15 años en situación de pobreza, y cerca de 1,8 millón en estado de indigencia, es decir, en situación de inseguridad alimentaria. La creación del Sistema Solidario de Redistribución Social que proponemos alcanzaría alrededor de 7,5 millones de niños/as y jóvenes nacidos o residentes en nuestro país; entre 2 y 3 millones de familias verían significativamente mejoradas sus condiciones de vida. El costo para el Estado de estas medidas rondaría los 15 mil millones de pesos al año, por lo que la mitad estaría cubierta sólo con las modificaciones propuestas a Ley de Ganancias. Nuestro proyecto privilegia, entre diversas demandas justificadas de nuestra sociedad, a la población de menor edad, priorizando su seguridad alimentaria, su cobertura sanitaria y su permanencia en el sistema educativo. El carácter social-universal de esta iniciativa apunta a combatir la desigualdad entre los más ricos y los más pobres, especialmente a las dificultades para el acceso y permanencia en el sistema educativo de estos últimos, quienes aún permaneciendo en el sistema suelen recibir una educación de menor calidad por la imposibilidad de cumplir con los requisitos que la escuela exige (alimentación, salud, vestimenta, libros y útiles, acceso a Internet y a los bienes culturales, etc.). Por eso extendemos la asignación escolar hasta los 21 años para quienes logren mantenerse en el sistema educativo público, con un monto adicional otorgado tres veces al año que les permitirá finalizar los estudios secundarios obligatorios y además, incentivará a adolescentes y jóvenes de los sectores populares a acceder al nivel terciario no universitario y universitario, formándose como técnicos/as y profesionales. Como nos repiten una y otra vez desde el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo: la infancia es hoy el principal recurso natural no renovable de nuestro país; el terreno más fértil para sembrar inteligencia, trabajo, creatividad, justicia y democracia; como lo es también para sembrar abandono, marginación, delito y violencia. Es deber del Estado fortalecer la primera alternativa.
Según datos de la Consultora Equis, publicados en septiembre de este año, todavía existen en la Argentina
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El Sistema de Salud Argentino se compone de tres subsistemas: el Público compuesto por Hospitales Públicos y Centros de Atención Primaria (CAPS); el de la seguridad social conformado por Obras Sociales nacionales y provinciales, y el Privado compuesto por Consultorio Privados, Clínicas, Mutuales y Empresas de Medicina Prepaga. Esta segmentación permite que una porción mínima de la población, la de mayores ingresos, contribuya a un Subsistema Privado que recauda mayores recursos, disipándose así uno de los conceptos fundacionales del Sistema de Salud en la Argentina, como es el de la solidaridad. Nuestra estructura de atención pública de la salud es universal, sin embargo, la provisión de servicios se concentra principalmente en aquellos que no disponen de cobertura formal (desempleados, subempleados y trabajadores informales), quienes ingresan al sistema a través de los CAPS y los hospitales. Uno de los
principales objetivos de la estrategia de la atención primaria es que el 80% de los pacientes se atienda en centros de atención primaria barriales y solo el 20% de mayor gravedad sea derivado a hospitales y sanatorios; a mayor población vulnerable, mayor presencia de los CAPS. Para esto, la ubicación geográfica y la diversificación de los servicios son condiciones elementales. Por eso, a partir del proyecto de Ley de creación del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud, proponemos financiar con recursos del Estado la refacción y equipamiento de alrededor de 5.500 CAPS existentes en todo el país; la creación de 300 nuevos centros; y la incorporación de los servicios de Medicina General, Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina interna, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Odontología en todos ellos.
LOS PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS PROPONEN: Modificar la Ley del Impuesto a las Ganancias: - Dejar sin efecto las exenciones vigentes de las operaciones de compraventa de acciones, bonos y demás títulos valores; como así también de los depósitos a plazos fijos y de las herencias o donaciones recibidas. - Incorporar la compraventa de empresas entre las actividades que deben tributar el impuesto. - Aumentar del 35 al 39% el impuesto a quienes obtengan ganancias personales “en limpio” mayores a $300.000 al año (más de $25.000 mensuales) Recaudando así los fondos para: - La creación del Sistema Solidario de Redistribución Social, destinado a las desocupadas y desocupados o con empleo “en negro” con menores de 18 años a cargo, otorgándoles: - Una asignación familiar mensual de $$ XX por cada hijo/a menor - Una ayuda escolar anual de $170 que se hará efectiva en el mes de marzo de cada año, por cada hijo/a que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza primaria y secundaria o bien, cualquiera sea su edad, si concurre a establecimientos oficiales o privados de educación especial. - Una asignación adicional de $170 durante los meses de Mayo, Julio y Septiembre, de estimulo a la permanencia en el sector educativo por cada hijo, hija o persona a cargo, que tuviere entre 13 y 21 años de edad y se mantuviere dentro del sistema educativo público en el nivel de enseñanza secundaria o superior. - La creación del Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Atención Primaria de la Salud, que tiene como finalidad: - La creación de trescientos (300) nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud en todo el país - La incorporación en dichos centros de los equipamientos necesarios y los servicios de Medicina General, Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina interna, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Odontología. - La refacción y el equipamiento de los centros de atención primaria de la salud existentes en todo el territorio de la República Argentina. - La incorporación del servicio de Odontología, a dos mil quinientos (2500) Centros de Atención Primaria de la Salud ya existentes a la fecha, garantizando la incorporación de al menos un servicio odontológico por cada municipio de todo el país.
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Convocamos a todos y todas a construir en Tucumán el Movimiento Nacional por la Redistribución de la Riqueza para impulsar esta campaña, recogiendo firmas, generarando movilización y los debates necesarios; con el convencimiento que por todo lo antes señalado, redistribuir la riqueza en nuestro país no sólo es necesario sino también posible.
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ADHIEREN: Hugo Yasky, Secretario Gral. CTA; Taty Almeida, Madres de Pza. de Mayo-Línea Fundadora; Alba Lanzillotto, Aurora Belloccio, Abuelas de Pza. de Mayo; Liga Arg. por los Derechos del Hombre; Analía Valencia, Teatro por la Identidad; Norberto Galasso, Historiador; Ricardo Forster, Filósofo e integrante de "Carta Abierta"; Osvaldo Bayer, Historiador; Daniel Goldman, Rabino comunidad Bet El; Abraham Gak, Economista-Plan Fenix; Dr. José Sbattella, Economista; Dr. Marcelo Saín, Experto en Seguridad-Jefe de la PSA; Lic. Marcelo Valko, Historiador; Damián Loretti, Vicedecano Fac. Cs. Sociales UBA; Eduardo Anguita, Dir. Miradas del Sur; Raquel Castronuovo, Univ. Nac. de Lanús; Cristina Cattano, Dir. Instituto Paulo Freire-Arg; Daniel Albano, Coord. Nac. De Educ. Superior No Universitaria M.Educ; Blanca Ibarlucía, referente nacional de igualdad de género; Eva Lossada, Presidenta Coop. Bauen; Fabio Resino, Presidente de FACTA; Luciana Santillán, Corriente del Pueblo; Osvaldo Ladarola, Seg. Gral. y Claudio Marin, Sec. Adjunto FOETRA, Bs. As.; María José Lubertino, Pta. del INADI; Graciela Vargas, Ases. Género-Sec.DDHH; Jorge Raúl Ceballos, Subs. de Organización y Capacitación Popular – MDS; Humberto Tumini, Mov. Libres del Sur; Laura Berardo, Dip. Pcia de Bs.As.-Libres del Sur; Patricio Etchegaray, Jorge Kreynes, Partido Comunista Arg.; Diputadas/os Nacionales Cecilia Merchán Bloque Enc.Pop. y Social (EPS); Victoria Donda Perez (EPS); Ariel Basteiro(EPS); Vilma Ibarra (EPS); Julia Perie (FpV); Claudio Morgado (FpV); María Lenz (FpV); Remo Carlotto (FpV); Héctor Recalde (FpV); Edgardo De Petri (FpV); Adriana Puiggrós (FpV); Nelio Calza (FpV); Héctor Alvaro (Concertación Plural); Claudio Lozano, (Bs. As. p/Todos-Proyecto Sur); Leonardo Gorbacz (SI); Emilio García Méndez (SI); y siguen las firmas…
CAMPAÑA NACIONAL POR LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Los abajo firmantes solicitamos la aprobación de los proyectos 6028-D/2008 y 6029-D/2008 para: - Cobrar el impuesto a las ganancias a la compraventa de acciones, bonos y demás títulos valores; como así también de los depósitos a plazos fijos, las herencias o donaciones recibidas y la compraventa de empresas. - Aumentar del 35 al 39% el impuesto a quienes obtengan ganancias personales “en limpio” mayores a $300.000 al año (más de $25.000 mensuales). - Otorgar a desocupadas/os o con empleo “en negro” con menores de 18 años a cargo, una asignación familiar mensual de $135 por cada hijo/a menor; una ayuda escolar anual de $170, mas 3 asignaciones adicionales de estimulo a la permanencia en el sector educativo por cada hijo/a entre 13 y 21 años de edad que se mantuviere dentro del sistema educativo. - Creación de 300 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en todo el país, con equipamientos necesarios y los servicios de Medicina General, Ginecobstetricia, Pediatría, Medicina interna, Enfermería, Psicología, Trabajo Social y Odontología. Incorporación del servicio de Odontología, a 2.500 CAPS ya existentes; refacción y equipamiento de los mismos.
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