20040126 H Artieda Expropiacion Editorial

HERALDO DE ARAGÓN 26/01/2004

~EI conflicto

del agua El intento de levantamiento de las actas de expropiación forzosa de los terrenos del municipio de Artieda afectados por el recrecimiento del pantano de Yesa ha reabierto la fractura social por la construcción de algunos embalses OS VECINOS de- Artieda han impedido durante cuatro días la entrada de funcionarios de la CHE para levantar sus actas. Doce años tras el Pacto del Agua, cuando deberían estar en uso los embalses aprobados, ninguno significativo se ha terminado. El conflicto entre damnificados y beneficiarios se ha avivado. La lucha contra el trasvase y la parálisis de los embalses más polémicos originaron la actuación de la Iniciativa Social de Mediación (15M), liderada por la Fundación Ecología y Desarrollo, que resultó fallida, y entrevistas del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, con todos los sectores. Pero la formalización de las expropiaciones en Artieda parece haber cogido a todos por sorpresa. El presidente Iglesias declaraba en Ternel que nadie haya de abandonar su pueblo por una obra hidráulica, apoyando así implícitamente un llenado intermedio de Yesa. Pero su correligionario Javier Lambán ha pedido al Gobierno de Aragón que no ponga peros al recrecimiento, muy demandado en Cinco Villas.

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La tensión ha obligado a VAGA a desautorizar la actuación de uno de sus dirigentes y a declarar expresamente que, aunque partidaria de Yesa, respeta las posturas opuestas. 15M considera que estos sucesos empeoran la situación y que el conflicto de Artieda hace aflorar la honda brecha abierta entre aragoneses por el Plan Hidrológico Nacional, que el Gobierno Aznar aprobó desechando el diálogo y apostando por la vía de hecho. Estos días, el Pignatelli pa solicitado que 15M retome la mediación, como si él no fuese capaz de ello. Pero 15M considera que le son precisas dos condiciones: que las partes tengan buena disposición inicial y que ellas mismas -y no el Gobierno-lo demanden. La mediación es la posibilidad de ganancia para todos mediante acuerdos cuyos protagonistas necesariamente han de ser las partes enfrentadas. Esta loable iniciativa particular, si muestra que hay una parte de la sociedad civil dispuesta a impulsar caminos de concordia, evidencia a la vez que ni el Gobierno de Aragón ni las Cortes autonómicas han sabido trazar una política propia que encauce un conflicto, condenado a crecer desde ahora. La oposición al trasvase, con gran apoyo social, no puede ocultar la paralización de las obras aragonesas. El Gobierno central vinculó de intento ambas iniciativas. Y el de Aragón no puede atender sólo a oponerse a la primera y seguir sin comprometerse en vías y criterios concretos sobre la segunda. En otro caso, el conflicto empezará a ser agudo.