8 día de Septiembre (EL BLOQUEO DEL RIO GUADALQUIVIR) ( 18-25 de 1992).
I
LA PROBLEMÁTICA PESQUERA EN SANLÚCAR
José González Parada.-Desde hace muchos años el sector pesquero en Sanlúcar de Barrameda iba muy mal, incluso en aquellos años en que la pesca iba bien, los pescadores sanluqueños sabían que los caladeros iban a peor. Cada vez hacía más falta meter motores con más potencias, los desplazamientos eran más largo, y los caladeros estaban esquilmándose cada vez más. Se fueron perdiendo los caladeros en el país marroquí, acompañado de la ampliación de las aguas jurisdiccionales a las 200 millas, y los barcos se fueron concentrando en la Bahía de Cádiz como único lugar de pesca para los arrastreros, grandes y pequeños, sin que las autoridades gubernativa buscaran otros medios de vida para un sector cada vez más agotados. No hay ningún tipo de reciclaje para estos pescadores que solamente saben de la mar y difícilmente puede dedicarse a otros menesteres para ellos desconocidos sin que se les busque a través de industrias pesqueras y acuiculturas otra manera de ganarse la vida. Cada vez la flota es más vieja y por parte de los gobiernos no se busca una solución para el cambio de la misma siendo los jornaleros más mal pagados, convertidos en trabajadores marginados por su trabajos ingratos, duros, inseguro y a veces extraordinariamente peligroso. Nuestros pescadores se han visto obligados a esquilmar nuestras costas para sacarle el sustento a sus hijos destruyendo con gran voracidad insaciable el lugar que ha de servir como futuros para ellos. La entrada en la Comunidad Europea pone más difícil las normas de pesca a la que el pescador sanluqueño no está acostumbrado respetar levantando con su proceder inquietudes justificadas entre nuestros vecinos de la Comunidad, a pesar de que hay otras dificultades ajenas al sector como era la escasa atención de la Administración, la falta de protección frente a algunas organizaciones mafiosas extranjeras, la debilidad negociadora de nuestros representantes en Brusela etc.. Todo este cúmulo de dificultades, como son la económica, acompañada por la marginación social, falta de horizonte y dureza de carácter inherentes a los hombres de la mar, más el riesgo consustancial de la profesión, hace que los lleve a situaciones límites. Bien es sabido en Sanlúcar, porque es un secreto a voces, que algunos pesqueros han ido tirando con lo poco ganado en las capturas de peces en la mar, acompañado con otras actividades ilícitas, como el paso clandestino de inmigrantes marroquíes en un principio y de importantes alijos de drogas después. “Todo estos factores ha hecho que estos hombres curtidos por el mar, aguerridos soldados de la pesca, con raza de Espartaco del campo andaluz, que llevaba ya varios años soportando un Reglamento Comunitario como es la Ley 53/83, de 13 de Julio, de Pesca, el Reglamento de la CEE nº 3094/86, del Consejo, modificado mediante el Reglamento de la CEE 345/92, una normativa que pocos cumplen en la que está recogida las dimensiones mínimas de la malla, la talla de las especies, el porcentaje de las capturas, y la imposibilidad de ejercer la actividad pesquera los fines de semanas (Sábado y Domingo), y con la Dirección General de Recursos Pesqueros manifestando el grado de explotación de los recursos pesqueros en el golfo de Cádiz “que aconseja la reducción del esfuerzo pesquero de arrastre de fondo en la citada área marítima”, hace que un sector que siempre ha hecho lo que le ha parecido, se encuentra con la obligatoriedad de cumplir el Reglamento de la CE si no quiere verse abocado a fuertes sanciones. No sólo la normativa contempla las dimensiones de la luz de las mallas, se considera como infracción grave “el uso o tenencia a bordo de artes o aparejos prohibidos o con mallas antirreglamentarias”. Esta Ley que es aún más restrictiva que la Comunitaria, que dispone que “las redes cuya malla sea inferior a la de las redes utilizadas, no podrán hallarse a bordo a menos que estén debidamente trincadas y estibadas de modo que no estén dispuestas para ser utilizadas”.
Los marineros tampoco comprenden el motivo por el que tienen que respetar unos porcentajes en la captura del 50% mínimo para las especies autorizadas y un máximo para las protegidas del 10%, teniendo que devolver al mar los peces sobrantes. También critican los descansos de fin de semana impuesto por la administración con el fin de recuperar los caladeros de la Bahía de Cádiz. El patrón del “Manolo IV”, y portavoz de los pescadores de Sanlúcar, manifestaba que “Nosotros somos los primeros que queremos recuperar el caladero, pero en lugar de descansar los fines de semana hagamos una parada biológica en condiciones”. Pero quedan muchos más problemas importantes en el sector pesquero sanluqueño como son, la documentación de los barcos; copos antirreglamentarios dentro de los legales; barcos con alteraciones de sus características técnicas, es decir, construcciones de barcos con mayor tonelaje que los que rezan en escritura, o motores con más potencia de caballo que los que le pertenecen tener; seguridad en la mar, como chalecos salvavidas, y otros elementos, y los cambios temporales de actividad, es decir, gran cantidad de barcos se dedican al arrastre y cuando les convienen, cambia ésta modalidad por la del cerco, según les viene en gana, creando ante la administración una conciencia responsable de que tienen que cambiar todo estos sabiendo que, en algunos casos, son los pescadores los culpables. A las doce de la mañana del jueves día 17 de septiembre de 1.992, la Guardia Civil de Sanlúcar había aprehendido una cantidad de boquerones inmaduros al interceptar en el Callejón de Guía una furgoneta matrícula CA-5002-P, no apta para el transporte de pescado, con 500 kilogramos de boquerones inmaduros, el vehículo era propiedad de B.R.G. de 28 años y que había sido sorprendido en cinco ocasiones más transportando boquerones inmaduros. Ese mismo día, los inspectores de la CE que viajaban en la Patrullera de la Armada P-32 “Dragonera”, inspecciona al pesquero de Sanlúcar con base en Punta Umbría, en la mar y le impone una sanción. Este barco era el “FRANCISCO MANUEL”, folio 3º-HU-3-1429, arrastrero de popa, de 15,05 metros de eslora, con un motor de 293 CV de potencia, de 43,81 toneladas, un GT de 40.46, construido en 1.960, con licencia para trabajar en Marruecos y en aquella época tenía solicitada la ayuda de paralización definitiva. Este barco vendía en Sanlúcar y su propietario era de aquí. Fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de los trabajadores del mar, al ver como a este barco le aplicaban con todas las de la Ley, y sin apenas dialogo, el Reglamento de la CE nº 3094/86. Más de 50 embarcaciones de las que se encontraban faenando en aquellos momentos desde el Cabo Trafalgar hasta Ayamonte, decidieron poner rumbo a Sanlúcar y no salir a la mar “hasta que se ponga fin al hostigamiento” que decían sufrir por parte de la “Dragonera” y la Administración. Acto seguido los pescadores nombran una comisión que de acuerdo con los armadores, solicita una reunión con los responsables de la administración autónoma para buscar soluciones, pero esa misma madrugada del día 18, sobre las dos horas, la Guardia Civil se incauta de 500 kilogramos de Boquerones inmaduros cuando eran transportado en el vehículo CA-2486-J por la carretera de Sanlúcar-Jerez de la Frontera –C-440-. Estos boquerones da positivo en los análisis efectuados por los veterinarios del SAS del distrito de Sanlúcar, lo que constituye un delito contra la salud pública. La misiva mandada por los pescadores para reunirse con el gobierno autónomo no da resultado y estos levantan en cólera y deciden por la tarde del viernes día 18 en una asamblea convocada a tal fin, bloquear el tráfico marítimo por el río Guadalquivir con parte de la flota en número de unos 50 barcos de los 120 que cuenta la flota pesquera de Sanlúcar con la intención de protestar por las sanciones impuestas a diversos barcos por incumplir las normas vigentes, así como conseguir una reunión con los responsables de la administración autónoma y una comisión de pescadores y armadores para abordar la problemática del sector. Orcha, patrón del pesquero “MANOLO IV”, y portavoz de la comisión de pescadores, manifiestas que “desde hace 4 o 5 semanas la Junta de Andalucía obliga a descansar todos los sábados y domingo, desde esa fecha –agrega-, la “Dragonera” que lleva a bordo inspectores de la Comunidad Europea, nos viene hostigando y aplicando la normativa vigente. Detiene a los barcos y los sanciona por problemas de documentación y por pescar con mallas no reglamentarias”.
Según entiende Orcha, la Administración quiere recuperar el caladero de la región “a costa de que nosotros y nuestros hijos pasemos hambre. Somos los primeros interesados en recuperar el caladero, pero queremos un paro biológico, no el actual. Manifestando más tarde que el secretario general de Pesca, el señor José Loira es un perito agrícola, y “qué va a saber este señor de pesca.?” Este mismo día, el Ayudante Militar de Marina de Sanlúcar, el señor Marco Antonio Carcelle Victoria asegura que los pesqueros incumplen todas las leyes. Según manifiesta este señor, “Se saltan todas las normas establecidas en cuento a medidas de mallas, talla de los peces y seguridad en la mar. La flota ha parado -explica Carcelle-, por la intervención de una lancha patrullera que ha aplicado las leyes. Aquí –aclara-, no se está hostigando a nadie, la solución para que no ocurran incidentes pasa porque los pesqueros cumplan la normativa. Los barcos se están hundiendo porque no reúnen las condiciones de seguridad”. Estas declaraciones coinciden con los datos expuestos por las sociólogas del Instituto Social de la Marina, Begoña Marugan y María Luisa Ferreras donde dicen que la evolución de la siniestralidad laboral en el sector marítimo español había pasado de 80 accidentes en 1989 a 180 en 1991, pese al descenso de la flota. Las variables causales que recogen los datos estudiados son el mal tiempo, el fallo humano, el fallo material y la causa desconocida, que aparece con el 17% de los casos. El análisis de los datos de los 180 accidentes registrados el año 1991, revela que 160 lo fueron en buques de pesca y los 20 restantes en mercante. Las causas de los mismos se atribuyeron al fallo material, 35%; mal tiempo, 31%; fallo humano, 17% y causa desconocida, 17%. Entre las conclusiones de las sociólogas se apuntan a la estrecha relación entre los accidentes causados por fallos mecánico y la edad del barco. La mayoría de los buques accidentados tenían más de 26 años de edad.
II EL CERCO AL RÍO Según iban transcurriendo las horas, cada marinero hablaban de reivindicaciones diferentes, cada uno exponía su criterio y cada cual explicaba sus problemas a su manera, en lo único que si estaban de acuerdo eran en cerrar el Río Guadalquivir y ya está. La noche del 19 y todo el día del sábado, transcurrió placidamente en un compás de espera de las noticias que pudieran sobrevenir de la administración autonómica en la que los pescadores piden una serie de reivindicaciones centradas fundamentalmente en evitar que las flotas ilegales continúen faenando en el caladero del Golfo de Cádiz. También reclaman indemnizaciones para los pescadores mientras que se cumpla el paro biológico de ese caladero, durante unos seis meses, durante los cuales, y de ser aceptado por la Dirección General de Pesca, los marineros podrían cobrar el sueldo que rondaba la cifra de 70.000 pesetas. Los marineros muestran su desesperación ante la situación en que se encuentran, por la política de pesca seguida e impuesta desde la Dirección General de Pesca y no dudan en afirmar que son tratado como ladrones cuando sólo quieren buscar el pan de sus hijos como siempre. Pero aquí hay que hacer recordar que los veterinarios del SAS de la Lonja de Sanlúcar han denunciados en reiteradas ocasiones los obstáculos y las amenazas que reciben por parte de los pescadores impidiendo por todo los medios a los mismos realizar los preceptivos controles a los que están obligados sobre las capturas que traen los barcos. La playa frente a la barriada de los marineros era un hervidero de familiares que desde este lugar iban controlando todas las maniobras que efectuaban los barcos así como el trasiego de pequeñas lanchas que llevaban y traían a pescadores a las embarcaciones, así como víveres y otras intendencias necesarias para hacer algo mejor la vida a bordo de los barcos. Esta estampa marinera, recuerda a aquellos galeones de India fondeados en estos mismos lugares embarcando y desembarcando a las tripulaciones, así como a sus capitanes dispuestos a controlar el embarque de pertrechos y otros alimentos, así como la aguada, acompañado con barriles de vino de la tierra, o esperando mejores tiempos para zarpar hacía aquellas tierras en busca de riquezas a base de conquistar tierra a sus aborígenes haciéndolos esclavos o eliminándolos contagiándoles todo tipo de enfermedades, entre ello Francisco de Pizarro González. Estas vivencias fue transmitida mediante una llamada telefónica a la Dirección General de Pesca para haber si se podía hablar con su titular, José Loiro, pero éste no se encontraba en España, había salido para Brusela días antes y lo único que empezó a verse por aquellos lugares, especialmente en el muelle de Bonanza, fue la presencia de los primeros guardias civiles que habían sido mandado por el Gobernador Civil de Cádiz, el señor Plácido Conde, con la misión de vigilar toda esta zona. A la vez, los armadores de buque con sede en Sevilla, empiezan a denunciar públicamente que los pescadores de Sanlúcar retienen a dos barcos sin dejarlos salir al mar y que han desviado hacía otros puertos a tres buques que tenían prevista su llegada a la capital hispalense el viernes y sábado. Son dos buques de origen ceutíes que venían a la celebración de los actos organizados con motivo del Día de Ceuta en la Expo92. Estamos en el segundo día del bloqueo del río Guadalquivir y continúa interrumpido el tráfico marítimo por el mismo aumentando el malestar de los armadores con sede en Sevilla que ve como no puede atravesar los mercantes el cerco montado por los marineros sanluqueños. Por el momento los cerca de 100 marineros que se encuentran embarcados, mantiene bloqueada la barra de entrada a Sevilla impidiendo el paso de los mercantes que ya el sábado por la tarde se podía contar hasta siete. Se puede decir que se sigue aumentando los efectivos de la Guardia Civil hasta los 200, además de ser reforzados por una patrullera de los Servicios Marítimos de la Guardia Civil con zodiac, y un helicóptero de las fuerzas policiales que continuamente sobrevuela los barcos incordiando a los marineros a bordos de las embarcaciones de pesca. De los siete mercantes retenidos, tres estaban fondeados en Bonanza: • Puerto de Alcudia II. • Vivejhorf. • Esmeralda.
Otros cuatros se encontraban fondeados en Chipiona esperando poder entrar hacía Sevilla: * San Juan de Gaztelugatxe. * Leros. * Tootsi. Y el buque de la Compañía Transmediterránea “Ciudad de Valencia” que transportaba para Sevilla unos 600 pasajeros y que se dirigían desde Ceuta a Sevilla con motivo de la celebración del Día de Ceuta en el Exposición Universal.
III EL INTENTO DE DESBLOQUEO
Es la mañana del domingo día 20 de septiembre, desde el amanecer se ven movimientos de efectivo policiales por el muelle, a pesar de que la niebla no deja casi ver a las embarcaciones que una junta a otras entrelazadas por malletas que les sirven como cabos, para el amarre entre ellas, así como el movimiento de las pequeñas lanchas que surten de pertrechos a las mismas, van y vienen desde la orilla de la playa frente a la barriada de los marineros con comida y gas-oil para resistir el bloqueo. Las mujeres no dejan la orilla, están continuamente observando los movimientos de la benemérita y jaleando a sus maridos, sus hijos y hermanos a que resistan a pesar de no verle ninguna solución a este conflicto precipitado de los marineros de Sanlúcar. Sobre las doce horas, cuando la niebla ha levantado, se observa como dos remolcadores de la Marina Mercante, el “Remolcanosa” y el “hispania”, donde viajan numerosos guardias civiles, pertrechados con material antidisturbio que se van acercando a los pesqueros fondeados en la canal del río Guadalquivir, a la vez que otro importante número de efectivos, distribuidos en lanchas patrulleras de la Guardia Civil y varias sodiac inician la ceremonia de aproximación a los pesqueros cuyo fin es el de cortar las amarras para intentar abrir una brecha por donde los mercantes puedan tener salida hacía la mar o hacía Sevilla. Esta estrategia no le sirvió para nada a la Guardia Civil, aunque es verdad que cortaron varias amarras, los barcos se iban desplazandos de lugar y amarrándose en otro lugar al momento que llegaban a la amura de sus homónimos. Mientras que estos se defendía de los intentos por parte de la guardia civil de dispersarlos, las pequeñas lanchas que servían de enlace entre los barcos y la playa situada frente a la barriada de los marineros se movían a sus anchas entre los barcos trasladando más hombres a éstos y trasladando a los heridos hacía tierra. Los enfrentamientos eran continúo y ante el fracaso de poder abrir la brecha necesaria para dejar paso a los mercantes preparados para tal fin, la guardia civil sumó otras tres lanchas más empezando a emplear botes de humos y balas de gomas contra los marineros que no permitían que estos se acercaran a los cabos para cortarlos. La tensión fue aumentando y el pánico se palpaba en el aire mientras que los heridos eran evacuados a tierra entre los sollozos de las esposas y madres que se encontraban en la orilla a la vez que observando lo que estaba pasando a bordo de las embarcaciones. Viendo los mandos desde tierra que el desbloqueo era imposible, opta por ordenar que los remolcadores sean auxiliados por un helicóptero y lanchas patrullera, mientras que los remolcadores trataban de dispersar a las pequeñas lancha con mangueras de agua a presión siendo inútil este segundo intento por abrir paso a los mercantes. Esto continuó todo el día sin que ninguno de ellos diera su brazo a torcer, la guardia civil continuó practicando los mismos métodos que por la mañana, utilizando botes de humo y balas de gomas y, a pesar de conseguir abrir una pequeña brecha, ésta fue tapada inmediatamente por otros pesqueros. La batalla iba en aumento hasta que una patrullera de la Guardia Civil se empecinó en la persecución de uno de los pesqueros, que fue enseguida perseguido a su vez, por una cantidad de barcos teniendo que darse a la fuga ante el peligro que suponían estos. Los guardias civiles que esperaban en el mueble de Bonanza, y que había venido procedente de una Unidad de Cádiz, unos 40 y otros 40 perteneciente al Grupo Rural de Seguridad aguardaban acontecimientos y preparados para cualquier eventualidad. Durante el transcurso de las batallas, había sido heridos varios marineros y guardias civiles siendo el más graves de todos Manuel Martín Pecho, tripulante del pesquero “Juan y Melchor” que sufrió un impacto de una bala de goma en un ojo y algunas quemaduras menores en el rostro, siendo atendido en tierra por la Cruz Roja que le prestó los primeros auxilios, evacuándolo seguidamente al Hospital de la Seguridad Social de Jerez de la Frontera.
Un portavoz del Centro de Salud “Barrio Alto” de Sanlúcar de Barrameda dijo que en este establecimiento había sido atendido un pescador con traumatismo en hombro y muslo izquierdo cuyas iniciales eran B.A.O. de 48 años. También fueron heridos M.G.N. de 36 años; F.G.S. de 47 años y G.G.G. de 43 años De entre los heridos estaba un cabo de la guardia civil que fue arrojado al mar y los seis tripulantes de una zodiac que fueron rociados con gas-oil teniendo que huir hacía el muelle de Bonanza ante el peligro de que pudieran ser incendiados. Este día ya había retenidos 13 embarcaciones entre mercantes y yates encontrándose los mismos en estos lugares: En el fondeadero de Chipiona. • Leros. • San Juan Gaztelugatxe. • Tootsi • Guadalquivir. • Atria. Se esperaba que en las próximas horas llegaran: • St. Christoph. • Jerba. • Casilda del Mar. En Bonanza estaban anclados los mercantes: • Vivejhorf. • Puerto de Alcudia II. • Esmeralda. Y los yates: * White Rabbit. La tripulación de este yate y del África Queen, intercambiaron insultos con los pescadores que en modo alguno los dejaron pasar hacía el mar. * Africa Queen. Y otros 4 más. En cuanto al “Ciudad de Valencia”, el barco de la Compañía Trasmediterránea con 600 pasajeros a bordo, que se dirigía el sábado día 19 desde Ceuta a Sevilla con motivo de la celebración del día de Ceuta en la Exposición Universal, el mismo domingo día 20 tomó rumbo al puerto de Cádiz. El domingo día 20, José Orcha, que actuaba como presidente o portavoz de la comisión de los pescadores, y la vez que patrón del pesquero “Manolo IV”, hace un llamamiento para que toda la flota que trabaja en el caladero de la región suratlántica se sume a la protesta, Orcha considera que el problema de las sanciones afecta a todos los pesqueros desde Barbate hasta Ayamonte, asegurando que la flota de Sanlúcar no captura inmaduros. Manifiesta que “cogemos pescados más pequeños que los que recoge la normativa, pero es que los peces que capturamos tienen un menor tamaño. Hay especies adultas que son más pequeñas, como pescadilla, pequeña, acedías, pijotas, puntillitas y castañitas. Si no hay malla que encierre al pescado, cómo lo vamos a coger. “Para pasar hambre más vale quedarse en casa viendo la televisión. Nosotros somos los primeros que queremos recuperar el caladero, ese es el futuro de nuestros hijos” Orcha afirmaba también que mantendrían bloqueada la barra del Guadalquivir hasta que los responsables de la administración Autónoma no se pongan en contacto con la comisión de pescadores y convoquen una reunión con carácter de urgencia en la que se aborde el problema de las sanciones. “Seguiremos aquí hasta que la administración nos conteste y nos convoque a una reunión, estaremos indefinidamente hasta que la administración dé señales de vida. Pero hasta ese momento ningún responsable se había puesto en contacto con ello. Orcha sigue diciendo que en cuanto a la seguridad en la mar “es el ayudante de Marina y el ingeniero los que deben de decir qué barcos deben o no deben salir a faenar”. El Patrón Mayor de la Cofradía de pescadores de Sanlúcar, Manuel Núñez Romero, entendía que con la política de sanciones y la actual normativa no se puede trabajar. “No nos dejan pescar, no nos dejan trabajar, quieren poner una malla que no es rentable, si salimos a la mar para sacar un duro y no lo conseguimos, pues no salimos y en paz”.
El patrón mayor sigue diciendo que “la administración no ha contestado. Yo tengo que estar con los marineros y, si tengo que morir, muero con ellos”.
IV UNA ROTURA MOMENTÁNEA El mismo lunes día 21, el Director General de Pesca y Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco José Alba, hizo llegar a la alcaldía de Sanlúcar un fax que se hizo llegar también a los pescadores que bloqueaban el río Guadalquivir y al propio Gobernador Civil de Cádiz, manifestándole que el miércoles día 23 se reuniría con una representación de la flota de arrastre de Sanlúcar para abordar los problemas creados por la normativa comunitaria en cuanto al uso de mallas y conocer los avances de la comisión de seguimiento del Plan de Pesca del Boquerón. A pesar se esto, durante toda la mañana del Lunes día 21 se estuvieron viviendo momentos de grave tensión en el río debido a los estampidos de los disparos con bolas de goma realizados por la Guardia Civil , acompañado del ruido de los helicópteros y las sirenas de ambulancias. El motivo de todo esto, era que, el mercante “Puerto de Alcudía II” auxiliado por el remolcador “Hispania” de la Marina Mercante, sin práctico a bordo y con la autorización expresa de la Guardia Civil, casi parte por la mitad al pesquero “Manolo IV”. El mercante, a toda máquina y haciendo sonar sus sirenas, trató de embestir a los pesqueros que se cruzaban peligrosamente frente a su proa. José Orcha que patroneaba al “Manolo IV”, esquivó varias veces a dos o tres metros la embestida del mercante, colisionando con otro pesquero, el Modesto III”. Entretanto en la playa, tres mujeres, las hermanas Mercedes y Pilar Prado Iglesias y Rosario Cruz Ramírez, de 39, 42 y 44 años respectivamente, tuvieron que ser evacuadas al Centro de Salud de Sanlúcar presas de una grave crisis histérica, mientras que el armador de barco, Manuel Gómez santiago, también tuvo que ser evacuado por el Servicio de Protección Civil a consecuencia de los efectos del humo de los botes lanzados por la Guardia Civil. Aquel mismo día, el fiscal de Sanlúcar abre diligencias contra las personas protagonistas más destacados del bloqueo que había sido filmados exhaustivamente en vídeo por especialistas de la guardia civil que iban en el helicóptero que continuamente hacía las pasadas a través de los barcos fondeados en el río. Estos pescadores podrían ser acusados de un presunto delito de sedición, independientemente de otro tipo de responsabilidades penales que pensaban exigirles. El presidente de la interfederativa, Rafael Montoya se desplazó a Sanlúcar con el fin de estar más cerca de los pescadores y los hosteleros sanluqueños cerraron sus negocios en solidaridad con ellos, así como no paraban de llegar muestras de apoyo de todas las Cofradías de pescadores andaluzas. Aquellas mismas mañana, José Orcha, el portavoz de los pescadores, manifestó que estaban estudiando la interposición de una denuncia previa a querella criminal por el intento de de homicidio contra el capitán del mercante “Puerto de Alcudia II”, Las manifestaciones se extendieron a través de la playa de entre Bajo de Guía y Bonanza por los más de tres mil personas que se pasaron todo el día y la noche manifestando su apoyo y solidaridad a todos los pescadores sanluqueños y, en concreto a los que se encontraban a bordo de loas embarcaciones fondeadas cerrando el paso a cualquier intento de atravesar la línea cerrada y compacta de estos barcos amarrados uno con otro. Ya el Secretario General de Pesca de la Junta, Francisco Alba Riesco, se había manifestado el día anterior que el día 23 se reuniría en la Consejería de Agricultura y Pesca en Sevilla con el responsables de la Dirección General de Recursos Pesqueros del Ministerio, Antonio García Elgorriaga, y de los pescadores de Sanlúcar para analizar el plan de pesca del boquerón y el problema de la pesca de arrastre en la región suratlántica. El señor Alba decía que esta reunión se había conseguido gracia “a las gestiones de la Consejería de Agricultura y Pesca ante el Ministerio, y que la mismas estaba supeditada a que los pescadores de Sanlúcar abandonaran el bloqueo de la desembocadura del Río Guadalquivir. Alba entendía que la flota pesquera sanluqueña pedía “lo imposible”, ya que reivindicaban que no se le aplique la normativa comunitaria, que fija la malla de cerco para el Boquerón en 40 milímetros, mientras los pescadores estaban exigiendo que fuera de 32 milímetros. Añadía que “es lógico que protesten, por la severidad en las inspecciones y al mismo tiempo denuncien la existencia de embarcaciones ilegales, situación que sólo puede atajarse precisamente con una buena inspección”.
Alba seguía informando de que “ según el Plan, estaban autorizados a la pesca del Boquerón unos 70 barcos de cerco -52 de Barbate y unos 20 más de Sanlúcar y Punta Umbría- cuya parada biológica estaba determinada para los meses de noviembre, enero y febrero. Lo que pasa es que desde hace años la Administración ha concedido permisos temporales a barcos de arrastres de Sanlúcar, Punta Umbría y Lepe, entre otros, para cambiar a cerco y pescar Boquerón, lo que era un privilegio y no un derecho, y lo que ahora se está haciendo es aplicar estrictamente la norma comunitaria”. ” Como ya hemos dicho, la mañana del lunes día 21 transcurrió en un compás de espera cuya pauta era seguida después de que los marineros tuvieran conocimiento de la reunión a celebrar el 23 en Sevilla. Aunque esto no satisfacía a los marineros, por la tarde tuvieron noticia de que en esa misma reunión se iba a debatir los problemas de la pesca de arrastre, lo que convenció a los marineros y decidieron constituirse en asamblea para estudiar si se desconvocaba o no el bloqueo. El tema del desbloqueo era las condiciones marcada por la administración para efectuar esta reunión, pero los pescadores no estaban de acuerdo con este sistema y optaron por continuar el bloqueo con el fin de hacer más presión a las autoridades y más con el conocimiento de que la Lonja de Chipiona cerraba también a la venta y fuera, en la bahía se encontraban seis mercantes deseando pasar hacia Sevilla. En efecto, la Cooperativa de Pescadores de Chipiona había acordado el lunes día 21adherirse a la flota de Sanlúcar en el conflicto y reivindicaciones que exigen en la Comunidad Europea, especialmente en las medidas del mallajes a utilizar, mezclada con la importación de pescado procedente de Marruecos para los mercados de El Puerto de Santa María, Cádiz, Algeciras, Sevilla y Huelva. Ya desde el mismo viernes día 18 algunas embarcaciones de Chipiona se habían desplazados a Sanlúcar para ayudar en el bloqueo del río, a la vez que las directiva de la cooperativa de pescadores hacía público el amarre de la flota así como el cese de toda actividad en la lonja de subestación de pescado. Las cosas, cada vez se ponía más confusa, el día 21, el Gobernador de Cádiz había informado que la flota pesquera de Sanlúcar acordó bloquear la desembocadura del río Guadalquivir sólo en protesta por el aumento de la labor inspectora que hacía los buques de la Armada Española en la Región suratlántica, y así lo afirmaba puesto que era la única reivindicación que figuraba en el escrito enviado el día 18 por los representantes del sector pesquero sanluqueño al Secretario General de Pesca de la Junta, Francisco Alba, en el que le anunciaban la paralización de la flota y el bloqueo del Guadalquivir.
V
LOS APOYOS ANDALUCES
Durante todo el domingo y lunes día 21, una serie de duras críticas se habían estado vertiendo por parte de distintos estamentos sociales y políticos después de la orden del gobernador civil de Cádiz de ordenar a la Guardia Civil que actuaran contra los barcos de pesca fondeados y bloqueando la desembocadura del río Guadalquivir. Así la Federación de Cofradías de pescadores gaditanos, el partido Andalucista y hasta las juventudes comunistas, habían emitidos diversos comunicados con duras críticas y desaprobando la decisión del Gobernador Civil de la Provincia de Cádiz al mandar a la Guardia Civil para solventar un problema social, laboral y político. La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores mandó un comunicado en el que mostraba su “más enérgica protesta por la actuación de las fuerzas del orden, responsabilizando de todo ello a nuestras autoridades de la administración central y autonómica en materia de pesca”. Proseguía el comunicado manifestando que “se pone de manifiesto la inaptitud de nuestros dirigentes y, muy particularmente, de nuestra comunidad autónoma, que son responsables de lo acontecido y de lo que acontezca, si no lo remedian, en la desembocadura del río Guadalquivir”. Seguía agregando que “Lo que está sucediendo y sucederá en el futuro en los puertos del litoral andaluz es culpa del gobierno autónomo por no contar con los legítimos representantes de las cofradías de pescadores, elegidos democráticamente en las elecciones celebradas el pasado 1991”. Tras señalar que “los verdaderos representantes de los pescadores, los hombres de las cofradías de pescadores, no han sido llamados ni una sola vez a negociar los problemas del Golfo de Cádiz”, continuando diciendo que dichos representantes “son expulsados del ente autonómico y tratados como delincuentes habituales” y que “lo peor de todo es que los platos rotos los pagamos los trabajadores, como son los cumplidores de las fuerzas del orden y los trabajadores de la mar”. El portavoz del grupo andalucista en el parlamento andaluz, Miguel Calvo, amén de exigirle a la Junta de Andalucía que interviniera en el conflicto, manifestó que “Con la Guardia Civil no se pueden afrontar los problemas de fondo de nuestro sector pesquero. Cuando el Gobierno se muestra incapaz de desarrollar una política eficaz y se cierra al diálogo con los representantes del sector, la desesperación estalla en miles de familias andaluzas”. Calvo llegó a incluso acusar al gobierno autonómico “de pasar del sector pesquero, pues ni las subvenciones por parada biológica se les abonaban bien y a tiempo, ni la política de modernización de la flota se ejecutaba, ni se programaban medidas para la polivalencia de embarcaciones en otras artes de pescas”. El colectivo de juventudes Comunistas de Andalucía difundió otro comunicado en el que criticaba duramente tanto la intervención de la Guardia Civil, como las circunstancias que la provocaron. En concreto, el comunicado decía que “Si quieren un paro biológico para que se regeneren las distintas especies, vale. ¿Pero de qué van a comer los centenares de familias que subsisten de la pesca?. Todavía hay numerosas embarcaciones que aún no han cobrado las ayudas de la CE del paro biológico de finales de 1.991.” y después seguía, “un gobierno que alardea de ejemplo de democracia, manda cerca de medio millar de agentes y efectivos para humillar a un sector que sólo pide el pan de cada día…” La comisión ejecutiva provincial de UGT también emitió un comunicado en el que culpaba al gobernador civil de Cádiz, Plácido Conde, de “crear un clima de guerra en Sanlúcar”. Según el sindicato, “la irresponsabilidad demostrada al disponer la actuación de las fuerzas de orden público como si de mercenario en una guerra se tratara, ha desatado una batalla en el Guadalquivir provocando 21 heridos..” La UGT seguía diciendo que “los trabajadores y sus familias lo único que piden es que se abra una mesa para dialogar y negociar, los problemas de la flota, “por lo que es lamentable que desde un despacho confortable de un palacio, sin tener conciencia clara de las penalidades de la provincia, el señor gobernador civil use como único remedio a dichos problemas el envío de las fuerzas con la orden de cargar”.
La Cofradía de pescadores de Conil, también mandó un comunicado como muestra de apoyo a los pescadores sanluqueños manifestando que “las autoridades de pesca de la Junta de Andalucía se puedes sentir orgullosas de los logros conseguidos con su política pesquera en los últimos años, pues dándose una vuelta por los puertos de nuestra provincia nos damos buena cuenta de ellos”. Sigue manifestando la cofradía conileña que “el caladero del Golfo de Cádiz está totalmente esquilmado; flotas como la de Barbate, arruinada: y Sanlúcar metida en una batalla campal, “cometiéndose las mayores barbaries por parte de la administración para acabar con ellos, sin el más mínimo interés por parte de nuestros representantes en el gobierno de conocer la raíz del problema e intentar darle solución”. Asimismo, indicaba que “desde el famoso decreto Manaute, las cofradías andaluzas se encontraban desde hace seis años totalmente aislada y sometidas a una política de acoso y desgaste, no existiendo negociaciones con ellas y haciéndose todo al más puro estilo caciquil” . A pesar de todo esto, la Administración Central, Junta de Andalucía y los representantes del sector pesquero andaluz siguen coincidiendo en la necesidad de aumentar el control y la vigilancia en el Golfo de Cádiz para erradicar la utilización de artes ilegales y la captura de especies inmaduras. Todas las partes implicadas decidieron autorizar cambios temporales de modalidad para las embarcaciones de arrastre y artes menores por un periodo máximo de seis meses, tres de los cuales en la pesquería dirigida al Boquerón. Esta medida afectaba a 18 arrastreros de Sanlúcar de Barrameda, de un total de 171 buques con bases en Punta Umbría, Lepe, Barbate y Ayamonte. Además de la intensificación de las inspecciones y vigilancia, el Plan de Pesca del Golfo de Cádiz incluía un periodo de veda voluntarios para las embarcaciones de cerco censados, durante los meses de enero y febrero, acompañándose estas medidas de ayuda para la inactividad laboral. Mientras las embarcaciones pesqueras tenían bloqueado el río Guadalquivir, en Barbate, la mesa de opinión constituida en aquella localidad, amenazaba con trasladar la flota pesquera barbateña a la Expo92 en Sevilla, si la administración no les daban soluciones a la gravísima situación económica que vivía este sector en la localidad como principal recurso y fuente de vida. En esta reunión decidieron llevar a cabo diversas acciones tales como bloqueo de puertos cercanos a Barbate, cortes de carreteras y manifestaciones ante la Consejería de Agricultura y Pesca de Sevilla como medidas de presión. En esta última asamblea, el presidente de la asociación de armadores de Barbate, el señor Ribera, había indicado que en la reunión celebrada con el Defensor del Pueblo Andaluz, Plácido Conde Pumpido, se le entregó una extensa documentación sobre las circunstancias por las que atravesaba el sector pesquero de Barbate, añadiendo que la ejecutiva del PSOE había querido vender el bulo de que se les había entregado 50 millones de pesetas por la inmovilización de la flota y la realidad era otra muy diferente, porque ese dinero pertenecía a la compensación correspondiente a la parada biológica en que se vieron obligados cumplir en la campaña 90/91 y que se debería de haber pagado hacía mucho tiempo. Pero el sector pesquero de barbate no apoya a los pescadores sanluqueños, ellos están de acuerdo con el acuerdo del Plan de Pesca. El portavoz de la mesa de barbate, Antonio Rodríguez, y que aglutinaba a sindicatos, armadores y otras agrupaciones, señaló que “los pescadores sanluqueños quieren continuar pescando inmaduros de forma ilegal y acabando con la única riqueza que nos queda a los barbateños en el caladero”. Sin embargo, Joaquín Bellido, de la Federación Provincial de Cofradías consideraba el Plan como “papel mojado, ya que se ha negociado sin verdaderos interlocutores de los pescadores y armadores que no son otros que las propias cofradías”. La playa estuvo todo el día llena total de familiares de los marineros embarcados en los pesqueros que bloqueaban el río Guadalquivir entre la indignación, el descontento y los desfallecimientos de algunas mujeres. Desde este lugar fueron evacuados los heridos que traían de los barcos fondeados en la canal del río por parte de la Cruz Roja y Protección Civil, mientras que otros marineros, con pequeñas canoas, a motor o a remo embarcaban alimentos, bebidas, tabaco y hasta la prensa del día para información de los embarcados.
Los gestos de solidaridad llegaron hasta los establecimientos de la barriada de Bonanza, donde los propietarios de los mismos allí ubicados decidieron cerrar sus puertas en apoyo de los marineros que seguían bloqueando el río.
VI LAS PRIMERAS NEGOCIACIONES También, ese día 21, el alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital Gordillo, trataba, a través del gobernador civil de la provincia, Plácido Conde, establecer una audiencia con el Secretario General de Pesca Marítima, José Loira Rua, para que recibiera a los pescadores de Sanlúcar en la cual solicitaba estar presente. Manuel Vital llego a señalar a Plácido conde que “habría que garantizar que la retiradas de los barcos de la zona en conflicto se realizara distendidamente y sin llevar a cabo ningún tipo de acto represivo contra los marineros y armadores”. Para Manuel Vital, “cualquier actuación que no fuese desde postura de extremada prudencia podría tener consecuencias gravísimas, dándose la paradoja de que la restitución de una parcela de orden público pudiera alterar éste en un nivel superior”. En una conversación entre Manuel Vital y Plácido Conde, el primero le había manifestado su preocupación porque “el clima de crispación social que se está viviendo pudiera desencadenar un gravísimo conflicto de orden público”. Pese a esta reacción de Manuel Vital, Plácido Conde no da orden de replegar a la fuerza de orden público, a la vez que hace pública una nota en la que además de manifestar que “persiste la misma situación de días anteriores, la Guardia Civil se ha visto en la obligación de intervenir con los medios a su alcance para dejar expedita esta vía marítima bloqueada desde el viernes por los pescadores y salvaguardar así el legítimo derecho de los barcos a circular libremente.” Para justificar esta crítica, fuente del gobierno civil aseguraban a ABC que en un vídeo se puede contemplar perfectamente “la hostilidad de los pescadores contra la fuerza de orden público, comprobándose perfectamente en una de esas grabaciones como los pescadores arrojan al agua a un agente que sin motivo de agresión se había acercado a los barcos concentrados” No obstante, en el transcurso de los disturbios, Manuel Vital fue una de las principales figuras políticas que recibió las críticas de los pescadores sanluqueños y de sus familiares, al que le reprochaban el no estar en el escenario de la movilización cuando más falta hacía el respaldo de las autoridades sanluqueñas. El mismo día 21 la Dirección General de Pesca, manda al alcalde de Sanlúcar una nota en la que le manifiesta que la reunión entre los representantes del sector pesquero de Sanlúcar con los responsables de la comisión de seguimiento del Plan de Pesca del Boquerón, se celebraría en la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Con ello se cumplía la condición impuesta por los armadores y marineros para deponer su actitud y retirar los barcos del río. El alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital aseguraba que “se ha cumplido desde el Ayuntamiento la gestión fijada, en cuanto a confirmar lo que nos pedían los representantes del sector, la fecha para un encuentro entre las partes; producida esta convocatoria, lo que ahora procede es desbloquear el río” Aquella misma noche, los marineros y armadores estudiaron la manera de desbloquear el río ante las noticias producida por la nota que había recibido el alcalde de Sanlúcar, pero éstos no desconvocarían el bloqueo hasta no saber el resultado de la reunión que el día 22 se estaba llevando en Sevilla. Después de los 2 días de enfrentamiento entre la Guardia Civil y los pescadores, el martes día 23 amaneció con una tensa calma entre ellos. La Guardia Civil con una lancha patrullera y los remolcadores de la Marina Mercante, “Remolcanosa V” y “Hispania”, se limitaban a vigilar los pesqueros que mantuvieron por 5º día consecutivo el bloqueo del río. José Orcha, portavoz de los representantes de los pescadores, manifestó que el bloqueo seguiría hasta no saber por lo menos, el resultado que ese mismo día se estaba celebrando en Sevilla. La comisión estaba decidida a esperar hasta el final y José Orcha llegó a manifestar que “desde luego vamos a pedir la dimisión de “Paquito, El Divino”, refiriéndose a Francisco Alba Riesco, Director General de Pesca y Acuicultura de la Junta de Andalucía “porque sólo dice tontería”. La comisión de pescadores de Sanlúcar, de acuerdo con los armadores pondrían sobre la mesa de negociaciones una serie de asuntos, como eran, entre otros, la talla y el porcentaje de las capturas, las sanciones impuestas por los inspectores de la Comunidad Europea, la seguridad en el
mar, el tamaño de las mallas, el rearqueo de algunas embarcaciones, el descanso semanal y las indemnizaciones a convenir por ambas partes ante un posible para biológico. Los pescadores y armadores ponen en cuestión todas las normas de la Comunidad Europea en cuanto a la de pesca en el Golfo de Cádiz. Orcha manifiesta que “la normativa ha sido elaborada por personas ajenas, personas que desconocen la problemática de aquí. Queremos disposiciones especiales para la Región suartlántica. Asimismo, son muchos los marineros que ante las negociaciones que se están efectuando en Sevilla, y la calma producida en el río, que piensan que una vez finalizado este conflicto y lleguen a tierra y amarren sus embarcaciones en el muelle, no saben el comportamiento de la Guardia Civil contra ellos y quieren que se les garanticen que los agentes no tomen represalias contra ellos. Las palabras pronunciadas por José Orcha, pone de manifiesto el temor que corre entre ellos, “Estamos constantemente amenazados y presionados por la Administración. Tememos que cuando amarremos los barcos al muelle, la Guardia Civil tome represalias contra nosotros. Nosotros no tenemos miedo, tenemos pánico”. Manuel Vital, el alcalde sanluqueño, ha remitido al Gobernador Civil de Cádiz esa misma mañana un fax,. En el mismo le solicita que le garantice que la retirada de los barcos se realice distendidamente. “sin llevar a cabo ningún tipo de acto represivo contra los marineros y armadores. Cualquier actuación que no fuese desde postura de extremada prudencia podría tener consecuencias gravísimas”. Por otra parte el Gobernado Civil de Cádiz, Plácido Conde, insta a la Fiscalía de Cádiz a que investigue las posibles responsabilidades penales en la que han podido incurrir los marineros de Sanlúcar. Este Gobernador entiende que los marineros hayan podido incurrir en un delito de sedición. Mientras tanto, permanecen fondeados en distintos lugares de Bonanza y Chipiona una gran cantidad de embarcaciones de todo tipo esperando el desbloqueo del río Guadalquivir. En Bonanza permanece anclados los buques mercantes: • Vivejhort. (Mercante). • Esmeralda. (Mercante). • White Rabbit (Yate). • África Ween (Yate). • Asangyo (Yate). • Gibaltoa (Yate). • Floric (Yate). En el fondeadero de Chipiona se encuentran: • Leros (Mercante). • San Juan Gaztelugatxe (Mercante). • Tootsi (Mercante). • Guadalquivir (Mercante). • Atria (Mercante). • St. Christoph (Mercante). • Jerba (Mercante). • Casilda del Mar (Mercante). Ante la posibilidad de atravesar el canal del río Guadalquivir el “Ciudad de Santa Cruz de la Palma” que se dirigía el día 22 a Sevilla, tomó rumbo hacía el puerto de Cádiz. Durante todo el día se estuvo esperando a un autocar que traería los 50 pescadores de Huelva que se iban a incorporar al bloqueo, pero estos no llegaron. El Gobernado Civil de la Provincia en sus primeras reacciones tras el conflicto calificaba de hostil la actitud de los pescadores publicando un comunicado en el que se señalaba que dicha actitud se demostraba con el hecho de que, el pasado lunes, un grupo de marineros habían cortado los cables de sujeción de las boyas de señalización dejándola a la deriva creando un peligro para
los barcos, puesto que la misión de las mismas es permitir la navegación con márgenes suficientes de seguridad por la canal del río. También justificaba la intervención de la Guardia Civil por la necesidad de “dejar expedita una vía marítima bloqueada y así salvaguardar el legitimo derecho de los buques allí congregados a circular libremente por la mima”. Seguía manifestando que “la razón esgrimida por los pescadores sanluqueños para llevar a cabo dicha movilización estribaba en que la administración estaba cumpliendo con su obligación de inspeccionad las mallas utilizadas, así como la talla de las capturas”. También la UGT de la Marina Mercante exigió a la autoridad marítima española el cese inmediato de toda acción encaminada a la utilización de personal civil en los procedimientos represores que se estaba llevando a cabo en el río. El sindicato aseguraba la existencia de presiones comprobadas sobre las tripulaciones de los remolcadores “Remolcanosa V” y “Hispana”, “en la que se ha forzado a sus tripulaciones a la colaboración con la Guardia Civil en la represión del bloqueo que vienen manteniendo, con el resultado de varios heridos graves”. Otro comunicado remitido por el Consejo Político Local de IU-CA de El Puerto de Santa María condenaba la “brutal” actuación de la Guardia Civil contra los marineros sanluqueños, “empleando métodos desproporcionados a la protesta pacífica que los pescadores llevan a cabo en defensa de sus intereses”. Las críticas llovían de todas partes, así, el presidente de la Interfederativa Andaluza de Cofradías de Pescadores, manifestaba que “La situación está al rojo vivo”. El presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Joaquín Bellido Vélez, aseguraba que era el propio gobierno el que incitaba a las protestas por la falta de diálogo y, que “si no se realizan medidas de presión no nos escucha”. Con idénticas palabras se expresaba el Secretario de la Federación Nacional de Cofradías, José Manuel González, manifestando que “Parece ser que la Junta de Andalucía ofrece el dialogo cuando los pescadores adoptan medidas que no desea nadie. Esto no hubiese ocurrido si la Junta hubiera consultado a todo el sector pesquero sin marginar a nadie”. Por otro lado, el responsable de pesca de UGT en Sanlúcar, Juan Rosillo, que también era miembro de la comisión de pescadores, expresaba su malestar por lo que él entendía “falta de coordinación entre la comisión y la cofradía, que está dando información sin contar con nadie”. Por otra parte, la Confederación Empresarial Sevillana (CES), había anunciado que el bloqueo afectaría tanto económica como socialmente al puerto de Sevilla, donde podía causar graves problemas a algunas empresas del sector de consignatarios de buques. Según esta asociación, el bloqueo provocaría el desvío a otros puertos de varios buques de pasaje en visita a la Expo92 y numerosos barcos de tráfico comercial de mercancías, que tenían previsto llegar el día anterior a Sevilla, continuaban atracados y fondeados en varios puertos de la Bahía de Cádiz.
VII EL DESBLOQUEO DEL RÍO El ambiente que se estaba viviendo el miércoles día 24 en la playa estaba precedido por una gran incertidumbre acerca de cómo estaba transcurriendo la reunión en Sevilla, y el devenir de los acontecimientos y el definitivo desenlace de este conflicto que se estaba viviendo en Sanlúcar durante casi una semana. De la reunión de Sevilla poco se sacó en claro, lo más importante fue llegar a un acuerdo para que en las próximas semanas se abriera una mesa de negociación entre las partes, o sea, la Junta de Andalucía y los marineros sanluqueños. En una rueda de prensa celebrada en Sanlúcar por el parlamentario andalucista por Cádiz José Guerrero Casaus pocas horas después de la reunión en Sevilla, manifestaba que “la Administración es la única culpable de este conflicto”, el mismo aseguraba que lo mismo que se había prometido a los marineros sanluqueño “se le había ofrecido ya a la gente de Huelva en febrero”. Guerrero Casaus lamentó que el gobierno “instrumentalice las fuerzas de la Guardia Civil contra los pescadores y no contra los traficantes y terroristas”, y aseguró que su partido no ha querido hacer utilización política del conflicto mientras ha durado, limitándose a presentar iniciativas y preguntas en el Parlamento andaluz” “Ante la capacidad manifiesta de la Administración, lo que se pretende es que el sector pesquero muera por inanición”, se mostró convencido de que la legislación del sector suratlántico puede ser regulada desde la Junta de Andalucía, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Por la tarde los marineros de la flota de arrastre decidieron reunirse en asamblea en el salón de acto del colegio de “El Picacho”, a la que asistieron unos 300 marineros, con la asistencia del asesor jurídico del Ayuntamiento sanluqueño, Antonio Moreira donde el portavoz de los pescadores, José Orcha, trató de aclarar y exponer la situación en la que se encontraban tras la reunión mantenida el miércoles en Sevilla. Es decir, cumplimiento de la normativa comunitaria de pesca, desbloqueo del río, y convocatoria para celebrar una reunión entre las partes para tratar de darle una solución al sector pesquero sanluqueño que no estuviera fuera de las normas comunitarias ni en contra del resto de los pescadores de los puertos de la Bahía de Cádiz. Los pescadores mostraron en principio su negativa total al retorno a puerto mientras que permaneciera en el muelle la Guardia Civil, siendo Moreira el que tuvo que alentar a los marineros manifestándole que el gabinete técnico del Ayuntamiento sería el encargado de asesorarlo jurídicamente. Moreira explicó que la Guardia Civil, una vez abiertas las diligencias a los marineros, debía proceder a la identificación en el muelle de patrones, tripulantes y embarcaciones, en cumplimiento del artículo 493 de la Ley de Enjuicimiento Criminal, aunque dijo desconocer en qué se basaba las denuncias que “al parecer exigen responsabilidades a los participantes en el bloqueo de la barra de Bonanza.” Los marineros preocupados, por el perjuicio que les podían acarrear este proceso judicial al que podrían verse sometidos, fue calmado por el señor Moreira recordándole que este proceso aún no se había producido, y que había que rechazar las informaciones que indicaban que pudieran ser juzgados por un presunto delito de sedición. Este proceso se prolongó durante algo más de hora y media, transcurrida ésta decidieron pasar a las votaciones para retornar al muelle. Sólo votaron 109 pescadores al regreso a puerto; de ellos 96 a favor y 13 en contra. El resto se abstuvieron. Con este acuerdo, los marineros se veían obligados a presentarse a la Guardia Civil una vez llegado al muelle, así como la documentación de las embarcaciones y de sus tripulantes. Aquella noche, el alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital Gordillo, permaneció hasta las tres de la madrugada en la playa frente a la zona del río donde todavía estaban las 70 embarcaciones fondeadas, pareciendo que el conflicto iba a llegar a su fin, hasta el punto de que el alcalde quiso embarcarse y llegar al muelle de Bonanza “como garantía de que no se iba a practicar detenciones”. Sin embargo los pescadores decidieron no regresar mientras estuviera la guardia civil en el muelle y se les obligaran a presentar la documentación del barco e identificarse los patrones.
El secretario provincial de Pesca de UGT, Juan Rosillo, instó a los pescadores y armadores a no volver a Bonanza “porque esa firma tiene que ver con las diligencias abiertas en la Audiencia. No sé porque quieren que firmemos un papel cuando saben, perfectamente quienes son los patrones”. La Guardia Civil informó que la necesidad de firmar las diligencias se debía a la denuncia interpuesta en un juzgado por dos compañías navieras, cuyos buques permanecieron anclados en el río a la espera de que acabara el bloqueo. A pesar de todo, la normalidad empezó a recuperarse en la barriada de los marineros y en Bonanza que durante días habían permanecidos algo tristes con los establecimientos cerrados y pocas personas en las calles en un ambiente mezclado de tristeza y expectación volviendo a abrir de nuevo los establecimientos. Muchos de los familiares que habían permanecido en la playa durantes estos días tristes, y que había aguantado el tipo, fueron retirándose a sus casas con el cansancio en el cuerpo y la desazón vivida en los últimos días. Muchas mujeres padecieron la pesadilla de ver desde la orilla de la playa a sus maridos embarcados durante los 6 días que había durado el bloqueo y ahora veían como las embarcaciones se disponían a abandonar la canal del río Guadalquivir para dirigirse a sus casas a descansar. Los pesqueros que durante varios días había bloqueado el tráfico fluvial se estaban preparando para el regreso a casa. Pero no todo estaban dispuestos al regreso, algunos se resentían aguardando acontecimiento de lo que pudiera pasar en el muelle, pero al final todos accedieron al retorno viéndose cómo los mercantes y yate que había sido retenidos durante varios días ponían rumbo a sus destino sin que nadie lo impidiera. Los Grupos Rurales de Seguridad (GRS), desplazados desde la 234 Comandancia de Algeciras cruzaban el pueblo para salir del puerto de Bonanza, cerrado oficialmente desde el viernes 18 al 25, una semana entera sin lonja de pescado. José Huerta Tamarás, teniente de la Guardia Civil y Jefe de la Línea de Sanlúcar de Barrameda, así como Antonio Prats, especialistas del Resguardo Fiscal y dirigente vecinal, varios de los guardias destinados también en el muelle, fueron de las pocas personas que intentaron dialogar con los pescadores. El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz solicitó, a través de una llamada telefónica, que se le remitiese copia de todas las declaraciones, entrevistas o intervenciones de José Orcha, portavoz de los pescadores con el objetivo de incorporarlas a las diligencias que, a instancia del Gobernador Civil de Cádiz, había abierto sobre el bloqueo. Orcha se quejaba de la “decidía” de las autoridades en investigar el tiro de arma de fuego que recibió en el puente de mando el pesquero “Torre San Jacinto”. Los primeros barcos empezaron a llegar al muelle sobre las nueve de la tarde, donde lo esperaban los miembros de la Guardia Civil que tenían su destino en dicho puerto, como eran los especialistas del Resguardo Fiscal así como los marinos, o sea, lo que se conocían como Carabineros. Dos pesqueros fueron los primeros en decidirse en volver al muelle, donde atracaron la noche del miércoles, comprobando con sorpresa sus tripulantes que el número de guardias civiles había desminuidos, pero que el oficial de servicio al mando de las fuerzas obligaba al patrón a firmar unas diligencias en la que quedaba enterado de la obligación de acudir ante el juez. Los barcos que llegaron primero al muelle fueron los pesqueros “José y Dolores” y el “Juan y Felipe”, firmando las diligencias su armador y patrón Manuel Gómez Santiago y, que una vez firmada fue acompañado por la Guardia Civil con el resto de la tripulación hasta la puerta del muelle que estaba cerrada oficialmente. De la guardia civil sólo quedaban en el muelle unos veinte guardias civiles que se dedicaban a acompañar a los pescadores hacía la caseta que la Guardia Civil tiene en el mismo cantil de éste, y los guardias civiles con destino en el mismo se acercaban a los barcos que iban atracando e invitando a los marineros a que los acompañaran hasta la caseta. Estos guardias con destino en el lugar, no hicieron acto de presencia en los muelle durante todos los días que duró el bloqueo, los mandos habían acordado que los mismos permanecieran concentrados en el acuartelamiento de la carretera de la vía (Avda. Al andaluz), en evitación de
represalias por parte de los marineros una vez hubiera terminado la huelga, pero el día en el que regresaron los barcos, los mando aconsejaron que los guardias que debían estar al pie del cantil del muelle a la hora de que estos volvieran, fuera guardias civiles conocidos por ellos a fin de darles confianza, pues siempre era mejor tratar con un guardia conocido que uno desconocido. Ya bastante miedo tenían como para seguir infundiéndole miedo o temor. Las mujeres y los familiares seguían esperando tras de la reja del recinto portuario en silencio y con respeto la llegada de las embarcaciones al muelle. El murmullo reinante tan sólo fue roto por los fuertes aplausos que recibieron los pescadores en el momento de la salida. Satisfacción y cansancio en los rostros de los marineros que iban llegando a la caseta de la Guardia Civil donde fueron entregando los roles de las embarcaciones transcurriendo todo el proceso con absoluta normalidad. Durante el proceso de desembarque y la identificación de los pescadores, no hubo un mal grito ni una sola palabra entre los marineros y los guardias civiles, todos se conocían y entre ellos sabían que ambos eran trabajadores que cumplían su misión y los rostros de ambos solamente infundían respeto. Una vez que fueron amarrados todos los barcos al muelle, los efectivos de la benemérita, “cumplida su misión”, abandonaron el muelle pesquero de Bonanza a excepción de los agentes que habitualmente cubrían el servicio en el mismo. Volvía de esta manera, la normalidad al puerto de Bonanza. José Orcha, como miembro de la comisión de los pescadores, nada más salir del muelle, señaló su satisfacción por el resultado final del conflicto destacando la total ausencia de problemas en el transcurso del atraque y presentación de los documentos. Una vez que se puso por la asesoría municipal la situación jurídica de los que intervinieron en el bloqueo, José Orcha manifestó que, a pesar de negarse los últimos días a regresar a puerto mientras permaneciese la Guardia Civil, dijo que “esta era la única solución. Ahora –apuntó- si el Juez lo cree conveniente nos llamará”. En el muelle estuvieron los concejales Agustín Cuevas, Antonio Pérez y Juan José Suárez Durán. El alcalde de Sanlúcar, Manuel Vital Gordillo, que no puso estar la noche del jueves en el muelle esperando los barcos, realizó una serena reflexión de los acontecimientos y calificó de “sabia” la decisión adoptada por “los hombres de la mar” de regresar a puerto –dejando de lado el apasionamiento de los días anteriores. Tras recalcar el papel municipal a la hora de acuerdo a las distintas administraciones, así como los continuos contactos con el gobernador civil de la provincia, Plácido Conde, en u intento de mediar en el conflicto. Vital manifestó que “los marineros han realizado una medida de presión y son conscientes de sus responsabilidades”, matizó que “no se puede alterar el estado democrático construido por todos, pero quizás en las tácticas de defensa del mismo, los responsables deberían ser más prudentes”. Por otra parte, la Federación Local de asociaciones de vecinos “Guadalquivir”, presidida por José Enrique Guisado Venegas, lamentó, a través de un comunicado, la actuación “tan desproporcionada y represiva de la Guardia Civil”. “No se comprende –agregó- cómo en los tiempos en los que vivimos sigan ocurriendo estos hechos. Creemos que no son estas formas de solucionar los conflictos laborales. La mínima obligación de un responsable de la Administración es recibir a los ciudadanos, independientemente de qué el planteamiento de los problemas sea más o menos acertados.” Señalaba finalmente que “lamentamos que tantos medios y efectivos no puedan ser empleados con el mismo énfasis en combatir el tráfico de droga”. Cuando todos se fueron en silencio, el resto de los guardias salieron veloces en sus Nissan,; unos hacía el cuartel de Sanlúcar y otros hacía La Línea de la Concepción, donde les esperaban otra batalla, la playa linense en la que el contrabando, aprovechando que los guardias estaban en Sanlúcar, subió espectacularmente en esos seis días de septiembre. Durante el sábado 26 y el domingo 27 los armadores, junto a los marineros realizaron un recuento de los daños sufridos por las embarcaciones durante el bloqueo y un estudio de las pérdidas económicas ocasionadas por la inactividad laboral.
El miércoles día 30 de septiembre se celebraría la primera reunión concertada con la Administración andaluza para comenzar a abordar de manera específica la problemática de la flota sanluqueña. José Orcha, como portavoz de la comisión de pesca y patrón del pesquero “Manolo IV”, desveló que el bloqueo se precipitó, “ya que prevista una reunión el día 29 de septiembre con la Junta de Andalucía en la que íbamos a participar todas las flotas del Golfo de Cádiz para tratar los problemas del arrastre y exponer nuestras reivindicaciones. Luego, al día siguiente, el 30, si no había acuerdo, estaba previsto que bloqueáramos todos los puertos andaluces”. Orcha afirmó que la asociación de Armadores de Sanlúcar no informó a sus asociados de la existencia de tal reunión “por lo que, al final, nos hemos quedado solos en este bloqueo” y ha sobrevenido el fracaso de la protesta general en Andalucía. Varios armadores presentes en el momento en que Orcha hizo estas declaraciones, prorrumpió en insultos y exclamaciones de pesar “porque ahora vamos a tener nosotros que pagar el pato solos”. Se había cumplido con los pescadores sanluqueños lo mismo que pasó en Casas Viejas con Francisco Cruz “seisdedos”. Aquel fue engañado por los anarquistas aquel 11 de enero de 1.933, y se levantó sólo contra la Republica, y le costó la vida a él y a 18 campesinos más, entre ellos varios de sus familiares, a pesar de que estábamos viviendo en una República. Aquí los pescadores no fueron informados por el patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores, y cerraron el Río Guadalquivir creyendo que el resto de los puerto de Cádiz y Huelva los iban a secundar, y se quedaron sólo. Todo lo que consiguieron los marineros sanluqueños fue una reunión con el Director General de Pesca donde se aceptaron algunas reivindicaciones mantenidas por los pescadores, relativa a la pesca de inmaduros y el acuerdo de una mesa negociadora a tres partes, hasta el 24 de marzo de 1993, todavía no se había obtenido ningún fruto. Seis meses más tarde, los marineros, armadores y patrones de estos pesqueros que participaron en el bloqueo del Río Guadalquivir comenzaron a prestar declaración. Los afectados mantenían que su actitud fue sólo abarloar los barcos a ambos lados del canal, y que permitieron el paso de algunos barcos. También mantenían que no comprendían la actitud mantenida por la Guardia Civil en esta ocasión, en contra de la demostrada en los años ochenta, cuando también fueron protagonistas de unos hechos similares en demanda de mejoras para el sector y la actuación de las fuerzas de seguridad se limitó a interrogarles sobre su conducta y objetivos pretendidos. Ya nadie se acordaba que el que mandó a las fuerzas de orden público al muelle de Bonanza había sido el Gobernador Civil de la Provincia y, a éste no se le pedía responsabilidades. Esta narración está basada en los diferentes artículos publicados por los periódicos de la época siguientes: • “EL PERIODICO DE SANLÚCAR”. • “ABC DE SEVILLA”. • DIARIO DE CÁDIZ”. • “DIARIO 16”.
José González Parada.