Zimbabwe

LA SITUACION EN ZIMBABWE

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO Y SITUACION POLITICA En 1867, la riqueza del territorio del actual ZimbabWe se convirtió en un foco de interés para las principales potencias europeas debido al descubrimiento de importantes minas de oro en el interior del país. Los ingleses, dirigidos por Cecil Rhodes, emprendieron la colonización del territorio, quedando establecida en 1885, la colonia británica de Rhodesia, dividida esta en norte y sur. La riqueza de esta tierra atrajo a numerosos europeos consiguiendo eventualmente

que la población blanca dominara el país y favoreciendo un

mayor desarrollo económico del sur en comparación al norte. Antes de la I Guerra Mundial (1914-1918) los colonizadores blancos habían comenzado a exigir la autonomía. Estas demandas se renovaron tras la guerra 1

y en 1923 los británicos proclamaron a Rhodesia del Sur, nombre por el que se conocía el país, como una colonia británica autónoma. En 1953 el Reino Unido, temeroso de la mayoría negra, crea la Federación de Rodesia y Nyasalandia compuesta por las dos antiguas Rhodesias, la del norte y la del sur, y Nyasalandia actual Malawi, en la cual Rhodesia del sur era la parte más importante. Los nacionalistas africanos dirigidos por Joshua Nkomo se opusieron a la federación, pero sus acciones fueron prohibidas por el gobierno blanco. Cuando la federación se disolvió en 1963, los colonos blancos presionaron para conseguir la independencia. El Reino Unido se la deniega al sur, a menos que se den garantías de que el gobierno será elegido por sufragio universal. Después de dos años de negociaciones sin fin, el gobierno blanco, dirigido por Ian Douglas Smith declaró la independencia el 11 de noviembre de 1965. Este acto no fue reconocido por la comunidad internacional y fue seguido por la imposición de severas sanciones por parte de Gran Bretaña y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decretó un embargo total del comercio con el país. En 1969 una minoría blanca vota en referéndum a favor de la instauración de la república como forma de gobierno con una nueva constitución. Smith desafió durante 13 años las sanciones económicas que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impuso al nuevo Estado, y rechazó todos los intentos para alcanzar algún tipo de solución que supusiera la incorporación de los negros a la vida política del país. Al mismo tiempo, tuvo que hacer frente a la propia oposición interna que aspiraba a ese mismo objetivo. La situación devino en un conflicto armado con las guerrillas de la Unión de los Pueblos Africanos de ZimbabWe (siglas en inglés, ZAPU) y de la Unión Nacional Africana de ZimbabWe (ZANU), cuyos respectivos líderes, Joshua Nkomo y Robert Gabriel Mugabe, acordaron, en 1976, la actuación conjunta de sus fuerzas en el seno del Frente Patriótico. 2

En 1978, debilitado como consecuencia de la lucha guerrillera y presionado por Reino Unido y Estados Unidos, Smith tuvo que ceder, aceptar el acceso al gobierno y al Parlamento de la población negra, y concederle el derecho al sufragio. El bloqueo económico decretado por la ONU y la guerrilla, que ganó extraordinario impulso después de la independencia de Mozambique en 1975, hicieron que el país ascendiera a la independencia el 17 de abril de

1980,

tomando desde entonces el nombre oficial de ZimbabWe. En 1985, Robert Mugabe, líder nacionalista negro es electo, sometiendo al país a un régimen socialista. En 1987 es establecido un régimen presidencial, siendo Mugabe electo jefe de Estado. En esa época la ZANU y la ZAPU de Nkomo accedieron a unirse como la ZANUPF y en 1988 Mugabe designó a Nkomo “ministro senior” durante su reconstrucción del gabinete de gobierno. En las elecciones de 1990, Mugabe y su ZANU-PF ganaron sin problemas. A principios de la década de 1990, después de que expiraran las estipulaciones especiales de la Constitución que protegían a los propietarios blancos, el gobierno intentó redistribuir gran parte de sus tierras a cientos de miles de agricultores negros. Mugabe fue reelegido en 1996 con su partido ZANU-PF, aunque fue acusado por sus contendientes de favoritismo por parte del gobierno. Por todo ello, los comicios registraron el índice más bajo de participación desde 1980, pues tan sólo acudió a votar el 31% de la población. En 1997 Mugabe anunció un nuevo programa de distribución de tierras. Casi 1.500 granjas comerciales propiedad de ciudadanos blancos, que equivalían a la mitad del total de las tierras de cultivo destinadas a uso comercial, fueron nacionalizadas sin compensación a mediados de 1998 y repartidas entre campesinos negros sin tierras o pequeños propietarios, también negros. Este plan fue duramente rechazado por los agricultores blancos, además de contar con

el

rechazo

de

diferentes

organizaciones 3

internacionales,

grupos

independientes de derechos humanos y el grupo mayoritario de la oposición MDC (Movimiento por el Cambio Democrático), quienes han reclamado contra la falta de transparencia y el sistema de readjudicación de estas tierras. Para el 2000, el ZANU-PF gana mayoría en el congreso, aunque se hace notorio del avance opositor del partido Movimiento por el Cambio Democrático (MCD); este partido quedaría en segundo en los comicios presidenciales del 2002, reeligiendose Mugabe. Las elecciones se caracterizaron por una escasa transparencia y sus resultados fueron tachados de ilegítimos por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. En el mes anterior a la cita con las urnas, las autoridades del país no permitieron la permanencia en el mismo del jefe de la misión de observadores de la Unión Europea (UE), circunstancia acompañada por reformas de la ley electoral promovidas desde el gobierno, así como por denuncias de la oposición al respecto del boicoteo que sufrían sus mítines, del control gubernamental de los medios de comunicación y de la total ausencia de condiciones democráticas. Ante lo que fue considerado un fraude manifiesto, la Commonwealth excluyó a Zimbabwe de su seno por un periodo de un año, mientras que la UE y Estados Unidos le impusieron sanciones económicas. Durante su nuevo mandato, Mugabe aceleró el proceso de confiscación de tierras de granjeros blancos. De forma simultánea, la economía del país entró en una situación de grave crisis, con elevados índices de inflación, y carencia de alimentos y petróleo. Convocadas por el MCD, en junio de 2003 se sucedieron huelgas y manifestaciones, en las que se exigía la dimisión de Mugabe. En diciembre de ese mismo año, Mugabe comunicaba que Zimbabwe abandonaba la Commonwealth, tras conocer la decisión de ésta de prolongar la suspensión que pesaba sobre el país desde el año anterior.

En abril de 2008 se celebraron nuevas elecciones presidenciales y legislativas en las que aparentemente habría triunfado el opositor Movimiento para el

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Cambio Democrático, Morgan Tsvangirai, en una primera vuelta luego de haber alcanzado el 50,3% de los votos y Mugabe, el 43,2%. Al no haber alcanzado una mayoría absoluta, la constitución establece la celebración de una segunda vuelta. Sin embargo Tsvangirai anunció su decisión de retirarse de las elecciones presidenciales debido a las violencias e intimidaciones de las que son víctimas los miembros y simpatizantes de su partido. Bajo estas circunstancias, el G8 (las ocho economías más poderosas del mundo), la comunidad europea, el Consejo de Seguridad y el Secretario General entre otros, condenaron los actos terroristas y anunciaron que no van a reconocer las elecciones en Zimbabwe. Los países vecinos, reunidos en la Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC), han condenado la violencia y situación en Zimbabwe, pidiendo explícitamente al presidente Mugabe que suspendiese las elecciones. Sin embargo, la segunda vuelta fue realizada presentando a Mugabe como único candidato presidencial, alcanzando el 85.51% de los votos. Como resultado de los comicios, Mugabe permanecería 5 años mas como presidente del país africano.

SITUACION HUMANITARIA ACTUAL

El panorama en el país no se presenta alentador: un diagnostico de la situación permite observar como la crisis de los derechos humanos continuó acentuándose en un contexto de aumento de la pobreza. El impacto de las repetidas sequías (que han afectado a toda la región sur de África) y de la pandemia del VIH/SIDA (casi el 30% de la población está infectada), el incesante aumento de la inflación (que se ha situado en torno al 700%) y del desempleo (70% de la población), sumado a la grave crisis política han provocado un colapso de la economía y de los servicios sociales y han 5

sumido al país en una grave crisis humanitaria: en Zimbabwe la esperanza de vida no supera los 37 años. En Zimbabwe hay millones de personas que carecen de acceso adecuado a la alimentación, la atención de la salud, la educación y el suministro de agua y saneamiento ambiental. Y una de las razones por las que Zimbabwe tiene una de las tasas de orfandad más elevadas del mundo son los altos índices de mortalidad debido al SIDA. En el estado africano, de los 12 millones de habitantes, 1.8 millones convive con esta enfermedad y menos de una cuarta parte de las personas que necesitan tratamiento antirretroviral para prolongar su vida lo están recibiendo, según revelan informes de la Organización de Médicos Sin Fronteras. Como consecuencia de esta grave situación, 3000 personas mueren por semana a causa de la pandemia que azota al país. Durante el periodo electoral cientos de personas fueron detenidas por participar en protestas pacíficas o intentar celebrarlas, debido a las duras restricciones impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión. Informes de distintas organizaciones de asistencia humanitaria revelan como agentes de policía se encargan de torturar a defensores y defensoras de los derechos humanos que permanecían bajo custodia. Mientras se celebraban las elecciones, centenares de activistas políticos y de los derechos humanos continuaban detenidos en las prisiones de Zimbabwe, privados arbitrariamente de la posibilidad de quedar en libertad bajo fianza, por el simple hecho de ejercer sus derechos políticos. Se emplea a los órganos de seguridad del Estado, como la policía y el ejército, para ejecutar una agenda partidista, lo que compromete seriamente su responsabilidad constitucional de proteger los derechos humanos de toda la población zimbabwense. La situación se encareció aun mas cuando el gobierno prohibió a los organismos de asistencia humanitaria distribuir alimentos a la población, acusándolos de ayudar a la oposición en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 27 de junio pasado. La restricción impuesta -que hace que el gobierno se transforme en el único distribuidor de alimentos- fue condenada por la comunidad internacional toda. 6

A pesar de que las cosechas mejoraron ligeramente, millones de personas continuaron sufriendo una gran inseguridad alimentaria. La inflación continuó haciendo que muchas personas sin recursos no pudieran acceder a alimentos básicos UNICEF, que es uno de los organismos de asistencia humanitaria que realizaban intensos trabajos en el país, encargado de prestar ayuda a más de 185.000 huérfanos en Zimbabwe, se vio limitado en su accionar y obligado a suspender su programa de ayuda a partir del 5 de junio, cuando el gobierno dio a conocer la medida que prohíbe que las ONG presten ayuda a la población civil. Esta misma situación se sucede con las decenas de ONG locales e internacionales que colaboran en la ejecución de los programas de socorro y desarrollo: Todas ellas se han visto obligadas a interrumpir sus labores debido a las amenazas de violencia que se produjeron como resultado del decreto gubernamental. Esta situación está provocando también importantes repercusiones regionales. Durante los últimos años más de cuatro millones de personas se han visto forzadas a desplazarse a los países vecinos, especialmente a Botswana y Sudáfrica, desestabilizando sus economías y generando grandes tensiones internas.

ACCIONAR DE NACIONES UNIDAS EN EL MARCO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Durante las elecciones presidenciales, el Consejo de Seguridad (CS), como principal órgano decisor de las NNUU, condenó en numerosas declaraciones de su presidencia la violencia contra la oposición política en Zimbabwe y las acciones del gobierno que han impedido a sus oponentes el derecho de hacer campaña libremente.

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En su declaración del 23 de junio del corriente año expresa su preocupación por los efectos que la situación pueda generar en toda la región y establece que cualquier futuro gobierno en Harare "debe respetar los intereses de todos los ciudadanos" para ser legítimo. El Consejo también urgió a las autoridades zimbabwenses a suspender las prohibiciones que ha impuesto a las organizaciones humanitarias, las que han puesto en peligro a más de 1,5 millones de personas que dependen de la ayuda que ofrecen, debido a la grave situación económica del país. A pesar de los llamamientos del CS y del Secretario General para que se aplazaran los comicios hasta que se crearan las condiciones propicias, se celebró la segunda vuelta de las elecciones el 27 de junio. A diferencia de la primera ronda, no hubo observadores nacionales sobre el terreno, ya que tanto la Red de Apoyo Electoral de Zimbabwe, que había cubierto la primera ronda de manera eficiente como la organización no gubernamental Lawyers for Human Rights se retiraron, mencionando la falta de condiciones mínimas para trabajar. Esta situación motivo la acción de Naciones Unidas, quien por pedido del partido opositor, ha prestado asistencia técnica y logística durante todo el proceso electoral, actuando en conjunto con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) y la Organización para la Unión Africana (OUA) El gobierno de Mugabe, hasta la fecha, ha mantenido su posición y no ha mostrado interés en acatar las recomendaciones del CS, quien debido a la división de sus miembros no ha podido tomar medidas de carácter decisorias. Durante las últimas sesiones, un borrador de resolución presentado por EEUU y el Reino Unido y apoyado por Francia, Bélgica, Italia y Holanda, alcanzo la mayoría requerida de nueve votos, pero el voto negativo de Rusia, pronunciado por el embajador ante la ONU Vitaly Churkin, y el de China, a cargo de Wang Guangya, bastaron para vetar la medida que consideraba aplicar un severo embargo de armas a Zimbabwe; imponer una prohibición de ingreso en otros países a 14 miembros del gobierno africano y congelar sus cuentas en el extranjero. Los países africanos expresaron también su voto en contra de la 8

aplicación de nuevas sanciones, ya que aludieron que esto sólo aumentaría la tensión entre el gobierno de Mugabe y los de sus vecinos. La situación de Zimbabwe sigue siendo critica, lo que tambien constituye un desafío importante para la estabilidad regional en el África meridional, no sólo porque puede incidir directamente en la seguridad política y económica de la región y los posibles desplazamientos sino también porque sienta precedentes peligrosos para el futuro político del continente. El Secretario General expreso, en sus más recientes declaraciones que para que el conflicto alcanzara una solución pacifica debían darse las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas, y en particular que había que poner fin a la violencia y la intimidación y que había que llevar a la justicia a quienes violaran ese principio; que había que crear un campo común para ambos candidatos y sus partidos; y que el diálogo era fundamental para poner fin a la crisis. Un gobierno legitimo que refleje la voluntad de la población y el respeto por el derecho internacional sumado al compromiso por los principios y propósitos de Naciones Unidas son el único camino que llevara la paz a Zimbabwe y dará fin a un conflicto que amenaza con desestabilizar la frágil situación de la región entera.

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