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Sergio Daniel Sabogal Isabella Sierra Atencia Trujillo: una gota de esperanza Colombia es una nación reconocida por la historia de violencia abrupta que la ha marcado desde su constitución como Estado independiente. Muchos factores han influido en esto: la creación de una lógica bipartidista intolerante, el abandono estatal que han sufrido muchas regiones marginadas y alejadas del centro del país (donde se concentra el poder), la pérdida de territorio nacional por este mismo abandono, el nacimiento de grupos subversivos que luchaban por tener voz y voto dentro del marco gubernamental, el poder y control ejercidos por estos grupos sobre zonas aledañas, la influencia de prácticas ilícitas que nos hicieron reconocidos y rechazados en el exterior, etcétera. Un sinfín de problemáticas que nos han llevado al colapso como Estado y, que al día de hoy, la población aún llora. En Trujillo, Valle del Cauca, no han sido para nada ajenos a todas estas alteraciones de orden público. En realidad, es uno de los municipios más golpeados por el conflicto armado interno colombiano, donde en la actualidad, sigue sin hallar respuestas. Contextualicemos. Década de los 80, pleno auge de la guerra en contra del narcotráfico y la lucha contra los actores armados al margen de la ley. Trujillo, como muchos, era un municipio más de aquellos olvidados por un gobierno que lideraba una batalla brutal para no arrodillarse ante los criminales. Fue el momento perfecto para la intromisión del conflicto en el territorio trujillense, y de qué manera. Múltiples factores y personajes se cruzaron en el mismo sitio, entre estos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y cabecillas de carteles del narcotráfico, además de lidiar con las secuelas que había dejado el período de La Violencia interpartidista. Todos estos luchando por una misma zona, hicieron de Trujillo un campo de batalla que luego iba quedar reducido a manchas de sangre. La dinámica fue la siguiente: tanto narcotraficantes como el ejército nacional fueron víctimas del poder del ELN en la región, deciden pactar una alianza para acabar con estos últimos, es decir, formar una estrategia paramilitar o contrainsurgente. El problema surge cuando, en su afán por debilitar a la guerrilla, emprenden acciones en contra de civiles y gente inocente, que tuvo que pagar los platos rotos de una guerra en la que nada tenían que ver. De esta manera, se llevaron a cabo torturas, desapariciones forzosas, homicidios selectivos y detenciones arbitrarías, también crímenes como limpieza social, eliminación de testigos, despojo de tierras y persecución por parte de la Policía, todo esto ocasionado por el enfrentamiento entre marginales y capos de la región, siendo esto algo deplorable y que atenta contra los derechos humanos y contra la misma Constitución política colombiana.

Los mayores índices de violencia en esta región fueron los homicidios selectivos y las desapariciones forzadas causadas por actores armados sin ética ni compasión. Pero también las fuerzas públicas, como el Ejército y la Policía Nacional, estuvieron involucradas con un buen número de porcentaje frente a los delitos perpetuados en esta masacre. Esta situación deja mucho que pensar y abre puertas a muchas dudas, porque, si nuestras propias instituciones creadas para hacer valer los derechos de cada individuo nacido en esta nación, cometieron actos que van en contra de personas de las cuales tenían la responsabilidad de proteger, están traicionando los principios con los que fueron creados, siendo algo totalmente inmoral y aberrante. Todo este panorama oscuro de los 80 pasó a un segundo plano, cuando el sufrimiento en los 90 se vio interminable. Esta disputa por el poder superó todo tipo de límites al arremeter contra la dignidad humana, donde se borran las reglas del juego de guerra y la crueldad se hace enfermiza. Todo tipo de torturas se hacen visibles en la tierra trujillense: desmembramiento a personas aún vivas con motosierras, asfixia con agua, hierros quemados en el cuerpo, martilleo de dedos y levantamiento de uñas, comentan investigadores del Centro de memoria histórica colombiana. Toda humanidad hallada en el ser humano se perdió en los campamentos de tortura de esta área. Una serie de hechos dados entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990 marcaron la trascendencia de este conflicto: enfrentamiento entre ELN y una patrulla del ejército en La Sonora, detenciones arbitrarias de policías, primeros asesinatos selectivos, desapariciones forzadas en La Sonora, atentado contra concejales, asesinato y desapariciones de dirigentes políticos, también contra amigos personales del sacerdote Tiberio Fernández, desaparición forzada del Padre Tiberio Fernández y acompañantes (hecho que significó la pérdida de la esperanza del pueblo) y, finalmente, el asesinato de un testigo importante en el caso Trujillo, Daniel Arcila Cardona. Pero, ¿en esta masacre se involucró a quiénes y por qué? Esta vulneración a los derechos humanos no solo llegó a hombres líderes de hogares, las mujeres cumplieron un papel desafortunado en la matanza. Las que estaban envueltas en el conflicto, normalmente tenían parentescos con los hombres que habían sido víctimas de los hechos anteriormente mencionados, aunque el número de víctimas de tortura y sevicia, se hicieron más presentes en los hombres que en las mujeres. La cosificación de la mujer en estos sucesos se puede agrupar en tres divisiones: el primero es la identidad transitiva, que ante un actor armando la mujer no adquiere presencia de individualidad y no son consideradas por lo que ellas son y por lo que se les incrimina, sino más bien por el parentesco de algún hombre, el segundo es que las mujeres son tratadas como emblemas de la identidades colectiva, que lo que buscan es atarlas ya que adquieren la identidad del actor al que se quiere doblegar y se usa como una estrategia para quebrantar y desmoralizar al enemigo, y el tercero, donde son objeto de persecución por

haber trasgredido su rol femenino. Estos son casos en los cuales se degrada a la mujer como una cosa material o simplemente como algo sin importancia, irrespetando los derechos de estas, ya que no las hacen valer como seres razonables con conciencia de sus acciones. Hay muchas características que enmarcan el desarrollo de la masacre de Trujillo, pero la principal es que se usó un mecanismo de terror difuso, que buscaba la discontinuidad de espacios pacíficos y generaba la continuidad de hechos violentos como las desapariciones forzosas y homicidios colectivos. Cuando la tragedia parece acabar para los habitantes de esta región, la esperanza vuelve a hundirse. Esta vez no por agresiones físicas, si no en contra de la dignidad humana: las denuncias de las víctimas del conflicto son desechadas por el sistema judicial colombiano, cuando a pesar de los testimonios dados por Daniel Arcila Cardona, un actor importante de la alianza, los responsables son exonerados. Ante tal sadismo, las víctimas recurren a las ONG hasta lograr un acuerdo con el Estado, de crear la Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo (CISVT), todo en busca de la verdad y el reconocimiento de lo innegable. A todo esto, le sumamos que la masacre de Trujillo el Estado colombiano la analizó un lapso de tiempo corto, en el cual solo se reconocieron treinta y cuatro víctimas, cuando en realidad el tiempo en el que duró esta masacre fue mayor y las personas afectadas realmente fueron trescientas cuarenta y dos, siendo este un acto irresponsable y cínico por parte del Estado. Sin embargo, la AFAVIT (Asociación de Familiares de la Víctimas de Trujillo) solicitó que se hiciera un estudio más a fondo de los casos que el gobierno no reconoció, y a partir de esto se conformó el CECT (Comité de Evaluación de Casos de Trujillo) que está conformado por las ONG de derechos humanos, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo. Así mismo, la CECT ha logrado esclarecer algunos de los casos y pudo hallar una conexión ente los casos nuevos y los que el Estado no reconoció entre 1986 y 1994, con un nuevo número de víctimas equivalente a ciento treinta y uno. Desafortunadamente, para ochenta víctimas se necesitaba más información para su investigación. Las conclusiones que sacó la AFAVIT son que las víctimas no son trecientas cuarenta y dos, sino más bien doscientas cuarenta y cinco. Nos podemos dar cuenta que hay una hendidura entre el Estado y los afectados por el conflicto, ya que los representantes de estos en esta masacre buscan que se haga justicia por cada uno de los implicados y el sistema limita su responsabilidad de los hechos ocurridos antes y después entre el 29 de marzo y el 17 de abril de 1990, debido a que para el gobierno puede tener implicaciones jurídicas y políticas, porque si acepta su complicidad en esta masacre perdería legitimidad social y política tanto interna como externa.

En este sentido, el CECT estableció un informe donde vincula a doscientos once perjudicados en el lapso de tiempo dictado por el Estado, pero este comunicado fue rechazado por el mismo gobierno generando que las familias de las víctimas no accedan a una indemnización, lo que hace que estas personas se tengan que vincular a un plan de reparación social el cual está diseñado para atender a una comunidad en general. Una vergüenza estatal, por supuesto. Finalmente, cabe resaltar que las víctimas de esta matanza fueron tanto hombres como mujeres comunes, ciudadanos de a pie, con una vida cotidiana y siendo anónimos para los medios de comunicación. Tanto el Estado como la opinión pública se mostraron indiferentes ante tales barbaridades, siendo solo motivo de indignación cuando se presentaban las muertes de personas reconocidas y con poder político. Colombia ignoró totalmente la monstruosidad de la que estaba siendo víctima el municipio de Trujillo, y no hubo quien vislumbrara un brillo de salvación para toda esa gente. Esta masacre devela el rostro de la mayoría de perjudicados en el conflicto armado: aquellos que son rechazados y “no tienen valor para la sociedad”. Trujillo es solo una muestra más de Colombia como Estado fallido, Estado ausente, Estado arrodillado. Trujillo lucha cada día porque su catástrofe se mantenga en el recuerdo de todos para que no se vuelva a repetir. Trujillo implora porque se haga justicia y se aclaren los hechos, que la verdad sea contada de una vez por todas y quien hizo daño pague. Trujillo clama con que la memoria de sus muertos sea dignificada y valorada, nunca más ignorada. Trujillo sueña con volver a levantarse, con despertar algún día y gritar: ¡la pesadilla acabó! “Al día de hoy, no existe ninguna condena a los perpetradores de la masacre. La Masacre de Trujillo es una masacre continua” [ CITATION Sán08 \l 9226 ].

Bibliografía Sánchez G., G. (2008). Trujillo: una tragedia que no cesa. Bogotá: Planeta Colombiana S.A.

GMH. (2013). ¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.