UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR ÁREA INTERDISCIPLINARIA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
TESIS EXPANSIÓN URBANA EN ÁREAS EJIDALES EN EL MARCO DE LAS REFORMAS AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL Y EL DESARROLLO TURÍSTICO EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR
QUE COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TÍTULO DE: MAESTRO EN ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES PRESENTA: JESÚS BOJORQUEZ LUQUE
DIRECTOR: DR. MANUEL ÁNGELES VILLA
LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, FEBRERO DE 2013
ÍNDICE………………………………………………………………………………...
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AGRADECIMIENTOS……………………………………………………………….
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INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………. 1. Objetivos…………………………………………………………………… 1.1 Objetivo General………………………………………………………… 1.2 Objetivos particulares…………………………………………………… 2. Justificación……………………………………………………………………….. 3. Metodología y organización de la tesis………………………………………… 3.1 Metodología……………………………………………………………… 3.2 Organización de la tesis………………………………………………...
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I. LA CIUDAD Y LA EXPANSIÓN URBANA…………………………………….. 1. La ciudad y la expansión urbana, conceptos y clasificaciones……………… 2. Modelos de crecimiento urbano………………………………………………… 3. Las ciudades en América Latina………………………………………………...
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II. EXPANSION URBANA EN POLOS TURÍSTICOS EN MÉXICO…………... 1. Las ciudades en México…………………………………………………………. 2. Expansión urbana en polos turísticos en México……………………………...
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III. RENTA Y FORMAS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MÉXICO…….. 1. El problema de la renta de la tierra…………………………………………….. 2. Las formas de propiedad de la tierra en México y sus antecedentes……….
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IV. URBANIZACIÓN DE ÁREAS EJIDALES EN MÉXICO……………………. 1. Urbanización en áreas ejidales…………………………………………………. 2. Efectos de las reformas del artículo 27 constitucional en la propiedad social de la tierra…………………………………………………………………….. 3. El impacto de las reformas para incorporar la propiedad social al desarrollo urbano…………………………………………………………………….
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V. LA EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD EJIDAL EN CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR………………………………………………………….. 1. Municipio de Los Cabos…………………………………………………………. 2. La ciudad de Cabo San Lucas………………………………………………….. 3. Ejido Cabo San Lucas…………………………………………………………… 3.1 Dotación………………………………………………………………….. 3.2 Ampliación……………………………………………………………….. 3.3 Expropiaciones………………………………………………………….. 4. Ley Estatal de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur y el papel del municipio…………………………………………………………………..
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VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN TIERRA DE ORIGEN EJIDAL EN CABO SAN LUCAS…………………………………….. 129 1. Proyectos urbanos de lotes para vivienda popular…………………………… 2. Asentamientos urbanos de vivienda de interés social……………………… 3. Asentamientos urbanos de vivienda residencial turística de muy baja densidad…………………………………………………………………………….. 4. Asentamientos irregulares en tierras ejidales en Cabo San Lucas………… 5. Importancia de la futura participación del Ejido Cabo San Lucas en el crecimiento urbano de Cabo San Lucas…………………………………………. 5.1 La creación de reservas territoriales…………………………………. 5.2 Dominio Pleno de las tierras ejidales………………………………….
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CONCLUSIONES……………………………………………………………………
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BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………… 161 ANEXO………………………………………………………………………………..
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Índice de Tablas Tabla 1. Centros Integralmente Planeados impulsados por FONATUR………. Tabla 2. ZM Cancún (Islas Mujeres y Benito Juárez), Población y tasas de crecimiento…………………………………………………………………………… Tabla 3. Ciudades de Baja california Sur…………………………………………. Tabla 4: Distribución de la población por localidad en el municipio de Los Cabos…………………………………………………………………………………. Tabla 5. Superficie ejidal y beneficiados por la dotación y ampliación del ejido Cabo San Lucas………………………………………………………………. Tabla 6. Expropiaciones que se ejecutaron al Ejido cabo San Lucas, B.C.S………………………………………………………………………………… Tabla 7. Proyectos urbanos de lotes para vivienda popular de alta densidad............................................................................................................ Tabla 8. Proyectos Urbanos de Vivienda de Interés social…………………….. Tabla 9. Proyecto urbano de vivienda residencial turística de baja densidad……………………………………………………………………….……. Tabla 10. Tierras de Dominio Pleno Ejido Cabo San Lucas……………………
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Índice de figuras Figura 1. Modelo de los círculos concéntricos……………………………………. Figura 2. Modelo de los círculos concéntricos y la distribución habitacional…. Figura 3. Modelo Polinuclear de Harris y Ulman…………………………………. Figura 4. Modelo polinuclear de Harris y Ullman de acuerdo a su distribución residencial y actividades productivas……………………………………………… Figura 5. Teoría concéntrica de la estructura urbana y su aplicación en la
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ciudad de Chicago según Homer Hoyt…………………………………………… Fig.6. Área urbana denominada BosWash……………………………………….
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Índice de mapas Mapa 1. Mapa del Área urbana denominada BosWash……………………….. Mapa 2. Estado de Baja California Sur…………………………………………… Mapa 3. Ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur……………………… Mapa 4. Crecimiento Histórico de la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S…….. Mapa 5. Estructura urbana en Cabo San Lucas, B.C.S………………………… Mapa 6. Polígonos de Dotación y ampliación del ejido Cabo San Lucas…….. Mapa 7. Superficie expropiada promovida por SEDUE en 1987……………… Mapa 8. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1987..……….. Mapa 9. Superficie expropiada promovida por la SEDUE en 1990………….. Mapa 10. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1990..………. Mapa11. Superficie expropiada promovida por la SCT en 1990……………… Mapa 12. Tipo de uso de suelo en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S…… Mapa 13. Ubicación del Proyecto Urbano Fuentes de Bellavista…………….. Mapa 14. Ubicación del Proyecto Urbano Fuentes de Bellavista 4ª y 5ª etapa Mapa 15. Ubicación del Proyecto Urbano Cabo Fierro…………………………. Mapa 16. Fraccionamiento Las Palmas, Cabo San Lucas, B.C.S…………….. Mapa 17. Ubicación del conjunto habitacional Privada de Lomas del Valle…. Mapa 18. Ubicación del Fraccionamiento Aura Residencial……………………. Mapa 19. Fraccionamiento Chulavista…………………………………………… Mapa 19. Ubicación del Fraccionamiento Hermitage…………………………… Mapa 20. Ubicación del Fraccionamiento La Cima Residencial………………. Mapa 21. Localización del Predio El Tezal……………………………………….. Mapa 22. Ubicación del Fraccionamiento Punta Vista Hermosa………………. Mapa 23. Localización del fraccionamiento Maraluna…………………………... Mapa 24. Fraccionamiento El Trébol……………………………………………… Mapa 25. Asentamientos irregulares en Cabo San Lucas……………………… Mapa 26. Tenencia de la tierra en Cabo San Lucas……………………………. Mapa 27. Reservas territoriales de la Ciudad de Cabo San Lucas…………….
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Índice de Planos Plano 1. Dotación del Ejido cabo San Lucas, B.C.S………………..…………… Plano 2. Comunidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur y las delimitaciones del ejido del mismo nombre………………………………………. Plano 3. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1987…………. Plano 4. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1990………….. Plano 5. Plano urbano del Fraccionamiento Las Palmas………………………..
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Agradecimientos Mis infinitos agradecimientos a quienes de manera directa o indirecta contribuyeron a lograr esta meta de terminar la tesis para mi titulación y renovar en mi persona el deseo de seguir estudiando y sacar adelante sueños y proyectos postergados por azares del destino. Primeramente a mis padres Roberto y Milka, que con su entrega desinteresada han sido alicientes para tratar de ser buen hijo, mejor ciudadano. De mi padre que de manera empírica ha depositado en mí la semilla de la utopía de luchar por un mundo justo e igualitario, de luchar por un país más solidario y sin pobreza. De mi madre, la enseñanza de amor y entrega por los hijos, del amor por sus niet@s. A mis hermanas, Alma, Mirna y Nereyda, gracias por su infinito cariño; a mis hermanos Roberto y Everardo, gracias por su solidaridad y apoyo incondicional. A mi esposa Martha Cecilia y mis hij@s Iñaki y Ximena, quienes son mi aliciente para salir adelante en mi lucha constante por una vida mejor. A estos seres que con su amor y cariño, son bálsamos para los días complicados. A mi director, el Dr. Manuel Ángeles Villa, porque no sólo es un excelente director, sino una persona con una gran calidad humana, que con sus consejos y recomendaciones esta investigación llegó a buen puerto. A mi asesora, la Dra. Alba Eritrea Gámez Vázquez, mi más grande reconocimiento pues sus acuciosas y detalladas observaciones garantizan un trabajo de calidad. Así como en la asignatura que nos impartió en la maestría, cada día se aprende mucho de sus vastos conocimientos. A mi asesora, la Mtra. María Luisa Cabral Bowling, quien me dio excelentes comentarios y recomendaciones y porque comparto con ella la inquietud por el despojo que sufre el litoral sudcaliforniano por parte de grandes compañias en detrimento del gozo y disfrute de la población nativa. A mis compañeros de la maestría, en especial a mi gran amigo José Antonio García Loaiza, que fue un gran apoyo en las asignaturas cuantitativas, brindándome explicaciones y asesorías. A la delegación de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra en San José del Cabo que me brindaron información cartográfica importante para la investigación. Al personal del Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos por su gran aportación en especial al Arq. José Luis Cortés González por sus atenciones, así 4
como al urbanista Isaac Abraham Velasco Soto, por su disposición a aclarar dudas. A las autoridades del ejido Cabo San Lucas, en especial al abogado del núcleo ejidal, el Lic. Héctor Essaú González Arvizu, por su gran atención y su sensibilidad para con esta tesis, proporcionándome información del ejido, así como ubicación de dotación, ampliación y expropiaciones, en google Earth que fue muy importante para la tesis. Por último a la Universidad Autónoma de Baja California Sur, institución que me dio la oportunidad de seguir formándome y que representa un bastión importante de la educación pública en Baja California Sur.
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INTRODUCCIÓN La ciudad es la expresión máxima del capitalismo, ella es la manifestación de las relaciones sociales, económicas y políticas que la conforman y que se expresarán de acuerdo con las características propias de cada región o país. Al crecer la ciudad por diversos factores, demanda de bienes y servicios que la ciudad latinoamericana y mexicana en este caso, está lejos de satisfacer a plenitud para todos sus habitantes. De manera lógica uno de los bienes más apreciados en la ciudad es el suelo y su asignación o distribución se manifiesta de acuerdo con las clases sociales; o sea que las ciudades expresan la distribución poblacional de acuerdo con los estratos sociales y se traduce en la concentración de los servicios públicos e infraestructura urbana. En el caso de nuestro país, las diversas formas de propiedad sobre la tierra generaron una tensión constante entre el crecimiento de la ciudad y la existencia de núcleos ejidales que ponían en “riesgo” la continuidad y crecimiento urbano debido a la naturaleza del artículo 27 constitucional, donde las tierras ejidales eran propiedad del Estado y tenían las características de inembargables y no podían cambiar el uso de suelo de agrícola ejidal a uso urbano, de ahí que al crecer la ciudad en terrenos ejidales, dichos asentamientos eran considerados como “irregulares” y por lo tanto tardaban para que los servicios llegaran a esas colonias. Sin embargo, a raíz de las reformas al artículo 27 constitucional, se sentaron las bases para la privatización del ejido, otorgándoles títulos de propiedad mediante un proceso llevado a cabo por la Procuraduría Agraria (PA), se puede enajenar el
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suelo ejidal para actividades ajenas a las agropecuarias, entre ellas para uso urbano. Ninguna ciudad mexicana estuvo exenta de tener problemas derivados de la antigua ley agraria, aunque la nueva ley agraria le da certidumbre a las ciudades para acrecentar sus reservas territoriales y satisfacer la demanda de tierra, ahora el problema radica en el acceso al suelo para la mayoría de los habitantes que carecen de ello debido a su alto precio. Uno de los problemas fundamentales que ha presentado las ciudades mexicanas es el contar con reservas territoriales para crecer de manera armónica y que los agentes involucrados puedan ofrecer suelo urbano a precios accesibles, sin embargo dicha necesidad se agravaba a partir de la existencia de diferentes formas de propiedad sobre la tierra que impedían la incorporación del suelo ejidal, sobre todo al crecimiento urbano, sin embargo eso se empezó a solucionar con reformas al artículo 27 constitucional, pero ello no ha sido suficiente para abaratar el bien ya que eso se determina por la libre oferta y demanda.
1. Objetivos 1. 1 Objetivo General El objetivo general de esta investigación es analizar la expansión urbana de la ciudad de Cabo San Lucas y el papel que ha jugado el ejido del mismo nombre antes y después de la reforma constitucional del artículo 27 constitucional.
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1.2 Objetivos particulares
Contextualizar la expansión urbana en áreas ejidales a partir del impulso de un proyecto turístico por parte del Estado mexicano, que provoca un fenómeno de inmigración que genera presión sobre los recursos de la región, entre ellos el suelo.
Identificar los asentamientos sobre áreas ejidales antes de las reformas al artículo 27 constitucional, así como los mecanismos para su regularización en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S.
Identificar los asentamientos llevados a cabo después de las reformas al artículo 27 constitucional en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S.
Identificar el tipo de asentamientos humanos que se crearon en la ciudad de Cabo San Lucas en el marco de la Nueva Ley Agraria.
Analizar el papel del Ejido Cabo San Lucas en el crecimiento de la ciudad en el futuro.
2. Justificación Las ciudades son entes vivos que presentan diversas problemáticas. Una de esas problemática es su crecimiento y evolución, representando diversas formas de concebirlas. En el caso de nuestro país sigue en mucho la estructura de las ciudades norteamericanas y con una tendencia a la suburbanización, sin embargo dentro de las especificidades de las ciudades latinoamericanas y mexicanas en
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particular, la informalidad y precariedad es un signo distintivo a partir de las grandes desigualdades sociales que se presentan. Un elemento que fue inherente a la configuración espacial de las ciudades mexicanas fue la existencia de diferentes tipos de propiedad sobre la tierra, entre ellas las de origen ejidal que ofrecerá obstáculos al continuo urbano antes de ser reformada; sin embargo las reformas al artículo 27 constitucional, no solo significó el incorporar a la economía de libre mercado los ejidos, sino que eliminaba el principal obstáculo para su incorporación al desarrollo urbano. En el estudio que presentamos la presencia de tierra ejidal en la conformación de la ciudad de Cabo San Lucas se suma al impulso a la actividad turística mediante la creación de un Centro Integralmente Planeado (CIP) por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y los efectos que se derivan de la atracción de una gran masa migrante motivada por los empleos ofertados por esta actividad. La presente investigación tiene como propósito dimensionar el papel del ejido en la conformación espacial de las ciudades, concretamente en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S, así como la aportación de este a la solución de la problemática de vivienda. De la misma forma este trabajo sea un documento que aporte a la visión de las autoridades a fin de llegar a una coordinación sólida con las autoridades ejidales, pues el núcleo agrario seguirá siendo fundamental en el crecimiento futuro de la ciudad.
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3. Metodología y organización de la tesis 3.1 Metodología La realización de esta tesis se llevó a cabo utilizando tres recursos: Revisión bibliográfica; el análisis de archivos de la Procuraduría Agraria (PA), la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y del Ejido Cabo San Lucas; y por último de manifestaciones de impacto ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a través de internet. En el primer recurso se llevó a cabo una revisión exhaustiva de bibliografía para dar una explicación conceptual de ciudad, así como la expansión física de ella; igualmente para analizar las ciudades latinoamericanas y mexicanas, para aterrizar al caso de la expansión urbana en los polos turísticos. De la misma forma se acudió al análisis bibliográfico para explorar el problema de la renta del suelo urbano y el análisis de los diferentes tipos de propiedad sobre la tierra en México. En el segundo recurso se analizaron los archivos de la Procuraduría Agraria para analizar la resolución presidencial que dota al ejido Cabo San Lucas, así como su ejecución; se acudió a la misma fuente para la ampliación del ejido, así sus posteriores afectaciones. En cuanto a los archivos de la CORETT, se obtuvo cartografía del polígono de dotación, así como de algunas expropiaciones promovidas por dicha institución. De la misma manera se acudió al archivo del ejido que proporcionó la ubicación de polígonos de afectaciones al ejido para su regularización por diversas dependencias.
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En cuanto al tercer recurso se acudió a documentos de la SEMARNAT, a través del internet se analizaron las manifestaciones de impacto ambiental para la conformación de asentamientos tanto de terrenos para vivienda popular, como para asentamientos de interés social y asentamientos en zona de muy baja densidad, que nos proporcionaron datos importantes como la ubicación de los asentamientos, así como en las parcelas donde se ubican.
3.2 Organización de la tesis La tesis está organizada en 6 capítulos. En el primer capítulo se hace un análisis y revisión de un gran bagaje teórico acerca de la ciudad y los modelos de expansión urbana, así como el análisis de las ciudades latinoamericanas. En el segundo capítulo se realiza un estudio sobre las ciudades mexicanas entre ellas las de carácter turístico quienes se analizaron dentro del contexto de la teoría de los polos de desarrollo, pues nuestro espacio geográfico de estudio es un polo de desarrollo turístico. En el tercer capítulo se analiza el problema de la renta de la tierra y como énfasis en el suelo urbano, para de ahí revisar las diferentes formas de propiedad de la tierra en México y sus antecedentes. En el capítulo cuatro se aborda el fenómeno de la incorporación de suelo ejidal para el desarrollo urbano en México, así como los efectos de las reformas al artículo 27 constitucional y como estas impactaron en la incorporación de la tierra ejidal en la expansión de las ciudades. El capítulo cinco trata específicamente de nuestro objeto de estudio: la ciudad de Cabo San Lucas. Producto de la investigación se presentan datos del expediente del núcleo agrario en mención, tanto su dotación y ampliación, así 11
como las expropiaciones de las que ha sido objeto dentro de antigua Ley Agraria. En el sexto y último capítulo se ponen en evidencia los diferentes asentamientos que se crearon a partir de la nueva legislación agraria, tanto los de carácter legal como los de carácter irregular; para finalizar se realizan algunas consideraciones sobre la participación futura del ejido en el crecimiento urbano de Cabo San Lucas. Por último se presentan las conclusiones donde se vierten ideas sobre lo que significó la participación del Ejido en la expansión de la ciudad antes y después de las reformas constitucionales.
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I. LA CIUDAD Y LA EXPANSIÓN URBANA
Para entender la dinámica de la ciudad y particularmente su conformación territorial, antes es menester analizar su concepción teórica, así como los modelos de crecimiento que se han propuesto por diferentes teóricos. Necesario es, de la misma forma, analizar el contexto histórico, social y político en el que se insertan el tipo de ciudad a analizar, de ahí importante para este caso es analizar a las ciudades latinoamericanas.
1. La ciudad y la expansión urbana, conceptos y clasificaciones La ciudad es un gran contenedor de manifestaciones y prácticas sociales para quienes la habitan. Si bien las ciudades datan de hace más de 7 mil años, en su forma moderna surgieron y se desarrollaron al amparo de la revolución industrial. Las condiciones en las cuales crecieron guardan semejanzas con las actuales, sobre todo aquellas ubicadas en países subdesarrollados como el nuestro, donde la marginalidad y la segregación territorial se expresan descarnadamente en medios insalubres, sin servicios y en zonas de alto riesgo que marcan la difícil sobrevivencia para quienes comparten esos espacios. Jaime Sobrino (1998:5) afirma que el concepto de ciudad no es reciente que este es de orígenes antiguos: El término ciudad se caracteriza por su longevidad. La ciudad más antigua excavada hasta la fecha, data aproximadamente 8 mil años a.C, las ciudades ya estaban estrechamente organizadas y hacia el año 2500 a. C existían metrópolis 13
con importante concentración de soportes materiales. Una de las condiciones favorables que ofrecía la ciudad era la seguridad personal. La ciudad no siempre ha sido concebida de la misma manera. Un conjunto de casas de hace unos siglos ahora no significa los mismo. En cada época los estudiosos del urbanismo han percibido al espacio según su propia cultura.
Para los representantes de la escuela ecologista de Chicago (Monge, 2007:19) que emergieron y tuvieron su auge en los años veinte y treinta del siglo XX: La ciudad es algo más que una combinación de hombres individuales y conveniencias sociales —calles, edificios, farolas, tranvías, teléfonos, etcétera—; algo más, también, que una mera constelación de dispositivos administrativos e instituciones —tribunales, hospitales, escuelas, policía y funcionarios civiles de distinto tipo—. La ciudad es, más bien, un estado de mente, un cuerpo de costumbres y tradiciones, y de actitudes y sentimientos organizados que son inherentes a dichas costumbres y que se transmiten por medio de dicha tradición. En otros términos, la ciudad no es un mero mecanismo físico ni una construcción artificial. Está involucrada en el proceso vital de la gente que la compone: es un producto de la naturaleza, y en particular, de la naturaleza humana.
De acuerdo con la Escuela Ecologista de Chicago, la ciudad no sólo se asume materialmente a través de los elementos que le dan el engranaje tangible, sino también con los elementos intangibles que son interiorizados por quienes la habitan, por sus actitudes, por sus sentimientos, por sus costumbres y que son transmitidos de generación en generación. Para Max Weber (1994:938), se pueden intentar definir varios modos de ciudades los cuales se ven como un ente cerrado, como una localidad y no un caserío, donde las casas suelen estar muy juntas. Asimismo nos dice que si vemos el concepto ciudad desde el punto de vista económico tenemos que fijar un asentamiento donde la mayoría de los habitantes vive del producto de la industria o del comercio y no de la agricultura.
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Weber (1994:939), subraya ciertos requisitos para que algún asentamiento pueda considerarse como ciudad, afirmando que: Una ciudad puede fundarse de dos modos: a) existiendo previamente algún señorío territorial o, sobre todo, una sede principesca como centro donde exista una industria en un régimen de especialización, para dar satisfacción a sus necesidades económicas o políticas, y donde se trafique a este efecto con mercancías. … Otra característica que habría que añadir para poder hablar de ciudad seria la existencia de un intercambio regular y no ocasional de mercancías en la localidad y b) también puede nacer sin apoyos de una corte principesca y sólo sea reunión de intrusos, piratas, colonizadores o nativos dedicados al comercio intermediario.
En este sentido, Ramón Ramos Torre (2001:49) sostiene que para Weber es importante al momento de conceptualizar la ciudad, tomar en cuenta: Los criterios definitorios, los cuales son claramente tres: una ciudad es siempre un asentamiento (permanente) de mercado; una ciudad ha sido (históricamente) un recinto fortificado; una ciudad ha sido (típicamente) un ayuntamiento. Así pues, la conjunción del asentamiento de mercado, el recinto fortificado y el ayuntamiento constituyen sus diferencias específicas frente a otras formas de asentamiento económico, militar y político en la historia. Es evidente que son heterogéneos: económicos, administrativo-militares y jurídico-políticos.
Por lo tanto, Weber entiende que una ciudad reúne varias funciones, no sólo de ser un simple asentamiento, sino de poseer actividades económicas y administrativas que la dinamizan. La ciudad es el medio socio espacial en el que las actividades allí asentadas y el modo específico en que se aglomeran los elementos en que la constituye reproducen la vida material del hombre y las relaciones sociales del modo de producción dominante (Schteingart, 1983:449). Asimismo en la ciudad se expresa de manera fiel los estratos sociales que se reflejan en la realidad económica y social. Así que la ciudad se formará a partir de la focalización de los diferentes estratos sociales que ahí están presentes, y eso se expresa territorialmente. 15
Engels (1977:55) explica cómo era la situación de las ciudades en Inglaterra, la cuna del capitalismo, en plena Revolución Industrial, tomando el caso de Manchester en 1844: … La brutal indiferencia, el duro aislamiento, de cada individuo en sus intereses privados, aparecen tanto más desagradables y chocantes cuanto más juntos están estos individuos en pequeños espacios, y aun sabiendo que el aislamiento de cada uno, ese sórdido egoísmo, es, por todas partes, es el principio básico de nuestra sociedad en ningún lugar aparece tan vergonzantemente descubierto. Tan consciente, como aquí entre la multitud de las grandes ciudades.
Engels (Ibid.) además habla sobre las condiciones miserables en que se encontraba la clase trabajadora, así como el estado de insalubridad de los barrios obreros: … estos “barrios feos” están más o menos dispuestos del mismo modo en todas las ciudades: las casas peores están en la peor localidad del lugar, por lo general, son de uno o dos pisos, en largas filas, posiblemente con los sótanos habitados e instalados irregularmente por doquier. Estas casitas, de tres o cuatro piezas, y una cocina llamada cottages, son en Inglaterra, y con una excepción de una parte de Londres, la forma de habitación de toda la clase obrera. En general las calles sin empedrar, son desiguales, sucias, llenas de restos de animales y vegetales sin canales de desagües y, por eso, siempre llena de fétidos cenagales….
Esos escenarios descritos por Engels no son ajenos a la cotidianidad urbana de muchas ciudades mexicanas y latinoamericanas en general, pero aun así hay factores positivos dentro de ese gran conglomerado humano. Manuel Castells, en su importante trabajo La cuestión urbana (1974) describe el espacio, para él, un contenedor de las relaciones resultantes de la sociedad capitalista y a su vez, lo que estructura a la sociedad. El autor le da un papel importante a la cuestión territorial, defendiendo la teoría social marxista como la de 16
mayor capacidad explicativa para analizar a la sociedad capitalista. Para Castells, el desarrollo urbano tiene de forma natural, en la sociedad capitalista, una problemática clasista y es ésta la que configura el espacio, dándole una significación social. Más adelante la obra de este autor (Castells, 1999) evidencia una fuerte matización, casi rompimiento, en su concepción teórica; deslindándose de la teoría social marxista tradicional, asume otra posición sobre el actual y futuro proceso de las principales ciudades de Europa, el primer mundo y los países subdesarrollados. En la nueva interpretación del autor, las principales metrópolis están caracterizadas por una revolución tecnológica, lo que ha dado como resultado la creación de una sociedad informacional, enmarcada en una globalización de las economías. Asimismo, Castells (1999:154-175) advierte que esta sociedad informacional y globalizada, es también una sociedad dual, por sus características inclusivas y exclusivas, donde no todos tendrán acceso a las actividades que tengan que ver con actividades de vanguardia, lo que genera una sociedad de desigualdades, una sociedad dual.
Esta dualidad se manifiesta,
siguiendo a Lefevre (1978:133), en la problemática encapsulada del concepto y el reclamo del derecho a la ciudad. Para este autor, la estrategia de renovación urbana debe tener el apoyo social, sobretodo de la clase obrera que es la única que puede terminar con la segregación que es dirigida contra ella y que hará de la ciudad un lugar donde todos quepan, donde todos se apropien de ella. En esta ciudad global se desarrolla una nueva economía de gran capacidad generadora de riqueza, centrada en el desarrollo de redes entre individuos y empresas competitivas sin ningún interés público, al bien común o valores que no
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sean capitalizados por el mercado. Si bien las ciudades actuales son claves como generadoras de riqueza, también es un punto esperanzador para corregir los efectos destructivos de esta economía que no tiene valores sociales, pero que en ellas entrañan la lucha por la conservación de la naturaleza, la identidad cultural y las libertades cívicas (Castells, 2000:6). La ciudad global hace referencia a una clase de ciudades que pertenecen al sistema donde fluye la economía interconectada, de carácter planetario (Friedmann, 1997:3). Es la ciudad global un sistema que es capaz de poseer actividades de empresas estructuradas con servicios financieros, de seguros, inmobiliarias, de consultorías, de servicios legales, publicidad, etc. (Borja y Castells, 1998:36). Para los teóricos de la ciudad mundial es elemento primordial del capitalismo actual y tiene la función de ser el recipiente de esta nueva división internacional del trabajo dominada por corporaciones internacionales apuntaladas por las tecnologías de la información que acabó con el modelo tecnológico fordista y keynesiano. La esencia del anterior tipo de ciudad es el centro industrial que dio paso al nuevo, desindustrializado basado en servicios tecnológicos, financieros y servicios al productor (Brenner, 2003:7). David Harvey (2007:16-17), nos habla de la importancia de combinar la imaginación sociológica, término usado por C. Wright Mills, con la “conciencia espacial” o “imaginación geográfica”. Para Harvey, esta imaginación permitirá al individuo comprender el papel que tiene el espacio y el lugar en su vida, relacionándose a la vez con los espacios y con las acciones sociales. Para construir este puente entre la imaginación sociológica y la geográfica, es necesario
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poseer “útiles” adecuados, los cuales son métodos y técnicas que pueden emplearse para unir las dos partes. Harvey da preeminencia a la posición de Marx al respecto, definiendo el urbanismo como un conjunto de relaciones sociales que refleja las relaciones establecidas en la sociedad como totalidad, en la cual, la ciudad es un reflejo de desigualdades sociales, producto del sistema capitalista. Para el autor, es en las ciudades donde se manifiesta la “compresión espaciotemporal” que el capitalismo requiere, es decir, la aceleración en el tiempo de la tasa de rotación del capital, que necesariamente ocurre en el espacio, en particular, el espacio urbano. Es por tal razón, insiste Harvey, que desde sus inicios el capitalismo industrial requiere de la ciudad; es por lo mismo que el neoliberalismo se manifiesta tempranamente en la ciudad – específicamente en la primera ciudad post fordista: Nueva York. Por su parte Bryan Roberts (1980) aborda el análisis de la expansión del capitalismo en países del Tercer Mundo y la forma como ésta ha originado cambios en las pautas de urbanización; para ello analiza las principales ciudades de países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Perú y México. Roberts encuentra que, en cada caso, fueron los efectos de la industrialización sobre la estructura agraria original, lo que originó la concentración de las actividades económicas en unos cuantos centros metropolitanos. Roberts nos habla de una economía dualista, característica de las metrópolis de los citados países, donde los sectores más dinámicos están concentrados en el sector de la economía a gran escala, que es el que ofrece los mejores salarios, que coexiste con un sector de economía urbana en pequeña escala que apenas sobrevive.
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Alan Gilbert (1997:107-108), analiza la explosión urbana de las ciudades latinoamericanas desde la perspectiva de la población marginada, viendo las opciones de supervivencia de ese sector, así como la forma como obtienen un terreno para construir su vivienda. La ciudad latinoamericana y mexicana comparte la característica expresada en una gran desigualdad. En las ciudades del subcontinente se presenta de manera dramática la pobreza y la riqueza, la expresión más evidente se presenta en la orientación clasista de la distribución territorial. La presencia del comercio informal, del vendedor ambulante y el indigente, los congestionamientos viales, los niños de la calle, etc. (Gilbert, 1997:9), además de los sectores dinámicos de la ciudad con barrios residenciales de primer mundo que viven una realidad distinta a la mayor parte del entramado urbano y de quienes lo habitan. Gran parte del crecimiento de las ciudades latinoamericanas tiene que ver con la migración y como dichas localidades representan un foco de atracción para población de otras localidades, ciudades, o estados que ven en ella una gran oportunidad para lograr mejores condiciones de vida, aunque no necesariamente sucede eso. En términos de las relaciones humanas, la ciudad es de manera utópica la expresión de la modernidad y donde se presentan los principios de democracia, la igualdad y la libertad de las manifestaciones culturales y políticas; pero también encierran
el lado contrario, la subordinación, el sometimiento. Nace – afirma
Lezama - como una manifestación opuesta a la naturaleza, de los gases asfixiantes de las chimeneas citadinas, del capitalismo que nos lleva al abismo de 20
la destrucción suicida, de la primacía del pavimento, del acero lo opuesto a la sustentabilidad, de ahí que su expansión expresa la voracidad del hombre en su afán de “civilizarlo todo” (Lezama, 2OO6: 153-154). En la medida que toda ciudad ofrece dinamismo económico, estará acompañada de presiones de tipo demográfico que se manifiestan en una demanda constante de servicios sociales que inicia con el satisfactor urbano primordial (junto con el alimento y el empleo): la tierra. Por ello, tarde que temprano inicia un proceso de presión social por acceder al bien, y quienes poseen la tierra inician un proceso de especulación. En los tiempos actuales los nuevos territorios urbanos ya no están circunscritos a una ciudad central y su periferia más o menos integrada, lo que se le denomina área metropolitana, que es el modelo de ciudad de la sociedad industrial. En la actualidad el territorio urbano-regional es discontinuo, una combinación de zonas compactas con otras difusas, que presentan diferentes centralidades, así como áreas marginales, de espacios urbanizados y otros en espera de ser devorados por el paso avasallador de la mancha urbana. Un conglomerado de ciudades es viéndolo optimistamente o una combinación entre centros globalizados actuantes y zonas de ese continuo urbano de bajo perfil en medio de la globalidad que los margina (Borja, 2007:42). El actual papel de la ciudad global trasciende al Estado que era el principal gestor para consolidar los elementos que detonarían las localidades urbanas, en la actualidad la ciudad ha tomado el papel de gestor de su propio crecimiento, de
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atraer proyectos de inversión y de diseñar políticas públicas que redundarán en la búsqueda de un mejor futuro. Finalmente, para determinar si un asentamiento es o no una ciudad se debe de tomar en cuenta diversos aspectos, uno de ellos es la dimensión demográfica ya que debe de tener un tamaño mínimo. Para el caso de México el tamaño ha variado: de acuerdo con el censo de 1940 y que se siguió utilizando en 1940 y 1950, fue de mil habitantes; y de 2 mil quinientos habitantes (Villalvazo et al, 2002:22). En la actualidad, se usa la cifra mínima de 15 mil habitantes, estableciendo la siguiente clasificación de ciudades: entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes, para ciudades pequeñas; las ciudades medias con población entre 100 mil y 2.5 millones de habitantes y ciudades grandes con más de 2.5 millones de habitantes. Otra dimensión a considerar es la visión económica, donde una ciudad se caracteriza por no desarrollar actividades agropecuarias, y se enfoca por lo tanto a las actividades secundarias y terciarias, y no sólo está enfocada al consumo interno, sino también a la transferencia o exportación de bienes y servicios, con lo cual se pueda importar factores de producción. Sin embargo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), a través del Sistema Urbano Nacional, clasifica a las ciudades de la siguiente manera: ciudades grandes, son las que tienen de un millón de habitantes en adelante; ciudades medias, entre 100 mil y menos de un millón de habitantes y las ciudades pequeñas, aquellas donde habitan entre menos de 100 mil y 15 mil habitantes. Para muchos teóricos la manera como se comporta el crecimiento urbano refiere a ciertos modelos de crecimiento; en ese sentido, las ciudades mexicanas y 22
latinoamericanas responden a patrones que los teóricos del espacio urbano han planteado.
2. Modelos de crecimiento urbano Los primeros modelos formales de la ciudad se dan en Estados Unidos. Uno de estos modelos, el de Burgess (Ramírez Carrasco, 2003:119), es el urbano céntrico, que se ilustra en la imagen siguiente.
Figura 1. Modelo de los círculos concéntricos (Burgess)
Fuente: Ramírez Carrasco (2003)
Este modelo de crecimiento urbano se desarrolló en las primeras décadas del siglo XX por la Escuela Ecologista de Chicago, particularmente por Ernest W. Burgess. En su modelo de crecimiento de las ciudades, Burgess ubica un área central de negocios rodeada por una zona de transición o de deterioro donde se
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encuentran
viviendas
dilapidadas,
fábricas
y
edificios
abandonados,
presentándose niveles de inseguridad, delincuencia, deficiencias en los servicios públicos, etc. Posteriormente hay una zona de clase trabajadora, enseguida una zona residencial de clase media y por último, los suburbios, donde vive la clase alta que huye del tráfico citadino. Aparentando círculos concéntricos, según este modelo la ciudad norteamericana pasa de esta forma, de un centro deteriorado a zonas con menos facturas por el paso del tiempo, hasta llegar a las zonas industriales y por último los suburbios que están un poco distantes de la mancha urbana, donde viven clases acomodadas que huyen del tráfico, ruido y el vértigo del trajín constante de la ciudad central, así como de sus zonas residenciales deterioradas. El modelo de ciudad nos refiere a un crecimiento expresado en términos de clases sociales, donde el centro deprimido de la ciudad es receptor de una gran masa migrante que llega a barrios derruidos y con grandes índices de drogadicción, delincuencia, donde deambulan los homeless y la prostitución. Las críticas al modelo de Burgess cuestionan la validez de la zona como herramienta para la clasificación y ha sido sometida por investigadores contrastándola con diversas ciudades no ajustándose al modelo de círculos concéntricos y por lo tanto sus detractores consideran que es un modelo “generalista” y por lo tanto cae en el ideal de ciudad; aunque inicialmente Burgess su modelo lo hizo extensivo para cualquier ciudad o pueblo, finalmente argumentó que era sólo para ciudades norteamericanas y con vocación de actividades secundarias y terciarias (ídem, 72-73). 24
Figura 2. Modelo de los círculos concéntricos y la distribución habitacional
Fuente: Ramírez Carrasco (2003)
Otra posición teórica que expresa el crecimiento de las ciudades es el modelo polinuclear donde se evidencian los efectos del crecimiento urbano con un potente espacio urbano central y un crecimiento basado en discontinuidades y vacios internos expresados en la posición de infraestructuras y de algunas dinámicas propias de los diversos núcleos urbanos en relación con la globalidad del proceso. Por ejemplo la localización de la industria. En este modelo polinuclear resulta importante el papel de las formaciones urbanas que se denomina tramas residenciales (Vilanova, 1997:57). Las críticas al modelo polinuclear se centran en el elevado número de núcleos, lo que ha dificultado su generalización (Rodríguez Jaume, 2000:74).
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Figura 3: Modelo Polinuclear de Harris y Ulman.
Fuente: Tomado de Ramírez Carrasco (2003)
Fig. 4 Modelo polinuclear de Harris y Ullman de acuerdo a su distribución residencial y actividades productivas.
Fuente: Tomado de Ramírez Carrasco (2003)
El Modelo de crecimiento de los sectores de Homer Hoyt completa el modelo de Burgess, pues propone un diagrama en el que los límites impuestos por los
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círculos concéntricos de Burgess se interrumpen y se amplían del centro a la periferia, adoptando formas irregulares (Íbid.:72). En la teoría de Hoyt es importante tomar en cuenta el cambio, la movilidad y el crecimiento que toma principal estímulo la atracción ejercida con los sectores de la población más dinámicos de la población, con mayor poder adquisitivo y son estas las que se desplazarán por las principales y rápidas rúas de comunicación evadiendo el congestionado ambiente de la ciudad central. Entonces éstas élites tenderán a desplazarse a la periferia pero con gran contacto con las áreas donde originalmente de desarrollaron y eran originarios. Las críticas al modelo de Hoyt se centran en la visión simplificada de la localización de estratos sociales en la ciudad donde considera sólo el papel de los líderes, además de lo ambiguo del concepto “sector” y que representa el punto central de su teoría y modelo (ídem:74) Fig. 5 Teoría concéntrica de la estructura urbana y su aplicación en la ciudad de Chicago según Homer Hoyt.
Fuente: Tomado de Ramírez Carrasco (2003)
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Sin embargo la ciudad latinoamericana y en su caso la mexicana, aunque tiene algunos rasgos de la ciudad estadounidense, tiene la particularidad de la falta de planeación y la concurrencia de condiciones de una sociedad de gran desigualdad donde gran porción de la sociedad trata por todos los medios de hacerse de una vivienda que está muy lejos de su alcance. Ahí se ve la importancia que tiene el Estado de generar condiciones aceptables y la aplicación de políticas públicas para que la mayor parte de la población pueda adquirir un pedazo de tierra donde pueda edificar su vivienda. En tiempos recientes se habla de modelo de ciudad diseminada o difusa. Es en los años 40, cuando la expansión de los suburbios estadounidenses manifiesta un cambio radical y que marca el futuro urbano de este país. Se impulsa decisivamente la expansión del uso del automóvil como medio principal de transporte y de manera secundaria los otros medios de transporte como el avión y el transporte colectivo. En el plano productivo se da la mecanización en las actividades agrícolas, la desindustrialización del espacio y el crecimiento de las actividades terciarias, generaron una nueva configuración espacial productiva en los
Estados Unidos. El desarrollo de centros urbanos con tendencia
concentradora de sectores residenciales y productivos, se vio interrumpida con una tendencia a la conformación de manchas urbanas diseminadas y difusas con gran dinamismo urbano que se interconectan con un tejido de rúas donde se desplaza continuamente la población. Esta tendencia de diseminación urbana ha sido conceptualizada por diferentes estudiosos como ciudad-región, corona de ciudades, ciudad territorios, ciudad difusa, edge cities, metápolis y varios términos
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más (Nivón Molán, 2003:22). Este modelo representa grandes costos energéticos y por lo tanto ambientales, la elevación de gastos tanto de tiempo como recursos en aras de estar en contacto con la naturaleza y lejos de la dinámica exigente de la ciudad central. La tendencia actual es la conformación de áreas urbanas de baja densidad, pauta social que siguen las clases medias y bajas manifestando su fobia a los lugares caracterizados por la alta concentración poblacional, los barrios populosos y dan prioridad al uso del automóvil, a la conformación de condominios, de fraccionamientos cerrados que profundizan la segregación y guetización urbana, que aumentan las distancias y por lo tanto aumentan los costos en la infraestructura urbana (Borja, 2003:99). Como parte de la ciudad actual y la tendencia a las grandes aglomeraciones urbanas se maneja el término de las ciudades desdibujadas debido a su gigantesco tamaño como en el caso de la ciudad de México que forma parte de una megalópolis que agrupa un entorno peri urbano o suburbano compuesta por ciudades de distintos tamaños y funcionalidades, como ejemplo tenemos a la megalópolis compuesta por las ciudades, de Norte a Sur, de Boston, New Haven, Nueva York, Philadelphia, Baltimore, y Washington, DC (conocida como BosWash), que componen un continuo de unos 800 kilómetros de longitud o en el caso de Los Ángeles, que asemejan a un estallido de piezas que generan espacios aislados
y que constituyen ciudades fragmentadas, de ahí que la
escuela de Los Ángeles enfatice en sus estudios y análisis de las inclinaciones
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posmodernistas de unidades fragmentadas y separadas las unas de las otras en sus estudios sobre la ciudad (Monge, 2007).
Mapa 1. Área urbana del corredor urbano Boston-Washington denominada BosWash.
Fuente: Tomado de http://pages.infinit.net/syrius/boswash1.htm 14/1072012
En este efecto de ciudad diseminada,
cuando las ciudades son pequeñas
muestras de una tendencia hacia una expansión urbana relativamente concéntrica dentro de la lógica en que la población busca posicionarse en una cercanía con el centro, debido a que es donde se concentran las principales actividades y servicios de la localidad. Pero a mediados de los setenta, México empieza a experimentar un acelerado aumento en las tasas demográficas y un gradual cambio de modelo de desarrollo basado en el sector primario a un modelo basado en actividades secundarias y terciarias y que por lo tanto tienen su ubicación 30
espacial en las ciudades lo que ha conllevado en el corto tiempo un acelerado proceso de urbanización, es decir, de concentración poblacional en las ciudades. En medio de este modelo de desarrollo, las ciudades empiezan a ser receptoras de un elevado flujo demográfico que ya no puede ser absorbido por los espacios cercanos a la ciudad central, entonces la expansión urbana tiene a ubicarse en las periferias, lo que provoca cada día la incorporación de terrenos rurales, tierras de cultivo de temporal o de riego, zonas de conservación ecológica como bosques, los cuales van siendo presa ante la presión de las necesidades colectivas. De esa forma se da la transformación del territorio de rural a urbano. Este proceso se da inicialmente, a lo largo de los caminos, carreteras o autopistas que unen a las ciudades con otros poblados de la región. Por estas rúas circula la población que habita en las localidades cercanas a la gran ciudad y que se traslada a diario al centro urbano, convirtiéndose estas arterias en
corredores urbanos y con el
tiempo se empiezan a ubicar sobre ellas una serie de infraestructura en bienes y servicios para satisfacer la demanda de la nueva población de la zona. Esta vocación de dichos corredores urbanos impulsa a su vez una tendencia de urbanización imparable. Como lo afirma la teoría de los círculos concéntricos en todo este proceso de expansión hacia la periferia, los “centros históricos” de las ciudades inician un proceso de depauperización y a despoblarse. Dependiendo el dinamismo de las actividades económicas de la ciudad, el anterior proceso descrito puede manifestarse en un lapso de 50 años en el que se puede llegar a triplicar o cuadriplicar su población. Este fenómeno de expansión urbana
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incontrolada se da en el ámbito nacional, con variaciones de intensidad dependiendo del tamaño de cada ciudad (Bazant, 2008:119-120). En el caso de la ciudad de cabo San Lucas, el trabajo de Actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos (2011), plantea para la ciudad de Cabo San Lucas un modelo de crecimiento polinuclear, impulsando la consolidación de un centro urbano principal y tres subcentros urbanos que congregarán actividades para satisfacer en alguna medida la demanda de las zonas aledañas a este centro y subcentros, espacios de esparcimiento y comercio con el fin de descentralizar la vida urbana y la utilización óptima de la ciudad. Para conocer y abordar el caso de las ciudades mexicanas es necesario analizar las dinámicas de crecimiento y problemas que aquejan a las ciudades latinoamericanas, que en cierto sentido nos unen por afinidad cultural y también por el modelo de desarrollo que han seguido al igual que nuestro país.
3. Las ciudades en América Latina Desde la mitad de los años 70, las ciudades latinoamericanas han sufrido una serie de cambios importantes originado principalmente por una reducción del crecimiento urbano debido a la baja en la migración campo-ciudad y a la modificación en las políticas públicas en que se basaba el desarrollo urbano, en este contexto las reformas económicas de los 90 con la eliminación del Estado Obeso
mediante
la
privatización
de
las
empresas
paraestatales
y
el
desmantelamiento del sistema social afectó de manera sustancial la capacidad de 32
gestión del Estado y por lo tanto su capacidad para adoptar medidas para redistribuir la riqueza y evitar profundizar la brecha entre ricos y pobres (Janoshcka, 2002:2). La imposición de las políticas reaganeanas y su aplicación por los organismos financieros internacionales debilitó la capacidad del Estado y dejó en el libre mercado las soluciones para los temas educativos, de salud y vivienda. Existe una gran diferencia en los cambios entre los países de América Latina y los países del norte, ya que de manera tardía nuestro subcontinente inició su proceso de industrialización; en los años 30 su economía se basaba en la explotación de recursos naturales, como la extracción del petróleo y carbón, la explotación agroindustrial del plátano, el tabaco y otros productos agrícolas, hasta que en los años cuarenta inicia un proceso serio de industrialización por medio de la sustitución de importaciones; esa nueva condición era consecuente con la búsqueda de nuevas forma de ocupación territorial, las cuales no fueron planeadas y por el contrario fueron uno más de los resultados directos de los procesos acelerados de industrialización, con crecimientos sin forma y espontáneos sobre el territorio (Torres, 2005:68). En las ciudades de América Latina y el Caribe, los pobres urbanos viven una situación
donde
sus condiciones y carencias
expresan directamente
e
indirectamente su situación económica vulnerable. En esta latitud, la pobreza urbana está asociada a los bajos ingresos relacionados con empleos precarios, falta de un sistema educativo estructurado y falta de patrimonio, reflejando inequidades por razones de género. La precariedad urbana, entendida como la 33
proporción
de
los
hogares
que
no
tienen
cubiertas
sus
necesidades
habitacionales, tales como la materialidad de la vivienda, acceso a servicios como agua, electricidad, drenaje (Winchester, 2008:28) se hace cada vez más evidente al momento de ganar terreno las políticas de precarización del trabajo y la pérdida de conquistas sociales. En la mitad del siglo XX, las más grandes ciudades latinoamericanas se vieron ampliamente favorecidas en su desarrollo y crecimiento de forma explosiva durante el desarrollo basado en la industrialización vía sustitución de importaciones. Es en este marco que hasta 1970 las ciudades fueron fuente de atracción de un gran número de industria manufactureras; estas ciudades concentraron la toma de decisiones políticas, un creciente aparato burocrático y un amplio sector servicios lo cual, a su vez, las convirtió en las principales metrópolis de cada país con altos índices de dominancia. Este proceso originó que no crecieran ciudades vecinas, ya que las ciudades centrales fueron capaces de consolidar sus ventajas locacionales a través de sus altas tasas de crecimiento económico, su gran atracción de migrantes y mercado cautivo (Aguilar, 2002:4-5). En las últimas décadas las ciudades en Latinoamérica cambiaron su estructura y fisonomía. Se han diseminado por la geografía urbana elementos nuevos y a veces aún predominantes como los muros y cercas alrededor de barrios y las barreras en calles. Estas manifestaciones son copias de los barrios cerrados, gated communities norteamericanos, que emula la arquitectura medieval amurallada. Aunque para algunos autores la arquitectura de la segregación y separación tiene una larga tradición en América Latina y ponen como ejemplo las 34
casas de patio que significaron una ruptura brusca entre el espacio público y privado. Se pueden citar otros ejemplos del espacio amurallado y separado del espacio público como instalaciones eclécticas, conventos, vecindades etc. Por eso los barrios cerrados nuevos, que nacieron en las últimas décadas, tienen raíces en la tradición cultural latinoamericana. Sin embargo con la influencia de globalización y transformación económica y sus consecuencias de desregulación del desarrollo urbano son fuerzas poderosas que fortalecen el proceso y desarrollo de cotos exclusivos (Borsdorf, 2003:1) y que se han hecho cada día más comunes a partir de la gran crisis de seguridad que se manifiesta en naciones como México. La tendencia de las últimas décadas es de un proceso de urbanización que se ha acelerado y actualmente cerca del 50% de la población mundial se concentra en ciudades. En el caso de América Latina la población que vive en las ciudades rebasa el 75% de la población. Las ciudades latinoamericanas del presente se caracterizan por tener variados problemas que se relacionan con las formas de movilidad, los procesos político administrativos de descentralización, el hambre, la miseria y el desempleo, constituyéndose un vacio social, las nuevas formas en que se manifiesta el delito; el tamaño de las ciudades con altos volúmenes de concentración de la población y funciones debido a que cumplen con funciones económicas, políticas y administrativas. principales
ciudades
latinoamericanas
La enorme mancha urbana de las representa
grandes
problemas
de
desplazamiento, lo cual incide directamente en el bienestar de las poblaciones al tener que destinar más tiempo útil para trasladarse de un lugar a otro para poder atender sus obligaciones sociales y económicas.
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Muchas de las naciones latinoamericanas han dado primacía al transporte individual, lo que provoca que los sistemas de transportes masivos sean incompletos e ineficientes, sin embargo se han buscado algunas soluciones como en el caso de Bogotá o la Ciudad de México, donde se impulsan más extensiones del sistema colectivo de transporte Metro. Los problemas de desplazamiento también afectan la capacidad de relacionamiento con las localidades de la región e incluso global ya que algunos aeropuertos de la región quedaron en medio de la mancha urbana y no hay posibilidades de ampliar sus instalaciones, algo necesario para su conectividad en medio de un mundo globalizado; y más cuando el desarrollo del transporte ferroviario no ha sido una alternativa explorada y menos aun las hidrovías navegables por la infinidad de ríos presentes en Latinoamérica (Torres Tovar, 2005:69). De acuerdo con Clichevsky (2000) la población latinoamericana se ha asentado mayoritariamente en ciudades-áreas metropolitanas, donde en el año 2000 habitaban 351 millones de personas. Si en 1970 la población urbana representaba el 57,2% del total en 1970, en 1995 alcanzó el 73.4%, y según proyecciones se llegará a 85% en el 2025. De acuerdo con el desarrollo de cada país, este proceso de urbanización fue muy intenso en algunos países desde la década del cuarenta, mientras que en otros sólo a partir de los años setenta poseen crecimiento importante de su población urbana. La urbanización y el crecimiento de la mancha urbana
de las grandes ciudades
continuaron de
manera sostenida durante la década de los 90, con tasas de crecimiento superiores al periodo de 1965-1980 en los países más pobres. Aunque se ha
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manifestado un descenso importante en las tasas de crecimiento de la población, en las últimas dos décadas el ritmo anual de crecimiento de los hogares se ha mantenido en un nivel alto y en varios países se ha acelerado. De la misma forma Clichevsky observa que una considerable población urbana vive en condiciones de pobreza e indigencia y en la mayoría de los países (años 90) la proporción de hogares pobres es aún más alta que en los años setenta, con lo que la aplicación del modelo neoliberal ha aumentado los porcentajes de pobreza en la población. Asimismo, la autora nos revela que la cantidad de pobres urbanos pasó de 63 millones en 1980 a 122 millones en 1990. En otro tenor, la polarización se ha acrecentado a causa de una distribución del ingreso que se vio reflejado en una riqueza más concentrada e inequitativa que a fines de la década de los años 70. Así, el crecimiento de la población de las ciudades latinoamericanas ha traído como consecuencia el crecimiento de sus tradicionales problemas de carencias de lugares adecuados para vivir, específicamente para los sectores pobres, consolidándose la informalidad. Se han elaborado diferentes interpretaciones acerca de la informalidad que es característica inherente de las sociedades capitalistas dependientes (Melcher y Mattie, 1992:60-63), entre ellas las que se considera que este fenómeno se da a partir de la característica de economía periférica de América Latina y se consideran como economías periféricas debido a que importan tecnologías que están fuera del alcance de su desarrollo y como consecuencia la mano de obra nativa no está en posición de accesar a esas fuentes de trabajo, por lo que la informalidad es una vía para sobrevivir. Existe otra 37
posición que ve a la informalidad como el resultado de un reducido sector “moderno” en las economías de los países latinoamericanos que da como resultado el obstáculo para generar puestos de trabajo. Hay otra posición que ve en dos factores el crecimiento de la informalidad en las sociedades y tienen que ver con la existencia de un excedente de fuerza de trabajo y el crecimiento demográfico que experimentan estas naciones. En los años recientes, se ha consolidado una teoría que explica que la informalidad ha sido el producto de una excesiva burocratización que impide la instalación de empresas que generen lo empleos que demanda la sociedad. La informalidad ha sido un signo de las ciudades de América Latina. La conversión de la mayoría de los países latinoamericanos de ser eminentemente rurales a ser urbanos ha generado una tímida respuesta de las autoridades nacionales como locales, lo que ha provocado la falta de empleos y espacios para vivir, ante esto la informalidad y precariedad ha sido la divisa. En el caso de nuestro país no ha estado ajeno a estas problemáticas. El desarrollo industrial encarrilado desde inicios de los años cuarenta y el recrudecimiento del crecimiento vertiginoso de la población urbana producto de la descapitalización del campo trajo como resultado grandes problemas en la conformación de las ciudades.
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II. EXPANSION URBANA EN POLOS TURÍSTICOS EN MÉXICO México tiene una similitud de su desarrollo urbano con América Latina, donde la migración campo ciudad fue el factor detonante de su transición de lo rural a lo urbano debido a su proceso de industrialización, sin embargo, a principios de la década de los años 70 el impulso de polos de desarrollo turístico por parte del Estado mexicano dio pie al surgimiento de ciudades como Cancún y Cabo San Lucas que presentaron elevadas tasas de crecimiento poblacional; que a la par trajo consigo diferentes problemáticas inherentes a la expansión acelerada de estas localidades.
1. Las ciudades en México México inicia el presente milenio con una realidad eminentemente urbana. En la actualidad,
se cuenta con 383 ciudades, incluidas 56 Zonas Metropolitanas
quienes conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN). A partir de los años setenta se estableció una parámetro para considerar a una sentamiento como ciudad, dicho parámetro fue la cantidad de habitantes, para lo cual se consideró como localidad urbana quienes tienen de 15 mil a más habitantes; este elemento se utiliza para definir a las ciudades en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 que aun está en vigencia (ONUHábitat, 2011:14). En la realidad urbana del país, en el 2010, los habitantes de las localidades urbanas en México representaban el 72% de la población total y los habitantes de 39
las zonas metropolitanas el 56%; por lo tanto los retos que enfrenta el país son sobre todo urbanos y metropolitanos. (Ibíd.). Para entender la evolución del crecimiento urbano de nuestro país,
la ONU-
Hábitat ha ubicado tres etapas o fases: 1) urbanización lenta y predominio rural (1900-1940), 2) la urbanización acelerada y preeminente (1940-1980) y 3) urbanización moderada y diversificación (1980 a la fecha). La primera fase, de la denominada urbanización lenta y predominio rural, se llevó entre 1900-1940. En esta etapa la Zona Metropolitana del Valle de México se consolidó como la ciudad más importante del país, dominó el sistema urbano nacional y se convierte en el principal destino de migración interna, derivado de la migración campo-ciudad y por ser centro económico, político y social. En la segunda fase, la Zona Metropolitana del Valle de México continuó creciendo alrededor de su centro; por otro lado, se empezaron a consolidar, la segunda y tercera ciudad, Guadalajara y Monterrey, que crecieron a tasas por encima del promedio urbano nacional; de la misma manera se inició el proceso de suburbanización metropolitana de la Ciudad de México. Fue en la segunda fase cuando el país cambió de ser eminentemente rural a uno de carácter urbano. La concentración económica y poblacional de la ciudad de México fue un problema que ya se planteaban dentro de las políticas públicas, así que en 1978 se promulgó el Primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano de México, que tenía como objetivo principal de descentralizar la industria de la ciudad capital y promover el crecimiento de las ciudades intermedias. Durante los años de sesenta y setenta se dio el auge de algunas ciudades intermedias, que mostraron gran dinamismo, algunas de ellas con clara influencia 40
de la Ciudad de México como Puebla, Toluca, Querétaro y Cuernavaca. En estas décadas el proceso de metropolización de la capital del país se transformo en uno de suburbanización, con la salida de habitantes del centro del país y refugiarse en los suburbios de la periferia (ONU-Hábitat, 2011:16). En la tercera y última etapa – la actual – se expresa la pérdida del ritmo de crecimiento de la Ciudad de México; de esta manera la población definitivamente deja de concentrarse en unas cuantas zonas urbanas, la concentración de la población deja de focalizarse en ellas y se empieza a diseminar entre las grandes ciudades del país. En la década de los ochenta y los noventa se da el crecimiento de la población en ciudades industriales que se encuentran alrededor de la Ciudad de México. La Zona Metropolitana de Toluca es de las que más creció mostrando una tasa de crecimiento similar a la población urbana nacional. El crecimiento de esta Zona Metropolitana fue acercándose a la Zona Metropolitana del Valle de México, lo que dio lugar a una megalópolis. El segundo grupo de ciudades más dinámicas durante esta etapa fueron las ciudades fronterizas del norte del país (1980-1990). Este dinamismo fue producto de la expansión de la industria maquiladora que fue un gran foco de atracción a población de estados diversos del país en busca de puestos de trabajo. Después de las ciudades fronterizas maquiladoras le siguen las ciudades turísticas y portuarias. La que más destaca por su crecimiento es la Zona Metropolitana de Cancún-Islas Mujeres, este ha sido muy rápido, ya que en tan sólo dos décadas cuadruplicó su población, esto a partir del impulso del gobierno federal a través de FONATUR y la creación del Centro Integralmente Planeado Cancún. Por último
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otro grupo que destaca por presentar tasas mayores que el conjunto del SUN, son ciudades manufactureras del interior y las situadas en el noroeste en las zonas agrícolas de alta productividad (ONU-Hábitat, 2011:17). En términos absolutos para el 2009, las ciudades ocupaban el 0.6 del territorio nacional, sin embargo, su crecimiento territorial en las últimas tres décadas se dio a una tasa de 7.4% anual, superando por mucho a la población total y la urbana que lo hicieron al ritmo de 1.7% y 2.7% de manera respectiva. La dispersión y fragmentación de las ciudades en México ha creado un sistema urbano que no brindan sustentabilidad tanto en lo económico, social y ambiental (Ibíd.). El proceso de urbanización en nuestro país es un fenómeno irreversible y con costos muy elevados para la sociedad por la poca planeación y ordenamiento, problema que se ha manifestado concretamente en terrenos de núcleos agrarios que han sido devorados por la mancha urbana, con o sin su consentimiento, alterando sus premisas organizativas y productivas. Por lo tanto puede señalarse que en todo proceso de urbanización en México que se haya producido desde fines de los años 40 hasta la actualidad, ha ocurrido en detrimento de tierra ejidal o comunal y en mucho sentido, a través de procesos de irregularidad, propiciado por el desorden y la anarquía con el que crecen los principales centros urbanos del país donde se han incorporado desde las décadas anteriores una gran masa de migrantes provenientes del campo, esto sucedió tanto en los centros urbanos históricos como Guadalajara, Monterrey y la Cd. de México, o las ciudades que emergieron en el transcurso de las últimas tres décadas (Aguado y Hernández, 1997). 42
Desde los años setenta, las invasiones y asentamientos en condiciones de informalidad proliferaron en terrenos ejidales y comunales, lo que manifestaba el crecimiento explosivo y anárquico de las ciudades, lo que generó una presión creciente sobre los tres niveles de gobierno; el concepto de asentamientos irregulares, invasiones, ciudades perdidas o cinturones de miseria se utilizó en análisis y reflexiones en materia urbana, como consecuencia
de la oferta
insuficiente de suelo barato para las masas empobrecidas, que propició una tendencia de invasiones y venta ilegal de lotes de núcleos agrarios violando los usos de suelo con la esperanza de una eventual regularización. Ante la situación de irregularidad, el gobierno comenzó a diseñar una serie de políticas públicas tanto a nivel local, municipal, estatal como nacional para enfrentar esta problemática. Bajo este tenor, el gobierno federal no sólo reconoció lo grave del problema sino promovió la constitución de instituciones que de manera especial se dedicarán a regularizar la tenencia de la tierra y a favorecer la incorporación de tierra ejidal para vivienda y desarrollo urbano, su actuación será bajo dos vertientes: la primera que tiene que ver con medidas correctivas regularizando aquellos asentamientos irregulares que se originaron violentando los usos de suelo y la segunda vertiente de
carácter preventivo impulsando la
creación de reservas territoriales a cargo de las instituciones del sector urbano gubernamental. Para ello, en 1971 el gobierno federal por decreto presidencial creó el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad y de la Vivienda (Indeco) como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios 43
cuyas principales atribuciones iniciales fueron la construcción de vivienda de bajo costo, fraccionamientos para trabajadores de escasos recursos y realizar todo tipo de operaciones inmobiliarias. En 1978, el Indeco se convierte en agente inmobiliario federal, con la facultad de integrar y administrar el sistema tendiente a satisfacer las necesidades de tierra para el desarrollo urbano que requieren los centros de población con el objeto de regular el mercado de terrenos y evitar asentamientos irregulares. De la misma forma el 20 de agosto de 1973 por acuerdo Presidencial surge el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra como un organismo desconcentrado de la administración pública federal con el objetivo de impedir, regularizar y prevenir los asentamientos humanos irregulares por la vía expropiatoria, tanto de terrenos de origen ejidal y comunal como los de origen privado. Dicho Comité se encontraba dentro de la estructura organizativa del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. En 1974 este Comité se transforma, vía decreto, en la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargada de regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares y visualizar la creación de reservas territoriales de los núcleos urbanos. Entre los años de 1991 y 1993 se realizaron las grandes reformas constitucionales al régimen agrario, que plantea de manera fundamental la finalización del reparto agrario, facilidades para disposición de la propiedad social y el término de la dependencia de los ejidatarios para con el gobierno, pues estos adquirirían títulos de propiedad. Estos cambios impactaron al marco jurídico en materia de
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asentamientos humanos con la promulgación en julio de 1993 de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH, 1994), que en su artículo 38 se establece que: El aprovechamiento de áreas y predios ejidales y comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento urbano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como en las reservas, usos y destinos de áreas y predios.
De esta manera se dieron causes legales para la incorporación de la tierra social al desarrollo urbano y se resolvió el obstáculo constitucional que representaba el hecho que las tierras de propiedad social no se pudieran enajenar. Estas disposiciones afectaron a la mayoría de las ciudades mexicanas, pues en su alrededor existía tierra ejidal lo que obstaculizaba la expansión urbana de manera formal, por lo cual esta se daba de manera irregular. El caso de los polos turísticos de nuestro país y especialmente para este estudio Cancún y Los Cabos, la tierra de origen ejidal fue fundamental para su crecimiento. Las ciudades que emergieron de los Polos Turísticos en México, se da a partir de los efectos de esta actividad detonadora y en el caso de los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), se ha expresado en un crecimiento acelerado (Caso Cancún y Los Cabos) que rebasó la capacidad de respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno, dando como resultado la informalidad y precariedad urbana.
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2. Expansión urbana en polos turísticos en México Para entender el crecimiento explosivo de las ciudades turísticas costeras del país como es el caso de Cabo San Lucas, Baja California
Sur es indispensable
analizar la teoría de los polos de desarrollo, así como las consecuencias que tiene en la constitución del entramado urbano, pues es a partir de un programa federal en instituciones públicas del ramo turístico donde se impulsan los llamados CIPs específicamente por FONATUR y que tiene como objetivo desde el punto de vista gubernamental ser una estrategia de desarrollo turístico que sin embargo a generado tanto efectos positivos como negativos, que más adelante revisaremos. Esta estrategia de desarrollo regional a partir de los CIPs se acomoda perfectamente a la teoría de los Polos de Desarrollo, aun cuando su propuesta original era para centros industriales; aunque lo importante y como afirma la teoría se da a partir de una actividad económica que originarán fuerzas centrífugas y centrípetas que dinamizará la economía resultando un efecto multiplicador donde surgirán economías de escala que serán beneficiadas por el dinamismo de la actividad económica central, que para este caso es el turismo. La teoría de los Polos de Desarrollo fue presentada inicialmente por François Perroux, el principal exponente de esta teoría nos dice que el espacio económico, es un campo de fuerzas, compuesta por polos que están en continuo movimiento del centro hacia afuera y de afuera hacia el centro. Es en ese sentido que Perroux argumenta que las empresas dominantes debido a su eficiencia, son capaces de hacer uso eficaz de las innovaciones, lo que se traduce en un aumento en la producción (Peña Sánchez, 2006:49) 46
Esta teoría se centra fundamentalmente en el lado de la demanda. Parte de la existencia de una unidad de producción - conocida como polo de desarrollo – que impulsa exógenamente a un efecto multiplicador. Esta unidad de producción, en este contexto geoeconómico produce una serie de efectos de atracción (y/o polarización) y de desarrollo alrededor del lugar donde está establecido: a) atracción de un número elevado de trabajadores por una mayor remuneración; b) la instalación de empresas intermedias que abastezcan a la unidad de producción principal; c) altas tasas de inversión que traen como consecuencia un acelerado crecimiento y redistribución de los beneficios; d) ventajas de localización como producto de la creación o existencia de infraestructura o mano de obra capacitada o especializada; y e) mejores niveles de conocimiento de técnicas tanto en el ámbito empresarial como de gestión generado por efectos del aprendizaje o el perfeccionamiento de lo que ya se realiza (ibíd.:49-50) El desempeño de las empresas dominantes se expandiría, generando un efecto multiplicador en la sociedad. Así desde el punto de vista de esta concepción, se debe dar cierto grado de polarización para que las grandes masas se beneficien. Asimismo esta teoría manifiesta que no en todas partes se presenta el crecimiento económico, sino que se manifiesta en “polos” de crecimiento que varía en su intensidad, propagándose por diferentes vías en la economía. De acuerdo con lo anterior, un polo de crecimiento de desarrollo se concreta a partir de ciertas actividades propulsoras o detonadoras que impacta en torno a una periferia y que es capaz de inducir al crecimiento (Tello, 2010:55-56). Así, para esta concepción teórica
los
polos
de
crecimiento
y
desarrollo
se
ajusta
a
espacios 47
sociodemográficos deprimidos que necesitan el impulso inicial de una actividad detonadora que surtirá efectos multiplicadores elevando el nivel de empleo y de vida de la población beneficiada. Aunque el polo de crecimiento fue definido desde el elemento de la actividad industrial como una serie de industrias ligadas, interrelacionadas de manera constante y que están alrededor de una industria líder que es capaz de generar un crecimiento sostenido de la economía, en la cual se producen así una serie de beneficios generados por la industria impulsora que impacta de manera positiva a las industrias que la abastecen (Toral Arto, 2001:47). La teoría de los polos de crecimiento da importancia a los procesos de localización y de acumulación. Esta se originó en la década de los cincuenta en base a la teoría del desarrollo polarizado. El eje principal de esta teoría se basa en que los mecanismos de acumulación de capital producen un desarrollo desigual dentro del territorio, por lo que esto propicia desigualdad de desarrollo en los países donde se implanta, pues genera que unas cuantas ciudades sean receptoras de los beneficios (Lozano Cortés y Ramírez Loria, 2007:44). Para muchos países, el turismo es considerado como un instrumento para la edificación de nuevos espacios de crecimiento y desarrollo regional y territorial. En este sentido, las áreas de destino son localidades dinámicas expuestas a la evolución del desarrollo del turismo. De manera obvia la evolución del espacio depende de los cambios en las preferencias y necesidades de los viajeros o la manera como se adapten a los cambios en los comportamientos de los sujetos turísticos, además del deterioro físico e infraestructuras y el cambio producido en 48
las atracciones que tenía o tienen los lugares, ya sea en la naturaleza o en sus construcciones culturales. De esta manera la dinámica y desarrollo de una localidad turística está estrechamente condicionada por los elementos territoriales, económicos y sociales que lo identifican, la situación económica de la región donde se ubica y situación económica nacional e internacional que afectan a la demanda y la oferta. El comportamiento de la demanda está influido por los cambios políticos y económicos a nivel mundial, así como por la oferta y las campañas de promoción tanto a nivel local como foráneo. Cada localidad de destino turístico tiene una estructura territorial, una imagen, una oferta de consumo, una estructura poblacional, un mercado de trabajo, una estructura empresarial y una gestión pública gubernamental y que lo singulariza del resto de los destinos turísticos que compiten en el mercado turístico (Berseny, 2006: 110-112). En el caso de la expansión del turismo masivo en el litoral se origina una homogeneización en cuanto a las formas de creación de la oferta basada en el turismo de sol y playa con fuerte concentración espacial sobre la costa. Para el turismo de sol y playa, dedicado a las masas se aplicó en modelo de producción fordista que se refleja en el crecimiento de cuartos de hotel, de la oferta de alojamiento y por lo tanto un aumento de los flujos turísticos en los centros de recepción. De la misma forma al masificarse, se reducen los costos y tiempos de traslado permitiendo el acceso de nuevos espacios a los mercados turísticos localizados a mayor distancia de los principales centros emisores y unidos en
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menor tiempo con rutas aéreas y terrestres que trasladan a un mayor número de usuarios. La incorporación de destinos turísticos alejados, en las periferias, se empezó a impulsar a partir de la década de los años sesenta, aprovechando sus ventajas comparativas como exotismo, calidad ambiental, tarifas reducidas, contacto con la naturaleza, etc. y que basan su competitividad en la diversificación del producto turístico (Berseny, 2006:107). En un destino bien planificado y controlado se apreciarán efectos positivos del turismo y que eso ayude a conservar el medio ambiente o impactar lo menos posible el entorno. Para ello hay que impulsar la conservación de áreas naturales o zonas de recreación al aire libre a través de la concreción de reservas naturales para evitar el daño ecológico. En este sentido los programas de conservación representan un estímulo para limpiar el medio ambiente a través del manejar de manera adecuada el aire, agua, contaminación acústica, manejo de residuos y evitar la contaminación visual (Ibíd.). Una de las estrategias empleadas por el gobierno mexicano para desarrollar zonas de poco desarrollo o deprimidas es el impulso de la actividad turística como actividad detonadora y que se circunscribe al modelo anterior descrito. El impulso a la actividad turística como política de Estado, en el caso mexicano, ha sido por parte de la Secretaria de Turismo que fue a partir de diciembre 27 de 1974 fecha que se publicó el decreto correspondiente, elevó a rango de Secretaría de Estado al anterior Departamento de Turismo, otorgándole una estructura para atender nuevas atribuciones, así como mayor presupuesto, para encaminarlos a la planeación y desarrollo de la actividad turística. Para 1980 se decretó la Ley 50
Federal de Turismo que tenía como objetivo promover tanto el turismo doméstico como el internacional; así como el fomento y desarrollo de la oferta turística, la conservación, mejoramiento de los recursos turísticos y en general, la planeación y programación de la actividad turística. Aunque con antecedentes de 1956 del Fondo de Garantía y Fomento al Turismo en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines; del Fondo de Promoción e Infraestructura Turística en 1969 en el ocaso del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, el FONATUR fue creado en enero de 1974 en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez y de acuerdo con la página oficial del FONATUR, su misión es “ser la Institución responsable de la planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto nacional, el órgano de fomento a la inversión a la capacitación del sector, así como la entidad nacionalizada que aporte su experiencia a regiones, estados y municipios, y a la pequeña y mediana empresa”. A través de su operación, FONATUR, ha impulsado la creación de polos turísticos llamados por la institución como Centros Integralmente Planeados (CIPs) como Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Huatulco y los más recientes Nayarit-Litibú y Sinaloa-Teacapán. Esto se ilustra en la tabla1. Tabla 1: Centros Integralmente Planeados impulsados por FONATUR No. CIP ESTADO AÑO DE INICIO 1 Cancún Quintana Roo 1974 2 Ixtapa Guerrero 1974 3 Los Cabos Baja California Sur 1976 4 Loreto Baja california Sur Años ochenta 5 Huatulco Oaxaca 1985 6 Nayarit Nayarit En la actualidad 7 Sinaloa-Teacapán Sinaloa En la actualidad Fuente: Elaboración propia con base a información de FONATUR
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En los años sesenta, múltiples estudios y diagnósticos de la situación real de la actividad turística mundial y nacional, revelaron la importancia económica del turismo como generador de divisas, de sus supuestos efectos multiplicadores en la generación de empleos y de su efecto en el desarrollo económico de las regiones. Como se mencionó, en esa época se tenía una Dirección de Turismo, se carecía de una política turística de largo plazo y no había una política de Estado para otorgar financiamiento a proyectos turísticos que redundaran en el crecimiento del sector. De ahí que una de las prioridades del gobierno mexicano fue fortalecer los destinos tradicionales existentes como Acapulco, Mazatlán, Puerto Vallarta, Zihuatanejo y Cozumel; además, se optó por diversificar la oferta turística y explorar otras alternativas: los CIP. (Calderón Maya, 2009:24). En consecuencia, en México, la actividad turística en las zonas costeras se convirtió en un elemento muy importante; en muchas regiones del país y para la economía en general, el turismo de playa ha sido uno de los más importantes en cuanto a la generación de ingresos económicos. A la par de estos beneficios económicos, también se tienen efectos perniciosos desde el punto de vista urbano, social y ambiental, que vulneran el equilibrio ecológico de zonas costeras, los lugares y ciudades que posibilitan la actividad (Enríquez, 2008) En la lógica urbana de los centros turísticos costeros y dentro del entorno socioeconómico expansionista en el que emergieron, la mayor parte de los conjuntos habitacionales se crearon en un trazado monótono, impersonal y que se tradujo en uniformidad, a veces en fuerte contraste con los edificios de la población locales, que daban a conocer historia e identidad. En muchos casos, sin
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embargo, estos centros turísticos iniciaron sin los equipamientos y servicios básicos mínimos, tuvieron que apoyarse de la infraestructura limitada de la ciudad o pueblos cercanos, así como de su estructura político administrativa, dependiendo de ese centro funcional. Del mismo modo, grandes extensiones de los municipios dedicados al turismo residencial, nacieron y se consolidaron siguiendo estas mismas pautas de crecimiento de la periferia de ciudad, caracterizadas igualmente por su infra dotación de servicios, una vez asegurado el sol y la playa como principal polo de atracción turística y recurso a explotar. La euforia inicial y la afluencia constante de la demanda a los espacios turísticos, hizo que se olvidara la peculiaridad de estas áreas residenciales y la necesidad de recibir un tratamiento específico, que no ha sido tomado en cuenta hasta la recesión de finales de los años ochenta, en que se puso claramente de manifiesto la calidad de la oferta. Parece evidente que la implantación turística, residencial o no, debe responder a una concepción de producto global, que incluya alojamiento y equipamiento complementario, pero también un entorno cuidado, un servicio y una organización destinada a satisfacer las demandas recreativas de la sociedad, y no a repetir las estructuras, formas y usos de la ciudad. Hubiera sido importante, en ese sentido, planear un desarrollo incluyente del entramado urbano en los asentamientos del turismo vacacional o residencial, que fuera garantía en el futuro y pudiera sobrevivir, ante un resultado producto de una precarización constante, donde los temas de falta de infraestructura y de inseguridad llegaran a ser el paisaje constante. Hubiera sido preciso, entonces, además de asegurar el paisaje natural de la playa, lograr una estructura e
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infraestructura que garantizara asentamientos con mejora en sus instalaciones de alojamiento, equipamiento y cuidado del entorno medioambiental como premisas fundamentales, combinando una mejor atención al visitante, con una mejor calidad de vida para quien habitara la ciudad turística como soporte fundamental de su actividad económica: sus trabajadores. Todo ello hubiera contribuido a mejorar el trato y satisfacción del cliente (Navalón, 1999:411) El cuidado del medio ambiente era un elemento fundamental, al que se tendrían que orientar las actividades generadas por la demanda turística, por ejemplo, para hacer de la contemplación y estudio de la naturaleza, que involucre a otros actores y el turismo como actividad económica no se base solo en las actividades de sol y playa, que por lo regular han sido de gran impacto para el medio ambiente (Ibid.) En las ciudades costeras donde la base de su economía es el turismo, los efectos más notables de esta actividad son los cambios de uso de suelo y el crecimiento demográfico. Los elementos naturales como manglares, humedales, dunas y playas son elementos sustituidos por hoteles, marinas, conjuntos habitacionales de lujo, campos de golf, malls y locales comerciales que le dan servicio al turista sobre
todo.
Estos
enclaves
turísticos
asemejan
a
burbujas
turísticas
estandarizadas producidas hasta la saciedad en diversos países, creando islas de riqueza dramáticamente diferenciadas y apartada del paisaje urbano que lo rodea. En estos espacios turísticos se consolida un régimen no democrático, vertical y autoritario, aunque estos espacios de control social a veces no es total ya que algunos sectores de la ciudad donde no está el mercado turístico de oropel y glamour, está dispuesta a capturar a algunos visitantes que se dan cuenta, de la 54
distopía urbana (Judd, 2003:52-53), de la realidad que desdice el mundo perfecto de los lujos y comodidades de la parte opulenta del enclave turístico y que pone en entredicho el paraíso que se vende en las revistas y promocionales en aras del mercado de las ilusiones.
Se le da una artificialidad y una homogeneidad al
contexto geográfico, con el resultado de generar paisajes “atractivos” para el turista, mayormente estadounidense: campos de golf, arquitectura “mediterránea,” copiada o importada de California, restaurantes y bares americanos, boutiques internacionales, hoteles “todo pagado”, etc. Al lado de estas zonas exclusivas, “de ensueño”, se da un fuerte crecimiento poblacional. La actividad turística resulta ser una fuente de atracción de rápido crecimiento demográfico y urbano, sea de algunos centros turísticos deprimidos o de pueblos, ciudades y entidades aledañas y distantes, que sufren graves carencias de empleo, impactando en el crecimiento de la mancha urbana del polo turístico. En consecuencia, el turismo dramatiza la dualización social y espacial: la existencia de los centros turísticos costeros con zonas turísticas dinámicas, con gran infraestructura y por otro lado un sector de la ciudad sin planeación con grandes carencias de infraestructura y equipamiento urbano, fuente de mano de obra para la “ciudad de primer nivel”. La gran masa de trabajadores atraída por los empleos que ofrece esta actividad detonadora agudiza los problemas del acceso a la vivienda y la introducción de servicios públicos. Se acentúa la precariedad social a partir de un crecimiento explosivo y una falta de respuesta oportuna de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. De tal suerte,
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los enclaves turísticos costeros se alejan de cualquier planeación deseada y hacen de la segregación y la fragmentación su mayor divisa (Ibíd.). El turismo, entonces, tiene un costo social y urbano sumamente importante: se da un crecimiento explosivo de la ciudad y una creciente precarización de las formas de vida de los inmigrantes – nuevos residentes - que llegan en búsqueda de oportunidades de trabajo. Muy pronto se presenta la posesión ilegal de terrenos debido a la escasez de la tierra y su encarecimiento, además del aumento de la inseguridad. Por su parte, las administraciones municipales carecen de los recursos necesarios para dotar a la ciudad de infraestructura y equipamiento urbano; se muestran igualmente incapaces para conducir de manera racional el crecimiento de la ciudad. Así que las zonas de diversión de la parte dinámica de la ciudad no están al alcance de la mayoría, solo como trabajador o prestador de servicios (Ibíd.). En paralelo, las “ciudades neoliberales” se caracterizan por contar con fuerte vigilancia en las zonas ricas, que se manifiesta como forma de segregación, y vigila y castiga el que trasgreda los elementos que fomentan esa desigualdad (Harvey, 1992). Los enclaves turísticos facilitan el control por parte de las élites del espacio urbano, modificando el consumo y reemplazando y suprimiendo la cultura local con importados de los países metrópoli. Los espacios turísticos son planeados con sumo cuidado, con el fin de conferir exclusividad, muy lejos de la cotidianidad callejera, donde las carencias es la cotidianidad del ciudadano en su lucha constante por la supervivencia (Judd, 2003:52)
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En el caso de los destinos turísticos costeros de México podemos ubicar dos tipos, el primero que tienen que ver con los destinos tradicionales de playa, que originalmente eran puertos de actividades pesqueras e industriales y que están en declive como Acapulco, Mazatlán y Veracruz (con excepción de Puerto Vallarta, antiguo pueblo de pescadores) y los CIP impulsados por FONATUR como Cancún y Los Cabos (municipio donde se localiza Cabo San Lucas, el caso estudiado). En el caso del CIP de Cancún el constante flujo migratorio a Quintana Roo producto de la apertura y desarrollo de este polo turístico impulsado por el estado mexicano ha sido objeto de estudio de diferentes especialistas. Estos estudiosos han detectado un crecimiento desigual en los nuevos espacios planificados, con grandes consecuencias debido al crecimiento demográfico explosivo, tanto de turistas como de los nuevos asentamientos poblaciones para habitar a
los
trabajadores y los efectos de la transculturación propia de la influencia de patrones culturales en un destino cosmopolita que invade y anula las costumbres locales. El desarrollo turístico de Cancún y sus zonas adyacentes como Cozumel e Islas Mujeres, que como CIP impulsado por FONATUR empezó operaciones en 1974. Este polo turístico
tuvo un crecimiento acelerado. Se tiene registrado que en
1992, ya se había pasado de apenas 100 habitaciones hoteleras a una cantidad bastante mayor de aproximadamente 21.000 habitaciones. Este crecimiento de la infraestructura y puestos de trabajo turísticos generó el incremento de la población local desde cero a 300 mil habitantes, lo cual se puede afirmar que esta situación representó un foco de atracción para empleos mejor remunerados y más seguros, y por consecuencia la búsqueda de un mejor medio de vida (Ascanio, 2005:8). La 57
mayor fuente de inmigración fue de comunidades de estados aledaños y de centros turísticos de playa tradicionales en franco declive. Cancún desde el punto de vista gubernamental fue un Centro Integralmente Planificado, sin embargo en los hechos no se puede observar una la planificación adecuada de las áreas residenciales, sobre todo para toda una población de trabajadores que de manera masiva irrumpió en ese espacio geográfico, por la razón ya antes comentada, a la expectativa de posibles empleos bien remunerados y seguros, además del incremento sustancial en breve tiempo del turismo (Ibid.:9). La actividad turística que había sido concebida como política de Estado desde el gobierno de Miguel Alemán, empezaba con el gobierno de Luis Echeverría el construir instrumentos e instituciones capaces de impulsar y crear centros turísticos en zonas deshabitadas o deprimidas en busca de desarrollo. El centro turístico de Cancún fue bien planeado, incluyendo sus espacios lúdicos, que serían ofertados a los turistas, fue muy bien diseñado de acuerdo a los visitantes temporales con estimaciones conservadoras; de la misma manera la ciudad como centro residencial de los empleados, de mandos medios de los hoteles y la burocracia. Su proyección fue para una población limitada y con la misma calidad de los servicios, limitada. Las grades consecuencias vinieron después, la realidad de la problemática fue el gran crecimiento demográfico originada por la búsqueda de empleos, población que se alojaría en la Colonia Puerto Juárez, constituida como una localidad dormitorio de 10 kilómetros de largo por un kilómetro promedio de ancho. Este asentamiento fue diseñado de forma 58
tradicional, con escasas áreas verdes y grandes carencias de servicios de agua, drenaje, pavimento, etc. La explosión demográfica de Cancún fue muy elevada, no sólo en la misma zona hotelera, sino en los espacios residenciales para la clase media trabajadora; y de la misma, en los espacios previstos para la clase proletaria. Para el año de
1992 ya existían en Cancún más de 20 mil
habitaciones de hotel, la mayoría de lujo,
con lo que podemos suponer la
necesidad de unos 20 mil trabajadores, sin tomar en cuenta los trabajos indirectos que esta actividad central genera; este crecimiento en la actividad hotelera que se estimaba del 30% anual suponía un crecimiento exponencial de la llegada para 1995 de 5 millones de visitantes, lo cual proyectaba un crecimiento de la oferta hotelera de 30 mil nuevas habitaciones, lo que traería como consecuencia un crecimiento
demográfico
explosivo,
rebasando
los
espacios
planificados,
perdiéndose la inicial sustentabilidad agrediendo las áreas frágiles contemplada en su planeación inicial. A partir de este crecimiento desmedido era previsible que las poblaciones satélites como la Colonia de Puerto Juárez y el ejido Alfredo Bonfil, se vieran en un crecimiento desmedido, hasta invadir los espacios cercanos al Aeropuerto Internacional de Cancún. Sin embargo, todos esos factores no fueron tomados en cuenta dando como resultado la expresión de la precarización ante la presión de la tierra y su encarecimiento para la población que día con día llegaba al destino, siendo rebasada por esta realidad los gobiernos de los tres niveles. (Ascanio, 2005:80-81). Así el surgimiento, crecimiento y desarrollo del primer Centro Integralmente Planeado (CIP) de FONATUR generó problemas por su crecimiento rápido, que
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dio como resultado la anarquía urbana de la periferia de los asentamientos de la masa trabajadora, asentamientos irregulares, la depredación ambiental y la precarización.
Tabla 2. ZM Cancún (Islas Mujeres y Benito Juárez), Población y tasas de crecimiento Ciudad Población (año) Tasas (año) 1990 1995 2000 2005 1990 1995 2000 Cancún 1995 2000 2005 187,431
320,446
431,128
586,288
10.0
7.2
5.6
Fuente: elaboración propia con datos del INEGI
De esta manera las tasas de crecimiento poblacional presentadas a partir del periodo de 1990 a 1995 del 10% se tradujeron en una dualización urbana, de un sector inserto a la dinámica económica, la de las zonas residenciales de lujo, y por otro lado de zonas precarias deprimidas caracterizadas por el rezago urbano, la informalidad y la precarización en su vivienda. Por un lado, la zona hotelera con sus grandes y lujosos complejos turísticos y residenciales de alta plusvalía; por el otro lado el surgimiento de la suburbanización carente de los mínimos elementos de infraestructura para tener niveles de bienestar que desarrolle a plenitud a la clase trabajadora presentando características de inseguridad, pobreza y desempleo (Calderón Maya, 2009:27). El modelo impuesto en Cancún y otros centros, como Los Cabos, plantea la problemática de la planeación en el área destinada para la actividad detonadora y servicios conexos; sin embargo, no toma en cuenta las áreas para una población inmigrante ávida de trabajo y que trata de
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ocupar un lugar para vivir a como dé lugar, careciendo de condiciones de salubridad, legalidad y seguridad. Debido a este crecimiento explosivo, en la ciudad de Cancún se incrementaron los asentamientos irregulares en la zona norponiente de la ciudad. Los habitantes de estos asentamientos presionan por servicios público básicos, lo que rebasa la capacidad
financiera
del
municipio
(Calderón
Maya,
2009:28).
Estos
asentamientos siguen presentándose sobre todo porque dicha población es víctima del clientelismo político y de líderes que sin escrúpulos arriesgan la vida al ubicarlos en zonas de riesgo. Todo crecimiento urbano y desordenado por lógica tiene sus consecuencias y en este sentido en Cancún se pueden apreciar en el gran flujo vehicular en la zona hotelera que trastorna la vida de los visitantes citadinos y de residentes locales, deterioro ambiental; y la falta de infraestructura y dotación de servicios públicos pertinentes impide que la ciudad tenga una movilidad optima, fluidez en el entramado urbano de quienes circulan por él, lo que evidencia un modelo urbano en crisis y agotado que debe ser sometido a modificaciones para que no pierda cierto grado de funcionalidad (Calderón Maya, 2009:29). El problema de lo anteriormente planteado ofrece el elemento que puede derivar en un destino turístico que corre el serio riesgo de ser desplazado por destinos que ofrezcan tranquilidad para trasladarse de un lugar a otro en busca de entretenimiento y distracción. Otra expresión del desarrollo de Cancún, su gran expansión, se observa en el corredor turístico no sólo en el incremento de los cuartos de hotel, sino también 61
en la formación de pueblos que van que van creciendo y se transforman en pequeñas ciudades, localidades que surgieron al otro lado de la carretera, zona de residencia de los trabajadores de estos desarrollos hoteleros y otros habitantes que desempeñan actividades de tipo comercial y de diferentes oficios que se han integrado a las comunidades. Como la mayoría de las ciudades mexicanas y más las de ciudades con actividades económicas dinámicas como el turismo, la llegada masiva de gente genera una dinámica de especulación, fenómeno que poco pueden controlar las autoridades locales, lo que impide una planeación para armonizar el boom económico con las necesidades futuras de la ciudad (Dachary, 2004:49-51). Esta forma de apropiación del suelo no es novedosa en el caso de México, ni en Latinoamérica; la especulación del suelo urbano y los mecanismos insuficientes de los gobiernos de los tres niveles de gobierno impiden un crecimiento armónico donde todos puedan acceder a un pedazo de tierra de manera legal para que se puedan asentar. Esta falta de instrumentos estimula el surgimiento de líderes y autoridades que trafican con la necesidad de la gente exponiéndolos en zonas de alto riesgo peligrando ante las fuerzas de la naturaleza. En el caso Cancún, desde el punto de vista de planificación y el ordenamiento territorial, la llamada sustentabilidad que como eje rector pretendía FONATUR, fue sólo en el papel, buenas intenciones, como justificación institucional. En la práctica no ha habido coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, que defina las competencias y que asegure una planificación a largo plazo tan sólo para definir competencias y se le dio primacía al crecimiento acelerado de la
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actividad turística, privilegiando sólo lo económico y dejando del lado el desarrollo social de la región. Esto se ha traducido en la concentración de los beneficios de la actividad en unas cuantas manos, prevaleciendo los intereses personales o de grupos, frente de los intereses sociales (Rubio Maldonado, 2010:180). Podemos afirmar que la democratización del desarrollo es aun una utopía y su ausencia genera polarización, además de significar el elemento que pueda hacer que cualquier destino turístico sea inviable: se puede entrar en un continuo deterioro ambiental y, paralelamente, de las relaciones dentro del tejido social en el presente y futuro. En resumen: el deterioro urbano en centros de desarrollo turísticos se puede observar a partir del continuo desplazamiento de la gente de las localidades aledañas a los polos turísticos que no han sido bien planificados, en la parte que le corresponde las zonas receptoras. En los llamados Centros turísticos Integralmente Planificados (CIP), su expresión ha sido marcadamente dual: una mayoría de turistas extranjeros, de gran capacidad adquisitiva, disfrutando a su máximo del destino y sus actividades lúdicas, pero rodeados de suburbios marginales, que carecen de los servicios públicos básicos. Contrario a lo que pasa en la realidad, lo importante es la planificación de estos espacios lúdicos y la participación activa de todos los actores involucrados y sea el turismo una actividad que propicie la elevación de la calidad de vida especialmente de la población local, los anfitriones. El apostar por un turismo incluyente redundará en la viabilidad del destino en el largo plazo y su mayor aprovechamiento (Ascanio, 2005:83). 63
En el caso del destino turístico de Los Cabos, para 1974 se decreta la creación del Puerto de Cabo San Lucas, con todo el apoyo federal de FONATUR. Conjuntamente con la infraestructura urbana con que se estaba dotando a San José del Cabo, se tenía como propósito consolidar lo que se llamaría el destino turístico internacional de Los Cabos (Balarezo, 1990:32). En el caso del Centro Integralmente Planeado de Los Cabos, este empezó a operar en 1976, y se convirtió en el tercer CIP creado por FONATUR. Se trata de un desarrollo turístico que abarcaba los poblados – ahora ciudades - de San José del Cabo y Cabo San Lucas, conectados entre sí a través de un corredor de 33 km. de longitud, ubicada en el extremo sur de la península de Baja California, muy accesible a la costa oeste de Estados Unidos y Canadá (FONATUR, 2012). Las inversiones turísticas fluyeron a Baja California Sur; en el año de 1977 se inaugura el aeropuerto internacional de San José del Cabo, lo que convertía a este estado como el único en el país con tres aeropuertos internacionales (La Paz, San José del Cabo y Loreto-Nopoló), lo que indicaba que el turismo era la actividad que modelaría el desarrollo del estado, aprovechando sus recursos naturales. Además, se continuaron las obras de infraestructura urbana de las dos ciudades turísticas del municipio,
San José del Cabo y Cabo San Lucas; así como la
construcción de hoteles e infraestructura turística en un corredor que uniría a estos dos centros poblados y la vigencia de una ruta marítima entre Cabo San Lucas y Puerto Vallarta, Jalisco (Balarezo, 1990:32). El acelerado crecimiento del sector turismo en Los Cabos, ha significado una gran fuente de empleos y derrama económica, pero en otro sentido ha significado, 64
sobre todo, el crecimiento de Cabo San Lucas, y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para resolver los problemas y necesidades de una población en constante crecimiento. Este crecimiento acelerado se dio al pasar la región y localidad de una economía de autoconsumo, a una orientada al sector terciario, lo que impactó en una concentración geográfica y sectorial de la inversión, provocando “externalidades negativas” como la baja calidad de vida en la población, la presión social para la tierra habitacional y la consecuente especulación del bien (Ángeles y Gámez, 2004). En ese escenario, descrito en el 2004, es preciso subrayar que muchos asentamientos se establecerían en zonas de riesgo por la complicidad entre autoridades y líderes de colonos. El crecimiento de la actividad turística en Baja California Sur y específicamente en Los Cabos ha tenido como consecuencia una detonación del fenómeno migratorio considerado sin precedentes en la parte sur de la península de Baja California. Este desarrollo turístico afectó en gran medida regiones como Mulegé y Comondú ubicadas al norte del estado que se convirtieron en municipios expulsores de población. La población del municipio de Los Cabos, donde se concentró el crecimiento turístico sudcaliforniano, creció de 10 mil habitantes en 1970 a casi 170 mil en 2005, que representó el 40% de los habitantes en el estado. De ser un conjunto de pequeñas localidades dedicadas a las actividades primarias, el municipio y concretamente el corredor turístico San José-Cabo San Lucas, pasó a contar con más de 14 mil habitaciones de hotel, campos de golf exclusivos y ser visitado por más de un millón de turistas al año. Esto significa una gran detonación de la actividad turística convirtiéndose este destino turístico uno de los más
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importantes junto con Cancún. Este dinamismo del sector turismo modeló el comportamiento demográfico del estado y en especial del municipio de Los Cabos por lo que se convirtió en una entidad esencialmente receptora de migrantes. De acuerdo con datos del INEGI, en el 2005 se trasladaron al estado 41 313 personas, cantidad que representa el 1.7% del total de migrantes internos ese año México. Los estados que más aportaron en la inmigración en Sudcalifornia fueron: Sonora, con 21 de cada 100, Guerrero con 15, Veracruz con 8, Baja California con siete y el Distrito Federal con 6 de cada 100 (Gámez et al, 2010:225-226). Uno de los elementos que más ha aportado al crecimiento urbano de las ciudades de Los cabos, específicamente Cabo San Lucas ha sido la aportación de la propiedad ejidal, esto, antes y después de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992 en el gobierno salinista, de ahí que es muy importante analizar la manera como se ha presentado el fenómeno en el país.
Tabla 3. Ciudades de Baja california Sur
CIUDAD 1. La Paz 2. Cabo San Lucas 3. Cd. Constitución 4. San José del Cabo
1990
POBLACION 1995 2000
2005
TASA DE CRECIMIENTO 1990 1995 2000 1995 2000 2005
137,641 16,059 34,692 16,571
154,314 31,377 35,447 26,011
189,176 87,876 37,221 59, 325
2.04 12.6 0.4 8.3
162,954 48, 143 35,589 38,080
1.28 10.5 0.1 9.3
1.72 11.2 0.8 8.1
FUENTE: Elaboración propia con datos de CONAPO. Sistema Urbano Nacional: Población y tasas de crecimiento, 1990-2000.
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III. RENTA Y FORMAS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA EN MÉXICO La tierra y su disponibilidad son los aspectos más importantes en la construcción espacial de las ciudades. El suelo en la conformación de la ciudad entra en un dinámica de presión y especulación, donde su precio se determina por un proceso de oferta y demanda, pero también de su localización. Así, las formas de la propiedad de la tierra son elementos primordiales en la conformación de las ciudades en México y que fueron afectadas y modificadas a partir de reformas constitucionales concretadas a inicio de los años noventa en nuestro país en el marco de una concepción neoliberal del suelo de propiedad social.
1. El problema de la renta de la tierra Adam Smith y David Ricardo, los dos más importantes economistas clásicos (así bautizados por Marx), vieron el “problema económico” desde ópticas diferentes. El primero se ocupó fundamentalmente de la forma de lograr el crecimiento económico en una sociedad liberada de la intervención gubernamental que caracterizó al mercantilismo, sistema ya moribundo en su época. Al darle libre juego a las fuerzas de mercado en un sistema concebido como si se conformara de una multiplicidad de pequeños vendedores, enfrentados entre sí por la competencia, derivaría a través de la oferta y la demanda en el bienestar general, a partir de las actuaciones egoístas del carnicero, el panadero y el cervecero. En tal sentido, Smith se interesó en la forma en que, partiendo de una cosmovisión newtoniana, el sistema económico podría lograr un equilibrio dinámico, cuya fuerza motriz – la competencia derivada del egoísmo – se manifestaría en la 67
generación
de
un
mayor
caudal
productivo
por
medio
de
la
especialización(Deane, 1976). En las primeras líneas del Prefacio original de los Principios, Ricardo (1973:3) afirma que: La producción de la tierra – todo lo que se deriva de su superficie por la aplicación conjunta de trabajo, maquinaria y capital, se divide entre tres clases de la comunidad, a saber, el propietario de la tierra, el dueño del acervo o capital necesario para su cultivo, y los trabajadores, mediante cuya industria se le cultiva.… En diferentes etapas de la sociedad, las proporciones en que el producto entero de la tierra se le asigna a cada una de estas clases, bajo los nombres de renta, ganancia y salarios, serán esencialmente diferentes….La determinación de las reglas que regulan esta distribución es el principal problema de la Economía Política… Luego de dedicar un primer capítulo (Ricardo, 1817/1973:5) a la explicación del valor de las mercancías, que “se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción,” y no por “la mayor o menor compensación que se le paga a ese trabajo” (como pensaba Smith), Ricardo (cap. 2) pasa a considerar la renta, la que define como “aquella porción del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de los originales e indestructibles poderes del suelo” (Ricardo, 1817/1973:33, énfasis nuestro).
Esta definición se adelanta con el
propósito de distinguir entre “suelos de igual extensión y la misma fertilidad natural,” y aquellos que han sido “mejorados”
mediante drenaje, irrigación,
edificaciones adecuadas, etc. En ambos casos, el lenguaje común denomina renta al pago que reciben los dueños de la tierra, pero – insiste Ricardo – solo en la tierra “sin ventajas” se recibe una renta propiamente dicha, derivada de los poderes originales de la tierra; en el segundo caso, sólo una porción de ese pago
68
es renta; el resto es una ganancia resultante de la inversión de capital en la mejora del terreno. Ricardo, de hecho, aparece convencionalmente como el originador del concepto del “producto marginal” de la economía neoclásica, hoy dominante, en virtud de su explicación del origen de la renta intensiva y extensiva. En la corriente ortodoxa, apunta Todaro (1978:38), la tierra se ve como uno de los “factores de la producción,” y se le retribuye de acuerdo con su “utilidad marginal,” que “en equilibrio,” es igual al producto marginal, es decir, a la producción de la última unidad de tierra utilizada. Estos economistas dejan de lado el problema de la renta de la tierra en sí, centrándose sólo en la escasez de la tierra. Desaparece la función social de la tierra y se enfatiza la libertad del propietario de la tierra, de emplearla como le plazca. Para Marx (Capital, Vol. III), la renta es la parte de la plusvalía que el capital le extrae al trabajador, que se redistribuye al dueño de la tierra; en la obra de Piero Sraffa (1960), la renta similarmente es una porción del excedente económico. Ya directamente con relación al tema de esta tesis, Guillermo Geisse y Francisco Sabatini (1988) nos hablan de la problemática de la renta en la tierra urbana y de cómo esto afecta a los sectores medios y populares. Asimismo defienden la idea de la intervención activa del Estado en la regulación del mercado de la tierra, lo cual ayudaría en la planeación urbana y sobre todo brindarían mayor acceso a los sectores más desprotegidos. Por su parte, Jorge Alonso (1980) analiza desde una perspectiva marxista con técnicas de investigación antropológicas como el recorrido de área, la investigación de archivos, la profundización cualitativa a través de estudios de 69
caso, para tratar de explicar el modo en el cual clases bajas tienen que apropiarse de terrenos irregulares y como la introducción de servicios son gestionados por los propios colonos tiene a aumentar el precio de la tierra con la consecuencia posterior a la regularización de los mismos un pago de impuestos que afectarán a los sectores necesitados. Por su parte Pablo Trivelli (1992) en cuanto al mercado de tierra nos dice que: Se presenta un conjunto de fenómenos teóricos y prácticos que llevan a que la libre competencia en el mercado del suelo diste mucho de una situación de competencia perfecta. Estos obstáculos surgen del incumplimiento de los supuestos de homogeneidad del bien, concurrencia, falta de transparencia y movilidad espacial de los recursos, además de los problemas que presentan las externalidades y la especulación de suelo urbano. Es para Trivelli, la especulación del suelo genera una competencia imperfecta donde los poseedores del bien obtienen jugosas ganancias y esto complica que la mayoría de la población cuente con tierra para edificar su vivienda. Joannes Jaeger (1999:3-4) afirma que en la teoría política económica se ubican tres formas principales de la renta del suelo: la renta absoluta, la renta de monopolio y la renta diferencial (intensiva y extensiva). Afirma que originalmente estos conceptos fueron desarrollados por los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo; así como Carlos Marx cuya preocupación se centraban en la renta del suelo agrícola. A partir de las concepciones clásicas y de Marx, en los años 70 y 80 del siglo pasado se edificaron los conceptos teóricos de la renta urbana.1 La renta urbana está visualizada como producto de la
sociedad
1
Von Thuenen (1826) es también un referente obligado para la teoría de la renta urbana. Nótese que aunque no tratamos directamente la determinación de la renta que surge de la ubicación (location rent) o
70
capitalista y representa el pago para un medio de producción que está limitado por factores naturales o no producidos en forma capitalista pero que sí es efecto de la sociedad capitalista. En el contexto urbano la renta diferencial y la renta de monopolio juegan un rol clave. La primera es importante para el sector de la construcción y para la estructura espacial de la economía, ya que dependiendo su ubicación es el valor que adquiere la tierra. Asimismo Jaeger afirma que la renta diferencial extensiva representa el fundamento del precio del terreno en diferentes ubicaciones urbanas, esta puede describirse rápida y esquemáticamente de la siguiente manera: esta renta es el resultado de la ganancia extraordinaria (o diferencial) que pueden obtener los diferentes sectores económicos o grupos de empresas por estar ubicados en cierto lugar favorable por contar con servicios cercanos, vías de comunicación adyacente, etc. En un contexto urbano la renta diferencial intensiva tiene que ver con la maximización del espacio construyendo una edificación de mayor altura o niveles, además de destruir una construcción baja para construir una de más niveles o pisos. Es la renta de monopolio según Jaeger, el mecanismo central para la estructuración y conformación muy característica de las ciudades latinoamericanas y por lo tanto mexicanas que manifiesta la segregación urbana. Por lo tanto según su capacidad adquisitiva, los habitantes se distribuirán en el espacio en zonas diferenciadas socialmente. Esta forma de segregación social se basa en que la renta de la tierra no es un bien producido y por eso no tiene un precio de del paisaje (amenities rent), que aparecen en la literatura de la economía urbana, estos casos pueden fácilmente derivarse de nuestra discusión.
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producción, sino es el resultado de un proceso político, económico y social. De esta manera la renta de la tierra en la zona más lujosa depende la cantidad de dinero que pueda destinar el grupo de mayores ingresos para ocupar este terreno, dependiendo esto no sólo del ingreso, sino también del patrón de consumo de este grupo. De la misma forma, los grupos de menores ingresos destinan menos para la tierra, por lo cual este elemento tiene una renta inferior. Dentro de los múltiples factores que pueden influir en la configuración del precio de la tierra se enumeran los siguientes (Decimavilla, 2008:11-13): 1- Factores de carácter productivo:
Tipo de aprovechamiento que de la tierra se hace y tipos de cultivos que pueden generarse, o sea la los múltiples usos del suelo.
Localización geográfica, donde se puede ver el clima que existe, además de las características de la geografía del suelo.
Calidad del suelo, para ver si se puede generar riqueza agrícola... Mejoras existentes en la parcela, como elementos que ayuden en la concreción de siembras de diversos productos.
Tamaño, características y accesibilidad de la parcela, ya que esto incide para contar con conectividad con los núcleos urbanos y maquinaria que es muy importante para el proceso productivo
Existencia de cultivos permanentes y vida útil de los mismos. Este elemento ayuda en la consolidación del precio de la tierra, pues es el valor de la tierra se asocia al tipo de producción que se da en ella.
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2-.Factores subjetivos relacionados con la situación concreta o del comprador o del vendedor:
Obtención de un tamaño más adecuado de la explotación del adquirente con el objetivo de aprovechar las economías de escala al introducir innovaciones tecnológicas.
Cercanía con otras parcelas del adquirente. Necesidades de liquidez del vendedor ante condiciones económicas adversas como malas cosechas o reducida rentabilidad.
Situación profesional de comprador o vendedor (agricultor o no). Transacción por motivos de herencia, o bien por jubilación del titular, o bien por abandono de actividad.
3- Factores de carácter institucional y especulativo, asociados a la política agraria, industrial o de urbanismo instrumentada y a la propia coyuntura económica en el momento de la compra-venta:
Posibilidad de obtener subsidios o cualquier otro tipo de ayuda económica (esperanza de una renta mínima garantizada).
Previsión de construcción de obras generales de riego (externalidad positiva originada obras públicas).
Posibilidad de cambios de uso suelo industrial o urbano con posibilidades de plusvalía.
Utilizar la tierra como un bien que genera más estabilidad económica contrario a inversiones con expectativas más inciertas.
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En el caso de de las tierras privadas vacantes se puede explicar por diversos factores; en algunos casos es porque son terrenos muy grandes y no están fraccionados, en otros, por la poca demanda o la falta de interés de posibles compradores las mantiene en espera de mejores situaciones económicas. En este sentido, la cantidad ofertada por lo tanto, se ve sujeto las tendencias actuales como esperadas. En ese sentido, el crecimiento espacial de la ciudad, en términos de la demanda del suelo, puede dirigirse preferentemente hacia determinados sectores urbanos (de mayor capacidad adquisitiva), relegando -en cierta medida a zonas menos favorecidas. De igual forma la distribución espacial de los terrenos ofertados evidencia áreas de mayor concentración y dispersión. De esta forma se manifiesta el carácter segmentado y concentrado en el tiempo y el espacio de la dinámica de mercado de suelo (Urriza, 2006). Es entonces la ciudad una manifestación espacial de las clases sociales. El suelo urbano es valorado por el mercado de tierras como una mercancía más, particular, cuyos precios dependen de la renta. La apropiación de la renta generada en el mercado se realiza de acuerdo con la esfera de acumulación del capital de los agentes involucrados y se manifiesta de distinta forma según el momento histórico. Tanto el mercado formal como el informal en Latinoamérica no son independientes sino complementarios, con límites escasamente definidos ya que son parte del mismo proceso donde el mercado informal es una válvula de escape ante la gran problemática social que representa el poder obtener un pedazo de tierra para edificar vivienda. La dinámica del mercado de tierras y sus potenciales 74
consumidores generan asimismo submercados según niveles socioeconómicos, usos y actividades de los agentes, condiciones de accesibilidad, entre otros. Los sectores de más bajos recursos que no pueden entrar al mercado formal orillados al mercado informal o ilegal por medio de invasiones, construcciones endebles en la periferia y la conformación de ciudades perdidas o cinturones de miseria. Para regularizar lo ilegal diversos agentes intervienen que van desde el Estado, con sus diferentes instituciones creadas para tal efecto y al propietario de la tierra. En relación a éstos, el Estado tiene un papel destacado. El Estado, en diferentes momentos, ha intervenido también, como comercializador y promotor urbano, ya sea para poner en venta tierras fiscales con el objeto de disminuir el déficit de vivienda o cediendo tierras a sectores de escasos recursos. Finalmente, la revaloración de la tierra (y el espacio en general) es una de las principales características de los actuales procesos de neoliberalización, vigentes en la mayor parte del mundo desde los ochenta. En el ámbito urbano, la gentrificación, la obligatoriedad de la competencia entre las zonas urbanas por la inversión corporativa, la financiarización de la economía global, y la necesidad de presentar una cara amigable a los negocios, genera un doble proceso de reconversión del suelo urbano a favor de los intereses del gran capital, y de la exclusión paralela de las poblaciones locales (Harvey 2012; Ángeles, Cota y Bautista 2013).
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2. Las formas de propiedad de la tierra en México y sus antecedentes. En nuestro país la estructura y tenencia de la tierra, como problema, surgió durante la etapa colonial en el siglo XVI. Siendo la Nueva España eminentemente rural, donde las actividades primordiales eran de carácter primario, el problema agrario es considerado como una de las causas de la guerra de Independencia. Sin embargo, se afirma que el problema antecede a la conquista y colonia, pues había una mayoría indígena que carecía de tierras y que se agravaría con la herencia colonial (Flores Rodríguez, 2008:32). La Independencia lograda en 1821, no trajo consigo una solución al problema, pues esta fue producto de una reacción conservadora ante la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz y el grupo comandado por Iturbide quería seguir conservando los privilegios que había disfrutado en la época colonial. El naciente país heredó un conjunto de problemas, que España no resolvió. La tierra como bien primordial de la época continúo en poder de cuatro grupos: clero, grandes terratenientes, pequeños propietarios y pueblos. (Ibíd.) En los tiempos de los gobiernos liberales del la segunda mitad del S.XIX, la propiedad comunal de la tierra era considerada como un obstáculo para el desarrollo económico, así que las reformas económicas promulgadas por los liberales fue tendiente a combatir esta forma de propiedad social y darle importancia a la propiedad privada. Se pensaba de la misma forma que la agricultura indígena estaba subdesarrollada, y que la iniciativa privada era la solución para hacer productiva la tierra, por lo que la propiedad comunal debería
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desaparecer. De esta forma, la propuesta liberal fue fraccionar el suelo comunal en pequeñas parcelas y venderlas a los usuarios (Ibíd.:34-35). Como producto de esta Reforma Agraria surgió una institución novedosa conocida como Ejido; no obstante, no surge de manera espontánea ni desprovista de su particular carga ideológica. Durante mucho tiempo, antes y después y sobretodo en algunos gobiernos posrevolucionarios se habían utilizado varias fórmulas como medios de resolver el problema agrario, que sobre todo iban tendientes a impulsar la pequeña propiedad, pues muchos de estos gobiernos fueron encabezados por hacendados o rancheros proclives a la pequeña propiedad a la usanza norteamericana (Ibíd.:39). La pobreza en el campo que engendró el porfiriato producto de las relaciones de servidumbre fue una de las razones principales de la Revolución Mexicana. La explotación y marginación que padecían los campesinos en las haciendas, sobre todo en el centro y sur del país, originaron que al final de la Revolución, el reparto agrario y la justicia social se convirtieran en las principales razones de ser de la Constitución y del sistema político edificado a partir de 1917. El Artículo 27 forma parte importante del eje social articulador de la Constitución de 1917; así en primer párrafo expresa: La propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
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De esta manera no solo está inmersa la propiedad social, sino también garantizada la propiedad privada, la cual también es protegida mediante una serie de garantías; estableciéndose que la propiedad de la tierra y su distribución no está consignada a la lucha entre los intereses individuales, sino que concierne también al bienestar y a la estabilidad de la sociedad como un todo; limitándose la propiedad privada sólo por el interés colectivo. Para buscar la justicia agraria y evitar la concentración de la tierra a unas cuantas manos, en el Artículo 27 constitucional, se ponderaron limites a la propiedad privada: por ejemplo a los latifundios se buscó fraccionarlos; a la pequeña propiedad, se buscó desarrollarla y protegerla; y para su protección jurídica sólo se expropiará por causa de utilidad pública y mediando una indemnización justa. A resumidas cuentas el papel rector del Estado en la cuestión de la propiedad de la tierra encontró su expresión en el Artículo 27 constitucional. En ese sentido, con todas sus aristas define la propiedad, la acota, establece su modalidad, el procedimiento y sus reglamentaciones para modificarla, introduce el principio de expropiación y la causa de utilidad pública como parte de los atributos del Estado. Producto de consenso de las principales corrientes que conformaron los grupos post revolucionarios, una vez combatido el latifundio, fue una estructura de propiedad de la tierra compuesta principalmente por tres elementos: la propiedad social: ejidal y comunal, perteneciente al Estado y usufructuada por los campesinos, y la pequeña propiedad, de carácter privado y que evitaría la formación de latifundios.
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En cuanto a la propiedad social pública, cuando el Artículo 27 señala que los bienes son de la Nación esto indica no sólo que existe un control del Estado sobre todos ellos sino que existe una propiedad pública igual a la que tienen los propietarios privados; y que está protegida ya que estos bienes del dominio de la Nación tienen el carácter de inalienable, es decir, los particulares no pueden adquirir sobre ellos derechos reales (Assenatto y de León, 1996). Por lo tanto en México se reconocen tres tipos de propiedad fundamentales: la de carácter privado, las que poseen las personas y las empresas a título particular y que cuenta con un título reconocido por el Estado que los protege; la de ejidos y comunidades: que es usufructuada de forma colectiva por los campesinos que tienen derecho de explotarla y está regulada por los estatutos de la Ley Agraria ya sea para tu adquisición, enajenación y usufructo, y por último; tierras nacionales, la cuales son aquellas no existe algún particular, ni comunidades agrarias que tengan los elementos para demostrar legalmente que les pertenecen, por lo que les pertenece a la nación (Ibarra Hernández, 2008:74). Previo a las modificaciones al artículo 27 constitucional en 1992, el ejido era visto desde una perspectiva esencialmente no mercantil. En ese sentido la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 asume claramente los fundamentos no mercantiles de la tierra ejidal, que ya se establecían desde 1934. En primer lugar, prohibía cualquier clase de negociación sobre la tierra, ya sea compraventa, pero también contratos de renta o cesión de derechos de explotación. La tierra ejidal fue claramente definida como un bien no mercantil. En segundo lugar, las prácticas agrarias obedecerían reglas que remitieran al interés colectivo y a la 79
personalización de las relaciones, mucho más que al interés individual o que a la eficiencia productiva, como lo demuestran los siguientes ejemplos (Bouquet, 1996). En el proceso de acceso a la tierra muchas veces la dotación a los ejidos se determinó por motivos políticos de corto plazo, sobre todo para calmar presiones sociales, o para establecer alianzas de poder. Así que el reparto agrario no se dio como una política de Estado de sacar de la marginalidad a los grupos campesinos sin tierra y que les redundaría una mejor situación económica y social, sino como una respuesta a los reacomodos políticos de los grupos en el poder. Entonces lo nuevos grupos que se incorporarán a la masa de ejidatarios no serán personas desligadas al proceso, sino a quienes ya pertenecían a esa esfera: hijos de ejidatarios, avecindados, etc. (Ibíd.) Por lo tanto, la tierra no necesariamente se repartía con fines de eficiencia productiva o de beneficiar a todos los campesinos sin distingos. Son las necesidades políticas, la necesidad de responder a las presiones sociales las que encaminaron a la repartición individual de tipo minifundista, que resultaron insuficientes para cubrir las necesidades familiares y obligaron al ejidatario a buscar actividades económicas para complementar su subsistencia. Por otra parte, la tierra es distribuida en función de redes sociales, que no necesariamente coinciden con las habilidades para desarrollar una actividad agrícola (Ibíd.). Otro ejemplo es que los derechos de uso de la parcela ejidal y las limitaciones establecidas a su uso tuvo que ver con el proyecto nacional de estructura agraria para el México post revolucionario: acabar con la estructura económica y social del 80
sistema latifundista y fomentar un sector de pequeñas explotaciones agrícolas familiares. La pequeña propiedad desde el punto de vista constituyente debería sentar la base para la creación de una clase media campesina. Esta puede ser agrícola o ganadera y se determina por su extensión o cultivo, si es agrícola que no exceda la extensión de cien hectáreas de riego o humedad de primera; si es de temporal serán dos por cada hectárea de riego y cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de agostadero en monte o de agostadero en terrenos áridos. Dicha propiedad estaba exenta de contribuir a la dotación de ejidos y que por lo mismo era una propiedad considerada como intocable (Ruiz Massieu, 1988:6162). En el caso de la propiedad ejidal, esta sirvió como un vehículo de búsqueda de cierta igualdad social y que se concreta en la igualdad en el acceso a la tierra; asimismo, esta se concibe más como un sustento familiar que como un medio de acumulación y reproducción económica. El ejido representó, entre 1945 y 1965, el agente del crecimiento agrícola en México, contando con apoyos financieros crediticos con el surgimiento de instituciones como el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Pero de manera general la dimensión productiva es supeditada a la dimensión social, lo cual concretamente genera varias líneas de tensiones adentro de los ejidos: primero, puede decirse que dentro del sistema ejidal anterior a la reforma de 1992, (la del reparto agrario individual del recurso tierra), el uso de la tierra estaba desligada de la eficiencia productiva (Bouquet, 1996). Además, el ejido en su conjunto era considerado la base del desarrollo agrícola, y desde los tiempos del desarrollo estabilizador su 81
papel fue proporcionar productos agrícolas baratos a las ciudades que crecían de manera acelerada debido al proceso de industrialización. Antes de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, la tierra ejidal no se podía incorporar al desarrollo urbano si no era mediante la vía expropiatoria que hubiera solicitado alguna autoridad competente; este marco legal, frente a una demanda creciente de suelo barato, generó que una gran cantidad de ejidos y comunidades, cercanos o dentro de de las áreas urbanas, sufrieran la invasión de sus tierras; a su vez, esto propició que se empezara a vender la tierra, aunque en esta transacción estaba impregnada por la ilegalidad. Así, con anterioridad a la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, las tierras ejidales que estaban cercanas a la mayor parte de las ciudades mexicanas sólo podían incorporarse al desarrollo urbano mediante a) la expropiación, o b) el mercado ilegal de suelo. Esto se daba así porque la Ley Agraria que reglamentaba lo relativo a la tenencia del suelo ejidal prohibía su venta y su cambio de uso de índole agropecuario a usos urbanos, a pesar de la gran presión ejercida por el crecimiento urbano. Como la Ley Agraria es de carácter federal, las autoridades municipales urbanas, por lo tanto, carecían de posibilidades de acción para impulsar la incorporación ordenada del suelo ejidal al crecimiento urbano. Esto trajo como consecuencia en una doble ilegalidad, la de la venta del ejido y de los terrenos comunales, y la conformación de colonias populares que incumplían la normatividad
exigida
por
las
autoridades
urbanas
para
autorizar
un
fraccionamiento, entre ellas, contar con certeza jurídica y títulos de propiedad
82
privada de los lotes urbanos; esta situación, a su vez, retrasó la introducción de servicios públicos a estos asentamientos (Olivera Lozano, 2005). Varios problemas se generaron en párelo con la presión constante que padecían las tierras ejidales y comunales para el desarrollo de las ciudades, complementada por un marco jurídico agrario que impedía de manera legal su venta, mismas que podemos resumir de la siguiente manera: altas tasas de crecimiento demográfico, crecimiento urbano desordenado y la migración de los habitantes del campo a las ciudades con sus variadas consecuencias (Ibarra Hernández, 2008:80). Para entender de manera más clara las características de la propiedad ejidal, así como la posibilidad de esta de entrar al mercado de suelos y en estricto sentido al mercado inmobiliario urbano es necesario revisar la Ley Federal de la Reforma Agraria de 1971 y la Nueva Ley Agraria, producto de las reformas constitucionales en 1992 al artículo 27. Después de revisar tanto la Ley Federal de la Reforma Agraria, como la Nueva Ley Agraria de 1992, se analizarán los efectos de dichas reformas en la propiedad social de la tierra.
83
IV. URBANIZACIÓN DE ÁREAS EJIDALES EN MÉXICO Dentro de las formas de propiedad de la tierra en México, la ejidal, fue impactada por el crecimiento de las ciudades en nuestro país. Su incorporación antes de las reformas al artículo 27 constitucional se derivó de ilegalidades, por lo cual las autoridades
creaban
mecanismos
e
instituciones
para
regularizar
los
asentamientos en zonas ejidales. Sin embargo, las reformas garantizaron el libre ejercicio de los campesinos de enajenar sus tierras para el desarrollo urbano.
1. Urbanización en áreas ejidales En cuanto a la cuestión específica de la investigación de la incorporación de terrenos ejidales al desarrollo urbano, Martha Schteingart (1981), aborda el crecimiento de la ciudad, su estructuración espacial, donde especifica la distribución clasista del espacio y sobre todo algo muy importante, los diferentes tipos de suelo que se han conjugado en el crecimiento del área metropolitana de la Ciudad de México, dándole preeminencia a las tierras ejidales que son las más afectadas por el crecimiento urbano (es importante señalar que los análisis abarcan de 1940 a 1975 cuando todavía estaba en ejercicio la antigua Ley Agraria), lo que generaba problemas debido a lo ilegal de estos hechos. Para solucionar estos problemas el Estado intervenía de diferentes formas e instituciones creadas para lograr la solución de ellos. Por su parte Jorge Durand (1983) aborda la problemática en la cual las tierras ejidales se urbanizan, dándose un cambio de valor de uso del suelo y lo que él 84
llama un proceso de proletarización. Todo en el marco transformador de las nuevas formas de vida que conlleva la ciudad. La llegada de la ciudad traerá consigo la especulación del suelo, todo en contradicción con la antigua ley agraria. María Soledad Cruz Rodríguez (2001:43-46) afirma que en las últimas décadas han cambiado los patrones de urbanización, pasando del predominio de las tres grandes zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, a la preeminencia de las ciudades medias. Este proceso de expansión no se podría concebir sin la incorporación de tierras ejidales y que serán soporte de las nuevas actividades urbanas. Guillermo Olivera Lozano (2005) afirma que con la reforma al artículo 27 constitucional, los nuevos procedimientos de incorporación de suelo ejidal, no han sido suficientemente exitosos para disminuir la ocupación irregular del suelo, y concluye que ello se debe a dos razones principales: en primer lugar, se mantiene una sobrerregulación del Estado sobre los propietarios de las tierras ejidales y comunales, que es necesario eliminar; y en segunda instancia, la capacidad de los gobiernos municipales para ordenar y planificar el desarrollo urbano es todavía muy limitada. Analizando la urbanización de ejidos, Mónica Miguel Bautista (2008:106) poniendo como ejemplo el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Oaxaca de Juárez argumenta que ese hecho ha incidido en la desaparición de los ejidos de los Valles Centrales y donde antes imperaba el maíz, el frijol, ahora sólo hay fraccionamientos habitacionales de interés social, maquiladoras y grandes comercios. 85
Alcántara Díaz (2007) analiza los mecanismos de desincorporación del cambio de régimen de propiedad, y la integración del suelo ejidal al proceso de urbanización del Área Metropolitana de la Ciudad de Colima, analizando a todos los actores involucrados. Producto de las reformas del artículo 27 constitucional, surgieron nuevas instituciones y algunas otras se reformaron para atender las políticas del sector social. Como el caso de la Procuraduría Agraria (PA), los Tribunales Agrarios, el Registro Agrario Nacional (RAN) y, en lo particular, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que se encarga de la titulación de las propiedades ejidales. La Procuraduría Agraria surge como resultado de las Reformas al Artículo 27 Constitucional y la promulgación de la Ley Agraria, siendo un Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Se encarga de asesorar a los campesinos en sus relaciones jurídicas y orientarlos respecto de sus derechos y la forma de ejercerlos. De acuerdo con la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios (1992): Son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.
Por su parte el Registro Agrario Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria, se encarga del control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal, y de brindar la seguridad jurídica documental, derivada de la aplicación de la Ley Agraria. 86
En cuanto al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) es un programa del gobierno federal que tiende a regular la propiedad de la tierra, sobre todo en tierras ejidales, comunales y en las colonias agrícolas y ganaderas. El sector agrario que participa en él, es la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Procuraduría Agraria (PA), El Registro Agrario Nacional (RAN) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), aunque éste último no pertenece al Sector Agrario. En la práctica la dependencia que asume la instrumentación y ejecución del Procede, es la Procuraduría Agraria. De acuerdo con el RAN (2009), el Procede: Fue un instrumento que el Gobierno de la República puso al servicio de los núcleos agrarios para llevar a cabo la regularización de la propiedad social. El objetivo principal del Programa fue dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y/o certificados de derechos de uso común, o ambos según sea el caso, así como de títulos de solares en favor de los individuos con derechos que integran los núcleos agrarios que así lo aprobaron y solicitaron.
Bajo esa tónica de darle certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra de los ejidatarios, ellos estarán en condiciones de poder enajenar las tierras al mejor postor, ya sea a un particular o realizando inmobiliarias ejidales para incorporar la propiedad ejidal al desarrollo urbano. En este tenor las instituciones como la PA y el RAN darán asesorías para la desincorporación de suelo social para el desarrollo urbano que consiste en orientar a los sujetos agrarios para que de acuerdo con la legislación vigente, sea desincorporada tierra social para el desarrollo urbano, a
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través de los procedimientos de adopción del dominio pleno sobre parcelas o la aportación de tierras de uso común para la constitución de inmobiliarias. En el caso de la Ciudad de México, su acelerado crecimiento desde los años cincuenta del siglo pasado, propició que su mancha urbana se extendiera inicialmente sobre la demarcación del Distrito Federal, de manera posterior sobre algunas municipalidades del Estado de México, y de manera más reciente en el municipio de Tizayuca, dentro del estado de Hidalgo. Debido a su crecimiento fuera de los límites políticos jurisdiccionales, actualmente alrededor del setenta por ciento de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) se encuentra en los municipios conurbados debido en los obstáculos para construir en la ciudad capital del país, así como la construcción de vialidades que conectan con esas zonas. El tipo de tierra que se ha utilizado para el crecimiento de la ZMCM, es de diversa índole. Para este crecimiento ha incorporado tanto por procedimientos legales como ilegales, suelo de propiedad privada para usos urbanos en un 63%, además suelo de propiedad social, o sea ejidal y comunal en un 27% y propiedad federal (3%), así como el antiguo Vaso del lago de Texcoco. En cuanto a la incorporación del suelo de propiedad social al desarrollo urbano de forma regulada y de acuerdo con los lineamientos de la Nueva Ley Agraria, se ha requerido cumplir con dos requisitos: desincorporarlo del régimen de propiedad ejidal o comunal y contar con los permisos de uso de suelo y de construcción (Maya González, 2004:317), para eso los ejidatarios o comuneros tendrán que poseer dominio plenos sobre sus
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tierras, mecanismo que es coadyuvado por el sector agrario, específicamente la PA. Hasta mediados del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1992 las tierras de propiedad social en México tenían entre otras, tres elementos que impedían su incorporación al desarrollo urbano: que eran imprescriptibles, inalienables e inembargables, lo que impedía su cambio de uso, ya sea este agrícola, ganadero o forestal a uso urbano, ya que la Ley de la Reforma Agraria era muy específica, no se podía hacer un cambio de uso de suelo. Esos candados no impidieron que los ejidos y comunidades que se encontraban en la periferia participaran en la expansión territorial de las ciudades, dándose esto a través de los asentamientos humanos irregulares, algunos de ellos de manera involuntaria por invasiones y otros donde los ejidatarios participaban activamente. Varios investigadores han señalado que en México las ciudades crecieron en una importante proporción sobre suelo social, y que por lo menos hasta la década de los ochenta, el crecimiento de las grandes ciudades en tierras de propiedad social se había dado principalmente mediante el mecanismo de procesos sociales relacionados con los movimientos urbano populares y que violentaban la constitución, además de las leyes de desarrollo urbano (Salazar Cruz, 2009:127). Este movimiento urbano popular está compuesto por un crisol conformado por inquilinos, asalariados, comerciantes ambulantes, solicitantes de vivienda y que tienen como objetivo de aumentar su nivel de vida. Siendo el suelo el elemento básico de la urbanización, cabe aclarar las peculiaridades de los tipos de suelo desde el punto de vista jurídico, y si bien la 89
tierra ejidal es predominante, hasta antes de la reforma al artículo 27 constitucional y el decreto de la nueva Ley Agraria, la tierra ejidal era la válvula de escape para la urbanización de tipo “popular” (Alcántara y Chávez, 2006:25). Así, las ciudades mexicanas tienen un elemento que lo distingue de otros países y que le dan un carácter único, las diferentes formas de propiedad sobre la tierra. Este carácter único estimuló el desarrollo de asentamientos irregulares en el suelo de propiedad social. Este grado de especificidad en el caso de nuestro país ha sido la existencia de diferentes regímenes de propiedad sobre la tierra. De esta manera se ha conformado un mercado de suelo muy peculiar en el que se cimenta de manera importante en los procesos de urbanización de tipo popular que se manifiesta en dos modalidades: la creación de fraccionamientos ilegales tanto en tierra de propiedad privada, y ejidales (Duhau y Schteingart, 1997:30). Fundamentalmente en las décadas de los años 70 al 90, los movimientos urbano- populares fueron de gran impacto, generando colonias al por mayor con prácticas de autoconstrucción. Si bien la mayoría de los asentamientos irregulares en México se han instalado en tierras ejidales, también se presentan en propiedad privada. Existen diferentes casos y mecanismos que se dan en la conformación de un asentamiento irregular, como lo explica Mollá (2006:85): Un primer caso es el del fraccionamiento que ha sido autorizado pero cuyo propietario comienza a vender lotes sin haber introducido las obras de urbanización ni los servicios que la ley exige. Otro caso más frecuente es el del propietario que fracciona y vende lotes sin haber obtenido la licencia respectiva. Finalmente, un tercer caso consiste en que una persona, haciéndose pasar por el propietario sin serlo, fracciona y vende lotes.
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Un ejemplo es la Ciudad de México, que tenía 81 ejidos que poseían una superficie total de 29 mil hectáreas. El crecimiento acelerado y explosivo de la ciudad capital generó lo inevitable, que se diera el encuentro de la mancha urbana con la tierra ejidal, por lo que los ejidatarios, autoridades ejidales y líderes de movimientos populares se convirtieron en protagonistas importantes en el proceso de expansión urbana. En el caso de los ejidos, la figura del comisariado ejidal será una figura relevante en la venta de lotes y por tanto en la creación de los asentamientos irregulares (Mollá, 2006:85). Sin embargo los comisariados ejidales no estaban solos en este proceso, eran respaldados de manera no oficial por autoridades locales ante su falta de capacidad para gestionar reservas territoriales que aseguraran la tenencia de la tierra para quienes demandaban suelo urbanizable. En este sentido, el problema de los asentamientos urbanos irregulares no fue generado exclusivamente por las altas tasas de crecimiento de la población y la migración rural-urbana, sino también la falta de políticas públicas para asegurar espacios de crecimiento para la ciudad, así como la introducción de servicios. El problema fundamental de la naturaleza de la propiedad social y que impactaba en los asentamientos fundados en ella, era la imposibilidad legal de formalizar las transacciones entre ejidatarios y colonos. Se necesitaba todo un entramado institucional para lograr su desincorporación y legalización. La importancia de esta situación radicaba en que más de la mitad de la superficie del país, alrededor de 103 millones de hectáreas eran de carácter social. De ahí que en el marco de la industrialización del país se agudizaron la falta de espacios accesibles para la
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vivienda de las clases bajas en el medio urbano, por lo que la válvula de escape a esta presión social fue la ocupación ilegal y caótica de áreas ejidales y comunales. El proceso de expansión urbana se da entonces a expensas de la tierra social, el lucrar con las necesidades de la gente y una gran especulación del factor suelo que provocó el surgimiento de los cinturones de miseria instalados en la irregularidad y cuyo saldo fue una serie de problemáticas a los gobiernos locales y a la población en general (Carreras, 2008:10-11). En el caso de la ciudad de Guadalajara, México hasta el año 2000, el 59% del total de las colonias de la capital estuvieron ligadas a alguna forma de irregularidad, aún cuando la mayor parte de ellas estaban edificadas sobre suelo privado. Sin embargo, el 25 porciento del suelo incorporado en la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) era de carácter ejidal durante los años setenta; derivado del crecimiento de la urbe en los años ochenta, esa cifra creció al 31 por ciento del suelo de la mancha urbana; para los años noventa el porcentaje de crecimiento urbano sobre ejidos disminuyó a 17 por ciento. Para el año 2000, se habían incorporado al área metropolitana la cantidad de 11 mil 528 hectáreas de suelo ejidal donde se asentaron un total de 273 colonias, superficie que representaba para ese año la cuarta parte de Guadalajara y su área (Fausto Brito, 2003: 5-6). La reforma al artículo 27 de 1992 y la creación de una Nueva Ley Agraria se dio como parte de las reformas económicas orientadas hacia la apertura comercial e inserción internacional de la economía mexicana. Estas reformas produjeron modificaciones diametralmente opuestas al objetivo de las viejas disposiciones constitucionales y que orientaban las políticas urbanas durante los años setenta y 92
ochenta, con lo que con esto se destrababan los principales obstáculos para el continuo urbano. Estas reformas originaron una reingeniería institucional para atender a las transformaciones que de manera irremediable se vislumbraba para las comunidades agrarias en materia de políticas de suelo. Los cambios al artículo 27 constitucional permitió que por primera vez los ejidos, de manera legal rentaran o vendieran sus tierras y por lo tanto incorporar la tierra al desarrollo urbano con las autoridades municipales quienes implementan los planes de desarrollo urbano, quienes a su vez se coordinan con las instituciones agrarias (Olivera Lozano, 2005:122-123) Antes de las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, las tierras de carácter ejidal que rodeaban la mayor parte de las ciudades en México sólo podían incorporase al crecimiento urbano de manera ilegal, por esa razón las autoridades municipales carecían de medios legales para incorporar a la ciudad al suelo ejidal, lo que significó, la venta del ejido y tierras comunales, así como la conformación de colonias populares que violentaban la normatividad vigente para autorizar un asentamiento. En materia urbana las reformas planteaba la posibilidad de que los ejidatarios pudieran vender su tierra, lo que originaría que se eliminara poco a poco la venta ilegal de tierra, y privara la venta legal y ordenada del suelo para el crecimiento de la ciudad (Olivera Lozano, 2005).
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2. Efectos de las reformas del artículo 27 constitucional en la propiedad social de la tierra. Es durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari a principios de los noventa, nuestro país inició una serie de reformas estructurales en medio de la aplicación del modelo neoliberal y el desarrollo del fenómeno de globalización. Dichas reformas tuvieron y siguen teniendo grandes repercusiones sobre el conjunto de su economía y su sociedad. El primer paso a esta tendencia la inició el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado en los años ochenta cuando el país ingresó a los Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio (GATT), antecedente de lo que actualmente es la Organización Mundial del Comercio. Posteriormente ya con Carlos Salinas se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y los Estados Unidos, que impactó en el campo mexicano con cambios en la tenencia de la tierra, particularmente en el ejido y que afectó a más de la mitad del territorio nacional, quitándole el papel del Estado como principal agente de activación rural, eliminado su papel en el crédito, la comercialización y la generación de insumos para el ´proceso productivo, con el pretexto de sacar del atraso a los campesinos y hacerlos competitivos (Davis, 2000:102-103). Sin embargo el objetivo era la de favorecer el mercado de tierras, la libre circulación de esta como cualquier mercancía, y que esto desde el punto de vista de la tecnocracia del gobierno, llegara la inversión al campo de capitales privados en la producción agropecuaria, sobre todo de capital estadounidense y canadiense, lo que propiciaría un entorno competitivo de cara al tratado de Libre Comercio (Rodríguez Oropeza, 2006:8). Así estas reformas tuvieron como resultado el desmantelamiento del sistema ejidal y del ejido
como forma de 94
propiedad colectiva y la subsecuente privatización de los derechos de propiedad sobre la tierra. El supuesto por lo cual actuaron algunos protagonistas políticos fue que el ejido como sistema de propiedad estaba agotado y que eran una de las causas del estancamiento en que estaba sumido el campo mexicano, al no proporcionar incentivos que significaran aumento en la producción y como consecuencia su modernización para obtener la eficiencia productiva (Núñez Madrazo, 2000:2-4). La reforma del artículo 27 constitucional de 1992 significó importantes cambios en el sistema de tenencia ejidal en nuestro país lo que significaba la supuesta modernización del sistema de administración de las tierras, así como el derecho de los campesinos para gozar, disfrutar y usar el dominio pleno. Aunque el supuesto objetivo de esta reforma era para que el ejidatario al adquirir el dominio pleno de sus tierras pudiera accesar al crédito, en realidad eso significó el participar en el mercado de tierras, ya sea para el mercado urbano o para el mercado rural. En ese sentido se puede afirmar que el crédito anteriormente no estaba limitado por la falta de títulos de propiedad sobre la tierra para ser hipotecados, sino que eran otros elementos lo que determinaban la oferta y demanda de financiamiento (Galeana, 2005:19). Por lo tanto para el Estado no es importante quien produce, sino que haya producción y la Reforma de 1992 cumple con el objetivo de poner en el mercado cualquier tipo de tierras, incluida la de origen social. Las décadas de los ochenta y los noventa se circunscriben en un contexto internacional de transformaciones en lo económico y que afectó a la concepción 95
que se tenía del Estado que pasaba de un ente interventor en los ámbitos económico y social, a uno donde se da un deslinde de funciones de carácter social que proporcionaba elementos para asegurar mínimos de bienestar a la población. En ese contexto se dan las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional (Colín, 2006:31), donde el Estado pretende que sea a través de mecanismos de la iniciativa privada donde los ejidatarios buscaran mecanismos de financiamiento o que como todo agente económico los ejidatarios pudieran utilizar sus tierra de la manera más conveniente a sus intereses, entre ellos la posibilidad de venderlas. De manera oficial la nueva legislación se basó en dos premisas fundamentales: el fin del reparto agrario y la posibilidad de que los beneficiarios de la tierra de propiedad social, ejidatarios y comuneros, pudieran asumir y disponer de sus tierras de acuerdo con la Ley Agraria, entrar a un proceso de delimitación, de titulación que significara contar con documentos oficiales acerca de la propiedad sobre las tierras (Cruz Rodríguez, 2008:65). Con ello el ideal de una economía de mercado, donde todo podría ser sujeto de transacción económica y esta reforma rompía con este candado que había impuesto el Estado protector y tutelar sobre la propiedad de origen social. Las reformas implementadas en diciembre de 1991 al Artículo 27 de la Constitución mexicana, vinieron a fomentar y establecer la privatización de la propiedad social. Se deslinda el Estado de la aplicación de políticas públicas tendientes a apoyar de manera directa a los sujetos agrarios con subsidios, semilla, fertilizantes, créditos, entre otras cosas. En particular, las reformas tuvieron el objetivo de eliminar el derecho de los núcleos poblacionales a la 96
dotación de tierras, cancelando el reparto agrario; además por ese medio se legalizó la venta, renta y aparcería de tierras ejidales. La figura del dominio pleno de las tierras ejidales, convierte a estas en propiedad privada y formaliza su mercantilización, ya sea a título personal del ejidatario o en asociación con sociedades civiles o mercantiles, algo que estaba prohibido por la Ley de la Reforma Agraria (Escalante, 2001:10).
3. El impacto de las reformas para incorporar la propiedad social al desarrollo urbano. La reforma al artículo 27 constitucional propició que el panorama para las periferias urbanas cambiara de manera importante, ya que por primera vez resulta legal y técnicamente favorable contar con suelo susceptible de urbanizar y de esta forma ordenar y controlar la expansión física de las ciudades. Los intentos anteriores no contaron con las ventajas de las leyes actuales, tampoco de contar con una institución a cargo en el sector urbano, como lo es actualmente la Secretaría de Desarrollo Social, sino del sector rural, en la Secretaría de la Reforma Agraria. Cabe mencionar, que la reforma consistió solamente en un paso inicial y obligado, que ha tenido que ser traducido a los requerimientos del desarrollo urbano que originalmente no fueron considerados (Olivera Lozano, 2001). Al romper con la característica del ejido como una institución intocable, la reforma al artículo 27 y su reglamentación mediante la Nueva Ley Agraria le quitaron los
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atributos de inalienable, imprescriptible e inembargable, lo que significó en términos sencillos, la posibilidad de que el ejidatario venda, arriende o hipoteque su propiedad. Según el propósito del propósito de gobierno fue iniciar los cambios que permitieran modernizar el campo, suponiendo una mayor producción y productividad en la actividad agropecuaria en los núcleos ejidales, teniendo como base el otorgamiento de certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y en la posibilidad de que los ejidatarios se asociaran con todo tipo de productores que quieran hacerlo, y esto redundaría en una mayor inversión privada y por lo tanto un aumento en los montos financieros en el sector (Olivera Lozano, 2001). Las maneras como se incorporaban las tierras de propiedad social al desarrollo urbano cambiaron de dominio por una vía difícil por el impedimento constitucional del cambio de uso de suelo y que derivó que los campesinos no pudieran disfrutar de la mayor parte de los beneficios si ellos fueran agentes activos en ese proceso. Así de manera ilegal, era común que los ejidatarios vendieran la tierra o permitiera que la invadieran por colonos urbanos liderados por personas sin escrúpulos, obteniendo una cantidad de dinero mucho menor que el valor urbano de la tierra. Ante ese impedimento y su ocupación por vías ilegales, se venía el proceso de expropiación con la intervención de las instituciones creadas exprofeso para ello como la CORETT, de nuevo
a valores inferiores al precio de la tierra, e
incorporaban al régimen legal de tenencia de la tierra. Ese procedimiento era terreno fértil para la concreción de complicidades entre liderazgos con intereses especulativos que afectó de manera severa el desarrollo de las ciudades que tenía la necesidad de incorporar tierra de origen social por la expansión acelerada de
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estas localidades y que se hacía al margen del mercado formal y legal. De esta manera el gobierno ve en las reformas constitucionales el reconocer el proceso de urbanización y el reconocer el derecho de los ejidatarios de decidir de manera individual el uso que le dé a sus tierras, de cambiar su uso e incorporarlo al mercado de tierras y aprovechar su plusvalía (Warman, 1996). En la visión de quien fue Secretario de la Reforma Agraria en el sexenio salinista, Arturo Warman, se concibe que las reformas beneficiaban a los ejidatarios, pues de esta manera, al urbanizar sus tierras obtendrían un precio justo. Uno de los mecanismos para hacerlo es la de organizarse y formar Inmobiliarias Ejidales, donde los socios sean los ejidatarios y de esa manera, urbanizar sus tierras y sacar el máximo provecho en términos económicos. Para Warman, las reformas no son un elemento que genere el peligro de desaparecer los núcleos agrarios, sino su permanencia en mejores condiciones, con más alternativas para su fortalecimiento económico y viabilidad. Esto sucedería, desde su perspectiva, si su patrimonio, que es la tierra, se sabe manejar de forma seria y responsable (Ibíd.). La visión de este funcionario encuadra perfectamente en la perspectiva neoliberal del gobierno. Se termina la posición tutora del Estado sobre las comunidades campesinas, que ahora deberán valerse en un ambiente de libre competencia, donde el gobierno se deslinda de estos sectores de la sociedad y es el mercado el encargado de establecer la arena de transacciones de los ejidatarios en esta nueva realidad. Antes de las reformas, las transacciones se solventaban recurriendo en prácticas ilegales, que generaron incertidumbre en cuanto a la seguridad de la tenencia de 99
la tierra, donde la figura del comisariado ejidal era fundamental pues en esa figura se concentraba poder, además de la complicidad del promotor agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria. Ante esta situación, las reformas de 1992 le dan una dimensión mercantil a la tierra ejidal, con lo cual le da la posibilidad de ser objeto de
transacciones, entre ellos la compraventa o asociación con
inversionistas privados. De la misma forma, se da la posibilidad para los ejidatarios en lo individual de pasar al dominio pleno y por lo tanto convertir sus tierras en propiedad privada (Bouquet, 1996).
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V. LA EVOLUCIÓN DE LA PROPIEDAD EJIDAL EN CABO SAN LUCAS La ciudad de Cabo San Lucas, se encuentra en el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur. Gran parte de la geografía de la localidad está rodeada del ejido del mismo nombre y de manera obligada ha tenido involucramiento en la evolución y crecimiento urbano de la ciudad, tanto antes de la reformas al artículo 27 constitucional como después de estas. El desarrollo urbano y turístico del municipio de Los cabos, en específico la ciudad de Cabo San Lucas, no se puede concebir sin el aporte de la propiedad ejidal, pues a partir de la irrupción de la actividad turística en la localidad su expansión urbana se dio fundamentalmente en tierras ejidales. En la actualidad y en el futuro, el ejido sigue siendo la principal proveedora de tierra susceptible de urbanizar, por lo que es importante la interacción de la autoridad local con las autoridades ejidales para garantizar un crecimiento racional y armonioso de la ciudad.
1. Municipio de Los Cabos El municipio de Los Cabos, ubicado en la parte más austral de la península de Baja California, en el estado de Baja California Sur, es una zona considerada de gran valor cultural e histórico, contando con elementos de gran belleza escénica lo que ha representado una ventaja comparativa para convertirse en una zona de alto potencial turístico con capacidad de generar una actividad turística que impacta tanto local como estatalmente. Debido a lo pujante de la actividad turística de los últimos años en la región, se ha convertido en una zona de gran crecimiento 101
poblacional y urbano en el país. Derivado de este crecimiento poblacional, consecuencia del desarrollo de las actividades turísticas, se observó un gran aumento en la demanda de servicios e infraestructura urbana. El sector turístico cuenta con una infraestructura de lujo, que junto a los atractivos naturales que se ofrecen al turista, ha originado el surgimiento de una serie de actividades como la recreación en playa, buceo, snorkel, pesca deportiva, entre otros. Los valores escénicos relevantes, las playas tranquilas, el clima confortable y el atractivo de especies marinas exóticas, hacen de la zona Golfo Sur una fuerte atracción para el desarrollo de infraestructura que de un adecuado soporte al crecimiento turístico. En consecuencia, la región de Los Cabos se ha convertido en el centro turístico de más acelerado crecimiento en el país, lo que hace necesario la apertura de nuevas alternativas de desarrollo para la ampliación del corredor turístico Cabo San Lucas - San José del Cabo. El municipio de Los cabos cuenta con 549 localidades (INEGI, 2010), La mayoría de las localidades del municipio son de menos de 10 mil habitantes. Las principales localidades son San José del Cabo, que es la cabecera municipal con un total de 69,788 habitantes; Cabo San Lucas, con 68,463 habitantes; Las Veredas con 10,478 habitantes; Colonia del Sol con 48,032 habitantes y Las Palmas con 11,562 habitantes. Hay que tomar en cuenta, que aún cuando INEGI considera a San José del Cabo y Las Veredas; además de San José Viejo como localidades distintas, todas forman parte del continuo urbano de San José del Cabo, conocida como la Ciudad Lineal (IMPLAN, 2011). 102
Tabla 4: Distribución de la población por localidad en el municipio de Los Cabos Tamaño de localidad
Población
% población
Número de localidades 507 23 11 2 0 1 5
% localidades
Menos de 100 4,987 2.09 92.35 100 a 400 5,539 2.32 4.19 500 a 1499 8,572 3.59 2 1500 a 2499 3,844 1.61 0.36 2,5000 a 4,999 0 0 0 5,000 a 9,999 7,222 3.03 0.18 10,000 y mas 208,323 87.35 0.91 Fuente: Cédula de Información del PDFZP http://www.microrregiones.gob.mx/zap/datGenerales.aspx?entra=pdzp&ent=03&mun=008 9/08/12
Aparte de las dos principales ciudades del municipio, existen cuatro asentamientos que por su número de habitantes presentan infraestructura de carácter urbano; La Ribera (1,757), Miraflores (1,389), San Bernabé (2, 090) y La Playa (1,238) son localidades de transición rural-urbano. Es imperante mencionar que el caso de Colonia del Sol y la localidad de Las Palmas, Cabo Bello y El Tezal,
forman parte de un comportamiento de
conurbación con la ciudad de Cabo San Lucas, generando una tendencia de homogeneidad en un solo asentamiento concentrando la población de 88, 899 habitantes según datos de INEGI (2005). El sistema de ciudades municipal presenta un comportamiento de dependencia con las ciudades de Cabo San Lucas y San José del Cabo donde se concentra el mayor número de población y la principal concentración de servicios.
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Mapa 2. Estado de Baja California Sur con división política
Fuente: Dirección de Informática y Estadística del Gobierno del estado de B.C.S http://spyde.bcs.gob.mx/die_cei_map_mun.php
A partir de 1976 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) inicia un proceso turístico en la parte más austral del Municipio de Los Cabos a través de un Centro Integralmente Planeado. El proyecto se centró en el fomento y desarrollo de manera específica de las ciudades de San José del Cabo, y Cabo San Lucas y el corredor turístico que se encuentran entre las dos localidades. La consolidación de este destino turístico se empieza a manifestar a mediados de la
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década de los ochenta. El crecimiento económico por lo tanto de ha sustentado en las actividades relacionadas con el turismo y en menor medida de las actividades detonadas a partir de la actividad central. Lo anterior ha tenido efectos en el comportamiento poblacional, con un crecimiento social derivado de la inmigración del mismo estado y de otros estados de la república, que han generado una concentración poblacional y explosivo crecimiento. Este crecimiento acelerado poblacional ha tenido como resultado una gran demanda de vivienda, infraestructura y equipamiento urbano rebasando con mucho la capacidad del gobierno en sus tres niveles y la consecuente realidad de que amplios sectores no satisfagan las necesidades urbanas acumulando grandes rezagos. Como parte de la política turística nacional, el desarrollo de Los Cabos como polo turístico se estableció a fines de los años de los 80 dentro de una política institucional del Estado que integraba seis centros turísticos distribuidos en el territorio nacional. La promoción turística del estado, que ha sido planificada en forma diferenciada privilegiando a Los Cabos, ha convertido a esta zona en el destino más importante de la entidad y uno de los principales centros de playa a nivel nacional e internacional. Los Cabos ha recibido un gran impulso como centro integralmente planeado para el desarrollo turístico de parte de FONATUR, derivando que la política turística del Estado se centra preponderantemente en este municipio, desaprovechando el potencial turístico de las otras zonas del estado de Baja California Sur generando desigualdades regionales acentuadas (Municipio de Los Cabos, 2008).
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2. La ciudad de Cabo San Lucas La ciudad de Cabo San Lucas no se puede concebir sin la existencia de la ciudad vecina y cabecera municipal de San José del Cabo, pues hay entre las dos localidades hay un flujo constante de recursos humanos y materiales. Cabo San Lucas y San José están conectados a través de una carretera con una extensión de 33 kilómetros de longitud, paralela al afamado corredor turístico de Los Cabos. En el caso del destino turístico de Los Cabos, para 1974 se decreta la creación del Puerto de Cabo San Lucas, con todo el apoyo federal de FONATUR, que conjuntamente con la infraestructura urbana con que se estaba dotando a San José del Cabo, se tenía como propósito consolidar lo que se llamaría el destino turístico internacional de Los Cabos (Balarezo, 1990:32). El Centro Integralmente Planeado de Los Cabos empezó a operar en 1976, se convirtió en el tercer Centro Integralmente Planeado (CIP) creado por FONATUR, un desarrollo turístico que abarca los poblados de San José del Cabo y Cabo San Lucas conectados entre sí a través de un corredor de 33 km. de longitud, ubicada en el extremo sur de la península de Baja California, muy cerca de la costa oeste de Estados Unidos y Canadá (FONATUR, 2012). El acelerado crecimiento del sector turismo en Los Cabos, ha significado una gran fuente de empleos y derrama económica, pero en otro sentido ha significado, sobretodo el crecimiento de Cabo San Lucas y la incapacidad de los gobiernos estatal y municipal para resolver los problemas y necesidades de una población en constante crecimiento. Este crecimiento acelerado se dio al presentar la región y localidad una economía de autoconsumo de pesca artesanal, a una orientada al 106
sector terciario que impactó en una concentración geográfica y sectorial de la inversión provocando externalidades negativas como la baja calidad de vida en la población, la presión social para la tierra habitacional y la consecuente especulación del bien (Gámez, 2001; Ángeles y Gámez, 2004). En ese escenario descrito en el año 2004, es preciso subrayar que muchos asentamientos se establecerán en zonas de riesgo por la complicidad entre autoridades y líderes de colonos. Otros de los elementos negativos del desarrollo turístico en Los cabos son las presiones sobre un bien tan escaso como el hídrico, pues dicha zona es de características semidesérticas, con poca precipitación pluvial (Gámez et al, 2011:3). La acumulación de los rezagos en servicios urbanos son de tal magnitud que actualmente se reconoce como uno de los problemas más graves que aquejan al estado de Baja California Sur y cuya solución se plantea como uno de los principales objetivos que los gobiernos estatal y municipal, se proponen atender en sus planes de gobierno; abordar esta problemática constituye la justificación y el propósito fundamental al implementar un programa de abatimiento del rezago urbano de Los Cabos. El crecimiento de la actividad turística en Baja California Sur y específicamente en Los Cabos ha tenido como consecuencia una detonación del fenómeno migratorio considerado sin precedentes en la parte sur de la península de Baja California. Este desarrollo turístico afectó en gran medida regiones como Mulegé y Comondú ubicadas al norte del estado que se convirtieron en municipios expulsores de población. La población del municipio de Los Cabos, donde se concentró el 107
crecimiento turístico sudcaliforniano, creció de 10 mil habitantes en 1970 a casi 170 mil en 2005, que representó el 40% de los habitantes en el estado. De ser un conjunto de pequeñas localidades dedicadas a las actividades primarias, el municipio y concretamente el corredor turístico San José-Cabo San Lucas, pasó a contar con más de 14 mil habitaciones de hotel, campos de golf exclusivos y ser visitado por más de un millón de turistas al año. Esto significa una gran detonación de la actividad turística convirtiéndose este destino turístico uno de los más importantes junto con Cancún. Este dinamismo del sector turismo modeló el comportamiento demográfico del estado y en especial del municipio de Los Cabos por lo que se convirtió en una entidad esencialmente receptora de migrantes. De acuerdo con datos del INEGI, en el 2005 se trasladaron al estado 41 313 personas, cantidad que representa el 1.7% del total de migrantes internos ese año México. Los estados que más aportaron en la inmigración en Sudcalifornia fueron: Sonora, con 21 de cada 100, Guerrero con 15, Veracruz con 8, Baja California con siete y el Distrito Federal con 6 de cada 100 (Gámez et al, 2010:225-226). Es durante los ochenta cuando la ciudad de Cabo San Lucas empezó a crecer, esto estimulado por la actividad turística creciente, lo que provocó fenómenos de migración interna siendo el municipio de Los Cabos y concretamente Cabo San Lucas fuente de atracción de población de otros municipios del estado. De la misma forma se da un proceso de migración de otros estados del país en búsqueda de fuentes de empleo. El centro fundacional de la localidad se consolida entorno al área del puerto y su centro comercial. Así la expansión de la mancha urbana se duplicó para el año de 1993 ampliándose, esta crecer a zonas aledañas
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algunas de las cuales eran tierras ejidales como las colonias Ejidal y Arenal, así como la colonia Obrera y la 4 de Marzo; además de una colonia lejana a la mancha urbana, considerada un suburbio, Lomas del Sol. De la misma forma se desarrollaron asentamientos de altos ingresos como el fraccionamiento El Pedregal, cercano a la zona de marina. Mapa 3. Ciudad de Cabo San Lucas, Baja California Sur
Fuente. Dirección de Catastro Municipal del Municipio de Los Cabos.
Para el periodo 1993-2004 se da la mayor expansión territorial de la ciudad surgiendo colonias como Los cangrejos, Hojazen, Miramar, Jacarandas, La Jolla, Arcos del Sol, Lagunitas, Arcos del Sol, Mesa Colorada, El Caribe; así como fraccionamientos que se ubican en la zona del corredor turístico.
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Mapa 4. Crecimiento Histórico de la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S
Fuente: Instituto de Planeación de Los Cabos
En la última etapa de expansión del 2007 a la fecha han surgido asentamientos en la zona residencial de El Pedregal, así como fraccionamientos de alta plusvalía en la zona del corredor turístico; asimismo asentamientos de alta densidad y de carácter popular como Las Palmas, Miranda, Azteca y zonas habitacionales construidas por inmobiliarias como Las Palmas Homex, Lomas del Valle, Chula Vista, Aura.
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En tiempos futuros se avizora un crecimiento en la parte norte de la ciudad, concretamente dentro del polígono del ejido, convirtiéndose el principal y potencial aportador de tierra para vivienda. Mapa 5. Estructura urbana en Cabo San Lucas, B.C.S
Fuente. Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos, B.C.S.
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3. Ejido Cabo San Lucas 3.1 Dotación El ejido Cabo San Lucas, dentro de la historia del reparto agrario en México a partir de la Ley Agraria que emana de la constitución de 1917 y que materializa las demandas añejas de tierras para los campesinos sin tierra en este país, podríamos decir que es reciente, pues fue en 1969 la resolución presidencial y para 1974 su ejecución y materialización con la dotación correspondiente. De acuerdo con el expediente del ejido que se encuentra en el RAN, por escrito de 18 de febrero de 1962 vecinos del poblado solicitaron al C. Gobernador del territorio dotación de tierras por carecer de las indispensables para satisfacer sus necesidades. Se publicó la solicitud en el periódico oficial del gobierno del territorio el 10 de marzo de 1962. La diligencia censual se llevó a cabo el 11 de marzo de 1966, misma que arrojó un total de 39 capacitados en materia agraria; procediéndose a la localización de predios afectables. El 18 de julio de 1968 la Comisión Agraria Mixta emitió su dictamen y lo sometió a consideración del Gobernador del territorio quien el 30 de enero del 1969 dictó su mandamiento, dotando al poblado de 9,626-00-00 hs de agostadero y monte bajo de mala calidad, de las que 20-00-00 hs serán para la zona urbana del núcleo ejidal, 80-00-00 para la escuela del lugar y el resto de la superficie para usos colectivos de los 39 capacitados que arrojó el censo. Por lo que a las tierras de uso individual se refiere; el total de la superficie dotada se tomó de la forma siguiente: del predio Cabo San Lucas, propiedad de Abelardo L. Rodríguez M., 97-
112
00-00 Hs.; del predio Cabo San Lucas del menor Miguel A. Parr Bennet, 75-00-00 Hs.; del predio Cabo San Lucas co-propiedad de la sucesión de Samuel Collins, Abelardo L. Rodríguez M., sucesión de Vicente Arballo Macklis, Federico Fiol Montaño, Ildefonso R. Green, Juan Bertín Ruíz, Guadalupe Montaño Ritchie, Enrique Alderete, Arturo F. Gastélum Ceseña, ; Crispín Wilkes y Cipriano Peralta; 77-00-00 Hs. Del predio “El Saltito”, propiedad del menor Antonio Parr Bennet; 231-00-00 Hs. De las demasías del predio “El Mangle” y 3,961-00-00 Hs. Del predio “La Matancita”, estas dos últimas superficies, propiedad de la nación. Los nombres de los 39 capacitados, son los siguientes: 1. Juana Castillo de Corrales, 2. Juana Corrales Castillo, 3. José Mateo Cota Collins, 4. María Isabel González Guillins, 5. Virginia Zamora Pérez, 6. Agustín Zumaya Burgoin, 7. Alfredo C. Martínez Castillo, 8. Hugo Ceseña Castro, 9. José Castillo Victorio, 10. Aureliano H. Martínez Aripez, 11. Moisés Ceseña Araiza, 12. María Peralta Vda. de Ceseña, 13. Santiago González González, 14 Pablo Leggs Martínez, 15. Valerio González Wilches, 16. Enrique Ledezma Montaño, 17. Antonio Agúndez Pérez, 18. Manuel Agúndez Manríquez, 19. Domingo Ceseña Avilés, 20. Ángel Ruíz Wilches, 21. Norberto Ruíz Wilkes, 22. Tomás Ruíz Villalobos, 23. Luis Gerardo Cota Zumaya, 24. Lizandro Cota Zumaya, 25. Roberto Cota Zumaya, 26. Manuel Tamayo Cota, 27. Mardoqueo Tamayo Cota, 28. Ramón Diego Valle Montaño, 29. Leopoldo Valle Montaño, 30 Francisco Romero Leggs, 31. Rubén Cota Zumaya, 32. Hernán García Saiza, 33. Santiago Ceseña Márquez, 34. Antonio Ceseña Burgoin, 35. Francisco Márquez Villalobos, 36. Ildefonso
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Agúndez Ochoa, 37. Guillermo Agúndez Ochoa, 38. Ramón Ceseña Wilkes, 39. José Jesús Ceseña Araiza.
Plano 1. Dotación del Ejido cabo San Lucas
Fuente: Archivo de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT), Delegación Baja California Sur.
La Resolución presidencial tiene fecha del 7 de noviembre de 1969, publicado en el diario oficial de la federación el 22 de diciembre del 1969 en los que se concede dotación al poblado al rubro, en los términos del oficio número 219863 de 23 de octubre de 1970. Ejecución de la resolución presidencial se realizó el 1 de octubre de 1974. 114
Mapa 5. Polígonos de dotación y ampliación del Ejido Cabo San Lucas
Fuente: Información proporcionada por el Ejido cabo San Lucas
Plano 2. Comunidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur y las delimitaciones del ejido del mismo nombre (diciembre de 1989)
Fuente: Archivo de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra Corett delegación B.C.S
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3.2 Ampliación Ejecución de la Resolución Presidencial de fecha del 19 de febrero de 1974, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 20 de Marzo de 1974, conforme lo cual se concedió la primera ampliación del ejido “Cabo San Lucas”, solicitada por los vecinos del Ejido Cabo San Lucas del municipio de La Paz. Con una superficie de 1,607-00-00 Hs. Quedando a salvo los derechos de 14 capacitados (6 de junio de 1974, ejecución de la resolución presidencial). Se tomaron de la siguiente manera: Predio Cabo San Lucas: 125-00-00 Hs., propiedad de la Sociedad Inmobiliaria del Cabo, S.A, 84-00-00 Hs de la sucesión de Manuel Bou López; 338-00-00 Hs de Enrique Salinas Treviño; y 800-00-00 Hs. En proindiviso de los CC. Sucesión de Samuel Collins, sucesión de Vicente Arballo M., Guadalupe Fiol Montaño, Guadalupe Montaño, Enrique Aldrete, Cipriano Peralta, Higinia Martha Collins de Tamayo y Jesús de la Concepción Collins; y 260-00-00 Hs. Del predio “Demasías de la Laguna”, de presunta propiedad nacional. Expídase a 14 beneficiados con esta resolución y a la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer. Los 14 capacitados son los siguientes: 1. Rafael Cota Carrillo, 2. Leonardo Cota Carrillo, 3. Enrique Acevedo, 4. J. Guadalupe Ceseña, 5. José Guerrero, 6. Hugo Ceseña Castro, 7. Ramón S. González, 8. Juan Maldonado, 9. Ramón Peralta, 10, Ricardo García, 11. Ramón García, 12. Gerónimo García, 13. Antonio González, 14. Ildefonso Agúndez. 1. Unidad Agrícola Industrial de la Mujer: 80-00-00 Hs. 116
2. Las restantes 1,527-00-00 Hs. Para usos colectivos del poblado solicitante. Tabla 5: Superficie ejidal y beneficiados por la dotación y ampliación del ejido Cabo San Lucas Acción Fecha de ejecución Superficie ejidal Beneficiados Dotación 01/10/1974 9626.000000 55 Ampliación 06/01/1974 1607.000000 14 Fuente: Elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional
3.3 Expropiaciones Después de habérseles dotado
de tierras, incluyendo una primera y única
ampliación, el ejido ha sido objeto de diferentes acciones agrarias tendiente a dotar de suelo para vivienda a la población cada vez más creciente derivado del desarrollo turístico que originó el desarrollo del llamado Centro Integralmente Planeado Los Cabos por parte de FONATUR. En cuanto a expropiaciones durante la existencia del ejido ha sido afectado con 385.669514 hectáreas. Estas fueron ejecutadas por diferentes dependencias. Tabla 6: Expropiaciones que se ejecutaron al Ejido cabo San Lucas, B.C.S Fecha de Publicación
Fecha de ejecución
Superficie ejecutada
11/06/1987 03/12/1987 02/03/1990 02/03/1990 18/05/1994 09/11/1994 22/08/1996
16/10/1987 26/02/1988 12/05/1990 26/05/1990 02/12/1995 10/12/1995 04/10/1996
46.769130 31.993729 135.110858 62.531027 2.266100 15.769600 50.020800
06/09/2000
29/10/2000
41.208270
Promovente SEDUE CORETT SEDUE CORETT SCT CFE GOBIERNO DEL ESTADO GOBIERNO DEL ESTADO
Fuente: Elaboración propia con información del Registro Agrario Nacional
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La primara expropiación que sufrió el ejido cabo San Lucas fue promovido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), por oficio número 100.-011 de fecha 14 de enero de 1985, donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de 47-1394 Has. de terrenos ejidales del poblado Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, para destinarlos al aprovechamiento para la constitución de reservas territoriales, patrimoniales, desarrollo urbano y vivienda de interés social en los términos del plan de desarrollo urbano del Centro de Población de Ciudad "Los Cabos", Baja California Sur. Mapa 7. Superficie expropiada promovida por SEDUE en 1987
Fuente: Proporcionado por Héctor Essaú González Arvizu abogado del Ejido CSL
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Se llegó a la conclusión de que era procedente la expropiación de terrenos ejidales manifestando la conformidad del Gobernador del Estado para llevarlo a cabo, pero de acuerdo con los trabajos técnicos e informativos se obtuvo una superficie real por expropiar de 46-76-91.30 Has. de agostadero de uso colectivo (DOF, 11 de junio de 1987). La segunda expropiación fue promovida por la comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT) por oficio número 0100-155-81 de fecha 28 de septiembre de 1981, el Director de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de una superficie de 21-82-60 Has. de terrenos ejidales del poblado Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, del Estado de Baja California Sur, para destinarse a su regularización legal a favor de sus ocupantes, mediante su venta, y comprometiéndose a pagar la indemnización correspondiente de acuerdo con la ley (DOF, 3 de diciembre de 1987). La presencia de asentamientos irregulares en cabo San Lucas que violentaba los usos de suelo que de manera puntual le otorgaba la ley obligaba la intervención de instituciones como la CORETT creadas para enfrentar esas problemáticas en los centros de población.
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Mapa 8. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1987.
Fuente: Proporcionado por Héctor Essaú González Arvizu, abogado del ejido CSL
Plano 3. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1987.
Fuente: Archivo de la CORETT, delegación Baja California Sur.
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La instancia se remitió a la Dirección General de Procedimientos Agrarios, de la Secretaría de la Reforma Agraria, la que inició al expediente respectivo. La ejecución de los trabajos técnicos e informativos, de los que resultó una superficie real por expropiar de 31-99-37.29 Has. de agostadero de uso colectivo. El tercer acto expropiatorio, se llevó a cabo por oficio número 100.- 054 de fecha 6 de febrero de 1989, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología quien solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 138-26-53 Has. de terrenos ejidales del poblado Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, para destinarlos a la constitución de reservas territoriales para el futuro crecimiento y conservación de la Ciudad de Cabo San Lucas y se comprometió a pagar la indemnización correspondiente conforme a la Ley. En la ejecución de los trabajos técnicos e informativos de los que se obtuvo una superficie real por expropiar de 135-11-08.58 Has. de agostadero de uso colectivo. Mapa 9. Superficie expropiada promovida por la SEDUE en 1990
Fuente: Proporcionado por Héctor Essaú González Arvizu, abogado del Ejido CSL 121
La cuarta expropiación la llevó a cabo la CORETT por oficio número 100/010/88 de fecha 4 de enero de 1988 solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria, la expropiación de 34-07-68 Has. de terrenos ejidales del poblado Cabo San Lucas Los Cabos, Estado de Baja California Sur, para destinarlos a su regularización y titulación legal a favor de sus ocupantes mediante su venta, comprometiéndose a pagar la indemnización correspondiente conforme a la Ley. Al momento de la ejecución de los trabajos técnicos se obtuvo una superficie real por expropiar de 62-53-10.27 Has. de agostadero de uso colectivo. Mapa 10. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1990
Fuente: Proporcionado por Héctor Essaú González Arvizu, abogado del ejido CSL
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Plano 4. Superficie expropiada promovida por la CORETT en 1990
Fuente: Archivo de la CORETT Delegación Cabo San Lucas
La quinta expropiación fue por oficio número 102.401 04845 de fecha 5 de abril de 1993, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 2-31-66 Has., de terrenos ejidales del poblado Cabo San Lucas, Los Cabos, para destinarlos al derecho de vía
necesario
para
la
construcción
de
la
ampliación
de
la
carretera
Transpeninsular Baja California Sur, tramo El Bledito-Cabo San Lucas, comprometiéndose a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciándose el procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e informativos se obtuvo una superficie real por expropiar de 2-26-61 Has., de agostadero de uso común.
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Mapa 11. Superficie expropiada promovida Comunicaciones y Transportes (SCT).
por
la
Secretaría
de
Fuente: Proporcionado por Héctor Essaú González Arvizu, abogado del Ejido CSL. La sexta afectación agraria fue promovida por oficio número GDS-13/162/94 de fecha 14 de marzo de 1994, donde la Comisión Federal de Electricidad, solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 16-65-18.50 Has., de terrenos ejidales del poblado de Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, para destinarlos a la construcción de la línea de transmisión Cabo Bello-Cabo San Lucas II, comprometiéndose a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciándose el procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e informativos se obtuvo una superficie real por expropiar de 15-76-96 Has., de agostadero de uso común. La séptima expropiación fue promovida con oficio sin número de fecha 15 de septiembre de 1994, donde el Gobierno del Estado de Baja California Sur, solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 50-01-96 Has., de 124
terrenos ejidales del poblado Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, para destinarlos a constituirlos como reserva territorial. Comprometiéndose
a
pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciándose el procedimiento relativo de cuyos trabajos técnicos e informativos se obtuvo una superficie real por expropiar de 50-02-08 Has., de agostadero de uso común. La octava y última afectación agraria fue promovida con oficio número 2356 de fecha 16 de octubre de 1998, donde el Gobierno del Estado de Baja California Sur solicitó a la Secretaría de la Reforma Agraria la expropiación de 41-19-12 Has., de terrenos del ejido Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur, para destinarlos a constituirlos como reserva territorial y, en su oportunidad, promover la vivienda, el desarrollo urbano y la protección del equilibrio ecológico para el futuro crecimiento de la ciudad de Cabo San Lucas, comprometiéndose a pagar la indemnización correspondiente en términos de Ley. Iniciando el procedimiento relativo, de los trabajos técnicos e informativos se comprobó que existe una superficie real por expropiar de 41-20-82.70 Has., de agostadero de uso común. Para llevar a cabo lo planes y programas acerca de las políticas urbanas, es el municipio quien tiene el papel fundamental y es así como el Municipio de Los Cabos, estipula en su Plan Municipal de Desarrollo Urbano los criterios para el crecimiento de las ciudades tanto de San José del Cabo, como Cabo San Lucas. Esta política debe de ajustarse a la Ley Estatal de Desarrollo Urbano Municipal que se desprende de la Ley General de Asentamientos Humanos, que rige a nuestro país.
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4. Ley Estatal de Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur y el papel del municipio De acuerdo con la Ley Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California Sur y respecto al papel de los municipios en la confección de políticas pública urbanas lo siguiente: ARTÍCULO 13.- Corresponde a los ayuntamientos ejercer, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones de manera general:
I.- Formular, aprobar, y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centro de población y los demás que de estos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en la presente ley, así como participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia; II.- Regular, autorizar, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población; III.- Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos se deriven; IV.- Promover y realizar acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; VII.- Celebrar con la federación, el estado, otros municipios o con los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y concertación que apoyen los objetivos y
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prioridades previstos en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos se deriven; X.- Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de usos de suelo, construcciones, fraccionamientos, conjuntos habitacionales, desarrollos turísticos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones y condominios, de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano, reservas, usos y destinos de áreas y predios;
En cuanto al problema central de la conformación de las reservas territoriales, donde se presentan los diferentes tipos de la tenencia de la tierra y que en muchos casos interviene la tierra de propiedad social, señala que: XI.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano, reservas, usos y destinos de áreas y predios, en términos de la legislación aplicable; XII.- Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica; XVI.- Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar en forma conjunta con el Gobierno del Estado y conforme al convenio de coordinación respectivo, los programas parciales que se expidan para la utilización parcial o total de la reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica; XXII.- Promover la participación solidaria de la población en la solución de los problemas de infraestructura y equipamiento urbano, servicios públicos y vivienda, en los centros de población ubicados en su jurisdicción;
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En los contenidos de la Ley Estatal expresa claramente como el municipio incidirá de manera fundamental en la creación de reservas territoriales, asimismo intervendrá en la regularización de la tenencia de la tierra, auxiliándose claro, de las instituciones como CORETT. Además la ciudad de Cabo San Lucas en gran medida colinda con tierras ejidales, por lo cual las autoridades municipales tendrán que utilizar una política de acercamiento y coordinación con las autoridades ejidales.
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VI. ASENTAMIENTOS HUMANOS EN TIERRA DE ORIGEN EJIDAL EN CABO SAN LUCAS Después de las reformas al artículo 27 constitucional y la promulgación de la Nueva Ley Agraria, el ejido fue afectado con dos expropiaciones concertadas del gobierno del estado de Baja California Sur con el fin regularizar las colonias Lomas del Sol (en sus tres etapas) y Mesa Colorada (en sus tres etapas). A partir de ahí la utilización de tierras ejidales en la Ciudad de Cabo San Lucas se ha realizado a partir de la obtención por parte de ejidatarios, para el caso de las parcelas, del dominio pleno y de la comercialización por parte de los ejidatarios de manera conjunta de áreas de uso común; aunque todavía se presentan asentamientos irregulares en las tierras ejidales producto de invasiones de colonos. Mapa 12. Tipo de uso de suelo en la ciudad de Cabo San Lucas
Fuente: Instituto de Planeación de Los Cabos (2011)
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En este nuevo marco jurídico, en el crecimiento urbano de la ciudad se han perfilado distintos tipos de proyectos habitacionales, en estricto sentido tres de diferentes características: lotes destinados para asentamientos populares; asentamientos para vivienda de interés social y; por último, proyectos residenciales turísticos de baja densidad. Actualmente, sin embargo siguen presentándose asentamientos irregulares en Cabo San Lucas, que están en vías legalización con la participación de autoridades ejidales y el Estado. En el presente y el futuro el ejido Cabo San Lucas será importante en la creación de reservas territoriales para asegurar un mejor crecimiento armónico de la ciudad.
1. Proyectos urbanos de lotes para vivienda popular En cuanto a los proyectos urbanos de lotes para vivienda popular de alta densidad, ubicamos cinco asentamientos, todos ellos ubicados al norte de la ciudad, la parte de mayor crecimiento urbano y que tiene como objetivo atender la demanda de las clases bajas. Estos asentamientos van dirigidos a personas que no pueden accesar a los créditos tradicionales de las instituciones de vivienda del Estado o cuyos créditos no alcanzan para adquirir vivienda que representa un gran sector de la población de Cabo san Lucas pues están registrados con bajos salarios dependiendo en gran medida de las propinas que obtienen por sus servicios en restaurantes y hoteles.
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Tabla 7: Proyectos urbanos de lotes para vivienda popular de alta densidad. Proyecto Urbano Fuentes de Bella Vista etapas I, II y II
Tipo de desarrollo urbano El proyecto consiste en lotificar lotes rústicos, para uso habitacional.
Fuentes de Bellavista Etapas IV y V
El proyecto consiste en lotificar por medio de un levantamiento topográfico en lotes rústicos, para uso habitacional. Cambio de uso de suelo para venta de lotes 403 de uso habitacional
Lotificación “Cabo Fierro” Colonia Azteca
Proyecto para 367 lotes que van de los 160 m2 a los 200 m2
Fraccionamiento Miranda
Lotificación para asentamiento urbano popular
Parcela Parcelas 5, 11 y 16 cuya superficie es de 7-80-17.733 has Superficie total de 5-20-00.00 has. Parcelas 15 y 38
Ubicación Área conocida como el Taste de Cabo San Lucas
Parcela 112 ZZ 1/3, con superficie de 10-14-12.63 has. Parcela 115 ZZ P1/3 con superficie de 92,929.62 m2
Noroeste de la ciudad, cercano a la colonia Las Palmas
SIN DATO
Área conocida como el Taste de Cabo San Lucas
Noroeste de la Ciudad de Cabo San Lucas Noroeste de la ciudad, a un lado de Colonia Azteca
Fuente: Datos obtenidos de los estudios de impacto ambiental para los proyectos Asentamiento Fuentes de Bellavista, Cabo Fierro, Colonia Azteca.
Fuentes de Bellavista En el caso del Proyecto de Lotificación “Fuentes de Bellavista” se ubica en la porción Sur del Estado de Baja California Sur, en el Municipio de Los Cabos, dentro del área que comprende el Ejido Cabo San Lucas, específicamente en las parcelas 5, 11 y 16 del área conocida como el Taste de Cabo San Lucas, con una superficie total de 7-80-17.733 has. El proyecto consistió en lotificar por medio de un levantamiento topográfico las Parcelas 5, 11 y 16 cuya superficie es de 7-8017.733 has. lotes rústicos, para uso habitacional popular.
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Mapa 13. Ubicación del Proyecto Urbano Fuentes de Bellavista (2010)
Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Fuentes de Bellavista
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2010/03BS2010FD067.pdf
Fuentes de Bellavista 4ª. Y 5ª. Etapas
El proyecto de lotificación “Fuentes de Bella Vista 4ta y 5ta Etapas” se ubica dentro del área que comprende el Ejido Cabo San Lucas, específicamente en el área conocida como el Taste de Cabo San Lucas, cercana al aeropuerto de la ciudad y que está tipificada como área de uso de alta densidad poblacional, la de mayor crecimiento de la ciudad.
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Mapa 14. Ubicación del Proyecto Urbano Fuentes de Bellavista 4ª y 5ª etapa.
Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental Fuentes de Bellavista 4ª y 5ª etapa http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2011/03BS2011FD011.pdf
El proyecto se realizó en una Superficie total de 5-20-00.00 has. de las Parcelas 15 y 38. En la parcela 15 se ofertaron 83 lotes y en la parcela 38, 80 lotes. Está área está especificado para área de vivienda de alta densidad. Este asentamiento se ubica en el norte de la ciudad cercano al Aeropuerto de Cabo San Lucas, zona de desarrollo habitacional popular.
Asentamiento Cabo Fierro En cuanto al Proyecto de lotificación Cabo Fierro se realizó en el predio en el noroeste de la ciudad de Cabo San Lucas, aproximadamente a 1.5 km de la 133
entrada a la ciudad, a la altura de la gasolinera y el motel La Roca. Se desvía por la terracería que lleva a la colonia El Progreso y Las Palmas. Aproximadamente a 3.5 km. Mapa 15. Ubicación del Proyecto Urbano Cabo Fierro
Fuente: Manifestación de impacto ambiental proyecto de lotificación “Cabo Fierro”. http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2006/03BS2006FD103.pdf
El objetivo final fue en la habilitación del terreno para fraccionarlo o lotificarlo. El proyecto se realizó en la parcela 112 ZZ 1/3, tiene una superficie de 10-14-12.63 has. Con clave catastral 4-02-001-0992, ubicado en el km. 13 camino a la pista aérea de Cabo San Lucas. El asentamiento constará de 403 lotes que van desde los 160 m2 a los 216 m2 y 218 m2. El asentamiento se ubica a un costado de la colonia Las Palmas.
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2. Asentamientos urbanos de vivienda de interés social La gran explosión demográfica que experimentó cabo San Lucas desde los noventa, generó una gran demanda de vivienda de interés social, algo que no había sido satisfecho totalmente a principios del año 2000. Los asentamientos de interés social en Cabo San Lucas, se empiezan a desarrollar al norte de la ciudad ya sea mediante tierras ya obtenidas por el gobierno del estado, como en el caso del fraccionamiento Las Palmas Homex o con ventas ya establecidas con ejidatarios en particular o de manera colectiva con el ejido en el caso del fraccionamiento Chula Vista. De estos fraccionamientos ubicamos cuatro de ellos, quienes de la misma manera se construyeron en la zona norte de la ciudad, así como los asentamientos de lotificación para vivienda popular. Tabla 8: Proyectos Urbano de Vivienda de Interés social Proyecto Urbano FRACC. LAS PALMAS PRIVADA LOMAS DEL VALLE AURA RESIDENCIAL
FRACC. CHULAVISTA
Tipo de desarrollo urbano
Parcela
Ubicación
Lotificación para 1,120 lotes habitacionales H3, de un lote con superficie de 255,461.15 m2 identificado como Las Palmas fraccionamiento consiste en 307 casas habitación en un nivel, en una superficie de 108,388.28 has
proceso de expropiación. superficie de 33340-40.668 has Predio Parcela 114 Z Z 1/3 del Ejido Cabo San Lucas Fracción D de la parcela 101 ZZP 1/3 del Ejido Cabo San Lucas.
A un lado de la pista aérea de Cabo San Lucas, Avenida Nicolás Tamaral
proyecto habitacional que consiste en la construcción de 238 viviendas de interés popular en una superficie aproximada de 48,476.09 m2,
En las inmediaciones de la colonia Meza Colorada Avenida Nicolás Tamaral
El fraccionamiento estará divido en El Ejido Cabo San 3,084 lotes para vivienda Multifamiliar, Lucas vende 89736 lotes para Cluster Compacto, y 206 14-32.794 lotes para vivienda tipo Residencial, hectáreas para el dando un total de 4,026 viviendas. proyecto Fuente: Elaborado a partir de la maniefestación de impacto ambiental de los proyectos
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Esta zona está tipificada de acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano como habitacional de alta densidad poblacional. De manera lógica las constructoras buscaron predios que por su ubicación no fueran de alta plusvalía para sus proyectos, para ofrecer vivienda más accesible a los montos que ofrecen las instituciones de crédito del Estado para los trabajadores.
Fraccionamiento Las Palmas El proyecto de habitacional de Las Palmas, fue edificado en una superficie total de 333-40-40.668 has. adquirida por la compañía Homex al gobierno del Estado que a su vez los obtuvo como parte de la ampliación de las reservas territoriales al ejido Cabo San Lucas. El tipo de vivienda es de interés social para zona de alta densidad. Mapa 16. Fraccionamiento Las Palmas, Cabo San Lucas, B.C.S
Fuente: Ubicación del asentamiento por parte del autor con Google Earth
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El fraccionamiento se dividió en 45 manzanas y 996 lotes habitacionales y crecimiento a futuro; las manzanas promedio constarán de 24 lotes de cada una, aunque en algunos casos y dada la irregularidad del polígono se ajustaron manzanas con menor número de lotes e incluso lotes solos. Hasta antes de la construcción de este fraccionamiento, quienes cotizaban en sus trabajos para crédito para vivienda a través del Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), no alcanzaban para adquirir una vivienda en los desarrollos ofertados debido a su alto precio, en el caso de algunos de estos desarrollos al norte de la ciudad fue posible accesar a este bien. Plano 5. Plano urbano del Fraccionamiento Las Palmas
Fuente: Manifestación de impacto ambiental Fraccionamiento Las Palmas, cabo San Lucas, B.C.S http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2005/03BS2005FD070.pdf
Privada Lomas del Valle El proyecto “Privada Lomas del Valle”, contempló la construcción de un conjunto habitacional el cual se ubica en el predio “Parcela 114 Z Z 1/3 del Ejido Cabo San 137
Lucas, municipio de Los Cabos en el estado de Baja California Sur. El predio se subdividió en 307 lotes en los que se contempla el uso del suelo para el desarrollo urbano. De acuerdo con el plano de lotificación autorizado, el fraccionamiento consistió en 307 casas habitación en un nivel, en una superficie de 108,388.28 has. Se estima una densidad de población de 3.6 habitantes por vivienda por lo que la población del fraccionamiento a su máxima capacidad es de 1,105 personas.
Mapa 17. Ubicación del conjunto habitacional Privadas de Lomas del Valle
Fuente. Ubicación del asentamiento realizada por el autor con Google Earth
Aura Residencial El fraccionamiento “Aura Residencial”, en un predio que corresponde a la tipificación señalada como zonas habitacionales y de servicios. El asentamiento se proyectó la construcción de 238 viviendas de interés popular. 138
El proyecto habitacional de interés popular se edificó en las inmediaciones de la Colonia Mesa Colorada en la fracción D de la parcela 101 ZZP 1/3 del Ejido Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, B.C.S. cuya clave catastral es la núm. 402-001-1165. La vía de acceso al fraccionamiento es por la prolongación Leona Vicario, cercana a la pista aérea de Cabo San Lucas. El predio está anexo a la colonia Meza Colorada sección II, de característica popular con alta densidad.
Mapa 18. Ubicación del Fraccionamiento Aura Residencial
Fuente: Ubicación del asentamiento realizada por el autor en Google Earth
139
Fraccionamiento Chulavista Para la construcción de este fraccionamiento, la transacción de venta se dio entre el Ejido Cabo San Lucas y la constructora Homex. Para ello se destinó una superficie
de
89-14-32.794
hectáreas
para
el
desarrollo
del
proyecto
Fraccionamiento “Chula Vista”. El fraccionamiento estará divido en 3,084 lotes para vivienda Multifamiliar, 736 lotes para Cluster Compacto, y 206 lotes para vivienda tipo Residencial, dando un total de 4,026 viviendas. Este asentamiento construyó diferentes tipos de vivienda lo que significó que obtuvieran un lugar para evitar gente con diferentes ingresos. Mapa 19. Ubicación del Fraccionamiento Chula Vista, Cabo San Lucas, B.C.S
Fuente: Unicación del asentamiento por parte del autor con Google Earth 140
3. Asentamientos urbanos de vivienda residencial turística de muy baja densidad Este tipo de vivienda se edificó en la zona del polígono principal del ejido Cabo San Lucas y que esta aledaña al corredor turístico. Esta zona es considerada como zona de muy baja densidad y de manera contigua de han desarrollado proyectos hoteleros y se cuenta con vista a la bahía de Cabo San Lucas, lo que le da un gran plusvalía. Tabla 9. Proyecto urbano de vivienda residencial turística de muy densidad. Parcela Parcela 27 Z2 P1/3
baja
Proyecto Urbano FRACC. RESIDENCIAL HERMITAGE
Tipo de desarrollo urbano Fraccionamiento en zona de baja densidad
Ubicación Ubicado en el corredor turístico
LA CIMA RESIDENCIAL
Fraccionamiento zona de baja densidad
Parcela 2 Z1P 1/3 Fracción “ B”
Ubicado en el corredor turístico
EL TEZAL
Fraccionamiento en zona de baja densidad
FRACC. PRIVANZAS
Fraccionamiento en zona de baja densidad
Parcela 14 Z2 P1/3 con una superficie de 26,169.93 m2. Parcela 128 del ejido, con un área total de 57,432.62 m2.
Ubicado en el corredor turístico Ubicado en el Corredor Turístico
FRACC. PUNTA VISTA HERMOSA RESIDENCIAL MARALUNA
Fraccionamiento en zona de baja densidad
Parcela 46 Z2 P 1/3
Ubicado en el corredor turístico Fraccionamiento en zona de Parcelas 255 Z6 P 1/3 y Ubicado en el baja densidad 252 Z6 P 1/3. corredor turístico EL TREBOL Fraccionamiento en zona de Parcelas 11 Z2 P 1/3 y Ubicado en el baja densidad 18 Z2 P 1/3 Corredor Turístico Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios de manifestación de impacto ambiental de los proyectos para cambio de uso de suelo
La venta de estos terrenos de origen ejidal se ha dado a partir de la obtención del dominio pleno a excepción de Villa Serena donde se estableció una especie de concesión entre el ejido Cabo San Lucas y el desarrollo turístico. 141
El desarrollo turístico de cabo San Lucas se concentra principalmente sobre el corredor turístico y por lo tanto de manera aledaña a la carretera Cabo San LucasSan José del cabo, de ahí que los terrenos ejidales apostados en esa zona son de gran valor comercial
Fraccionamiento Residencial Hermitage El fraccionamiento Hermitage está localizado por el corredor turístico, zona de muy baja densidad poblacional y de gran plusvalía. El asentamiento está ubicado en la localidad de Cabo San Lucas, ubicada en la parcela 27 Z2 P 1/3 del ejido Cabo San Lucas con clave catastral 4-02-001-1075 y una superficie de 2-6337.75. hectáreas. Se llevó a cabo la lotificación y apertura de las vialidades del predio a desarrollar, el cambio de uso de suelo.
Mapa 20. Ubicación del fraccionamiento Hermitage
Fuente: Estudio de impacto impacto ambiental en la elaboración del proyecto residencial http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2007/03BS2007FD158.pdf 10/09/12
142
Fraccionamiento La Cima Residencial El fraccionamiento La Cima, está ubicado dentro del corredor turístico Cabo San Lucas- San José del Cabo, área de gran plusvalía y es considerada área de muy baja densidad poblacional y de vocación turística y residencial. El fraccionamiento está edificado en Parcela 2 Z1 P 1/3 Fr acción “B” del ejido cabo San Lucas, con una superficie total de 30,000.00 m2 y tiene la clave catastral 402- 044- 027-011, donde se construyeron 36 residencias en lotes que oscilan entre los 500 y los 865 M2. Mapa 21. Ubicación de La Cima Residencial dentro del polígono del ejido
Fuente: Ubicación del asentamiento del autor con Google Earth.
143
El área del fraccionamiento su terreno es de forma irregular, colinda al noroeste con tierras de uso común, zona 1, al noreste con la parcela 1, al Sureste con tierras de uso común, zona 1, y al Sur oeste con la parcela 2 fracción “A”. Todo ello dentro del ejido Cabo San Lucas, en la Zona conocida como el Tezal, en Cabo San Lucas.
Fraccionamiento El Tezal El fraccionamiento El Tezal se encuentra en el área del corredor turístico que se caracteriza por su gran plusvalía, además de ser zona habitacional turística de muy baja densidad poblacional. Mapa 22. Localización del Predio El Tezal
Fuente: Manifestación de manifestación de impacto ambiental del proyecto http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2011/03BS2011FD075.pdf 10/09/12
144
Fraccionamiento Privanzas Este fraccionamiento se construyó en la parcela 128, con un área del polígono de 57,432.62 m2. El asentamiento se localiza en el área del corredor turístico, zona de alta plusvalía, considerada como área turística residencial de muy baja densidad. El acceso a este fraccionamiento está a la altura del kilómetro 3 de la carretera federal Cabo San Lucas-San José del Cabo
Fraccionamiento Punta Vista Hermosa El predio de este asentamiento se encuentra en la parcela 46 Z2 P 1/3 que fue desincorporado al ejido Cabo San Lucas cuya clave catastral es 4-02-001-0098. La zona es considerada turística residencial de muy baja densidad, se encuentra a la altura del km 6 de la carretera a federal Cabo San Lucas-San José del Cabo. La superficie total de este asentamiento es de 27,067.82 m2 donde se edificaron villas residenciales. Mapa 23. Ubicación del Fraccionamiento Punta Vista Hermosa
Fuente: Manifestación de impacto ambiental del proyecto
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2006/03BS2006FD079.pdf 145
Residencial Maraluna El fraccionamiento se construyó en las parcelas 255 Z6 P 1/3 y 252 Z6 P 1/3, con claves
catastrales
402-001-2848
y
402-001-2918
respectivamente.
El
asentamiento está en un área de 80,282.064 m2. La zona donde se localiza el fraccionamiento es turística residencial de muy baja densidad. El predio donde se localiza el fraccionamiento perteneció al ejido Cabo San Lucas, En el predio conocido como El Tezal, se localiza al noreste de la ciudad de Cabo San Lucas. Mapa 24. Localización del fraccionamiento Maraluna
Fuente: Manifestación de impacto ambiental del proyecto http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2009/03BS2009FD021.pdf
146
Fraccionamiento El Trébol El Trébol se ubica en la carretera Cabo San Lucas-San José del Cabo a la altura del kilómetro 6.8 en el ejido Cabo San Lucas. Se localiza en dos lotes de terreno identificados como las parcelas 11 Z2 P 1/3 con 2.724362 hectáreas y 18 Z2 P 1/3 con 3.015440 hectáreas. El predio se localiza en zona de muy baja densidad, de gran valor comercial. Mapa 25. Fraccionamiento El Trébol
Fuente: Manifestación de impacto ambiental del proyecto http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bcs/estudios/2008/03BS2008FD012.pdf
4. Asentamientos irregulares en tierras ejidales en Cabo San Lucas A lo largo del crecimiento histórico de la ciudad, el ejido Cabo San Lucas ha sido afectado para poder regularizar asentamientos humanos con la intervención de CORETT esto antes y poco después de la promulgación de las reformas 147
constitucionales del artículo 27 constitucional. Aunque el problema de los asentamientos irregulares en tierras ejidales ha disminuido, en la actualidad se tiene la existencia de dos asentamientos en específico: las colonias Caribe Bajo y Tierra y Libertad, donde líderes de colonos generalmente inmiscuidos con autoridades municipales han estimulado la creación de estos asentamientos. En el caso de las colonias anteriormente citadas, estas se encuentran en proceso de regularización en la figura de la expropiación concertada, creándose los Comités Ciudadanos para la Regularización de la Tenencia de la Tierra por la CORETT delegación Baja California Sur, conveniando con el ejido Cabo San Lucas.
Mapa 26. Asentamientos irregulares en Cabo San Lucas
Fuente: Instituto de Planeación del Municipio de Los Cabos. 148
Es de resaltar la disposición del ejido en la solución del problema que representan estos asentamientos irregulares, donde se desincorporarán 135 hectáreas donde se ubican las colonias Tierra y Libertad y El Caribe Bajo. La dinámica del crecimiento de la Ciudad de Cabo San Lucas obliga la participación coordinada de los diferentes sectores que intervienen en el mercado de tierra y vivienda. En ese sentido el ejido Cabo San Lucas es uno de sus principales protagonistas. 5. Importancia de la futura participación del Ejido Cabo San Lucas en el crecimiento urbano de Cabo San Lucas. El ejido Cabo San Lucas es sin duda un actor de importante peso en el crecimiento futuro de la ciudad de cabo San Lucas. La ciudad en su parte norte y noreste de la ciudad está rodeada de terrenos ejidales (ver mapa 26), por lo que será agente activo en el crecimiento de la ciudad sobre todo para proyectos de vivienda popular y de interés social de alta densidad, así como de residencial turística de muy baja densidad. Importante será la coordinación de las autoridades municipales y el ejido Cabo San Lucas con el objetivo de lograr un crecimiento urbano armónico. Que la conformación de Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Los Cabos (IMPLAN-Los Cabos), sea elemento importante en la coordinación entre agentes involucrados en la dinámica urbana de expansión entre ellos el ejido Cabo San Lucas.
149
Mapa 27. Tenencia de la tierra en Cabo San Lucas, B.C.S
Fuente: Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos
5.1 La creación de reservas territoriales La administración municipal que de acuerdo con el artículo noveno fracción XXI de la Ley General de Asentamientos Humanos los municipios están facultados para crear y administrar reservas territoriales con el fin de garantizar un crecimiento armónico de la ciudad según los usos de suelo, además de generar una bolsa de suelo para que quienes carezcan de un pedazo de tierra para vivir lo puedan obtener a bajos precios. De esta manera, el Ayuntamiento de Los Cabos adquirió terrenos que eran del ejido cabo San Lucas en el predio conocido como Leonardo Gastélum con el fin de reubicar a moradores que se encontraban en zonas de arroyos y de alto riesgo,
150
además de ofrecer lotes para vivienda a población que por su ingreso no podían accesar a viviendas de interés social. Las reservas territoriales con que cuenta en la actualidad son limitadas y por lo tanto insuficientes, de ahí que en el futuro, importante será la coordinación y cooperación entre el municipio y el ejido con el fin de prever las necesidades futuras y ampliar las reservas territoriales. Mapa 28. Reservas territoriales de la Ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S
Fuente: Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos
5.2 Dominio Pleno de las tierras ejidales De acuerdo con lo señalado por los artículos 23, fracción IX, y 81 de la Ley Agraria, la Asamblea ejidal podrá resolver que los ejidatarios puedan adoptar el 151
dominio pleno sobre sus parcelas. De esta forma al obtener el dominio pleno y convertir sus tierras en propiedad privada; de acuerdo con la Nueva Ley agraria, los ejidatarios podrán vender o enajenar sus derechos parcelarios a ejidatarios o avecindados del mismo núcleo, adquirir el dominio pleno de sus parcelas y venderla, o en el caso de los comuneros, ceder el derecho de sus parcelas familiares a familiares o a avecindados. La ley también permite que los ejidatarios puedan aportar sus tierras a sociedades civiles o mercantiles, como en el caso de destinar tierras para uso urbano, inmobiliarias ejidales. De esta forma la decisión del ejidatario de vender sus tierras es una decisión personal. Por lo tanto el ejidatario de manera individual puede contribuir en la venta para usos habitacionales en las ciudades. En el caso del ejido Cabo San Lucas, el proceso de obtención del dominio pleno va muy avanzado en la tierra parcelada y en las tierras de uso común se están parcelando para que sean distribuidas entre los ejidatarios y estas ya estén en condiciones a su vez de obtener el dominio pleno.
Tabla 10. Tierras de Dominio Pleno Ejido Cabo San Lucas SUPERFICIE EN HECTÁREAS AÑO
2006 2007
PARCELADA
234.640663 562.929005
USO COMÚN
ASENTAMIENTO
9113.200337 8433.619081
SIN DATO 301.438349
DOMINIO PLENO
723.703936 1244.574337
Fuente: Elaboración propia en base a datos del RAN
El avance del dominio pleno es posible verificarlo hasta el 2007, en ese sentido el ejido de un poco mas de 723 hectáreas que se habían convertido al dominio pleno, para el 2008 se tenían poco mas de 1,244 hectáreas para el 2007, 152
superficie en la cual los ejidatarios que las poseían podían disponer de ellas de acuerdo con su libre decisión y por lo tanto entre esas decisiones podrían destinarlas a nuevos asentamientos humanos.
153
CONCLUSIONES El objetivo de la presente tesis es analizar la expansión urbana de la ciudad de Cabo San Lucas y el papel que ha jugado el ejido del mismo nombre antes y después de la reforma constitucional del artículo 27 constitucional en este fenómeno. Indudablemente, los planteamientos teóricos que aquí se vierten no son de carácter totalizadores, ni se plantea que alguno de ellos de la explicación total del desarrollo urbano; sin embargo, son parte fundamental de la explicación del fenómeno del crecimiento urbano en la zona de estudio. Algo muy importante al analizar un problema urbano, es abordar las diferentes posturas sobre la ciudad, desde el punto de vista teórico y conceptual. Así, en el capítulo uno se explicaron diferentes posiciones teórico conceptuales de la ciudad, desde los orígenes de las ciudades, hasta las características de las ciudades actuales, tanto de América Latina como de nuestro país. Académicos como Sobrino, hablan del origen remoto de las ciudades y que como lo afirma Weber, este origen no está ligado con la irrupción de la industria, sino a estapas previas. La ciudad no sólo es la conglomeración urbana, sino como lo afirma la Escuela Ecologista de Chicago, es también un estado de mente, de costumbres, de tradiciones, de actitudes, de prácticas sociales determinadas. También la ciudad es para clásicos autores como Engels y otros contemporáneos, como Schteingart y Castells, una expresión de distribución espacial clasista que reproduce la vida material del hombre, así como las relaciones sociales del modo de producción 154
dominate. Las ciudades, concretamente las latinoamericanas, se han configurado a partir de la marginalidad, de la dualización constante. Uno de los fenómenos que en el estudio de la ciudad requieren explicación, es la manera como se configura en el espacio, como crece y para ello hay una serie de modelos que se plantean. En la configuración de las ciudades los modelos planteados por los teóricos estadounidenses en muchos sentidos se acomodan a la ciudad latinoamericana, concretamente a las mexicanas, se revisaron modelos de crecimiento urbano de Burgess, quien plantea un crecimiento a base de círculos concéntricos; Harris y Ullman que expresan el crecimiento de las ciudades a través del modelo polinuclear que plantea una serie de vacios urbanos y el surgimiento y consolidación de una serie de núcleos urbanos; de la misma forma Hoyt quien toma en cuenta la movilidad de la ciudad sectores de la población más dinámicos, con mayor poder adquisitivo que se desplazarán por las principales y rápidas rúas de comunicación evadiendo el congestionado ambiente de la ciudad central. Como parte de la ciudad actual y la tendencia a las grandes aglomeraciones urbanas se maneja el término de las ciudades desdibujadas debido a su gigantesco tamaño como en el caso de la ciudad de México. El crecimiento de las ciudades latinoamericanas y mexicanas, estuvo enmarcado por la informalidad, derivado de la precarización en la que han vivido y viven mucha población. Esta dualidad, no sólo se manifiesta en países del tercer mundo, también se manifiesta en ciudades de países desarrollados como Londres y Nueva York, con una gran masa de migrantes que se suman en el desempleo al perderse los puestos de trabajo de carácter industrial en los años 70 y 80 y abrirse 155
empleos que requieren mano de obra calificada y educada, que no están preparados para ese tipo de actividades, con la consecuencia del crecimiento de la informalidad. En la actualidad el espacio adquiere nueva significancia debido a la creciente privatización del entorno urbano, pues es en este elemento donde se expresa la dualidad de la sociedad, de quienes tienen la mayoría de los satisfactores y quienes que carecen de una buena parte de ellas, de quienes viven en zonas con todos los servicios a sectores donde su realidad urbana está asociada con barrios derruidos, inseguridad y depresión. En el caso de Los Ángeles, California, así como la mayoría de las ciudades estadounidenses, los guetos de negros y latinos son objeto de discriminación, de pauperización humana y exclusión social. En ese sentido en las ciudades norteamericanas, la dualidad se expresa en un contexto de la sociedad globalizada e informacional, donde los sectores más dinámicos de la población acceden a actividades de vanguardia, acentuando más las desigualdades sociales. De la misma forma se sigue reafirmando la configuración espacial, de un centro derruido donde viven las clases menos favorecidas en esta sociedad informacional y un segmento dinámico de la población que se establece en los suburbios, alejados del trajín citadino, conectados por vías rápidas para accesar a sus lugares de trabajo. En cuanto a las ciudades latinoamericanas y concretamente las mexicanas, su configuración espacial está expresada en esta distribución clasista del espacio y las ventajas locacionales, además de la profunda
segregación a partir de la
inseguridad y la creación de asentamientos amurallados en medio de la 156
inseguridad cotidiana. Mientras los sectores menos favorecidos se instalan en el espacio urbano en medio de espacios acotados, reducidos, en el mejor de los casos y en reductos de informalidad a través de asentamientos irregulares en casos extremos. Uno de los objetivos particulares de esta investigación fue contextualizar la expansión urbana a partir del impulso de proyectos turísticos del Estado mexicano con la manifestación de una expansión demográfica y una gran presión sobre el suelo para uso urbano; esto fue palpable en polos turísticos como el de Cancún y de la misma forma en Los Cabos, traduciéndose en el encarecimiento del suelo, la especulación inmobiliaria y la creación de asentamientos irregulares en tierras ejidales. En el segundo capítulo se establece que el precio de la tierra, la de uso habitacional se determina por un proceso de oferta y demanda, pero también de su localización; en cuanto a la localización este elemento es que configura el espacio urbano y se expresa en la ubicación de las clases sociales consolidando la segregación urbana. El problema del acceso al suelo urbano no sólo se reduce a cuestiones de valor en términos del juego de la oferta y la demanda, sino a las especificidades de cada país, en el caso mexicano las diferentes formas de propiedad sobre la tierra fue importante en la configuración de sus ciudades. En esta configuración del espacio urbano, los diferentes tipos de propiedad han sido fundamentales en la expansión de las ciudades en México. El artículo 27 constitucional producto de la demanda principal de los grupos revolucionarios de 1910, consolidó tres tipos de tenencia 157
de la tierra: La ejidal, la comunal y la privada; las dos primeras de carácter social, tenían las características de inalienables e inembargables, lo que suponía un gran obstáculo para el continuo urbano, de ahí que los asentamientos humanos que se establecían en la tierra de origen social, se hacía bajo mecanismos irregulares al margen de la ley. A partir de proceso de apertura económica de México, las reformas impulsadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari a mediados de los años 80 y principio de los 90, inició el proceso mediante el cual el Estado dejaba de ser el principal impulsor de políticas públicas hacia el sector ejidal y comunal, para que los agentes ingresaran a la lógica del libre mercado al sustituir sus derechos agrarios por títulos de propiedad. La liberalización económica fue el contexto en que se dan las reformas de 1992 al Artículo 27 constitucional, donde el Estado pretende que sea a través de mecanismos de la iniciativa privada donde los ejidatarios buscaran mecanismos de financiamiento o que utilizaran sus tierras como mejor les conviniera, entre ellos la posibilidad de venderlas. En ese sentido, la reforma al artículo 27 constitucional brindó la posibilidad de un cambio del panorama para que las ciudades no tuvieran obstáculos legales en su crecimiento, pues ya estaban en posibilidad de legal y técnicamente contar con suelo susceptible de urbanizar y
con ello contribuir de manera ordenada y
controlada a la expansión física de las ciudades.
158
En el tercer capítulo se concluye que en el caso de Cabo San Lucas, Baja California Sur, esta ciudad de ser un pueblo de pescadores artesanales, las políticas públicas emprendidas por el Estado mexicano a partir de la actividad económica del turismo y ser objeto del impulso de un CIP por el FONATUR significó un crecimiento acelerado tanto en términos de expansión urbana como de manera lógica, poblacional. A partir de ese crecimiento exponencial de la población, la tierra para su urbanización será de alta demanda y por lo tanto encarecida. Uno de los grandes problemas significó que la tierra aledaña al pueblo, eran de carácter ejidal y que de manera inicial se incorporó al margen de la ley (asentamientos como las colonias Ejidal, El Arenal, Obrera, 4 de Marzo, Arcos del Sol, Lomas del Sol, Meza Colorada, etc.), teniendo que intervenir instituciones del Estado para “regularizar” estos asentamientos como CORETT, SEDUE y Gobierno del Estado. Aquí se cumple con otro objetivo específico de la investigación que fue identificar los asentamientos sobre áreas ejidales antes de las reformas al artículo 27 constitucional, así como los mecanismos para su regularización Es en el contexto de las reformas al artículo 27 constitucional donde el ejido Cabo San Lucas empezó de manera formal y legal a ser el principal proveedor de tierra para el desarrollo urbano, de manera individual los ejidatarios han vendido a desarrolladores para todo tipo de asentamiento, tanto en zona de alta densidad, como de muy baja densidad cercana al corredor turístico (en ese sentido se cumple con otros dos objetivos particulares que guiaron a la investigación: Identificar los asentamientos llevados a cabo después de las reformas al artículo 159
27 constitucional en la ciudad de Cabo San Lucas, B.C.S. e Identificar el tipo de asentamientos humanos que se crearon en la ciudad de Cabo San Lucas en el marco de la Nueva Ley Agraria). Aunque después de las reformas al artículo 27 constitucional y la promulgación de la Nueva Ley Agraria, el ejido fue afectado con dos expropiaciones concertadas del gobierno del estado de Baja California Sur con el fin regularizar las colonias Lomas del Sol (en sus tres etapas) y Mesa Colorada (en sus tres etapas). A partir de ahí la utilización de tierras ejidales en la Ciudad de Cabo San Lucas se ha realizado a partir de la obtención por parte de ejidatarios, para el caso de las parcelas, del dominio pleno y de la comercialización por parte de los ejidatarios de manera conjunta de áreas de uso común. En el crecimiento urbano de la ciudad sobre tierras ejidales, ubicamos tres distintos tipos de asentamientos y proyectos: Lotes de asentamientos populares; otros de vivienda de interés social y por último, proyectos residenciales turísticos de baja densidad. El ejido es sin duda un actor de importante peso en el crecimiento futuro de la ciudad de Cabo San Lucas. La ciudad en su parte norte y noreste de la ciudad está rodeada de terrenos ejidales, por lo que será agente activo en el crecimiento de la ciudad sobre todo para proyectos de vivienda popular y de interés social de alta densidad como de residencial turística de muy baja densidad. Los mecanismos por los cuales se podrá incorporar el ejido al desarrollo urbano para asentamiento humano se vislumbran en dos sentidos: aportar tierras para la creación de reservas territoriales; y obtener los ejidatarios el dominio pleno para 160
vender a inmobiliarias o impulsar de manera individual su lotificación para su venta directa a las personas interesadas. De esta forma en esta parte se cumple con el último objetivo particular de la presente tesis: analizar el papel del Ejido Cabo San Lucas en el crecimiento de la ciudad en el futuro.
161
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Cabos
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ANEXO. DIFERENTES TIPOS DE PROPIEDAD DE LA TIERRA Y EL EJIDO EN LA LEY DE LA REFORMA AGRARIA, NUEVA LEY AGRARIA Y LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley de la Reforma Agraria de 1971: El núcleo de población ejidal, es propietario de las tierras y bienes que en la misma se señale con las modalidades y regulaciones que esta ley establece. La ejecución de la resolución presidencial otorga al ejido propietario el carácter de poseedor, o se lo confirma si el núcleo disfrutaba de una posesión provisional. El artículo señala que las tierras no estarán bajo ninguna circunstancia en el mercado de tierra ya que: Los derechos que sobre bienes agrarios adquieren los núcleos de población serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e Intransmisibles y por tanto, no podrán en ningún caso ni en forma alguna enajenarse, cederse, transmitirse, arrendarse, hipotecarse o gravarse, en todo o en parte. Serán inexistentes las operaciones, actos o contratos que se hayan ejecutado o que se pretendan llevar a cabo en contravención de precepto….
El
artículo
27
constitucional
contempla
diferentes
tipos
de
propiedad,
descartándose la gran propiedad o latifundio demanda principal de los grupos revolucionarios. De acuerdo con este artículo existe la propiedad privada o llamada Pequeña Propiedad; la tierra de propiedad social, ya sea ésta ejidal o comunal o las llamadas tierras nacionales. La pequeña propiedad tiene diferentes variantes según la vocación de las tierras, una de ellas es la Pequeña Propiedad Agrícola considerada la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
176
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos. Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos. Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquier otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley. De acuerdo con la Nueva Ley Agraria2 de nuestro país del 26 de febrero de 1992 en su artículo 117: “Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras agrícolas de riego o humedad de primera que no exceda los siguientes límites o sus equivalentes en otras clases de tierras.” 2
Para efectos del trabajo se refiere a Nueva Ley Agraria a la que derivó en las reformas constitucionales de 1992. La anterior que consideraba inalienables, inembargables a las tierras ejidales era la Ley Federal de la Reforma Agraria.
177
Enlista los siguientes casos: I. 100 hectáreas si se destina a cultivos distintos a los señalados en las fracciones II y III de este artículo; II. 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón; III. 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. En su artículo 119 y 120 determina la pequeña propiedad dedicada a actividades forestales y ganaderas: Artículo 119.- Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas. Artículo 120.- Se considera pequeña propiedad ganadera la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región de que se trate no exceda de la necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Para efectos de la equivalencia a que se refiere este artículo, se computará una hectárea de riego, por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad, por ocho de monte o agostadero en terrenos áridos. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En cuanto a la afectabilidad que puedan sufrir las propiedades del suelo nos dice que: 178
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. En lo referente a los asentamientos humanos y el uso del suelo nos dice que: ...En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades….
En su artículo séptimo la Nueva Ley Agraria: Reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria; En cuanto a la propiedad ejidal el artículo noveno de la Nueva Ley agraria establece la personalidad jurídica del ejido: Artículo 9o.- Los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. En su sección primera de las disposiciones generales sobre las tierras ejidales, la misma Ley, en sus artículos 43 y 44 se señala lo siguiente: Artículo 43.- Son tierras ejidales y por tanto están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley las que han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal. Artículo 44.- Para efectos de esta ley las tierras ejidales, por su destino, se dividen en: 179
I. Tierras para el asentamiento humano; II. Tierras de uso común; y III. Tierras parceladas. En su sección séptima referente a las tierras ejidales en zonas urbanas establece lo siguiente: Artículo 87.- Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. Artículo 88.- Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. Artículo 89.- En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos. En el capítulo IV de la expropiación de bienes ejidales y comunales se dictamina que: I. El establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos;
180
II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la vivienda, la industria y el turismo; V. Regularización de la tenencia de la tierra urbana y rural; VII. La construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a la Ley de Vías Generales de Comunicación y líneas de conducción de energía, obras hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; La ley que reglamenta los asentamientos humanos es la Ley General de Asentamientos Humanos y que regula las políticas públicas urbanas en México. En ese sentido se marcan las atribuciones que tienes los municipios en el proceso de urbanización de los asentamientos, además de coordinar e involucrar los diversos agentes que intervienen en el proceso, entre ellos, los ejidos. Es la conformación y desarrollo de los centros de población elemento de utilidad pública para la Ley General de Asentamientos Humanos: ARTICULO 5o.- Se considera de utilidad pública: I. La fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; II. La ejecución de planes o programas de desarrollo urbano; III. La constitución de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda; IV. La regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población; V. La edificación o mejoramiento de vivienda de interés social y popular; VI. La ejecución de obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos;
181
De acuerdo con el capítulo segundo de la concurrencia y coordinación de autoridades se estipula en los artículos sextos, séptimo, octavo y noveno la manera como los órdenes de gobierno podrá intervenir en materia de ordenamiento territorial, la secretaría federal encargada de llevarlo a cabo así como coordinarse con otras dependencias, de las atribuciones legislativas de los estados, así como la esfera de competencia municipal en la participación de la ampliación de las reservas territoriales y su intervención en la regularización de asentamientos. ARTICULO 6o.- Las atribuciones que en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población tiene el Estado, serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de la competencia que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 7o.- Corresponden a la Federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, las siguientes atribuciones: I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales; II. Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos locales para el desarrollo sustentable de las regiones del país; III. Prever a nivel nacional las necesidades de reservas territoriales para el desarrollo urbano con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma Agraria, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y regular en coordinación con los gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas necesidades; IV. Elaborar, apoyar y ejecutar programas para el establecimiento de provisiones y reservas territoriales para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y los gobiernos 182
estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado; ARTICULO 8o.- Corresponden a las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones: I. Legislar en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población, atendiendo a las facultades concurrentes previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. Formular, aprobar y administrar el programa estatal de desarrollo urbano, así como evaluar y vigilar su cumplimiento; VIII. Participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y administración de reservas territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico de los centros de población; ARTICULO 9o.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones: II. Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población; XI. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, en los términos de la legislación aplicable y de conformidad con los planes o programas de desarrollo urbano y las reservas, usos y destinos de áreas y predios; XII. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. En el capítulo quinto de las regulaciones a la propiedad en los centros de población en su artículo 38 y 39, se refieren al aprovechamiento de áreas ejidales 183
o comunales para el uso urbano y ampliar las reservas territoriales de los núcleos urbanos. ARTICULO 38.- El aprovechamiento de áreas y predios ejidales o comunales comprendidos dentro de los límites de los centros de población o que formen parte de las zonas de urbanización ejidal y de las tierras del asentamiento humano en ejidos y comunidades, se sujetará a lo dispuesto en esta Ley, en la Ley Agraria, en la legislación estatal de desarrollo urbano, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables, así como en las reservas, usos y destinos de áreas y predios. ARTICULO 39.- Para constituir, ampliar y delimitar la zona de urbanización ejidal y su reserva de crecimiento; así como para regularizar la tenencia de predios en los que se hayan constituido asentamientos humanos irregulares, la asamblea ejidal o de comuneros respectiva deberá ajustarse a las disposiciones jurídicas locales de desarrollo urbano y a la zonificación contenida en los planes o programas aplicables en la materia. En estos casos, se requiere la autorización del municipio en que se encuentre ubicado el ejido o comunidad. En cuanto al capítulo sexto referente a las reservas territoriales en su artículo 43, se trata el caso de la incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano, asimismo enumera una serie de requisitos para llevar a cabo el proceso. ARTÍCULO 43.- La incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano y la vivienda, deberá cumplir con los siguientes requisitos: I. Ser necesaria para la ejecución de un plan o programa de desarrollo urbano; II. Las áreas o predios que se incorporen comprenderán preferentemente terrenos que no estén dedicados a actividades productivas; III. El planteamiento de esquemas financieros para su aprovechamiento y para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como para la construcción de vivienda, y 184
IV. Los demás que determine la Secretaría conforme a las disposiciones jurídicas aplicables y que se deriven de los convenios o acuerdos a que se refiere el artículo 41 de esta Ley.
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