Tesis De Hidalgo

ESTADISTICAS EN SALUD MENTAL http://www.minsa.gob.pe/portal/p2005/docconsulta.asp

Maltrato infantil De acuerdo al estudio de Anicama (1999) uno de cada tres limeños maltrata psicológicamente a sus hijos (36.2%) y dos de cada cuatro o cinco lo hace físicamente (43.2%). En un estudio anterior (Ponce, 1995) se resalta que poco más de la mitad de los hijos son maltratados físicamente (52.3%), de los cuales un 20.4% son golpeados con objetos flagelantes. La flagelación es el método más practicado sin distinción de edad, sexo o nivel sociocultural de los niños/as y sus familias. Cabe resaltar también, el estudio realizado por la Alianza Save the Children (2003) 1 en trece regiones del país, encuestando tanto a niños y niñas como a sus padres, docentes y otros líderes de la comunidad. El 48% de niñas y niños dijeron recibir castigo físico “ocasionalmente” en su hogar. En la escuela, los varones son más castigados físicamente que las mujeres (24% contra 13%). Asimismo, más del 50% de adultos encuestados refirieron haber sido objeto de castigo físico en sus hogares cuando eran niños o adolescentes. En la sistematización de los CEM, ya mencionada, se observa que los niños y niñas de 6 a 11 años reciben casi el doble de violencia psicológica que aquellos de 0 a 5 años, casi sin distinción de sexo; mientras que en la edad de 12 a 17 años, la violencia psicológica hacia varones desciende y hacia las mujeres se incrementa al doble que en la edad anterior. En relación a la violencia física, encontramos que también se duplica para la edad de 6 a 11 años con relación al grupo de edad de 0-5, sin distinción de sexo. En el grupo de 12 a 17 años, desciende la violencia física hacia los varones y nuevamente, se incrementa al doble en las mujeres.

Violencia sexual e incesto Según reportes del Instituto de Medicina Legal (2001), de todos los casos de delito contra la libertad sexual, 73% de las víctimas son mujeres de todas las edades; el 94% de hombres abusados son menores de 17 años. Del total de víctimas, el 9.7% tiene entre 0 y 5 años; el 27.5% entre 6 y 12 años; el 51.1% entre 13 y 17 años. Según estos datos, la infancia y adolescencia son los grupos más vulnerables a la violencia sexual, especialmente las niñas y las adolescentes. El incesto es un tipo de violencia sexual altamente frecuente que requiere de políticas preventivas y de atención particulares Contrariamente a lo que se 1

Save the Children. “El Castigo físico y psicológico: una pauta que queremos cambiar”. Lima, 2003.

piensa, gran parte de los casos de violencia sexual son perpetrados por familiares cercanos, especialmente padre, hermano, tío, padrastro.. Reportes como el de DESCO (2000) muestran que el 21.9% de los casos de violencia sexual ocurren dentro de las propias familias y el 15.5% en casas de amigos y familiares. El 60% de agresiones sexuales son cometidas por adolescentes de sexo masculino menores de 18 años. En la sistematización de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), se observa que la violencia sexual hacia niñas y adolescentes mujeres es más grave aún que la violencia física o psicológica. En el grupo de edad de 0 a 5 años los casos de abuso de niñas son el doble que en niños. Entre los 6 a 11 años, se cuadriplica el número de casos de niñas en relación a niños. Entre los 12 a 17 años se incrementa casi en 25 veces la diferencia entre niñas y niños. Esta particular distribución epidemiológica del abuso sexual muestra claramente la situación de desamparo y falta de poder de niños y niñas pequeños y de adolescentes mujeres. En el mediano y largo plazo, son graves los efectos sobre el desarrollo emocional: se bloquea la capacidad de acercamiento y vínculo con otros, aumenta el riesgo de embarazo no deseado, se genera disfunción sexual y se causan efectos neurobiológicos que resultan en cambios funcionales y estructurales de sistema nervioso central. (Delfos, Nemeroff).

Violencia política, desplazamientos y secuelas psicosociales

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De acuerdo al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se estima que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia política es de 69,280 personas, en un intervalo de confianza al 95 por ciento cuyos límites inferior y superior son 61,007 y 77,552 víctimas, respectivamente. El 85% de estas víctimas estarían ubicadas en un 85% en los departamentos considerados los más pobres del país: Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín, siendo Ayacucho el departamento que concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos reportados a la CVR. De la totalidad de víctimas reportadas, el 79 % vivía en zonas rurales y el 56 % se ocupaba en actividades agropecuarias, lo cual es un indicador de la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país. El 75% de las víctimas fatales de la violencia política tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. La amplitud e intensidad del conflicto vivido acentuaron los graves desequilibrios nacionales, debilitaron el orden democrático, agudizaron la pobreza y profundizaron la desigualdad, agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. En algunas zonas, la violencia destruyó y desorganizó la vida social 2

Conclusiones de la CVR. Informe Final tomo VIII.

local, especialmente por el asesinato de dirigentes y autoridades tradicionales y estatales. Es necesario, sin embargo, resaltar que, pese a las duras condiciones, hubo personas y poblaciones que resistieron y se esforzaron por la afirmación de una sociedad constructora de la paz y del derecho. En el contexto de la violencia política, el desplazamiento masivo desde las zonas de violencia constituyó un doloroso proceso de desarraigo y empobrecimiento de cientos de miles de peruanos y peruanas, lo cual produjo una urbanización desordenada y acelerada, así como un retroceso histórico en el patrón de ocupación del territorio andino; afectando las posibilidades de un desarrollo humano sostenible. La población desplazada vio afectadas sus redes sociales, debiendo adaptarse con distintos grados de éxito y con gran sufrimiento, a las nuevas circunstancias. Asimismo, los desplazados por el conflicto fueron en muchos casos estigmatizados y discriminados en escuelas, barrios y centros de trabajo. Al retornar, tuvieron que enfrentar graves problemas de tierras y ausencia de apoyo suficiente para reorganizarse y sostener a sus familias. La CVR resalta de manera especial, que esta población ha sido afectada económica, social y emocionalmente, contribuyendo a fragmentar y atomizar las redes e instituciones sociales, causando a la vez resentimiento y tiñendo de violencia la vida familiar y social, así como las relaciones interpersonales. En el estudio realizado en la sierra peruana (2003) se encontró que cerca de un tercio de la población de Ayacucho, Cajamarca y Huaraz pasó por, al menos, una situación de pérdida personal en los años de violencia. La prevalencia de vida de algún tipo de trastorno psiquiátrico en este último grupo, es de 50%, muy por encima de lo reportado en otras poblaciones; el trastorno de mayor prevalencia es la ansiedad.