Tema Oral 8

TEMA ORAL 8: ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA La Unión Europea (UE) es una comunidad singular2 de veintisiete Estados europeos que fue establecida el 1 de noviembre de 1993, cuando entró en vigor el Tratado de la Unión Europea (TUE), siendo la sucesora de facto de las Comunidades Europeas, creadas en los años 50 del siglo XX. Su singularidad reside en su carácter en parte supranacional y en parte intergubernamental,3 lo que ha desarrollado especiales relaciones políticas entre sus miembros que se traducen en el establecimiento de un mismo ordenamiento jurídico, y en la existencia y funcionamiento de sus propias instituciones comunitarias. La primacía o prelación del Derecho comunitario sobre el nacional rige allí donde se ha producido cesión de competencias (y en aquellos casos en que las normas nacionales entren en colisión con las normas comunitarias). En realidad, el Derecho comunitario no es superior al Derecho interno de los Estados miembros de la Unión, sino que se integra en él coexistiendo de manera interdependiente (el Derecho comunitario no es supraconstitucional, sino más bien metaconstitucional o paraconstitucional).

La Unión Europea está compuesta de 27 países soberanos independientes que se conocen como los Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.9 Hay tres países candidatos oficiales, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y Turquía. Los países de los Balcanes Occidentales, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia son reconocidos oficialmente como candidatos potenciales.10 Kosovo es también considerado por la Comisión Europea como un

potencial candidato, pero esta institución no lo lista como un país independiente, porque no todos los Estados miembros lo reconocen como un país separado de Serbia. ENTRADA DE ESPAÑA EN LA UE Se cumplen ya 23 años desde que España firmara en junio de 1986 el Tratado de Adhesión a las por aquel entonces Comunidades Europeas. Una solmene ceremonia en el Palacio Real de Madrid el 12 de junio, ponía punto final al largo proceso negociador hasta conseguir ser miembro de pleno derechos del as Comunidades Europeas. Ocho años de negociaciones en democracia y un total de veintitrés si se cuenta desde el primer acercamiento de la España franquista en 1962, culminaron en la adhesión de España a las Comunidades Europeas, una cuestión que ha marcado un antes y un después en la Historia de España.

El primer paso La primera maniobra de aproximación a las recién constituidas Comunidades Europeas fue en febrero del año 1962. El por aquel entonces Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del dictador Franco, Fernando María de Castiella, remitió una carta al secretario y al Presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea. En ella se recogía el interés español de solicitar algún tipo de relación con las Comunidades Europeas que resultara beneficiosa para ambas partes, con el objetivo de conseguir “una asociación susceptible de llegar, en su día a la plena integración después de salvar las etapas indispensables para que la economía española pueda alinearse con las condiciones del Mercado Común”. Al mismo tiempo que España solicitaba alguna forma de asociación, la Comunidad Económica Europea ponía en funcionamiento una de las políticas más importantes: la Política Agrícola Común (PAC). Ésta fue una de las principales motivaciones que movieron a España a acercarse a las Comunidades. Pero a pesar de los avances que en materia económica España estaba dando a principios de la década de los 60 gracias al Plan de Estabilización y Desarrollo propuesto en 1959, existía una barrera o “cerrojo” que hacía imposible la adhesión de España a las Comunidades Europeas: el gobierno dictatorial Franco. La realidad política española impedía que durante un tiempo, apenas prosperase cualquier intento de acercamiento a las Comunidades por parte de España. Para evitar que los estados Europeos sin garantías democráticas adecuadas accedieran a las comunidades, la doctrina comunitaria había interiorizado dos informes fundamentales:

• El informe Birkelbach, presentado el 15 de enero de 1962 (casi un mes antes de la carta de Castiella al Consejo de Ministros) por el eurodiputado Willy Birkelbach y titulado “los aspectos políticos e institucionales de la adhesión o de la asociación a la Comunidad”. En él se recogían los requisitos fundamentales que un país debía cumplir un país para asociarse o adherirse a las Comunidades. entre ellos estaba la garantía de la existencia de una forma de Estado democrática; en caso contrario, “no pueden pretenden pretender ser admitidos en el círculo de los pueblos que forman las Comunidades Europeas”. El Parlamento Europeo, hacía extensible así su veto a la entrada de España en las Comunidades por no cumplir el principal requisito político. • Memorando de Saragat: el mes de mayo de 1962, la delegación italiana en el Consejo de Ministros presentó un documento en el que se definían los principios que debían orientar las relaciones de las Comunidades con terceros países. De nuevo, dejaba clara que España no estaba en la posición adecuada para entablar cualquier tipo de relación con las Comunidades: “la adhesión está excluida (…) para países cuyo régimen político interior está fundado en criterios sensiblemente diferentes de aquellos en los que se inspiran los de los seis Estados miembros fundadores”, podía leerse en el memorando. A pesar de que a estos dos informes se podía sumar el veto en el Consejo de Ministros por parte de algún país fundador en cuanto a la incorporación de nuevos Estados, el gobierno franquista no desistía en sus pretensiones. Visto el frío resultado que obtuvo con la primera carta (apenas un acuse de recibo de la misma), dos años después, en 1964, volvió a intentarlo, esta vez con otros resultados. El Consejo de Ministros decidió abrir una ronda exploratoria con el objetivo de ver y solucionar los problemas que el desarrollo de las Comunidades pudiera plantear para España. Visto que podían plantearse algunos problemas, el 11 de julio de 1967, se aprobó un mandato para la negociación de un acuerdo con España, que cristalizaría en el acuerdo comercial preferencial de 1970. Paralelamente al acercamiento del régimen de Franco, en España comenzaba a desarrollarse un sentimiento europeo y europeísta. Personajes como Calvo Serrer, Manuel Jiménez Hernández, Enrique Tierno Galván, José Larraz o el filósofo José Ortega y Gasset, contribuyeron a ello. Por otra parte, los españoles en el exilio, también participaron y promovieron el sentimiento europeísta; hay que destacar a Salvador de Madariaga, miembro fundador del Movimiento Europeo. Este sentimiento europeísta fue utilizado por opositores al régimen tanto en el interior como en el exterior para manifestar su condena al régimen. Por su parte, el régimen, también evitó cualquier conato de oposición, por muy europeísta que fuera, como lo muestra el conocido incidente tras el Congreso del Movimiento Europeo en Munich, en junio de 1962, cuando la mayoría de participantes españoles fueron detenidos a su regreso.

El Acuerdo Comercial Preferencia del 1970 El 29 d junio de 1970, en el Centro Kirchberg de Luxemburgo, España firmó el primer Acuerdo Comercial Preferencial con la Comunidad Económica Europea. Tras constatar que el desarrollo de la Comunidad Económica Europea presentaba algunos problemas para España, se decidió la firma de tal acuerdo, gracias al cual España se vio favorecida y consiguió un mayor grado de desarrollo económico. Pero a pesar de lo que pudiera dar a entender el régimen franquista, el acuerdo firmado distaba mucho de ser un primer paso hacia la adhesión a las Comunidades. Dos años y medio después, y por si quedaba alguna duda de que los términos del acuerdo eran exclusivamente económicos, el Consejo de Ministros de la CEE, acordó unas líneas generales por las que España quedaba excluida de los países europeos con más aspiraciones que un mero acuerdo comercial enmarcado en las relaciones de la Comunidad con los países mediterráneos. En términos generales, el acuerdo suponía un éxito para España, pero al mismo tiempo, por parte de la Comunidad, bien puede interpretarse como un gesto hacia un país que, cuando las circunstancias políticas así lo dispusieran podría optar a ser miembro de pleno derecho de la Comunidad. La evolución de la situación en España durante los últimos años de la vida del régimen fue caótica. Consciente de su debilidad, se recrudecieron las acciones encaminadas a evitar cualquier tipo de subversión en contra. Particularmente notorias fueron las actuaciones del “Proceso 1.001” contra miembros de Comisiones Obreras, la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich y las condenas a muerte del “Juicio de Burgos”. El rechazo unánime de la Comunidad Europea ante estos golpes de fuerza del régimen, provocó la paralización de las negociaciones de un nuevo acuerdo comercial. Europa, por su parte, en los año 70, completó su primera ampliación con la entrada del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Además, adolecía de lo que se ha conocido como “Euroesclerosis”: desde el punto de vista económico, la Comunidad sufrió el impacto de la crisis del sistema de bretton-Woods y la crisis energética de 1973, lo que motivó una carencia de competitividad y un repliegue hacia posiciones más nacionalistas para resolución de la crisis económica. Para salir de la parálisis comunitaria, en enero de 1975 se presentó el “informe Tindemans”, que impulsó la profundización de la dimensión comunitaria. Con la muerte de Franco en noviembre de 1975 se abría una nueva etapa para España, una etapa de apertura, de cambio de régimen y de democracia. Comenzaban entonces a abrirse las puertas de las Comunidades Europeas para España.

España en Europa. El Tratado de Adhesión

Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey. En su discurso ante las Cortes (en aquellos momentos, todavía herencia del franquismo), el rey señaló que “Europa deberá continuar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan. Es una necesidad del momento”. Estas palabras no eran más que un presagio de lo que iba a ocurrir, las consecuencias que se derivaban eran, además del necesario desarrollo económico, la conversión de España en un Estado democrático. Conseguido esto, España tendría las puertas abiertas para entrar a formar parte de la Europa comunitaria. Tras el fracaso del gobierno de Arias Navarro, Adolfo Suárez accedió a la presidencia del Gobierno. Con él, comenzó a ponerse en marcha “el desmantelamiento del régimen desde dentro”, para convertir a España en un Estado democrático. Así se aprobó la Ley para la Reforma Política, se legalizaron los partidos políticos y se convocaron para el 15 de junio de 1977 las primeras elecciones generales tras casi cuarenta años de dictadura. Casi un mes después de las elecciones generales, el gobierno presidido por Suárez, hizo pública su intención de presentar la solicitud de adhesión a las Comunidades Europeas. El 28 de julio de 1977, el Ministro de Asuntos Exteriores español Marcelino Oreja, presentó al presidente del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas la intención española. En la carta presentada por el Ministro español, podía leerse que “el gobierno español, ha decidido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 del Tratado Constitutivo de las Comunidad Económica Europea, solicitar oficialmente la apertura de negociaciones, con vistas a la integración de España en la misma, como miembro de pleno derecho”. Salvado el obstáculo político, España ya podía solicitar abiertamente la adhesión formal. De acuerdo con Raimundo Bassols, uno de los principales hombres que presenció todo el proceso de adhesión español, cuatro eran las principales motivaciones que inspiraban a España para solicitar la adhesión: • Razones políticas: anclaje definitivo en la democracia, fin del aislamiento histórico, garantía en el ejercicio de las libertades y respeto a los derechos humanos; • Razones económicas: aumento del nivel comercial entre la Comunidad y España, y una importante inversión comunitaria directa en España, la necesidad de que España no quedara fuera de la Política Agrícola común (PAC), y la modernización mediante los fondos europeos para las regiones más retrasadas. • Razones sociales: derechos reconocidos para los trabajadores españoles que vivían en países comunitarios; • Razones jurídicas: equiparación a la legislación moderna adoptada por la Comunidad en varios ámbitos, especialmente en el social y el económico. El 20 de septiembre de 1977, el Consejo de Ministros de la Comunidad comunicó al gobierno español que el proceso de admisión ya se había puesto en marcha, daño así luz

verde al proceso de integración español. El comienzo formal de las negociaciones tuvo lugar el 5 de febrero de1979 en Bruselas; como señaló Leopoldo Calvo Sotelo, Ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas, tras esta primera reunión, si bien las negociaciones habían comenzado, no se sabía cuándo iban a terminar. Aunque España, con un gobierno democrático, contaba con el beneplácito comunitario, el camino no fue fácil, y en algunos momentos se criticó la lentitud de las negociones. Tras lograr un acuerdo con las posiciones francesas en materia agrícola y tras el Consejo Europeo de Stuttgart de julio de 1983 que dio solución a los problemas internos comunitarios que se habían planteado, España veía más cerca la meta. Por otra parte, también hay que destacar la labor de Giulio Andreotti, hombre clave durante la presidencia italiana del Consejo en el primer semestre de 1985; su labor fue decisiva durante las últimas reuniones “maratonianas” mantenidas hasta alcanzar el acuerdo definitivo a finales de marzo de 1985. Poco tiempo después, el 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, culminando así la “cuestión de Estado”, que tal y como había señalado Fernando Morán, era la adhesión española a la Europa comunitaria.

BALANCE DE ESTOS AÑOS EN LA UE El balance de los 22 años de integración de España en la Unión Europea en lo económico, en lo político y, sobre todo, en lo social, es extraordinario. España ha protagonizado, gracias a la solidaridad comunitaria y al esfuerzo colectivo de todos los españoles, la mayor transformación y modernización de su historia. Hace 20 años, la inflación española se acercaba al 10% anual, la tasa de paro superaba el 17% y el PIB estaba en el 71% de la media comunitaria. Hoy la inflación está en el 3%, el paro por debajo del 10% y el PIB español por encima del 90% de la media comunitaria de la Europa de los 15, y casi en el 100% de la media de la Unión Europea de los 25. España disponía, en 1985, de 2.117 kilómetros de autopistas y autovías, hoy tiene 13.000 kilómetros. De la mano de nuestra entrada en la UE vino la apertura definitiva de nuestra economía y una mayor presencia en la escena internacional. Además, en estos años la realidad social española se ha modernizado profundamente mediante la incorporación masiva y acelerada de las mujeres a la vida laboral activa, la extensión de la educación pública superior, la cobertura sanitaria universal, la implantación de sistemas fiscales progresivos, las leyes sobre la igualdad entre hombre y mujer, etc. Desde su entrada en la UE, la sociedad española ha roto todos los estereotipos cambiando la imagen que de ella se tenía en el resto de Europa. La Unión Europea también ha aportado a España una importante cultura democrática. España ha aportado, desde el principio, un gran entusiasmo en todo el proceso de construcción europea: para realizar el mercado único, para lograr el Euro y la Unión Económica y Monetaria, para la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia y para avanzar en la cooperación en materia de política exterior que permita que Europa hable con una sola voz en el mundo. España también ha aportado a la UE su dimensión mediterránea y latinoamericana y las relaciones culturales, económicas y políticas privilegiadas que mantiene con otros pueblos de todo el mundo.

La entrada de España en la Comunidad Europea ha sido, sin duda, uno de los principales motores de la modernización experimentada por la economía española en los últimos quince años. La integración ha supuesto la culminación de un proceso de apertura que se había iniciado algunas décadas antes y que se ha acelerado notablemente desde 1986. En términos de flujos comerciales, la suma de exportaciones e importaciones que en 1986 representaba el 35,9% del PIB ha llegado al 62,2% en el año 2000. Un cambio de porcentajes que representa la transición desde una economía todavía relativamente cerrada hacia un grado de apertura comparable a los de las economías con mayor tradición de integración internacional. Las transformaciones son aún más sorprendentes, por su intensidad, cuando se observan las transacciones financieras y los flujos de inversión internacional. La variación neta de activos y pasivos exteriores en porcentaje del PIB ha pasado del 2,2% y 0,7%, en 1986, al 26,6% y 28,8%, respectivamente, en 2000. A su vez, la inversión extranjera directa en España ha pasado del 1,4% al 6,6% del PIB durante el mismo período de tiempo, mientras que la inversión directa de España en el resto del mundo ha aumentado desde el 0,2% al 9,6% del PIB. La apertura al exterior ha ejercido un impulso de transformación al actuar como un catalizador de la disciplina macroeconómica y financiera, que resulta imprescindible para el desarrollo de las economías avanzadas en el actual contexto internacional, y de la liberalización económica necesaria para la mejora de la eficiencia y el dinamismo de la innovación. En este artículo se aborda el cambio experimentado por la economía española desde su entrada en la Comunidad desde la perspectiva de los efectos disciplinadores sobre el funcionamiento macroeconómico y de sus repercusiones tanto sobre los mecanismos de ajuste como sobre la competitividad y la convergencia real de la economía. Participación activa de España en la UE España es el segundo país de los 27 Estados miembros en extensión geográfica, y ocupa el quinto lugar en número de habitantes. Su posición geográfica en el sudoeste del continente europeo, le hace situarse como país puente con los de la ribera sur del mar Mediterráneo y el norte de África, y por tradición histórica y cultural, con los países iberoamericanos. En este sentido, las iniciativas de la Unión en las que España ha manifestado un particular protagonismos y ha desplegado una especial actividad son: • Implantación y consolidación de la idea de la Europa de los ciudadanos, y su desarrollo con medidas concretas como el concepto de ciudadanía europea. • Postulación de la Europa social, paralelamente a la idea de la Europa económica y monetaria: defensa y aplicación de la cohesión económica y social de la Unión y la de creación de empleo, como motor de esa cohesión. • Énfasis en el desarrollo de la política europea común en los asuntos de Justicia e Interior, en particular la lucha contra la delincuencia internacional organizada, contra el narcotráfico, etc. • Proceso de desarrollo e institucionalización de las relaciones entre la UE y América Latina, cuyo máximo exponente son las cumbre eruo-iberoamericanas que se celebran

periódicamente. • Estabilidad política en la cuenca mediterránea, con la intensificación de los lazos de cooperación con los países mediterráneos del norte de África, la mediación activa en el proceso de paz de Oriente Próximo, o el papel principal en el Proceso de la Unión por el Mediterráneo, que ha culminado con la elección de Barcelona como sede del Secretariado. • Política común de inmigración, e impulso de la necesaria adopción de una serie de medidas encaminadas a ello. Desde su incorporación en 1986, España ha presidido por turno la Unión Europea en tres ocasiones: • Primer semestre de 1989, en la que destaca la aprobación en el mes de junio del “informe Delors”, que conduciría al Tratado de la Unión Europea o de Maastricht en 1992. • Segundo semestre de 1995, en el que se aprobó el nombre de la futura moneda europea, el euro. Además, se lanzó el proceso de cooperación euromediterránea, conocida como Proceso de Barcelona. • Primer semestre de 2002, coincidiendo con la puesta en circulación de las primeras monedas y billetes de euro. España volverá a presidir la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, con una serie de prioridades, como la europa social, el impulso de la Estrategia de Lisboa, la energía y el cambio climático o la igualdad entre hombres y mujeres. Además, es probable que coincida con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

Presencia institucional España tiene atribuida por los tratados europeos una presencia en las instituciones de la Unión Europea: Parlamento Europeo, compuesto por 785 eurodiputados de los que 54 corresponden a España. • Comisión Europea, que está integrada actualmente por 27 miembros, uno por cada país miembro. Joaquín Almunia es el comisario español encargado de los Asuntos económicos y financieros. • Comité de las Regiones, en el que España tiene 21 miembros; • Comité Económico y Social, en el que España está representada por 21 miembros. • El Tribunal de Cuentas, en el que tiene un representante; •

Además, un español figura en un cargo comunitario con alta responsabilidad política, Javier Solana Madariaga, que es el Alto Representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Otros cargos también han sido ocupados por

españoles, como el Enviado Especial de la Unión Europea en Oriente próximo, que fue ocupado durante 1997 y 2003 por el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos.