Situacion Sociopolitica De Guatemala.docx

SITUACION SOCIOPOLITICA DE GUATEMALA Guatemala está atravesando una crisis social cuyo desenlace determinará el desarrollo de un Estado democrático o la consolidación de un Estado autoritario, sustentado por la corrupción y la impunidad. Infortunadamente, esa minoría que gana con el segundo modelo —compuesta por una amalgama de políticos, militares y empresarios— está envalentonada como resultado del aparente éxito que han tenido sus similares en Nicaragua y Honduras. Los diferentes casos llevados a tribunales por el Ministerio Público desde 2015, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ayudan a comprender la gran carretera por la que transitan los miembros del Pacto de Corrupción: una vía sin ideología, en la que se corre muy rápido por el impulso del dinero proveniente de negocios turbios. Una carretera en donde las únicas reglas son no dejarse atrapar y enquistarse en el poder público. En ese sentido, la consolidación de este modelo requiere tener a su servicio, o hacer socios, a aquellos que toman decisiones o influyen significativamente en el imaginario social: presidentes de los organismos del Estado, partidos políticos, representantes sindicales, empresariales y religiosos, así como medios de comunicación. De ahí que un primer paso para romper este Pacto de Corruptos sea fijar una postura pública y tomar acciones consecuentes con esta. La Conferencia Episcopal de Guatemala lo hizo la semana pasada con un mensaje contundente: «el sistema político vive bajo la dictadura de la corrupción». Todavía falta ver una posición así de tajante desde la academia —universidades y centros de pensamiento—, del sector empresarial —cámaras y asociaciones—, del sector sindical —público y privado—, de los medios de comunicación, de los movimientos sociales y de las demás iglesias. El silencio ante la gravedad de esta crisis solo suena a complicidad. Los comunicados son valiosos como punto de partida, pero una vez fijada la postura pública toca que las personas y entidades contrarias al Pacto de Corruptos promuevan una instancia para la búsqueda de acuerdos sociales que fortalezcan el Estado democrático. Hay muchos temas, urgentes y estructurales, pero se debe dar un sentido de proceso al blindaje de la democracia. Primero, vigilar y promover la elección de un fiscal general probo, que dé certidumbre a la ciudadanía. El proceso estará en manos de la comisión de postulación, y la decisión final la tomará el presidente Morales. Segundo, delimitar la agenda pro democracia que la sociedad debería exigir al Congreso, aun cuando este no tenga como mayoría a los diputados más idóneos. En esta agenda destaca la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Asimismo, se debe

impedir cualquier intento de legislar a favor de la impunidad y la corrupción, nuevos privilegios fiscales o alguna artimaña para limitar el trabajo de la Cicig. Para que esto funcione se requiere de conocimientos y experiencias diversas, otro motivo para actuar de manera colectiva. Otros dirán que hay más temas en la agenda y es cierto, pero los planteados pueden ser un buen punto de partida. El primer escollo en esta búsqueda de consenso reside en algo tan inicial como determinar quién convoca: por influencia social, por credibilidad o por espacio político. El reto bien puede recaer sobre la Conferencia Episcopal, el Consejo Ecuménico, la Universidad de San Carlos, Naciones Unidas o los tradicionales países amigos. Lo que sí está claro, es que salvo que seamos cómplices del Pacto de Corruptos, no nos podemos quedar ni callados, ni quietos, ni separados. 

Nueva etapa en la disputa por el control del Estado.

El 2018 inició con al menos cuatro pretensiones de sectores que contradicen el trabajo en contra de la corrupción: la primera, apuesta por la elección de Junta Directiva del Congreso de la República y enlazada, una segunda, la aprobación de una veintena de leyes. Esto representa la fusión de dos agendas, la económica neoliberal de algunos grupos empresariales y la de organizaciones políticas vinculadas a la corrupción. Requieren de garantías y protección de inversiones, impunidad para sus operadores políticos y criminalización y represión de la protesta social. La tercera, la designación de un Fiscal General afín para que prevalezca la impunidad. El retardo vía litigio malicioso de acusados por corrupción la necesidad de una Fiscalía capturada, dispuesta a suspender la persecución penal y que los casos judiciales no prosperen. La cuarta pretensión: expulsión de territorio guatemalteco del Comisionado Iván Velásquez de la Cicig. El socavamiento de ambas entidades (Mp y Cicig) se ve reforzado con decisiones como la remoción reciente de la dirección de la PNC.

La situación crítica de la institucionalidad ha evidenciado que:

La lucha contra la corrupción y la impunidad es importante, pero insuficiente. La persecución y desmontaje de estructuras patrimonialistas, de captura y cooptación del Estado, tienen límite y trasciende esa lucha. La depuración vía el encausamiento judicial para la depuración y las reformas legislativas que persiguen devolver funcionalidad al régimen, son absolutamente insuficientes. La reforma electoral por

ejemplo, es superficial y depende de partidos y diputados perseguidos por abusos en su función. Las instituciones vigentes son inviables; fueron rebasadas por la corrupción, el clientelismo y ambiciones de políticos, empresarios, el crimen organizado y otros actores. La situación se puede revertir. Los actores de la corrupción y la impunidad están cohesionados, son capaces de forzar una elección de cortes a su conveniencia, lograr la eventual derrota judicial y restablecer viejas prácticas alteradas desde 2015. A la inversa, los grupos que luchan por la democracia, tienen débil articulación.