Revista Agraria 108

LA REVISTA AGRARIA SE DISTRIBUYE GRATUITAMENTE CON LA REPÚBLICA EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DE CADA MES. PRÓXIMO NÚMERO: MIÉRCOLES 29 DE JULIO.

AÑO 10 N° 108 JUNIO de 2009

agroDATA AGROdata

análisis

Los ciclos del desarrollo agrario en el Perú

Índice del PBI global y sectorial per cápita: 1950 - 2008* Políticas sustitución de Importaciones

Políticas liberales

Transición a políticas neoliberales

Políticas neoliberales

El crecimiento de la economía nacional ha pasado 550 por diversos ciclos y cambios en su estructura pro500 ductiva durante las últimas cinco décadas. 450 400 Durante el periodo 1950-1962 el crecimiento del PBI 350 global promedio fue de 5.8%, porcentaje sustentado 300 por el crecimiento de la minería, la que, además de 250 ocupar tan solo un 2.2% de la PEA nacional, concen200 traba un número reducido de grandes corporaciones 150 extranjeras, pero, sin embargo, recibió todo el favori100 tismo del Estado, a diferencia del sector agrícola, que, 50 a pesar de ocupar cerca del 60% de la PEA nacional, 0 solo tuvo un incremento en su PBI promedio del 2.4%. 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 PBI Agropecuario PBI Minería El periodo 1963-1972 se caracterizó por una polítiPBI Manufactura PBI Global ca de desarrollo a través de sustitución de importaFuente: INEI-BCRP. Elaboración: AgroData-CEPES. * Estimado. ciones. Para ello, se establecieron diversos mecanismos de protección (aranceles, cuotas y franjas) Estructura porcentual del PBI sectorial: 1950 - 2008* de los productos considerados sensibles y que, en gran medida, se agrupaban en partidas agropecua- 25 rias. Asimismo, durante dicho periodo se llevó a cabo la reforma agraria, en respuesta a la amplia concen- 20 tración de la propiedad de la tierra en pocas manos. Ambas medidas evidenciaron que desde el gobierno 15 existía una mayor preocupación por los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, no se llevó a cabo un 10 plan estratégico de desarrollo que aprovechase mejor la protección a la producción nacional y la nueva 5 distribución de la propiedad de la tierra. Es así que en este periodo se observa un incremento tanto en el 0 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 PBI agrario promedio de 2.8%, como un crecimiento PBI Agropecuario PBI Minería promedio de la minería del 3.7%, lo que se tradujo en PBI Manufactura un crecimiento del PBI global promedio de 4.9%. Fuente: INEI-BCRP. Elaboración: AgroData-CEPES. * Estimado. El periodo 1973-1985 fue de crisis internacional. La minería fue el sector que más creció (6.8% en proe incluía, al igual que ahora, a la mayor parte de familias con medio), aunque daba empleo a solo el 2.1% de los trabajaescasos recursos. dores del país. El agro nacional sufrió una aguda crisis que El último periodo, de 1986 a la fecha, se ha caracterizado se tradujo en su más bajo nivel de crecimiento en las últipor la consolidación de políticas de corte neoliberal que han mas cinco décadas (1.3% en promedio). Hubo un recrudebeneficiado no solo a las mineras, sino también a las grancimiento de la pobreza rural y de la desnutrición, en vista de des inversiones agropecuarias concentradas en pocas maque dicho sector absorbía cerca del 40% de la PEA nacional nos. En la última década se observa un crecimiento en la producción de ciertos cultivos denominados no Estructura % de la PEA por actividad económica: 1950-2007 tradicionales, como, por ejemplo, el espárrago y la 70 uva, que son producidos principalmente por empreAgricultura Servicios 58.9 sas agroindustriales. En paralelo, se nota una dismi60 Manufactura Comercio y otros 52.8 Minería nución en la producción de cultivos desarrollados en 48.0 50 su mayoría por pobladores de menores recursos, 39.8 como el trigo y la cebada. Por otro lado, se advierte 40 34.0 32.7 32.4 una disminución de la participación agropecuaria en 30 la estructura productiva nacional —de 14% en 1950 a 7.6% en la actualidad—, a diferencia del sector mine20 ro, que ha experimentado un crecimiento sostenido de 7% en promedio. El sector manufacturero, por su 10 parte, muestra a lo largo de los años una participación promedio de entre 12% y 16%, lo que evidencia 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2007 un aparente estancamiento en el desarrollo de proFuente: INEI. Elaboración: AgroData-CEPES. ductos con mayor valor agregado. P

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Políticas liberales

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Transición a políticas neoliberales

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LA REVISTA AGRARIA / 108

editorial

contenido contenido La sangre llegó al río. A veinte días de los sucesos de Bagua, estos continúan planteando preguntas sin respuesta

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Declaración de Katmandú. Asegurar los derechos sobre la tierra para alcanzar la paz y la seguridad alimentaria

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Especial: La Reforma Agraria después de 40 años. ¿Por qué se hizo? ¿Tuvo éxito o fue un fracaso? ¿Cuáles fueron sus alcances?

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La ley despues de la ley. ¿Cuál es la situación jurídica ahora que los D.Legs. 1090 y 1064 han caído?

Publicación del Centro Peruano de Estudios Sociales

Av. Salaverry 818 Jesús María, Lima 11/ Perú Telf. (511) 4336610 / Fax (511) 4331744 Email: [email protected] Web: www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm

Directora fundadora Bertha Consiglieri

Director Fernando Eguren

Comité editorial Javier Alvarado, Laureano Del Castillo, Juan Carlos Moreyra, Juan Rheineck, Carlos Rivadeneyra, David Gonzales, Oscar Franco, Katia Suárez

Corrección/Diagramación Antonio Luya / José Rodríguez Distribución gratuita con La República

JUNIO de 2009

La reforma agraria: 40 años después

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ace cuarenta años, en el mismo día en que esta edición de La Revista Agraria llega a las manos de nuestros lectores, se inició una de las reformas sociales y económicas más radicales de la historia republicana del Perú. El autodenominado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, presidido por el general Juan Velasco, promulgó la Ley de Reforma Agraria el 24 de junio de 1969. Para demostrar que esta vez se iba en serio —el presidente Belaunde había también promulgado una Ley de Reforma Agraria en 1964—, el gobierno simultáneamente tomó manu militari las haciendas agroindustriales azucareras, afectando a lo que se consideraba era el eje de la oligarquía terrateniente: los barones del azúcar. Se pensaba con ello evitar que los hacendados se organizasen para oponerse a la reforma agraria. Y así fue. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde aquellos años. Muchas de las tierras, recibidas de la reforma agraria por los trabajadores agrícolas y campesinos, han pasado a otras manos, y nuevamente existe la preocupación de la concentración de la propiedad de la tierra, como se ilustra en LRA 107, del mes de mayo. Cabe preguntarse si la reforma agraria fue un éxito o un fracaso. La respuesta depende tanto de en qué lado se estuvo —de los beneficiarios o de los expropiados— y desde qué punto de vista se la evalúa: por sus efectos económicos o sus efectos sociales y políticos. En la sección especial de esta edición de LRA se fundamenta que los logros sociales y políticos fueron más importantes y duraderos que los económicos, pues la reforma agraria aceleró el acceso de centenares de miles, si no millones, de pobladores rurales, sobre todo andinos, a la condición de ciudadanos —condición que se les había negado en el curso de la historia del país—. No puede olvidarse que la reforma ocurrió en un periodo histórico de grandes movilizaciones campesinas que reclamaban el acceso a tierras —muchas de las cuales les habían sido arrebatadas por las haciendas—, a mejores condiciones laborales y a sus derechos ciudadanos. En este sentido, existe una relación con el actual movimiento de los pueblos amazónicos. Por primera vez, los pueblos que están repartidos en varios departamentos del Perú se rebelan, como un todo con identidad común, contra la marginación económica, social y política, pugnando por tener una voz que sea escuchada en todos los asuntos que les conciernen. Yerran quienes exigen que los nativos señalen los artículos y los incisos que, según ellos, los afectan. La protesta no es solo contra esos artículos e incisos, sino contra una experiencia histórica en la que los que vienen de fuera a extraer los recursos que se encuentran en sus territorios no solo no dejan nada, sino que deterioran su hábitat. Y esa experiencia la siguen viviendo. Por si fuera poco, el propio presidente la justifica con su ya célebre manifiesto El síndrome del perro el hortelano y en la forma inconsulta en la que se dieron los cuestionados decretos legislativos. Cuarenta años después, otro sector de peruanos quiere conquistar la ciudadanía plena.

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Foto AIDESEP

El misterio de los awajún desaparecidos sigue sin visos de resolverse, dos semanas después los terribles hechos de Curva del Diablo e inmediaciones. En Bagua, las preguntas flotan en el aire.

Y la sangre llegó al río A veinte días de los sucesos de Bagua, estos continúan planteando preguntas sin respuesta, y respuestas en busca de ser escuchadas.

Alexander León Yupanqui no es awajún ni vive en el Alto Marañón. Es un colono de procedencia andina que vive en San Martín de Pangoa, en la selva de Junín, a más de mil kilómetros al sur de Bagua. Pero él, como muchos otros pobladores amazónicos —no solo nativos— sienten que los decretos legislativos cuya derogatoria se ha venido pidiendo son una amenaza cada vez más concreta, que ya está tocando a su puerta. Autorizado por el D.Leg. 1089, el Cofopri ha empezado a titular en su zona, pero, a diferencia de lo que hacía el PETT, solo reconoce la pequeña porción de las parcelas que están «trabajadas». El resto, cubierto de monte real, no es reconocido, y la población teme que sea entregado a empresas madereras o petroleras ya presentes en la zona. Hace poco, los pobladores decidieron

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Un estudio encontró que el Perú es el país sudamericano que ha dado en concesión el porcentaje más alto de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos. No es difícil entender que los pueblos del bosque se sientan amenazados.

impedir el ingreso de los funcionarios del Cofopri a sus pueblos. Pequeños conflictos como éste, entre población local y Estado, se están suscitando en diferentes rincones de la Amazonía, pero han pasado largamente inadvertidos por los radares de la prensa y la política limeñas. Ha hecho falta una hecatombe de las proporciones de Bagua para despertar la atención del país hacia el sentir de estas poblaciones. La ley de la conveniencia Si bien los decretos legislativos del Ejecutivo parecen ser el nudo gordiano del conflicto, sería absurdo reducir el debate a un tema legal: el problema es mucho más antiguo, complejo y grave, y proviene de décadas de experiencias frustradas de estas poblaciones LA REVISTA AGRARIA / 108

Derogado el Decreto Legislativo 1090 —aquel que reemplazaba a la Ley Forestal anterior—, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz, ha hecho declaraciones indicando que con esa derogatoria «estamos en incumplimiento del TLC, [pues] la ley daba posibilidad de incautar madera que fuera ilegal; hoy no tenemos esa herramienta». Al respecto, Lucila Pautrat, coordinadora del Programa de Bosques de la organización no gubernamental Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), sostiene lo siguiente: El anexo sobre manejo forestal del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos establece obligaciones para que el Estado peruano cumpla con su propia legislación nacional, la cual venía descuidando desde hace años, y se fortalezcan las capacidades institucionales y de control del sector forestal para reducir los efectos de la tala ilegal. En ninguna parte del protocolo se obliga a un cambio en la Ley Forestal. Estos compromisos podían haberse cumplido mejorando la gestión y modificando la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308, sin necesidad de cambiarla por otra ley. Por otro lado, es cierto que el Perú está incumpliendo el TLC, con o sin la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, ya que a la fecha el Estado peruano apenas ha dispuesto un quinto de los recursos necesarios para que la administración forestal pueda cumplir con los requisitos de la adenda forestal. Adicionalmente, se han fragmentado las competencias del sector forestal en dos ministerios, debilitando a la Autoridad Forestal al restarle capacidades para poder gestionar adecuadamente los recursos forestales. Tampoco se está invirtiendo en el catastro rural de la Amazonía, indispensable para reducir los problemas de sobreposición de derechos, ni se está ayudando a la Autoridad Forestal a desarrollar un adecuado programa de transferencias de las competencias en materia forestal a los gobiernos regionales, a los cuales tampoco se está capacitando y fortaleciendo para ejercer dichas funciones. Estos son solo algunos de los JUNIO de 2009

Foto La República

El 1090, el TLC y la agenda forestal

temas prioritarios que se necesitan para avanzar en el cumplimiento de la adenda forestal. Por otro lado, sorprenden las declaraciones de la ministra Araoz, ya que el propio embajador de Estados Unidos en el Perú, Sr. Michael McKinley, ha manifestado que su país comprende la situación que vive el Perú y la necesidad de derogar los decretos referidos a la Ley Forestal, por lo que apoyará un nuevo marco legal para proteger el medio ambiente en el ámbito del tratado de libre comercio entre ambos países.. McKinley ha dicho: «Apoyamos los derechos de las comunidades a ser respetadas, son metas que todos compartimos, [...] es algo que se va a decidir entre el pueblo y el Gobierno peruano y deseamos que lleguen a un resultado bueno» (RPP, 17 de junio de 2009). Sorprende aún más que la ministra Araoz diga que su portafolio ya está redactando una nueva ley forestal, ya que el Mincetur no es la Autoridad Forestal ni el sector forestal es competencia de su sector. La autoridad llamada a convocar a

los actores del sector forestal para la construcción consensuada de una nueva Ley Forestal es el Ministerio de Agricultura, de manera conjunta con los gobiernos regionales. La demanda de las poblaciones indígenas respecto a la Ley Forestal no solo se debió al incumplimiento de la consulta previa, tal como señala el Convenio 169 de la OIT, sino también al cambio de uso de las tierras forestales para promover los biocombustibles en la Amazonía. Esperemos que la nueva propuesta que prepare el Ministerio de Agricultura no contemple esta posibilidad; si no, sería lo mismo que tener la 1090 con otro nombre. Solicitamos a la ministra Araoz que considere que las políticas de comercio exterior no son absolutas ni el fin del Estado y, por tanto, no pueden estar por encima de la vida ni de los derechos de los ciudadanos, menos aún por encima de la Constitución. (Para mayor información, puede consultarse el informe Hechos y aspectos vulneratorios de los decretos legislativos 1090 y 1064, de junio 2009, en www.dar.org.pe).

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Testigos de excepción A las siete de la mañana del 5 de junio —a una hora de empezado el desbloqueo de la Curva del Diablo—, Marijke Deleu (24) y Thomas Quirynen (26), dos voluntarios belgas que se encontraban en el Perú trabajando para la ONG Catapa, también belga, llegaron a la zona de los acontecimientos acompañados del reportero del programa Punto Final, de Canal 2, Martín Arredondo. Interesados en cubrir el conflicto amazónico, habían pasado la noche anterior en Jaén y habían salido de la ciudad al primer aviso. Pasaron el resto del día en la carretera, y se retiraron cuando todo acabó, ocho o nueve horas más tarde, según su recuento. Deleu y Quirynen conversaron con LRA vía Internet, mientras se encontraban dando conferencias de prensa en el norte de Europa sobre lo sucedido en Bagua, poco antes de que se presentaran en el Parlamento británico. A continuación, extractos de la entrevista:

indígena con un arma. Pero es seguro que ha habido disparos de balas en dirección de la policía». «[El momento en que se escuchan balas que proceden de los nativos] fue un momento distinto, no sé muy bien si es un periodo corto. Puede ser que fue una hora, pero fue un momento distinto, en el cual estuvimos escondidos en el piso, en las cunetas, y después ya no me acuerdo que había balas del lado de los indígenas. Pero tengo que decir que, horas más tarde, cuando hemos pasado al lado de los indígenas, no hemos visto en ningún momento un indígena con armas; solo piedras o lanzas; pero incluso cuando los indígenas corrían por las bombas lacrimógenas, y dejaban sus lanzas en el piso, todos lo policías tenían su lanza, ellos han coleccionado las lanzas y cada uno tenía su lanza, no sé por qué».

sa, no tiras!». El policía de arriba del tanque tomó su arma de bombas lacrimógenas, que es mucho más grande que el arma normal, y lo tiraba directamente a mi cara. En ese momento uno de los indígenas me tira hacia el piso; puede ser que salvó mi vida». «Hemos avanzado con la policía y llegaba una ambulancia con cuatro personas en la parte de atrás, y la policía abrió la ambulancia gritando que había un arma (los chicos de Frecuencia Latina nos dijeron que ellos habían visto un arma). Todas las personas que se encontraban adentro de la ambulancia fueron golpeadas muy fuerte... pateados también muy fuerte. Nosotros no podemos confirmar si había en realidad un arma o no, pero también el chico que manejaba la ambulancia, que fue el enfermero que yo había visto antes, fue golpeado y pateado, y no sé que paso con todos ellos».

«Pasaba un tanque y yo me acerqué gritando con mis manos arriba de la cabeza, diciendo: «¡Soy europeo, soy pren-

«A la gente que se encontraba corriendo por el área, al lado de la carretera, la policía les disparó por la espalda. Después, la gente que fue corriendo por la montaña fue detenida por la policía de manera muy violenta, con muchos golpes y patadas de parte de la policía […]. Esto pasó varias veces durante el día; nosotros lo vimos mínimo siete veces». «Había balazos de parte de la policía y, un poquito más tarde, también había balas del otro lado. Yo tengo que decir que en ningún momento, antes del enfrentamiento, en las semanas que estuvimos con los indígenas, tampoco en el enfrentamiento mismo, no he visto ningún

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Foto Thomas Quirynen/ CATAPA

«Cuando llegamos a la Curva del Diablo, a eso de las 7 de la mañana, la policía ya sabía que había, como mínimo, cuatro policías muertos. Eso puede ser una parte de la explicación de toda la violencia por parte de la policía».

La policía habría bajado y golpeado a heridos de ambulancia, según testimonio.

«Luego de que la policía tomase la Curva del Diablo, los nativos retrocedieron hasta llegar a El Reposo o Cruce de Bagua, donde podía verse a los pobladores de Bagua que llegaban para ayudar a los nativos. Cuando la policía se encuentra con la multitud en El Reposo, empieza a disparar a la masa, hiriendo a mucha gente, nativos y pobladores de Bagua». (Más extractos de la entrevista, así como fotos comentadas por los propios voluntarios, en http:// w w w. c e p e s . o rg . p e / re v i s t a / ragra108/portada.htm).

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en su contacto con el Estado y otros agentes externos. Como dice Iñigo Maneiro, quien hace una semblanza del líder Santiago Manuin en esta nota, «los nativos saben que solo se piensa en ellos cuando se trata de recursos que son de interés para otros: petróleo, maderas, gas o minerales. Y que todas las leyes y decretos emanados por un Congreso mediocre y de visión centralista jamás han considerado una participación real de los pobladores de la selva». Para no hablar del impacto ambiental de las actividades extractivas que los decretos buscan promover. En el discurso oficial, este tema es rápidamente rebatido apelando a esa varita mágica que se llama «tecnología de punta»: la contaminación es parte del pasado. ¿Qué decir entonces de los cinco grandes derrames que tuvo el gasoducto de Camisea en sus prime-

Durante varios años, la OIT ha formulado comentarios acerca de la promulgación de legislación sin consultar a los pueblos indígenas afectados, lo que es contrario al Convenio 169.

ros 18 meses de funcionamiento? De acuerdo con un reciente estudio 1 , la actividad hidrocarburífera en Perú y Ecuador es responsable, además, de uno de los impactos más sutiles, pero también más destructivos en el largo plazo: la apertura de vías de acceso al interior del bosque —la causa más importante de deforestación en la Amazonía, pues estos nuevos caminos son rápidamente trajinados por madereros ilegales—. Este mismo estudio encontró que el Perú es el país amazónico que ha dado en concesión un porcentaje más alto de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos: el 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierto por lotes hidrocarburíferos. No es difícil entender que los pueblos del bosque se sientan amenazados. Resulta poco menos que escandaloso, sin embargo, que los primeros en

Un día para no olvidar Probablemente, ningún hecho en lo que va del año ha recibido tanta cobertura de la prensa como los sucesos del 5 de junio pasado en las inmediaciones de Bagua, Amazonas. Y, sin embargo, la confusión con respecto a lo que realmente ocurrió, al orden en que se desenvolvieron los acontecimientos y, consecuentemente, a la repartición de responsabilidades, sigue siendo la nota dominante en la opinión pública. ¿Desde dónde se hicieron los primeros disparos en la Curva del Diablo —desde el lado nativo o desde la policía—? ¿Quiénes portaban armas en el bando nativo? En las semanas previas al incidente, nadie reportó que los nativos estuvieran armados. De los 23 policías muertos, según los recuentos oficiales al cierre de esta edición, 18 habrían fallecido a manos de los awajún en la Estación 6 del Oleoducto Norperuano, varias horas al norte de Bagua. En los enfrentamientos en la carretera, los policías muertos habrían sido 5. ¿Por qué entonces la cifra de civiles heridos es tan alta, 172, también según recuentos oficiales? Y, por otro lado: ¿por qué los altos mandos de la policía dejaron al pequeño resguardo de 38 policías de Estación 6 a merced de una muchedumbre de miles de awajún que tenían tomada la estación desde hacía casi dos meses? Este sencillo mapa busca resumir los hechos centrales del trágico día, según la información que LRA ha recogido y ha cruzado de varias fuentes confiables. Más allá de la necesidad de buscar una solución a la situación que estalló en Bagua, es de la mayor importancia que una comisión investigadora —una comisión con credibilidad— estudie exhaustivamente los hechos.

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¿Quiénes son los awajún? Los awajún —más conocidos como aguarunas— alcanzaron súbita notoriedad nacional e internacional al ser protagonistas de los acontecimientos de Bagua. Ellos constituían el grueso de la población nativa que se encontraba bloqueando la carretera Fernando Belaunde (ex Marginal) a la altura de la Curva del Diablo. También constituyen el grueso de los muertos, heridos y desaparecidos de la población civil. Para entender mejor los sucesos de Bagua conversamos con James Regan, antropólogo de origen estadounidense, profesor de la Universidad de San Marcos e investigador del Centro de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), quien lleva 23 años estudiando la cosmovisión awajún. ¿Quiénes son los awajún? Los awajún son un grupo étnico que vive desde tiempos ancestrales en el Alto Marañón. Junto con los huambisas (o wampis) y los achuar —que viven en otros ríos de la cuenca del Marañón, río abajo— constituyen la familia lingüística jíbara. Muchos grupos étnicos se encontraban en paro, pero los enfrentamientos se produjeron en territorio

awajún. El año pasado fue igual. ¿Por qué? A diferencia de otros pueblos que han sufrido desplazamientos, los awajún son un pueblo que vive en este territorio desde hace muchos siglos. Ellos han resistido mucho a los invasores. Ni los ejércitos incas de Huayna Cápac y Túpac Yupanqui, ni los españoles, pudieron conquistarlos. En todo ese periodo quedaron prácticamente libres, hasta el siglo XX. Por eso tienen un sentido de pueblo que no ha sido dominado y de gente que está muy arraigada al lugar en que viven. Por eso reaccionan de manera tosca y muy exigente

La desigual batalla mediática A las pocas horas de iniciado el enfrentamiento de Bagua, otra batalla, igualmente decisiva, empezaba en los medios de prensa nacionales. Esta batalla por influenciar en la opinión pública nacional —de obvias consecuencias políticas— llevó, por ejemplo, a que algunos diarios muestren casi exclusivamente imágenes de los policías muertos en la Estación 6. Alguno, incluso, llegó a mostrar en primera plana una imagen, a todas luces creada en photoshop, en donde se veía a una masa de nativos sentados en torno a un arsenal de armas de fuego regadas en la carretera. Como muestra el gráfico, en los medios de prensa escrita, la posición oficialista tuvo considerablemente más cobertura que la de los nativos. La actuación del gobierno, sin embargo, ha sido a todas luces tan desastrosa —por decir lo menos—, que la desaprobación a su manejo de lo sucedido en Bagua es casi un consenso nacional.

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al defender su tierra, aunque por lo general, los awajún son gentes tranquilas y pacíficas. ¿Cómo explicaría el asesinato de los policías en la Estación 6 desde la lógica awajún? Cuando hay un muerto y no hay compensación, o también cuando no pueden recoger a sus muertos (porque, según ellos, la policía no los dejaba pasar), entonces eso desata una fuerza maligna conocida como Ebesek, que significa algo malogrado, que puede causar desgracias y que se tiene que apaciguar de alguna manera.

Artículos en diarios de Lima, según fuente de información oficialista o nativa, en la semana siguiente a los acontecimientos de Bagua Número de noticias Oficialista 50

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En el gráfico se aprecia cómo, en promedio, los principales medios nacionales de prensa contribuyeron a difundir más la visión oficial de lo sucedido en Bagua (policía, ministros, congresistas oficialistas, etc.) que la de los nativos (líderes nativos, población nativa, otros no nativos con posición similar, etc.). La muestra la constituyeron los artículos publicados sobre el tema (no se consideraron columnas de opinión ni editoriales) en las ediciones de los diarios El Comercio, Expreso, Perú 21, Correo, La República y La Primera, desde el sábado 6 hasta el sábado 13 de junio. (Elaborado por Gabriela Perona y Carlos Zevallos).

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Para no quedarnos ciegos, ni sordos, ni mudos... recurrir a los planteamientos legalistas y al argumento de «defender el Estado de derecho» sean también los primeros en hacer caso omiso de la ley cuando esta no les conviene. Más de un congresista aprista ha señalado que era imposible hacer la consulta que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige, pues no ha sido reglamentado, sin mencionar, claro, que el Estado ha tenido 15 años para hacerlo, desde que entró en vigencia en 1994. Pero, como lo ha señalado un miembro del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, una norma internacional como el Convenio 169 tiene rango constitucional y, por tanto, no requiere ser reglamentada para ser aplicada. Más aún, la propia OIT, en relación con la aplicación del Convenio 169 en el Perú 2, concluyó, en una reunión sostenida el pasado 18 de junio en Ginebra, que «la situación actual del país surge en relación con la promulgación de decretos legislativos relativos a la explotación de recursos naturales en territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas». Luego añadió que «durante varios años, la Comisión de Expertos [de la OIT] había formulado comentarios acerca de la promulgación de legislación con respecto a estas cuestiones sin consultar a los pueblos indígenas afectados, lo que es contrario al Convenio». Bagua en el horizonte Es en este contexto de desencuentros, de falta de respeto por normas internacionales, de hacer caso omiso a las malas experiencias de las poblaciones nativas, que el paro amazónico surge dos meses atrás. Para ser precisos, resurge, pues, como los propios nativos han señalado, en realidad reasumieron la medida de fuerza depuesta un año antes, luego de meses de intentos infructuosos de canalizar su descontento sobre los decretos legislativos a través de los canales formales. Y en medio del paro, de repente, la bomba de Bagua. Es cierto que las acciones de los awajún, en especial en la Estación 6, contribuyeron a la violencia (ver en recuadro el análisis del antropólogo James Regan sobre el tema). Pero tamJUNIO de 2009

Medios de comunicación por la democracia Carlos Rivadeneyra. Director de Comunicaciones, Cepes.

Dados los hechos ocurridos en nuestra selva el 5 de junio, creemos que la información veraz contribuye al diálogo y al logro de acuerdos. Con ello se fortalece la paz y la democracia. Es una mala señal, pues, que luego de una semana de los luctuosos sucesos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) haya anulado la licencia de Radio La Voz de Bagua, aduciendo falta de autorización técnica de sus equipos de transmisión. La emisora ha solicitado al MTC reconsiderar su resolución. Lo cierto es que todo hace entender que esta emisora fue cerrada, más que por cualquier otra cosa, porque su línea editorial incomodaba al gobierno central. El director de noticias de Radio La Voz de Bagua, Carlos Flores, afirmó que la emisora solo se dedicó a informar de los hechos y en ningún momento azuzó a la población a cometer acto violento alguno. En todo caso, si esto no fuera cierto, lo que corresponde al Estado peruano es abrir un proceso penal al periodista mencionado y evaluar la responsabilidad civil de la emisora. En ediciones anteriores, LRA ha informado de otros casos similares. En septiembre de 2007 ocurrió algo parecido con Radio Orión, de Chincha, y en abril de ese mismo año, ante el paro regional de Áncash en Chimbote, otras dos emisoras fueron cerradas. Radio intermediadora La radio es el medio de comunicación masivo de mayor cobertura en nuestro país, y el más extendido entre la población rural. ¿Es posible que este medio pueda ser de alguna ayuda en el proceso de diálogo entre el gobierno central y las poblaciones rurales en protesta? Creemos que la respuesta es un rotundo sí. Sin embargo, para que esto pueda suceder deben hacerse primero ciertas rectificaciones. Así, el presidente García señaló que «los jefes nativos [...] solo escuchaban en las radios de la zona mensajes sobre cientos de muertos inexistentes, y llamados a incendiar la pradera». Si fue así, debe demostrarse, y las personas y emisoras responsables deberán ser sancionadas de acuerdo con la ley. Los medios deben ser administrados (desde el Estado) y utilizados (desde la sociedad civil) de manera responsable, de modo que su labor contribuya al fortalecimiento de la democracia.

En algunos distritos rurales la radio local ha transmitido, en directo, cabildos abiertos y las reuniones preparatorias para la elaboración del presupuesto participativo. En otros casos, ante conflictos y discusiones, la radio puede aparecer como el espacio de encuentro entre las partes discrepantes, logrando que la audiencia radial se entere de lo que se discute y de cómo los acuerdos se van logrando a partir del diálogo. La gran oportunidad En las últimas semanas, el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv) ha impulsado el debate del proyecto de Ley de Radiodifusión Estatal, compromiso establecido en la Ley de Radio y Televisión y que lleva más de cuatro años de retraso esperando la discusión descentralizada y la aprobación. Bueno, pues, en dicho proyecto de ley se podría señalar que las estaciones de radio y televisión del Estado (es decir, de todos los peruanos) deberán difundir en directo a nivel nacional, macrorregional y/o regional, las sesiones de las mesas de negociación entre el gobierno central y los representantes de la organizaciones sociales. Esto permitiría que la población esté bien informada y, a partir de ello, lograr una comunicación eficiente, evitando malos entendidos y pasiones subalternas (como señaló el presidente García) que nos llevan a la tragedia y el debilitamiento de nuestra democracia. Internet, la nueva alternativa No podemos terminar sin mencionar que ante la falta de información plural en los medios de comunicación masivos de alcance nacional —que, hay que recalcarlo, transmiten desde Lima—, varias herramientas de internet, como páginas web, blogs o incluso las plataformas Youtube y Facebook, dieron versiones diferentes y analizaron algunas de las diversas variables de este complejo tema del desarrollo de la Amazonía. Algunos exageraron al elevar voces extremistas, pero muchos se levantaron a favor de la paz, la defensa de la vida y la democracia. Este nuevo inquilino mediático que viene revolucionando el acceso a la información y que nos brinda la posibilidad de generar una comunicación interactiva, empieza a ayudarnos de formas muy interesantes. Veremos cómo evoluciona a favor del desarrollo nacional.

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Bagua y la imagen del gobierno peruano en el exterior Anthony Bebbington, catedrático de la Universidad de Manchester

Basta «googlear» para ver el impacto internacional de los acontecimientos en Bagua. Quienes han demostrado su preocupación no han sido solo activistas, miembros de la izquierda caviar transnacional u ONG. Los eventos han sido reportados por la BBC, New York Times, El País y Le Monde, solo para mencionar los pesos pesados, mientras ya están circulando cartas públicas firmadas por personalidades públicas e incluso autoridades de gobiernos. Entre los diferentes reportes y cartas es difícil encontrar mucha simpatía por el gobierno peruano. El Parlamento británico ha agendado un panel público, auspiciado por el Grupo de Parlamentarios Interesados en Perú, para discutir el tema. La respuesta del gobierno norteamericano aún está por verse, pero grupos humanitarios y otros lo están presionando para que declare sobre el conflicto y aclare si es cierto, o no, que los decretos disputados son elementos esenciales para el cumplimiento del TLC. Lo que más llama la atención entre estas respuestas es la posición asumida por The Economist, un semanario de centro-derecha, 100% comprometido con el libre mercado y una de las revistas más influyentes en el mundo. En su número de la tercera semana de junio, The Economist comenta que el comportamiento de Alan García ha sido «arbitrario» y «autocrático», que el sistema político peruano ha «fracasado» en mediar el conflicto entre la visión del gobierno y las demandas indígenas, y que el Ejecutivo debería ofrecer consulta y un fuerte debate público, no el uso de la fuerza. Además, el periódico ve poca relación entre los decretos en disputa y el libre comercio. Malas noticias, en todo sentido, para la imagen del gobierno actual. Además de ser un día negro para los derechos humanos, Bagua se ha convertido en una pesadilla de relaciones internacionales para el gobierno peruano.

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bién es cierto que el comportamiento de las fuerzas policiales parece haber estado completamente fuera de toda medida (ver testimonio de dos voluntarios belgas, en recuadro). E incluso un hombre de paz como el obispo de Jaén, Santiago García de la Rasilla, que al declarar para LRA pidió que nos centremos en dar un mensaje de paz, no puede evitar hablar de los «hechos oscuros» que se sucedieron en Curva del Diablo y de cómo la policía impidió durante tres días todo acceso a esta parte de la carretera. Es probable que nunca llegue a saberse con certeza qué pasó exactamente en Curva del Diablo, El Reposo y Estación 6. Hay quienes, en la idea de mirar hacia el futuro, la reconciliación y el diálogo, proponen echar un velo sobre un hecho «confuso», en el que «nadie ganó» y «nadie tuvo la razón». Empecemos de nuevo, para qué llorar sobre la sangre derramada. Pero eso sería un insulto a la memoria de todos los caídos —policías, nativos y población no nativa—. Más aún, sería dejar la vía libre para que un acto así se vuelva a producir. E igualmente grave, eso sería levantar los pilares del diálogo sobre bases falsas. ¿Cómo construir un futuro de confianza y mutuo entendi-

miento haciendo de cuenta que no pasó nada? No seamos ingenuos, ya hay fuerzas poderosas en acción buscando construir la futura memoria colectiva nacional sobre este hecho, y el número de diez nativos muertos ya es empleado por varios medios de prensa (ver recuadro sobre el manejo mediático del tema) como cifra definitiva, aun cuando es solo una cifra que, por oficial que sea, es completamente preliminar. Miremos al futuro, sí, pero sin descuidar el presente. De la mirada vigilante de la sociedad civil —mucho más ahora que el Estado está sentado en el banquillo de los acusados— dependerá en gran medida que este proceso de entendimiento dialogante del que tanto se quiere hablar ahora (¡¿por qué no se habrá hecho antes?!) se convierta en una farsa o reporte resultados reales, en beneficio de todos. Notas Finer M., Jenkins C., Pimm S., Keane B., Ross C., 2008. PLoS ONE 3(8). De libre acceso en www.plosone.org 2 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/ meetingdocument/wcms_108400.pdf. El caso Perú se encuentra en las páginas 146 a 155 del documento. 1

Santiago Manuin, gran líder awajún Iñigo Maneiro, magíster en Estudios Amazónicos

Santiago, el mayor dirigente indígena del Alto Marañón, fue el primer aguaruna (o awajún) que conocí y con el que más tiempo conviví en los siete años que pasé en la zona. Con él viajé por todos los ríos, viví en sus comunidades, conocí sus mitos y hasta estuvimos en Santiago Manuin (segundo desde la izquierda), conversando con el autor de la nota, varios años atrás. España buscando dinero para los proyectos que desarrollábamos en la selva. En España se reunió con la reina Sofía, que salió impresionada por «la categoría hu-

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Luego de Bagua, ¿qué? Roberto Bustamante, elmorsa.blogspot.com

El gobierno ha derogado ya los decretos legislativos 1064 y 1090 y levantado el estado de emergencia en la selva peruana, a raíz de las reuniones que sostiene Yehude Simon, presidente del Consejo de Ministros, con los apus amazónicos. Tardío diálogo que ha costado la vida de decenas de personas, civiles y miembros de las fuerzas del orden. Una lectura de lo ocurrido debería dar cuenta de la exclusión y marginación en la que vive la población awajún-wampis; de que, efectivamente, esta es una perla más dentro de un proceso de colonización de la selva peruana, que viene de siglos atrás. Lo cual coloca al actual gobierno a la altura de tantos otros gobiernos que han visto a la Amazonía como un lugar vacío, rico en recursos para explotar. De allí que se refuerce la idea de que el Perú es «un país mendigo sentado en un banco de oro» y de que existen ahora «perros del hortelano» que impiden el usufructo de tal reserva. Por supuesto que lo que se deduce de tal

interpretación es que los nativos amazónicos lucharon por su territorio en contra de posibles y seguras expropiaciones. A partir de allí se explica la indignación de los awajún-wampis, el bloqueo de las carreteras y, en fin, la violencia ocurrida. La otra lectura, evidentemente, ha sido promovida por el gobierno, y es la del buen salvaje manipulado por oscuras organizaciones no gubernamentales, extranjeras y nacionales. La solución encontrada, de hecho, suena a un triunfo a medias para todas las partes del conflicto. Por un lado, es un logro para las comunidades amazónicas (las que se sentaron a negociar con Simon) que, luego de meses de lucha, han logrado hacer que el gobierno retroceda, y es seguro que, en otras partes, otras comunidades verán el camino iniciado por Aidesep como el más exitoso (a pesar de los altísimos costos humanos). Por otro lado, porque el ala más dura del gobierno, la prensa y el empresariado (aquellos que pedían práctica-

mana de este hombre», y en España también hizo un diplomado en derechos humanos en una universidad jesuita. Al momento que escribo estas líneas, Santiago se debate entre la vida y la muerte, consecuencia de las nueve heridas de bala que recibió en el estómago cuando, en la Curva del Diablo, en lugar de esconderse, expuso su cuerpo para hacer un desesperado llamado a la calma. Sabía que algún día algo así podía ocurrirle a alguien entregado a su pueblo en la defensa del territorio. Fueron él y las organizaciones nativas de los ríos —soy testigo de ello— quienes sacaron al MRTA del Alto Marañón y quienes limpiaron de cultivos de coca y amapola todas las comunidades, porque creen en otro tipo de desarrollo y porque no querían que se repitiese la terrible experiencia de los asháninkas con Sendero. Ahora se opone al ingreso de petroleras y mineras en su tierra, no porque esté en contra del desarrollo, sino porque cree que éste va por el camino del respeto a la tierra y la naturaleza, y a la participación real de los milenarios habitantes de las selvas. En la prensa leo que detrás de las revueltas indígenas están Humala, el narcotráfico y el complot internacional. Qué absurdo. Como si ellos necesitaran que alguien de fuera viniese a alertarlos cuando ven sus tierras en riesgo. La selva siempre ha sido el patio trasero de los gobiernos peruanos: los peores índices en salud y educación del país se encuentran allí. Pero como les gusta decir a mis amigos aguarunas, «nosotros no pertenecemos a la extrema pobreza porque tenemos nuestra selva».

mente que se bombardee la selva con napalm), han quedado fuera de juego. Ha sido este el gol del honor de un primer ministro convertido en un muerto político. Lo importante es ver lo que se viene. Las comunidades amazónicas han abierto un camino (abierto por otras movilizaciones previas) para la acción y la protesta, con resultados. Difícilmente el gobierno va a poder actuar con represión, como se quiso hacer el último 5 de junio. Lo otro es la recurrente constatación de que el Congreso no es el espacio para la búsqueda de diálogos y consensos políticos. Más bien, el espacio naturalizado (por reacción, antes que por iniciativa propia) son las mesas de diálogo ad hoc. Las comunidades amazónicas han logrado un importante paso en la búsqueda del reconocimiento ciudadano. Que esto haya ocurrido con decenas de muertos es algo que todos los peruanos debemos lamentar. La agenda está en su cancha y no en Palacio de Gobierno.

Rectificación En la edición de LRA 107, en la sección especial sobre concentración de la tierra en el Perú, por error se consigna en la tabla de la página 13 que Agrokasa adquirió en el valle de Ica 2,906 hectáreas. La empresa nos envía los siguientes datos: Ha plantadas Santa Rita (Ica)

Ha totales

169

195

La Catalina (Ica)

1,082

1,627

Las Mercedes (Barranca)

1,337

2,613

Total

2,589

4,435

Fuente: Agrokasa.

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Representantes del gobierno nepalí, organismos intergubernamentales y Secretaría ILC durante la inauguración de la conferencia internacional.

Representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales de 44 países se reunieron en Nepal para buscar derroteros hacia una nueva generación de reformas agrarias que aseguren el derecho a la alimentación para todos, una sociedad más armónica y ambientalmente sostenible. Las cifras revelan que los niveles de pobreza en el mundo continúan siendo alarmantes, y así lo demuestran los 963 millones de personas que se encuentran hoy en día en estado de desnutrición. Cambiar esta situación y lograr que la mayoría alcance su seguridad alimentaria pasa por garantizar un acceso seguro a la tierra, pues los que carecen de ella tienen menos posibilidades de elevar sus niveles de vida. ¿Cómo lograrlo? Con una nueva generación de reformas agrarias que aseguren el acceso a la alimentación de las grandes mayorías y una sociedad con menos conflictos y ambientalmente más sostenible. Este fue el planteamiento que concentró los debates en la conferencia internacional «Asegurar los derechos a la tierra para la paz y la seguridad alimentaria», organizada con ocasión de la Cuarta Asamblea Global de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés), realizada en Katmandú, Nepal, del 21 al 23 de abril de 2009. La ILC1 reunió en Nepal a más de 180 delegados de 44 países, con el objetivo de abordar desde una perspectiva global el acceso seguro a la tierra y la reforma agraria. Los asistentes a esta cita internacional

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Declaración de Katmandú: Asegurar los derechos a la tierra para la paz y la seguridad alimentaria

Delegación de miembros peruanos de la ILC, junto a la oficial de programas de la ILC para América Latina.

discutieron sobre los nuevos retos en la seguridad de los derechos a la tierra para lograr la paz y la seguridad alimentaria, así como los desafíos que impone el cambio climático y las presiones comerciales sobre la tierra. La reunión fue un espacio para que los distintos miembros de la coalición —que agrupa a organizaciones campesinas, gremiales, centros de investigación, ONG y organizaciones intergubernamentales— discutieran sobre cómo lograr sinergias para implementar programas y políticas agrarias a favor de los pobres. Y es que procesos como el incremento de la concentración de la tierra en pocas manos

—debido al aumento en la producción de agrocombustibles, por ejemplo—, el desarrollo de las industrias, así como las tensiones generadas por el acceso a la tierra, colocan a los más pobres y desposeídos en una situación cada vez más vulnerable. Al cierre del evento, la coalición emitió la Declaración de Katmandú, documento que refleja la complejidad del tema e identifica líneas de acción efectivas para tratarla. Nota 1

Las organizaciones de la sociedad civil que integran la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra en Perú son: Cepes, Cisepa PUCP, Conveagro, Grupo Allpa, IBC y SER.

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DECLARACIÓN DE KATMANDÚ «Asegurar los derechos sobre la tierra para alcanzar la paz y la seguridad alimentaria» 1.

Nosotros, los más de 180 miembros y socios de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC por sus siglas en inglés), representantes de la sociedad civil, movimientos sociales y campesinos, agencias internacionales, y gobiernos, de más de 43 países en Asia, África, Europa y las Américas, nos hemos reunido en Katmandú del 21 al 23 de abril de 2009 para discutir el tema de «Asegurando los Derechos a la Tierra para la Paz y la Seguridad Alimentaria». Compartimos un compromiso colectivo para trabajar juntos para asegurar tierra y recursos para las mujeres y hombres pobres, y permitirles vivir con dignidad y transformar sus propias vidas, instituciones y comunidades. Esta Conferencia en Nepal, país que está en un proceso de profundos cambios políticos en un período de post-conflicto, nos ha proporcionado el espacio y la plataforma apropiados para repensar viejos supuestos y determinar nuevos caminos.

2.

Creemos que la provisión de un acceso seguro a la tierra y los recursos naturales para los productores pobres es un paso fundamental para encontrar soluciones pacíficas duraderas para abordar la pobreza rural, la persistencia del hambre y los conflictos en torno a los recursos naturales. Es inaceptable que cerca de mil millones de personas en el mundo hoy en día estén malnutridas. Obtener un acceso seguro a la tierra y los recursos naturales es esencial para el pleno disfrute de sus derechos ciudadanos y, más ampliamente, de sus derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación. Los temas de la tierra influyen en las relaciones sociales, económicas y políticas, y son una preocupación para todo el mundo. Damos la bienvenida al creciente reconocimiento por parte de los donantes, sobre la centralidad que la seguridad en la tenencia de la tierra tiene en la reducción de la pobreza.

3.

El cambio climático está aumentando la inestabilidad y pone en riesgo los medios de subsistencia de aquellas personas que dependen de la tierra y los recursos naturales. Al mismo tiempo, los medios por los cuales se accede, utiliza y posee la tierra están cambiando rápidamente en el mundo, creando nuevos desafíos para reducir el hambre y la pobreza. Esta situación es especialmente relevante entre las mujeres, las personas sin tierra, los arrendatarios y trabajadores agrícolas, los 300 millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas, y los 1,500 millones de pequeños agricultores que trabajan en superficies de tierra menores a dos hectáreas. La tierra se está convirtiendo en una mercancía cada vez más globalizada, tendencia que es alimentada por la creciente demanda de alimentos y biocombustibles, minerales, del turismo, y para servicios de ecosistemas, lo que incluye el secuestro de carbono. Los usuarios de la tierra que son pobres en recursos están confrontando una creciente competencia por la tierra por parte de otros usuarios, élites nacionales e inversores globales. Hacemos un llamamiento urgente para asegurar la transparencia y la apertura informativa en las transacciones a gran escala de tierra por parte de gobiernos y corporaciones. Estos deberían realizar dichas acciones en plena consulta con todos los actores clave, particularmente con los usuarios locales.

4.

La necesidad de reformas agrarias y de la tierra es hoy en día más relevante que nunca. Las grandes desigualdades en el acceso a la tierra alimentan la conflictividad, la inestabilidad política, la alienación social y la exclusión, y constituyen una barrera para el desarrollo económico nacional. Las reformas agrarias y de la tierra deben, por tanto, abordar los nuevos desafíos que existen en complejas realidades globales, incluyendo los procesos de concentración en la propiedad de la tierra, las presiones sobre la agricultura derivadas de la urbanización y la industria, y la liberalización del comercio y los mercados globales. Las reformas deben tener en consideración temas de equidad, productividad y sostenibilidad en la utilización de los recursos naturales.

5.

Los esfuerzos liderados por el Estado en la reforma agraria han generado, igualmente interrogantes sobre su papel y capacidad para ser reformador y activista. Mientras que el Estado debe continuar jugando un papel central en todos los aspectos de los procesos de reforma, los movimientos sociales, las organizaciones de productores y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel complementario en la formulación e implementación de políticas, y asegurar la rendición de cuentas en la implementación de las mismas.

6.

Las mujeres de zonas rurales juegan un papel clave como agricultoras y garantes de la seguridad alimentaria tanto en el ámbito familiar como nacional. Por lo tanto, sus múltiples roles y responsabilidades ejercidas deben reflejarse en un derecho a la tierra efectivo. La tierra bajo el control de las mujeres también promueve la dignidad de la mujer en la familia y la sociedad. Nos

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comprometemos a trabajar para el pleno reconocimiento e integración de las mujeres en todos los aspectos del aseguramiento de los derechos a la tierra, y en la promoción de la implementación de mecanismos que específicamente otorguen el derecho a la tenencia de las mujeres. 7.

Las comunidades indígenas y las minorías étnicas se cuentan entre los millones de personas en el mundo que dependen de los bosques, pastos y otras formas de propiedad colectiva para su alimentación y medios de subsistencia. Ellos también sufren en mayor medida la discriminación, exclusión, intimidación y violencia. Los derechos de los moradores y usuarios pobres de bosques, especialmente pueblos indígenas, deben ser reconocidos. Estamos animados por la creciente tendencia hacia el fortalecimiento de la propiedad colectiva, los derechos comunitarios de los bosques y el reconocimiento de los territorios indígenas, tal y como lo reconoce la Convención 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. Fortalecer los derechos locales de la tenencia de la tierra y los derechos colectivos sobre los recursos naturales bajo propiedad colectiva, mejora los medios locales de subsistencia y reduce los conflictos en torno a los recursos naturales.

8.

El Primer Ministro de Nepal declaró que un nuevo Nepal no puede ser construido sin la reforma de la tierra. No puede darse una paz duradera y prosperidad sin una distribución justa y equitativa de la tierra y otros recursos naturales productivos en favor de las personas marginadas. Somos especialmente conscientes de los esfuerzos que se están haciendo para permitir un ambiente política y constitucionalmente favorable en su enfoque hacia las personas, desde las bases hacia arriba, para llevar a cabo un programa de reforma orientada a la justicia social, la inclusión, la paz y la seguridad alimentaria. Al situar la reforma de la tierra como parte integral del proceso de reestructuración del Estado, el gobierno de Nepal ha expresado su intención de asegurar el acceso y propiedad de la tierra y otros aspectos económicos para amplios sectores de los sin tierra, arrendatarios, mujeres y campesinos marginalizados. Estas medidas son indispensables para la justicia social, la democracia y una paz duradera.

9.

Apreciamos los compromisos del gobierno de Nepal, y ampliamos nuestros esfuerzos para apoyar sus transformaciones en realidades, mediante la continuidad del proceso de diálogo y partenariado entre gobierno, organizaciones internacionales, movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en Nepal.

10. Nosotros, los participantes en esta Conferencia, expresamos nuestro aprecio y gratitud hacia el Gobierno de Nepal, especialmente al Primer Ministro, el Ministro de Finanzas, el Ministro de Reforma Agraria y Gestión de Tierras, y a la organización Community Self Reliance Centre (CSRC) por su hospitalidad y esfuerzos en la organización de esta Conferencia. Katmandú, Nepal 23 de abril de 2009 La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC en sus siglas en inglés) es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y su control sobre ella, de hombres y mujeres pobres mediante la promoción, el diálogo y la creación de capacidad. La Conferencia Internacional, «Asegurando los Derechos a la Tierra para la Paz y la Seguridad Alimentaria» fue organizada con ocasión de la Cuarta Asamblea Global de la ILC, y tuvo lugar en Katmandú, Nepal, del 21 al 23 de abril de 2009. La Conferencia fue conjuntamente auspiciada por la ILC y el Gobierno de Nepal, y la organización Community Self Reliance Centre (CSRC) actuó como anfitrión local. Un consorcio de organizaciones de la sociedad civil del Nepal también posibilitaron esta Conferencia, tales como la Federation of Community Forest Users Network (FECOFUN), MODE Nepal, la NGO Federation of Nepal (NFN), la National Land Rights Concerns Group (NLRCG) y la National Land Rights Forum (NLRF).

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Afiche realizado por el artista Jesús Ruiz Durand en 1970, en el marco de la Reforma Agraria. JUNIO de 2009

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La Reforma Agraria de 1969 El 24 de junio de 1969 el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria, Decreto Ley 17716. El mismo día fueron tomados, en un operativo planeado militarmente, los complejos agroindustriales azucareros, cuyos propietarios eran conocidos como los «barones del azúcar». Con ello se dio inicio, quizá, a la reforma más radical del siglo XX en el Perú, que transformó la sociedad rural, y cuyos efectos perduran hasta la actualidad. ¿Por qué se hizo la reforma agraria? ¿Tuvo éxito o fue un fracaso? ¿Cuáles fueron sus alcances?

Foto La República

Las circunstancias de la reforma agraria La reforma agraria ejecutada por el gobierno del general Juan Velasco fue el resultado de un conjunto de circunstancias. No fue la decisión caprichosa de un gobierno autoritario. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? Las migraciones del campo a la ciudad. En la década de 1950 se iniciaron las masivas migraciones de campesinos a las ciudades, sobre todo a Lima. Fue el comienzo de las llamadas barriadas, nombre que fue posteriormente cambiado por el de pueblos jóvenes y, finalmente, por el de asentamientos humanos. La población de la capital se triplicó en dos décadas: pasó de tener 645 mil habitantes en 1940, a 1,9 millones en 1961. El «cinturón de miseria» que comenzó a rodear Lima aparecía como una amenaza a la paz social de una ciudad por lo general apacible. Los inmigrantes provenían en su mayoría de la sierra, en donde grandes haciendas —los ejes de poder económico y político— y la falta de interés del Estado mantenían a la población en una situación de atraso y miseria. El gobierno del presidente conservador Manuel Prado (1956-1962) tuvo la inteligencia de vincular el problema urbano que se gestaba, con el problema agrario. Formó una Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, cuyos miembros eran hacendados progresistas para la época, o sus representantes, quienes concluyeron en la necesidad de establecer un límite de tamaño para la propiedad: 250 hectáreas de tierras de cultivo en la costa y en la sierra, 5 mil hectáreas de pastos en la sierra. La reforma agraria quedó así incorporada en la agenda de las diferentes gamas de posiciones políticas. La revolución cubana. En enero de 1959 triunfó la revolución cubana, liderada por Fidel Castro. Su posterior alineamiento con la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, significó para Estados Unidos una gran preocupación, y no menos por la posibilidad de que sirviera de ejemplo a otros países latinoamericanos. El presidente John Kennedy propuso, en el marco de la Alianza para el Progreso, la necesidad de la realización de reformas agrarias en América Latina, como uno de los medios de conjurar posibles revoluciones. La propuesta fue aprobada por los gobiernos de la región en la reunión de la OEA realizada en Punta del Este, Uruguay, en 1961.

Las tomas campesinas de tierras desde la década de 1950 motivaron a los dos gobiernos anteriores a Velasco a promulgar sendas leyes de reforma agraria.

El movimiento campesino. Desde fines de la década de 1950 hasta 1963 ocurrieron muy importantes y masivas movilizaciones campesinas en el Perú, con dos objetivos principales: la toma de tierras de las haciendas (que se habían formado a costa de las comunidades) y el mejoramiento de las condiciones laborales, más feudales que capitalistas. La que atrajo más la atención

fue la expulsión de los hacendados del valle de La Convención, en el Cusco, por los arrendires y allegados (colonos) de las haciendas, que dio lugar a que el gobierno militar del general Lindley (1962-1963) emitiera una Ley de Bases de la Reforma Agraria y una ley específica que reconocía la situación de hecho. Fernando Belaunde (1963-1968) basó una parte importante de LA REVISTA AGRARIA / 108

Guillermo Figallo Primer presidente del Tribunal Agrario ¿Qué reflexiones tiene sobre la reforma agraria que se realizó en la primera fase del gobierno militar? Logró algo muy importante: fue una especie de Revolución Francesa pacífica, gracias a la cual los campesinos de la sierra obtuvieron igualdad. Sin esta reforma hubiera surgido una especie de guerra civil. A mediados de los sesenta, el ejército fue a reprimir a los movimientos guerrilleros; ahí fue cuando los militares conocieron a los colonos del Cusco y vieron todo el sistema feudal que había en la sierra. Muchos militares habían vivido esta situación o tenían familiares que pasaban por eso; entonces la inquietud se apoderó de los coroneles. Por este motivo se realizó el golpe de Estado en 1968 y, también por esta razón, los militares no creían en reformas agrarias a medias tintas. y marinos se volvieron millonarios. ¿Las reformas agrarias que surgieron en la región fueron por influencia de Estados Unidos? Claro, esa era la idea de John Kennedy. Pero su idea era tan radical, que lo liquidaron. Ahora, ¿cómo habría sido la reforma agraria de Kennedy? Eso no lo sabemos. ¿Por qué hubo tan poca oposición de los hacendados a la reforma? Porque se confiaron. Los hacendados conocían a los generales, ya que estos habían estado en las provincias cuando eran subalternos y habían comido con ellos. Los habían tratado a cuerpo de rey y algunos se habían casado con hijas de los propietarios de las haciendas. Por eso no creyeron que se iba a aplicar la reforma agraria tal como se hizo. ¿Cuáles fueron los defectos de la reforma? No se trataba solamente de redistribuir la propiedad: quitársela a uno y dársela a otros. Entre los militares no había la organización suficiente para un proceso de esta magnitud. En el orden militar, cada uno es jefe de una división; entonces, cada ministerio era una división bajo el mando de un general. Así, los señores de Economía mandaban en su división y no se pudo conseguir que el Banco Agrario trabajara al ritmo de la reforma. El Ministerio de Vivienda fue peor; malograron todo Lima porque quienes estaban a cargo eran marinos, no arquitectos. Con el gran negocio que significó urbanizar las haciendas de los alrededores de Lima, acabaron con todas las tierras agrícolas. Incluso hubo pleitos enormes en la cuestión de áreas de expansión urbana. Ahí se movía bastante dinero; muchos arquitectos

su campaña electoral en la promesa de la reforma agraria. Cuando fue elegido recrudecieron las movilizaciones para presionar por la ejecución de la reforma agraria a todo el país. Belaunde dio la Ley 15240 en 1964, luego de haber negociado con la mayoría de oposición del Congreso, conformada por la alianza entre el Apra y la Unión Nacional Odriista. Finalmente, la insuficiente JUNIO de 2009

Algunos dicen que la Reforma Agraria fue confiscatoria y que los bonos no fueron redimidos... ¿Confiscatoria? ¿Por qué no le preguntan a Dionisio Romero? Construyó una formidable fábrica textil en Piura con los bonos que recibió por la expropiación de sus tierras. El mecanismo para redimir los bonos estaba expedito con el Banco Industrial. Yo doy mis bonos y me dan un valor igual para invertir en una industria. Lo que quería hacerse con los bonos era favorecer el desarrollo industrial. Solo 2 o 3 lo hicieron, comenzando por Romero. ¿Por qué los demás no hicieron lo mismo? Quizá por desconfianza. Imagínese que se desarrolle la industria con la reforma agraria, con los propios expropiados, que eran sus enemigos a muerte. A estas alturas, algunos bonos deben de haber prescrito y otros no. Pero ¿quién no pagó los bonos? Mientras hubo reforma agraria se pagaron los bonos. El que no los pagó fue Belaunde. ¿Qué opina del conflicto suscitado entre las poblaciones nativas amazónicas y el gobierno? Es lo que se ha hecho varias veces. En la Colonia los españoles no pudieron entrar a la Amazonía, pero en la República entramos nosotros. ¿Para qué? Para usarlos casi como animales de carga. El proceso del caucho fue ese y ahora se piensa seguir haciendo lo mismo. O sea que se considera a los nativos como si estuviesen fuera del Perú todavía. El mérito de la reforma agraria fue incorporar a los campesinos de la sierra. Ahora el Convenio 169 tiene fuerza constitucional, es parte de la Constitución.

decisión política de ejecutar la reforma a fondo hizo que sus avances fuesen claramente insuficientes. Una economía y sociedad más modernas y urbanizadas. Este conjunto de condiciones —las intensas migraciones del campo a las ciudades, el temor de que la revolución cubana fuera imitada, las masivas movilizaciones campesinas— se pro-

dujeron cuando la economía peruana se modernizaba y urbanizaba. Con la penetración de las relaciones de mercado y la mayor presencia del Estado, los terratenientes tradicionales dejaron de ser indispensables para el control social y político de las áreas rurales y para las economías regionales. Es decir, se habían debilitado, contribuyendo así a las condiciones que

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Benjamín Samanez Concha Director General de Reforma Agraria ¿Cómo se realizó el proceso de adjudicación de tierras en la reforma agraria? El Perú es el país que ha tenido la reforma agraria más rápida, porque en seis años se hicieron todas las afectaciones. Tuvimos que levantar un catastro, que no había; mientras que hoy día están con todos los problemas en la selva y no pueden titular a las comunidades porque no tienen catastro. En esa época hicimos el catastro de todo el país, con 14 mil predios, o sea, 50 predios diarios. Teníamos un sistema de información para el seguimiento: a mí me llamaban por teléfono, me preguntaban por un predio y en tres minutos les decía su ubicación. Adjudicamos la tierra en propiedad, con títulos inscritos. Por eso, nadie pudo revertir el proceso como pasó en Chile—; aquí tuvieron que reconocer el derecho de propiedad, y las nuevas empresas han tenido que comprar las tierras. Después de cuarenta años, ¿qué es lo que ha perdurado, qué es lo más importante que ha tenido esta reforma? La reforma agraria fue, sobre todo, un proceso social. El campesinado despertó y participó de la vida civil. En el valle de La Convención, por ejemplo, se realizó un proceso en el que se expropió y adjudicó todo; y a pesar de ser un valle tan convulsionado, Sendero Luminoso no pudo entrar ahí porque los campesinos ya eran dueños. ¿Y la producción? Los rendimientos de la producción pasan a un plano secundario. Sin embargo, en cuestión de productividad, las cooperativas azucareras batieron en 1975 todos los récords de producción: llegaron a producir 900 mil toneladas. Después, este margen se vino abajo con el desmontaje del general Morales Bermúdez. Las cooperativas mantenían las escuelas, las postas de salud, las viviendas; estaban exoneradas de impuestos. Pero el gobierno fijó el precio del azúcar a un sol menos que el mercado internacional, y empezaron a perder plata y vino la quiebra. ¿Y qué le parece este proyecto de ley presentado por un congresista del Apra, que limita la propiedad en la costa a 40 mil hectáreas? Para mí el acaparamiento es indeseable, pues nosotros tenemos la relación hombre-tierra más baja del mundo. En 1975

hicieron posible una reforma agraria. La necesidad de la ampliación del mercado interno. En los años cincuenta era una convicción casi generalizada la idea de que el desarrollo socioeconómico de un país dependía de su industrialización. Entre otras cosas, la industrialización dependía del crecimiento del mercado interno, al cual abastecería y del cual obtendría insumos esenciales, ambas cosas difíciles de lograr con una población rural prác-

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era 0.2 hectáreas por habitante; ahora debemos estar en 0.15. Es un absurdo que quieran ir a 40 mil hectáreas. Son pocos los valles que tienen esa extensión. ¡Si con Pedro Beltrán [de la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda del presidente Manuel Prado] el límite era 250 hectáreas! ¿Qué criterios utilizaría para poner límites a la propiedad? Rentabilidad, con una renta que permita a la familia vivir holgadamente, con comodidades; y un criterio social. No se puede tener subordinados con un salario de S/.15 o S/.20 en el campo. Hay que volver a liberar a esa gente. La reforma fue pacífica, pero hubo movilizaciones como las de Andahuaylas. Hubo oposición en parte, pero la oposición vino más del norte, de [Andrés] Luna Vargas, de la CCP. Decían que era un proceso que no llenaba las aspiraciones del campesinado porque la tierra no debía ser expropiada, sino confiscada y adjudicada gratuitamente. Pero la reforma fue casi confiscatoria. Los hacendados se quejaban de que no se les pagó. Se les pagó lo que habían declarado. Con la valoración de ganado no hubo problemas porque no estaba en libros. Pero no reclaman la devolución de tierras, sino que se les pague lo que se les adeudaba. Un 30% de ellos no pudo retirar los bonos ni el efectivo de los juzgados porque, o no tenían títulos, o tenían deudas con el Estado o deudas con el banco.

ticamente mantenida al margen del mercado por los rasgos semifeudales que caracterizaban importantes regiones del país, sobre todo en la sierra. El proyecto de industrialización se beneficiaría, pues, de una reforma agraria. La reforma agraria, ¿un éxito o un fracaso? Muchos afirman que la reforma agraria fue un fracaso porque económica y tecno-

lógicamente el agro retrocedió, pero no existen estudios sistemáticos sobre este punto. Es probable que esto haya ocurrido en el caso de las haciendas más modernas, que fueron convertidas en cooperativas por la reforma agraria. La gestión de la mayor parte de estas cooperativas quedó en manos no experimentadas, dado que los nuevos propietarios —los trabajadores de las haciendas— tenían experiencia sobre todo en trabajos manuales, no de gestión LA REVISTA AGRARIA / 108

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empresarial. Una deficiencia de la política agraria de ese periodo fue los escasos esfuerzos del Estado por capacitar técnicamente a los beneficiarios. Como resultado, las cooperativas tuvieron crisis económicas que condujeron a su parcelación, por los propios socios, en predios familiares. Todo este proceso fue negativo para la producción y la productividad. Aun las cooperativas agroindustriales azucareras, gran parte de cuyos técnicos se mantuvieron como asociados, tuvieron graves problemas de gestión. Sin embargo, un elevado número de haciendas, particularmente en la sierra, eran técnicamente muy atrasadas, por lo que la reforma agraria no las afectó negativamente. Ahora bien, los beneficiarios de la reforma agraria, ¿mejoraron su situación económica? Según Adolfo Figueroa —lo afirma en el quizá único estudio realizado sobre el tema—, la reforma agraria solo alcanzó al 10% de los campesinos, y además «solo transfirió tierras» y no otros factores esenciales para superar la pobreza, como capital fijo, capital circulante «y especialmente capital humano»1. Habría que matizar esta afirmación, pues la reforma agraria alcanzó a los campesinos y obreros agrícolas que estaban en haciendas, pues en primer lugar, y sobre todo, la reforma agraria era redistribuir tierras de los latifundios. Antes de la reforma agraria, como hoy, la mayor parte de campesinos no estaban en las haciendas, sino en comunidades o eran independientes. El hecho es que los beneficiarios sí se beneficiaron al convertirse en propietarios de la tierra, y para la mayor parte de ellos eso fue mejor que ser un asalariado o un peón de hacienda, aun cuando desde un punto de vista agregado a nivel nacional la producción no hubiese mejorado. Pero el real valor de la reforma agraria debe apreciarse en la transformación social y política de la sociedad rural. La reforma agraria contribuyó a su democratización y, con ello, al logro de uno de los objetivos de las luchas campesinas. Puso fin a un sistema de explotación económica y opresión propio de sociedades semifeudales. Permitió el acceso de los campesinos a la condición ciudadana. Hizo inevitable que en 1979 se permitiese el derecho de elegir y ser elegido a cargos públicos a los adultos analfabetos. Hizo posible que, años después, con la administración de

La reforma agraria hizo posible que, años después, en el gobierno de Belaunde, se conformasen gobiernos municipales rurales elegidos democráticamente, algo improbable en una sociedad rural controlada por gamonales.

Belaunde, se conformasen gobiernos municipales rurales elegidos democráticamente, lo que hubiese sido improbable en una sociedad rural controlada por gamonales. Esta democratización fue, posiblemente, el salto más importante hacia la modernización social, no solo del campo, sino del país. Que falta mucho por delante, qué duda cabe: lo acaban de mostrar las poblaciones nativas amazónicas. Existe más de una relación entre la reforma agraria y el movimiento amazónico actual. La reforma agraria consagró una serie de derechos de los campesinos sobre las tierras; eso es lo que están reclamando, ahora, las comunidades nativas. Los movimientos campesinos de

la década del sesenta luchaban también por su reconocimiento como ciudadanos. Qué duda cabe de que la actual brega de las poblaciones amazónicas tiene el mismo sentido: ser considerados como ciudadanos de primera, con el derecho a que su voz sea escuchada y tomada en cuenta. El alcance de la reforma agraria Antes de la reforma agraria había una gran concentración de la propiedad de la tierra: un número reducido de grandes propiedades mayores a las mil hectáreas controlaban casi el 70% de las tierras agropecuarias. En el otro extremo, centenares de miles de familias campesinas con menos

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Foto Hermes Torres Pereda

Movilización de agricultores camino a Angasmarca, para asistir a la ceremonia de adjudicación de tierras.

de cinco hectáreas tenían apenas el 6% de las tierras (ver tabla 1). Aunque es cierto que parte de las UA con más de mil hectáreas eran comunidades campesinas, era indudable que ese grado de polarización debía corregirse. Tabla 1 Perú. Número y superficie de las unidades agropecuarias antes de la reforma agraria, clasificadas por tamaño. 1961 Tamaño de las UA (ha)

Número UA Área (ha) (%) (%)

Menos de 5

83.1

5.7

5 a 100

15.5

10.0

100 a 1,000

1.1

14.5

Más de 1,000

0.3

69.9

100.0

100.0

851,957

18,604,500

Total Total (absoluto)

Fuente: Censo Agropecuario 1961.

Así, la mayor parte de las tierras de los dueños de las haciendas les fueron expropiadas, lo que suma más de 8 millones de hectáreas. Además, también se expropiaron los bienes de capital y ganados. Las áreas expropiadas fueron muy significativas. En esos años se estimaba que la costa tenía 744 mil hectáreas de tierras de cultivo con riego: más de la mitad fueron expropiadas y adjudicadas. En la sierra, el 58% del total de las tierras de cultivo de secano fueron adjudicadas. En la misma región se estima que el 38% del total de las tierras con pastos naturales pasaron de las haciendas a los campesinos beneficiarios. A diferencia de reformas agrarias en otros países, la mayor parte de las tierras

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tuidas sobre las haciendas ganaderas, conformadas por los trabajadores y, además, por las comunidades campesinas colindantes. Entre ambas recibieron alrededor de 5 millones de hectáreas. También recibieron tierras asociaciones de campesinos constituidas para tal efecto y comunidades campesinas. Un número bastante menor de hectáreas fue entregado a campesinos individuales (ver tabla 3). Según la información oficial, los beneficiarios directos de la reforma agraria fueron 375 mil. Si se asume que cada uno de ellos era jefe de una familia con cinco miembros, se concluye que la reforma agraria benefició a más de 1.8 millones pobladores

Tabla 2 Perú. Áreas adjudicadas, por regiones naturales entre 1969 y 1979. En hectáreas Costa

Sierra

Riego - área adjudicada

398

113

1

512

% adjudicado sobre total

54

23

3

40

Secano - área adjudicada

36

539

132

707

% adjudicado sobre total Pastos naturales adjudicados % adjudicado sobre total TOTAL

Selva (alta)

TOTAL

58

30

23

29

406

5,429

155

5,990

82

38

47

40

840

6081

288

7209

José María Caballero y Elena Álvarez. Aspectos cuantitativos de la reforma agraria (1969-1979). Lima, IEP, 1980.

expropiadas no fueron distribuidas a familias individuales, sino a empresas asociativas: a cooperativas agrarias de producción (CAP), conformadas por los trabajadores de las haciendas; en la sierra, a sociedades agrícolas de interés social (SAIS), consti-

rurales, es decir, alrededor del 30% de la población rural de 1975. Fue, sin duda, una medida de grandes dimensiones. El gobierno presidido por el general Velasco —autodesignado como Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada—

Tabla 3 Adjudicaciones de reforma agraria por tipo de empresas. Junio 1969 - junio 1979 Empresas

Extensión adjudicada %

Beneficiarios %

581

25.5

21.2

Complejos agroindustriales azucareros

12

1.5

7.4

SAIS

60

32.6

16.2

EPS

11

2.7

0.4

Cooperativas

Unidades adjudicatarias

Grupos campesinos

834

19.6

12.1

Comunidades campesinas

448

10.3

31.4

-

7.7

11.3

1,946

100.0

100.0

Campesinos independientes Total Total (absolutos)

8’599,253

375,246

Fuente: Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. Reforma agraria en cifras. Documento de trabajo No 0679. Lima, 1979, mimeo. En J. Matos y J. Mejía. La reforma agraria en el Perú. IEP, 1980, p. 182.

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tomó otras importantes medidas en el contexto en que se aplicó la reforma agraria, y que formaban parte del conjunto de las profundas reformas en el ámbito político, económico y social del país. En general, la acción del Estado se amplió en extensión y en profundidad. Los precios de una serie de productos alimenticios estaban regulados. Se crearon varias empresas estatales que intervinieron en la comercialización interna y externa: ECASA (Empresa Comercializadora de Arroz), ENCI (Empresa Nacional de Comercialización de Insumos), EPSA (compra de productos para el mercado interno, como café, papas, arroz, etc.), ENATA (Empresa Nacional del Tabaco), EPCHAP (Empresa Peruana de Comercialización de Harina y Aceite de Pescado), que también comercializaba algodón y café. Se crearon dos empresas con el fin de comercializar la lana y la fibra de alpaca: Incalana y Alpaca Perú. El Banco Agrario se convirtió prácticamente en la única fuente de crédito formal destinado a la agricultura. Si la reforma agraria fue de alcance, ¿cuán irreversible fueron sus efectos? En tiempos del gobierno del general Velasco, voceros del régimen repetían una y otra vez que la reforma agraria sería irreversible. Después de muchas décadas, puede observarse que en muchas formas lo ha sido, sobre todo en sus efectos sociales y políticos. Hechos como la importante presencia de campesinos en los consejos de los gobiernos municipales rurales, y aun provinciales, por ejemplo, no serían posibles sin que hubiese habido una reforma agraria. Pero en lo que concierne a poner fin al latifundio, ciertamente ha habido cambios muy importantes en años recientes. En efecto, en los últimos quince años se han formado nuevos latifundios, esta vez con formas de gestión muy modernas y tecnologías de punta, dedicadas a la exportación. Si bien las relaciones laborales son básicamente salariales y no semifeudales —como ocurría en muchos casos antes de la reforma agraria—, no existen prácticamente sindicatos, y con frecuencia las leyes laborales son sistemáticamente burladas. Una reforma agraria, ¿tiene algún sentido actualmente? Hoy el problema agrario es bastante más complejo que hace unas décadas. En la década de 1960 los problemas más visibles en el campo eran la polarización entre lati-

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«La mejor herencia de la reforma agraria son los hijos profesionales que pudieron formar los ex trabajadores de las haciendas». Félix Eustaquio pertenece a la segunda generación de los beneficiarios de la reforma agraria de 1969. Su padre, Juan de Dios Eustaquio Nicasio, trabajó en la hacienda Villa Hermosa (Huaraz) — propiedad de la familia Mujica Gallo—, que en 1970 se convierte en la Cooperativa Agraria de Producción Villahermosa. Los 137 trabajadores de esta hacienda pasaron a ser socios de la cooperativa y nuevos propietarios de las 550 hectáreas que ocupaba. Ahora, cuarenta años más tarde, Eusta- Félix Eustaquio. quio reflexiona sobre el significado de la reforma agraria para él, su familia y sus miles de beneficiarios. «La mejor herencia que ha dejado la reforma agraria es que los trabajadores de las haciendas, que hoy pasan de los 60 años, pudieron formar a hijos profesionales. Eso no hubiera sido posible sin este proceso, porque si bien en algunas haciendas daban educación, solo era hasta el cuarto grado de primaria: de esta manera aseguraban que no se fuera su mano de obra campesina. En el caso de mi familia, por ejemplo, somos tres hermanos y todos recibimos educación superior: uno es ingeniero de sistemas, la otra es secretaria, y yo estaba estudiando medicina en Lima, pero decidí regresar a la chacra para apoyar a mi padre y hacerme cargo de las tierras. Es cierto que algunos ven mal a la reforma agraria, la critican y, en parte, tienen razón, porque hubo agricultores que no trabajaron bien la tierra, y algunas cooperativas agrarias de producción tuvieron muchos problemas. Durante los primeros años de este proceso se realizó una buena gestión porque los directivos de las cooperativas fueron capacitados por Sinamos. Sin embargo, después se dan los cambios y asumen personas que no estaban capacitadas. O los gerentes, que eran contratados, se aprovechaban de la ignorancia de los agricultores y se confabulaban con los directivos para hacer desastre y medio en las cooperativas, buscando su beneficio propio. Por eso comienza a caer el cooperativismo y, finalmente, después de algunos cambios en la denominación de las cooperativas, se inicia la parcelación. En el caso de nuestra cooperativa, esta se realizó en 1987. Después de esta parcelación, mi padre se quedó con 5 hectáreas, y además ahora arrendamos 5 hectáreas más, en las que cultivamos almácigos de mandarina. Antes estas tierras eran para producción algodonera, pero gracias a la capacitación en fruticultura que recibieron los agricultores de la zona —en la Universidad Agraria La Molina—, empezamos a dedicarnos al cultivo de mandarina. Ahora vendemos directamente al Mercado Mayorista de Fruta N.º 2, en Lima, sin intermediarios, para obtener mejores márgenes de ganancia. Ahora vemos con mucha preocupación el proceso de concentración de tierras por empresas grandes. Y no es que tengamos miedo, porque la competencia siempre es buena, nos estimula; pero pienso que las reglas de juego deben estar bien claras para todos. Sin embargo, los agroexportadores tienen mucha ayuda del gobierno, mientras que nosotros no. Este tipo de competencia es desleal».

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Foto Hermes Torres Pereda

Toma de la hacienda Angasmarca, en Santiago de Chuco, 1970, durante el proceso de adjudicación de tierras a los campesinos en la reforma agraria.

fundios y minifundios y la persistencia de un sistema de haciendas con rasgos semifeudales. Las reformas agrarias fueron concebidas para enfrentar esos problemas. No en todos los países de América Latina se hicieron reformas agrarias, o las hicieron incompletas; así que esos temas siguen pendientes. Algunos otros objetivos, que en el momento que se aplicaron no estaban en el centro de preocupación, no fueron resueltos aun en países como el Perú, que sí tuvieron reformas agrarias radicales. Uno de ellos es el de la pobreza, que entre nosotros alcanza a las tres cuartas partes de la población rural. Tampoco se alcanzó la seguridad alimentaria: seguimos dependiendo de las importaciones de alimentos básicos como el trigo, los aceites, el maíz. Asimismo, no se ha superado el deterioro de los recursos naturales: las tierras de cultivo se siguen salinizando en la costa y erosionando en la sierra y la selva; la deforestación incontrolada no se detiene; las aguas de los ríos están contaminados. Ninguno de estos problemas es causado por

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La reforma agraria consagró una serie de derechos de los campesinos sobre las tierras. Los movimientos campesinos de la década del sesenta luchaban también por su reconocimiento como ciudadanos. Eso es lo que ahora reclaman los nativos.

la naturaleza: su origen está en forma principal y en última instancia en las políticas. Pero también hay nuevamente un proceso de concentración de las tierras, sean estas de cultivo o estén en las zonas donde hay recursos mineros, forestales y pe-

troleros, como se muestra de manera contundente en La Revista Agraria 107. Entre las complejidades de los tiempos actuales están también los peligros que la globalización ha puesto en evidencia: el cambio climático, la crisis energética (y los agrocombustibles), la inseguridad alimentaria mundial, el acaparamiento internacional de las tierras, el desmedido poder de las empresas transnacionales. La reforma agraria, pues, está adquiriendo un contenido mucho más amplio, para abordar temas que tienen que ver con la naturaleza misma de nuestras sociedades: qué y cómo producimos, qué consumimos, cómo nos relacionamos con la naturaleza. En este sentido, es muy ilustrativa —y signo de los tiempos— la declaración reciente de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra (International Land Coalition), que reproducimos íntegramente en esta edición de LRA. Nota 1

Adolfo Figueroa, Reformas en sociedades desiguales. La experiencia peruana, PUCP, p. 206.

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Conveagro pide paz y desarrollo Conveagro emitió el pronunciamiento «Paz y desarrollo para la Amazonía con agenda interna para todos», donde se expresan los buenos deseos del gremio en la tarea que se ha encomendado a la Defensoría del Pueblo y a la Iglesia católica. Se espera que ambas alcancen resultados positivos en su labor de intermediarias en el diálogo entre el gobierno y las poblaciones indígenas de la selva. El comunicado señala que aquel es un buen primer paso hacia un objetivo nacional: la pacificación, y condena también los actos de violencia y las muertes, situación a la que nunca se debió llegar. Asimismo, muestra satisfacción porque se escuchó el pedido de Conveagro y de otros sectores, que reclamaban la convocatoria de estas dos instituciones como intermediarias. Por último, demanda que las «mesas de diálogo» recuperen credibilidad, atendiendo y cumpliendo los acuerdos pactados, en el caso agrario, con una agenda interna implementada con temas sustanciales y básicos para la defensa de la producción nacional y seguridad alimentaria, pasando por la derogatoria de los decretos legislativos antiagrarios y anticomunales.

Aportes para el VRAE A fin de atender el desarrollo del valle Apurímac y Ene (VRAE) — escenario de reiteradas acciones terroristas—, Conveagro envió una propuesta al Acuerdo Nacional. En ésta destaca la necesidad de recuperar la autoridad y la presencia del Estado en la zona, usando como base la implementación de una serie proyectos y recursos orientados a la atención y cobertura de las demandas urgentes de la po-

¿40 mil hectáreas? Los congresistas Mario Alegría, presidente de la Comisión Agraria, y Tomás Cenzano, autor del proyecto de ley que limita la propiedad agrícola en la costa a 40 mil hectáreas, visitaron Conveagro para sustentar la propuesta. Compartieron el panel con Guillermo Van Oordt, presidente de la Asociación de Gremios Productores y Exportadores del Perú (AGAP), y Laureano del Castillo, especialista legal de Cepes. A partir de lo que se escuchó en esta reunión se puede decir que aún hay debate para rato. ¿Por qué no limitar el tamaño mínimo de los predios y encarar el minifundio, antes de fomentar el regreso del latifundio?

blación, en aspectos como alimentación, salud, seguridad y educación. Asimismo, en la propuesta se destaca la necesidad de impulsar un proceso de diálogo con las poblaciones involucradas.

Agalep y Perta La Asociación de Ganaderos Lecheros (AGALEP) ha solicitado a la Comisión Agraria del Congreso que dé trámite al proyecto de Ley 1874, que amplía el plazo de acogimiento a los beneficiarios del programa extraordinario de regulación tributaria, Perta Agrario, y al régimen extraordinario de regularización financiera, RERF, presentado por el gobierno regional de Piura en noviembre de 2008. Agalep considera que la actual situación de su sector —precios bajos y problemas financieros y tributarios— obliga a utilizar mecanismos de apoyo, como el que está planteando, a fin de salir de esta severa crisis.

Gremios en «Martes agrario» Las reuniones semanales denominadas «Martes Agrario» de Conveagro buscan avanzar en el proceso de identificación de problemas y posibilidades de los gremios, con miras a su fortalecimiento institucional. En ese sentido, hace unas semanas se contó con la presencia de Luis Zúñiga, presidente del Comité Nacional de Productores de Arroz, quien expuso en detalle la situación actual de este producto. En las próximas reuniones, además de contar con los acostumbrados informes de los gremios y asociados de Conveagro, las otras organizaciones vinculadas al sector también tendrán la oportunidad de realizar presentaciones más detalladas sobre su situación y la de sus cultivos.

Fuerza sureña. Dirigentes y delegados de los Conveagro Cusco, Arequipa y Puno se reunieron en la Macrorregional del sur, donde ratificaron la necesidad de fortalecer la institucionalidad regional.

Pago a algodoneros Después de varios meses de espera y negociaciones en la mesa de diálogo con el Ministerio de Agricultura, los algodoneros del país accederán finalmente a los recursos pendientes del programa de formalización correspondiente a la campaña 2008, a través de Agrobanco. Una parte de los incentivos (hasta de S/.2 mil por cosecha) se utilizarán para un ambicioso programa de fortalecimiento de la Asociación Nacional de Productores de Algodón (Anpal) y sus bases en todo el Perú.

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Gracias, Martín. Conveagro, sus gremios, asociaciones y regionales, a través de sus directivos, le brindan un reconocimiento especial a Martín Beaumont, de Oxfam GB, por ser un gran amigo del agro peruano. Oxfam GB se aleja del Perú, pero nos deja la experiencia y amistad de Martín.

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La ley después de la ley Los decretos legislativos 1090 y 1064 han caído. ¿Cuál es la situación jurídica ahora?

El 18 de junio pasado, el Congreso de la República aprobó (por 82 votos a favor y 12 en contra) la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. La pregunta que queremos abordar acá es qué pasará ahora desde el punto de vista jurídico. Más allá de la extraña salida jurídica que el Congreso le ha dado al tema —los decretos, en stricto sensu, no han sido derogados, sino suspendidos en forma indefinida, algo solo explicable por el interés del oficialismo de salir en forma elegante del enredo en que se encontraba—, lo que hay que subrayar es que se ha devuelto la vigencia de dos importantes leyes: de la derogada Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308, del año 2000, y de la llamada Ley de Tierras, Ley 26505, del año 2005, así como de varias partes del Decreto Legislativo 653, de 1991. El retorno a estas normas —fruto de la innegable presión de los nativos y de la opinión pública— no representa la vuelta a una situación óptima, sobre todo en el caso de la Ley de Tierras, norma imperfecta y aprobada precipitadamente al vencimiento del plazo del Congreso Constituyente Democrático, y que en su momento fuera criticada justamente por alentar la disposición de las tierras de las comunidades nativas y campesinas, sobre todo de la costa. De hecho, la denominación de la Ley 26505 era precisamente «Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas», mostrando así que su interés no era tanto promover el desarrollo de la agricultura o de las comunidades, sino la inversión privada. Distinto es el caso de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley 27308, que fue resultado de un largo proceso de discusión, donde tras largos años se logró el consenso de autoridades, empresas madereras, organizaciones nativas y ONG ambientalistas; al cabo de unos años de aplicarse, pueden hacerse mejoras y, sobre todo, reconsiderar en dicha norma los derechos y el papel de los pueblos indígenas amazónicos. Por lo demás, si se re-

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Foto La República

Laureano del Castillo, especialista legal, Cepes

El Congreso no puede –una vez más— dejar pasar la oportunidad de crear un marco legal para un desarrollo inclusivo en la Amazonía.

quería hacer ajustes a la legislación forestal era debido a que el propio Estado no dotó a la autoridad forestal de los recursos necesarios para poder aplicar el esquema de concesiones forestales, permitiendo, por el contrario, que la tala ilegal subsistiera. Creemos que no se debe dejar pasar la oportunidad para hacer una revisión integral de las normas que afectan a las comunidades campesinas y nativas. No olvidemos que los nativos cuestionan varios otros decretos legislativos, como el 994, el 1020, el 1079 y el 1085, entre otros. Y la articulación entre los distintos decretos legislativos es evidente —insistimos, bajo la inspiración del síndrome del perro del hortelano—. Tampoco puede dejarse pa-

sar esta ocasión para conseguir no solo la paz, sino también el desarrollo de las poblaciones amazónicas. No volvamos a desperdiciar, en ese sentido, la oportunidad que se tuvo entre 2004 y 2005, cuando en forma extraordinaria se conformó en el Congreso una Comisión Especial Revisora de la Legislación de Comunidades Campesinas y Nativas, adonde asistieron representantes de organizaciones nativas y campesinas. Lamentablemente, el Pleno del Congreso rechazó los dictámenes de la comisión en dos oportunidades. Tal vez no hubiéramos tenido los problemas que ahora tenemos si, por ejemplo, se hubiera avanzado en desarrollar la forma de consulta a los pueblos indígenas, como dispone el Convenio 169 de OIT. LA REVISTA AGRARIA / 108