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UNIDAD 1: Marco teórico de la Política Económica 1-

Porqué Fracasan los Países

Muchos filósofos han escrito sobre las enormes diferencias en el ingreso per cápita, por qué algunos países o regiones son pobres y otros son prósperos. Esto estaba en el corazón de la indagación de Adam Smith que llevó a “Las Riquezas de las Naciones” y que sustenta la disciplina económica y muchas otras. ¿Por qué algunas naciones han logrado el crecimiento económico mientras que otras no lo han logrado?, mucha gente destaca la importancia de la geografía, aduciendo que factores climáticos, el entorno de las enfermedades, la disponibilidad de costas o la existencia de ciertos recursos son cruciales para configurar la posibilidad de desarrollo o no de una sociedad. Sin embargo, este no es un modo muy contundente de encarar el tema. Max Weber comenzó a desarrollar sus teorías vinculando el éxito económico y la actividad económica con la cultura: sugirió que la ética protestante era uno de los factores que hacía que la gente fuera emprendedora, ahorrara e invirtiera. Otra idea popular es la de vincular la cuestión con el liderazgo iluminado. La teoría sostiene que los líderes que tienen la visión correcta del mundo, a la vez tienen los asesores correctos que les sugieren hacer las cosas correctas y hacen lo correcto. Sin embargo, cuando se adoptan instituciones y políticas que no alientan el crecimiento económico, no es por error sino por deseo. ¿Cuál es el enfoque adoptado?, se considera que el crecimiento económico sostenido tiene raíces muy simples: las sociedades que poseen lo que nosotros llamamos instituciones económicas inclusivas están mejor posicionadas para el crecimiento económico sostenido. Estas instituciones inclusivas logran dos cosas al mismo tiempo: por un lado, brindan incentivos para que las personas emprendan todo tipo de actividades económicas, y al mismo tiempo, brindan oportunidades para una masa amplia de personas en la sociedad. De modo que, incentivos y oportunidades deben ir de la mano. Además, estas instituciones son caracterizadas por la aplicación de garantías sobre la propiedad, brindan a las personas la libertad para elegir las ocupaciones y negocios que quieran desarrollar. No menos importante, el Estado y la sociedad en general tienen que brindar los servicios públicos, el sistema educativo y el entorno regulatorio apropiado como para garantizar un campo de juego nivelado. Las instituciones económicas extractivas son diametralmente opuestas a las inclusivas ya que no brindan incentivos ni oportunidades para la mayoría, no garantizan la propiedad privada, no resguardan los contratos, no tienen un sistema judicial imparcial y ciertamente no tienen un campo de juego nivelado (favorecen a unos pocos en detrimento del resto). La denominación “extractivas” tiene un doble sentido: uno tiende a pensar en instituciones y acuerdos que extraen recursos del suelo, y el otro, que extraen recursos de algunos para el beneficio de otros. Estas instituciones, potencialmente, no son incongruentes con el crecimiento económico sostenido, nunca van a apuntalar dicho crecimiento porque no generan incentivos y oportunidades para la innovación, la destrucción creativa, el progreso tecnológico, todos ellos elementos necesarios para el crecimiento económico. ¿Por qué existen instituciones extractivas? No es por error. La élite política o económica las eligen porque son las que les aportan beneficios a ellos, a expensas de la sociedad. Esta descripción ya destaca el hecho de que la historia va a ser profundamente política. En el centro de la teoría se encuentra la relación entre simbiótica entre las instituciones políticas y económicas. Las instituciones económicas tienen que guardar coherencia con las instituciones políticas, y éstas también se distinguen entre inclusivas y extractivas. Las instituciones políticas inclusivas son aquellas que distribuyen ampliamente el poder político en la sociedad y colocan restricciones sobre el ejercicio de este poder, requieren de cierta centralización del Estado de modo que haya Ley y Orden, y que tenga la capacidad de brindar los bienes públicos de modo que la actividad económica pueda cumplir ese papel positivo que debe cumplir (tienden a respaldar, aunque no siempre, a instituciones económicas inclusivas). Por el contrario, las instituciones políticas extractivas son las que concentran el poder político en manos de unos pocos y no ponen ninguna restricción al ejercicio del poder (tienden a respaldar a instituciones económicas extractivas). Un ejemplo histórico es la comparación entre América Latina y América del Norte. El comienzo de la colonización de América Latina ocurrió en el año 1516, con la llegada de Juan Díaz Solís (antes de Cortés y Pizarro). El modelo español de colonización estaba basado en el uso de la coerción para capturar personas y obligarlas a trabajar y obtener metales para sí mismos y la Corona, para lo cual necesitaban orfebres y soldados. Al llegar a lo que hoy se conoce como Uruguay, lo recibieron los charrúas, una tribu de indos cazadores-recolectores, nómades, de sociedad no jerárquica y ampliamente distribuida. En el norte de Argentina se encontraban los querandíes, una tribu de características muy similares. Ninguno de ellos fue muy cooperador con los españoles. Más aún, Juan Díaz Solís fue asesinado por los charrúas. Pedro Mendoza, había fundado la ciudad de Buenos Aires. A pesar de que era un lugar maravilloso para que los españoles se asentaran, éstos se encontraban en dificultades porque ninguno de ellos estaba preparado para cultivar su propio alimento. Juan de Ayolas fue quien encontró la solución: otra tribu de indios (los guaraníes) en Paraguay, que ya eran sedentarios y habían desarrollado su propia estructura jerárquica. Con los guaraníes implementaron una de las primeras instituciones económicas que luego serían perfeccionadas: la Encomienda (tierras con mano de obra forzada), con otro sistema de reclutamiento de mano de obra forzada como el Repartimiento o más adelante, el que tomaron los Incas, la Mita. Todos ellos son la antítesis de las instituciones inclusivas. Estas instituciones no son estacionarias, evolucionan y llegaron a ser muy diferentes en las distintas partes de América Latina. Por otro lado, la colonización de América del Norte fue llevada a cabo por los ingleses, una cultura diferente y con un entorno geográfico diferente, pero tenían exactamente el mismo modelo de colonización que los españoles: ir con fuerza abrumadora, capturar a los indios, ponerlos a trabajar, tomar los metales valiosos y ganar dinero para ellos mismos y para su compañía (el objetivo era el mismo). Sin embargo, éstos tuvieron otra suerte: se encontraron con una tribu de indios cazadores-recolectores y de población muy dispersa. Al igual que los españoles al comienzo de su colonización, cerca del 50% de la población se extinguió, y luego fueron salvados por el pensamiento creativo de John Smith: tuvieron que formular una segunda estrategia. La misma consistió en traer a los pobres de Europa para que hagan el trabajo por ellos, bajo coerción. El método se basaba en ejercer extracción sobre el recurso escaso de ese momento: la mano de obra, y lo hacían amenazando al núcleo de trabajadores con las penas más duras para que no intentaran fugarse (mediante “las leyes”). Sin embargo, esta estrategia no fue exitosa, por lo que formularon una tercera estrategia: “les vamos a dar incentivos”. Por primera vez se introdujo un sistema denominado “sistema de reparto de tierras por cabeza” que daba derecho a la propiedad privada de la tierra y sobre los alimentos que cultivaban en ella (podían desarrollar el cultivo que desearan). Sin embargo, para que este sistema fuera creíble se precisó de una segunda innovación: la Asamblea General, mediante la cual se cedió el poder político a los colonos para que ellos pudieran tomar sus propias decisiones. Con esto queda en evidencia la dinámica de retroalimentación entre las instituciones económicas y políticas: las instituciones económicas inclusivas realmente necesitaron a las instituciones políticas inclusivas. Ambas se vuelven más inclusivas con el paso del tiempo. Este ejemplo ilustra claramente porqué las diferencias institucionales son mucho más satisfactorias para explicar las grandes diferencias que han surgido en este continente. ¿Qué ocurre con la geografía? No había grandes diferencias de fertilidad de la tierra. Además, no sólo buscaban tierra fértil sino tierra fértil con mano de obra que pudieran forzar, y las decisiones se tomaban en base a dónde estaba esa mano de obra y cuánto colaboraba. ¿Puede explicarse por la diferencia cultural? Éste es un aspecto totalmente secundario, el objetivo era idéntico y cómo lo organizaron tenían algunas diferencias por las

condiciones a las que se enfrentaron, pero en términos prácticos también se los considera idénticos: desarrollaron instituciones muy similares como la esclavitud y el trabajo forzado en base a las mismas instituciones políticas y económicas y los mismos patrones comerciales. ¿Tuvo que ver con el liderazgo? Absolutamente no. Las diferentes condiciones a las que se enfrentaron fueron las que determinaron el éxito o el fracaso. Verdaderamente tenemos que entender las instituciones y la política de las instituciones para poder empezar a pensar en los orígenes de las enormes diferencias que se ven a nuestro alrededor. Esto depende mucho de la trayectoria, y es lo que determina la persistencia de las instituciones. Por lo tanto, se debe comprender el proceso de cambio institucional, cuya contracara es igualmente importante: el proceso mediante el cual las sociedades rompen el molde de las instituciones extractivas y se transforman en instituciones inclusivas. El contraste entre las instituciones inclusivas y extractivas persiste y tiene un impacto sobre la actividad económica y la cualidad emprendedora, la innovación y el progreso tecnológico. En el mundo actual, ¿cómo se identifican las instituciones económicas extractivas?, se distinguen por su funcionamiento más que por su forma. Una característica muy importante de éstas es el campo de juego desnivelado que crean. En muchas sociedades, éstas instituciones se encuentran respaldadas por instituciones políticas extractivas, de modo que aún perdura la interacción entre ellas, aunque su forma sea distinta. Actualmente, es común encontrarse con una combinación de instituciones inclusivas y extractivas, el tema es identificar dónde están los elementos inclusivos y extractivos de cada una de ellas para luego identificar la dinámica política que respalda las distintas partes, y también entender de qué modo dichos elementos distorsionan las acciones económicas. Países como Argentina, con de ingreso medio porque los elementos inclusivos de las instituciones han generado cierto crecimiento. La cuestión es romper con la trampa de mediano ingreso para poder pasar al siguiente nivel. De esto se deduce que el crecimiento económico puede darse con instituciones económicas extractivas, lo que comúnmente se denomina “crecimiento extractivo” (lo cual sucede cuando el crecimiento es congruente con las mismas élites que se aferran al poder y se benefician a sí mismas a través de ello), el cual puede basarse en la explotación de los recursos naturales o en la transferencia de conocimiento del resto del mundo de modo que no se tenga que generar innovación tecnológica o la destrucción creativa misma internamente. Es importante advertir que el crecimiento extractivo también genera complacencia, ya que se basa en las opciones básicas y se puede lograr sin el dolor del cambio institucional. Pero para romper con la trampa del ingreso medio el cambio institucional a cierto nivel es necesario, de manera tal que el crecimiento extractivo no se va a traducir en crecimiento económico sostenible pasado en la cualidad emprendedora y una fuerza laboral que es la mejor en lo que hace, basado en innovación y en empujar la frontera tecnológica del mundo. Para ello, las instituciones económicas deberán ser más inclusivas, lo cual no es posible sin instituciones políticas también más inclusivas. 2-

Libro (capítulo 1 – 4)

La ciudad de Nogales está dividida por la alambrada: Arizona pertenece a Estados Unidos y Sonora pertenece a México. Los habitantes de Arizona dan por sentado que, a pesar de las ineficiencias y corrupción esporádica, el gobierno es su agente. Por el contrario, los habitantes de Sonora viven a diario con la corrupción y la ineptitud de los políticos. ¿Cómo pueden ser tan distintas las dos mitades de lo que es, esencialmente, la misma cuidad? No hay diferencias en el clima, en la situación geográfica ni en las enfermedades presentes en la zona, los orígenes de las personas son muy similares, comparten antepasados, disfrutan de la misma comida y música, se podría decir que tienen la misma cultura. Evidentemente hay una explicación muy sencilla y obvia de las diferencias entre las dos mitades de Nogales: la propia frontera que las define. Los habitantes de ellas viven en dos mundos distintos, moldeados por diferentes instituciones, las cuales crean incentivos muy dispares para los emprendedores e inversores. Los inventivos creados por las distintas instituciones de las dos nogales y los países en los que están situadas son la razón principal que explica las diferencias en prosperidad económica de ambos lados de la frontera. ¿Porqué las instituciones de Estados Unidos conducen mucho más al éxito? La respuesta a esta pregunta se encuentra en cómo se formaron las distintas sociedades en el inicio del periodo colonial. En aquel momento, se produjo una divergencia institucional cuyas implicaciones todavía perduran. La estrategia de colonización española fue muy efectiva: la inició Hernán Cortés en México, basándose en la observación de que la mejor forma de dominar al adversario era capturar al líder indígena. Esta estrategia le permitió reclamar la riqueza acumulada de los líderes y coaccionar a los pueblos indígenas para que le entregaran tributos y comida. El paso siguiente consistía en establecerse como la nueva élite de la sociedad indígena y hacerse con el control de los impuestos y tributos ya existentes y, sobre todo, de los trabajos forzados. Cortés aplicó la encomienda para dividir al recurso más valioso, la población indígena: se trataba de una cesión de indígenas a un español que recibía el nombre de encomendero, los indígenas tenían que darle al encomendero tributos y mano de obra, y a cambio, el encomendero debía convertirlos al cristianismo. La estrategia y las instituciones de la conquista perfeccionadas en México fueron ávidamente adoptadas en el resto del imperio español. La encomienda era la institución principal que se utilizaba para el control y la organización del trabajo en el periodo colonial, pero pronto se enfrentó a un inconveniente: la escasez de mano de obra. Entonces, se revivió y adaptó una institución del trabajo inca conocida como la “mita”, lo que significa “turno”: bajo este sistema los incas utilizaban el trabajo forzado para dirigir plantaciones destinadas a proporcionar comida para los templos, la aristocracia y el ejército, y a cambio, la élite inca proporcionaba seguridad y ayuda en caso de hambruna. Esta institución se convirtió, en Bolivia, en el esquema de explotación de mano de obra más grande y oneroso del periodo colonial español. Otra institución fue el “repartimiento de mercancías”: implicaba la venta forzosa de mercancías a lugareños a precios determinados por los españoles. Y finalmente, se introdujo el “trajín” (o “carga”) que empleaba a los indígenas como sustitutos de animales de carga para llevar pesadas mercancías, como vino, artículos textiles y hojas de coca, en las aventuras empresariales de la élite española. Este grupo de instituciones tenía como objetivo obligar a los pueblos indígenas a tener un nivel de vida de subsistencia y extraer así toda la renta restante para los españoles. Esto se logró expropiando su tierra, obligándolos a trabajar, ofreciendo sueldos bajos por el trabajo, imponiendo impuestos elevados y cobrando precios altos por productos que ni si quiera se compraban voluntariamente. A pesar de que estas instituciones generaban mucha riqueza para la Corona española e hicieron muy ricos a los conquistadores y a sus descendientes, también convirtieron América Latina en uno de los continentes, más desiguales del mundo y socavaron gran parte de su potencial económico. Los conquistadores ingleses no tuvieron la misma suerte: como no era posible coaccionar ni a los lugareños ni a los colonos, la única alternativa era dar incentivos a los colonos. Se creó así el “sistema de reparto de tierras por cabeza”: daba a cada colono adulto hombre cincuenta acres de tierra y cincuenta acres más por cada miembro de su familia y por cada sirviente que pudiera llevar a Virginia Company. Los colonos recibieron sus casas y fueron liberados de sus contratos, en 1969 se introdujo una Asamblea General que daba voz efectiva a todos los hombres adultos en las leyes y las

instituciones que gobernaban la colonia. Este fue el inicio de la democracia en Estados Unidos. La única opción para lograr una colonia viable económicamente fue crear instituciones que dieran incentivos a los colonos para invertir y trabajar duro. Tener una idea, crear una empresa y conseguir un préstamo. El sistema de patentes, que protege los derechos de propiedad de las ideas, se aplicaba en Estados Unidos y con la particularidad de que éstas eran entregaban a personas procedentes de todo tipo de origen y profesiones, y no solo a una élite. En el siglo XIX, Estados Unidos era el país más democrático en el ámbito político que prácticamente cualquier otro en aquel momento, y también lo era en lo relativo a la innovación, lo que fue fundamental para que se convirtiera en el país más innovador del mundo en el terreno económico. Los inventores de Estados Unidos tenían suerte: durante el siglo XIX, hubo una rápida expansión de la banca y la intermediación financiera, que fueron decisivas para facilitar la industrialización y el rápido crecimiento que experimento la economía. Además, la intensa competencia entre bancos e instituciones financieras provocaba que el capital estuviera disponible a tipos de interés bastantes bajos. Se aseguró el acceso igualitario a la financiación y los créditos. A diferencia de estados unidos, para un emprendedor mexicano, los obstáculos de entrada serán cruciales en todas las etapas de su carrera profesional: licencias caras de obtener, burocracia con la que lidiar, políticos y titulares de otros cargos que obstaculizan el camino, y la dificultad de conseguir financiación en un sector financiero a menudo confabulado con los titulares de los cargos con los que el emprendedor está tratando de competir. Estos obstáculos son insuperables. Es el proceso político lo que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona ese proceso. Las instituciones políticas incluyen constituciones escritas y si la sociedad es una democracia, pero no se limita a ello. Incluyen el poder y la capacidad del Estado para regular y gobernar la sociedad. Deben considerarse los factores que determinan cómo se reparte el poder político en la sociedad, la capacidad de grupos colectivos para conseguir sus objetivos o impedir que otras personas consigan los suyos. Como las instituciones influyen en el comportamiento y los incentivos en la vida real, forjan el éxito o el fracaso de los países. Aunque las instituciones económicas sean críticas para establecer si un país es pobre o próspero, son la política y las instituciones políticas las que determinan las instituciones económicas que tiene un país. Por lo tanto, se trata de la política de la pobreza y la prosperidad. Nuestra teoría para explicar la desigualdad mundial señala cómo interactúan las instituciones políticas y económicas para crear pobreza o prosperidad y cómo las distintas partes del mundo acabaron con conjuntos de instituciones tan distintos. Los distintos modelos de instituciones actuales están profundamente arraigados en el pasado, porque, una vez que una sociedad se organiza de una forma concreta, ésta tiende a persistir. Esta persistencia y las fuerzas que la crean también explica por qué es tan difícil eliminar la desigualdad mundial y hacer que los países pobres sean prósperos. Aunque los patrones de prosperidad que vemos a nuestro alrededor hoy en día puedan parecer persistentes, estos patrones no son inalterables o inmutables. ¿Qué explica estas diferencias cruciales en la pobreza y la prosperidad y los modelos de crecimiento? Las hipótesis que fueron ampliamente aceptadas por algunos investigadores fueron: la geografía (afirma que la gran brecha entre países ricos y pobres se debe a las diferencias geográficas); la cultura (relaciona la prosperidad con la cultura, lo cual no se basa solamente en la religión, sino que destaca también otras creencias, valores y ética) y la ignorancia (afirma que la desigualdad mundial existe porque nosotros o nuestros gobernantes no sabemos cómo hacer que un país pobre sea rico). Ningunas de ellas es válida para dar respuesta al interrogante. Defenderemos la idea de que, para comprender la desigualdad del mundo, tenemos que entender por qué algunas sociedades están organizadas de una forma muy ineficiente y socialmente indeseable. Algunos países consiguen adoptar instituciones eficientes y alcanzan la prosperidad, pero, por desgracia, son un número reducido de casos. Los países pobres lo son porque quieren tienen el poder toman decisiones que crean pobreza, no porque sean ignorantes, sino a propósito. Para entenderlo, tenemos que ir más allá de la economía, es el estudio de la política y de los procesos políticos. Tradicionalmente, la economía ha ignorado la política, pero la comprensión de la política resulta esencial para explicar la desigualdad del mundo. Abba Lerner: “la economía ha ganado el título de reina de las ciencias sociales eligiendo como campo los problemas políticos resueltos”. Para explicar la desigualdad, es necesario que la economía comprenda, además de la política, que los distintos tipos de Estados y acuerdos sociales afectan a los incentivos y a los comportamientos económicos. 3-

Las Leyes de la Economía (Rodrik)

Los modelos hacen de la economía una ciencia. La economía es una ciencia social y la sociedad no tiene leyes fundamentales, al menos no de la misma clase que la naturaleza, como mucho se pude hablar en términos de tendencias, regularidades en contextos concretos y consecuencias probables. Las ciencias económicas tratan sobre el mundo real lo que las hace más complicadas. ¿Qué es lo que hace que los modelos puedan considerarse científicos? 1) los modelos esclarecen la naturaleza de las hipótesis, exponiendo su lógica y los elementos de los que dependen o no dependen (su mayor contribución es abrirnos los ojos a posibilidades anti-intuitivas y a consecuencias inesperadas); 2) los modelos nos permiten acumular conocimientos mediante la expansión del conjunto de posibles explicaciones relativas a una variedad de fenómenos sociales, así como el incremento de nuestra comprensión sobre los mismos (de esta forma, la economía avanza de forma similar a una biblioteca: aumentando su colección); 3) los modelos conllevan un uso implícito de un método empírico y permiten que se pueda juzgar si los razonamientos utilizados son correctos o incorrectos; y 4) permiten que el conocimiento se genere según estándares profesionales comúnmente aceptados. El primer teorema fundamental de la economía del bienestar es probablemente la joya de la corona de las ciencias económicas. No es otra cosa que la expresión matemática de una conclusión clave de lo que se denominó “modelo de mercado perfectamente competitivo”: establece que una economía de mercado competitivo es eficiente, es decir, que bajo los supuestos del teorema, la economía de mercado alcanza un nivel máximo de producción que puede ofrecer un sistema económico (no hay forma de mejorar dicho resultado en el sentido de que ninguna reorganización de los recursos podría lograr que alguien mejorase su situación sin que otro la empeorase). El segundo teorema fundamental de la economía del bienestar, por su parte, afirma que se pueden lograr resultados eficientes alternativos por medio de una adecuada redistribución de recursos, lo que, en la práctica, establece una distinción entre cuestiones de eficiencia y distribución. Estos resultados son poderosos en el sentido de que no son en absoluto obvios. Entre economistas, el primer teorema fundamental de la economía del bienestar se conoce informante como el teorema de la mano invisible: Smith arguyó que la toma descentralizada de decisiones por parte de consumidores y productores individuales en un mercado conduciría inevitablemente al beneficio colectivo. La idea de Smith de que el incentivo que suponen los precios convierte a los mercados en una máquina coordinadora efectiva que funciona con piloto automático fue recalcada por Milton Friedman (éste lo hacía comentando la elaboración de un lápiz y cómo el sistema de precios y no una autoridad central, es el encargado de coordinar todos los trabajos necesarios de forma tal que el lápiz pudiera llegar a manos del consumidor).

La primera formulación oficial del primer teorema fundamental fue llevada a cabo por Arrow y Debreu utilizando las matemáticas, en 1950: “la actividad del sistema económico que estudiamos puede ser descrita como la transformación de n unidades de producción y el consumo de m unidades de consumo procedentes de t materias primas (cuyas cantidades pueden ser o no perfectamente divisibles). La importancia de este teorema radica en que demuestra la veracidad de la hipótesis de la mano invisible (se deriva de la forma lógica de las premisas), es decir, nos muestra los supuestos específicos que debemos utilizar para asegurarnos de que se consiga la eficiencia (gracias a él, hoy conocemos mejor que nunca las circunstancias en las que la mano invisible de Adam Smith puede realizar o no su labor). Ahora bien, la lista de supuestos es bastante amplia: consumidores y productores deben ser racionales (es decir, deben estar centrados en maximizar sus beneficios económicos); deben existir mercado para absolutamente todo; la información debe ser completa; debe descartarse el comportamiento monopolístico por parte de los productores; descartar la posibilidad de rendimientos crecimientos a escala y las externalidades. Por lo tanto, el primer teorema fundamental se basa en un mundo puramente hipotético, por lo que su traslado al mundo real requiere de buen juicio, evidencia empírica, y aún más teoría. Sin embargo, los supuestos mencionados son suficientes, pero no indispensables, por loqeu los mercados pueden ser eficientes incluso cuando se incumple alguno de los supuestos. Para los liberales económicos y conservadores políticos, el teorema establece la superioridad de la sociedad basada en el mercado, mientras que para la izquierda social y económica la larga lista de requisitos demuestra la cuasi imposibilidad de alcanzar la eficiencia a través de los mercados. Paul Samuelson fue quien demostró, utilizando cuatro números, el principio de la ventaja comparativa de Ricardo. Esta fue la demostración de que la especialización en función de la ventaja comparativa produce beneficios económicos para todos los países. Sin embargo, aún no estaba claro cómo podía el comercio beneficiar a ambas partes, especialmente a un país que era más eficiente en todos sus aspectos. ¿A caso este país podría ganar algo con el comercio internacional? La respuesta de Ricardo fue afirmativa, y para demostrarlo se sirvió del modelo 2x2: dos países (Inglaterra y Portugal) y dos productos básicos (tejidos y vino).

Vino Tejidos

Portugal 80 trabajadores 90 trabajadores

Inglaterra 120 trabajadores 100 trabajadores

V/T T/V

Portugal 1,125 0,89

Inglaterra 1,2 0,84

Lo que genera los beneficios de este comercio son las ventajas comparativas y no las ventajas absolutas: un país saldrá ganando si exporta lo que produce relativamente menos mal e importa lo que produce relativamente menos bien. El principio no resulta obvio en absoluto. El sencillo modelo de Ricardo sacó a relucir aquellos de lo que no dependían los beneficios del comercio: un país no tendría por qué ser mejor produciendo algo con respecto a su socio para exportarlo con éxito. Sin embargo, algunas de las condicionan que provocan el mal funcionamiento del teorema de la mano invisible también pueden producir pérdidas en el comercio (por ejemplo, con la existencia de externalidades y/o economías de escala). Además, cuando existen beneficios comerciales, esto no implica necesariamente que todos los habitantes del país se beneficien de ese comercio (más bien al contrario, la mayoría de los modelos concluyen que algunos grupos acaban viendo cómo empeora su situación). Estos dos teoremas mencionados son los ejemplos más claros de modelos que explican claramente la naturaleza de las hipótesiseconómicas que barajan: qué dicen exactamente, por qué funcionan y cuáles son las condiciones en las que puede esperare que se verifiquen. La estrategia de los economistas en todos los casos es plantear primero un modelo y comprobar luego bajo qué condiciones prevalece uno u otro resultado. Cuanto más explícitos sean los modelos, mayor será la transparencia y la claridad de los supuestos adoptados para interpretar y extrapolar la evidencia empírica. A Abraham Lincoln se le atribuye la máxima anti-comercio: “cuando compramos productos manufacturados procedentes del extranjero, nosotros recibimos los productos y el extranjero recibe el dinero; cuando compramos los productos manufacturados de nuestro país, nosotros recibimos los productos y también nos quedamos con el dinero”. Los modelos económicos pueden entrenar nuestra intuición para que tenga siempre en cuenta la posibilidad de resultados inesperados. La formulación de las interacciones del equilibrio general fue una sofisticada forma de decir que se tienen en cuenta los efectos de retroalimentación procedentes de todos los mercados (es decir, la existencia de efectos secundarios e incluso terciarios). Por ello, es importante pensar en términos del equilibrio general. Los resultados inesperados también se acumulan en la economía del segundo mejor: es una herramienta muy útil de la economía aplicada (tal vez la menos intuitiva) desarrollada por Meade (luego generalizada por Lipsey y Lancaster), y su principal postulado es que la liberalización de determinados mercados, o la creación de algunos nuevos, no siempre resulta beneficiosa si el resto de los mercados relacionados permanecen bajo fuertes restricciones. Esta lógica del segundo mejor se aplica a una amplia variedad de temas, por ejemplo, la enfermedad holandesa (circunstancias por la que el gran auge de un recurso puede llegar a ser una mala noticia para la economía, debido a sus efectos de apreciación del tipo de cambio lo que provoca el desplazamiento de algunas actividades económicas. Estos efectos serían positivos si las industrias en declive fuesen industrias “sucias”). Dos errores pueden dar como resultado un acierto. Dado que los mercados nunca son perfectos como plantea la teoría, estos problemas impregnan la vida real. Según Dixit, “el mundo entero es una segunda mejor opción, y eso en el mejor de los casos”. Esto significa que se debe desconfiar de los modelos de referencia de los economistas, que presuponen la existencia de mercaos perfectos, pues la realidad es que a menudo necesitan refinados mediante la inclusión de algunas de las imperfecciones más destacadas. La clave está en saber seleccionar el modelo correcto para cada ocasión. 4-

Objetivos e Instrumentos (capítulo 1)

Se podría definir a la economía como el arte de combinar eficientemente los instrumentos para alcanzar determinados objetivos. Losobjetivos que se pretenden alcanzar son, comúnmente, el crecimiento, la estabilidad de precios, la equidad distributiva, el pleno empleo y la solvencia externa (a éste último, algunos economistas ortodoxos no lo consideran como un objetivo ya que, bajo flexibilidad total de precios, se alcanza de manera automática). Sin embargo, actualmente se agregan otros como el cuidado del medio ambiente y la ecología, la democracia (siguiendo a AmartyaSen), las instituciones inclusivas, entre otros. Las discrepancias surgen al momento de establecer un orden de prioridad en los objetivos mencionados.

Desde el punto de vista del gobierno, esto dependerá sobre todo de su ideología: los gobiernos de centro-derecha priorizan la estabilidad de precios y el crecimiento, mientras que los de centro-izquierda le dan prioridad al pleno empleo, la distribución del ingreso y luego el crecimiento. Desde el momento en que los objetivos ya no son sólo económicos, resulta abusivo estudiar la política económica exclusivamente bajo el prisma económico, es decir, resulta necesario introducir en el campo de análisis las preocupaciones de los ciudadanos y los intereses de los políticos (lo que se resume en la hipótesis del ciclo económico–político). Los pasos que las autoridades económicas deben seguir para formular políticas óptimas son: 1) identificar las condiciones iniciales y elaborar un diagnóstico; 2) proponer los objetivos que se pretender alcanzar (en base a una función de bienestar social); 3) especificar los instrumentos a utilizar (para lo cual se debe contar con un modelo que vincule objetivos con instrumentos, y que permita elegir los valores óptimos de estos últimos); y 4) analizar el entorno interno y contexto internacional en el cual se llevará a cabo la política, debido a que condicionará todo el procesos. La política económica no trata de sustituir las decisiones privadas como tendía a hacerlo a planificación en la antigua Unión Soviética, sino que intenta orientar esas acciones (ex ante), ofreciendo un sistema de incentivos e información, de forma tal que el resultado de la conjunción de las mismas resulte ventajoso (ex post). Ésta se ocupa de analizar cómo puede alcanzarse un objetivo económico elegido en la esfera de la política. En este sentido, el rol del economista es indicar al político cuáles son los posibles instrumentos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos, y dejar nuevamente que la decisión final sea tomada por el poder político. Una definición posible de política económica es la siguiente: es un conjunto de medidas que se aplican en un momento dato, que modifican el funcionamiento de los mercados y permiten obtener resultados distintos a los iniciales. Se puede justificar la intervención del Estado siempre que ella esté orientada a alcanzar alguno de los principios universales que garantizan el crecimiento económico sostenido (o ante la presencia de fallas de mercado, como bienes públicos, monopolios naturales, y externalidades): 1) garantizar los derechos de propiedad y el cumplimiento de la ley; 2) lograr la eficiencia productiva (es decir, reconocer la importancia de los incentivos privados y la necesidad de que reflejen costos y beneficios sociales); 3) administrar la política macroeconómica y financiera con debida consideración hacia la sostenibilidad de la deuda, los principios de supervisión prudenciales y una política monetaria sana. El punto de partida de todo capitalismo exitoso es que haya garantía de sobre los derechos de propiedad. La justificación de la política económica se resume en mejorar la eficiencia, lograr la estabilización macroeconómica, y la equidad distributiva. Los instrumentos son aquellas variables que pueden alterarse mediante una decisión de las autoridades económicas, es decir, las variables que el gobierno puede utilizar para tratar de alcanzar los objetivos que se ha fijado (variables exógenas del modelo). Se agrupan como sigue: política monetaria (orientada a controlar la expansión de la cantidad de dinero o la evolución de la tasa de interés), política fiscal (comprende el gasto público, los impuestos y el endeudamiento), política cambiaria (determinación del régimen de tipo de cambio y la convertibilidad de la moneda), política arancelaria (relacionada con el comercio exterior) y, finalmente, la política regulatoria (control de precios, privatizaciones, regulación de monopolios naturales, con algunos ejemplos). A su vez, estas políticas pueden clasificarse en políticas sectoriales (verticales)– aquellas que actúan sobre un sector concreto y están constituidas por partes de todas y cada una de las políticas instrumentales. Estas se aplican, generalmente, para corregir fallas de mercado lo que permite mejorar la eficiencia productiva – y políticas instrumentales (horizontales) –cuyos efectos irradian a lo largo de todo el sistema económico. Otra clasificación posible es la de políticas finalistas, que son aquellas orientadas a alcanzar cierto objetivo (política de pleno empleo, por ejemplo, pero en última instancia, ésta consiste en una combinación de determinadas políticas instrumentales). Los objetivos, por otro lado, se corresponden a valores que el gobierno quiere que alcancen determinados indicadores, son las variables endógenas del modelo.Debe quedar claro que un instrumento puede tener influencia sobre varios objetivos a la vez, pero las intensidades y el sentido del efecto sobre cada objetivo pueden ser muy diversos. Siguiendo el marco de referencia de Tinbergen, se desprende que, si las autoridades tienen N objetivos, estos objetivos se pueden alcanzar siempre que existan al menos N instrumentos de política que sean linealmente independientes entre sí. Es posible alcanzar tantos objetivos como instrumentos linealmente independientes se tengan. Por otro lado, Mundell supuso que, en muchos casos, los diversos instrumentos estarían en la práctica bajo el control de autoridades diferentes (Tinbergen supuso que las autoridades no coordinan sus políticas y que, por razones políticas e institucionales, las seleccionan separadamente). ¿Cómo se implementa una política económica adecuada cuando hay descentralización de las decisiones? La solución propuesta por Mundell se basa en la idea de que cada institución ha de ocuparse del objetivo que sea el que resulte más afectado por el instrumento de política económica que se halle bajo su control. Demostró que, si los instrumentos se asignan correctamente, es posible llegar a una combinación de políticas óptimas en forma descentralizada. Esta solución se basa en lo que él llamó “clasificación efectiva de los mercados”, lo que significa que cada instrumento debe asignarse al objetivo para el cual tiene una ventaja comparativa. Cuando no se sigue este principio, la economía mostrará tendencia a la inestabilidad o a las oscilaciones cíclicas en torno al equilibrio. En el ejemplo original de Mundell, en un mondo de tipo de cambio fijo, para alcanzar los objetivos de pleno empleo y equilibrio externo, los países tienen a disposición la política monetaria y la política fiscal. Así, la política monetaria debe encargarse de alcanzar la solvencia externa y la política fiscal, el pleno empleo. El principio de Tinbergen se refiere a la existencia y localización de la solución del sistema, pero no afirma que cualquier conjunto de políticas conduzca a la solución. Para que ello ocurra resulta necesario investigar las propiedades de la estabilidad del sistema dinámico, por lo que el principio de clasificación efectiva de los mercados de Mundell es un complemento necesario.

Shocks y fluctuaciones. Sach y Larraín señalan que los economistas tienden a diferir en dos aspectos en su interpretación de los fenómenos económicos: en primer lugar, difieren respecto a la forma de la curva de oferta agregada (vertical, horizontal o de pendiente positiva) y, en segundo lugar, difieren en la importancia relativa de los distintos tipos de shocks que afectan a la economía (del lado de la demanda agregada o de la oferta agregada). Los economistas de la tradición clásica creen en una curva de oferta vertical y algunos sostienen (como Friedman) que la mayoría de los shocks de la economía provienen del lado de la demanda y, en particular, de las políticas monetarias inestables del Banco Central (suponen equilibrio en los mercados). Otros de la tradición clásica sostienen que los shocks predominantes son tecnológicos y están del lado de la oferta de la economía. Por otro lado, Keynes y sus seguidores, consideran que la oferta agregada tiene pendiente positiva y hacen hincapié en la inestabilidad de la demanda agregada (no supone equilibrio en los mercados). Dicha inestabilidad proviene de los mercados privados, principalmente como resultado de fluctuaciones en la confianza de los inversores que conduce a movimientos en la demanda de inversión por parte de las empresas. De esta forma, es natural que ellos plantearan que se podían usar políticas fiscales y monetarias activistas para compensar las perturbaciones de la demanda privada. Recientemente, los keynesianos reconocieron que los shocks también podrían provenir del lado de la oferta agregada. Entonces, en resumen, se reconocen dos tipos de shocks: perturbaciones en la demanda y shocks de oferta.

Lado de la demanda Lado de la oferta

vertical monetaristas, clásicos ciclo económico real

pendiente positiva Keynes y neo-keynesianos neo-keynesianos

Rol activo versus pasivo. El modelo de demanda y oferta agregada muestra cómo los shocks en la economía originan recesiones y muestra también cómo la política monetaria y la política fiscal pueden prevenir dichas recesiones respondiendo a los shocks. Muchos economistas critican los intentos de intervención del gobierno por estabilizar la economía por las siguientes razones: 1) retardo interno (en la ejecución o implementación – burocracia) y 2) retardo externo (en el tiempo que tarda en producir efectos). Los economistas keynesianos son partidiarios de un rol activo del Estado, mientras que los monetaristas prefieren un shock pasivo. Los argumentos a favor de limitar el poder de las autoridades económicas se dividen en dos categorías generales (según Blanchard): es posible que los responsables de la política económica tengan buenas intenciones (benevolencia) pero acaban haciendo las cosas mal; o las autoridades económicas hacen lo que más les conviene, que no necesariamente es lo mejor para el país. Se piensa que la incertidumbre sobre los efectos de la política económica debería llevar a las autoridades a ser más cautas y a recurrir menos a las políticas activas. Solamente habría que utilizarlas para evitar una prolongada recesión, frenar las expansiones y evitar presiones inflacionarias. Algunas veces, los políticos pueden tratar de engañar al electorado miope eligiendo políticas que tengan beneficios a corto plazo, pero elevados costos a largo plazo, por lo que, en esos casos, la imposición de severas restricciones, como una ley para equilibrar el presupuesto o una ley que prohíba emitir dinero sin respaldo son soluciones. Sin embargo, más adecuados y óptimos son los métodos que tienden a crear mejores instituciones y mejores formas de diseñar el proceso por medio del cual se elabora la política económica y se toman las decisiones. Reglas permanentes versus políticas discrecionales. La política se conduce con reglas cuando las autoridades anuncian con anticipación cómo responderá la política a varias situaciones económicas y se comprometen a respetar esas pautas. La conducción de la política es de tipo discrecionales, cuando las autoridades tienen libertad para considerar la situación económica caso por caso y elegir la política que resulte adecuada al momento determinado. el debate regla versus discrecionalidad es diferente al debate sobre una política activa versus una política pasiva (cuando una regla responde al ciclo económico, la política se vuelve activa). Los monetaristas están con las reglas, mientras que los keynesianos prefieren la discrecionalidad. Ventajas de las reglas permanentes: elimina la tentación de estimular artificialmente la economía antes de las elecciones (ciclo político-económico) y genera credibilidad (reduciendo las probabilidades de la inconsistencia inter-temporal: el hecho de que las autoridades puedan ser incoherentes hace que los individuos desconfíen de sus anuncios y promesas). Horizonte temporal de la política económica. Por corto plazo se entiende un período de hasta un año y podemos comenzar a hablar de largo plazo a partir de los cinco años. Los objetivos pueden clasificarse según sean de corto o largo plazo.

UNIDAD 2: Planes y Reformas Económicas 1-

Consenso de Washington como una prescripción política para el desarrollo (John Williamson)

En su origen, el Consenso de Washington no fue escrito como una prescripción política para el desarrollo, sino que fue una lista de políticas ampliamente aceptadas en Washington y ampliamente deseables para América Latina durante la segunda mitad del año 1989. Obviamente, el desarrollo era el principal objetivo de los países en cuestión. Pero la agenda excluía políticas que, si bien promoverían el desarrollo, no formaban parte de un consenso. Resulta interesante preguntarse si la receta dio buenos resultados. Más adelante, los diez puntos originales fueron aumentados con otros diez, con fuerte énfasis en las reformas institucionales y en el reconocimiento de la dimensión social. ¿Qué es el Consenso de Washington? Este término ha sido utilizado con diferentes significados: 1) una lista de diez reformas de políticas específicas que eran ampliamente aceptadas en Washington y lo que las hizo deseable en los países de América Latina (ésta es la interpretación utilizada en el presente trabajo); 2) conjunto de políticas recomendadas para países en desarrollo en general; y 3) un conjunto de políticas que las instituciones financieras internacionales (IFI) buscaban imponer a sus clientes, argumentando que las IFI son agentes del neoliberalismo y que por tanto buscan minimizar el papel del Estado (esta interpretación tiene poco sustento teórico). Sin embargo, no se puede negar que existe una relación entre cada una de las interpretaciones, en otras palabras, al usar la palabra “consenso” los puntos de vista bajo ese término son ampliamente aceptados. Se considera que el nombre “Consenso de Washington” fue desacertado debido a que dio la idea una lista de políticas que Washington imponía al resto del mundo o que los reformadores de Washington buscaban tomar créditos por mediante las reformas que estaban implementando. Evaluar los 10 mandamientos. Aquí se evaluará qué tan buena fue la receta para promover el desarrollo (es decir, si colectivamente era un programa adecuado para acelerar el desarrollo), y en dónde y en qué medida fueron adoptadas las reformas de política. 1-

Déficit fiscal lo suficientemente pequeños para permitir financiarlo sin recurrir al impuesto inflacionario: se considera que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable previa para lograr el crecimiento y que, a su vez, la estabilidad de precios es un aspecto esencial para conseguir la estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, la restauración de la disciplina fiscal es muy importante. Entonces, se centrará en la búsqueda de la disciplina fiscal suficiente para evitar recurrir al impuesto inflacionario. En la mayoría de los países de América Latina (excepto Chile y Colombia) la estabilidad de precios ha sido socavada por excesivos déficits.

Stiglitz argumentó que una inflación moderada no tiene un efecto sobre el crecimiento, y por lo tanto tampoco tiene serias consecuencias sobre el bienestar, tal que deberíamos estar preparados para aceptar una inflación más alta, lo que permitiría déficits presupuestarios mayores. Esto se deriva de que, al menos en América Latina, el impuesto inflacionario es regresivo. Sin embargo, dicho argumento se contradice al asegurar que la curva de Phillips es vertical a largo plazo, por lo que aceptar más de una tasa de inflación mínima es erróneo. Una segunda crítica sobre esta formulación, es que se analiza sólo a la inflación como enfermedad del déficit fiscal excesivo. Sin embargo, de ninguna manera la inflación puede considerarse como la única consecuencia del déficit excesivo, sino que el país de arriesga también a una creación de deuda excesiva que puede llevar a una dinámica de la deuda insostenible. Esta crítica, refuerza, en lugar de socavar, la necesidad de disciplina fiscal, plantea que el criterio de disciplina fiscal debe ser complementado. La tercera crítica consiste en que este mandamiento se centra exclusivamente en estabilizar los precios como medio para conseguir la estabilidad macroeconómica y desatiende el caso keynesiano para estabilizar la economía real. El caso de Chile demuestra que la política fiscal debe ser estricta durante el boom para que pueda ser fácil durante la recesión. Además, la estabilización exitosa tendrá un beneficio adicional al permitir una tasa de crecimiento más rápida del lado de la oferta. 2-

Reorientar el gasto público desde áreas tendientes a recibir más recursos de los que su rendimiento económico justifica, hacia áreas descuidadas con altos rendimientos y potencial de mejorar la distribución del ingreso (como la salud, educación e infraestructura): no significa pedir recorte del gasto público, sino redirigirlo a favor de los pobres y en pro del crecimiento. Un recorte drástico del gasto público no proporciona una técnica para mejorar la calidad promedio del gasto ni eliminar el desperdicio. La clave para un patrón eficiente de gasto público es establecer una cadena de comando que consiste en personas que realmente creen en los fines de programas que se han perseguido.

3-

Reforma fiscal para ampliar las bases imponibles y reducir las tasas impositivas marginales: este ideal se basó en la Ley de Impuestos de Bradley-Kemp, si la gente cree que los gastos públicos son los suficientemente importantes como para justificar impuestos relativamente altos, todos pensaran que los mismo deben aumentar de forma eficiente sin exenciones que generen distorsiones mediante tasas impositivas marginales altas sobre aquellas que no están exentas. Una buena agenda de políticas para el desarrollo debería centrarse en la cuestión de cómo aumentar ingresos, dada la necesidad de corregir el déficit, reducir el gasto público y compensar los recursos perdidos por la reforma comercial.

4-

Liberalización financiera permitiendo que las tasas de interés sean determinadas por el mercado: se enumeran seis dimensiones de la liberalización financiera: 1) si los créditos están asignados por el gobierno o por el mercado; 2) si la tasa de interés está determinada por el mercado y la fija el gobierno; 3) si el gobierno impone barreras de entrada al sector financiero; 4) si el gobierno regula las operaciones bancarias o les permite operar de manera autónoma; 5) si el gobierno posee a los bancos; y 6) si los flujos de capital internacional están regulados o liberalizados. El trabajo se centra en los primeros dos puntos, y descarta el último.

Se llegó a sostener que una de las últimas cosas que deben hacerse en un programa de liberalización es abrir la cuenta de capitales, y algunas de las condiciones previas a esto debe ser un sistema bancario liberalizado y robusto, capaz de intermediar una entrada de capitales de manera eficiente, a donde el retorno social sea más alto. Se acumulan pruebas de que una liberalización financiera puede producir un beneficio social real en términos de una mejora en la asignación de inversiones, pero también conlleva algunos peligros: una gran cantidad de crisis son testimonio de esto. En resumen, deben considerarse dos aspectos de la liberalización de la cuenta de capital: retrasarla hasta que se hayan completado con éxito otras reformas y acompañarla con la creación de instituciones de supervisión.

5-

Unificar el tipo de cambio a un nivel suficientemente competitivo para inducir un rápido crecimiento en las exportaciones no tradicionales: se considera que el crecimiento de las exportaciones es un punto clave para conseguir el crecimiento general de la economía y que, a su vez, en un mercado competitivo, el tipo de cambio es una variable para el crecimiento de las exportaciones (al menos para las exportaciones no tradicionales). De esta forma, uno se ve impulsado a apoyar una forma u otra de un régimen intermedio de tipo de cambio.

6-

Reemplazar las restricciones cuantitativas al comercio por tarifas, y reducir las mismas progresivamente hasta una ratio bajo e uniforme (del 10 – 20%): esto es razonable ya que se canalizarán rentas al gobierno (y no a importadores privilegiados) y permite que la cantidad de importaciones puede ajustarse a shocks que aumenten la necesidad de las mismas. Además, también resulta sensato reducir los aranceles hasta que los costos de los menores ingresos estatales se compensen con la ganancia en la reducción de costo de insumos importables. La cifra 10 o 20% fue una conjetura, aunque se piensa que está por encima del número generalmente aceptable en economías pequeñas.

Las críticas de este mandamiento se derivan de que la menor protección amenaza puestos de trabajo. Por un lado, precios altos en los insumos importables puede reducir la cantidad de puestos de trabajos en los sectores que los utilizan, en una cuantía mayor a la cantidad de puestos de trabajos creados en las industrias de bienes intermedios sustitutos de importaciones. Por otro lado, se argumenta también que la reducción de la protección no generará pérdida de empleo debido a que la tasa de cambio real se ajustará. Sin embargo, en este último caso, si el tipo de cambio real se aprecia en gran magnitud (por ejemplo, en el caso de Argentina, en la década del 90, con tipo de cambio fijo y con gran entrada de capitales internacionales), sí se podría producir una pérdida neta de empleos en las industrias de bienes comerciables. Otra crítica es que la obligación de abrir el comercio podría impedir utilizar la protección como medio para alimentar las industrias nacientes. Sin embargo, esto podría solucionarse con anunciar a la OMC que se requerirá una protección temporal y pactando la fecha de eliminación de la misma, de modo que pueda estar sujeto a sanciones si se incumple (también podría incluir un techo a la tarifa permitida con este fin). 7-

Eliminar las barreras que impiden la entrada de capitales (más específicamente, IED): una empresa estará preparada para invertir en el extranjero, con todos los costos y riesgos que eso conlleva, siempre que comande alguna forma de propiedad intelectual que compense sus desventajas con los competidores locales. El problema que hay que evitar es que los países no compitan con la IED ofreciendo incentivos a la inversión, transfiriendo de esta forma una proporción indebida de los beneficios de las IED a las empresas que hacen las inversiones. Una de las ventajas de la IED es que el flujo de la misma es bastante más estable que el del capital de cartera y de los préstamos bancarios. Aquí se habla específicamente de la liberalización de la entrada de IED y no de la liberalización general de capitales, debido a los riesgos que genera una liberalización prematura de la cuenta de capital (como se lo expuso previamente).

8-

Privatizas las empresas estatales: estas prácticas tienen éxito en dos dimensiones, 1) aumentar la eficiencia y la rentabilidad de las empresas, y 2) aumentar la cobertura y el acceso a los servicios públicos privatizados. Por otro lado, no parece tener efectos sobre los salarios, precios, la calidad de producción, ni en el empleo, debido a que el aumento de la productividad puede ser más que compensada por un aumento de la producción. Muchas veces se asocia esta práctica con la corrupción (cuando se permite mantener un monopolio, por ejemplo).

9-

Eliminar las restricciones a la competencia o a la libre entrada de firmas: el objetivo es generar un ambiente competitivo.

10- El sistema legal debe proporcionar derechos de propiedad seguros, sin costos excesivos y ponerlos a disposición del sector informal: ésta fue la única reforma institucional que se incluyó en la versión original del Consenso. Se debió al argumento de Hernando de Soto, quien aseguró que permitirles formalizarse a un bajo costo mejoraría los intereses y podría reducir el costo de defender su propiedad y asegurarse de que podrían beneficiarse de sus propias inversiones, así como el acceso al crédito del sector formal. Esto es también compatible con el interés público.

Poco después de su publicación, el autor consideró que las cuestiones instituciones estaban en el corazón de la transición, y que una de las acciones más críticas fue definir los derechos de propiedad. Las regiones que se movieron más lejos en la dirección de liberalización, estabilización e integración a la economía mundial fue América Latina y las economías en transición. Asia oriental se encuentra en el extremo opuesto. Los países de la OCDE lo hicieron, aunque de forma muy gradual (como la India y Viernam). África se movió de forma turbia pero más por presión extranjera que por convicción propia. Muchas veces se menciona a Argentina como el país que más mandamientos cumplió, aunque olvidó de dos que son fundamentales: la disciplina fiscal y tener un tipo de cambio competitivo. Fue precisamente la dificultad en abordar estos dos problemas lo que explican su fracaso, manifestado en la crisis de 2001 (por lo que no puede culparse al Consenso por su fracaso, debido a que no fue aplicado completamente). ¿Cómo sería una buena receta? La mayoría de los países se hubieran beneficiado al llevar a cabo más de este tipo de reformas, en lugar de menos, y haciéndolo por su propia voluntad. Se ha buscado actualizar la agenda de políticas tendientes a desarrollo a la luz de los tiempos cambiantes y en ausencia de una obligación a apegarse a las políticas originales. La nueva estrategia se resume en cuatro incisos: 1) los gobiernos deben estabilizar la macroeconomía y evitar las crisis, lo cual requiere estabilizar los precios y la economía real a la Keynes. Además, se enfatiza sobre la importancia de la flexibilidad del tipo de cambio, aunque reconoce la necesidad de un tipo de cambio fijo en ciertas circunstancias, pero evitando desajustes de divisas. 2) se habla de completar, y no de revertir, las reformas de liberalización expuestas en el Consenso. Se hace especial énfasis en la liberalización del mercado laboral en los países de América Latina, y en el acompañamiento de la liberalización de las importaciones. 3) se señala la necesidad de que el país reformador tenga instituciones sólidas para que las buenas políticas sean efectivas (reconocer la importancia de las instituciones fue quizá la innovación clave en la economía del desarrollo). 4) se introduce también, la importancia de mejorar la distribución del ingreso.

Crítica de Stiglitz. Él utiliza la tercera interpretación del Consenso, es decir, como un manifiesto neoliberal. Sugirió que un nuevo consenso debería emerger, con una amplia gama de objetivos y no sólo el crecimiento económico. También debería perseguir el desarrollo equitativo, el desarrollo sostenible y el desarrollo democrático. Para conseguirlo, debe ampliarse la gama de instrumentos: debe alcanzar la estabilidad de precios y de la economía real; debe tender a mejorar el marco regulatorio del sistema financiero; debería incluir una política de competencia; debería considerar varios mecanismos para mejorar la eficiencia del gobierno; debería focalizarse en mejorar la formación del capital humano; debería buscar incrementar las transferencias de tecnología de los países desarrollados. Sin embargo, hay un importante paralelo entre esto y el Consenso ampliado. Donde Stiglitz parece tristemente ingenuo es en imaginar que el mundo está en el camino hacia un nuevo consenso que incorpora preocupaciones sobre equidad, sostenibilidad y democracia y crecimiento. Crítica de Rodrik. Argumenta que el objetivo debería ser ofrecer un mapa alternativo de políticas tendientes al desarrollo económico. Debe evitarse desechar todos los conocimientos útiles en la economía dominante, como la importancia de los derechos de propiedad y el estado de derecho y los incentivos, la necesidad de preocuparse por la deuda sostenibilidad, principios prudenciales y dinero sólido, la conveniencia del crecimiento y losbeneficios de la globalización. Tales "principios universales de buena gestión económica" no se vinculancon arreglos institucionales particulares o prescripciones políticas.Él argumenta que las transiciones a un alto crecimiento generalmente son provocadas por algunas políticas cambios y reformas institucionales, que típicamente combinan elementos de la ortodoxia con innovaciones institucionales heterodoxas que es poco probable que viajen bien. Los países necesitan tanto una estrategia de inversión a corto plazo para impulsar el crecimiento y una creación institucional a más largo plazo estrategia para dar resistencia a la economía frente a la volatilidad y los shocks adversos y, por lo tanto, que mantenga el crecimiento una vez que se haya iniciado. La estrategia de inversión necesita combinar una zanahoria para promover inversiones en áreas no tradicionales con palos para eliminar proyectos de inversión que fallan.

2-

Cincuenta años de crecimiento económico (y la falta de éste). Una interpretación (Rodrik)

El crecimiento económico de las últimas décadas ha estado acompañado de mejoras significativas de indicadores sociales (como el alfabetismo, la mortalidad infantil y la esperanza de vida). La medida de productividad total de los factores va de la mano con la tendencia de la producción per cápita. El ingreso per cápita real de los países en vías de desarrollo creció a una tasa promedio de 2,1% anual durante 1960-2004. Sin embargo, dado que los países ricos crecieron a un ritmo muy acelerado de 2,5% anual durante el mismo periodo, pocos países en vías de desarrollo lograron cerrar consistentemente la brecha económica entre ellos y las naciones avanzadas. Los países del este y sureste de Asia son la única excepción: a pesar de la crisis financiera asiática durante 1997-1998, sus niveles de productividad se acercaron a los niveles de los países avanzados. En los demás países el patrón del desempeño económico ha sido muy variado a lo largo de las distintas épocas: la tasa de crecimiento de América Latina se desplomó en la década perdida de los ochenta y sigue padeciendo esa anemia a pesar de una leve recuperación en la década de los noventa. Por lo tanto, el panorama completo oculta una tremenda variedad de escenarios en cuanto al desempeño de crecimiento económico, tanto geográfica como temporalmente. ¿Qué se puede aprender de las estrategias de crecimiento a partir de las experiencias? Al hablar de estrategias de crecimiento se hace referencia a las políticas económicas y los arreglos institucionales enfocados a lograr la convergencia económica con la calidad de vida que prevalece en los países avanzados. Las políticas que promueven el crecimiento tienden a ser especificas según el contexto. Las regresiones de corte transversal no aportan mucha evidencia confiable e inequívoca sobre estos temas, por lo que se plantea un enfoque alternativo: examinar los principios de diseño generales de las estrategias de crecimiento exitosas, lo que conlleva alejarse rápidamente de los componentes provinciales individuales y concentrarse en la manera en que éstos confluyen. Esto girará en torno a dos argumentos: 1)

los principios económicos de primer orden (o de orden superior): la protección de los derechos de propiedad, la exigibilidad contractual, la competencia basada en el mercado, los incentivos adecuados, dinero sano y la sustentabilidad de la deuda, no trazan un mapa de paquetes de políticas únicas. Las buenas instituciones son aquellas que ponen en práctica los principios de primer orden con eficacia, y no existe una corresponde única entre las funciones que desempeñas las buenas instituciones y la forma que adoptan ellas. Los reformistas tienen mucho espacio para combinar estos principios de manera creativa y presentarlos como diseños institucionales que sean sensibles a las restricciones locales y que exploten las oportunidades locales.

2)

detonar el crecimiento económico y sostenerlo son dos tareas distintas: la primera generalmente requiere un rango limitado de reformas (a menudo no convencionales) que deben evitar gravar excesivamente la capacidad institucional de la economía, y el segundo reto es más difícil por varias razones. Requiere la creación de un apuntalamiento institucional sólido que mantenga el dinamismo productivo y dote a la economía de la resistencia necesaria para soportar embates de las crisis a largo plazo. La buena noticia es que esta estructura institucional no debe construirse de la noche a la mañana. Esto evita que los reformistas tengan la responsabilidad de lidiar con agendas de políticas extremadamente ambiciosas, indistinguibles e imprácticas.

Cosas consabidas que (probablemente) no son ciertas. Las políticas de desarrollo siempre han estado sujetas a modas y tendencias pasajeras. El Consenso de Washington sigue formando el núcleo del entendimiento convencional de un marco de políticas deseables para lograr el crecimiento económico. La lista original de políticas, fueron considerados los elementos clave de los que Krugman ha llamado la “la virtud victoriana de la política económica”, es decir, “mercados libres y dinero sano”. El Consenso de Washington es el resultado de un pensamiento sistemático acerca de las numerosas (y muchas veces complementarias) reformas necesarias para establecer los derechos de propiedad, poner los incentivos de mercado a trabajar y mantener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, no es la única matriz que tiene la capacidad para lograrlo. De hecho, en vista de los impedimentos administrativos y políticos con los que una agenda tan ambiciosa está destinada a encontrarse, es posible que existan mejores maneras de llegar a la meta.

Consenso de Washington original (1990) 1- Disciplina fiscal. 2- Reorientación del gasto público. 3- Reforma fiscal. 4- Liberalización de tasas de interés. 5- Tipos de cambio unificados y competitivos. 6- Liberalización comercial. 7- Apertura a la inversión extranjera directa. 8- Privatización. 9- Desregulación. 10- Garantía de los derechos de propiedad.

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Consenso de Washington aumentado (fines de los ’90) Gobernanza corporativa. Combate a la corrupción. Mercados laborales flexibles. Observancia de los preceptos de la OMC. Observancia de códigos y estándares financieros internacionales. Apertura prudente de las cuentas de capital. Regímenes cambiarios no intermedios. Bancos centrales independientes – metas de inflación. Redes de seguridad social. Metas de reducción de la pobreza.

La aparente necesidad de una serie de reformas de segunda generación surgió a partir del reconocimiento de que las políticas orientadas al mercado podrían ser inadecuadas sin una transformación institucional más seria en áreas que iban desde la burocracia hasta los mercados laborales. Además, existía la preocupación de que la liberalización financiera pudiera generar crisis y demasiada volatilidad en ausencia de un marco macroeconómico más prolijo y una mejor regulación prudencial. Debe aclararse que en ninguna de las dos listas aparecen especificadas las políticas industriales (la política industrial puede verse como un instrumento de coordinación para estimular las inversiones socialmente lucrativas). La evidencia empírica contradice los efectos esperados de la aplicación de los diez mandamientos del Consenso. Sin embargo, elhistorial de crecimiento concuerda con algunos de los principios económicos de orden superior que inspiran el consenso de las políticas estándar. Éstos son los elementos comunes a todas las estrategias de crecimiento exitosas. Además, se llegaría a la conclusión de que el mapa que se trazaría con nuestras preferencias de políticas más detalladas para llegar al éxito económico es bastante imperfecto. Larry Summers plantea que la tasa a la cual crecen los países está sustancialmente determinada por tres cosas: 1) su habilidad para integrarse con la economía mundial mediante el comercio y la inversión; 2) su capacidad para mantener finanzas gubernamentales sostenibles y dinero sano, y 3) su habilidad para implementar un entorno institucional en el que los contratos puedan hacerse valer y puedan establecerse derechos de propiedad. Nótese cómo estas recomendaciones están expresadas no en términos de políticas específicas sino en términos de habilidades y capacidades para lograr la concesión de ciertos resultados. Estas habilidades y capacidades no trazan un mapa claro de las preferencias de políticas estándar y que pueden generarse de varias maneras. Se debe evitar caer en falacias: 1) falacia del funcionalismo: no se puede dar por hecho que las instituciones adoptan la forma que tienen debido a las funciones que desempeñan; 2) falacia de la racionalización ex post: no es correcto adjudicar los resultados positivos de los casos analizados (como el de China, Mauricio, Japón) únicamente a sus anomalías. Las anomalías institucionales de Asia han producido resultados perversos cuando se los emplea en otros entornos, además, no todas las anomalías son económicamente funcionales. Aquí debe destacarse la plasticidad de la estructura institucional que la economía neoclásica es capaz de sustentar: todas las anomalías estudiadas son compatibles con el razonamiento neoclásico y pueden entenderse en términos de éste. El análisis económico neoclásico no determina la forma que los arreglos institucionales deberían adoptar, en otras palabras, los principios económicos de orden superior de una administración económica sólida no trazan un mapa único de arreglos institucionales (de hecho, se presentan sin necesidad de las instituciones, es necesario racionalizarlos a través de una serie de acciones de políticas). Cada paquete tiene diferentes costos y beneficios, dependiendo de los impedimentos políticos imperantes, los niveles de competencia administrativa y las fallas de mercado. El paisaje institucional preexistente, típicamente, ofrece tanto restricciones como oportunidades, y requiere atajos creativos o experimentos osados: el “arte” de la reforma consiste en seleccionar la opción apropiada de entre un menú potencialmente infinito de diseños institucionales. Hay una correspondencia débil entre los principios de orden superior de la economía neoclásica y las recomendaciones de políticas específicas de la lista estándar (Consenso). Las políticas microeconómicas buscan la eficiencia estática y dinámica en la asignación de recursos. Las políticas macroeconómicas buscan la estabilidad de macroeconómica y financiera. Las políticas sociales se enfocan en la reducción de la pobreza y la protección social. La eficiencia en la asignación requiere derechos de propiedad, un Estado de derecho e incentivos apropiados. La estabilidad macroeconómica y financiera requiere dinero sano, solvencia fiscal y regulación prudencial. La inclusión social necesita compatibilidad en los incentivos y un enfoque apropiado. Éstos son los principios universales de una administración económica sólida.El problema es que estos principios universales no son operativos tal como se enuncian: las respuestas a las preguntas de los encargados de formular preguntas no se pueden deducir directamente de estos principios. El Consenso de Washington ha tendido a borrar la línea divisoria entre los principios universales y los arreglos institucionales. La estrategia de gradualismo supone que los encargados de formular políticas tienen una idea bastante clara de los arreglos institucionales que quieren lograr al final de cuentas, pero por razones política y de otra índole únicamente pueden dar un paso a la vez en esa dirección. Aquí el argumento es que hay un nivel de incertidumbre sobre qué son esos arreglos institucionales y que, por lo tanto, se requiere más bien de un proceso de “búsqueda y descubrimiento” que de gradualismo. Las dos estrategias podrían coincidir cuando los cambios en las políticas revelan información. No hay que confundir las dos estrategias mencionadas. Lo que destaca en los casos de éxito no es el gradualismo en sí, sino una mezcla poco convencional de políticas estándar y no estándar que esté bien sintonizada con la realidad en la práctica. Otra fuente de confusión es cuando se confunden las políticas con los resultados: se debe determinar cuáles son las políticas que producen esos resultados (Ocampo enfatiza que muchas de las correlaciones de largo plazo del crecimiento son el resultado y no motor del crecimiento). Hechos estilizados de interés: 1-

En la práctica, los incrementos repentinos de crecimiento se asocian con un rango estrecho de reformas de políticas: con frecuencia se necesita muy poco para iniciar el crecimiento. La definición de aceleración del crecimiento es la siguiente: un aumento del PIB per cápita de una economía de dos o más puntos porcentuales (en relación a los últimos cinco años) que se sostiene durante al menos ocho años. Aparentemente, cambios pequeños en el entorno de fondo pueden producir un aumento significativo de la actividad económica: un

2-

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cambio en la actitud de los líderes políticos hacia un marco de políticas más orientadas al mercado y más abierto al sector privado con frecuencia desempeña un papel tan prominente como el del alcance de la reforma de políticas en sí. Esta es una buena noticia porque sugiere que los países ni necesitan un conjunto extenso de reformas institucionales para comenzar a crecer, ya que instigar el crecimiento es mucho más fácil en la práctica de lo que la receta estándar podría parecer. Esto no resulta sorprendente ya que, cuando un país está tan debajo de su nivel de ingresos en estado estacionario potencial, incluso los movimientos moderados en la dirección correcta pueden producir un gran provecho en cuanto a su crecimiento. Las reformas a las políticas que están asociadas con estas transiciones de crecimiento típicamente combinan elementos ortodoxos con prácticas no ortodoxas: ningún país ha experimentado crecimiento rápido sin un apego mínimo a lo que he bautizado como los principios de orden superior de una gobernanza económica sólida. Sin embargo, estos principios se han implementado, con frecuencia, mediante arreglos de políticas muy poco convencionales. Es difícil identificar casos de crecimiento elevado en donde los elementos no ortodoxos no hayan jugado algún papel. La lección es que la innovación institucional requiere un enfoque pragmático que evite el encierro ideológico. Las variaciones institucionales no son muy transferibles: el aspecto más descorazonador es que los paquetes de políticas asociados con aceleraciones del crecimiento tienen a variar considerablemente de un país a otro. Las reformas exitosas son aquellas que arman paquetes de principios económicos sólidos con base en las capacidades, las restricciones y las oportunidades locales. Dado que las circunstancias locales varían, lo mismo sucede con las reformas que funcionan. Las estrategias de crecimiento requieren de un conocimiento local considerable. Puede resultar difícil identificar dónde se encuentran las restricciones limitantes o las oportunidades prometedoras, para estimular el crecimiento. Es posible que se requiera cierto nivel de experimentación de políticas para descubrir qué es lo que funciona. Los economistas tienen un papel útil que desempeñar en este proceso: pueden identificar las fuentes de ineficiencias, descubrir las conmutaciones importantes, determinar las implicaciones del equilibrio general, predecir las respuestas conductuales, entre otras funciones. Sostener el crecimiento es más difícil que detonarlo y requiere una reforma institucional exhaustiva: la inmensa mayoría de los incrementos repentinos de crecimiento tienden a perder ímpetu después de un tiempo. El crecimiento a corto y mediano plano no garantiza el éxito en el largo plazo. Una interpretación plausible es que las reformas iniciales necesitan profundizarse a lo largo del tiempo mediante esfuerzo enfocados a fortalecer el apuntalamiento institucional de las economías de mercado. La clave de la prosperidad en el largo plazo, una vez que se detona el crecimiento, es desarrollas instituciones que mantengan el dinamismo productivo y generen resistencia a embates de los choques externos. El desplome del crecimiento observado en muchos países en vías de desarrollo parece estar relacionado principalmente a su incapacidad para ajustarse a la volatilidad que demostró el entorno externo en aquel entonces (efectos de los términos de intercambio, tasas de interés, entre otros). Las reformas institucionales más profundas necesarias para la convergencia a largo plazo se llevan tiempo en implementarse y madurar. Pero dichas reformas son mucho más fáciles de emprender en un entorno de crecimiento que en un estado de estancamiento. Las estrategias de crecimiento exitosas se basan en un esfuerzo que tiene dos vertientes: una estrategia de corto plazo encaminada a estimular el crecimiento y una estrategia de mediano a largo plazo diseñada para sostener el crecimiento.

La pregunta más importante a corto plazo para una economía atorada en un equilibrio de baja actividad es cómo hacer que los empresarios se animen a invertir en la economía nacional. La palabra “invertir” debe entenderse en un sentido amplio: ampliar capacidades de producción, emplear nuevas tecnologías, fabricar nuevos productos, buscar nuevos mercados, entre otras. Entonces, ¿qué es lo que desata este proceso? Existen dos tipos de respuestas: una de ellas enfatiza el papel de las barreras que el gobierno impone al espíritu emprendedor (la intervención excesiva del gobierno, el sesgo de las políticas hacia empresas grandes y con conexiones políticas, las fallas institucionales, y los elevados niveles de incertidumbre y riesgo de las políticas, son los aspectos que crean estructuras económicas dualistas y reprimen el espíritu emprendedor), y la otra, hace referencia a las fallas de mercado, en donde el gobierno tiene que hacer más que simplemente dejar de estorbar la iniciativa privada, debe hallar la manera de atraer inversiones y empresas por medio de incentivos positivos. Estos dos puntos de vista difieren en cuanto a la importancia que le asignan a las imperfecciones imperantes e inamovibles del mercado, así como en cuanto a su optimismo en relación con la habilidad de los gobiernos para diseñar e implementar intervenciones de políticas adecuadas. Al primero se lo puede denominar “fallas del gobierno” y al segundo, “fallas de mercado”. Fallas de gobierno. Stern presenta el esquema de un enfoque con dos pilares: crear un clima de inversión adecuado y facultar a los pobres, y define el clima de inversión de manera muy amplia, como el entorno institucional, conductual t de políticas, tanto actual como esperado, que influyen en los rendimientos y riesgos asociados con la inversión. Él considera que los aspectos más importantes del clima de inversión son las imperfecciones impuestas por el gobierno: inestabilidad macroeconómica, inflación elevada, altos salarios gubernamentales que distorsionan el funcionamiento de los mercados laborales, pesadas cargas tributarias, regulaciones arbitrarias, onerosos requerimientos para obtener permisos, corrupción, entre otras. Fallas de mercado. Bajo este punto de vista, las economías pueden quedarse atoradas en un equilibrio de bajo nivel debido a la naturaleza de la tecnología y los mercados, incluso si las políticas de gobierno no penalizan el espíritu empresarial. Debe hacerse una distinción entre las historias basadas en las derramas de aprendizaje (una externalidad no pecuniaria) y aquellas que se basan en las externalidades asociadas al tamaño del mercado inducidas por las economías de escala. Como señala Acemogu, hay dos tipos de aprendizaje que son pertinentes al crecimiento económico: 1) la adaptación de tecnologías existentes y 2) la innovación para crear nuevas tecnologías. Al inicio del proceso de desarrollo, el primer tipo de aprendizaje es el más importante. Se pueden enumerar las barreras “naturales” a la industrialización como sigue: A. B.

Externalidades de aprendizaje: aprendizaje en la práctica; externalidades del capital humano; aprendizaje sobre costos. Fallas de coordinación (asociadas al tamaño de mercado inducidas por el sistema tributario): nonos salariales en la industria de la manufactura; Infraestructura; insumos intermedios especializados; derramas asociadas con la distribución de la riqueza.

Salir de un estado firme de bajo nivel requiere inversiones coordinadas y simultáneas en varias áreas. Los dos tipos de modelos expuestos en los incisos A y B, sugieren que la propagación de actividades modernas y no tradicionales no es un proceso natural y que podría requerir de incentivos positivos. Uno de dichos incentivos, que con frecuencia ha funcionado en el pasado, es una depreciación considerable y sostenida del tipo de cambio real, el cual se define como el precio relativo de los bienes comerciables y los no comerciables. Las devaluaciones de la moneda, apoyadas por políticas monetarias y fiscales adecuadas, aumentan la rentabilidad de las actividades comerciales en todo el mundo. Esto tiene distintas

ventajas: por un lado, la mayoría de las ganancias de la diversificación en actividades no tradicionales tiende a residir en las manufacturas y en productos basados en recursos naturales (es decir, comerciables) y no en servicios y otros bienes no comerciables; por otro lado, la magnitud del incentivo puede ser bastante grande ya que las depreciaciones reales sostenidas de 50% o más son bastantes comunes; además, las actividades que se impulsan tienden a ser precisamente las que se enfrentan a una mayor disciplina del mercado, debido a que las actividades comerciables se enfrentan a la competencia externa; y finalmente, la manera en que la depreciación de la moneda subsidia actividades comerciables es completamente inocua para el mercado, ya que no requiere que los burócratas ejerzan ningún tipo de micro administración. Por todas estas razones, una depreciación creíble y sostenida del tipo de cambio real podría constituir la política industrial más efectiva de todas. Sin embargo, hay algunas teorías que aportan evidencia sobre el papel de las subvaluaciones del tipo de cambio real en la generación del crecimiento económico. Es cierto que la implementación del enfoque de fallas de mercado requiere un gobierno razonablemente competente y no corrupto. En la medida en que las políticas del Consenso de Washington propician más la conducta honesta de los políticos, bien podrían ser preferibles en este caso. Sin embargo, la evidencia es ambigua: la mayoría de las políticas (incluida las del Consenso) son corruptibles si la economía política subyacente así lo permite o fomenta. ¿Por dónde empezar?El punto de apalancamiento más efectivo para estimular el crecimiento depende obviamente de las circunstancias locales. Es difícil decir, en general, en dónde reside el margen de cambio más efectivo. Una de las lecciones de la historia económica reciente es que las intervenciones creativas pueden ser notablemente efectivas aun cuando el clima de inversión, juzgado según criterios estándar, es bastante malo. La experiencia de América Latina durante la década de los noventa indica que los criterios estándar no garantizan un clima de inversión adecuado. Sin duda, los gobiernos pueden disuadir el espíritu empresarial cuando tratan de hacer demasiado, pero también pueden disuadirlo cuando hacen muy poco. A veces se argumenta que la heterodoxia requiere una mayor fuerza institucional y que por lo tanto está fuera del alcance de la mayoría de los países en vías de desarrollo, pero este punto de vista no está sólidamente respaldado por la evidencia. En muchos lugares, la heterodoxia sirvió para convertir en virtudes las debilidades institucionales. En esos países fue precisamente la debilidad institucional lo que hizo que los remedios estándar fueran imprácticos. Las estrategias de crecimiento exitosas se basan con mucha frecuencia en elementos no convencionales (al menos en sus primeras etapas). A largo plazo, lo que más asegura la convergencia con los estándares de vida de los países avanzados es la adquisición de instituciones de gran calidad. Según su definición más amplia, las instituciones son las reglas imperantes del juego en sociedad. Las instituciones de buena calidad son las que inducen conductas socialmente deseables de parte de los agentes económicos. Tales instituciones pueden ser formales (reglas jurídicas que se hacen valer a través de terceros) o informales (códigos morales, contratos auto-exigibles). Se reconoce ampliamente que las importancia relativa de las instituciones formales aumenta a mediad que el alcance del intercambio de mercado se amplía y profundiza. Una de las razones es que establecer instituciones formales implica costos fijos altos y costos marginales bajos, mientras que las instituciones informales tienen altos costos marginales. Uno podría querer poner especial énfasis en las instituciones democráticas y las libertades civiles, no sólo porque son importantes por y en sí mismas, sino también porque pueden verse como meta-instituciones que ayudan a la sociedad a hacer las elecciones adecuadas dentro el menú de instituciones económicas. La advertencia de no confundir función institucional con forma institución, adquiere nuevamente importancia. La función no crea un mapa único de la forma. Las razones de la no convergencia institucional pueden enumerarse como sigue: las diferencias en las preferencias sociales, las complementariedades entre las distintas partes del paisaje institucional pueden generar histéresis y dependencia del camino recorrido, y, debido a que los arreglos institucionales que se requieren para promover el desarrollo económico pueden diferir significativamente de los países ricos a los pobres, así como entre los propios países pobres. Las instituciones de calidad pueden adoptar una multitud de formas y la convergencia económica no necesariamente supone la convergencia de las formas institucionales. Un aspecto clave es que los arreglos institucionales que tienen éxito en un país crean derramas tanto positivas como negativas en otros países. Las positivas surgen de que aquello países con condiciones subyacentes similares a las del “líder” pueden imitar los arreglos institucionales que imperan allí y dejar de lado los costos de la experimentación. Pero por el lado negativo, los países podrían verse tentados u obligados a imitar los arreglos instituciones, por razones políticas o de otra índole, incluso si sus condiciones subyacentes son demasiado disímiles como para que la estrategia tenga sentido. Según Mukand y Rodrik, la política interna genera una imitación ineficiente. Ejemplo de China: página 43. La experiencia de China con las políticas de crecimiento que no se apegan a los estándares no es tan inusual: de hecho, es más bien la regla que la excepción. Son prácticas que no se apegan a los estándares al servicio de principios económicos sólidos.

UNIDAD 3: Crecimiento económico 1-

La Argentina que pudo ser: los costos de la represión económica (Cavallo – Domenech – Mundlak)

El crecimiento es uno de los temas de mayor interés en las ciencias económicas. Se trata del proceso que permite a las sociedades incrementar el consumo promedio por habitante. El crecimiento se logra mediante el aumento de los recursos productivos por habitante (capital) y mediante mejoras en la eficiencia con que dichos recursos se utilizan (cambio tecnológico). En una economía abierta, la acumulación de capital depende de su rentabilidad relativa a la del resto del mundo. La eficiencia de los recursos productivos se alcanza utilizándolos plenamente con la tecnología existente y mediante la constante incorporación de los adelantos tecnológicos. A su vez, el cambio tecnológico está estrechamente relacionado a la acumulación de capital. La evolución económica argentina revela importantes altibajos en el presente siglo. Su tasa anual de crecimiento por habitante, entre 1900 y 1930, fue de 1,8%. Después de 1930, el ritmo de crecimiento disminuyó notablemente. Este rezago originó una creciente brecha entre sus niveles de ingreso y los de los países del nuevo mundo que contaban con similares dotaciones de recursos. La tesis central de este estudio es que las causas de esta preocupante decadencia, lejos de obedecer a factores ajenos o aleatorios, deben buscarse en las características de las políticas internas aplicadas, con o sin la presencia de eventuales shocks externos. En el análisis, se desagrega a la economía argentina en tres sectores: agropecuario, no agropecuario (excluido el gobierno) y el gobierno. La producción de los sectores agropecuario y no agropecuario se comercializa en parte en los mercados mundiales, en tanto los servicios producidos por el sector gobierno no se intercambian en dichos mercados. El sector agropecuario es típicamente exportador (produce el grueso de bienes exportables) y el sector no agropecuario es típicamente importador (produce sustitutos de importaciones), por lo que, los precios a los que se enfrentan los productores dependen de los precios externos, las restricciones al comercio exterior (apertura económica), el precio de los bienes producidos internamente y el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es un precio relativo clave que indica la posición competitiva de la economía con el resto del mundo: la cantidad de recursos domésticos necesarios para producir una unidad de un bien comercializado internacionalmente. Las variaciones del tipo de cambio real se relacionan no solamente con la política comercial sino también con las políticas macroeconómicas, es decir, las acciones del gobierno y del Banco Central. A su vez, las variaciones del tipo de cambio real afectan diferencialmente a los sectores económicos según el grado de apertura de cada uno de ellos. En otras palabras, el tipo de cambio real se convierte en el vehículo que transmite los incentivos a las producciones sectoriales. El principal objetivo del análisis es considerar las influencias que las políticas económicas aplicadas han tenido en la composición sectorial del producto y en el proceso de crecimiento global. Las características de la economía argentina. Hasta la gran depresión del año 1930, el agropecuario fue el sector clave en la economía argentina. La pérdida de importancia relativa del sector agropecuario en la Argentina se manifiesta en la reducción de su participación en el producto, empleo de mano de obra y capital. ¿Esta situación fue consecuencia de una caída mundial de los términos de intercambio para los productos agropecuarios o el resultado de las políticas económicas internas? Las políticas económicas tienen efectos diferentes sobre los sectores agropecuario y no agropecuario debido a dos importantes características sectoriales: 1) el uso de capital es más intensivo en el sector agropecuario; y 2) los productos agropecuarios son más comercializados internacionalmente que los no agropecuarios (es decir, difiere el grado de apertura en cada sector). Las políticas económicas se clasificarán en dos grupos: 1) macroeconómicas: incluyen las decisiones del gobierno referidas al tamaño del gasto público, la forma en que éste se financia y la tasa de crecimiento de la oferta de dinero; y 2) comerciales: incluyen los impuestos a las exportaciones y a las importaciones, así como las restricciones cuantitativas tanto para las importaciones como para las exportaciones (siempre que el tipo de cambio oficial para las importaciones se fije en un valor menor al tipo de cambio para las exportaciones, hay un subsidio implícito a las importaciones que compensa el efecto de los impuestos. La reducción de la brecha entre los precios domésticos e internacionales no siempre significa que las restricciones al comercio fueran menores. La prima de mercado negro de divisas es una forma de medir las restricciones cuantitativas). A los fines de estudiar las influencias de las políticas macroeconómicas se construyeron tres indicadores relevantes: 1) la participación del consumo del gobierno en el ingreso total de la económica (provee una medida del tamaño del gasto público); 2) el déficit fiscal total y la parte financiada con endeudamiento, en ambos casos como proporción del ingreso total de la economía; y 3) el dinero en circulación como proporción del ingreso total de la economía, pero valuado éste a precios internacionales (hubo años en los que la expansión monetaria excedió ampliamente al ritmo de devaluación más el ritmo de crecimiento real de la economía y de la inflación internacional. Uno o dos años después, una fuerte devaluación acompañada con una contracción monetaria revertía fenómeno. Esta sucesión de expansiones y contracciones monetario-cambiarias fue provocando una creciente inestabilidad de precios relativos y absolutos). Marco analítico. El crecimiento económico genera cambios significativos en la composición sectorial de la económica. En las primeras etapas de crecimiento, las economías son básicamente rurales, mientras que en las sociedades avanzadas las actividades agropecuarias constituyen sólo una pequeña proporción. El proceso de crecimiento también genera otros cambios sectoriales importantes, tales como un aumento del sector de los servicios. El crecimiento que incrementa las posibilidades de consumo, se genera a través de la acumulación de capital físico y humano y del cambio tecnológico. Al incrementarse la razón capital-trabajo se general incentivos para adoptar técnicas que ahorren mano de obra (debido a que ésta se vuelve relativamente más escasa). Por lo tanto, el crecimiento sectorial no solo implica un movimiento de recursos entre los distintos sectores, sino que también tiene consecuencias sobre la acumulación de capital y los cambios en la fuerza laboral de una economía. La asignación intersectorial de recursos tiene sus costos y, por lo tanto, no es un proceso instantáneo: como resultado de ello se observan importantes diferencias en las retribuciones sectoriales a la mano de obra y capital (en salarios y tasas de retorno, respectivamente).Las políticas económicas aplicadas en la Argentina, gravaron al sector agropecuario, tanto en forma directa (a través de impuestos a las exportaciones) como indirecta (a través de la protección al sector no agropecuario - que es el sector que demanda insumos en forma significativa – y por el sobredimensionamiento del sector público y las frecuentes sobrevaluaciones del peso). En muchos estudios se sugirió que aquellas políticas que dañaban al sector agropecuario, especialmente las reflejadas en la sobrevaluación de la moneda, también tenían un efecto negativo global sobre la economía. La idea subyacente en el enfoque adoptado considera que el contexto o “medio ambiente” económico influye en forma decisiva en el curso presente y futuro de la economía, y que las políticas gubernamentales definen gran parte de dicho contexto (se busca explicitar el mecanismo de transmisión de las políticas económicas al sistema de precios).

Funcionamiento del modelo. Seccionaremos el modelo en cuatro bloques: a-

b-

c-

d-

El sistema de precios relativos: se refiere al tipo de cambio real y el sistema de precios relativos de cada sector económico. En este bloque se aborda de forma explícita la influencia de las políticas gubernamentales (macroeconómicas y comerciales) sobre el tipo de cambio real. Luego se establece el vínculo entre el tipo de cambio real y los precios relativos sectoriales. En la formación de los precios sectoriales intervienen dos conjuntos de determinantes: los que se relacionan con la parte de la producción que es comercializada y los que se relacionan con la parte no comercializada. Dentro de estos últimos se considera el efecto de las políticas macroeconómicas. En cuanto a los determinantes del precio de la producción comercializada, se analiza el papel de los precios externos, los impuestos sobre el comercio exterior y el tipo de cambio real. Este último depende de los términos de intercambio externo, la política comercial, las políticas macroeconómicas y el grado de apertura global. La producción sectorial: se ocupará de los determinantes de las producciones sectoriales y la retribución a los factores de la producción (salarios y rentas). Es decir, se trata de los determinantes de la función de producción: relación entre la cantidad de producto y las cantidades utilizadas de recursos. El producto por habitante máximo o stock de capital total por habitante y el grado de apertura de la economía se suponen representativos de la disponibilidad e incorporación de nuevas tecnologías. La producción de los sectores agropecuario y no agropecuario, sumada a la del sector gobierno (la cual se determina exógenamente) constituye el producto total, es decir, la oferta agregada de la economía. Luego se explica cómo el producto total se reparte entre los factores productivos participantes, es decir, los salarios y las rentas sectoriales. Estas retribuciones a los factores de la producción influyen, a su vez, sobre el crecimiento y asignación de recursos. La demanda agregada y sus componentes: se trata de los componentes de la demanda agregada, es decir, del consumo (determinados por el ingreso personal y la riqueza), inversiones de las empresas (se determinan por la tasa esperada de retorno del capital, la aceleración del crecimiento de la producción y las medidas del gobierno referidas tanto a la inversión pública como al método elegido para financiar el déficit fiscal), las exportaciones e importaciones (éstas se determinan como el residuo que no se consume ni se invierte, debido a que el consumo e inversión del gobiernos están determinados exógenamente). En otras palabras, se analiza cómo se utiliza el producto total. El crecimiento y la asignación de los factores de la producción:tratará de los determinantes del crecimiento de los factores de la producción (trabajo, capital y tierra cultivada) y cómo se asignan dichos recursos entre los sectores productivos. El factor tierra es específico del sector agropecuario y su utilización depende de la rentabilidad en dicho sector. El empleo total de mano de obra se determina por los salarios y se asigna al sector agropecuario mediante una función de migraciones que explica cómo la mano de obra de traslada de un sector a otro. A su vez, dichas migraciones dependen del diferencial de ingresos entre los sectores, de la probabilidad de conseguir empleo en los sectores urbanos y de la rentabilidad en el sector. La mano de obra que no se asigna al sector agropecuario o al gobierno, es absorbida por el sector no agropecuario. El stock de capital físico se determina por las adiciones de inversión neta. Dicha inversión se asigna al sector agropecuario por medio de una función que depende de la rentabilidad relativa del sector. La inversión no asignada al sector agropecuario o al gobierno, fluye al sector no agropecuario.

El tipo de cambio real (primer bloque del modelo). Se debe diferenciar a los bienes que se comercializan internacionalmente, es decir, los bienes que se importan y exportan, de los bienes no comercializados internacionalmente, o también llamados bienes domésticos (producidos y consumidos internamente). Los bienes comercializados internacionalmente están expuestos a la competencia externa. La proporción en que la producción de una economía se comercializa internacionalmente es un indicador del grado de apertura de la economía y, por ende, del grado de competitividad de la producción doméstica con respecto a la internacional. Este grado de apertura puede diferir entre sectores económicos. Obviamente, el grado de competitividad internacional está estrechamente relacionado con el precio de los bienes comercializados relativo al de los bienes no comercializados: el tipo de cambio real. Por lo tanto, un aumento del tipo de cambio real significa un aumento en el precio relativo de los bienes que se importan y exportan en relación a los bienes domésticos. Con ello, los bienes importados tenderán a ser sustituidos por producción nacional, y las exportaciones tenderán a aumentar debido a que la producción nacional aumentará su competitividad con la extranjera. De esto se deduce que la elevación del tipo de cambio real tenderá a mejorar el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos. La evolución del tipo de cambio real en la Argentina. Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), el tipo de cambio real aumentó persistentemente hasta alcanzar en 1918 el máximo histórico. Este aumento estuvo fundamentalmente signado por el alza en el precio de los bienes importados y por una tendencia similar, aunque algo más débil en los precios de los bienes exportados, originados en la interrupción del comercio mundial derivada del conflicto bélico que obligó a los países proveedores de nuestras importaciones (en su mayor parte de origen industrial) a orientar sus esfuerzos productivos según las necesidades de la guerra, creándose así escasez de bienes. Terminada la Primer Guerra Mundial, tendencia del tipo de cambio real se revierte: el comercio exterior, después del conflicto bélico, volvió a expandirse y los precios internacionales disminuyeron persistentemente, en tanto los precios de los bienes no comercializados no se alteraron significativamente. En el periodo posterior a la Gran Crisis (1930), la recesión mundial acentuó la tendencia depresiva en los precios externos mientras que los precios de los bienes no comercializados continuaron sin alterarse, haciendo que el tipo de cambio mundial continuara cayendo. A partir de allí, el tipo de cambio real se mantiene prestamente constante. Iniciada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e interrumpidos nuevamente los flujos de comercio internacional, los aumentos en los precios de bienes importados y exportados volvieron a signar el alza del tipo de cambio real. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1956, es decir, en el periodo de las dos primeras administraciones peronistas(1946-1956), el tipo de cambio real tuvo una tendencia decreciente, con fluctuaciones, aunque recuperándose en 1951 y alcanzando el nivel histórico más de todo el periodo en 1953. Hasta 1946, las causas que explicaron las variaciones del tipo de cambio real eran de origen externo, mientras que, a partir de allí, fue determinado predominantemente por causas de origen interno: la caída del tipo de cambio real desde 1947 hasta 1955 se debió a un ritmo de aumento de los precios de bienes no comercializados muy superior al ritmo de aumento de los precios de los bienes comercializados (crecieron en relación dos a uno). Entre 1956 hasta finales de la década del ’60, la evolución de esta variable estuvo mayormente explicada por la evolución del tipo de cambio nominal y de los precios de bienes no comercializados. A partir de allí, el ritmo de devaluación acompañó cercanamente al ritmo de aumento de los precios de los bienes no comercializados, sin que se produjeran alteraciones del tipo de cambio real. Sin embargo, al principio de la década del ’70 se produjo el “commodity boom” – aumento considerable en los precios externos – lo que hizo aumentar el tipo de cambio real, hasta 1973, cuando los precios de bienes no comercializados se duplicaron. Por un lado, esta caída del tipo de cambio real fue compensada por el auge de los precios internacionales, y por el otro, por una devaluación del tipo de cambio nominal de gran magnitud (política de shock para afrontar el desequilibrio de las cuentas externas en 1975). La economía entró en una profunda recesión con un ritmo de aumento de los precios de bienes no comercializados muy inferior a la

devaluación del tipo de cambio nominal. Entre 1977 y 1978, el aumento del tipo de cambio real fue revertido por la aplicación de una política de apertura comercial: la política cambiaria consistió en prenunciar el aumento del tipo de cambio nominal a la vez que se aplicaron políticas macroeconómicas expansivas caracterizadas por un significativo aumento del gasto público. A pesar de una tendencia creciente de los precios externos, el tipo de cambio real disminuyó persistentemente. En 1981 la política económica permitió una devaluación del tipo de cambio nominal superior al ritmo de aumento de los precios de bienes no comercializados, pero que luego se revirtió entre 1983 y 1984. Determinantes del tipo de cambio real. El tipo de cambio real no es una variable que pueda fijarse arbitrariamente en un nivel alto o bajo: es el resultado de un conjunto de fuerzas entre las cuales, la política económica aplicada por el gobierno juega un papel muy importante. Los principales determinantes del tipo de cambio real son los precios externos de los bienes que entran en el comercio exterior y la política comercial externa. Sin embargo, las estimaciones realizadas para la Argentina han encontrado que las políticas macroeconómicas juegan un rol importante. Habiendo definido el tipo de cambio real como la relación entre los precios de los bienes comercializados y no comercializados internacionalmente, hay que concentrarse en forma separada de los determinantes de cada uno de estos dos precios. Precio de bienes comercializados. Dentro de los bienes comercializados es posible distinguir a los exportados e importados, por lo que es posible referirse a un tipo de cambio real para las exportaciones y otro para las importaciones. Los precios internos de bienes comercializados, sean exportados o importados, están determinados por la conjunción de dos factores: los precios externos y el tipo de cambio nominal. Las economías pequeñas como la argentina, deben someter su comercio exterior a la influencia que sobre esos precios ejercen las políticas proteccionistas y medidas regulatorias que aplican otros países, o grupo de países como la Comunidad Económica Europea (es decir, son tomadoras de precios externos). El tipo de cambio nominal permite la conversión de los precios externos en moneda nacional y depende de la política cambiaria del gobierno (régimen de tipo de cambio fijo, libre o de mini devaluaciones). El precio interno de los bienes comercializados que se ha definido hasta aquí es el precio “frontera” y no contempla las distorsiones introducidas por la política comercial, es decir, la protección al comercio exterior (son las que, en la práctica, permiten que el precio interno diverja del internacional o, en otras palabras, las que impiden que se cumpla la “ley de un solo precio”). La aplicación de retenciones a las exportaciones es una protección negativa. En el caso de las importaciones, la protección se da a través de impuestos, las cuotas, las prohibiciones de importar, etc. El precio que incide directamente en las decisiones de demanda y producción es el que contempla los efectos de la política comercial. El tipo de cambio real efectivo es un precio relativo neto que contempla las distorsiones que introduce la política comercial. Se puede obtener un precio efectivo de los bienes exportados, deduciendo las retenciones, y un precio efectivo de los bienes importados, agregando los efectos de los impuestos. Luego, relacionando los precios efectivos de los bienes exportados e importados con el precio de los bienes domésticos, podemos obtener un tipo de cambio real efectivo para las exportaciones y otro para las importaciones. Precio de bienes no comercializados. La oferta y la demanda interna de los bienes comercializados no necesitan igualarse, pero no ocurre lo mismo en el caso los bienes domésticos: si un bien no es comercializado internacionalmente, significa que la oferta y la demanda internas deben, necesariamente, ajustar una a la otra. Por lo tanto, el precio de los bienes domésticos se determina por el equilibrio entre la oferta y la demanda locales. La oferta de los bienes domésticos dependerá de los precios de los bienes comercializados internacionalmente relativos a los precios de los bienes domésticos y de la dotación de recursos de la economía, que puede ser medida de forma aproximada por el nivel de ingreso (esta aproximación está sujeta a críticas debido a que la dotación de la economía podría medirse por el nivel de ingreso sólo en una situación de pleno empleo). La oferta de bienes domésticos se reducirá cuando más altos sean los precios exportados e importados (debido a que los recursos se moverán hacia la producción de los bienes comercializados internacionalmente) y aumentará cuando más alto sea el nivel de ingreso (reflejando una mayor dotación de recursos). La demanda de bienes domésticos dependerá también del precio relativo de los bienes comercializados y el nivel de ingreso, pero se agregan las políticas macroeconómicas como determinantes (tales como el tamaño del gasto público, los cambios en la deuda pública y en la cantidad de dinero de la economía). Cuando los precios de bienes comercializados aumentan o, alternativamente, cuando los precios de los bienes domésticos disminuyen, la demanda de los bienes domésticos aumentará. Si los bienes domésticos son bienes normales, los aumentos en el ingreso tienden a aumentar la demanda de dichos bienes. El consumo público puede influir en la demanda de bienes domésticos si su composición en términos de bienes comercializados – no comercializados difiere de la del ingreso privado que es gravado con impuestos para financiar el gasto público: el consumo del gobierno es básicamente un a demanda de bienes no comercializados, por lo que un aumento en el gasto del gobierno aumentará la demanda de dichos bienes. La demanda de bienes domésticos se incrementa si los gastos gubernamentales se elevan y se financian con impuestos, pero el efecto es aún mayor cuando el gobierno incrementa el endeudamiento o expande la oferta monetaria como métodos alternativos para financiar el mayor gasto. La deuda pública también afectará la demanda de bienes domésticos cuando la economía es abierta en el sentido financiero, es decir, cuando no existen restricciones a los movimientos de capitales internaciones: un incremento en el endeudamiento del gobierno producirá entradas de capitales que, a su vez, permitirán alcanzar mayores niveles de gasto y, en consecuencia, una mayor demanda de bienes domésticos. El stock de dinero como proporción del ingreso nominal influye en la demanda de bienes domésticos cuando la economía es cerrada en el sentido financiero: un aumento de la oferta monetaria inducirá un cambio en la misma dirección en la demanda interna siempre que el tipo de cambio nominal sea controlado para evitar que aumente al mismo ritmo que los precios nominales (en otras palabras,

generando un atraso cambiario). Para captar el efecto es necesario considerar el stock de dinero como proporción del ingreso nominal pero valuado éste a precios internacionales. Si la economía es abierta en términos financieros, el efecto de los cambios en la oferta monetaria tenderá a ser débil o insignificante: los desequilibrios causados por cambios en la oferta monetaria se ajustarán rápidamente a través de entradas o salidas de capitales, o a través de modificaciones en el tipo de cambio nominal, dejando así inalterada la proporción del stock de dinero en el ingreso. Si la economía es financieramente abierta, el efecto del endeudamiento gubernamental es más fuerte, pero si la economía es cerrada, el efecto de la oferta monetaria es más significativo: en una economía cerrada, la creación monetaria no acompañada por incrementos proporcionales en el tipo de cambio nominal, afecta la demanda de bienes domésticos, aun cuando esta política no esté destinada a financiar el déficit. Sensibilidad del tipo de cambio real y la estructura de la economía. Las fuerzas que influyen sobre el tipo de cambio real pueden dividirse en dos partes: las que inciden sobre los precios internos de los bienes comercializados y las que inciden sobre los precios de bienes no comercializados. Resta ver cómo se relacionan los precios de los bienes comercializados (exportados e importados) con el precio de bienes domésticos. Aquí se introducen parámetros estructurales que definen las características estructurales de la economía, como el grado de sustitución que existe entre la producción de bienes exportados, importados y domésticos. En el caso extremo en que no haya posibilidad de sustitución entre los dos tipos de bienes, cualquier cambio que se produzca en el precio de los bienes exportados, como resultado de cambios en su producción y demanda, no tendrá ninguna influencia sobre la producción y demanda del bien doméstico y, por tanto, sobre su precio. En este caso, la producción y demanda de bienes importados y domésticos estarán estrechamente relacionadas y, en consecuencia, habrá una mayor influencia del precio de los bienes importados sobre los domésticos. Este es el caso de economías cerradas por el lado de las exportaciones y abiertas por el lado de las importaciones. Un segundo caso es aquel en que existe un bajo grado de sustitución entre la producción y demanda de bienes importados y domésticos: el precio del bien doméstico tenderá a ser influido por el precio del bien exportado. Este es el caso de economías abiertas por el lado de las exportaciones y cerradas por el lado de las importaciones. En general, cuando existe un alto grado de sustitución en la producción y la demanda entre los bienes domésticos y comercializados, los precios de los bienes domésticos estarán principalmente influidos por los precios de los bienes comercializados, ya sean estos exportados o importados. Las políticas macroeconómicas que afectan a los precios domésticos tendrán una influencia que será tanto menor cuanto mayor sea el mencionado grado de sustitución. Independientemente de esas políticas internas, la gran sustituibilidad entre bienes comercializados y domésticos implica una mayor competencia que impide que los precios internos diverjan de los externos. La economía argentina anterior a 1930 tenía una estructura con estas características. El grado de sustitución depende de factores estructurales, tales como el grado de integración de la economía con los mercados mundiales. Mientras más restringido sea el comercio internacional menor será dicho grado de sustitución. Si las restricciones son más importantes por el lado de las importaciones, el grado de sustitución entre bienes importados y bienes domésticos será menor comparado con el grado de sustitución entre los bienes exportados y los domésticos. Desde principios de los años ’50, cuando la economía se hizo muy cerrada, los precios de los bienes domésticos fueron principalmente influidos por el precio interno de las exportaciones antes que por el precio de las importaciones. Esto ha sido señalado como una de las características estructurales de la economía argentina de las últimas décadas: los precios internos de los bienes de exportación afectan el costo de vida porque las exportaciones son, en su mayor parte, bienes salario (es decir, aquellos que integran la canasta típica de un consumir asalariado, como, por ejemplo, los alimentos). Dichos precios tienen una fuerte influencia sobre los precios de la canasta familiar y sobre los salarios. Esto implica que, desde finales de los años ’50, los cambios en los impuestos a las exportaciones tienen una débil influencia sobre el tipo de cambio real efectivo de las importaciones (ya que al aumentar el precio interno de las exportaciones también aumenta el precio de los bienes domésticos, por lo que el cociente no se ve afectado significativamente. Según el estudio realizado, cuando las retenciones se reducen en un 20%, el tipo de cambio real efectivo de las exportaciones aumenta en sólo un 5%). Esto tiene una explicación: al reducir las retenciones, se produce un mayor incentivo para producir bienes exportables lo que induce un aumento en las ventas al exterior. Sin embargo, las restricciones sobre las importaciones impiden que los ingresos adicionales en divisas generados en el aumento de las exportaciones se usen para aumentar las importaciones. En consecuencia, se genera un superávit comercial, las reservas externas aumentan y se produce una expansión de la oferta monetaria. A su vez, esto provoca el aumento de los precios domésticos y por consiguiente el tipo de cambio real cae. El resultado sería diferente si se permitiera que las importaciones aumenten rápidamente, es decir, si la economía se abriera. En ese caso, el cambio en las retenciones tendría un efecto relevante sobre el tipo de cambio real efectivo de los bienes exportados. Se encontró que el tipo de cambio real depende de los términos de intercambio externo, del ingreso, de los impuestos a las exportaciones e importaciones, del consumo público, del endeudamiento del gobierno, y del grado de apertura comercial y financiera de la economía. El efecto de la política comercial es un indicador que surge del grado de sustitución en la producción y demanda entre bienes comercializados y domésticos. El efecto del gasto público es negativo, pero comenzó a cobrar importancia a partir del año 1930, desde que la economía argentina se hizo menos abierta al comercio exterior. La fuerte influencia del gasto público sobre el precio de bienes domésticos sólo se produce cuando es baja la sustitución entre importaciones y bienes domésticos, es decir, cuando hay fuertes restricciones a las importaciones. El déficit fiscal financiado con endeudamiento tiene un efecto, en promedio, negativo: el aumento del déficit obliga al gobierno a endeudarse, ya sea interna o externamente. Esto eleva la tasa de interés e induce la entrada de recursos financieros externos que deprimen el tipo de cambio nominal, o un aumento de los precios domésticos, o una combinación de ambas. En periodos de restricciones a los movimientos de capital, la magnitud del efecto se reduce en valor absoluto y, en años de extremo encerramiento, se hace positivo. Esto se debe a que, cuando los mercados financieros domésticos están completamente cerrados (es decir, cuando la prima de mercado negro es muy alta) el financiamiento del déficit mediante endeudamiento produce un desplazamiento muy fuerte del gasto privado (se debe a la ausencia de fondos externos, por lo que la única opción es endeudarse en el mercado interno, aumentando el ahorro interno a expensas del consumo). En situaciones intermedias, cuando las restricciones a las transacciones con el resto del mundo son más leves (cuando la prima en el mercado negro oscila entre el 20 y 40%), el efecto se atenúa parcialmente: la entrada de recursos financieros externos permite atenuar el efecto de desplazamiento del gasto privado. El efecto de la política monetaria – cambiaria depende también del grado de apertura financiera de la economía: cuando la economía es muy abierta, la expansión monetaria por encima de la devaluación, de la inflación externa y del crecimiento real, afecta negativamente al tipo de cambio real. El efecto es mayor, en valores absolutos, cuando la economía es más cerrada a las transacciones financieras con el resto del mundo, ya que no permite una respuesta rápida de las entradas y salidas de capitales. El efecto de la apertura comercial y financiera: una mayor apertura comercial de la economía producirá un aumento en el tipo de cambio real y, dicho aumento será relativamente más importante, cuando el punto de partica es una economía más cerrada. El grado de apertura financiera se mide por la prima en el mercado negro de divisas. Este efecto es negativo, indicando que cuando se abre la economía a las transacciones financieras con el resto del mundo, se producirá, en general, una caída en el tipo de cambio real: una mayor oferta de ahorros externos contribuye a deprimir el tipo de cambio real (atraso cambiario). Dicho efecto será tanto mayor mientras mayor sea el déficit financiado con endeudamiento (este fenómeno sucedió

intensamente alrededor de 1980). De todo el análisis se desprende que las políticas del gobierno juegan un papel importante sobre la posición competitiva de la economía. Apéndice 1. El tipo de cambio nominal expresa la relación de cambio entre dos monedas, o más específicamente, la cantidad de moneda nacional necesaria para obtener una unidad de moneda extranjera. Cuando se trata de dos países nos referimos al tipo de cambio bilateral. Muchas veces resulta conveniente referirse al tipo de cambio nominal que surge de promediar los tipos de cambio bilaterales de los países con los que una economía mantiene relaciones comerciales: tipo de cambio multilateral. A lo largo del tiempo, el tipo de cambio nominal no expresa la verdadera relación de cambio entre monedas: es censario corregir el tipo de cambio nominal por la relación de precios externos e internos: e = EP*/P. Este es el tipo de cambio real, E es el promedio de los tipos de cambios nominales, P* un promedio de los precios de bienes extranjeros y P, un promedio de precios de bienes nacionales. El tipo de cambio real queda definido como el poder adquisitivo de la moneda nacional en términos de la moneda extranjera: “poder adquisitivo de paridad de la moneda”. Dicha definición es relevante cuando todos los bienes de la economía son comercializados internacionalmente. En ese caso decimos que rige la “ley de un solo precio”, es decir, los precios internos son proporcionales a los precios externos. Así, un tipo de cambio real alto implicará una depreciación real de nuestra moneda y un aumento de la competitividad de la producción nacional con respecto a la extranjera, produciendo una mejora del saldo de la cuenta corriente. Lo contrario ocurre con un tipo de cambio real bajo. Sin embargo, existe una parte de la producción nacional que no es comercializada internacionalmente, por lo que la definición de tipo de cambio dada deja de ser un indicador relevante de la competitividad de la producción nacional. Es necesario recurrir a la relación entre los precios internos de los bienes comercializados y los de los no comercializados internacionalmente: e = EPT/PNT. Donde PT es un promedio de los precios externos de bienes comercializados (exportados e importados), PNT es u promedio de los precios internos de los bienes no comercializados o domésticos, y E es el tipo de cambio nominal. Definido de esta manera, un tipo de cambio real alto implica una mejora en el precio relativo de los bienes que el país comercializa internacionalmente con respecto a los bienes domésticos: una mejora en la posición competitiva del país con otras economías. Apéndice 2. El balance de pagos de una economía es el registro de las transacciones de bienes, servicios y capitales entre residentes nacionales y extranjeros en un período determinado. Está compuesto por dos grandes cuentas: 1) la cuenta corriente: registra las transacciones reales, es decir, exportaciones e importaciones de bienes y servicios reales (incluido los servicios financieros resultantes de la posición neta de la economía como acreedora o deudora con el resto del mundo); y 2) la cuenta capital: registra los flujos de capitales con el exterior, es decir, las entradas de capital cuando el país de endeuda con el extranjero o las salidas de capitales cuando el país presta al resto del mundo o amortiza sumas adeudadas. Dentro de la cuenta capital es posible distinguir los movimientos autónomos (aquellos que se deben a decisiones de los agentes económicos) y los movimientos compensatorios (aquellos que se originan para compensar desequilibrios del balance de pagos). Sin embargo, es difícil distinguirlos ya que el deseo de los agentes económicos de endeudarse en el exterior y atraer capitales al país se originan frecuentemente en políticas monetarias y fiscales internas que, precisamente, se aplican para corregir los desequilibrios del balance de pagos. Es posible computar el saldo de la cuenta capital como una diferencia entre la entrada y salida de capitales autónomos desde y hacia el resto del mundo. El resultado o saldo del balance de pagos es simplemente la suma de los saldos de la cuenta corriente y la cuenta de capital. Nos referimos a una situación de equilibrio externo cuando el resultado del balance de pagos es nulo, y a un desequilibrio cuando es positivo o negativo. Cuando el balance de pagos está en desequilibrio, digamos en déficit, es necesario financiar este resultado negativo mediante la entrada de capitales compensatorios o mediante la venta de reservas extranjeras, o una combinación de ambas. La política económica, estabilidad y crecimiento. El principal objetivo es evaluar el costo, en términos de crecimiento de largo plazo, de las políticas económicas que fueron aplicadas para enfrentar shocks externos o para alcanzar metas económicas de corto plazo. En general, se concluye que políticas económicas diferentes a las aplicadas hubieran permitido que Argentina alcance un desempeño económico superior al que tuvo. Para el análisis, se separan los efectos de las políticas comerciales de las macroeconómicas, y se divide el periodo de tiempo en tres etapas: 1) desde 1929 hasta finales de la década del ’30; 2) desde 1946 hasta mediados de la década de los ´50; y 3) desde 1970 hasta mediados de la década del ’80. 1-

Respuesta a la gran crisis del ’30.

La gran crisis, que comenzó en octubre de 1929, afectó a la economía argentina de la misma forma que a todas las economías nacionales integradas al comercio y las finanzas mundiales. La reducción de los precios internacionales provocó una caída en el comercio y en los ingresos fiscales. Las autoridades económicas reaccionaron tratando de limitar la devaluación del peso a la vez que acudieron al endeudamiento interno para financiar el déficit fiscal antes de hacerlo mediante emisión de dinero. Para limitar la magnitud de la devaluación se recurrió a la venta de reservas externas (lo que generó una contracción del crédito interno), se incrementaron los aranceles de importación y se adoptaron luego controles de cambio. A pesar de la deflación en el nivel general de precios, las tasas de interés internas sólo se redujeron levemente debido a que el gobierno aumentó su endeudamiento de manera considerable para poder financiar su déficit. En 1933, la tendencia se revirtió, cuando se crearon nuevos impuestos a los ingresos para compensar la pérdida de ingresos fiscales provenientes de los impuestos al comercio exterior. La caída de los precios domésticos y del ingreso nominal produjeron tasas reales de interés muy altas, haciendo mucho más pesada la carga de la deuda. Esta gran crisis financiera repercutió de manera negativa en el proceso productivo. En un régimen disciplinado por el patrón oro, la adopción de políticas económicas diferentes a las aplicadas para enfrentar la deflación y la crisis financieras, pudo considerarse quizás inapropiada para aquella época. Sin embargo, hoy pueden analizarse un conjunto de políticas alternativas que podrían haber evitado aquella deflación y crisis financiera, que fueron los dos vehículos transmisores de los efectos negativos con que la Gran Crisis golpeó a la economía argentina. La estabilización del nominal surgió claramente como un objetivo de corto plazo razonable, y podría haberse alcanzado a principios de los años ’30 si se hubiera permitido una mayor devaluación del peso y evitado la contracción monetaria. La devaluación del peso habría sido mayor si el gobierno hubiera decidido no disminuir las reservas externas, no aumentar las tarifas a las importaciones y no adoptar controles de cambio. La contracción monetaria podría haber sido evitada simplemente emitiendo dinero para financiar el déficit en lugar de aumentar la deuda pública. Bajo estas políticas alternativas, el déficit financiado mediante endeudamiento hubiera sido mucho menor lo que hubiera evitado la contracción del crédito interno. De esta manera, se hubiera evitado la delación y la recesión que se observó después de la Gran Crisis. El costo de las políticas alternativas habría sido una reasignación del empleo y una caída del salario real generalizada en todos los sectores, pero habría estado más que compensada con los aumentos de la producción, consumo, inversión y comercio exterior. El tipo de cambio real y los precios relativos sectoriales habrían tenido tendencias muy favorables bajo el conjunto de políticas alternativas.

2-

El programa de redistribución del ingreso del presidente Juan Perón (1946-1956).

La interrupción en el funcionamiento de los mercados en los años ’30 y la escasez en la oferta de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial, dieron un vigoroso sustento a la idea de que la expansión de los mercados domésticos protegidos podría ser un sustituto de las exportaciones argentinas como motor de crecimiento. Los términos de intercambio de tornaron muy favorables a las exportaciones tradicionales argentinas y se esperaba que, bajo esas circunstancias auspiciosas, la Argentina reiniciara un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Sin embargo, la historia fue diferente por dos motivos: en primer lugar, predominabas las ideas que apoyaban la estrategia de desarrollo hacia adentro, y por el otro, Perón estaba principalmente preocupado por la redistribución del ingreso a favor de los asalariados (sector que constituyó la base de su apoyo político). Las políticas aplicadas en este periodo continuaron y profundizaron la estrategia de crecimiento basada en la sustitución de importaciones que se había desarrollado espontáneamente desde la Gran Crisis y después de la Segunda Guerra Mundial. Los instrumentos que favorecieron que los precios relativos se tornaran favorables a las manufacturas y a los servicios urbanos fueron, principalmente, la adopción de un régimen cambiario que permitió la sobrevaluación del peso y la aplicación de políticas fiscales expansivas. El uso activo de las reservas externas acumuladas durante el periodo bélico, las fuertes restricciones cuantitativas a las importaciones y los controles cambiarios, fueron los medios a través de los cuales se produjo y mantuvo la sobrevaluación del peso. Hacia la primera parte de la década del ´50, una combinación de shocks externos y problemas domésticos forzaron un cambio en la política fiscal: los términos de intercambio externo revirtieron su tendencia alcista, la inflación anual fue del 40% y la sequía agravó a crisis por la que atravesaba el sector agropecuario. El gobierno decidió reducir el gasto público y el déficit fiscal sin introducir grandes cambios en las políticas cambiaria y comercial. Se argumentó que la Argentina, como consecuencia de la estrategia de desarrollo hacia adentro, desaprovechó las ventajas proporcionadas por la expansión del comercio mundial en las décadas del ’50 y ’60, y también que, como consecuencia de la política fiscal expansiva y aumento de salarios, se generaron presiones inflacionarias que desde entonces han estado presentes en el escenario económico argentino. Las políticas alternativas propuestas son similares al caso anterior: 1) mayor apertura comercial reduciendo trifas a las importaciones y eliminando restricciones cuantitativas; 2) crecimiento gradual del gasto público como proporción del ingreso nacional; 3) el déficit fiscal financiado con endeudamiento se ajustó a la nueva regla sobre el gasto; y 4) política monetaria y cambiara más estable: la razón entre el stock de dinero y el ingreso nacional expresado en dólares, se supuso constante en el nivel promedio del periodo anterior. Como resultado, la economía habría tenido un mejor desempeño. Sin embargo, estas políticas difícilmente hubieran sido aplicadas en este periodo debido a que hubieran generado una caída significativa en los salarios reales (aunque manteniendo el mismo nivel de empleo global), opuesto al objetivo de Perón. Sin embargo, complementado con otras políticas (como una combinación de impuestos y subsidios orientados a transferir ingresos desde los perceptores de rentas a los de salarios) se hubiera alcanzado tanto un mejor desempeño de la economía argentina como una mejor distribución del ingreso. 3-

Inestabilidad y estancamiento (los ’70 y los ’80)

Hacia 1960, el plan de estabilización y crecimiento del presidente Arturo Frondizi estaba generando niveles de inversión récord y la tasa de inflación más baja en muchos años. Estas eran señales de una economía vigorosa a pesar de la aguda recesión de 1962-1963 y de una aceleración inflacionaria en 1965-1966. Hacia 1969, el plan de estabilización del ministro KriegerVasena había reencauzado la economía en la senda del crecimiento con baja inflación. En 1970, el escenario político se complicó por diversas razones: el surgimiento del terrorismo y la guerrilla (el militarismo había reemplazado a la democracia), el renacimiento de un nacionalismo económico externo y la gran confianza en el rol del gobierno para promover el crecimiento a través de participación en los procesos de inversión y producción. Entonces, se produjo un cambio drástico en la ideología económica, orientado hacia políticas de mercado libre en el contexto de una mayor integración al comercio y las finanzas internacionales. Sin embargo, el tamaño del gobierno continuó siendo muy grande y el alcance de su intervención muy ineficiente. El único cambio importante fue el de la composición de los gastos públicos que disminuyeron en el área de servicios sociales y aumentaron en defensa y seguridad. El fenómeno más impactante fue el aumento del gasto público y del déficit fiscal, siendo principalmente financiado con emisión monetaria a principios de la década del ’70,y con endeudamiento interno y externo, después de 1975. Las políticas monetarias y cambiarias se caracterizaron por amplias variaciones cíclicas. El plan de Martinez de Hoz fue lanzado en un momento de exceso de liquidez en los mercados financieros internacionales. La política monetaria comenzó siendo restrictiva provocando fuertes alzas en la tasa de interés real, lo que desencadenó una crisis financiera durante 1981-1982 y agravó las tendencias recesivas en el nivel de actividad. Los influjos de capitales por el diferencial de tasas de interés permitieron que el peso atravesara un nuevo periodo de sobrevaluación persistente, revirtiéndose en 1981-1982 cuando las autoridades fueron obligadas a producir grandes devaluaciones del peso. Así, durante 1970-1984 la tasa de inflación alcanzó niveles muy altos haciéndose, a la vez, muy volátil, mientras que la economía se mantuvo estancada, excepto por la corta duración del “commodity boom” entre 1973-1974. La estrategia de estabilización se basaba principalmente en controles de precios y/o endeudamiento para financiar el déficit. En la primera mitad de la década del ’70 se elevó y generalizó la protección, mientras que, a partir de 1975, se pasó a una estrategia aperturista, lo que permitió cambiar la fuente de financiamiento del déficit. Se podrían haber optado por políticas alternativas (análogas a las del periodo anterior) que eviten la extrema inestabilidad y el persistente estancamiento. De esta forma, después de 15 años, el producto total de la economía podría haber sido un 33% superior, mientras que las exportaciones e importaciones se podrían haber duplicado. Esto hubiera permitido mejoras en los salarios reales, un mayor consumo privado y mayor inversión. Conclusiones. La principal conclusión es que las políticas equivocadas han sido las causantes del estancamiento de la economía argentina. La idea básica en el modelo formal del análisis reside en el rol de los incentivos económicos como fuerza motora del crecimiento, dentro de los cuales, los precios relativos juegan un papel preponderante, junto con el “medio ambiente” económico. A su vez, las políticas económicas gubernamentales constituyen uno de los principales mecanismos a través de los cuales se manifiesta dicho “medio ambiente” o estado de la economía. Un rasgo común en los tres episodios estudiados permitió extraer una conclusión que revela que en la Argentina ha existido una contradictoria obediencia a los postulados de la teoría económica: mientras que el sistema de precios ha sido objeto de permanentes distorsiones a los fines de alcanzar metas redistributivas, la política fiscal ha sido usada para promover la asignación de recursos (no cumple con el principio de clasificación de los mercados de Mundell). Este estudio revela las enormes potencialidades que la Argentina posee y están latentes, pero reclaman un cambio de rumbo para recobrar vitalidad.

UNIDAD 4: Solvencia Externa 1-

Solvencia externa (capítulo 5 – Gay)

El equilibrio externo se obtiene cuando el déficit por cuenta corriente de un país no es ni tan grande, como para que éste no sea capaz de hacer frente a sus deudas externas futuras, ni su superávit sea tan abultado que coloque a los extranjeros en esa misma situación. Estos desequilibrios generalmente conducen a maxidevaluaciones o crisis cambiarias que conllevan inmensos costos sociales. Las crisis cambiarias se producen cuando las reservas internacionales se agotan y el BCRA se ve imposibilitado de defender el valor de la moneda. Estos ataques contra las reservas se originan en situaciones de atraso cambiario. En algún momento, se utilizó el tipo de cambio como ancla de los precios, lo que a mediano plazo constituye un grave error ya que el precio de los bienes no transables no depende del tipo de cambio: la fijación del tipo de cambio estabiliza el precio de los bienes transables, pero no logra controlar el precio de los bienes no transables, lo que resulta en una apreciación de la moneda, genera problemas de competitividad y escasez de divisas. Esto termina, finalmente, con una devaluación. Estas crisis cambiarias y maxidevaluaciones dieron lugar, generalmente, a la violación de contratos (violación de derechos de propiedad), aumento de la pobreza y deterioro en la distribución del ingreso. Estas razones son suficientes para considerar a la solvencia externa como un objetivo importante a garantizar. Cuenta corriente. En una economía cerrada: I = S + (T – G), tanto el ahorro como la inversión representan aquella parte del producto nacional que no se utiliza para consumo. En una economía abierta, el país puede acumular activos financieros netos contra residentes del exterior (superávit en cuenta corriente): CC = B* - B*-1. Un país muy endeudado externamente, ha llegado a esa situación porque la cuenta corriente ha sido deficitaria durante largo tiempo. Entonces, ahora: S = I + (G – T) + B* - B*-1, el ahorro puede utilizarse para la inversión interna, para la compra de deuda del sector público y para la inversión neta en activos externos, respectivamente. Otra manera de representar la cuenta corriente será entonces, como la diferencia entre el ahorro y la inversión: CC = S + (T– G) – I. También puede escribirse cómo: CC = Y – (C + G + I), donde la expresión entre paréntesis es la “absorción” o sea, el gasto total de los residentes nacionales. El saldo de la balanza de pagos es la suma de la cuenta comercial y el saldo de remesas: CC = X – IM + rB*-1. El déficit de cuenta corriente está señalando no simplemente un exceso de inversión sobre el ahorro, o de la absorción sobre el ingreso, sino también un exceso de importaciones sobre exportaciones. Pero también existe la posibilidad de que, existiendo un superávit comercial, el saldo negativo de remesas (intereses de la deuda) genere un déficit de cuenta corriente. Todas las formulaciones de la cuenta corriente son igualmente válidas. La tercera formulación muestra la razón por la cual la cuenta corriente es importante en la macroeconomía internacional: cambios en la cuenta corriente pueden asociarse a variaciones en el producto, y en consecuencia en el nivel de empleo, y también porque mide el monto y la dirección del endeudamiento externo. A partir del momento en que un país registra un déficit de la cuenta corriente, su deuda externa neta deberá aumentar en un monto equivalente. Solamente endeudándose con el exterior puede tener un país un déficit por cuenta corriente y adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios de la que está produciendo. En el caso de que no utilice todo su producto, tiene un superávit de cuenta corriente y estará prestando dicho superávit en forma de créditos al exterior, es decir, está exportando consumo presente e importando consumo futuro. Un país con déficit de cuenta corriente está importando consumo presente y exportando consumo futuro. Según Krugman y Obstfeld, un país que esté comprometido a mantener un tipo de cambio fijo, puede muy bien adoptar una definición de equilibrio externo diferente de la de aquellos países con tipo de cambios flexibles. A menudo se identifica que el equilibrio externo (como el equilibrio por cuenta corriente) no es adecuado como regla general, es decir, una situación de déficit de cuenta corriente no necesariamente es indeseable.Se puede pensar en los desequilibrios de cuenta corriente como otro ejemplo de cómo los países obtienen ganancias con el comercio exterior: por el intercambio de bienes de consumo a lo largo del tiempo (consumo inter-temporal). Los países con pocas oportunidades de inversión interna deberían invertir poco en el interior y canalizar sus ahorros hacia inversiones más productivas fuera del país. Dicho de otra manera, los países donde la inversión es relativamente menos productiva, deberían ser exportadores netos de producción corriente (teniendo superávit por cuenta corriente), mientras que los países en donde la inversión es relativamente más productiva deberían ser importadores netos de producción corriente (teniendo déficit de cuenta corriente). Para saldar sus deudas con el exterior, cuando venzan los préstamos, estos países exportaran producción a los primeros completando de este modo el intercambio de consumo presente por consumo futuro. Es decir, al tomar préstamos o prestar, el país está comerciando a través del tiempo. Hay otras razones que justifican un desequilibrio en la cuenta corriente, por ejemplo, un país donde la producción caiga temporalmente. Por estos motivos, ningún responsable de la política económica desea adoptar una balanza por cuenta corriente equilibrada como objetivo para alcanzar en toda circunstancia. Los países tratan de evitar grandes déficits o grandes superávits, a menos que tengan claro que esos grandes desequilibrios están justificados por potenciales ganancias del comercio inter-temporal. Los países son prudentes en esta cuestión porque el saldo exacto de la cuenta corriente que maximiza las ganancias del comercio inter-temporal es difícil (si no imposible) de estimar. Además, dicho saldo óptimo puede cambiar en el tiempo de modo impredecible debido a los cambios en las condiciones de la economía. Sin embargo, grandes déficits por cuenta corriente representan un elevado consumo presente como resultado de una desacertada política gubernamental o de un mal funcionamiento de la economía. Otras veces, los proyectos de inversión que utilizan recursos externos pueden estar mal planteados al basarse en expectativas de futuro excesivamente optimistas. En particular, un elevado déficit por cuenta corriente causado por una política fiscal expansiva, que no haga a la vez más rentables las oportunidades de inversión en el país, puede poner de manifiesto la necesidad de restaurar el equilibrio externo mediante un cambio de rumbo en la economía. En ciertas ocasiones, el objetivo externo resulta más de una imposición externa que de una libre elección del propio país: los acreedores extranjeros se vuelven reacios a conceder nuevos préstamos, y pueden incluso, solicitar la devolución inmediata de aquellos concedidos previamente. Por otro lado, un superávit por cuenta corriente implica que el país está acumulando activos en el exterior, ¿por qué podría ser esto un problema?: para un determinado nivel de ahorro nacional, un aumento del superávit implica una menor inversión en instalaciones y equipos en el propio país. La identidad contable S + (T – G) = I + CC, indica que el ahorro nacional total se divide en inversión interna e inversión en activos extranjeros. Otros aspectos negativos de un superávit por cuenta corriente, puede ser que los rendimientos del capital invertido internamente pueden ser más fáciles de gravar con impuestos que los obtenidos afuera, y/o que un aumento de la inversión interna puede contribuir a reducir el desempleo y aumentar el nivel de ingreso nacional. Las economías de los países que se hallan en déficit, enfrentan presiones mucho más intensas para restablecer el equilibrio externo (ya que dependen de sus acreedores, que pueden cancelar los créditos en cualquier momento), en cambio, un país prestamista no se enfrenta a ningún límite impuesto por el mercado respecto a su superávit. Esta es una asimetría fundamental. El objetivo del equilibrio consiste, entonces, en un nivel de la cuenta corriente que permita conseguir las mayores ganancias del comercio en el tiempo, sin el riesgo derivado de los problemas discutidos hasta aquí. Balanza de pagos y equilibrio externo. La balanza de pagos es un registro de cantidades (cantidades de bienes exportados e importados, y cantidades de capitales que entran y salen) y el precio en ese mercado es el tipo de cambio. El tipo de cambio de equilibrio es el precio que mantiene en

equilibrio a la balanza de pagos en el largo plazo. Por lo tanto, el tipo de cambio es, junto con el salario real y el costo de capital, uno de los tres principales precios relativos de la economía. La balanza de pagos se compone de dos grandes cuentas: 1) la cuenta corriente: contabiliza las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y los pagos netos de intereses; y 2) la cuenta capital: registra los flujos de capitales con el exterior (es el excedente de inversiones internas sobre el ahorro interno, privado más público). Ex ante, la balanza de pagos está en equilibrio cuando no hay variaciones en las reservas internaciones del Banco Central: CC + CK = ∆R. Si ∆R = 0, la BP está en equilibrio, si ∆R < 0, existe un déficit de BP y cuando ∆R > 0, existe un superávit de BP.

1- BIENES 2- SERVICIOS 3- TRANSFERENCIAS BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 4- CAPITALES A LP BALANZA BASICA 5- CAPITALES A CP 6- VARIACION DE RESERVAS

CREDITOS Exportaciones Exportaciones Recibidas

DEBITOS Importaciones Importaciones Otorgadas

Entradas

Salidas

Entradas Reservas (-)

Salidas Reservas (+)

La cuenta variación de reservas se contabiliza con signo contrario, de manera que un saldo negativo o deficitario en oro y divisas significa un aumento neto de las reservas, y un saldo positivo refleja una pérdida de reservas internacionales. El saldo de cada una de las sub balanzas tiene que corresponderse con un saldo equivalente, pero de signo contrario en el resto de las partidas. Un país se encuentra en una situación complicada cuando hay déficit persistente de balanza de pagos: cuando se agotan las reservas, o en el corto plazo haya que devolver los capitales, la situación puede ser muy complicada. Así, mientas que una situación de superávit de la balanza básica puede mantenerse a pesar de que oculte un déficit por cuenta corriente, un déficit persistente de la balanza básica requiere tomar medidas para equilibrar el sector externo. El tipo de cambio real. La relación entre los precios de los bienes producidos en el exterior, expresados en pesos, y los precios de los bienes producidos internamente, es lo que se denomina tipo de cambio real. Éste refleja la competitividad de un país en el comercio internacional. El mismo, puede expresarse en términos de tasa de crecimiento cuando las variaciones son infinitesimales: ∆e/e = ∆E/E + ∆P*/P* - ∆P/P. El tipo de cambio real definido tiene en cuenta los cambios en el poder adquisitivo de las monedas como consecuencia de los cambios en los niveles de precios de los países. Otra definición de tipo de cambio real: e = PT/PNT, el precio relativo entre los bienes transable y no transables. Los bienes transables están expuestos a la competencia internacional, mientras que los no transables no lo están. Este precio relativo está determinado por dos grandes fuerzas: la cuenta corriente y la cuenta capital, y la BP está en equilibrio cuando la suma de ambas es igual a cero. El flujo internacional de fondos para financiar la acumulación de capital y el flujo internacional de bienes y servicios, son dos caras de la misma moneda: CC = - CK. La curva de cuenta corriente tiene pendiente positiva y la línea que representa el ahorro nacional neto de la inversión es vertical, ya que ni el ahorro ni la inversión dependen del tipo de cambio real: el ahorro está determinado fundamente por la función de consumo y la política fiscal, y la inversión depende de la función de inversión y de la tasa de interés. La intersección de las dos curvas determina el tipo de cambio real de equilibrio. Las alteraciones del tipo de cambio real de equilibrio pueden surgir por desplazamientos de las curvas mencionadas. La curva (S + T – G – I) se desplazará a la izquierda con un aumento del gasto público, con una reducción de impuestos o la eliminación del impuesto inflacionario, con un aumento en la demanda de inversión, o con una reducción de la tasa de interés internacional que estimule la inversión. Este movimiento generará una disminución del tipo de cambio real. La eliminación de todas las restricciones cuantitativas a las importaciones de bienes genera un aumento en las importaciones para un tipo de cambio dado (las exportaciones netas disminuyen y la curva XN se desplaza hacia la izquierda), aumentando así el tipo de cambio real de equilibrio. Sin embargo, a largo plazo, las exportaciones netas no varían: el aumento inicial de las importaciones es compensado por el aumento de las exportaciones inducido por el aumento del tipo de cambio real de equilibrio luego del desplazamiento hacia la izquierda de la curva XN. A pesar de que el volumen del comercio aumenta (más exportaciones y más importaciones), el saldo de la cuenta corriente permanece inalterado. La enseñanza es que, cuando se quiere modificar la cuenta corriente, se debe implementar una política que modifique la cuenta capital, es decir, la inversión menos el ahorro. El saldo de la cuenta corriente se deteriora, si y sólo si, la baja del tipo de cambio real logra reducir el ahorro interno o aumentar la inversión, cosa que no ocurre en el largo plazo. Los cambios en la productividad en favor de los sectores productores de bienes transables respecto a los sectores productores de bienes no transables, genera un aumento de las exportaciones para un tipo de cambio real dado: la curva XN se desplaza hacia la derecha, aumenta la oferta de dólares y el tipo de cambio real de equilibrio disminuye. En términos generales, el tipo de cambio real de equilibrio está influido por múltiples factores: el gasto público, su financiamiento, los impuestos, los movimientos de capitales, los aranceles y las retenciones, y los diferenciales en los aumentos de productividad entre los sectores. En toda economía y en todo régimen cambiario, el tipo de cambio real observado tiende a igualarse al tipo de cambio real de equilibrio: un régimen de tipo de cambio flotante lo hace básicamente a través de variaciones de tipo de cambio nominal, mientras que un régimen de tipo de cambio fijo lo hace a través de variaciones nominales en el precio de los bienes no transables. Frente a un exceso de oferta de dólares (por ejemplo, cuando hay abundancia de capitales en los mercados financieros internacionales, lo que genera una disminución de la tasa de interés y un estímulo a la inversión), y con un régimen de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio nominal disminuye, lo que induce una baja en el precio de los transables y, en consecuencia, del tipo de cambio real. Si el régimen es de tipo de cambio fijo, el Banco Central estará obligado a comprar dólares poniendo más dinero en circulación, lo que aumentará la demanda y el precio de los bienes no transables, provocando así una reducción del tipo de cambio real y de las exportaciones netas, de manera tal que se elimine el exceso de oferta de dólares. Las rigideces en los mercados de los no transables pueden dificultar el ajuste del tipo de cambio real observado al de equilibrio, sobre todo cuando el precio de los bienes no transables debe disminuir. Hay pérdida de competitividad para la economía en su conjunto cuando la diferencia entre el tipo de cambio real de equilibrio y el tipo de cambio real observado aumenta. Cuando el tipo de cambio real observado disminuye sin que se modifique el tipo de cambio real de equilibrio, se genera atraso cambiario. Pero si ambos disminuyen en proporciones similares, el des-alineamiento cambiario de la economía no se altera. Algo similar ocurrió en Argentina, en los primeros años de la década del ’90, cuando a pesar de la caída del tipo de cambio real observado, no hubo problemas en el sector externo: la curva XN se desplazó a la derecha debido a incrementos en la productividad relativa de los sectores transables, y la curva de ahorro neto se desplazó hacia la izquierda debido a los aumentos en la inversión y el gasto público. Las devaluaciones asiáticas generaron pérdida de competitividad para la

economía argentina al no alterarse el tipo de cambio real de equilibrio. Los mecanismos de ajuste posibles en ese momento eran o una devaluación o una deflación o un aumento de la productividad relativa de los bienes transables. Cuando se introduce el pago de intereses de la deuda externa en la cuenta corriente, a medida que la deuda aumente, la curva XN se desplazará hacia la izquierda, aumentando el tipo de cambio real de equilibrio. Si el tipo de cambio real observado no se mueve en la misma dirección, se producirá atraso cambiario (esto, junto con las devaluaciones asiáticas y brasilera, fueron los factores que condujeron al colapso de la convertibilidad. Una devaluación podría haber mejorado el saldo de la cuenta corriente evitando el ajuste deflacionario). Crisis cambiarias en Argentina. El primer gran atraso cambiario se refiere al final del plan de estabilización de Gelbard que había comenzado en 1973 con el congelamiento de precios y salarios. La crisis estalla en marzo de 1975 y la corrección cambiaria se inicia con la maxidevaluación del ministro Celestino Rodrigo. El segundo periodo de atraso cambiario corresponde al abandono de la tablita cuando se retira Martínez de Hoz en abril de 1981, y es reemplazado por Lorenzo Sigaut, quien decide devaluar para recuperar el atraso cambiario. La estabilización del Plan Austral (1986-1987) generó también un atraso cambiario, pero de menor magnitud que los anteriores (20%). Las devaluaciones asiáticas generaron un atraso cambiario del 8% que rápidamente se amplificó en los años siguientes: el mecanismo de deflación no permitió realizar el ajuste, se generó mayor endeudamiento externo para financiar el déficit por cuenta corriente, aumentó continuamente el tipo de cambio real de equilibrio y finalmente, colapsó la convertibilidad de la moneda debido a que la presión en el mercado de divisas se hizo insostenible al anticipar, los inversores, la devaluación futura. El atraso cambiario en la convertibilidad se debió tanto a un aumento del tipo de cambio real de equilibrio (por el aumento de pago de intereses de la deuda) como a una reducción del tipo de cambio real observado (siendo de mayor magnitud el primer movimiento). El Plan Real de Brasil permitió corregir el pequeño atraso cambiario de 1993-1994, dado que las rigideces en los precios nominales de los bienes no transables impidieron una corrección del tipo de cambio real vía deflación. El desvío del tipo de cambio real observado con respecto a su equilibrio aumenta periodo a periodo, si no se efectúa el ajuste correspondiente: el crecimiento del atraso cambiario se vuelve vertiginoso (el desequilibrio se amplifica rápidamente). Ahora bien, si el país consigue financiamiento, el problema puede ocultarse por un tiempo, pero la disminución permanente de los activos externos netos alertará a los inversores internacionales de la inminencia de la devaluación debido a los problemas de solvencia externa, lo que origina la brusca reversión en el flujo de capitales (la crisis de Baring, en 1890, representa la primera reversión brusca en el flujo de capitales). El hecho de que la economía argentina entre en crisis cambiaria cada 7 o 10 años, no es una casualidad. La flexibilidad en la política cambiaria puede ser útil para poder afrontar shocks externos negativos. La devaluación puede corregir desequilibrios transitorios (situaciones de atraso cambiario) pero en el largo plazo, no puede incrementar las exportaciones netas ya que no modifican ni el ahorro ni la inversión. En el caso argentino, un problema estructural que se viene arrastrando desde hace décadas, es el reducido nivel de ahorro del sector público (y privado), cuyo resultado es un tipo de cambio real bajo que genera problemas de competitividad en los sectores de bienes transables. Solvencia externa en la post convertibilidad. La devaluación del 2002, el superávit fiscal y la renegociación de la deuda pública (externa en su mayoría) garantizaron altos niveles de solvencia externa que se manifestaron en la política de superávits gemelos de la primera mitad de la década. El tipo de cambio real alto estaba garantizado por el superávit fiscal. Cuando el superávit comenzó a disminuir producto del aumento sistemático del gasto público, el Banco Central mantuvo el tipo de cambio mediante la compra de divisas que sobraban en el mercado cambiario. Esto se tradujo en incrementos en la base monetaria que, inicialmente, fueron aceptados por el público al incrementarse la demanda de dinero en 2003-2004. Sin embargo, a fines de 2005, la emisión monetaria necesaria a la compra de dólares comenzó a traducirse en aumento de precios, explicando así la inflación de dos dígitos desde 2007. Esta política monetaria expansiva terminaría llevando al tipo de cambio real observado a su nivel de equilibrio, que ahora sería más bajo debido al aumento del gasto público (desplazamiento de la curva de ahorro neto hacia la izquierda). Durante el año 2011, luego de haber utilizado la política cambiaria para estabilizar el nivel de precios, el gobierno se encontró con serios problemas de solvencia externa: el tipo de cambio real estaba atrasado estimulando la fuga de capitales. Se recurrió al control de importaciones y al control de cambios (cepo: prohibición de compra de dólares para atesoramiento) para evitar la crisis cambiaria. Pero lo único que ocurrió fue posponer el ajuste y con un costo enorme en términos de estancamiento del nivel de actividad productiva, por la falta de insumos necesarios para la producción y por la incertidumbre que generan las prohibiciones. El nuevo gobierno abordó el problema de solvencia externa unificando el mercado cambiario, eliminando el cepo y las restricciones a la compra de divisas. Hay dos medidas adicionales que afectaron al mercado cambiario: el arreglo con los holdouts (permitió financiar el déficit con endeudamiento externo y no con emisión monetaria) y el blanqueo de capitales. Esto generó importantes entradas de capitales que mantuvieron el dólar deprimido y, como consecuencia, problemas de competitividad en la industria y economías regionales. 2-

Economía abierta: el tipo de cambio real (capítulo 8 - Gregorio)

Partiremos recordando que el tipo de cambio real es: q = eP*/P, la cantidad de bienes naciones que se requieren para adquirir un bien extranjero. Si el tipo de cambio real es alto, significa que se requieren muchos bienes nacionales para adquirir un bien extranjero, o dicho de otra forma, se requieren pocos bienes extranjeros para adquirir un bien nacional (los bienes nacionales son baratos en términos relativos). Una apreciación nominal del peso, significa que se requieren menos pesos por unidad de moneda extranjera (la moneda extranjera se hace más barata respecto de la unidad nacional). En cambio, una apreciación real significa que se requieren menos bienes nacionales para adquirir un bien extranjero. Una forma alternativa de entender esto se asocia con la competitividad: los bienes nacionales se vuelven más caros y, por lo tanto, se harán menos competitivos. Si el encarecimiento relativo de los bienes nacionales se debe a que el país es más productivo, no habrá pérdida de competitividad. Esto se debe a que los bienes no transables serían más caros debido a que los salarios son más caros ya que la económica es más productiva, y aunque los bienes transables tengan igual precio en el mundo, el país más productivo tendrá salarios más altos sin ser menos competitivos. Sin embargo, si los salarios y precios son más altos en la economía nacional por una distorsión de mercado, los productores nacionales serán efectivamente menos competitivos. Paridad del poder de compra (PPP). La teoría de PPP sostiene que en el largo plazo el valor de los bienes es igual en todas partes del mundo y, por lo tanto, el tipo de cambio no tiene variaciones: P = eP* (versión en niveles). Esto es un caso extremo ya que no considera la existencia de aranceles distintos para un mismo bien entre países, los costos de transporte, etc., que hacen que esta relación no se cumpla. Otra versión de la teoría es la que afirma que el cambio porcentual del precio en un país es igual al cambio porcentual del precio del mismo bien en el extranjero: P’ = e’ + P*’ (versión en tasas de variación). En otras palabras, los cambios en los precios en un mercado se transmiten proporcionalmente al otro. Pero esta teoría tiene

un fuerte supuesto de “neutralidad nominal”: todos los cambios en el tipo de cambio nominal se transmiten uno a uno a precios, y no se puede alterar el tipo de cambio real. Además, otra de las razones por las que PPP no se cumple es porque los bienes comercializados son diferentes y porque no todos los bienes de una economía son transables. Si bien en periodos muy prolongados (hasta un siglo) pareciera que entre países los precios convergen, esto no ocurre en periodos de tiempo relevantes para el análisis. Con esta metodología se asume que el tipo de cambio real de equilibrio es el tipo de cambio de paridad de poder compra (normalmente, un promedio de varios años): se compara el tipo de cambio real actual con el tipo de cambio de paridad de poder de compra, y a esa diferencia se la denomina desviaciones de PPP. Tipo de cambio real, exportaciones e importaciones. Supuestos: bien homogéneo, pleno empleo, se cumplen las condiciones de Marshall-Lerner y hay perfecta movilidad de capitales. El valor del PIB será: P(C + I + G + X) – eP*M, y expresado en términos de bienes nacionales será: Y = C + I + G + X – qM. Las exportaciones netas son: XN = X – qM. Debe aclararse que q no es igual a los términos de intercambio, aunque se relacionan. Cuando q cambia, no solo cambian los volúmenes de X y M, sino que también cambia el valor de las XN, ya que cambia qM.Las exportacionesson básicamente la demanda del resto del mundo por los bienes nacionales. Como cualquier demanda dependerá del precio y del ingreso: el q sube, un individuo del resto del mundo tiene que sacrificar menos bienes para poder adquirir un bien nacional, por lo que la demanda de bienes nacionales aumenta (aumenta X). si el nivel de ingresos del mundo, Y*, aumenta, el mundo demandará más de los bienes nacionales. Con respecto a las importaciones, cuando q sube, un agente nacional requiere de más vienen nacionales para comprar un bien extranjero, por lo tanto, reduce su demanda por bienes extranjeros. Cuando aumenta el ingreso nacional (Y de pleno empleo), aumenta la demanda de todos los bienes (incluido los importados). Cuando suben los aranceles, para el consumidor nacional (aunque no para el país) el costo del bien importado sube y en consecuencia su demanda baja (devaluación encubierta). Resulta importante en ese caso, observar el tipo de cambio real de importación: eP*(1+TM)/P. En conclusión, las XN tienen relación positiva con el tipo de cambio real (q), relación positiva con el nivel de ingreso del resto del mundo (Y*), relación negativa con el nivel de ingreso nacional (Y de pleno empleo) y relación positiva con los aranceles a la importación (TM). Hay que destacar el efecto valor versus el efecto volumen: cuando sube el tipo de cambio real, las XN = X (q, Y*) – qM (q,Y,TM) también suben. Pero como puede notarse, esto ocurre porque el alza de X en conjunto con la disminución de M, dominan el efecto “aumento del valor de M”, por el término qM. Si X y M no reaccionan, lo único que ocurre es que las exportaciones netas caen como resultado de un aumento del tipo de cambio real debido que el costo de las importaciones sube. Pero en la medida en que las X y M reacciones, los efectos volúmenes comenzarán a dominar. Hay dos conceptos importantes que surgen de esto: -

La curva J: esta se refiere a la forma que tiene la evolución de la balanza comercial en el tiempo, producto de una depreciación. Al principio se deteriora (parte decreciente de la curva J) producto del efecto precio, pero luego mejora cuando el efecto volumen empieza a responder. Condiciones de Marshall – Lerner: estas condiciones son los valores mínimos que deben tener las elasticidades de las importaciones y exportaciones con respecto al tipo de cambio real para que la balanza comercial mejore cuando se deprecia el tipo de cambio real: la suma de la elasticidad de las exportaciones y el valor absoluto de la elasticidad de las importaciones, ambas con respecto al tipo de cambio real, debe ser igual a uno (partiendo de una situación de equilibrio comercial).

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El tipo de cambio real de equilibrio está asociado a un cierto nivel de XN. Las decisiones de ahorro e inversión nos determinan el nivel de ahorro externo requerido: el ahorro externo no es más que el déficit de la cuenta corriente, el cual es igual a menos las exportaciones netas más el pago de factores (servicios) al exterior. Por lo tanto, si conocemos el equilibrio ahorro-inversión, sabremos el déficit de la cuenta corriente, y de ahí podremos determinar el tipo de cambio real asociado con dicho déficit. Un aumento del tipo de cambio real desviará recursos a la producción de bienes transables (exportaciones y sustitutos de importaciones), desde el sector no transable. Por lo tanto, el tipo de cambio real de equilibrio nos indica cuantos recursos se orientarán al sector productor de bienes transables para generar un nivel dado de déficit en la cuenta corriente. Si el país ahorra muy poco y tiene un elevado nivel de inversión, tendrá un elevado déficit de cuenta corriente, para lo cual el tipo de cambio tendrá que apreciarse (desplazamiento de la curva de ahorro neto hacia la izquierda). Se puede observar también que, si el país es prestamista, es decir, F > 0, entonces su tipo de cambio real de equilibrio será menor al caso cuando el país es un deudor. Este es un importante efecto riqueza. El tipo de cambio real es una variable endógena, las políticas económicas pueden afectarla, pero no se puede elegir su valor arbitrariamente, como si se lo puede hacer con el tipo de cambio nominal. a-

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Expansión fiscal:el gobierno decide aumentar su gasto, pero sólo en bienes nacionales, sin subir impuestos. Esta política reduce el ahorro del sector público, mientras que el ahorro y la inversión privada permanecen constantes. El saldo de la cuenta corriente se reduce, sube el ahorro externo para compensar la caída del ahorro nacional, apreciando el tipo de cambio real de equilibrio. Se puede concluir que una reducción del ahorro aprecia el tipo de cambio real porque el mayor déficit en cuenta corriente se produce trasladando recursos del sector transable, reduciendo las exportaciones y aumentando las importaciones. Ahora, el gobierno decide aumentar su gasto, pero sólo en bienes importados, sin modificar los impuestos. En este caso, el tipo de cambio real de equilibrio permanece inalterado, debido a que la reducción del ahorro público se compensa perfectamente con el aumento del ahorro externo sin necesidad de que cambie el tipo de cambio real, ya que el aumento del ahorro externo se produce por el aumento del gasto de gobierno. En el caso de que haya imperfecta movilidad de capitales, el resultado sería similar pero acompañado con un aumento de la tasa de interés. Reducción de aranceles:sin compensaciones de otro tipo de impuesto. El ahorro del sector público se reduce produciendo una reducción del saldo de la cuenta corriente. Dado que el arancel es menor para cada nivel de tipo de cambio real, las M aumentan, por lo que la curva XN se desplaza a la izquierda. Puesto que el déficit de cuenta corriente aumenta, pero también aumentan las importaciones, el movimiento compensatorio del tipo de cambio real podría ir en cualquier dirección (el déficit de cuenta corriente aumenta por la caída del ahorro, lo que se acomoda en parte por el aumento de las importaciones al caer su costo): si las XN caen menos que el nivel de ahorro, el tipo de cambio real podría incluso apreciarse. Sin embargo, puede ocurrir que el tipo de cambio real se deprecie debido a que hay una compensación adicional por el lado del ahorro: aumento de la recaudación por las mayores importaciones. Con compensación de impuestos. El ahorro del gobierno permanece constante, por lo que el saldo de la cuenta corriente también. Pero como bajaron los aranceles, las importaciones aumentan desplazando la curva XN hacia la izquierda, depreciando el tipo de cambio. Como el saldo de la cuenta corriente no cambia (debido a que no cambió ni el ahorro ni la inversión), las exportaciones aumentan para compensar el aumento de las importaciones (el volumen de comercio aumenta). El ahorro público no cambia porque es compensado con otros impuestos, y el ahorro privado tampoco debido a que la reducción de aranceles también compensa el aumento de otro impuesto. Caída de los términos de intercambio: en países que una parte importante de sus transacciones internacionales son sólo un par de bienes, la variación del precio de esos productos puede tener efectos importantes en la economía.Una caída permanente en los términos de

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intercambio. Para cada nivel de tipo de cambio real, el saldo de la cuenta corriente es menor (XN se desplaza hacia la izquierda). Los individuos ajustan su consumo en la misma magnitud que caen sus ingresos, de donde se concluye que el déficit de cuenta corriente no varía. Para que esto ocurra, el tipo de cambio real tiene que subir para disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones y volver al mismo nivel de la cuenta corriente antes de la caída de los TI. La caída permanente de los TI hace que los habitantes del país sean más pobres, por lo que sus bienes van a valer menos en el resto del mundo, lo que equivale a decir que aumenta el tipo de cambio real. Aumento de la productividad o descubrimiento de un nuevo recurso: equivale a un aumento permanente de la productividad. Para cada nivel de tipo de cambio real, la curva XN se desplaza hacia la derecha. Pero como el aumento es permanente, los individuos ajustan su consumo en la misma magnitud que el aumento en el nivel de ingresos, dejando inalterado el saldo de la cuenta corriente, haciendo que el tipo de cambio real se aprecie. Como la economía es más rica, los bienes que poseen son más caros. Este efecto de apreciación por el descubrimiento de un nuevo recurso se conoce como “enfermedad holandesa” (por el descubrimiento de gran cantidad de petróleo en la década del ’70). Es cierto que esto podría ser un problema, pero principalmente en la transición, porque, a menos que exista una razón especifica porque preferir un sector económico a otro, el producir más con los mismos factores debería aumentar el bienestar. Control de capitales: un control de capital (actuando como un impuesto a los flujos de capitales que encarece el crédito) puede reducir el déficit de la cuenta corriente. Una reducción del ahorro externo, eleva el tipo de cambio real de equilibrio. La depreciación ocurre porque el menor ahorro externo requiere de más recursos produciendo bienes transables. Restringiendo los movimientos de capitales, por vía de encarecer el crédito, aumenta el tipo de cambio real de equilibrio y reduce el déficit de cuenta corriente. Consideraciones a tener en cuenta: 1) el intento de depreciar el tipo de cambio en el corto plazo puede terminar con una apreciación en el largo plazo; 2) exigir que la economía no tenga déficit de cuenta corriente puede reducir el nivel de bienestar, es como pedir que no se ahorre ni des-ahorre (hay que ser explícitos con que distorsión se quiere evitar para justificar este tipo de intervención); 3) ¿si el costo del crédito en el mundo es r*, por qué los agentes nacionales deben pagar con un recargo? Esto también debe justificarse (una opción sería argumentar que, en algunos periodos, una tasa de interés demasiado baja puede conducir a un aumento excesivo del gasto); y 4) el modelo supone pleno empleo, por lo que se ignora uno de los problemas de restringir el gasto: puede restringir el consumo.

Una conclusión muy importante es que el tipo de cambio real se puede apreciar porque la economía ahorra menos (síntoma de preocupación) o porque la economía es más rica y productiva (buen signo). Tasa de interés, tipo de cambio y nivel de actividad. Hemos supuesto que el producto de equilibrio siempre se encuentra en su nivel de pleno empleo. Este supuesto tiene como consecuencia que todo aumento de la tasa de interés, que disminuye el déficit en la cuenta corriente por la vía de aumentar el ahorro y reducir la inversión, no tiene efectos sobre el producto. Es decir, todo tipo de ajuste de la economía proviene del lado del gasto. En otras palabras, cuando se quiere reducir el déficit en cuenta corriente (o balanza comercial) lo que se hace el reducir el gasto y dejar inalterado el ingreso (o producto) entonces, sin duda el déficit se reduce. Pero en el corto plazo, esperaríamos que haya efectos sobre el nivel de actividad. Como consecuencia de una reducción del déficit de cuenta corriente nosotros esperamos que el tipo de cambio real suba, o sea, se deprecie. Sin embargo, la evidencia empírica indica que los aumentos de la tasa de interés generan una apreciación del tipo de cambio real. Se permite que el tipo de cambio real fluctúe por razones financieras, afectando el déficit en la cuenta corriente y el producto de equilibrio. De esta forma se podrá demostrar cómo una política restrictiva que suba la tasa de interés, puede reducir el gasto y también el nivel de actividad, con consecuencias inciertas para el saldo de la cuenta corriente. Paridad de tasas de interés. Supuestos: libre movilidad de capitales, el tipo de cambio real puede ajustar lento. Como hay perfecta movilidad de capitales, el retorno de un inversionista debe ser el mismo, independientemente de dónde decida realizar la inversión, por lo que, invertir una unidad de moneda nacional internamente o en Estados Unidos debe dar el mismo retorno: 1 + i = (1+ i*) eEt+1/et. Aproximando los términos de segundo orden se puede escribir: i = i* + ∆eEt+1/et. esta última ecuación se conoce como “paridad de tasa de interés descubierta”. Si i > i*, los inversionistas tienen que estar esperando que el peso se debilite respecto del dólar. Los diferenciales de tasas de interés tienen que reflejar expectativas de cambios en los tipos de cambio. Sin embargo, esta relación no siempre se cumple debido a que hay un riesgo envuelto y es el hecho que el cálculo se basa en un valor esperado del tipo de cambio nominal y no uno que se conozca con exactitud. Por eso se piensa que hay un término adicional que representa la prima de riesgo. Es posible hacer una operación libre de riesgo usando los mercados de futuro y, suponiendo que se invierte en activos libres de riesgo, la operación no tiene ninguna incertidumbre. Bajo estas condiciones, y con perfecta movilidad de capitales, se define la “paridad de intereses cubierta”: 1 + i = (1+ i*) ft+1/et. De la primera ecuación se deduce que si la tasa de interés nacional sube se debe esperar que el tipo de cambio también suba, lo que puede suceder de dos maneras: subiendo el tipo de cambio esperado en t+1 o bajando el tipo de cambio efectivo en t. Pero en el largo plazo, esperaríamos que el tipo de cambio de equilibrio no se modifique, por lo que se podría suponer que eEt+1= e (constante, tipo de cambio de largo plazo). Entonces, reemplazando se tiene que: et = e/ (1 – i* + i). Por lo tanto, un aumento de la tasa de interés nacional genera una apreciación del tipo de cambio. Cuando la tasa de interés doméstica sube entran capital, y este exceso de oferta de dólares, demandando pesos, presiona al tipo de cambio a la baja, encareciendo el valor de la moneda doméstica. La relación entre la tasa de interés nominal y real es la siguiente: 1 + i = (1 + r) x (1 + πE), aproximando el término r x πE a cero, se reduce a: i = r + πE. Lo anterior se cumple también para i*. De estas relaciones se puede formular la “paridad real de intereses”: r = r* + ∆qE/qt. En el largo plazo, el tipo de cambio real no depende de la tasa de interés, por lo que nuevamente se puede suponer constante y llegar a la siguiente relación: qt = q/ (1 – r* + r). Esta ecuación muestra claramente que un aumento de la tasa de interés real provoca una apreciación del tipo de cambio real. Decir que r = r*, equivale a decir que el tipo de cambio real se ajusta instantáneamente a su equilibrio de largo plazo y que el producto se encuentra en su nivel de pleno empleo. Determinantes del producto y de la cuenta corriente. Sabemos que existe relación negativa entre tasas de interés real y el tipo de cambio real. Ahora se supondrá que, dada la tasa de interés y el tipo de cambio real, el producto queda determinado por la demanda agregada: Y = C + I + G + XN. Debido a que el tipo de cambio real es función de la tasa de interés real, si ésta última está dada, entonces la ecuación de demanda agregada determina inequívocamente el nivel de actividad económica. El déficit de cuenta corriente estará dado por: CC = -XN + F = C + I + G – Y – F. Si el tipo de cambio real se aprecia por una subida de la tasa de interés real, las XN se reducen, se reduce la inversión y el consumo. Ambos efectos reducen la demanda agregada y el producto. Si A cae menos que Y (donde A = C + I + G), se llegaría a la conclusión que la suba de la tasa de interés aumenta el déficit de cuenta corriente. La caída del tipo de cambio real genera un aumento del déficit comercial pero la caída del producto genera un efecto compensatorio debido a la caída de la demanda de importaciones ¿qué efecto domina?: el alza de la tasa de interés tiene un efecto directo y más fuerte sobre el gasto, y de ahí afecta al producto (domina el efecto gasto).

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La competitividad internacional de la economía argentina (1990-1996)

La competitividad internacional es la capacidad de una economía para penetrar mercados internacionales con exportaciones o para sustituir importaciones. Es necesario distinguir los mecanismos espurios o de corto plazo para mejorar la competitividad (el proteccionismo, los subsidios a las exportaciones, la devaluación de la moneda nacional y la depresión de los salarios), de los mecanismos genuinos o de largo plazo (son todos los que tienden a mejorar la productividad de la economía, y depende escasamente de lo que está sucediendo en el resto del mundo). Los planes de estabilización como el de Convertibilidad, que toman como ancla el tipo de cambio nominal, tienden a producir un cierto atraso cambiario. En efecto, el aumento de la demanda agregada generado por la estabilidad, se traduce inicialmente en aumento de la cantidad producida o importada en el sector transables y en un aumento de precio y producción en el sector de bienes y servicios no transables. Esto deteriora inicialmente la competitividad y el tipo de cambio real de la economía. Las reformas estructurales (privatizaciones, apertura comercial y desregulación de los mercados) incrementan la eficiencia económica y estimulan el crecimiento de la productividad lo que representa una mejora para la posición competitiva del país. Hay pérdida de productividad para la economía en su conjunto cuando la diferencia entre el tipo de cambio real de equilibrio (e*) y el tipo de cambio real observado (e) aumenta. Cuando el tipo de cambio real observado disminuye sin que se modifique el tipo de cambio real de equilibrio, la economía se vuelve menos competitiva. Pero si ambos disminuyen en proporciones similares la competitividad global de la economía no se altera. No hay razones para que el tipo de cambio real de equilibrio permanezca constante a lo largo del tiempo. El modelo. Supuestos: economía abierta, perfecta movilidad de capitales, pleno empleo. El tipo de cambio real de equilibrio es el precio relativo de los bienes transables y no transables que equilibra la balanza de pagos en el largo plazo. Está determinado por dos grandes fuerzas: la cuenta corriente y la cuenta capital. La balanza de pagos está en equilibrio cuando la cuenta corriente más la cuenta capital es igual a cero. La cuenta capital es igual al monto de acumulación de capital interno que es financiado mediante préstamos obtenidos en el exterior. La cuenta corriente es el monto que recibimos periódicamente desde el exterior a cambio de nuestras exportaciones netas de bienes y servicios (incluyendo el saldo de remesas que en el caso de Argentina es negativo). Si nuestro ahorro es superior a la inversión, el ahorro que no es invertido en el país es utilizado para otorgar préstamos a extranjeros. Ellos requieren estos préstamos porque les estamos vendiendo más bienes y servicios de los que nos suministran a nosotros (XN > 0). Si nuestra inversión es superior a nuestro ahorro, una parte de la inversión es financiada con préstamos del exterior (superávit de cuenta corriente), son los que financian el déficit de cuenta corriente (XN < 0). La línea que representa la cuenta corriente tiene una pendiente positiva porque un tipo de cambio real más elevado estimula las exportaciones netas. La línea que representa el ahorro nacional neto de inversión es vertical ya que ni el ahorro ni la inversión dependen del tipo de cambio real. El ahorro es ahorro privado más ahorro público (determinados por la función de consumo y la política fiscal) y la inversión depende de la función de inversión y de la tasa de interés. La intersección de las curvas del gráfico determina el tipo de cambio real de equilibrio, el cual es una variable endógena en la economía. Las alteraciones del tipo de cambio real de equilibrio de largo plazo pueden surgir por movimientos en ambas curvas. Política fiscal expansiva. Un aumento del gasto público reduce el ahorro nacional, lo que desplaza la curva S-I hacia la izquierda y disminuye el tipo de cambio real de equilibrio. Lo mismo ocurre si el gobierno reduce los impuestos o elimina el impuesto inflacionario, si se produce un aumento en la demanda de inversión o si disminuye la tasa de interés internacional. La reducción de impuestos disminuye el ahorro, mientras que la reducción de la tasa de interés internacional estimula la inversión, pero ambos fenómenos desplazan la curva S-I hacia la izquierda, reduciendo la demanda de dólares a ser invertidos en el exterior.

Política arancelaria. La eliminación de todas las restricciones cuantitativas a las importaciones de bienes genera un aumento en las importaciones para un tipo de cambio dado, en consecuencia, las exportaciones netas disminuyen y la curva XN se desplaza hacia la izquierda. Como consecuencia, la oferta de dólares disminuye y el tipo de cambio real de equilibrio sube. Sin embargo, en el largo plazo, las importaciones no varían. El resultado de la cuenta corriente no varía porque el aumento de las importaciones que provoca inicialmente la eliminación de todas las restricciones cuantitativas es compensado por el aumento de las exportaciones que se produce como consecuencia de la suba en el tipo de cambio real e equilibrio luego del desplazamiento hacia la izquierda de la curva XN. El definitiva, el saldo de la cuenta corriente permanece inalterado. La enseñanza es que, cuando se quiere modificar la cuenta corriente, se debe implementar una política que modifique la cuenta capital, es decir, la inversión menos el ahorro. El saldo de la cuenta corriente se deteriora, si y solo si, la apreciación del tipo de cambio real logra reducir el ahorro interno o aumentar la inversión (lo que no ocurre en el largo plazo), en caso contrario la cuenta corriente permanece inalterada. El análisis de la elasticidad de las exportaciones e importaciones es insuficiente para determinar si hay o no modificaciones en el saldo de la cuenta corriente. La respuesta solo puede surgir luego de un análisis de equilibrio general.

Cambios en la productividad. Un cambio en la productividad a favor de los sectores productores de bienes transables respecto a los sectores productores de bienes no transables genera que, para un tipo de cambio real dado, las exportaciones netas aumentan. La curva XN se desplaza hacia la derecha, aumenta la oferta de dólares y el tipo de cambio real de equilibrio disminuye. En términos generales, el tipo de cambio real de equilibrio está influido por múltiples factores: el gasto público, su financiamiento, los impuestos, la estructura tributaria, los movimientos de capitales, la política arancelaria y los diferenciales en los aumentos de productividad entre sectores. En toda economía y en todo régimen cambiario, el tipo de cambio real observado converge al tipo de cambio real de equilibrio. En un régimen de tipo de cambio flexible lo hace a través de variaciones del tipo de cambio nominal, mientras que en uno de cambio fijo lo hace a través de cambios nominales en el precio de los no transables. Por ejemplo, cuando entran capitales en una económica, sabemos que el tipo de cambio real de equilibrio tiende a bajar. Con tipo de cambio flotante, el tipo de cambio nominal descenderá por la abundancia de dólares, y con tipo de cambio fijo, mediante un aumento del precio de los no transables (mediante inyección de dinero en la economía para absorber el exceso de oferta de dólares). Abundancia de capitales. la abundancia de capitales en los mercados financieros internacionales disminuye la tasa de interés y desplaza la curva S-I hacia la izquierda debido al aumento de la inversión. Si la economía funciona bajo un sistema de tipo de cambio flexible, el tipo de cambio nominal disminuye, lo que induce una baja en el precio de los transables y, en consecuencia, en el tipo de cambio real. Si el sistema es de tipo de cambio fijo, el Banco Central estará obligado a comprar dólares poniendo más dinero en circulación, lo que aumentará la demanda y el precio de los no transables. Esto último hará disminuir el tipo de cambio real y las exportaciones netas, de manera de eliminar el exceso de oferta de dólares. Las rigideces en los mercados de no transables pueden dificultar este proceso, sobre todo cuando los precios internos tienen que bajar.

Aplicación empírica. Se toma el ahorro y la inversión en términos del PIB, el tipo de cambio real observado se calculó como el cociente entre el índice de precios mayoristas y el índice de precios al consumidor, se introdujo una variable dummy para captar los cambios estructurales generados a partir de 1990 en la economía argentina. Finalmente, se calcula la regresión: e* = c(1) + c(2)*(S-I) + c(3)*DUMMY, para estimar el tipo de cambio real de equilibrio. La variable dummy muestra que efectivamente hubo un cambio de régimen a partir de 1990 y el signo negativo señala que la curva XN se desplaza hacia la derecha, al disminuir la ordenada al origen. Este desplazamiento puede ser explicado por un cambio en el diferencial de las productividades entre sectores (transables/no transables). Al incluir la variable relación de productividades aumenta el poder explicativo del modelo al justificar el desplazamiento de la curva XN hacia abajo. Adicionalmente, cuando se incluyeron las retenciones a las exportaciones y los aranceles a las importaciones (bajo el supuesto de que la pendiente de la oferta de exportaciones y la pendiente de la demanda de importaciones es igual a 0.5), se observa que la política arancelaria modifica tanto la ordenada al origen como la pendiente de la curva XN debido a que tanto los aranceles como las retenciones son impuestos ad valorem que modifican las respectivas ordenadas al origen y pendientes de las curvas de demanda de importaciones y de oferta de exportaciones. Un aumento en las retenciones desplaza la curva XN hacia la izquierda, aumentando su pendiente, y un aumento de los aranceles desplaza la curva XN hacia la derecha, disminuyendo su pendiente. Se observa que hay una brusca baja en el tipo de cambio real de equilibrio durante la década, como resultado de dos movimientos simultáneos: 1) Desplazamiento hacia la derecha de la curva XN: debido principalmente a incrementos en la productividad en los sectores productores de transables, frente a los sectores productores de bienes no transables. 2) Desplazamiento hacia la izquierda de la curva S-I: se desplaza a lo largo de la curva XN como consecuencia del aumento de la inversión. Esta baja en el tipo de cambio real de equilibrio neutralizó el atraso cambiario inicial y permitió que el nivel de competitividad global de la economía se ubicara en niveles aceptables. La pendiente de la curva XN a partir de 1990 es levemente más aplanada a la del periodo previo, ya que las retenciones y aranceles promedio pasaron de 9% y 15%, a -2% y 11%, respectivamente, entre ambas décadas. Las XN deberían ser entonces más sensibles a las variaciones del tipo de cambio real. Si todos los bienes fuesen transables y estuviésemos bajo el supuesto de la PPP, la curva XN sería horizontal.

En 1992, cuando el gobierno implementó una pequeña devaluación encubierta (otorgando reembolsos a las exportaciones), tendió a mejorar la competitividad de largo plazo y desplazar la curva XN a la derecha. Esto disminuyó el tipo de cambio real de equilibrio facilitando el ajuste de tipo de cambio real observado y evitando un ajuste recesivo. Inicialmente, en el punto 1 habría un exceso de demanda de dólares. El ajuste requería que la economía pase al punto 2 mediante la deflación. La medida adoptada permitió alcanzar el punto 3 sin pasar por la deflación. Conclusión. En el sector de transables, los incrementos en la productividad mejoran la competitividad para un conjunto de precios relativos dados, mientras que, en el caso de los bienes no transables, el aumento de la productividad deberá trasladarse a precios para que aumente la competitividad de la economía. Hay que contabilizar en el pasivo de este análisis el supuesto de una economía totalmente flexible y la omisión de costos de reasignación de recursos.

UNIDAD 5: Estabilidad de Precios 1-

Banco Central de Chile

Importancia de mantener la inflación baja. Hace muchos años pensó que existía un trade-off permanente entre la inflación y desempleo: se creyó que se podía elegir un punto específico de esa relación negativa (Phillips). Esta evidencia se convirtió en el eje central de la manera en que pensó la macroeconomía en los ’60. La mala experiencia sufrida con la gran depresión llevó a sugerir que se podía aceptar algo de inflación para mantener el desempleo bajo. Samuelson y Solow proponían que para lograr un objetivo no perfeccionista de PIB lo suficientemente elevado para tener no más de 3% de desempleo, el nivel de precios debería subir entre 4 y 5% por año. La experiencia de alta inflación, shock petrolero y recesión de principios de los ’70, junto con importantes desarrollos en la teoría macroeconómico (revolución de las expectativas racionales) llevaron a descartar la hipótesis de una relación estable y negativa entre inflación y desempleo: la relación establecida por la curva de Phillips era inestable e incapaz de proveer una buena guía para la política macroeconómica. En el largo plazo no existe una relación positiva entre inflación y actividad: la tasa de desempleo, así como la utilización de la capacidad de largo plazo, son independientes de la tasa de inflación, por lo que la curva de Phillips en el largo sería vertical. Incluso, la evidencia de los últimos diez años llevaría a concluir que, si existe una relación de largo plazo entre inflación y crecimiento, ésta sería negativa: las economías con alta inflación crecen menos que aquellas que tienen baja inflación. Entonces, se podría plantear que, en el largo plazo, la relación de Phillips (aunque ahora entre inflación y producto potencial) re revertiría. Los costos de la inflación se pueden resumir en cinco: 1) el dinero (real) es un insumo para la actividad económica, facilita las operaciones comerciales y minimiza los costos de transacción: en la medida en que haya inflación, el público ahorrará en el uso de este insumo y, por lo tanto, habrá pérdidas de bienestar; 2) la distorsión más importante de la inflación es la introducción de incertidumbre y distorsiones en el proceso de inversión: el premio por riesgo inflacionario representa directamente mayores costos financieros y menor inversión (a mayor inflación, más riesgos se asocian a ésta, aumentando así el monto del premio exigido por los agentes); 3) la inflación puede tener efectos perniciosos en la asignación de recursos, por la volatilidad que genera en los precios relativos de bienes y activos; 4) la inflación y su variabilidad afectan el funcionamiento de los mercados financieros, esenciales para asignar el crédito en forma eficiente y contribuir así a la acumulación de capital y al progreso técnico (en un ambiente macroeconómico inestable se hace difícil distinguir entre diversos proyectos y al aumentar la correlación en la probabilidad de cesación de pagos de las empresas, aumenta la fragilidad global del sistema); y 5) la inflación es un impuesto regresivo: la gente de menores recursos, que mantiene una mayor proporción de su riqueza en forma de dinero, es la que tiene menos protección por vía de la indexación (u otra forma de compensación) de la erosión que el aumento de precios general sobre sus ingresos. Sin embargo, hay un alto apoyo a la idea de que tener como objetivo una inflación cero no es aconsejable: esto se debe a que una tasa de inflación cero hace que el límite de la tasa de interés real también sea cero, siendo que en ocasiones puede ser aconsejable tener una tasa de interés real negativa para estimular la demanda. De otra forma, se corre el riesgo de terminar con una combinación de deflación y recesión de la cual es difícil salir. El daño que causa la inflación al crecimiento y a la capacidad de una economía de crear puestos de trabajo, justifica de manera definitiva la importancia de mantener la inflación baja. Lenin planteó que para destruir el sistema capitalista había que corromper su moneda, por medio de un continuo proceso de inflación, los gobiernos pueden confiscar (secretamente) parte importante de la riqueza de los ciudadanos. Determinación de la inflación en el largo plazo. La inflación es un fenómeno monetario (Friedman). En la medida en que el crecimiento del dinero se acelera, el precio del dinero relativo a los bienes cae, es decir, se produce inflación. En este caso, el gasto (nominal) crece más rápido que la producción, lo que presiona al nivel general de precios al alza. Entre las posibles causas de la inflación se distinguen: 1) el déficit fiscal: la historia de América Latina apunta siempre al desequilibrio fiscal como el primero de los culpables. Los sistemas fiscales de la región han sido tradicionalmente incapaces de recaudar por la vía de impuestos regulares y la inflación se utilizó para cerrar esa brecha. Los ingresos por la inflación tienen su contrapartida en la pérdida de valor que experimenta el dinero que mantiene el público (cuando el gobierno emite dinero y el público lo absorbe, este último está dispuesto a entregar bienes y servicios a cambio de tener esa mayor cantidad de dinero). Por lo tanto, para eliminar la inflación lo primero que se debe hacer es aplicar rigurosidad en las finanzas públicas; 2) arreglos institucionales en la economía: las autoridades pueden tener la tentación de generar sorpresas inflacionarias para crear expansiones transitorias del producto o para reducir los pagos en concepto de deuda pública. El público, al estar conscientes de ellos, fija sus precios y salarios con un nivel de inflación suficientemente elevado para estas sorpresas inflacionarias no se concreten; y 3) forma en que se llevan a cabo las políticas económicas: es posible que las políticas generen inercia en shocks inflacionarios y, por lo tanto, sean incapaces de anclar la inflación en el mediano plazo. Por ejemplo, en una economía plenamente indexada puede perpetuar un aumento de los precios. Las políticas indexadas, que pueden ser saludables para manejar a la económica en situaciones de alta inflación, pueden terminar aumentando significativamente el costo en que se debe incurrir para reducirla, generando lo que se podría llamar “complacencia inflacionaria”. Determinación de la inflación en el corto plazo. ¿Qué hace que la inflación fluctúe con respecto de su valor de largo plazo? En el corto plazo, la inflación se desvía de su valor de largo alzo por movimientos en la oferta y demanda agregada. En este caso, la receta para controlar la inflación es producir un movimiento compensatorio de política monetaria: si el shock de demanda es positivo, las consecuencias inflacionarias se combaten con una política monetaria contractiva, la cual sirve además para estabilidad el producto en torno a su nivel de largo plazo. Si el shock es de oferta (como los cambios en los precios de insumos, en los salarios, o en la productividad) y es negativo, el producto se reduce y la inflación aumenta. En este caso, la respuesta de política debe ser menos agresiva que en el caso anterior ya que la reducción del producto por sí misma tendrá como efecto reducir la inflación. No obstante, la política monetaria deberá seguir observando las consecuencias finales de los shocks de oferta sobre las perspectivas inflacionarias para orientar los movimientos de tasa de interés, lo que dependerá de sus efectos directos sobre los costos y el traspaso de estos a precios, así como de lo que ocurra con la brecha del producto. En efecto, la brecha del producto (la diferencial entre el producto efectivo y el potencial o de pleno empleo) es uno de los determinantes más importantes de la inflación en el corto plazo. Técnicamente, la demanda agregada se desplaza sobre la oferta agregada, la que es una relación positiva entre la inflación y producto, y que corresponde a la curva de Phillips de corto plazo. Esta se mueve por shocks de oferta o cambios de expectativas, y en el largo pazo es vertical. Caso de Chile. Aproximadamente un tercio del crecimiento fue gracias a la estabilidad macroeconómica. Esto se consiguió gracias a un conjunto de importantes cambios institucionales y macroeconómicos que han permitido reducir la inflación a niveles no conocidos en la historia del país. El éxito del proceso de desinflación de Chile fue producto de un vasto conjunto de condiciones tanto externas como de política interna. Haber alcanzado una inflación baja y mantenerla, contribuyó a acelerar el ritmo de crecimiento y el bienestar de la sociedad. Es obvio que bajar la inflación no es todo lo que se debe hacer para crecer más rápido, pero es un ingrediente insustituible. El Banco Central es una institución independiente con un mandato

explícito de velar por la estabilidad de precios: éste no puede financiar al Fisco, lo que elimina el impuesto inflacionario como fuente de financiamiento. Además, Chile cuenta con una política fiscal responsable y centralizada, lo que genera credibilidad institucional. Pero todo lo anterior no es suficiente si no existe una política macroeconómica coherente con mantener la inflación baja. En la actualidad, la política monetaria está basa en metas de inflación y tipo de cambio flexible. Hasta 1998 se puede decir que la desinflación chilena fue gratis: ese fue el periodo de mayor éxito económico en la historia económica de Chile (tasa de crecimiento del 8% anual entre 1991 y 1998), la indexación como fenómeno propagador de la inflación fue irrelevante en ese periodo. Efectivamente, el crecimiento de la productividad fue siempre superior al aumento de los precios del año previo. El tipo de cambio, a pesar de las rigideces impuestas por una banda indexada, se precio en términos reales de manera importante, y el grueso de esta apreciación respondió a factores fundamentales y no fue generada para reducir la inflación artificialmente (en la medida en que la depreciación responde a fenómenos fundamentales, el aumento del tipo del tipo de cambio nominal debería transmitirse a más ganancias de competitividad que a aumentos de precios). En conclusión, el sólido escenario de crecimiento económico, unido a un esquema institucional que daba credibilidad a los avances en materia de estabilidad, fueron las casas de la desinflación en Chile. El instrumento de política monetaria es la tasa de interés, la que tiene efectos sobre la demanda agregada. Asimismo, la tasa de interés también tiene efectos sobre el precio de los activos y el tipo de cambio, así como en las condiciones de crédito, todos los cuales inducen a un aumento de la demanda cuando la política monetaria se relaja. El esquema de metas de inflación tiene otros requerimientos para su buen funcionamiento: la comunicación entre el Banco Central y el público y un alto grado de transparencia, lo que fortalece la credibilidad de la política monetaria y el grado de compromiso del Banco Central con sus objetivos. Siguiendo la regla de un instrumento (la tasa de interés) y un objetivo (la estabilidad de precios) un elemento importante dentro de este esquema es la existencia del régimen de tipo de cambio flexible, cuyos cambios requerirán acciones de política monetaria solo en la medida que afecten al objetivo inflacionario de un mediano plazo (sólo permite periodos excepcionales de intervención). Controlar la tasa de inflación mediante la tasa de interés es superior a guiar la política sobre la base de agregados monetarios, en particular, fijando una meta para el crecimiento del dinero. Que los agregados monetarios no tengan un rol activo en el diseño de políticas no significa ignorar que en el largo plazo la inflación está asociada a fenómenos monetarios. Lo anterior explica por qué los agregados monetarios juegan un rol pasivo en la conducción de la política monetaria y proveen poca información para predecir la inflación. 2-

Banco Central de la República Argentina.

Son dos los objetivos fundamentales de la política económica: la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico. Las políticas del Banco Central juegan un rol importante en el cumplimiento de ambos, pero de una manera peculiar: apuntan a los dos objetivos de manera simultánea. El famoso dilema entre equidad y crecimiento no aparece cuando nos referimos a las misiones del Banco Central. Desde esta perspectiva, el Banco Central tiene dos tareas fundamentales vinculadas con los objetivos mencionados: la primera es asegurar el acceso al capital (implica garantizar que estén dadas las condiciones para que haya ahorro y que el mismo pueda ser intermediado de manera profesional por el sector financiero, erigiéndose, así como nexo con la inversión y el financiamiento de emprendimientos), y la segunda, disminuir los niveles de inflación (siendo ésta uno de los impuestos más regresivos y distorsivos). Difícilmente se pueda alcanzar la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico sin un ahorro intermediado y sin combatir la inflación. En perspectiva histórica, nuestra institución ha fallado en el logro de esos objetivos: Argentina no sólo tiene uno de los sistemas financieros más pequeños de la región, sino que también ha una moneda quebrada sistémicamente, reportando uno de los niveles de inflación más pronunciados de la historia. El papel a jugar por el sistema financiero. Si no existe un sistema financiero profundo que garantice un acceso abundante al crédito, sólo los que ya poseen capital serán capaces de llevar a la práctica sus ideas y proyectos. La contribución del factor capital al crecimiento económico de Argentina entre 1980 y 2016 fue continuamente negativo: fue incapaz de acumular el capital necesario para impulsar el crecimiento de la economía, más precisamente, lo único que se hizo fue des-acumular capital por unidad de producto. Durante casi todo el periodo analizado, prevalecieron tasas de interés reales negativas que espantaban de nuestra moneda a los ahorristas (provocó una huida continua de nuestra moneda y por ende de nuestro sistema financiero). En ese contexto el sistema financiero era incapaz de erigirse como nexo entre el ahorro y la inversión. Desarrollar el sector financiero es general en vehículo que permita que un mayor número de personas pueda obtener el capital necesario para financiar y hacer realidad sus emprendimientos productivos. Hay pocos caminos más efectivos para garantizar una mayor igualdad de oportunidades que profundizar nuestro sistema financiero. Un sistema chico es equivalente a un país donde sólo los ricos pueden invertir. Hay una relación directa entre el desarrollo del sector financiero y el crecimiento: más capital ergo más crecimiento. Hay dos aspectos que relacionan el crecimiento con el sector financiero: a-

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Relación entre el acceso al capital y la productividad: en un mundo sin acceso suficiente al crédito, el crecimiento de las empresas es más lento, las buenas ideas tardan más en implementarse se tenderá a elegir proyectos de escala menor y con horizontes temporales más cortos. Todo eso, lleva a un equilibrio de largo plazo en donde la productividad de la economía es menor, los salarios son más bajos y el acceso a las oportunidades, más desigual. No es casualidad que uno de los sectores que ha experimentado mayor crecimiento fue el de software, sector con poca demanda de capital. Relación entre un sector financiero reprimido, el crédito subsidiado y el crecimiento empobrecedor: en un país sin ahorro intermediado el crédito se vuelve escaso. La sociedad lo reclama, pero no están dispuestos a pagar por el crédito lo que éste vale. De esta manera, se obliga a las entidades financieras a prestar a tasas subsidiadas. Este tipo de dinámica redunda en que proyectos que se financian a tasa de interés real negativa tienen la posibilidad de ser proyectos con tasa de retorno real negativa: implica que la asignación de recursos de capital, lejos de generar crecimiento económico, genera empobrecimiento económico (se destruye el capital en vez de multiplicarlo). Bhagwati discutía cómo economías con precios relativos muy distorsionados generaban patrones de inversión que a precios internacionales reducían el PIB. Esto está en la raíz de la baja productividad de nuestra inversión y el bajo crecimiento.

Cuanto mayor es la inflación del país, mayor es la diferencia entre la tasa pasiva y la activa, y, por lo tanto, mayor en la rentabilidad del sistema bancario (subsidio implícito). Esto generó un aumento de los costos operativos. Uno de los peores déficits de nuestro sistema financiero es el cortísimo horizonte de inversión, tanto para depósitos como para créditos. El tipo de crédito por excelencia que requiere de una perspectiva de más largo plazo se trata precisamente de los hipotecarios. Se requiere, entonces, la presencia de una oferta de fondos de más largo plazo que evite el descalce en los balances de las entidades financieras.

Por qué queremos una inflación baja. La baja inflación contribuye a la consecución de los objetivos propuestos: igualdad de oportunidades y crecimiento económico. La inflación castiga de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables, empeorando de manera tangible la distribución del ingreso. La inflación no es un instrumento de manejo macroeconómico, es un impuesto y el de los más regresivos. En lo coyuntural, no hay nada más reactivante para la Argentina que reducir la inflación. Robert Lucas demostró la relación negativa entre inflación y crecimiento (o relación positiva entre inflación y desempleo, contrario a la relación expuesta en la curva de Phillips). Una baja de la tasa inflación redistribuye ingresos desde las empresas hacia los asalariados, aumentando el salario real. Motivos por los que la inflación daña el crecimiento: acortamiento de horizontes de inversión y planificación, caída en los niveles de ahorro, reducción del contenido informativo de los precios en la economía (la gente deja de buscar por precio alimentando el círculo viciosos que genera el poder de mercado en la cadena de redistribución, reduciendo el poder adquisitivo de los consumidores. Inclina la balanza del mercado en favor de los formadores de precios) y, el impacto negativo sobre la habilidad del sector financiero para otorgar créditos de manera eficiente (crea incentivos para que empresas más riesgosas y menos productivas aparenten comportarse como firmas de alta rentabilidad, disminuyendo la capacidad de las entidades financieras de diferenciar correctamente entre los tomares de préstamos y resulta en una asignación menos óptima de la capacidad prestable). Tommasi argumenta que “contrariamente a la hipótesis de una “inflación administrada” que establece el sentido de la relación causal de los márgenes de beneficio hacia una mayor inflación, la relación causal se origina de una mayor inflación que afecta a la estructura de mercado y su desempeño. La inestabilidad de precios aleja a la económica de la competencia perfecta: actúa en detrimento mismo de la propia competencia en los mercados, perjudicando consecuentemente el bienestar de toda la sociedad y deteriorando la capacidad de los mercados para asignar recursos”. La lección de política que emergió de este periodo fue que el crecimiento económico sostenible no podía estar separado de la estabilidad de precios y que la estabilidad de precios a su vez dependía de una política monetaria creíble y comprometida. Uribe demuestra que la estrategia de reducción de la inflación, en combinación con una corrección gradual del déficit fiscal configura una política que optimiza el bienestar social intertemporal (consistencia inter-temporal). 3-

Inflation targeting (Savastano)

“Metas de inflación” es una estrategia de política monetaria introducida en Nueva Zelanda en el año 1990, la cual fue muy exitosa en términos de estabilización tanto de la inflación como de la economía real. En el año 2007, fue adoptada por más de 20 países (industrializados y no industrializados). La misma se caracteriza: 1) anuncio de una meta numérica para la inflación (generalmente, es alrededor del 2% anual para el IPC. Puede ser en forma de rango como de 1 a 3% anual, o un punto específico, pero con un intervalo de tolerancia. La diferencia entre las formas no presenta importancia relevante en la práctica); 2) implementación de una política monetaria que le da un papel importante al pronóstico de la inflación; y 3) alto grado de transparencia y responsabilidad. En la práctica, el esquema de meta de inflación no es estrictamente una meta de inflación si no que es una meta flexible de inflación, en el sentido de que el Banco Central no solo se propone estabilizar los precios alrededor de la meta, sino que también le otorga una ponderación a la estabilización de la economía real (explícita o implícitamente se toma una medida tal como la brecha entre el PIB actual y el potencial). Por lo tanto, los objetivos incluyen, además de la inflación, otros como la brecha del producto (los cuales se aproximan por una función de pérdida cuadrática). El instrumento utilizado para alcanzar el objetivo es la tasa de interés nominal implementada por el Banco Central). El establecimiento de la credibilidad es una precondición clave para el éxito del programa. La estabilización de la economía real tiene, probablemente, menos ponderación cuando la credibilidad es escasa. Como hay un rezago entre las acciones de política monetaria y el impacto sobre el objetivo del Banco Central, la política monetaria es más efectiva si esta se guía por los pronósticos. La implementación de metas de inflación, de esta forma, le da un rol importante al pronóstico de inflación y a otras variables de objetivos. El esquema de metas de inflación es caracterizado por un alto grado de transparencia (reportes regulares de política monetaria que incluyen pronósticos de inflación y otras variables, un resumen del análisis detrás de dichos pronósticos, y la motivación de las decisiones de políticas y de las futuras decisiones). El corriente énfasis en la transparencia se basa en la visión de que la política monetaria es en gran medida la administradora de expectativas. La política monetaria tiene un impacto mayormente sobre las expectativas del sector privado, y estas expectativas sobre la inflación futura afectan a los precios corrientes y a la de los próximos periodos. De esta forma, anclar las expectativas del sector privado constituye una precondición crucial para la estabilización de la inflación actual. Esto es referido como la credibilidad de la meta de inflación: si el Banco Central es exitoso en alcanzar la credibilidad, una buena parte de la batalla contra la inflación ya está ganada, además, un alto grado de credibilidad le da al Banco Central más libertar para ser “flexible” y poder estabilizar la economía real. No hay evidencia de que el esquema de metas de inflación deteriore la productividad, el empleo u otras medidas del desempeño económico. El éxito del mismo es tanto absoluto como relativo comparado con otras estrategias de política monetarias, tal como metas de tipo de cambio o metas sobre agregados monetarios. Tanto para países industrializados como no industrializados, la estrategia de metas de inflación ha proporcionado el más flexible régimen de política monetaria y ha podido sobrevivir a grandes shocks y disturbios. Algunas críticas a esta estrategia argumentan que se le da mucho peso a la inflación en detrimento de la estabilización de la economía real u otros objetivos posibles de la política monetaria. Una alternativa posible a la estrategia de metas de inflación la constituye la estrategia basada en metas sobre agregados monetarios, más precisamente, sobre el crecimiento monetario, en la que el Banco Central anuncia una meta explícita para la tasa de crecimiento de la oferta de dinero. La experiencia ha demostrado que la relación entre el crecimiento de cantidad de dinero y la inflación es muy inestable y no es confiable para fijarla como meta de política monetaria para conseguir bajar la inflación. Otra alternativa, aplicada en muchas económicas pequeñas y medianas, es una estrategia basada en el tipo de cambio fijando una estrategia tal como un tipo de cambio fijo (fijar el tipo de cambio relativo a un país centro con una política monetaria independiente). Por varias razones, esta estrategia induce a una entrada creciente de capitales internacionales y dificulta defender el (desalineado) tipo de cambio contra los ataques especulativos, por lo que fijar el tipo de cambio se vuelve menos exitoso (e inviable) para estabilizar la inflación. Esto ha llevado a muchos de esos países a establecer un esquema de metas de inflación con tipo de cambio flexible. 4-

Ensayo sobre el plan de convertibilidad

La intensa demanda de subastas de divisas forzó al Banco Central, el 6 de febrero de 1989, a suspender la convertibilidad del Austral. La prima en el mercado negro había aumentado significativamente, la hiperinflación comenzó a desarrollarse, y en las elecciones presidenciales de mayo de 1989 ganó el candidato del partido peronista: Menem. Los desequilibrios cuasi fiscales y una corrida contra el austral unieron sus fuerzas para reforzar la hiperinflación. El 9 de junio de 1989, Alfonsín renunció y asumió (anticipadamente) Menem. Él se alió con políticas económicas conservadoras.

Inicialmente, la inflación cedió, pero la oferta monetaria continuó expandiéndose por la significativa deuda del Banco Central. En enero de 1990, el Ministro de economía González, lanzó el Plan Bonex a través del cual toda la deuda del gobierno y los depósitos bancarios fueron convertidos, virtualmente, en un bono en dólares a 10 años, llamado Bonex 89. Esta refinanciación de la deuda pública hizo posible la eliminación del déficit cuasi fiscal y la adopción de medidas para estabilizar permanentemente la economía. Se anunció así, un ambicioso plan de desregulación y de privatizaciones. En febrero de 1991, tras otra corrida contra la moneda que resultó en una devaluación significativa y un resurgimiento de la inflación, el ministro Cavallo asumió el lugar de González. Entre 1989 y 1991, Argentina experimentó una virtual bancarrota financiera del estado y una hiperinflación. En abril de 1991 el ministro Cavallo anunció el Plan de Convertibilidad que se convirtió en la base de la estabilidad experimentada desde entonces. El principal pilar obvio del plan fue la Ley aprobada por el Congreso, por la cual el Banco Central se convirtió, en la práctica, en una Caja de conversión, a través del mandato de un respaldo de reservas del 100%. Al quitar el poder de devaluar al Ministerio de Economía y colocarlo en el Congreso, la Ley intentó quitar el instrumento de la devaluación del conjunto de instrumentos de política fácilmente disponibles y, por eso, brindó más credibilidad a la moneda. La nueva moneda tendría un valor predecible y respaldo completo en términos de una moneda fuerte. La deuda pública se refinanció bajo el Plan Brady y una fracción significativa de empresas púbicas se privatizaron (esta fue la única señal de ajuste del tamaño del gobierno). El gasto público se redujo principalmente por la hiperinflación de 1989. El levantamiento de las restricciones cuantitativas existentes y la convertibilidad de la moneda ayudaron a producir el boom de importaciones que se financio fácilmente por la creciente entrada de capitales. El crecimiento de las exportaciones había sido determinado más estrechamente por el sendero del ajuste estructural, respondió a incentivos fiscales y al aumento de la productividad experimentado en toda la economía. Los altos costos laborales debido a los impuestos a los salarios y las regulaciones, junto con los precios monopólicos en varios servicios públicos y la gran protección de otras industrias de insumos básicos, como el transporte y el papel, se agregaron al “costo argentino” y redujeron las posibilidades de crecimiento de las exportaciones. En sus esfuerzos por mejorar el balance comercial, el gobierno recurrió a esquemas de promoción de exportaciones que pudieron inducir a una mala asignación de recursos y a altos costos fiscales. Los “subsidios de exportaciones espejo” y el régimen de especialización industrial concedieron subsidios significativos a las industrias que no podían tener una ventaja competitiva sostenida. El programa de reforma estructural debía apuntar a terminar con la protección de la competencia extranjera para sectores privilegiados. La sombra más oscura en el frente económico fue la relativa sobrevaluación de la moneda que se sostuvo varios años como resultado de la entrada de capitales (explicada por la repatriación de fondos que se fueron en la década del 80 y de las privatizaciones que se usaron para financiar el gasto local). La policía estadounidense de tasas de interés más bajas indujo la entrada de capitales al país. Implicaciones macroeconómicas del Plan de Convertibilidad: la percepción del ajuste estructural redujo la prima por riesgo país y, a su vez, indujo la entrada de capitales que generó atraso cambiario, aumentó la oferta de crédito y la demanda agregada y, terminó financiando el déficit de cuenta corriente. La gran inflexibilidad de la economía ha requerido que la tasa de interés real y el desempleo tengan violentas oscilaciones en respuesta a un cambio dado en la demanda agregada. La política de largo plazo para sostener las reformas fue agregar flexibilidad a la economía profundizando la senda ya iniciada del ajuste estructural, en particular, en las áreas de reforma del estado, del mercado del trabajo, del sistema judicial y de la batalla interminable contra los lobbies privilegiados. Plan de convertibilidad. Fue un conjunto de medidas que apuntaron a un ajuste estructural completo y permanente de la economía y a una reforma del Estado: 1) reforma monetaria: mediante la Ley de Convertibilidad; 2) reforma fiscal: importantes mejoras en la administración del sistema impositivo junto con una redefinición del conjunto de impuestos y tasas; 3) reforma del Estado: privatizaciones y desregulaciones; 4) reforma del sistema previsional: nuevo mecanismo de capitalización operado por el sector privado; y 5) reforma comercial: mayor apertura comercial y la implementación de la unión aduanera Mercosur, que comenzó a operar plenamente en enero de 1995. El resultado fue una rara combinación de estabilidad con crecimiento. Ley de convertibilidad. Debía incluir ajustes fiscales fuertes y creíbles, así como reglas operativas rediseñadas para el sistema monetario. ¿Qué estableció esta Ley?: abc-

La conversión de la moneda en una relación 10.000 australes, 1 dólar (en 1992 fue reemplazada por 1 peso, 1 dólar). La base monetaria no podía exceder el valor en dólares de las reservas internacionales (respaldo de reservas del 100%). Prohibió la indexación en los mercados de bienes y trabajo, pero lo permitió para las operaciones de crédito.

Nueva carta orgánica del Banco Central. Estableció nuevas condiciones en el comportamiento de las autoridades monetarias (aprobada en septiembre de 1992): abc-

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Independencia del Directorio, cuyos miembros tienen que ser ratificados por el Congreso. Determinó términos fijos para los mandatos de los designados, incluyendo al presidente. Permitió que el 20% de las reservas estén en papeles del gobierno nominados en dólares (la serie BONEX), valuados al precio de mercado y no a la par (permite la emisión de base monetaria contra bonos, lo que hace posible que el Banco Central regule las fluctuaciones de corto plazo en la liquidez del mercado haciendo pases entre pesos y BONEX). Dicho techo del 20% puede ser elevado al 30% en caso de emergencias. Prohíbe al Banco Centrar asumir nuevos pasivos que devenguen interese y a remunerar los requerimientos de reservas (eliminando así, la posibilidad de generar déficit cuasi fiscal a través del servicio de la deuda del Banco Central). Prohíbe al Banco Central generar pasivos no respaldados por reservas. Prohíbe al Banco Central emitir garantías significativas sobre los depósitos de los bancos comerciales (eliminando así, el rol de prestamista de última instancia, aunque éste nunca fue relevante Argentina ya que todas las corridas experimentadas no fueron contra los bancos sino contra la moneda).

La macroeconomía del populismo

La historia económica de América Latina se caracteriza, entre otras cosas, por el uso de políticas macroeconómicas populistas para propósitos distributivos.Estas constituyen programas económicos que recurren en gran medida al uso de políticas fiscales y crediticias expansivas y a la sobrevaluación de la moneda para acelerar el crecimiento y redistribuir el ingreso. Al aplicar estas políticas, por lo general, no ha habido

preocupación por la existencia de restricciones fiscales y cambiarias. Sin embargo, después de un breve periodo de crecimiento y recuperación económicos, surgen cuellos de botella que provocan presiones macroeconómicas insostenibles y que finalmente conducen al derrumbe de los salarios reales y a graves dificultades de balanza de pagos. El resultado de estos experimentos ha sido generalmente una inflación galopante, la crisis y el colapso del sistema económico. Luego de estos experimentos, no queda más opción que instituir un programa de estabilización drásticamente restrictivo y costoso (generalmente, con el FMI). Por estas razones se habla del “carácter autodestructivo del populismo”: gran declinación del ingreso per cápita y los salarios reales en últimos periodos de estas experiencias. Los que apoyan estos programas populistas, destacan los factores políticos y en particular, los factores externos como los causantes de la declinación. Sin embargo, la vulnerabilidad externa que permite la desestabilización se debe en gran medida a la aplicación de políticas internas insostenibles. El paradigma populista. Drake ha destacado tres elementos de una definición del populismo: el populismo usa la movilización política, la retórica recurrente y los símbolos destinados a inspirar al pueblo, se basa en la coalición heterogénea donde predomina l clase trabajadora pero que incluye sectores importantes de los estratos medios y altos que la dirigen. El populismo implica también un conjunto de políticas reformistas que intentan promover el desarrollo sin provocar un conflicto clasista explosivo. Conniff sostuvo que los programas populistas se traslapan frecuentemente con los del socialismo: la redistribución del ingreso es parte central de los programas populistas, éstos están motivados por una estrategia de reforma social en gran escala. En este trabajo se tomará la siguiente definición de populismo económico: es un enfoque de la economía que destaca el crecimiento y la redistribución del ingreso y menosprecia los riesgos de la inflación y el financiamiento deficitario, las restricciones externas y a la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas ajenas al mercado. Debe advertirse que las políticas populistas fracasan en última instancia, y su fracaso tiene siempre un costo terrible para los mismos grupos que supuestamente se quiere favorecer. Los aspectos más importantes del paradigma populista se resumen en: 1)condiciones iniciales: los gobernantes populistas (y la población en general) están muy insatisfechos con la actuación de la economía, priva una fuerte sensación de que las cosas podrían estar mejor: el país ha experimentado un crecimiento muy moderado, el estancamiento o la depresión franca, debido a esfuerzos de estabilización anteriores (emprendidos generalmente con el apoyo del FMI, lo que ha conducido a reducir el crecimiento económico y los niveles de vida, incrementando la distribución desigual del ingreso); 2) ausencia de restricciones: los gobernantes rechazan el paradigma conservador y olvidan todo tipo de restricciones a la política macroeconómica (se cree que la capacidad ociosa aporta el margen necesario para la expansión), por lo que se aplican políticas expansivas sin el riesgo de toparse con restricciones externas: los riesgos del financiamiento deficitario (destacados en el pensamiento tradicional) se presentan como exagerados o totalmente infundados, y además, se considera que la expansión no es inflacionaria (ya que la capacidad ociosa y la declinación de los costos a largo plazo frenan las presiones de los costos y siempre hay márgenes para reducir los márgenes de ganancia mediante controles de precios); 3)prescripciones de política económica: los programan populistas destacan tres elementos: la reactivación la redistribución del ingreso y la restructuración de la economía. La trama común es la “reactivación con distribución”: uso activo de la política macroeconómica para redistribuir el ingreso, típicamente por grandes aumentos del salario real que no se trasladan a precios. Se rechaza la devaluación porque se asegura que tendrá un efecto inflacionario sin afectar positivamente al comercio exterior y disminuyendo los niveles de vida. Deberá restructurarse la economía para ahorrar divisas y sostener niveles más altos de los salarios y de un mayor crecimiento. Todos esos cambios son necesariamente interdependientes: no se pueden alcanzar cambios más profundos sin ampliar el apoyo político del gobierno, y la reactivación económica y la redistribución del ingreso proporcionarán un impulso para estos cambios fundamentales. Esta nueva política pretende pasar de una economía de conflicto y especulación a otra de producción y consenso. En esta economía pueden ser compatibles la estabilidad, el crecimiento, la distribución y el desarrollo en un contexto de planeación nacional que encuentre expresión concreta en el dialogo y la concertación social y económica. Se debe conciliar la eficiencia económica con la equidad social en una dinámica productiva que está fundamentalmente sostenida por recursos internos. Fases de la economía populista. Los gobernantes populistas se apresuran a aplicar ambiciosos programas económicos que intentan redistribuir el ingreso, generar empleo y acelerar el crecimiento. Se destacan cuatro fases comunes a la mayoría de las experiencias: a-

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Fase 1: el éxito. Se eleva la producción, los salarios reales y el empleo. Las políticas macroeconómicas tienen gran éxito, la inflación no es un problema y las importaciones alivian la escasez. La disminución de inventarios y la disponibilidad de importaciones absorben la expansión de la demanda con escaso efecto en la inflación. Fase 2: incipientes desequilibrios. Se crean cuellos de botella en la economía debido, en parte, a una fuerte expansión de la demanda de bienes nacionales y en parte, a una creciente falta de divisas. Los bajos niveles de inventarios y su reposición constituyen ahora una fuente de problemas. Se hacen necesarias las correcciones de los precios y la devaluación, el control de cambios o el proteccionismo. La inflación aumenta de manera significativa, pero los salarios se mantienen. El déficit presupuestario empeora enormemente como resultado de los subsidios generalizados a los bienes de consumo básico y las divisas. Fase 3:desequilibrios generalizados. La escasez generalizada, la aceleración extrema de la inflación y la obvia deficiencia de divisas, condujeron a la fuga de capitales y la desmonetización de la económica. El déficit presupuestario se deteriora violentamente a causa de un importante descenso de la recaudación fiscal y el aumento de costos de los subsidios. El gobierno intenta estabilizar la economía reduciendo los subsidios y efectuando una depreciación real. Los salarios reales bajan drásticamente y la política se torna inestable. Fase 4: el ajuste. La estabilización ortodoxa se realiza en un nuevo gobierno. Con frecuencia se aplicará un programa del FMI, y cuando todo haya terminado, el salario real habrá bajado hasta un nivel significativamente menor que el prevaleciente cuando se inició todo el episodio. Se habrá deprimido la inversión y promovido la fuga de capitales. (el capital puede huir de las malas prácticas, pero los trabajadores están atrapados). El desmantelamiento final es acompañado, frecuentemente, por grandes cambios políticos, incluido el derrocamiento violento del gobierno.

En todos los casos hubo efectos desastrosos para los grupos que supuestamente habrían de ser los beneficiarios de las políticas. Resulta evidente que es muy escasa la capacidad (o disposición) de aprender de las experiencias de otros países, lo que se manifiesta en la insistencia de los que apoyan estos programas, en que sus circunstancias son únicas, de modo que son inmunes a las consecuencias históricas de otras naciones. Otra cuestión, es si los países tienen memoria económica y política que les permita aprender de sus propios errores. En el caso de Chile esto ha sucedido: las nuevas autoridades han destacado reiteradamente la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y de perseguir metas de redistribución mediante políticas microeconómicas específicas. Un aspecto fundamental, consiste en saber si las políticas populistas son totalmente insostenibles o si existe alguna variante que pueda triunfar. Las políticas expansivas (a corto plazo) pueden triunfar si se alejan suficientemente de las restricciones cambiarias, destacan la reactivación sólo durante un breve periodo inicial pero luego se deben aplicar políticas de crecimiento. Es muy importante para el

éxito que las políticas expansivas estén conscientes de las restricciones de la capacidad y recurran para su financiamiento a una política fiscal en extremos y ortodoxa, y a una administración impositiva rigurosa. 6-

Inflación y programas de desinflación (Capítulo 6 – Ágenor)

La inflación ha sido (y es) el foco en la búsqueda de la estabilización macroeconómica en los países en desarrollo, particularmente en América Latina. Esto se debe a los substanciales costos sociales que la alta inflación impone, principalmente sobre aquellas personas que no están protegidas por la indexación. Se pueden enumerar diversas fuentes (causas) de este fenómeno, siendo el elevado déficit fiscal monetizado la más frecuente. Otras causas que son particularmente importantes en el corto plazo son: inflación salarios (inercia inflacionaria) y el grado de rigidez de salarios nominales, depreciación del tipo de cambio, shocks de términos de intercambio externo, cambios en la frecuencia de ajuste de los precios, oferta inducida por movimientos en los precios y poca credibilidad. Como argumenta Beaurgrand, las presiones inflacionarias están compuestas por el efecto OliveraTanzi, el cual reduce los ingresos tributarios del gobierno en términos reales y conduce a un incremento del déficit fiscal real. Fuentes de inflación. Para comprender las fuentes de la inflación, hay que distinguir entre hiperinflación e inflación crónica. Ambos fenómenos están dados, frecuentemente, por un elevado déficit fiscal and y por la necesidad de ingresos por señoreaje. La hiperinflación es definida, sobre la base del criterio de Cagan, como una tasa de inflación de alrededor del 50% mensual, o más de 12.000% anual, y tiene tres características principales: 1) típicamente tiene su origen en grandes desbalances fiscales que son plenamente monetizados por el pasivo del Banco Central; 2) en periodos de hiperinflación, la inercia inflacionaria tiende a desaparecer: las mayoría de los contratos salariales se indexan a una moneda extranjera, así como la mayoría de las transacciones (esta dolarización de la economía tiende a ser difícil de revertir una vez que la inflación cae); y 3) ésta genera un caos social y un ambiente económico en el que el público es consciente de que la situación es inestable, eventualmente, creando las condiciones políticas para un drástico programa de políticas dirigido a atacar este fenómeno desde sus raíces. La inflación crónica tiene las siguientes características: 1) los desequilibrios fiscales son frecuentemente menos agudos in el corto plazo que aquellos observados durante episodios de hiperinflación (sin embargo, esto hace más difícil movilizar apoyo político para la reforma); 2) hay un alto grado de inercia inflacionaria resultante de extender la indexación de salarios y de activos financieros; y 3) el público se vuelve escéptico a los nuevos intentos de frenar la inflación, particularmente cuando hay una historia de esfuerzos estabilizadores fallidos (esta poca credibilidad es una poderosa fuente de inercia inflacionaria). Déficit fiscal, señoreaje e inflación. En países donde el sistema tributario, el mercado de capitales y las instituciones están sub-desarrolladas, los desequilibrios fiscales son preponderantemente las raíces de la hiperinflación y de la inflación crónica. En ellos, los gobiernos no tienen otra opción que monetizar su déficit presupuestario. Suponiendo que la demanda de saldos monetarios reales, md, es función del ratio de inflación esperada, πa. Sin embargo, bajo previsión perfecta (es decir, de expectativas racionales en un ambiente sin incertidumbre), el ratio de inflación esperado y el actual coinciden: πa = π. La función (semi-logarítmica) de demanda de dinero es: md = m0exp(-απ), donde α > 0. El equilibrio en el mercado del dinero requiere de la igualdad entre la oferta de dinero y la demanda de dinero, lo que implica que: md = ms = m, y despejando la tasa de inflación queda: π = - ln(m/m0)/α. El equilibrio demuestra que, a lo largo de la senda de equilibrio, la inflación y el balance de saldos reales están negativamente relacionados, lo que define la curva de pendiente negativa de la imagen, denominada MM (Money Market Equilibrium). Cuando π tiende a cero, m tiende m0 (ya que, haciendo el logaritmo de uno, el cociente se hace cero). En todo momento del tiempo, la economía debe localizarse sobre la curva MM. Para visualizar la dinámica del proceso inflacionario, se supone que el déficit fiscal real, está dado por: d = dA + φπ, donde φ> 0, el primer término puede ser definido como el componente autónomo del déficit fiscal, y el segundo (φπ) es un término que mide el efecto Olivera-Tanzi: es el hecho de que un aumento de la inflación, reduce el valor real de los ingresos (como resultado de un rezago en la recaudación de los impuestos) y de esta forma incrementa el déficit fiscal real (se asume que el gasto del gobierno está plenamente indexado al nivel de precios). Se considera que el déficit es financiado en su totalidad por ingresos de señoreaje, esto es: d = µm, donde µ = M’/M, el ratio de crecimiento del stock nominal de dinero. El señoreaje es definido como el cambio en la base monetaria dividido por el nivel de precios: M’/P= (M’/M) m. a su vez, el ratio de cambio en los saldos monetarios reales es: m’/m = µ - π. En estado estacionario, cuando m’/m = 0, se cumple que µ = π. Reemplazando el déficit fiscal en d = µm, se llega a: π = dA/(m – φ). Esto implica que la inflación está positivamente relacionada con el componente autónomo del déficit fiscal, y negativamente relacionado con los saldos monetarios reales en el largo plazo. Para asegurar que la inflación de equilibrio encontrada sea positiva, se requiere que m > φ en estado estacionario, lo cual se consigue cuando la elasticidad inflación – déficit fiscal es menor a uno. Esta relación se describe en la curva DD de la figura. Cuando π tiende a infinito, m tiende a φ, y cuando m tiende a infinito, π tiende a cero (de esta forma, es una función asintótica). Notar que la curva DD describe solo una relación de estado estacionario entre m y π. La economía se mueve continuamente a lo largo de la curva MM en el corto plazo, pero la curva MM debe intersectar a la curva DD cuando la economía alcance la posición de equilibrio de largo plazo, caracterizada por un nivel constante de saldos monetarios reales. En general, dependiendo del tamaño del componente autónomo del déficit fiscal, la curva MM puede o no intersectar a la curva DD: puede ocurrir una situación en a que no haya equilibrio (no se intersecten las curvas, como D’’D’’), que haya un único equilibrio (es decir, que hagan tangencia, como D’D’), o que haya dos equilibrios (como la curva DD). En otras palabras, que el equilibrio de largo plazo sea único, depende del tamaño del componente autónomo del déficit fiscal. Suponiendo por simplicidad que φ = 0, entonces la relación de estado estacionario será: πm = dA. Como se dijo previamente, cuando el ratio de inflación tiende a cero, los saldos monetarios reales tienden a un valor finito m0, entonces, dA también debe tender a cero cuando la inflación es muy baja. A medida que el componente autónomo del déficit fiscal se incrementa, el ingreso por señoreaje en estado estacionario también debe aumentar (en estado estacionario, como m’ = 0, sólo aumenta vía el impuesto inflacionario), pero dicha relación no es lineal ya que, a medida que la inflación aumenta, la demanda de dinero cae: la forma exponencial de la función de demanda de dinero implica que cuando la inflación comienza a aumentar, los saldos monetarios reales caen por relativamente poco y el ingreso por señoreaje aumenta al principio, pero cuando la inflación continúa aumentando, los saldos monetarios reales comienzan a caer a un ritmo más acelerado, es decir, a un ratio más rápido que la

tasa de aumento de la inflación, y, por lo tanto, el ingreso por el impuesto inflacionario se reduce. Luego de la fase durante la cual πm se incrementa (a una tasa decreciente), este comienza a caer (a una tasa creciente) y eventualmente tiende a cero cuando π tiende a infinito. Este resultado define la concavidad de la relación denominada Curva de Laffer del señoreaje, la cual asocia la tasa de inflación y el ingreso del impuesto inflacionario (todo de estado estacionario). Esta curva muestra que, para un nivel dado del déficit autónomo, existen dos tasas de inflación que permiten financiarlo (curva DD, punto B y B’). La unicidad del equilibrio ocurre solo a una tasa de inflación óptima, la cual maximiza el ingreso por señoreaje en astado estacionario (esta es obtenida derivando πm con respecto a π, e igualando a cero). Dicha tasa de inflación óptima es alcanzada cuando la elasticidad inflación – demanda de dinero es exactamente igual a uno (por encima de este punto, incrementar la inflación conduce a un aumento menos que proporcional del ingreso por señoreaje). Finalmente, se obtiene que πmax = 1/α, está inversamente relacionado con la (cuasi) elasticidad inflación – demanda de dinero (si los impuestos convencionales están sujetos a un costo marginal creciente de recaudación, la inflación óptima podría ser también una función creciente del gasto del gobierno). El nivel del déficit autónomo correspondiente a la tasa πmax viene dado por: dAm = m0exp(-1)/α. La relación entre dAm y πmax viene dada por la curva del panel de abajo: por debajo del punto A, aumentar la inflación hace aumentar el ingreso por el impuesto inflacionario, (tal que d(πm)/dπ > 0, la elasticidad demanda de dinero – inflación es menor a 1), pero por encima del punto A, un aumento de la inflación reduce el ingreso por impuesto inflacionario (tal que d(πm)/dπ < 0, la elasticidad demanda de dinero – inflación es mayor a 1). El siguiente problema es determinar si el equilibrio, único o no, es estable (requiere analizar las propiedades de estabilidad local del modelo). Como se dijo previamente, el patrón dinámico de la económica debería siempre estar a lo largo de la curva MM, es decir, el equilibrio en el mercado monetario debe mantenerse continuamente. Suponiendo que nos encontramos dA*, donde hay dos posibles ratios de inflación de equilibrio de largo plazo: ¿la economía, comenzando desde una posición arbitraria sobre la curva MM, converge a B o B´? Suponiendo que la económica está inicialmente en el punto F sobre la curva MM, por encima de la curva DD: al nivel de inflación dado, los saldos monetarios reales son más altos que su nivel de estado estacionario (requerido para financiar dA*), dado por π/dA* (bajo el supuesto de que φ = 0). Así, el proceso de ajuste requiere una reducción en m, un incremento de la inflación, y, por lo tanto, un movimiento desde B hacia B’). Suponiendo que la económica está inicialmente en el punto C sobre la curva MM, por debajo de la curva DD: al nivel de inflación dado, ahora los saldos monetarios reales son menores a su nivel de estado estacionario, por lo que el proceso de ajuste consiste en un aumento de m, un aumento de la inflación y, por lo tanto, un movimiento desde B hacia B’. La discusión previa sugiere que un punto como B, asociado con un nivel de inflación más bajo que el punto óptimo, es inestable (algún shock exógeno –como un aumento repentino del gasto del gobierno que aumente el componente autónomo del déficit fiscal – conduciría a la economía a un punto lejos de B). por el contrario, el punto B’, el cual se asocia con un nivel de inflación mayor a la óptima, es un equilibrio estable (sin embargo, como demostraron Evans y Yarrow, con expectativas adaptativas, el punto B sería un equilibrio estable mientras que B’, no lo sería). Dada la naturaleza del proceso de ajuste bajo perfecta previsión, un país podría estar atascado en una situación en donde la inflación es persistentemente alta, lo de Bruno y Fisher denominaron “trampa de la inflación”. Claramente, un equilibrio caracterizado por una tasa de inflación superior a la óptima, es ineficiente: la misma cantidad de ingresos por señoreaje podría obtenerse a un nivel más bajo de inflación. ¿Qué puede hacer el gobierno para mover a la economía lejos de esa posición ineficiente? La respuesta obvia es cambiar, ya sea, el componente autónomo del déficit fiscal o el ratio de crecimiento de la oferta de dinero (µ), ambos afectan la posición de la economía a lo largo de la curva de Laffer. Por ejemplo, una reducción creíble en el ratio de crecimiento de la oferta de dinero puede cambiar la posición de la curva MM y DD de manera que la curva MM intersectaría a la curva DD en un único punto (A). Esta visión de que los países puedan encontrarse atascados en una trampa de la inflación, resulta consistente con un numero de episodios de alta y crónica inflación observados en América Latina. Esto también resulta pertinente para el estudio de la dinámica de la inflación en países en desarrollo donde el señoreaje contabiliza una porción significativa de los ingresos fiscales. Sin embargo, en general la evidencia sugiere que la relación entre el déficit fiscal, crecimiento monetario e inflación, es relativamente débil, particularmente en el corto plazo (sólo en un pequeño número de casos se encontró una relación positiva entre el déficit fiscal y la expansión monetaria). Una posible explicación es que las expectativas sobre los cambios de política futuros juegan un rol importante: con un gran déficit fiscal hoy, por ejemplo, puede esperarse que en un futuro cercano sea financiado mediante emisión monetaria o bonos, lo que puede aumentar la inflación esperada y la actual inmediatamente, o también puede esperarse que se recorte el gasto público, lo que conduciría a una caída inmediata de la tasa de inflación esperada. Los impuestos son una alternativa a la creación monetaria, y el costo marginal de recaudación del impuesto es relativamente moderado al compararlo con la pérdida de bienestar causada por la extrema inflación, por lo que altas tasa de crecimiento de la base monetaria no es una política óptima. La idea de un punto estable de trampa de la inflación puede ser de limitada utilidad para entender los episodios de alta inflación o hiperinflación. La inflación refleja el estado de caos fiscal más que una finanza pública óptima. Otras fuentes de la inflación crónica. El déficit fiscal, el crecimiento del dinero, inercia salarial, depreciación del tipo de cambio, shocks de términos de intercambio externo, frecuencia de ajuste de precios, cambios en los precios de alimentos y el sesgo inflacionario de la política monetaria bajo imperfecta credibilidad, son factores que pueden afectar el proceso inflacionario en el corto plazo. Inercia salarial. La aplicación de expectativas adaptativas en el mecanismo de formación de salarios (como la indexación salarial a la tasa de inflación pasada) puede jugar un papel importante en la persistencia de la inflación, directa o indirectamente, en transmitir los movimientos del tipo de cambio a los precios domésticos. En la práctica, la ausencia de indexación instantánea es resultado, frecuentemente, de los grandes costos asociados con: 1) reunir y procesar la información sobre los movimientos corrientes de precios, 2) renegociación de acuerdos salariales, y 3) incrementar la frecuencia de pagos salariales. Considerando un modelo simple de una economía que produce un bien doméstico y un bien transable, la tasa de inflación está dada por el promedio ponderado de los cambios en los precios de cada uno de los bienes, donde las ponderaciones (δ) se corresponden con la participación del bien doméstico en el índice de precios, ϵ es la tasa de devaluación, πN es la tasa de inflación de los bienes domésticos y πT, la de los bienes transables: π = δ πN + (1 – δ) (πT*+ ϵ). Cambios en los precios domésticos son establecidos como un mark-up por encima de la tasa de crecimiento salario nominal y del nivel de exceso de demanda de bienes domésticos: πN = w’ + αdN, en equilibrio, dN = 0, por lo que πN = w’. A su vez, la tasa de incremento del salario nominal está determinada por la inflación del periodo anterior: w’ = γπ-1, dondeγestá entre cero y uno (que sea igual a 1 indica una completa indexación). Reemplazando lo anterior en la ecuación de cálculo de la inflación: π = δ (γπ-1+ αdN) + (1 – δ) (πT*+ ϵ). Dicha ecuación muestra que un alto grado de indexación salarial implica un alto grado de persistencia de la inflación. Se ha observado, que en algunos países que la frecuencia a la cual se ajusta el salario nominal tiende a incrementarse con el nivel de inflación pasado y las presiones inflacionarias presentes (generado, por ejemplo, por una gran devaluación del tipo de cambio), aumentando, de esta forma, la inflación en sí misma. Un shock exógeno en el proceso de negociación salarial podría también ejercer efectos de impulsos sobre la inflación, la cual podría persistir en el tiempo in presencia de una política monetaria complaciente. Tipo de cambio y términos de intercambio externo. La depreciación del tipo de cambio nominal puede ejercer efectos directos sobre

el déficit fiscal a través de dos canales: el primero, por afectar el valor en moneda doméstica de los ingresos externos recibidos por el gobierno (como la rendición de requerimientos de exportación) y de los desembolsos (como los servicios de la deuda), y el segundo, por afectar el ingreso derivado de los impuestos ad valorem sobre las importaciones (los cuales, continúan representando una parte importante de los ingresos en muchos países en desarrollo). Como resultado, cambios en el tipo de cambio nominal puede afectar la oferta de dinero y la inflación. En suma, como la suba del tipo de cambio hace aumentar el precio de los bienes que compiten con las importaciones y el precio de los bienes exportados, este puede ejercer presiones sobre los salarios como resultado de su efecto en el costo de vida. En un país con un gran déficit por cuenta corriente, si la autoridad decide devaluar para aumentar la competitividad y las exportaciones, podría generar un efecto directo sobre los precios domésticos mediante el aumento del precio de bienes finales e intermedios importados. Dicho aumento de precios domésticos puede ser suficiente para compensar el efecto de la devaluación inicial sobre la competitividad, tentando al hacedor de políticas a llevar a cabo una nueva devaluación. El proceso puede convertirse en un espiral “devaluación – inflación”. Además, si los salarios están indexados al costo de vida, los mismos se incrementarían también imponiendo más presión sobre los precios de bienes domésticos, y contribuiría a la inercia inflacionaria. Lo mismo podría ocurrir en un país con régimen de tipo de cambio fijo, pero donde el mercado negro de divisas (mercado paralelo) es muy grande: un deterioro de las cuentas externas conduciría a los agentes a esperar una devaluación del tipo de cambio oficial para restablecer la competitividad, dichas expectativas se trasladan de manera inmediata en una depreciación del tipo de cambio paralelo. De esta forma, como el tipo de cambio paralelo es una medida más adecuada del costo marginal de los intercambios externos que el tipo oficial (fijo), los precios tenderían a aumentar. Este aumento de precios erosionaría aún más la competitividad de la economía, llevando a los agentes a esperar una devaluación aún más grande que al comienzo, lo que nuevamente se traslada al tipo de cambio paralelo, luego a los precios, y el ciclo comienza nuevamente. Y una vez más, la indexación salarial podría exacerbar el problema. La evidencia sugiere, entonces, una fuerte correlación entre el tipo de cambio paralelo y la inflación. Debe notarse también que el aumento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo conduce, típicamente, a una desviación de las exportaciones de los canales a oficiales generando pérdidas de reservas, lo que eventualmente forzará a las autoridades a abandonar el régimen de tipo de cambio fijo. En países donde el gobierno está directamente involucrado en el control de una commodity primaria importante, puede haber un efecto directo del cambio en los términos de intercambio externo sobre el presupuesto, así como también un efecto indirecto a través de los impuestos sobre los beneficios de las empresas y ventas domésticas (el cual puede ser significante incluso cuando el gobierno no tiene un control directo sobre las exportaciones). En estas condiciones, un deterioro de los términos de intercambio externo podría, por ejemplo, reducir los ingresos del gobierno y aumentar las presiones para la monetización del déficit fiscal. Sin embargo, incluso una mejora de los términos de intercambio externo podría conducir a una alta inflación futura: el gasto del gobierno puede incrementarse bruscamente en respuesta al boom del precio de las commodities (temporal), y, en la medida en que los incrementos son difíciles de revertir cuando el precio de las commodities caiga, el déficit presupuestario podría incrementarse y el financiamiento inflacionario podría resultar. Frecuencia de ajuste de precios. Cuando la alta inflación está asociada también a una alta variabilidad de la inflación, la incertidumbre sobre el horizonte de los precios hace que la frecuencia de ajuste de los precios se vuelva endógena y tienda a acelerarse. Intervalos cortos entre los ajustes de precios genera aumentos de inflación conduciendo a acortar aún más el periodo entre ajustes: lo fijadores de precios finalizan optando por denominar sus precios en moneda extranjera. Esto hace aumentar la sincronización entre los precios domésticos y el tipo de cambio nominal como aumentos de inflación. La existencia de una relación positiva entre el nivel y variabilidad de la inflación, está respaldada tanto en países en desarrollo como en países desarrollados. Obviamente, alta variabilidad de la inflación no es sinónimo de incertidumbre. De esta forma, el corto intervalo de tiempo entre los ajustes de precios puede convertirse en otra fuente de presiones inflacionarias si la postura de la política monetaria permanece complaciente. Precio de los alimentos. Los precios de los alimentos son los que constituyen, en mayor parte, el índice de precios al consumidor. Consecuentemente, los factores que afectan por el lado de la oferta de esos bienes (por ejemplo, el clima) tienen un importante efecto sobre el comportamiento de los precios. Hay una cercana correlación entre el precio de los bienes alimenticios y la inflación medida por el índice de precios al consumidor en países en desarrollo. Sin embargo, precisamente por la importancia del precio de los alimentos en el índice de costo de vida in esos países, se debe tener precaución en interpretar dicha correlación como una relación causal. Inconsistencia inter-temporal y el sesgo inflacionario. Como se dijo previamente, la imperfecta credibilidad en presencia de trade-offs de políticas puede generar un sesgo de devaluación en el manejo del tipo de cambio. De manera similar, la imperfecta credibilidad puede generar un sesgo inflacionario en la política monetaria, resultando en un problema de inconsistencia inter-temporal en los anuncios de política (la política que es óptima ex ante puede ya no ser la política optima ex post). Esto se debe a que los hacedores de políticas son conscientes de la estabilidad de precios como objetivo de política, pero también de los beneficios que ésta puede generar (en la medida en que se una inflación inesperada). Los agentes, entonces, podrían desconfiar de los anuncios de una política de baja inflación ya que esperaría que los hacedores actúen discrecionalmente (lo que, en efecto, pasa en el equilibrio). En el modelo de Barro – Gordon, los hacedores de políticas incluyen a la inflación y a la brecha del producto (o el desempleo) en su función de pérdida: L = 0,5(Y – Y*)2 + 0,5θ(π – π*)2, donde θ > 0. La tasa de inflación deseada, π*, puede estar relacionada con la necesidad de ingresos por el impuesto inflacionario, o también, con el deseo de reducir el valor real de la deuda pública. El coeficiente θ mide la importancia relativa de desviaciones de la inflación con respecto al objetivo en la función de pérdida. La economía se caracteriza por la curva de Phillips (expectativas-aumentadas) dada por: Y = YL + α(π – πa) + µ, donde α > 0, YL< Y* es el producto de largo plazo (esta restricción asegura que los hacedores de política tienen incentivos de aumentar el producto por encima de su nivel de largo plazo), πa es la inflación esperada y µ, el término de error con media cero y varianza constante. Los hacedores de política buscan que los agentes privados esperen una baja inflación para poder explotar el favorable trade-off entre inflación y producto. Pero el mero anuncio de una política de baja inflación no es creíble: una vez que las expectativas son formadas, los hacedores de política tienen un incentivo a incumplir su anuncio con el objetivo de conseguir un incremento en el producto hacia su nivel deseado, Y*, y reducir el desempleo; los agentes privados conocen esos incentivos y por lo tanto no creen en el anuncio inicial. Como resultado, la inflación de equilibrio sería más alta que la que hubiera sido en otra situación. La política monetaria (aquella que tiene un control directo sobre la inflación) sufre así de un sesgo inflacionario. Incluyendo la ecuación de la relación de Phillips en la función de pérdida, y sabiendo que π = πa bajo el compromiso de una baja inflación, la función de pérdida queda como sigue: L = 0,5(YL – Y* + µ)2 + 0,5θ (π – π*)2. El valor de la tasa de inflación que minimiza la función de pérdida es aquel que cumple π = π*. Pero bajo discreción, no se cumple que π = πa, por lo que la función de pérdida cambia: L = 0,5(YL+ α (π – πa) – Y* + µ)2 + 0,5θ (π – π*)2. La inflación de equilibrio viene dada por: π = π* + α(Y* - YL)/(θ + α2) + α2(πa – π*)/(θ + α2). En el equilibrio, nuevamente, π = πa, entonces: π = π* + α(Y* - YL)/θ. En el equilibrio, el producto puede desviarse de su nivel potencial como resultado de un shock aleatorio: Y = YL + µ. Pero bajo discreción, la inflación de equilibrio puede ser más alta que la deseada porque los agentes conocen los incentivos de los hacedores de política. Cuanto mayor sea la diferencia entre el nivel de producto deseado y el potencial, mayor será la pendiente de la curva de Phillips (α), y más baja será la importancia relativa de la inflación en la función de pérdida (θ) y, por tanto, más alta será la inflación de equilibrio. Un compromiso creíble por una regla de política es beneficioso comparado con la política discrecional. En la medida en que los hacedores de políticas puedan tener un compromiso creíble de bajar la inflación, la economía estará mejor: el producto sería el mismo que bajo una

política discrecional, pero la inflación sería más baja (π = π*). Pero no es fácil conseguir un anuncio creíble de políticas no inflacionarias. A través de los mecanismos o arreglos institucionales, los hacedores de política pueden manifestar un compromiso creíble de políticas no inflacionarias. Sin ellos, la inflación podría persistir. Se demostró que un compromiso creíble sobre un objetivo explícito de inflación, puede reducir el sesgo inflacionario, pero posiblemente a expensas de una mayor variabilidad en el producto. Ancla nominal y desinflación. Uno de los problemas más debatidos en el análisis de políticas de desinflación es el relacionado a los méritos de programas de estabilización basados en el tipo de cambio versus aquellos basados en agregados monetarios (con flexibilidad de tipo de cambio). En economías donde la información es completa, y no hay distorsiones ni rigideces, los objetivos de tipo de cambio y los objetivos sobre agregados monetarios son equivalentes bajo perfecta movilidad de capitales. Sin embargo, esta equivalencia no necesariamente se mantiene cuando las condiciones mencionadas cambian. En general, hay tres consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir entre alguna de las alternativas de programa de desinflación: a-

b-

c-

d-

El grado de control y efectividad de del instrumento a utilizar para reducir la inflación: en general, los hacedores de políticas no tienen control directo sobre la oferta de dinero, mientras que fijar el tipo de cambio puede ser relativamente sencillo y sin costos substanciales. En un ambiente en el cual la demanda de dinero está sujeta a grandes shocks aleatorios y donde la velocidad de circulación es inestable, la efectividad de la oferta monetaria como ancla es reducida, mientras que el tipo de cambio podría anclar el nivel de precios a través de su efecto directo sobre el precio de los bienes transables y las expectativas de inflación. Entonces, fijar el tipo de cambio puede resultar preferible a tener una meta sobre el stock de dinero. A su vez, monitorear el cumplimiento de la meta es más sencillo en el caso de fijar el tipo de cambio, lo que facilita la ganancia de credibilidad en el esfuerzo de estabilización. Sin embargo, es necesario que los hacedores de política convenzan a los agentes privados de que son capaces de defender la política de tipo de cambio fijo (una ayuda sería asegurar la solvencia externa), ya que, de lo contrario, ocurrirían ataques especulativos que eventualmente harían abandonar el régimen de tipo de cambio. El sendero de ajuste de la economía y los costos relativos (medidos en términos de producto o de desempleo) asociados a cada instrumento: las dinámicas de ajuste de los programas propuestos tienden a diferir significativamente: la estabilización basada en el tipo de cambio conduce a una expansión inicial y luego una recesión, mientras que los programas de estabilización basados en agregados monetarios se caracterizan por una inicial contracción del producto. La característica cíclica del boom-recesión es particularmente marcada cuando la credibilidad en el programa de estabilización es baja (en el sentido que se percibe como temporal): los agentes privados, con el objetivo de tomar ventaja sobre los precios temporalmente bajos de los bienes transables, incrementan el gasto induciendo a un déficit de la cuenta corriente y a una apreciación del tipo de cambio real, lo que, finalmente, forzará a las autoridades a abandonar el intento de fijar el tipo de cambio. En contraste, el colapso esperado del programa de estabilización basado en agregados monetarios no conduce a un cambio en el gasto inter-temporal porque el banco central no se compromete a usar sus reservas para apoyar el tipo de cambio (no es una anticipación a una crisis monetaria). El grado de credibilidad de cada instrumento y su relación con la política fiscal: la credibilidad no depende solo de la habilidad de los hacedores de políticas para enviar señales claras sobre sus preferencias políticas sino también del grado de control del instrumento de política elegido y el sendero de ajuste de la economía. En general, cuando hay poca credibilidad la elección entre los programas de estabilización propuestos no es lo más importante. La inflación podría mantenerse alta independientemente del programa elegido (mientras más baja sea la credibilidad mayor será el grado de persistencia de la inflación). El programa basado en reglas sobre el tipo de cambio, junto con algo de credibilidad, es más exitoso en reducir la inflación: esto se explica por la expansión inicial y las presiones al alza del tipo de cambio real que genera este programa en la fase inicial. Además, se argumenta también que este programa resulta más exitoso debido a que induce un mayor compromiso para emprender el ajuste fiscal. Si hay dudas sobre este último aspecto, dicho programa podría perder credibilidad y podría volverse imposible de defender. Escenario de flexibilización: a pesar de que el programa basado en el tipo de cambio puede resultar beneficioso para frenar la alta inflación, mantenerlo por mucho tiempo una vez que se haya estabilizado la inflación en un nivel moderato (pero no bajo), puede convertirse en una problemática, con rigideces nominales en la formación de precios y salarios promoviendo lentamente el decline de la inflación. El tipo de cambio fijo con una continua inflación alta implica una apreciación del tipo de cambio real erosionando la competitividad de la economía, impidiendo la expansión de las exportaciones. Notar que, una gran devaluación al principio de la estabilización, es una estrategia que podría amortiguar el sistema por permitirle absorber la apreciación real resultante de mantener el tipo de cambio fijo. Cambiar a un régimen de tipo de cambio más flexible permite alcanzar la estabilidad macroeconómica, proporcionando un importante mecanismo a través del cual puede ocurrir el ajuste a shocks internos y externos. Además, la flexibilidad del tipo de cambio puede ser útil para facilitar el manejo de los flujos de capital, en particular, puede ayudar a desalentar movimientos especulativos en el corto plazo. Debe hacerse especial énfasis en la estricta disciplina fiscal y monetaria, emitiendo señales transparentes para evitar dañar la credibilidad y un incremento en las expectativas de inflación.

Desinflación: el rol de la credibilidad. Hay cuatro fuentes diferentes de problemas de credibilidad en los programas de desinflación: 1) inconsistencia entre el objetivo de desinflación y el instrumento para alcanzarlo, o también, inconsistencia en la secuencia de medidas de políticas del programa de reformas como un todo; 2) incertidumbreasociada con el ambiente político y shocks exógenos (tal como un deterioro de los términos de intercambio o aumentos de la tasa de interés del mercado de capitales internacional); 3) inconsistencia inter-temporal de los anuncios de políticas y que resultan de que los programas pueden óptimos ex ante pero ya no serlos ex post; y 4) información incompleta o asimétrica sobre las preferencias de los hacedores de política, y resulta de que los agentes privados pueden no conocer con seguridad cuan fuerte es el compromiso de la política de baja inflación. Hay muchos factores que pueden afectar la consecución de la credibilidad como, por ejemplo, la gran rotación de políticos en oficio, la tendencia a las políticas de stop-ang-go, la imperfecta capacidad de monitoreo. Mejorando la credibilidad. Los países con inflación crónica tienden a ver a los programas de desinflación como posponibles, reduciendo así su credibilidad. En contraste, la naturaleza misma de la hiperinflación conduce a los agentes a creer que ésta no es sostenible. Los caminos posibles para alcanzar la credibilidad son: política fiscal y monetaria más estricta; independencia del banco central; controles de precios;

UNIDAD 6: Pleno Empleo 1-

El mercado de trabajo argentino en la globalización financiera (Damill y Frenkel)

La economía argentina ha mostrado a lo largo de varias décadas un desempeño muy insatisfactorio en materia de generación de puestos de trabajo, tanto en cantidad como en calidad. Se ha observado una tendencia declinante de largo plazo de los salarios reales medios y un sostenido empeoramiento de la distribución del ingreso. Estos rasgos se vinculan estrechamente con la evolución macroeconómica: desde 1970, las condiciones laborales han sido afectadas negativamente por un conjunto de factores macroeconómicos como la inestabilidad del PIB, su bajo crecimiento de largo plazo, la elevada inflación, las frecuentes oscilaciones de los precios relativos asociadas a sucesivos intentos de estabilización y a sus fracasos, y un prolongado periodo de apreciación cambiaria (en particular, la experiencia de apertura comercial con apreciación cambiaria de fines del decenio 1970 y del decenio de 1990). Dichas características resultaron de la confluencia de procesos de reforma, políticas de estabilización e importantes cambios en el contexto internacional. En suma, las mencionadas tendencias del empleo y la distribución están asociadas con la trayectoria de integración internacional seguida por el país desde mediados de la década de 1970. A partir de allí, se pueden distinguir cuatro grandes fases: 1) desregulación y apertura comercial y financiera entre 1977 y 1982 (que finalizó en una crisis cambiaria, financiera y de deuda); 2) seguida por el cierre de mercados externos de fondos o racionamiento del crédito internacional entre 1982 hasta 1990; 3) nueva fase de desregulación y apertura comercial y financiera entre 1990 y 2001 (que también acabó con una crisis e incumplimiento de pagos); y 4) periodo de recuperación desde 2002. En suma, las dos experiencias de apertura comercial y financiera desembocaron en graves crisis bancarias, cambiarias y de deuda, mientras que, en la etapa intermedia de racionamiento del crédito, concluyó en episodios de hiperinflación. Desempeño bajo el régimen de convertibilidad. Durante el último tercio del siglo XX se desarrolló la segunda globalización financiera. En esta nueva etapa de la evolución financiera internacional, varios países latinoamericanos y de otras regiones experimentaron crisis externas y financieras con dramáticos efectos reales. Las crisis estallaron en los países latinoamericanos que habían recibido los mayores flujos de capital en las fases de auge previas. Los rasgos comunes de los contextos institucionales y de política económica en que se presentaban las crisis eran los siguientes: 1) tipo de cambio real atrasado; 2) prácticamente no existían barreras a la entrada de capitales; 3) las entradas de capitales en el periodo de auge previo fueron de gran magnitud en comparación con el tamaño de los mercados nacionales de dinero y capital preexistentes; y 4) la regulación de los sistemas financieros nacionales en la etapa de auge fue relativamente débil. Las experiencias mencionadas muestran una dinámica macroeconómica de ciclo, con una fase inicial expansiva, seguida de un periodo de estancamiento o recesión, una creciente fragilidad financiera y externa, y finalmente, la crisis financiera y cambiaria. Durante la convertibilidad se observaron estos rasgos señalados y la dinámica cíclica descripta. Sin embargo, el ciclo apertura-expansión, seguido del aumento de la fragilidad financiera externa, contracción y crisis, se presentó dos veces en la década del ’90: el primero entre 1990 y 1995, año en que la economía fue afectada por el efecto derrame de la crisis de México; y el segundo, entre 1995 y 2001. Las tasas internacionales de interés cayeron abruptamente a partir de 1989, al tiempo que se recuperaba el acceso al financiamiento externo. En 1991, los ingresos de capitales comenzaron a adquirir mayor importancia: además de los factores de expulsión, que explicaron buena parte de la afluencia de capitales hacia los mercados emergentes (especialmente la caída de las tasas de interés en el mundo desarrollado), también fueron importantes los factores de atracción, que en el caso argentino cabe destacar: el proceso de privatizaciones, la liberalización financiera y el lanzamiento del programa de estabilización. Así, en los primeros años de la década, los ingresos netos de fondos superaron al déficit de cuenta corriente, permitiendo una substancial y rápida acumulación de reservas internacionales, lo que alimentó el incremento de la cantidad de dinero y el crédito, y a su vez, esto llevó a una rápida expansión de la demanda agregada y el PBI. La apertura comercial y la apreciación cambiaria actuaron en el mismo sentido. En el año 1994, se produjo un alza de las tasas de interés internacionales, lo que comenzó a gravitar negativamente sobre la afluencia de fondos, y debido al déficit cada vez mayor de la cuenta corriente, las reservas de divisas dejaron de crecer. En esta primera etapa, el programa mostro una gran eficacia anti inflacionaria: la desaceleración de los precios posterior a su lanzamiento fue inmediata. Sin embargo, la inflación residual que se acumuló en primeros tres años de era despreciable. Esto se explica por el mayor peso que tienen los bienes y servicios no comerciables en el cálculo del IPC, y expresa, en consecuencia, el cambio de precios relativos ocurrido en el periodo. El tipo de cambio real había alcanzado niveles extraordinariamente altos durante los episodios de corrida cambiaria que detonaron las crisis hiperinflacionarias de 1989 y 1990, luego declinó verticalmente en este último año (es decir, antes del lanzamiento del plan de convertibilidad: la estabilización de la paridad real se ubicada en un 50% por debajo de su nivel medio en el periodo 1986-1990). El salario real en las manufacturas, en cambio, tuvo un comportamiento muy diferente, que reflejo el proceso de apreciación cambiaria: puesto que los precios de bienes y servicios no comerciables subieron considerablemente medidos en dólares, y que estos bienes y servicios tenían un peso elevado en el IPC, el salario deflactado por este índice apenas ascendió levemente al inicio del programa de estabilización, tras haber caído en los meses anteriores. Luego del alza moderada en los primeros años de la convertibilidad, el salario real medio de la industria manufacturera presentó una leve tendencia contractiva a lo largo de la segunda mitad de la década. A lo largo de la fase expansiva (1990 – 1994), la vulnerabilidad de la economía a shocks externos desfavorables se incrementó: el déficit de cuenta corriente tendió a aumentar al tiempo que crecía el endeudamiento externo, por lo que la dependencia en relación con los ingresos de fondos se acentuó. Cuando las tasas de interés internacionales comenzaron a subir en 1994 y cuando México sufrió una corrida contra el peso, se produjo una masiva y rápida salida de fondos de Argentina a comienzos de 1995, con un incremento paralelo, muy acentuado de las tasas de interés internas. El acervo de reservas se redujo bruscamente, y con ello, se contrajo la liquidez. A demanda agregada mostró un comportamiento similar, la tasa de desempleo experimento un substancial aumento (ubicándose desde allí en niveles históricamente elevados). Sin embargo, la recesión de mediados de la década fue muy breve: un potente conjunto de medidas de apoyo financiero externo e interno, estructurado con la coordinación del FMI, permitió cambiar rápidamente el cariz negativo de las expectativas. A pesar de las limitaciones establecidas por la regla de la convertibilidad, el gobierno desplegó un intenso activismo monetario dirigido a sostener a los bancos y detener así la profundización de la crisis financiera, lo que hizo posible preservar el régimen monetario. Ya hacia cierres de 1995, comenzaba nuevamente la fase apertura-expansión del ciclo: se reabrió el acceso a fondos del exterior, la afluencia de capitales comenzó a superar el déficit de cuenta corriente (que se había reducido como consecuencia de la recesión), y las reservas de divisas repuntaron otra vez, al igual que las cantidades de dinero y crédito. La prima de riesgo subió a mediados de 1997, luego de las devaluaciones asiáticas, y el crecimiento se desacelero. La crisis rusa (que también tuvo un fuerte impacto en Brasil) llevo la fase de expansión a su final. Como consecuencia, a mediados de 1998, se inició la fase de contracción del PIB, que concluiría con el colapso de 2001 – 2002, en el que, entre otros acontecimientos, se experimentó la violenta depreciación de la moneda y la cesación de pagos frente a buena parte de compromisos externos e internos. El giro desfavorable del escenario financiero externo experimentado en 1997-1998, luego de las crisis del sudeste asiático y de Rusia, encontró a la Argentina con un déficit de cuenta corriente alto y creciente, una moneda apreciada y una perceptible

carencia de instrumentos de política para hacer frente al conjunto de problemas, dada la rigidez del esquema macroeconómico adoptado. El subsiguiente aumento de la carga de intereses de la deuda tuvo un impacto negativo sobre todo los deudores, incluyendo naturalmente, al sector público. Ante la carencia de otros instrumentos, el gobierno respondió a esa situación con políticas fiscales restrictivas: a pesar del perceptible ajuste del resultado primario, el canal del crédito no puedo reabrirse, las alzas de impuestos y los recortes del gasto público reforzaron las tendencias recesivas, contribuyendo a consolidar las expectativas negativas que impedían la tan esperada declinación de la prima de riesgo país. La política fiscal por si sola fue impotente para compensar los fuertes desequilibrios macroeconómicos que tenían raíces en otro lugar, más precisamente, en el sector externo. Bajo esta orientación de política fiscal autodestructiva, la economía quedó atrapada en un círculo vicioso por varios años. La macroeconomía después de la cesación de pagos y la devaluación. Luego de tres años de recesión, la actividad económica sufrió una abrupta caída adicional desde mediados de 2001. La masiva huida de hacia activos externos que tuvo lugar en el segundo semestre de 2001 precipitó el colapso del régimen de convertibilidad y desemboco en el incumplimiento de pagos y la devaluación del peso. La fuerte declinación de las reservas de divisas experimentada a lo largo de ese año comprimió rápidamente la liquidez. Luego de implantada una serie de restricciones al retiro de los depósitos del púbico en los bancos (el “corralito” se produjo una verdadera interrupción de la cadena de pagos. Indicadores sociales como las tasas de desempleo y los índices de incidencia de la pobreza y la indigencia, que habían desmejorado considerablemente a lo largo de la década de 1990, sufrieron n nuevo y brusco deterioro, alimentando también las tenciones sociales y la crisis política que puso fin al gobierno de la Alianza. Los traumáticos que episodios que pusieron fin al régimen de convertibilidad no fueron seguidos por una depresión aún más profunda, sino por una recuperación extraordinariamente veloz, que se inició apenas un trimestre después de esos eventos. El rebote tomó cuerpo a pesar de que el país estaba todavía envuelto en un panorama de acentuada inestabilidad económica y de marcada incertidumbre política, y se encontraban interrumpidos los pagos del servicio (de parte) de la deuda pública. El tipo de cambio subía aceleradamente luego de que se pasara a un régimen de flotación (esto atrasaba a los precios nominales y el sistema financiero atravesaba una profunda crisis). El repunte del PIB se inició muy poco después de la depreciación cambiaria que puso fin al programa: el detonante de la recuperación fue precisamente el cambio brusco de los precios relativos a favor de los sectores productores de bienes comerciales. Al comienzo, el impulso provino de la sustitución de bienes importados por bienes de producción interna. Pero más allá del cambio en los precios relativos, el mérito de la rápida recuperación económica se debe también a un conjunto de políticas que apuntaron a recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos (las cuales debieron enfrentar la oposición del FMI): -

Reimplantación de controles cambiarios (los que forzaron a los exportadores a liquidar en el mercado local buena parte de las divisas generadas por el comercio internacional y limitaron las salidas de fondos por cuenta de capital). Establecimiento de impuestos a las exportaciones (retenciones que captaron una parte del efecto favorable de la devaluación sobre los ingresos de los productores de bienes comerciables, y atenuaron el impacto sobre los precios internos y sobre las remuneraciones reales). Política monetaria flexible que permitió, por un parte, ayudar a los bancos en la fase de crisis, y luego, alimentar la recomposición de la demanda de dinero. Política cambiaria que procuró evitar la apreciación del peso mediante la intervención del Banco Central (y también del Tesoro Nacional con recursos fiscales) cuando el mercado de divisas comenzó a presentar un exceso de oferta.

El FMI insistió en la libre flotación del peso, y cuando el gobierno lo adoptó, el tipo de cambio se disparó, alcanzando niveles próximos a cuatro presos por dólar, en un marco de expectativas de alzas mayores. Por lo tanto, la reimplantación de los controles cambiarios fue esencial para contener la burbuja cambiaria. La demanda de pesos comenzó a reponerse y el mercado de divisas mostró un exceso de oferta. La interrupción de la burbuja en el mercado de cambios contribuyó decisivamente a contener las alzas de precios. En el mismo sentido operaron el congelamiento de las tarifas de los servicios de utilidad pública (muchos de las cuales estaban dolarizadas y se ajustaban por la inflación de Estados Unidos) y, también, las elevadísimas tasas de desempleo que mantuvieron contenidos los salarios nominales en el sector privado. Todos estos fenómenos hicieron posibles la disminución de la inflación desde la segunda mitad de 2002. Los factores que actuaron expansivamente fueron sobre todo las variables del comercio internacional: las exportaciones y las importaciones, y en especial, las últimas. La demanda comenzó a ser abastecida en mayor medida por bienes producidos internamente, y por el lado de las exportaciones, se favoreció en particular al sector manufacturero. El fuerte dinamismo se desplazó claramente hacia los componentes de la demanda interna, particularmente a la inversión y al consumo privado (lo que se produjo en un contexto de marcado racionamiento del crédito, tanto externo como interno. En este aspecto, contribuyó también el efecto riqueza derivado de las importantes tenencias de activos externos por el sector privado residente). En algunos análisis de hace referencia al favorable entorno externo que había en ese momento, por lo que se suele atribuir a factores exógenos el grueso de la explicación del repunte, el cual se da pese a una política económica plagada de errores: falta de plan, excesivo intervencionismo, empleo de instrumentos inadecuados, demoras en la implementación de reformas pendientes, entre otros. Las consecuencias de los procesos de apertura con apreciación cambiaria. Los logros iniciales del programa de estabilización y reformas del decenio de 1990, en materia de mayores niveles de actividad y menores tasa de inflación, tuvieron efectos positivos: la mayor actividad implicó una demanda de trabajo superior, y el descenso de la inflación tuvo un efecto favorable sobre el poder adquisitivo del salario (disminuyó la magnitud del impuesto inflacionario que recae principalmente sobre los ingresos más bajos). Estas consecuencias son características de los programas de estabilización de esta índole. Sin embargo, otros efectos suelen tener signo negativo: las privatizaciones suelen ir seguidas o precedidas de procesos de racionalización de las empresas que significan importantes reducciones del personal, incidencia análoga de ajustes del de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales (que habitualmente implican reducción de empleo y salarios). Tales efectos negativos sobre el empleo y el salario se producen “por una vez”. Sin embargo, los efectos conjuntos de apertura comercial y la apreciación cambiaria acarrean consecuencias adversas persistentes sobre el empleo en l producción de bienes comerciables, particularmente sobre la industria manufacturera. La política de reducción de la protección (arancelaria y no arancelaria) persigue incrementar la eficiencia y la productividad del sector comerciable: implica el desplazamiento de empresas y empleo en las áreas menos eficientes del sector comerciable (en una versión simple de la teoría, esos efectos negativos deberían compensarse por la creación simultanea de empleo en actividades que se hacen más competitivas merced aumentos de la productividad. En versiones más complejas, se reconoce que puede haber un periodo más o menos largo de caída del empleo y efectos distributivos adversos que deberían paliarse con políticas públicas). En Argentina, la apertura comercial se dio conjuntamente con apreciación del tipo de cambio real, lo que se contradice con las recomendaciones convencionales acerca de las políticas macroeconómicas: la mayor apertura comercial implica menos protección para las actividades locales, lo que induciría a un aumento del déficit por cuenta corriente, y para eliminar este efecto indeseado, la teoría convencional de la apertura comercial recomienda acompañarla con una depreciación real. Este hecho hizo que se perdieran competitividad

en las industrias existentes e inhibió el surgimiento de nuevas actividades de exportación o sustitución de importaciones, agudizando los efectos adversos sobre el empleo. En congruencia con la dinámica macroeconómica de carácter cíclico explicada al comienzo, sele observarse también un ciclo en el comportamiento del empleo y los ingresos más bajos, con una primera fase ascendente, en la que predominan los efectos positivos de la reactivación y la caída de la inflación, y una fase descendente, en la que los efectos iniciales tienden a atenuarse y predominan las consecuencias persistentes de la apertura comercial y apreciación cambiaria. Este ciclo se observa claramente en el caso argentino: la tasa de empleo aumentó entre 1991 y 1993, para descender continuamente desde entonces. La contracción afectó principalmente a las ocupaciones de más de 35 horas semanales y se concentró en los puestos de trabajo de la industria manufacturera. Si bien las privatizaciones y el ajuste fiscal de las provincias tuvieron efectos negativos sobre el empleo, el impacto desfavorable de más peso provino de la restructuración y concentración de las actividades productoras de bienes comerciables, inducidas por la apertura comercial y la apreciación cambiaria. El comportamiento de la demanda de trabajo derivada de la producción industrial puede desagregarse en tres componentes: 1) el componente positivo que resulta de la demanda agregada global (demanda interna más exportaciones); 2) dado el nivel de demanda global, un efecto negativo sobre la producción y el empleo derivado del grado de penetración de las importaciones que atienden a esa demanda; y 3) efecto negativo que induce en las firmas una significativa reducción de mano de obra por unidad de producción, derivado de, por un lado, la necesidad de ganar competitividad con rapidez en un contexto de apertura y por el otro, el cambio de precios relativos a favor de los insumos y maquinaria importada (reforzado con la apreciación real). Este aumento de la productividad laboral resulta de cambios en la composición de la producción, ganancias de eficiencia por reorganización y sustitución de mano de obra por maquinaria. Estos procesos han desembocado, generalmente, en una tendencia a la contracción del empleo en la industria: el crecimiento de la demanda de bienes industriales ha sido insuficiente para compensar los componentes negativos derivados de un desplazamiento directo de la producción local por importaciones y el proceso de reducción de trabajo local por unidad de producción. Son las empresas medianas y pequeñas las que encuentran mayores dificultades para mantenerse en actividad, y el cierre de este tipo de empresas es un aspecto significativo de la contracción del empleo. ¿Cuál es el papel que desempeña la apreciación cambiaria en cada componente de la demanda de trabajo? El tipo de cambio real apreciado opera como factor restrictivo porque inhibe la tasa de crecimiento de las exportaciones y también limita la tasa de crecimiento de la demanda interna. La apreciación cambiaria constituye un factor que restringe la tasa de crecimiento potencial. La apreciación se suma a la apertura comercial para reducir adicionalmente la competitividad de las actividades locales: dado un nivel de demanda global, tiende a incrementar los efectos de desplazamiento directo de la producción y el empleo locales por importaciones. Adicionalmente, el tipo de cambio real apreciado baja el precio relativo de los insumos y la maquinaria importada respecto al costo de la mano de obra. En resumen, los rasgos de la configuración macroeconómica que se deriva del proceso de apertura comercial con apreciación cambiaria son: fragilidad del crecimiento, alto desempleo y la tendencia a una creciente desigualdad en la distribución de los ingresos. En Argentina, la competitividad agregada no tendió a aumentar en el decenio de 1990 pese a importantes mejoras de productividad de la mano de obra, porque la variación de los precios relativos neutralizó los efectos de esa mayor productividad. El desempleo, por sí mismo y por la presión a la baja de los salarios que ejerce, determina una persistente tendencia a una mayor desigualdad en la distribución del ingreso. Empleo, subempleo y desempleo en la Argentina del decenio de 1990. Las que se examinan se refieren a la población urbana y están definidas como porcentaje de la población urbana total: PART (tasa de participación); EMPL (tasa de empleo); FTEMPL (tasa de empleo de tiempo completo: ocupación de al menos 35 horas semanales, incluido el subempleo voluntario); SUB (tasa de subocupación involuntaria, o subempleo); y U (tasa de desempleo). La FTEMPL tiene correlación negativa con el ciclo macroeconómico. El máximo alcanzado por la FTEMPL en la fase expansiva del programa de la convertibilidad se registró en el segundo semestre del año 1992, y entre 1993-1994, comenzó a declinar llegando al mínimo observado en el segundo semestre de 1996. Hacia finales del régimen de convertibilidad, la FTEMPL se ubicó 6 puntos porcentuales por debajo del nivel que tenía en el primer semestre de 1991. El cociente entre el empleo total y la población total (EMPL = FTEMPL + SUB) presentó también una tendencia declinante a comienzos de la década de 1990, pero esta fue considerablemente menos pronunciada que la FTEMPL, lo que indica que la tasa SUB tendió a incrementarse en ese mismo lapso. El aumento de SUB se acentuó entre 1991-2000. Por lo tanto, SUB presenta un comportamiento contra-cíclico (tiene relación negativa con FTEMPL) y, como consecuencia, EMPL tiene una vinculación más débil con el ciclo económico que la que tiene FTEMPL. Por otro lado, la tasa de participación (PART = EMPL + U) tiene una tendencia marcadamente positiva en el periodo considerado, aunque no se correlaciona con el ciclo macroeconómico. La principal razón de este hecho ha sido el sostenido aumento de la participación femenina en la fuerza laboral. Como resultado de la tendencia positiva de la tasa de participación (PART) y del relativo estancamiento de la tasa de ocupación (EMPL), la tasa de desempleo se incrementó abruptamente en la década de 1990, con un marcado salto en el periodo 19921995. La evolución del empleo y el desempleo en fase de recuperación. En el año 2002, al calor de la reactivación económica, el empleo comenzó a recuperarse. Para analizar este indicador se calcula la variación de la tasa FTEMPL entre dos semestres consecutivos excluyendo a los trabajadores con planes sociales (debido a que la introducción del plan Jefes y Jefas de Hogar, creado en el año 2002, introdujo un incremento importante en la tasa de desocupación voluntaria). El PIB acumuló un crecimiento de 15,9% entre el segundo semestre de 2002 y el primero de 2004, mientras que la tasa FTEMPL se incrementó en 4,56 puntos porcentuales de la población urbana. En el año 2003 y comienzos del año 2004, los incrementos de FTEMPL explicaron totalmente las caídas observadas en U. en consecuencia, los cambios de las condiciones en el mercado de trabajo a partir del año indicado pueden representarse por las variaciones de U, así como también, por las variaciones de FTEMPL. La tasa de FTEMPL venía cayendo desde la década del 1980, pero en la década de 1990 se agudizó esa tendencia. Un modelo agregado del mercado de trabajo. La tasa U se obtiene como la diferencia entre la tasa exógeno de participación y la tasa de empleo determinada por la demanda. El comportamiento de la ocupación está asociado con la tendencia de la actividad económica. Sin embargo, EMPL no muestra una correlación estrecha con esta variable indicativa del nivel de actividad. La causa principal de esa débil correlación es el comportamiento dinámico de uno de los componentes de empleo: el subempleo involuntario. En efecto, éste tiene un comportamiento dinámico contra-cíclico, al igual que el desempleo. En cambio, la FTEMPL es marcadamente pro-cíclica. El nivel de actividad no es el único determinante de la demanda agregada de trabajo. Otros factores que afectan el crecimiento o contracción del empleo, pueden ser los precios relativos (otros determinantes pueden observarse con mayor nitidez a través de los efectos sobre FTEMPL, que es la tasa que mejor describe la articulación del mercado del trabajo con los procesos macroeconómicos). La apertura comercial y la apreciación cambiaria se ubican entre los factores más importantes que explican el cambio en la tecnología de producción y la organización de la actividad productiva de las empresas, con efectos adversos sobre FTEMPL. El ajuste de la demanda de trabajo puede concebirse como un proceso de adaptación (gradual) a un nuevo entorno definido desde el comienzo. El modelo estimado en esta sección (donde se incorporan variables indicativas para captar cambios estructurales) indica que la tasa FTEMPL se ve afectada por

un efecto de corto plazo del nivel de actividad y por una tendencia adicional, que puede concebirse como el ajuste lento de la tasa FLEMPL a las condiciones del entorno. Esta última se trata de una tendencia autónoma a la caída del FTEMPL que puede interpretarse como la adaptación gradual al contexto e precios relativos del decenio de 1990. Esta tendencia adicional es negativa en los periodos de contracción y positiva en los periodos de recuperación. Bajo el supuesto de estabilidad de la función, puede proyectarse la contribución del crecimiento del PIB sobre la caída de U (a través de FTEMPL excluyendo los trabadores con planes sociales). La tasa U tiene relación negativa con FTEMPL. Las estimaciones indican que las SUB tiende a caer 0,2 puntos porcentuales por cada punto porcentual de aumento de FTEMPL, de modo que el aumento de EMPL, resultante del aumento de FTEMPL, es inferior al aumento observado en FTEMPL. La contracción del empleo en la década de 1990 por sectores productivos. Hemos indicado que la apertura comercial y la apreciación cambiaria contribuyeron al ajuste contractivo del empleo en el decenio de 1990, por su impacto negativo sobre los sectores que producen bienes comerciables. La industria manufacturera explica en gran medida el comportamiento agregado: la contracción de empleos en las actividades industriales habría explicado por sí sola una reducción del número de puestos de trabajo de tiempo completo, equivalente a la contracción del empleo total de tiempo completo. Perdieron terreno, especialmente, los trabajadores hombres y jefes de hogar, que son tradicionalmente predominantes en el sector manufacturero. Por lo tanto, el sector de bienes comerciables fue el que sufrió el mayor efecto contractivo. La tendencia contractiva persiste en toda la década. Hay una diferencia (importante) de las elasticidades en las estimaciones con personas ocupadas y las estimaciones con horas trabajadas, lo que indica una conducta de mantenimiento preventivo del personal. La evolución de los ingresos medios en la década de 1990. Tanto el ingreso real medio por trabajador ocupado como el ingreso real medio por integrante de la población activa, siguen tendencias pro-cíclicas y ninguna de las series recuperó los valores máximos precedentes. Sólo a principios de la década de 1990 se produjo un incremento importante en las remuneraciones reales, explicado fundamentalmente por la estabilidad de precios y el crecimiento económico experimentado en esos años. Entre 1993 y 1995, el ingreso real medio de la población activa sufrió una aguda contracción, pero la disminución del desempleo entre 1996 y 1998 contribuyó a una cierta reducción de la brecha. El rebrote inflacionario del año 2002 implicó una pérdida adicional de ingreso real medio del orden del 30%. Se concluye entones que el entorno macroeconómico desfavorable y su correlato en el escaso dinamismo del mercado del trabajo (con bajo nivel de demanda laboral, precariedad del empleo y crecientes niveles de desocupación) se tradujo en una fuerte caída de las remuneraciones a partir de 1994, reforzada más tarde, por el alza de los precios que siguió al abandono del régimen de convertibilidad. La caída del ingreso real medio entre los extremos del periodo considerado estuvo determinada por el comportamiento de las remuneraciones de los ocupados y también por la evolución del nivel de desempleo. Este último tiene un impacto directo sobre la generación de ingresos de los activos: una persona que se encuentra desocupada probablemente no registre ningún ingreso, sin embargo, los altos niveles de desocupación a lo largo de toda la década tuvieron además un efecto negativo importante (e indirecto) sobre los salarios de la población efectivamente ocupada (exceso de oferta de mano de obra), lo que se reflejó en una elevada elasticidad negativa de las remuneraciones al desempleo. Remuneraciones y desempleo. El argumento de “salarios de eficiencia” y la determinación del salario mediante la negociación entre sindicatos y empresas, pueden explicar la existencia de una elasticidad negativa de las remuneraciones reales al desempleo. Esta relación suele denominarse “curva de salarios”. El desempleo puede afectar a los ingresos totales a través de dos vías. Por una parte, reduce el número de horas trabajadas, y por otra, puede incidir negativamente en las remuneraciones horarias. Según las estimaciones, la tasa de desempleo gravita negativamente en ñas remuneraciones por hora, pero solo incide en el número de horas trabajadas cuando se trata de trabajadores involuntariamente sub-ocupados. La elasticidad desempleo – remuneraciones resultó menos al inicio del periodo, cuando el desempleo aún no estaba aumentando. A su vez, esta elasticidad es menor para los asalariados de tiempo completo que para el resto de los ocupados, por lo que los no asalariados y los sub-ocupados involuntarios enfrentaron una flexibilidad algo mayor en sus remuneraciones. La tasa de sub-ocupación involuntaria tiene un efecto negativo adicional sobre el ingreso. En la fase de recuperación, las estimaciones no rechazan la relación entre salarios y desempleo: los incrementos de los salarios reales se asocian, entonces, a reducciones de la tasa de desempleo, las elasticidades encontradas son negativas y altamente significativas para el caso de trabajadores registrados y no registrado (salvo para las regiones NOA y Pampeana en este último caso). INFORMACION ADICIONAL Curva de salarios: un trabajador que se encuentra empleado en una región con alto desempleo, gana menos que un trabajador idéntico (iguales cualidades, género, edad, escolaridad, etc.) empleado en una región con bajo desempleo. La curva de salario se puede representar por la forma funcional siguiente: ln(w) = γln(U) + µ, donde γ es la elasticidad salario – desempleo (negativa) y µ representa a otros términos. Esta curva es una relación de equilibrio que no pretende describir un fenómeno temporal (como el caso de la curva de Phillips), asu vez, la curva de Phillips relaciona cambios en los salarios (reales) determinados por nivel el desempleo, en cambio la curva de salarios relaciona el nivel de salarios con el nivel de desempleo.

Cálculo de tasas de actividad vistas: -

Tasa Bruta de Participación = (PEA/PT) x 100 Tasa Global de Participación = (PEA/PET) x 100 donde PET: población en edad de trabajar. Tasa de Desempleo = (D/PEA) x 100 Tasa de Subempleo (involuntario) = (S/PEA) x 100 Tasa de Ocupación = (O/PET) X 100 Población económicamente activa (PEA): conjunto de la población que a partir y hasta la edad que cada Estado fija como límites mínimo y máximo para ingresar y egresar del mundo laboral, se encuentra efectivamente trabajando o está buscando activamente un puesto de trabajo. Está por lo tanto integrada por quienes están trabajando y por los desempleados. Población inactiva (PI): conjunto de la población que no se encuentra en edad de ejercer una actividad laboral (se considera dentro de este grupo a personas de menos de 16 años, hasta la edad determinada por el sistema de seguridad social en cada país).

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Se buscan buenos empleos (BID).

El desempleo, el subempleo, la inestabilidad laboral y los bajos salarios no sólo son problemas personales sino nacionales. Los latinoamericanos señalan al desempleo, los salarios bajos y la inestabilidad laboral como los problemas más apremiantes de la región, aún más que la corrupción, la delincuencia y otros males sociales preocupantes. Rasgos subyacentes del mercado laboral actual de América Latina: -

Aumento enorme de la participación de la mujer en la fuerza laboral en los últimos años, pero los mayores incrementos se registraron entre las mujeres menos preparadas. El desempleo ha aumentado considerablemente y es mayor entre los trabajadoras jóvenes y medianamente calificadas de las ciudades. La rotación del personal es generalizada: cada año se crean o se destruyen uno de cada cuatro puestos de trabajo. El seguro social es una rareza, lo que convierte al desempleo en un lujo que pocos se pueden dar. Después de perder el empleo, los trabajadores a menudo deben aceptar salarios considerablemente menores y trabajar en puestos que no se corresponden con sus conocimientos y experiencia. Los hombres tienden a sufrir una pérdida de salario mayor que las mujeres, y esto empeora a su vez, si los trabajadores no están cubiertos por un seguro social. La mayoría de los trabajadores encuentran trabajo en el sector desprotegido, es decir, en el sector informal. Muchos trabajadores en su edad más productiva, al quedar desempleados pasan a ser trabajadores independientes, a ocupar puestos en pequeñas empresas o puestos que no les ofrecen prestaciones. La legislación laboral de los países de la región tiende a ser excesivamente reguladora, y peor aún, a menudo obran en perjuicio de los trabajadores a los que debería proteger. El acatamiento del salario mínimo no es generalizado y es menos en países en los que el salario mínimo es relativamente elevado. Muchos niños realizan actividades económicamente productivas, las cuales ayudan a incrementar el ingreso familiar directa o indirectamente. Ha habido un aumento considerable de los rendimientos de la educación: un trabajador que haya terminado la escuela secundaria gana entre 50% y 60% más que uno que sólo haya completado la primaria. Esta diferencia es aún mayor en el caso de trabajadores con estudios terciarios. La labor de negociación de los sindicatos a favor de sus miembros puede afectar la eficiencia de las empresas. Muchos trabajadores han quedado desplazados por las privatizaciones, pero han sido contratados nuevamente por la misma compañía o por subcontratistas y proveedores de las empresas privadas. Los emigrantes latinoamericanos a Estados Unidos tienen un mejor nivel académico que sus compatriotas, pero tienen un nivel promedio de preparación inferior al de los estadounidenses. Los desempleados disponen de pocos servicios o recursos que los ayuden en la búsqueda de empleo.

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¿Qué factores determinan este entorno? Específicamente, los mercados laborales deben desempeñar tres funciones principales de asignación, y la eficacia con la que el mercado laboral de cada país cumple estas tareas determina la eficiencia y equidad en ese mercado: a-

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Asignación de recursos: consiste en emparejar trabajadores con puestos de trabajo. En mercado laboral eficiente en la asignación de recursos los trabajadores no sólo tienen empleo sino que también tienen un empleo adecuado a su nivel de escolaridad, capacidad, experiencia, etc. Otro indicador de eficiencia en la asignación de recursos es el tiempo que los trabajadores pasan buscando empleo. El desempeño de los mercados laborales latinoamericanos en este aspecto tuvo altibajos en la década de 1990: el desempleo de la región es relativamente bajo comparado con el de Europa Oriental u otros países desarrollados. En la mitad de los países latinoamericanos la búsqueda de empleo toma más tiempo que en Estados Unidos, además, la falta de seguro social los obliga a aceptar empleos menos deseables, en vez de aguardar por uno mejor adaptado a sus capacidades. Las mujeres y jóvenes han sufrido más que los hombres, aunque el desempleo no pareció ser mayor entre los trabajadores no calificados. Las diferencias entre el desempleo urbano y rural son considerables. Los mercados de Honduras, Guatemala, Perú y Chile fueron relativamente más eficientes en l asignación de recursos que los de Colombia, Paraguay y Uruguay. Asignación de ingresos: consiste en determinar si los empleados ganan un salario justo. La desigualdad salarial va de la mano con la disparidad del ingreso. “Justo” se refiere a si un trabajador recibe un salario que se corresponde con su productividad. Los trabajadores de productividad equivalente deberían percibir salarios similares, independientemente del género, el tamaño de la compañía y el sector en el que se emplee. Los salarios en toda la región latinoamericana se han mantenido prácticamente estancados durante la década de 1990: esto no se debe a que las empresas hayan disminuido persistentemente la participación de los trabajadores en la producción, sino que responde a un crecimiento prácticamente nulo de la productividad laboral. Entonces, los salarios en América Latina son bajos, pero son justos. Ciertamente la desigualdad salarial (entre empresas grandes y chicas, hombres y mujeres, por sectores de actividad, etc.) existe en

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todas partes del mundo y en gran medida se refleja en el mercado laboral, pero no surge de éste. Más bien, los trabajadores ganan salarios muy desiguales porque son muy diferentes. Las variaciones de escolaridad contribuyen con mucho en la mayor desigualdad. En suma, los mercados laborales latinoamericanos asignan los ingresos razonablemente bien, a pesar de las desigualdades salariales generalizadas y los bajos salarios predominantes en la región. La gran dificultad radica en el lento crecimiento de la productividad y en la disparidad del acervo personal (la educación). Asignación de riesgos: el riesgo más evidente que encaran los trabajadores en el de la pérdida del empleo. En un mercado eficiente en la asignación de riesgos, los trabajadores están protegidos contra el riesgo de pérdida de ingresos. Una manera de protegerse de este riesgo es hacer que el mercado desempeñe eficazmente su función de asignar recursos adecuadamente. Un seguro de desempleo proporciona un medio de sostén, pero lamentablemente pocos países de la región ofrecen este beneficio. El mecanismo preferido de cobertura en América Latina es el pago obligatorio de indemnizaciones por despido y por cesantía. Los programas de seguro social que incluyen pensiones de ancianidad y seguro de atención médica y de maternidad son muy poco comunes, y además brindan beneficios muchos menores que en los países desarrollados. Pero el problema principal de estos programas es la cobertura: sólo el 44% de los trabajadores de la región están protegidos por las leyes laborales. Y para agravar aún más la situación, en la región no se hacen cumplir eficazmente las leyes. Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay exhiben la mayor necesidad de mejora.

Pero la eficiencia no lo es todo: para algunos gobiernos la equidad puede ser igualmente importante. La buena noticia es que no hay un trade-off entre eficiencia y equidad: mientras mejor funcione el mercado laboral (es decir, mientras más eficiente sea), menores serán las diferencias salariales entre los trabajadores en igualdad de condiciones y mayor será la equidad. El problema nuevamente está en el seguro: los países que mejor protegen a sus trabajadores contra el riesgo de perder el ingreso salarial también tienden a ser los menos eficientes en el desempeño de sus mercados laborales. Por lo que la relación inversa se encuentra entre equidad y asignación de riesgos. Mitos de los mercados laborales de América Latina -

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“Los problemas del mercado laboral se reflejan en el desempleo”: en realidad, el desempleo es apenas un aspecto. Las cifras de desempleo pasan por alto gran parte de la actividad que se desarrolla en el mercado laboral. El cambio total del empleo en el mercado laboral se cuantifica como la cantidad de todos los nuevos empleos que se generan en un periodo determinado (creación de empleo) neto de la cantidad de puestos de trabajo que se eliminan en ese mismo periodo (destrucción del empleo). Este cambio total de personas es varios órdenes de magnitud mayor que la tasa de desempleo. La tasa de desempleo oculta la magnitud impresionante de mudanza en el mercado laboral: cada año se crea o se destruye uno de cada tres puestos de trabajo. Esta característica la comparten los mercados laborales tanto de países desarrollados como de países en desarrollo. Entonces, centrarse solo en la tasa de desempleo presupone que todas las demás personas que hay experimentado cambios en el mercado laboral han salido ganando, lo que dista de ser verdad, sobre todo en América Latina, donde la mayoría de los trabajadores están mal preparados para este nivel de movilidad porque el seguro social sólo cubre una pequeña proporción de ellos. En el proceso de desplazamiento se pierden capacidades y conocimientos específicos. La conclusión en cuanto a las políticas es que resulta fundamental que los trabajadores cuenten con flexibilidad en sus capacidades y que haya algún tipo de seguro social que reduzca el costo de la indemnización laboral. La mayor parte de la reasignación de los mercados guarda relación con sacudidas que sufren empresas específicas y que obedecen a cambios en las demandas de sus productos, el costo de insumos o la tecnología que emplean. Es decir, la rotación del personal en el mercado obedece a una variación considerable del desempeño de las empresas mismas. Esto sugiere que la rotación constante es tanto causa como consecuencia de la productividad. En suma, fijarse demasiado en los niveles de desempleo es arriesgarse a ignorar factores claves en la promoción de la productividad, el crecimiento y el bienestar de los trabajadores, las empresas y las económicas como un todo. El reto principal de las políticas públicas en este respecto es mantener en funcionamiento los motores del crecimiento al tiempo que se proporciona seguridad adecuada a los trabajadores. “La volatilidad macroeconómica de América Latina ha afectado profundamente al empleo”: de hecho, no es así. Es indiscutible que los mercados laborales de América Latina funcionan en un entorno macroeconómico desfavorable: no sólo el crecimiento ha sido lento, sino que fue de alto riesgo. ¿Cómo afecta la volatilidad económica a los trabajadores? Haciendo disminuir los niveles de empleo o amortiguando parte de la sacudida mediante un ajuste salarios. ¿Es mejor ajustarse a una crisis mediante recortes de salarios o mediante un aumento del desempleo? Los ajustes salariales contribuyen a distribuir el costo de la crisis, mientras que el desempleo tiene un efecto mucho más desigual. La rigidez salarial hace que algunos salgan ganando y otros perdiendo, y pueden hacer aumentar la desigualdad. Los trabajadores menos calificados y de bajos ingresos a menudo son los primeros en quedar cesantes o en pasar a empleos mal remunerados. Las recesiones tienen repercusiones negativas en cuanto a la distribución y desempeñan un papel importante en la propagación de la pobreza. Aunque el PIB de América Latina es mucho más volátil que en el de países desarrollados, su nivel de volatilidad del empleo y desempleo no se diferencia mucho con los de aquellos. Sin embargo, esta estabilidad relativa en términos del empleo se ve más que compensada por los salarios reales sumamente volátiles (el salario real en América Latina es cinco veces más volátil que en los países desarrollados). Este elevado grado de flexibilidad de los salarios en América Latina se debe a dos factores: la elevada inflación y la aplicación precaria de las leyes laborales. A medida que disminuya la inflación y mejore la aplicación de la legislación laboral es probable que los países vayan ajustando a las sacudidas macroeconómicas menos a través de los salarios y más a través del empleo y desempleo. “La liberalización y la privatización han acabo con muchos empleos”: falso.la liberalización ha tenido una incidencia mínima en el nivel y en la composición del empleo, y aunque la privatización ha eliminado muchos puestos de trabajo sobrantes, también ha tenido un efecto leve sobre el desempleo total. La liberalización ha reducido los salarios (especialmente de los trabajadores no calificados) y las condiciones laborales de muchos empleados que se quedaron en compañías privatizadas han desmejorado. La liberalización no produjo los enormes desplazamientos de recursos hacia sectores potencialmente más eficientes como esperaban los economistas. El incremento de las importaciones tampoco desplazó el empleo de los sectores de bienes transables. En suma, los cambios en el desempleo y en la composición del empleo fueron leves. El lado negativo fue que el salario real cayó a causa de la liberalización (especialmente en el sector industrial), lo que se contradice con la visión neoclásica en la que el salario del trabajador responde a su productividad y la liberalización debería conducir a un uno más productivo de todos los recursos (incluida la mano de obra). La brecha salarial entre trabajadores calificados y los no salificados se incrementó, en parte, por las reformas introducidas por el libre comercio. Ha medida que se han ido desmontando las barreras al comercio internacional y han ingresado grandes volúmenes de importaciones, ha crecido el porcentaje de empleos sin prestaciones y el número de compañías pequeñas (menos de cinco empleados). Por otra parte, muchos empleos se perdieron a causa de las privatizaciones de empresas

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(debido principalmente a que el abultamiento de la nómina era una herramienta política que no se pudo sostener cuando las empresas pasaron a manos privadas), pero el efecto en el desempleo fue pequeño: se compensó con las nuevas contrataciones por parte de las mismas empresas, contratistas o proveedores de las mismas. Además, la mejora en la productividad de muchas empresas privatizadas trajo consigo un aumento de los salarios y prestaciones para quienes conservaron su empleo. Sin embargo, durante el proceso de privatización las condiciones de trabajo a menudo se deterioraron que se han traducido en pérdidas de bienestar (por ejemplo, jornadas de trabajo prolongadas, restricciones a la actividad de los sindicatos, etc.). “La educación es la solución para todos los problemas del mercado laboral”: no necesariamente. Sin un entorno institucional y macroeconómico adecuado que la respalde, la educación, por sí sola no puede poner a la gente a trabajar ni garantizarle un salario adecuado. La región está aquejada de bajos niveles de escolaridad, elevadas tasas de deserción escolar, mediocre calidad de las instituciones educativas y profundas desigualdades. Curiosamente, las tasas de desempleo sueles ser menores entre los menos preparados que entre las personas mejor calificadas, y los aumentos del desempleo han afectado tanto a trabajadores calificados como a los no calificados. La falta de escolaridad contribuye a la baja productividad laboral y la pobreza. Sin embargo, la productividad de los trabajadores depende en gran medida de factores fuera de su control. Si el entorno económico e institucional desalienta la inversión y la innovación, o si se carece de financiamiento e infraestructura básica, la productividad laboral se verá perjudicada y los esfuerzos por optimizar el nivel académico harán poco por mejorar la situación general de los trabajadores. El efecto de cada año adicional de escolaridad en el salario es lo que se denomina “rendimiento de la educación”, y éstos son notablemente elevados en América Latina. Entonces, la respuesta está en la calidad del entorno institucional y económico en la que viven y producen los trabajadores (la infraestructura física, de servicios, reguladora y de políticas). Eso no significa que no sea deseable aumentar el nivel y la calidad de la educación, sino que no se la puede considerar como un remedio universal para el desempleo y la baja productividad. “El avance tecnológico es una amenaza para los trabajadores”: de ninguna manera. La tecnología y los trabajadores no compiten entre sí. De hecho, la tecnología puede contribuir al crecimiento de la economía, lo que significa más empleos y mejores salarios para los trabajadores. América Latina debería preocuparse mucho más por el limitado progreso tecnología en sus economías, que por el daño potencial que pueda provocar el avance tecnológico. El avance tecnológico conduce a un aumento de la productividad y no a un mayor desempleo. La cuestión aquí es por qué la región no ha podido aprovechar mejor la tecnología foránea para aumentar la producción interna. Recordemos que los salarios de América Latina se encontraron estancados porque el crecimiento del PIB fue muy bajo (o nulo), es decir, un crecimiento de la productividad laboral lento entre 1985 y 2000. De este modo, se puede vincular el crecimiento de la productividad laboral con dos factores contribuyentes: el avance tecnológico y la intensificación del uso del capital. Entre 1985-2000, el avance tecnológico no sólo que fue lento, sino que no contribuyó en nada a la productividad laboral de la región. “Los sindicatos son arena en los engranajes del mercado laboral”: no necesariamente. Claramente, la prioridad de los sindicatos no siempre es la eficiencia económica, pero tampoco tienen que regirse por la norma de que lo que unas partes ganan otras lo pierden. En América Latina, sólo el 18,3% de la fuerza laboral está sindicalizada, muy por debajo del promedio mundial del 23,8%. Esto se debe a las características del mercado laboral tales como fuerza laboral joven, empleo en empresas agrícolas y gran informalidad laboral, lo que dificulta la sindicalización. A su vez, los trabajadores que no han terminado la escuela están menos sindicalizados que aquellos trabajadores más preparados de la región (lo que podría dejar la percepción de que los sindicatos son un club elitista que refuerza la desigualdad salarial). Las brechas salariales entre hombre y mujeres son menores entre trabajadores sindicalizados, hay estudios que demuestran que mientras mayor es la afiliación sindical mejor es la distribución del ingreso, los sindicatos han permitido obtener mejores condiciones laborales (cantidad de horas laborables, indemnizaciones, vacaciones, maternidad, etc.), los trabajadores sindicalizados tienden a recibir más capacitación que sus compañeros no sindicalizados, los sindicatos tienden a aumentar los niveles de empleo (lo cual puede resultar paradójico ya que ellos encaren el costo de la mano de obra), la desafiliación sindical se vincula a recortes de empleo (y no la sindicalización). Sin embargo, para determinar el efecto de los sindicatos (es ambiguo) es preciso prestar atención especial a las condiciones de cada sector, la estructura de las negociaciones colectivas, las relaciones industriales y lo métodos de producción. Lo que se necesitaría para limitar los efectos adversos de los sindicatos sería una mayor coordinación entre ellos y las empresas en las negociaciones colectivas. En América Latina es donde peor reputación tienen los sindicatos: en Argentina, en las provincias donde se producen más huelgas son aquellas que tienen mayor competencia entre sindicatos y relaciones más tirantes con el gobierno (en este caso, no dan resultado ni la competencia entre sindicatos ni las relaciones antagónicas entre trabajadores y empleadores, factores que supuestamente sirven para disciplinar a los sindicatos del sector público). La tasa de afiliación sindical no parece tener alguna relación con el desempeño económico tales como la inflación, la tasa de desempleo, el crecimiento real de la remuneración y la productividad laboral, en América Latina. Si los sindicatos son beneficiosos o perjudiciales depende de las circunstancias: depende de quién responde, del país, del sector, del contexto industrial y del grado de coordinación que haya entre sindicatos y empresas en la negociación de los contratos colectivos (éstas relaciones no deben definirse en función de ganadores y perdedores). “La economía informal es el lado oscuro del mercado laboral latinoamericano”: no siempre.Una definición posible de empleo informal es aquellos empleos que proporcionan salarios bajos, prestaciones precarias y escasas posibilidades de progreso. Otra definición es la que relaciona la informalidad con una forma de evadir las obligaciones con el Estado o un medio para eludir las leyes laborales o tributarias. Una tercera definición más específica de economía informal es la siguiente: conjunto de trabajadores independientes y no profesionales, empleados domésticos, trabajadores no remunerados y trabajadores empleados en compañías que tienen en total cinco o menos empleados. No es cierto que todas las personas que trabajan por cuenta propia o en pequeñas empresas tienen condiciones laborales inaceptables o ingresos miserables. Hay una elevada movilidad entre el sector informal y el formal.

Terapias para los quebrantos laborales. Para comenzar, los gobiernos pueden colaborar adoptando políticas para reducir la volatilidad macroeconómica y crear condiciones macroeconómicas estables que promuevan el crecimiento. Ello contribuiría en gran medida a superar el estancamiento de la productividad y, por ende, del salario real. No existe una recomendación universal que ayude a todos los trabajadores a sobrellevar la situación. La combinación y orientación de las políticas en cada país deberían obedecer a los diversos contextos asi como al acervo y la distribución de activos subyacentes, especialmente el capital humano. Por este motivo, antes de analizar las políticas laborales, conviene observar el marco regulatorio. La regulación del mercado laboral a menudo forma tanto parte del problema como de la solución. Las norman se deben hacer cumplir y a tal fin es preciso destinar los recursos necesarios. Los gobiernos deben revertir el deterioro institucional y financiero de las autoridades laborales que ha llevado a la falta de cumplimiento de las normas laborales. Crear y llevar los registros administrativos exigidos por la ley es fundamental para que esa política sea efectiva. El nivel de prestaciones legalmente obligatorias y el salario mínimo son legítimas variables de política.

Sin embargo, hay que considerar los efectos secundarios que éstas puedan tener. A tal fin, es preciso evaluar los niveles actuales o deseados de las prestaciones legalmente obligatorias a la luz de la disposición de los trabajadores a pagar por su costo. Las instituciones encargadas de aplicar las políticas deben ofrecer un régimen que agilice la función del mercado laboral en asignar recursos e ingresos entre trabajadores y empresas y que promueva el crecimiento de la productividad laboral. Mientras más eficiente sea el mercado laboral, menores serán las diferencias salariales entre trabajadores de nivel de productividad similar. El dilema que enfrentan los encargados de definir políticas surge del hecho de que los regímenes que proporcionan seguridad parecen conspirar tanto contra la eficiencia como contra la equidad: se debe evitar sofocar la reasignación de trabajadores al tiempo que se les brinda seguridad económica. Se necesita una compleja red de instituciones públicas y privadas, las cuales deben cumplir cuatro funciones específicas: 1) facilitar la correspondencia entre oferta y demanda de empleo(la información limitada sobre los puestos de trabajo disponibles, la falta de emparejamiento entre la capacidad del individuo y las necesidades del empleo, y la discriminación sin apenas tres de los factores que contribuyen a explicar esas brechas y retrasos. Los servicios de intermediación laboral proporcionan información útil para vincular la oferta y la demanda, aumentando así la productividad y el bienestar, pero no crean empleos. Las reformas deberían empezar por establecer un entorno regulatorio adecuado que facilite al sector privado y a organizaciones sin fines de lucro trabajar en asociación con el sector público en la prestación de servicios de intermediación laboral); 2) asegurar a los trabajadores adecuadamente contra los riesgos de inestabilidad laboral(la respuesta tradicional a esta demanda ha sido la imposición de pagos cuantiosos de indemnización por despido y la prohibición de despedir trabajadores. Sn embargo, estos beneficios solo cubren a los trabajadores amparados por contratos regulados. Los programas de seguridad social deben propender a proporcionar una garantía de ingresos mínimos al mayor número posible de trabajadores, y para que sean viables financiera y económicamente deben: minimizar las distorsiones del mercado laboral, lograr la cobertura más amplia posible y hacer que su funcionamiento se ajuste de manera contra cíclica. Los mecanismos de seguridad social deben ayudar a todos los trabajadores por igual, y no solo a los pobres, a sobrellevar el proceso de creación y destrucción de empleo propio de las economías modernas. El remedio preferido en este sistema de seguro social es el seguro de desempleo, su mala implementación puede conducir a aumentos de los costos laborales frenando la demanda de trabajadores. Las obras públicas, intensivas en mano de obra, es una buena alternativa para impulsar el empleo. No así los subsidios salariales, los cuales deberían usarse poco o nada. Cabe destacar que los mecanismos de estabilización automática, tales como el seguro de desempleo, pueden resultar riesgosos en un contexto de poca transparencia y limitada capacidad del Estado); 3) mejorar las oportunidades de los trabajadores por medio del fortalecimiento de sus destrezas(a la cabeza de la lista se ubica la política educativa. Facilitar la transición de la escuela al mercado laboral, y viceversa, es crucial para dar a los trabajadores de menos capacidades la oportunidad de adquirir las destrezas básicas que se necesitan para alcanzar los conocimientos más especializados que pueden requerir las empresas. Los subsidios a compañías que alienten a sus trabajadores a recurrir a la educación para adultos y que facilitan la capacitación también podría ser una motivación, al igual que descuentos tributarios que subsidien una gama de programas de capacitación. Se necesita una vigorosa entidad pública reguladora del sistema de capacitación, que fije y haga cumplir las normas de calidad y pertinencia de programas de capacitación, y la misma debe ser independiente de cualquier otra entidad pública.); y 4) hace cumplir las normas(efectuar inversiones considerables para recoger datos del mercado laboral y analizarlos, ampliar la cobertura de las inspecciones y demás mecanismos para aumentar el acatamiento. La autoridad laboral debe prestar mucha atención al estado de las relaciones entre trabajadores y empleadores utilizando indicadores como la frecuencia de huelgas y la cantidad de días laborales perdidos, y debe dedicar esfuerzos al mejoramiento de las relaciones entre trabajadores, empresas y sindicatos). Reformas de los sistemas de regulación. Receta 1: prestaciones laborales obligatorias. Éstas brindar servicios valiosos a los trabajadores (vacaciones pagadas, licencia por maternidad, seguro de atención médica, pensiones, seguro contra accidentes y desempleo, entre otras). Si los trabajadores valorasen esas prestaciones, podrían estar dispuestos a pagar por ellas en forma de un menor salario. Efectos secundarios: si resultan demasiado onerosas para trabajadores y empresas, ambos tratarán de evadir la ley, lo que puede resultar en un menor empleo para mujeres y jóvenes y no capacitados en países donde la aplicación de la norma es adecuada, desplazándolos al sector no regulado, es decir, ampliando el sector informal. Por lo tanto, hay que supervisar el nivel de empleo y desempleo, y los niveles salariales y de cobertura, para detectar señales que puedan indicar que la prestación es demasiado alta o demasiado baja. Receta 2: normas de estabilidad laboral. Es una forma privada de seguro contra el riesgo de pérdida del ingreso en caso de desempleo. Efectos secundarios: altera los incentivos de las empresas para contratar y despedir trabajadores, limita la capacidad de las empresas de reaccionar a condiciones económicas cambiantes quitándole efectividad al potente factor de crecimiento que es la reasignación de trabajadores a empleos más productivos. Deben supervisarse la duración del desempleo y la distribución de los niveles de empleo por edad, género y nivel de capacitación. Según parámetros internacionales, las reglas que rigen la estabilidad en el mercado laboral latinoamericano son considerables, por lo que no es aconsejable reforzar esas normas más allá de los niveles actuales. Receta 3: salario mínimo. Es un apoyo legal para los trabajadores que gana poco en sus negociaciones con las empresas. Aumentos moderados del salario mínimo pueden reducir la desigualdad entre diferentes niveles de salario, al menos en el corto plazo. Efectos secundarios: los aumentos en el salario mínimo reducen el nivel de empleo. Debe supervisarse la cobertura. Una mayor evasión puede ser señal de que el aumento en el salario mínimo ha sido demasiado grande. Seguro social. Receta 1: seguro de desempleo. Proporciona a los trabajadores ingresos complementarios durante su búsqueda de empleo. Este sistema debería estar vincular con el mecanismo de intermediación laboral para poder aplicar eficazmente el requisito de búsqueda de empleo y también para ayudar a los trabajadores a acudir a la red de servicios de intermediación. Efectos secundarios: crea incentivos para extender la búsqueda de empleo, aumentando tanto la duración del desempleo como su incidencia. Debe evitarse el uso del seguro de desempleo cuando no se cuente con un sistema bien llevado de registros administrativos y regulatorios. Receta 2: obras públicas de uso intensivo de mano de obra. Ofrecen a trabajadores desempleados los ingresos básicos en momentos críticos. Efectos secundarios: los beneficiarios pueden quedar estigmatizados si el programa se percibe como mecanismo de asistencia social sin contenido productivo o de capacitación. El gasto en estos programas debe ser considerablemente contra cíclico. Receta 3: subsidios salariales. Se usa para agilizar la colocación a los desempleados en puestos de trabajo del sector privado, reduciendo impuestos o los pagos de indemnizaciones por despido. Efectos secundarios: sin un control suficiente, las firmas comentarían a reemplazar trabajadores no subsidiados por trabajadores subsidiados. Debe evitarse el uso del seguro de desempleo cuando no se cuente con un sistema bien llevado de registros administrativos y regulatorios. Receta 4: programas breves de capacitación. Se utiliza para transferir ingresos a grupos de beneficiarios específicos, por lo general, jóvenes desempleados. Es preciso efectuar inversiones considerables en supervisión y evaluación. Efectos secundarios: facilita el ingreso de trabajadores jóvenes al mercado laboral y crean experiencia en el manejo de mecanismos de intermediación de dicho mercado. No se debería albergar la expectativa de que estos programas generen nuevos puestos de trabajo, sino más bien que proporcionan a los nuevos trabajadores cierta experiencia en el mercado laboral. Este podría ampliarse o contraerse de acuerdo a la demanda, pero de modo contra cíclico. Receta 5: transferencias de dinero en efectivo. Limitan los efectos del desempleo generalizado durante el periodo de

crisis. Efectos secundarios: inducen ciertas distorsiones graves en el mercado laboral al amentar los salarios de reserva y crear incentivos contra el trabajo. También tienden a crear fuertes expectativas de derecho, lo que dificulte la tarea de ajustar el número de beneficiarios y el nivel de prestaciones. Deben definirse por adelantado los indicadores directamente observables que provocarán la activación y la suspensión del programa. 3-

Empleo y crecimiento: consideraciones analíticas y operacionales para el FMI.

La creación de empleo y el crecimiento con inclusión son imperativos que resuenan hoy en todos los países. Los países están direccionados a generar crecimiento y creación de trabajo enfrentando la fuerte tendencia global de cambio tecnológica, globalización y significantes cambios demográficos que está en marcha (el rápido envejecimiento de la población y la entraba de un gran número de nuevos trabajadores en la fuerza laboral, son ejemplos de ello). La baja participación de trabajadoras femeninas en la fuera laboral representa una significante oportunidad perdida para fortalecer el desarrollo económico y el crecimiento en muchos países. La evidencia demuestra que no hay una única estrategia para todos los países, pero todas ellas tienen elementos en común como la estabilidad macroeconómica: baja inflación y volatilidad del producto, como condiciones esenciales para cualquier estrategia de crecimiento. El Fondo puede ayudar a los países a idear esas estrategias. Un diagnóstico y análisis sistemático del crecimiento y del empleo permite la identificación de las restricciones vinculantes y proporcionar un consejo de política relevante y más adaptada. Esto permite mejorar el impacto de las políticas sobre el crecimiento, sobre la productividad y la creación del empleo y la inclusión. Los reportes indican que muchos países avanzados están en su etapa de transformación estructural donde el trabajo en crecientemente reasignado desde sectores manufactureros de alta productividad a sectores de servicios de baja productividad. Así, el crecimiento de la producción en el sector de los servicios es una de las claves del desafío estructural al que se enfrentan las economías avanzadas. El beneficio de las reformas estructurales (el cual, en las economías avanzadas está típicamente dirigido a aumentar la productividad de la mano de obra o el empleo) frecuentemente toma tiempo en implementarse. Algunas reformas estructurales podrían tener efectos adversos en el corto plazo, pero esos efectos pueden ser contenidos a través de otras acciones políticas. La reforma agenda de estructural debería ser en centro de la situación coyuntural y tratar de contener los efectos adversos de corto plazo a través de políticas complementarias. A su vez, las reformas estructurales pueden tener un impacto positivo significativo sobre el crecimiento y también puede ser significante el contagio de esos efectos positivos sobre los otros países de la región. Las reformas estructurales mejorar las ganancias de competitividad. Recuperar la salud del sector financiero es también crítico, incluyendo (mediante reformas estructurales) mejoras en la regulación y supervisión. Muchas economías avanzadas también se enfrentan al desafío de alcanzar el crecimiento de largo plazo con una población envejecida y que necesitan ser direccionadas mediante reformas estructurales que aumenten gradualmente la oferta laboral y asegure la contención de incrementos futuros con respecto a la salud y los gastos de pensión. El empleo es un instrumento para alcanzar el desarrollo económico y social, permite la reducción de la pobreza, un aumento de la productividad y del tamaño de la economía, y la cohesión social. La sabiduría convencional se focaliza en el crecimiento como una precondición del crecimiento del empleo y de la cohesión social: las políticas orientadas al crecimiento necesitan fomentar los procesos de creación y destrucción del empleo mientras que protegen a las personas que sufren efectos adversos por esos cambios (este es ahora un consenso sobre las políticas de crecimiento: se deben proteger a los trabajadores y no a los trabajos). En el buen funcionamiento del mercado laboral juegan lamicro flexibilidad (permiten la continua reasignación de trabajadores necesarias para un crecimiento sostenible) ymacro flexibilidad (permiten que la economía se ajuste a los shocks macroeconómicos). La necesidad de macro y micro flexibilidad es aplicable a todos los países y debería ser un objetivo clave de las políticas del mercado laboral. Ejemplos de instituciones y políticas que afectan la micro flexibilidad son el seguro de desempleo y la protección del empleo, y aquellos que afectan a la macro flexibilidad son el salario mínimo, cuña fiscal y la estructura de la negociación colectiva. Por su puesto, alcanzar cada una de esas flexibilidades mientras se protegen a los trabajadores no es simple y el diseño de las instituciones del mercado laboral se enfrenta a delicados trade-offs. Hay circunstancias donde una estrategia de empleo puede ser necesaria para complementar una estrategia de crecimiento: puede haber un gran rezago entre el crecimiento y la creación de suficiente número de empleos, o la relación entre el crecimiento y la creación de trabajo (comúnmente conocida como la Ley de Okun) puede ser inestable. Esto no significa que la estrategia de crecimiento debería ser abandonada, sino que debe ser complementada con otras políticas requeridas para sostener el empleo y la cohesión social. Además, una estrategia de empleo puede ser apropiada cuando los trabajadores confieren algún beneficio social que no sea reflejado en el producto o pueden pesar más los beneficios de incrementos del producto. Las estrategias pueden ser necesarias para crear empleos que son identificados con altas ganancias para un país en particular (podría ser incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, o crear oportunidades de empleo para los jóvenes). La mayoría de los trabajos son creados en el sector privado y sector público puede ayudar a la creación de empleos en el sector privado de tres formas: 1- puede proporcionar los fundamnetals para la creación del empleo: estabilidad macroeconómica, habilitar el ambiente de negocios (incluyendo los impuestos y políticas de gasto apropiadas para apoyar la creación de empleo), capital humano, establecer y hacer cumplir las normas; 2- puede asegurar que las políticas laborales no socaven la creación de empleo y, en efecto, mejore el desarrollo los pagos al trabajo. Las políticas deberían intentar permanecer en la “meseta” y evitar los “acantilados” de ya sea excesiva regulación o extrema indiferencia para las condiciones laborales; 3- también puede fijar prioridades, tratando de entender dónde se encuentran los buenos empleos para el desarrollo, dado el contexto nacional, y así identificar políticas de intervención selectivas que pueden hacer levantar las barreras del sector privado para la creación de aquellos empleos y reducir las barreras del empleo de trabajadoras femeninas. Un elemento clave de una estrategia laboral es adecuar los impuestos y la estructura de beneficios sociales para apoyar el empleo: los impuestos y los gastos afectan al empleo por influenciar la demanda laboral de las firmas y la oferta laboral por las decisiones individuales. La elasticidad de la oferta laboral es especialmente alta para los trabajadores menos calificados, para mujeres y para trabajadores adultos. Las estrategias de empleo deberían tomar en cuenta los objetivos de corto y largo plazo: cuando el desempleo tiene un aumento brusco en una crisis, una prioridad inmediata es apoyar el crecimiento del empleo. La política fiscal afectaría al empleo solo en el mediano y largo plazo. Los países con apretadas restricciones fiscales deberían priorizar opciones de reformas que tengan efectos neutros sobre el presupuesto o que puedan proporcionar ahorros presupuestarios, tal como una reforma que vincule los ingresos de los beneficios sociales a requerimientos de búsqueda de trabajo. Las reformas deberían apuntar a mitigar los trade-offs entre empleo y equidad. Países en desarrollo. Los desafíos de política en ellos son muy diferentes: en los países en desarrollo una proporción significante del empleo es en cuenta propia más que asalariados. Una porción mucho más pequeña de trabajadores son empleados en el sector formal, en relación con los países desarrollados. Ya que la mano de obra es abundante y el capital es escaso, hay una tendencia significativa a la sub-utilización de mano de obra (o desempleo) y por eso prevalecen los trabajadores pobres. El mercado laboral tiende a ser fragmentado: rural versus urbano, calificado versus no calificado, formal versus informal, y la movilidad en limitada. La fuerza laboral femenina tiene poca participación. Muchos países en desarrollo se enfrentan un gran incremento de la población en edad de trabajar. La tendencia a la globalización y al cambio técnico incrementa la incertidumbre

sobre la relevancia de aquellos modelos de desarrollo. En estos países, las estrategias de creación de empleo necesitan ser focalizadas en la creación de condiciones para aumentar la inversión del sector privado (infraestructura de calidad en la agricultura, buen funcionamiento del sistema financiero e instituciones fuertes de gobierno), equipar a los trabajadores con la educación básica y las habilidades relevantes para el empleo, y proteger a los trabajadores pobres quienes son los más expuestos a shocks exógenos y al ciclo económico. Las instituciones del mercado laboral formal afectan de manera directa solo a una pequeña parte de los trabajadores y así, su impacto es más relevante para la creación y crecimiento es más relevante en las firmas más productivas. La evidencia ha demostrado que las instituciones del mercado laboral en países en desarrollo tienen un modesto impacto sobre el empleo agregado, reduciendo la desigualdad del ingreso para aquellos que están cubiertas por ellas, pero profundizando la dualidad del mercado laboral. El siguiente conjunto de políticas es recomendado para países en desarrollo, con el fin de implementar una estrategia de empleo: 1- estabilidad macroeconómica (la inflación es un impuesto regresivo), 2-inclusión financiera (el acceso a los servicios bancarios y al crédito es crítico para reducir la vulnerabilidad de estar involucrado en actividades sujetas a shocks exógenos fuera del control de los trabajadores), 3- crear el ambiente tanto para inversión púbica como para inversión privada (en infraestructura, transporte, energía) para facilitar la creación de empleos; 4- proveer políticas públicas y esfuerzos privados necesarios para mejorar la educación, dotar de habilidades básicas para el empleo, y facilitar la transición entre sectores y niveles de productividad, y 5- proveer un robusto esquema de protección social (atendiendo a las necesidades del sector informal). Países desarrollados. Está confirmado que el crecimiento es generalmente necesario para la creación de empleos. La mejor estrategia de empleo probablemente consista en una combinación de estrategias de crecimiento y políticas sostenibles para el mercado laboral. Estas políticas apropiadas necesitan tanto de la micro flexibilidad como de macro flexibilidad. La evidencia sugiere que, para ayudar la micro flexibilidad, los trabajadores deberían estar protegidos principalmente mediante el seguro de desempleo más que por otra protección del empleo. Sin un adecuado esquema de seguros, la inseguridad sobre los ingresos podría incrementarse. El seguro de desempleo puede ser generoso, pero solo si AMPLs están focalizadas y son efectivas. Alto niveles de protección del empleo están asociados con una alta duración del desempleo. Debería evitarse la protección dual al empleo, donde alta protección al empleo sobre contratos permanentes coexisten con una ligera regulación para contratos temporales. Una cuestión importante es si el modelo “flexi-seguridad” puede ser exportado. el salario mínimo (la forma más importante de macro flexibilidad) puede considerarse como un piso para evitar la explotación, pero una mejora sustancial de la redistribución del ingreso puede alcanzarse combinando un bajo salario mínimo con transferencias sociales bien dirigidas. La estructura de las negociaciones colectivas puede afectar tanto las fluctuaciones como el nivel de desempleo. Ésta también influye sobre la sensibilidad salarios – desempleo.

Políticas de gasto

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Política tributaria Políticas destinadas a aumentar la demanda laboral: Implementar la contratación y los subsidios salariales. Reducir los impuestos laborales (devaluación, cambios de los impuestos sobre el empleo a impuestos sobre el consumo). Introducir esquemas de apoyo al empleo Reducir los impuestos a los negocios. Implementar programas de trabajos públicos Políticas para incrementar la oferta laboral o facilitar el matching Expandir ALMPs efectivos. ¿ Ajustar los criterios de elegibilidad y búsqueda de empleo para los planes sociales. Reducir la duración y el nivel de los beneficios cuando son muy altos. Incrementar los subsidios para el cuidado de niños. Incremento en la edad de retiro. Fortalecer las reglas por pensiones de discapacidad.

INFORMACIÓN ADICIONAL Ley de Okun:es la relación empírica entre las variables tasa de desempleo y producción de un país, definida por Arthur Okun. Según establece la definición de la ley de Okun, la relación lineal planteada entre PIB real y tasa de desempleo y sus variaciones porcentuales es necesariamente negativa. A grandes rasgos, este concepto señala que las economías en situación de crecimiento o expansión y una población activa estable tienen que aumentar su número de trabajadores y así hacer crecer su nivel de producción, lo que haría bajar el desempleo. Por el contrario, en momentos de recesión en la economía bajará la cantidad de trabajadores. Según los estudios realizados por Okun a mediados del siglo XX en Estados Unidos, por cada variación negativa de la tasa de crecimiento por debajo de la tasa de crecimiento potencial (o PIB real efectivo respecto al PIB potencial), se observaba un aumento en la tasa de paro.La tasa de crecimiento potencial es aquella que tiene lugar dado el crecimiento de su productividad y la acumulación de capital y el crecimiento de la población activa y sin la generación de tensiones inflacionistas. En otras palabras, todos los factores productivos se encuentran plenamente utilizados. La fórmula más extendida para calcular la ley de Okun es teniendo en cuenta la tasa de crecimiento, y relacionando producción y desempleo: ΔY/Y = k – cΔu, donde Y es el nivel de producción o el PIB real, ΔY es la variación del nivel de producción, c es una constante que relaciona las variables desempleo y producción, k es el porcentaje anual de crecimiento de la producción de pleno empleo y Δu es la tasa de variación del desempleo.

UNIDAD 7: Equidad Distributiva 1-

¿Para bien o para mal? El debate sobre el impacto de la globalización en los mercados de trabajo de América Latina (Gasparini).

Existe la percepción generalizada de que la globalización, o más precisamente, las políticas de los gobiernos que han acogido la globalización, han hecho aumentar la desigualdad, el desempleo y el estancamiento de los salarios. Una evolución favorable de la productividad, y por ende de la competitividad, solo puede provenir de mejores prácticas laborales y condiciones de trabajo. Es necesaria la acción pública en instancias tales como el mercado laboral, en el que los contratos no siempre se hacen pueden hacer cumplir con facilidad, el “producto” no está claramente definido, la vigilancia e a menudo difícil y la información es escasa. Se subraya un elemento crucial de esta discusión: la globalización puede tener efectos adversos en cuanto a la desigualdad a través de cambios en la demanda de mano obra. Los gobiernos deberían adoptar políticas destinadas a aminorar los efectos de la integración a la economía mundial, ya que no proceder de tal manera puede poner el peligro a viabilidad política y social del proceso de integración. Carlos Salas observa que la aplicación eficaz de los derechos laborales en un entorno democrático incide considerablemente en la productividad y los salarios. Herrera y Acosta proponen un mecanismo de fondo de compensación como instrumento para una integración más rápida, eficaz y justa de los países del grupo andino. Esos mecanismos de compensación son un elemento crucial del proceso de integración en vista de la heterogeneidad, tanto entre los países como internamente en ello, que produce sectores y países más y menos favorecidos. Por lo tanto, se necesita dicho mecanismo para poder preservar la dirección y aumentar la viabilidad económica, social y política del proceso de integración de la región. Márquez plantea que no se justifica ni la oposición ni el respaldo absoluto a los sindicatos desde el punto de vista de la producción. En todos los casos es preciso observar detenidamente los detalles de cada sector, las relaciones industriales y los métodos de producción para, poder evaluar los efectos de los sindicatos en la productividad. Se sostiene que las políticas de apoyo (como seguros de desempleo y garantía de salario mínimo) son importantes para moderar los efectos de la globalización en el ingreso de los trabajadores. Pessino y Andrés sostienen que el principal efecto que tuvieron las políticas de globalización durante la década de 1990 en Argentina fue el de hacer aumentar la destrucción de empleos (especialmente en el sector de los servicios) sin que se produjera un efecto compensador en la creación de empleos en otros sectores, lo que llevó al aumento del desempleo experimentado en esa época. No hay desacuerdo en cuanto a la necesidad de utilizar políticas públicas para aumentar el bienestar de los trabajadores. El mejoramiento del bienestar de los trabajadores depende de dos procesos íntimamente relacionados: 1) requiere del aumento de la productividad de la fuerza laboral, que es la fuente primordial de crecimiento sostenible e incremento del salario real; y 2) exige el logro de condiciones de trabajo mejores, más seguras y que propendan a una mayor productividad. Esto sólo se puede lograr en un entorno que permita que trabajadores, sindicatos y empresas formulen contratos de trabajo que se puedan hacer cumplir y que sean justos. Corresponde al Estado la responsabilidad de concebir y aplicar un marco regulatorio eficaz que promueva resultados sociales positivos e incentive la creación de un marco propicio para la negociación del salario y que fomente la cooperación entre empresas y trabajadores. Sin embargo, la reforma del mercado laboral es un proceso sumamente complejo. Ésta solo puede tener éxito si acomete el rediseño del marco institucional de las políticas laborales, el cual fue concebido para funcionar dentro de un conjunto de limitaciones y oportunidades económicas muy distintas de las que gravitan actualmente sobre la región. Alcanzar el nivel de confianza que se necesita para poder aplicar cualquier reforma política de fondo requiere un dialogo abierto y bien formado. La reforma laborar es, entonces, un proceso de largo aliento y maduración paulatina que se debe acometer en un contexto en el que el desempleo creciente, la cada vez peor distribución del ingreso y el estancamiento del ingreso real estén generando presiones para que los gobiernos tomes medidas rápidas y visibles. El fracaso distributivo de Argentina: el papel de la integración y las políticas públicas. Desde mediados de los setenta hasta el presente, Argentina ha experimentado drásticos cambios distributivos, que se han traducido en aumentos sustanciales de la desigualdad y de la pobreza. Es posible identificar dos tipos de eventos que han moldeado la distribución: 1) las crisis macroeconómicas profundas (1988-1989 y 2001-2002), y 2) los periodos de integración económica (finales de los ’70 y gran parte de los ’90). Las crisis macroeconómicas han demostrado repercusiones distributivas más marcadas, aunque de duración más breve. Al contrario, los episodios de integración han sufrido consecuencias más perdurables. Tanto las crisis macroeconómicas como los periodos de integración han acarreado reducciones en la demanda relativa de mano de obra no calificada, lo que ha disminuido el empleo y los salarios en este grupo, además de haber acentuado la desigualdad y la pobreza. Aunque la integración puede ciertamente exacerbar la desigualdad en el corto y mediano plazo en países como Argentina, los gobiernos pueden tomar medidas para aliviar los efectos de la transición. Dejar de hacerlo puede poner en peligro todo el proceso de integración y liberalización. Cambios distributivos en Argentina. La desigualdad aumentó marcadamente durante la crisis macroeconómica de hacia finales de los ’80. El coeficiente de Ginidisminuyó tras la estabilización, pero no volvió a los niveles que se habían observado antes de la crisis. la desigualdad volvió a aumentar durante la década de 1990 (+6pp). Posteriormente, la crisis macroeconómica de 2001-2002 hizo aumentar el coeficiente de Gini en 4pp adicionales. El aumento de la desigualdad en Argentina ha sido sustancialmente mayor al experimentado por otros países de América Latina. Además, el aumento de la desigualdad fue lo suficientemente grande como para implicar un fuerte aumento de la pobreza y reducción del bienestar agregado. El crecimiento registrado de la desigualdad es aún mayor para índices que le otorgan mayor peso a la cola inferior de la distribución (cómo el de Atkinson, con un parámetro de aversión a la desigualdad igual a 2). El aumento de la desigualdad salarial, aunque considerable, no fue tan pronunciado como el de la desigualdad del ingreso familiar. Se seleccionan seis años de la relativa estabilidad macroeconómica: 1974, 1980, 1986, 1992, 1998 y 2002. La distribución del ingreso en esos años parece bastante estable. El mayor aumento de la desigualdad ocurrió entre 1992 y 1998, seguido de los periodos 1998-2002 o 1974-1980, según el índice considerado. El análisis de dominancia de Lorenzconfirma el patrón de desigualdad cada vez mayor: las curvas de Lorenz correspondientes a los seis años seleccionados no se cruzan (se intersectan en la cola inferior de la distribución). Se puede observar que las funciones de densidad se han ido aplanando cada vez más, con una cola izquierda más ancha, lo que implica mayor desigualdad y pobreza. Argentina en el contexto de América Latina. Argentina ha sido tradicionalmente uno de los países latinoamericanos con menor desigualdad, junto con Costa Rica y Uruguay. Un rasgo distintivo de la economía argentina ha sido su amplia clase media. A comienzo de los ’90, Argentina se mantenía como uno de los países con menor desigualdad de la región. Pobreza. Los cambios distributivos experimentados por Argentina han repercutido profundamente en los niveles de pobreza del país. La pobreza creció con lentitud durante la primera mitad de la década de los ochenta, para luego dispararse durante la crisis de la hiperinflación. Luego de la brusca caída a comienzos de los años noventa, la tasa de incidencia de la pobrezaaumentó de 18% a 26% entre 1992-1998, a pesar de un vigoroso crecimiento económico. La reciente crisis económica produjo un aumento sin precedentes de la pobreza, la cual ascendió a más del 50%. Aunque la mayor parte de ese aumento se revirtiera a medida que la economía se iba recuperando, el

índice de pobreza continuó en niveles muy superiores a los históricos. Bienestar agregado. A pesar del aumento de la desigualdad, el bienestar agregado puede incrementarse si, por ejemplo, sube el ingreso para todos los cuantiles de la distribución. El ingreso real de los percentiles inferiores de la distribución del ingreso familiar equivalente cayó durante todo el periodo. Todas las curvas de incidencia del crecimiento tienen pendiente positiva, lo que indica un crecimiento que no favorece a los pobres. Esto reafirma la presencia de crecimiento desbalanceado. El desempeño de los pobres ha sido mayor al de los estratos de mayores ingresos, tanto en los periodos de crecimiento como en los de recesión. Todas las funciones muestran una caída considerable del bienestar en la “década perdida” de los años ’80, debido a la baja del ingreso medio y a los cambios distributivos des-igualadores registrados a finales de los ochenta. El bienestar aumentó de modo claro en la primera mitad de la década del ’90, alimentado por un crecimiento económico vigoroso, y a pesar de un aumento de la desigualdad. El periodo 1994-1998 resulta interesante porque el ingreso medio aumentó moderadamente y la distribución del ingreso se hizo considerablemente más desigual. Esos movimientos generan patrones divergentes en la evaluación del bienestar: mientras que el bienestar aumentó para un juicio de valor indiferente a la desigualdad del ingreso (denominado Bentham), para aquellos juicios de valor que le otorgan un mayor peso a la cola inferior de la distribución (como Atkinson) el bienestar disminuyó considerablemente. En el periodo de recesión y crisis, el bienestar agregado ha ido disminuyendo de modo considerable para cualquier función considerada. Polarización y movilidad. La polarización y la movilidad son dos dimensiones de la equidad distributiva. La polarización hace referencia al antagonismo de grupos homogéneos. Aunque la polarización y la desigualdad pueden evolucionar en sentidos opuestos, éste no ha sido el caso de la Argentina, donde la distribución se ha convertido en un factor cada vez más desigual y polarizado. La desigualdad puede evaluarse como menos preocupante cuando tiene lugar en un entorno de gran movilidad, o al menos movilidad creciente. Determinantes directos de los cambios distributivos. El ingreso medido por la EPH proviene principalmente de fuentes laborales. El retorno al capital, los beneficios empresariales y las rentas de la tierra seguramente se vieron modificadas por los cambios económicos que ha experimentado Argentina. Sin embargo, el impacto distributivo de esos cambios no se capta correctamente, ya que las fuentes no laborales de ingresos están seriamente subestimadas en la EPH. Debe considerarse que durante los últimos 30 años no se han producido grandes movimientos migratorios (ni poblacionales no en la actividad económica). Los retornos al sector de la educación son siempre positivos. Estos demostraron una caída para aquellos trabajadores con educación secundaria y superior entre 1980 y 1986, y se mantuvieron constantes entre 1986 y 1992. Durante los años ’90, la brecha salarial se ensanchó, especialmente entre los graduados de nivel superior o universitario y el resto. Las ecuaciones de Mincer revelan otro fenómeno importante: mientras que la dispersión del término residual se mantuvo relativamente constante durante los años ’80, ésta ha aumentado considerablemente en los últimos diez años. La creciente dispersión en los inobservables se interpreta usualmente como un incremento de los retornos de algunos “activos” productivos en el mercado laboral que no han sido observados, tales como la habilidad, la calidad de la educación o los contactos. Este incremento es consistente con el aumento de los retornos a la educación formal, el que constituye otro activo importante en el mercado laboral. Las horas de trabajo también han cambiado de forma heterogénea entre grupos de nivel educativo. Mientras que los trabajadores no calificados trabajan actualmente menos horas que antes, es evidente que aquellos calificados han incrementado sus horas de trabajo en el mercado laboral. El desempleo alcanzó el 20% durante la crisis del Tequila y la crisis 2001-2002. El aumento en la tasa de desempleo de “equilibrio” de 5% a 15% se debe básicamente a un incremento considerable de la participación en el mercado laboral: una gran cantidad de mujeres y jóvenes han entrado al mercado laboral, enfrentando tasas de empleo rígidas, y el problema fue aún peor en los periodos de recesión, cuando las tasas de empleo disminuyeron temporalmente. Cuando el desempleo obedece más a una creciente participación en el mercado laboral que a una baja del empleo, su efecto sobre la desigualdad o la pobreza resulta menos obvio: por ejemplo, si un joven entra al mercado laboral sin conseguir empleo, la tasa de desempleo sube, pero la distribución del ingreso se mantiene sin cambios (el ingreso del joven es cero en ambas situaciones). El salario horario de un individuo i en un momento del tiempo t, se puede representar cómo: wit = Xitβit + ϵit, donde X es un vector de características observables (edad, género, educación), β es un vector de parámetros y ϵ es un término de error. Si se investiga el efecto de cambios en los retornos a la educación, género y experiencia en términos de salarios horarios, deben cambiarse los coeficientes correspondientes (dummy) en la ecuación de salarios. Se demostró un efecto des-igualador considerable del aumento de los retornos a la educación sobre la distribución de ingresos laborales. El cambio en los retornos a la educación contribuyó a disminuir la desigualdad de los salarios horarios e ingresos laborales en los ’80, pero este efecto se revirtió en los años noventa, periodo en el cual el aumento de los retornos a la educación tuvo un papel fundamental en el aumento de la desigualdad. Los retornos a factores no observados, se desenvolvieron en la misma dirección: levemente igualadores en los años ochenta y fuertemente des-igualadores en los noventa. Las variaciones en la brecha salarial entre géneros y los cambios en los retornos a la experiencia no parecen haber tenido un papel importante en los cambios distributivos. Aunque Argentina experimento un enorme aumento del desempleo, la tasa de empleo no cambio significativamente durante la mayor parte del periodo. El análisis de esta sección sugiere que los trabajadores no calificados, tanto en términos de educación formal como de factores no observables, han pedido en términos de salario y horas de trabajo durante el periodo 1992-2002, lo cual ha desempeñado un papel importante en moldear la distribución de los salarios horarios, los ingresos laborales y los ingresos familiares. Integración y desigualdad. El proceso de integración. A excepción de un breve periodo de apertura a finales de los años setenta, Argentina generalmente exhibió bajos niveles de integración financiera y comercial, así como una escasa absorción de tecnologías de producción y organización. Luego de un tímido movimiento hacia una mayor apertura a finales de los años ’80, el gobierno que asumió el poder tras la hiperinflación de 1989 logró aplicar, en el lapso de pocos años, una amplia variedad de reformas de mercado que cambiaron drásticamente la integración de Argentina a los mercados internacionales. El país, que antes representada una típica economía cerrada, se convirtió en un miembro de la economía global. La estructura de las importaciones cambio: la participación de los bienes de capital en las importaciones creció. La inestabilidad macroeconómica e institucional de los años ’80, aisló a la Argentina del circuito financiero internaciones. Después de 1991, la percepción de los inversionistas extranjeros de una mayor estabilidad economía e institucional estimuló la entrada de capitales. La inversión extranjera directa en porcentaje del PIB aumentó 0,4% en el periodo 1970-1990 a 1,6% en 1991-1197. Aproximadamente el 47% de esa IED se concentró en el sector de servicios, atraída por el proceso de privatizaciones, el resto se canalizó principalmente hacia actividades de extracción y el sector manufacturero. Las políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que aplicó Argentina durante décadas no fueron exitosas en términos de progreso tecnológico. Por el contrario, las reformas introducidas en los años noventa produjeron un cambio sustancial en la productividad y el avance tecnológico (considerable aumento de la productividad durante la década de 1990). Hubo varios factores que propiciaron este proceso: la desregulación de muchos mercados nacionales como la eliminación de barreras al comercio internacional obligaron a las empresas privadas a aplicar las mejoras de productividad necesarias para continuar funcionando; la apertura de la economía argentina en un momento de creciente globalización y difusión de nuevas tecnologías de comunicación facilitó el acceso a las tecnologías más avanzadas de producción; el precio de los bienes de capital

se desplomó a comienzos de la década, a causa del tratamiento arancelario favorable a las importaciones de capital y a la apreciación del tipo de cambio real (los bienes de capital importados son un vehículo importante de transferencia de tecnología); la inversión extranjera directa, además de promover mejoras en la gestión y marketing internacional de las empresas, fomentó la introducción de tecnologías extranjeras de frontera. La IED, en realidad, alivia el problema de la habitual resistencia a la transferencia de tecnología en economías que no cuentan con mecanismos sólidos de protección de los derechos de propiedad, y suelen generar efectos de derrame sobre otras empresas locales. El grueso de las reformas se realizó en un lapso de cinco años, sin gradualismos ni mecanismos de transición que permitieran al sector privado ajustarse a las nuevas circunstancias. Por el contrario, se redujeron y eliminaron varios subsidios púbicos al sector privado y luego se introdujeron medidas de flexibilización del mercado laboral. Argentina parece haber experimentado un verdadero shock tecnológico. Hay tres campos estrechamente vinculados con la integración y la incorporación de tecnologías: finanzas internacionales, comercio exterior y privatizaciones. En Argentina, los cambios en estas áreas parecen haber ocurrido con mayor rapidez que en otros países de la región. Un mayor grado de apertura puede en sí afectar la distribución del ingreso a través de varios canales. Los dos más estudiados son las reasignaciones sectoriales y los cambios en la intensidad de uso de los factores al interior de cada sector de actividad. Cuando un país lleva a cabo una liberalización comercial, los precios a nivel nacional cambian, lo que genera reasignaciones de recursos entre sectores y a su vez incide en los precios de los factores (teorema de Stolper-Samuelson). Argentina es un país que cuenta con abundancia relativa de recursos naturales y mano de obra calificada, comparada con la media mundial y con sus socios comerciales en el Mercosur, entonces, la política de apertura comercial implicaría un desplazamiento hacia la producción y el empleo en sectores que utilicen esos factores con mayor intensidad. Este fenómeno provocaría a su vez un aumento del retorno a los recursos naturales y un ensanchamiento de la brecha salarian entre los trabajadores calificados y no calificados. Un segundo canal de impacto en la distribución del ingreso, es el que la mayor apertura conlleva una caída del precio de los bienes de capital y, por cierto, la introducción de nuevas tecnologías. Dado que el capital es más complementario de mano de obra calificada que de la no calificada, y que las nuevas tecnologías son mayoritariamente intensivas en trabajo calificado, la integración en podría producir un incremento de la demanda de mano de obra calificada en todos los sectores productivos y generar, por ende, un aumento de la prima de calificación. Los efectos de la integración sobre la pobreza dependen de sus efectos sobre el crecimiento y la desigualdad. Existe un consenso bastante generalizado de que la mayor integración a la economía mundial en general acarrea un mayor ingreso o crecimiento más rápido y, que el crecimiento, sobre cualquier otro factor, está detrás de las historias exitosas en torno a la reducción de la pobreza (ningún país ha logrado desarrollarse con éxito dándole la espalda al comercio internacional o a los flujos de capital de largo plazo). Reasignaciones inter e intra-sectoriales. El cambio más notable en la estructura laboral desde 1974 ha sido la caída del empleo en el sector manufacturero y el aumento en el sector público y los servicios profesionales y empresariales. La caída en el sector manufacturero de bajo nivel tecnológico y el aumento de los servicios profesionales fueron más profundos durante los dos periodos de apertura (197-1980 y 1992-1998). La proporción del empleo en la administración pública y salud aumentó durante los periodos 1986-1992 y 1998-2002. Los trabajadores que no culminaron la educación secundaria han perdido empleos (u horas de trabajo) en el sector manufacturero durante los últimos 30 años. Los trabajadores semi calificados (aquellos que tienen educación secundaria) también han perdido empleos en el sector manufacturero, pero han encontrado trabajo en el sector comercial, servicios públicos y administración pública. La des-industrialización también afectó al trabajo calificado, aunque en menor medida que a la mano de obra no calificada. Los graduados universitarios se han trasladado en particular el sector de servicios profesionales y empresariales durante 19741980 y 1992-1998, y al sector público entre 1986-1992. La proporción de trabajadores sin educación secundaria en la fuerza laboral se desplomó entre 1974 y 2002, la proporción de trabajadores con estudios universitarios significativamente en ese lapso también, lo cual se debe a la mejora del nivel educativo de la población en general, pero también a la creciente dificultad que han tenido los trabajadores no calificados para hallar empleo. En comparación con el sector de servicios profesionales y el sector público, la industria manufacturera es intensiva en trabajo no calificado. El sector público (administración pública, atención médica y educación) y el sector privado han impulsado alternativamente el desplazamiento de la demanda relativa de mano de obra calificada. Hay una gran demanda en el sector público por personal que pertenecen al grupo de educación superior pero que tienen menor calificación, por lo que perciben salarios más bajos. En consecuencia, es probable que una expansión del sector público tenga menores repercusiones en la desigualdad del ingreso, que una expansión del sector profesional o de negocios. La prima salarial de los trabajadores calificados aumentó considerablemente durante los años noventa, lo cual es consistente con un aumento de la productividad relativa de la mano de obra calificada (producido ya sea por el incremento del uso de factores complementarios en el proceso de producción – capital – o por un cambio tecnológico sesgado). Algunos trabajadores calificados pueden ocupar puestos de trabajo que requieren idoneidad y ganar un salario que se corresponde con el nivel de productividad de esos empleos (por ejemplo, arquitectos conduciendo taxis), y si esto ocurre, es posible sobreestimar los cambios factoriales en algunos sectores. El efecto “inter-sectorial” indica que durante los últimos 30 años los cambios sectoriales han tendido a favorecer a personas con educación universitaria. Por el contrario, los trabajadores que no cuentan con educación secundaria se enfrentaron a una demanda cada vez menor, debido a la contracción de los sectores intensivos en mano de obra no calificada. Los efectos “intra-sectoriales” son del mismo signo que los anteriores, las empresas han modificado su manera de producir demostrando una mayor demanda de personal calificado y una menor necesidad de personal no calificado. Los efectos intra-sectoriales han tenido mayor fuerza que los efectos inter-sectoriales. El efecto general indica que el empleo relativo de los trabajadores no calificados ha caído tanto a causa de la disminución de la importancia de los sectores intensivos en mano de obra no calificada como, y en especial, a causa de una baja de la demanda de mano de obra no calificada en todos los sectores. Por el contrario, el empleo de los trabajadores calificados ha aumentado a través de ambos canales. Los años ’90 no se diferencian tanto de los ’80, pero hay dos factores distintivos en la década del noventa: 1) el efecto intra-sectorial positivo más intenso sobre los egresados universitarios, y 2) peor desempeño general de los trabajadores semi calificados. Durante los años ’80 se produjo una combinación de falta de avance tecnológico con expansión del sector público, por lo que no se tradujo en mayores primas salariales a los calificados probablemente porque: dadas las peculiaridades de la demanda de mano de obra del sector público indicadas anteriormente, la demanda de mano de obra calificada no cambio sustancialmente; las instituciones laborales estuvieron claramente más activas; y se produjo un claro aumento en la oferta de mano de obra calificada en la segunda mitad de la década debido al incremento en la asistencia a la educación salarial propiciada por el cambio democrático en 1983 (lo que presiona a la baja del salario de mano de obra calificada). Durante los dos periodos de liberalización, los cambios hacia sectores privados intensivos en mano de obra calificada y el cambio tecnológico generalizado ampliaron la demanda de mano de obra calificada y, como resultado, produjeron un amento en la prima salaria, como resultado del crecimiento de su productividad relativa. La debilidad de las instituciones laborales favoreció ese aumento. Comercio exterior, inversión y tecnología. La conclusión general es que un mayor grado de apertura conlleva una brecha salarial mayor entre calificados y el resto, pero que este fenómeno puede explicar sólo una pequeña proporción del incremento total observado en la prima salarial. Swartz muestra que los salarios y los precios relativos evolucionaron según las predicciones del teorema de Stolper-Samuelson, pero el autor pone en duda la hipótesis del cambio de la estructura productiva de la economía (cambios sectoriales) como motivo principal de los cambios en la distribución del ingreso. Galiani y Sanguineti encuentran que en sectores donde la penetración de las importaciones ha sido más profunda, la brecha salarial

entre trabajadores calificados y no calificados se ha ensanchado. Sin embargo, este factor puede explicar apenas un 10% de la variación total de la prima salarial. El comercio exterior puede afectar a la distribución del ingreso real al cambiar no sólo los precios de los factores, sino también los precios de los bienes y servicios. Porto considera que la liberalización ha tenido un efecto distributivo igualador en el sector del consumo, al estudiar las variaciones de los precios relativos, y la conformación de la canasta básica consumida por los hogares. El autor muestra que los pobres consumen relativamente más bienes transables que los ricos y concluye, tomando en cuenta únicamente este canal, que los pobres fueron los principales beneficiarios de la baja de los aranceles. Acosta y Gasparini encontraron que la penetración de las importaciones explica un 15% del cambio real del premio salarial mientras que la incorporación del capital explica aproximadamente el 60% de dicho cambio. Katz y Autor concluyen que el comercio exterior explica aproximadamente el 20% del incremento de la desigualdad, mientras que el cambio tecnológico sesgado da cuenta del 80% restante. Behrman señala que, como promedio, las políticas de liberalización han tenido un fuerte efecto positivo sobre las diferencias salariales, aunque dicho efecto también tiende a disiparse rápidamente. Asimismo, concluye que el alcance tecnológico, más que el comercio exterior, ha sido el mecanismo mediante el cual han venido operando los efectos des-igualadores. Páramo y Shady hacen hincapié en un aspecto importante: aunque el efecto directo del comercio exterior sobre la desigualdad salarial puede ser pequeño, el comercio es un mecanismo importante de transmisión de tecnología. Sostienen que las variaciones del volumen e intensidad de investigación y fomento de las importaciones guardan una estrecha relación con las variaciones de la demanda de trabajadores más calificados en América Latina. Otros factores. Dos de los periodos de mayores cambios distributivos coinciden con épocas de debilidad de las instituciones laborales: durante la segunda mitad de la década de 1970 el régimen militar prohibió la existencia de sindicatos, y durante la década de 1990 los sindicatos se mantuvieron pasivos debido a una alianza con el gobierno. El salario mínimo no fue relevante en ninguno de los dos periodos. Las reformas de los años noventa contribuyeron a aumentar los retornos a los factores no laborales. Argentina es un país dotado de abundantes recursos naturales, y la política de apertura comercial genero un incremento de los retornos a esos factores. Las reformas de mercado, en especial, la reducción del papel del gobierno en la economía, dieron un impulso a las empresas privadas y generaron aumentos de las utilidades. La considerable mejora de la productividad total de los factores también habría contribuido al incremento de los beneficios a las empresas. Debido a que los intereses de capital se concentran mayormente en los hogares ricos, este hecho implica una subestimación tanto del nivel como del aumento de la desigualdad. Factores demográficos ayudaron a moldear la distribución del ingreso familiar en Argentina (las decisiones de fecundidad): el aumento del tamaño de la familia en los hogares de bajos ingresos contribuyo sustancialmente al crecimiento observado de la pobreza y a la desigualdad durante esa década. Argentina en relación al resto de América Latina y el Caribe. ¿A qué se debe que el desempeño distributivo de Argentina haya sido considerablemente más deficiente que en el resto de la región? En primer lugar, la mayor rapidez con la que se integró a la economía mundial: un shock tecnológico y organizacional repentino tiene repercusiones más profundas que un proceso paulatino de incorporación de nuevas tecnologías, con más tiempo para capacitación y reasignación de recursos. El segundo lugar, la estructura economía argentina previa a la reforma era distinta: a causa de su mayor grado de industrialización, los cambios tecnológicos y las reasignaciones de recursos entre sectores provocados por la apertura quizá haya tenido repercusiones más profundas en la estructura de los salarios y en el empleo, que en otras economías menos desarrolladas y más agrarias. Adicionalmente, la fuerza laboral de Argentina tiene una proporción de mano de obra considerablemente mayor que la de la región, lo cual puede haber propiciado una incorporación más generalizada y rápida de innovaciones tecnológicas sesgadas hacia el trabajo calificado(Behrman señala que los países con el mayor aumento de la brecha salarial debido a la calificación han realizado reformas con gran velocidad en términos de liberalización de la cuenta capital, pero no encuentra una relación significativa entre la rapidez de las reformas en el comercio exterior y la brecha salarial). La diferencia en la dotación de factores probablemente también implicó una mayor variación de precios y reasignación de recursos contra sectores que emplean intensivamente mano de obra no calificada, tras la apertura comercial con países relativamente abundantes en mano de obra no calificada. Los factores demográficos también tuvieron una mayor influencia en la profundización de la desigualdad en Argentina. Políticas públicas y redistribución. Los gobiernos pueden aliviar o reforzar los cambios distributivos de mercado, en particular a través de políticas fiscales. El gasto público social durante todo el periodo analizado ha sido pro-pobre (índice de concentración negativo), se observó un aumento de la focalización del gasto durante la primera mitad de los años ochenta (debido al salto del gasto en educación), una disminución brusca a finales de los ’80, y un nuevo aumento en la década de 1990. La progresividad del gasto público social ha venido aumentando con el tiempo, especialmente debido a la creciente desigualdad del ingreso. La carga tributaria se concentra más en los estratos superiores de ingresos (índice de concentración positivo). La concentración tributaria aumento durante los años ’90, pero a menor velocidad que la concentración del ingreso, con lo cual el sistema tributario se volvió cada vez más regresivo (índice de progresividad cada vez más negativo). Aunque la política fiscal reduce el nivel de desigualdad, no ha afectado de manera significativa su patrón durante las últimas décadas. En términos de la población pobre, el gasto en programas de asistencia social disminuyó en los años ’80 y se mantuvo más o menos constante en los ’90, pero a niveles más bajos. El comportamiento del gasto social tiene un comportamiento sumamente pro-cíclico (elasticidad de 1,86 con respecto al PIB). Esta elevada correlación positiva revela recortes presupuestarios en épocas de recesión, justo cuando más se necesitan esos programas. Esta tendencia pro-cíclica se debe a las restricciones políticas en torno al ahorro durante los periodos de expansión, las limitaciones de crédito durante las recesiones, y la baja presencia de factores estabilizadores automáticos en el presupuesto. Los recursos adicionales generados por el crecimiento sin precedente experimentado por Argentina durante la década de 1990, no se emplearon eficientemente para aliviar los problemas distributivos que se iban generando. Argentina no logró ahorrar lo suficiente como para llevar a cabo políticas sociales anti-cíclicas en épocas de crisis, ni crear una red de protección social más amplia que permitiera paliar las consecuencias inmediatas del aumento de la pobreza, así como tampoco poner en práctica políticas laborales eficaces para tratar el desplazamiento de trabajadores no calificados. Durante las crisis, los pobres son los que tienen una mayor propensión a la pérdida de empleo, disminución de la cantidad de horas de trabajo y mayores recortes salariales. Aunque la desigualdad y la pobreza aumentan vertiginosamente durante las crisis, contrariamente tienden a bajar a medida que la economía se recupera. Las políticas fiscales y sociales no resultaron particularmente eficaces para eliminar los efectos del incremento de la pobreza y la desigualdad. Hay pruebas de que la integración es un instrumento eficaz de crecimiento económico, y, por ende, de aumento del bienestar agregado, a pesar de sus efectos des-igualadores. El hecho de oponerse a la integración y a la incorporación tecnológica parece ser una opción de política no razonable. Dicho crecimiento, que presumiblemente trae aparejada la integración, no necesariamente implicaría una reducción de la desigualdad, pero no más probable es que determinaría una reducción sostenida de la pobreza, como se ve demostrado de una manera contundente en la evidencia empírica. En particular los gobiernos deberían tomar medidas para regular el ritmo de integración a los mercados mundiales, brindar a los pobres una red de protección social adecuada y promover la educación y la capacitación a fin de facilitar la transición.

INFORMACIÓN ADICIONAL El ingreso familiar equivalente de un individuo: el cociente entre el ingreso total de la familia y el número de adultos equivalentes de la misma, elevado a un parámetro de economías de escala internas al hogar (igual a 0,8, generalmente). El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. Se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un solo ciudadano). El mismo concepto de desigualdad se puede entender gráficamente a través de la curva de Lorenz. A través de la curva de Lorenz podríamos calcular el índice de Gini dividiendo el área que queda entre la curva y la recta de igualdad entre el área total que queda bajo la curva, y así obtendríamos en tanto por 1 nuestro coeficiente (multiplicado por 100 quedaría en %): Gini = A/(A+B). La dominancia de Lorenz: ocurre cuando las curvas de Lorenz no se cortan entre sí. Cuando las curvas de Lorenz se cortan y el criterio de dominancia no resuelve, las ordenaciones inducidas por distintos índices no tienen por qué coincidir, aun en el caso de que todos ellos sean consistentes con el criterio de Lorenz.

El índice de Atkinson: es una medida de desigualdad de la renta. El índice se puede convertir en una medida normativa de la desigualdad al introducir el coeficiente ε, denominado nivel de “aversión a la desigualdad”. Cuando ε tiende a uno, el índice se vuelve más sensible a los cambios en el ingreso en el extremo inferior de la distribución, mientrasque si tiende a 0, se le da un mayor peso a la cola superior de la distribución. La característica distintiva de este índice es que agrega juicios de valor mediante la incorporación explícita del coeficiente ε. Donde Yi es el ingreso individual y µ es el ingreso medio.

La tasa de incidencia en la pobreza: se calcula como el cociente entre la cantidad de personas pobres y la población total de un país. Las ecuaciones de Mincer: de acuerdo con la teoría del capital humano, Jacob Mincer presentó un modelo de determinación de los ingresos, el cual se centra en la dinámica de los ciclos de vida de los ingresos, explorando la relación entre los ingresos observados, los potenciales, y la inversión en capital humano, tanto en términos de educación formal como de entrenamiento laboral. Una de las propiedades más interesantes del modelo consiste en que no depende de supuestos explícitos acerca del contexto económico posibilitando su aplicación y comparación a nivel de regiones o países. Partiendo del resultado implícito en la teoría del capital humano de que existe una relación positiva entre el número de años de escolaridad adquirido por los individuos y sus ingresos a futuro, la formulación de la determinación de los salarios también da cuenta de la observación de que la porción de la variación del salario explicada por las diferencias en los años de escolaridad se incrementa de manera significativa si se controla por la edad. Sin embargo, Mincer concluye que ni el modelo básico (con años de educación formal como el único predictor), ni el modelo de escolaridadmás-edad, explican más de 15% de la variación sobre los ingresos. El autor propone, para completar el modelo básico, la introducción de variables tales como la inversión postescolar y las semanas trabajadas por año.La idea subyacente es que, una vez que las personas han terminado la escuela, continuarán invirtiendo en sí mismos trabajando en ocupaciones con salarios más bajos, pero que proporcionan un mayor contenido de capacitación laboral en los primeros años de su tránsito por el mercado laboral. Los años siguientes, pueden acceder a ocupaciones mejor pagadas, porque la formación comienza a dar sus frutos. Se supone que la elección de los individuos de la ocupación es tal que se iguala el valor presente de los ingresos de por vida. Se observa que una alta dispersión inicial de los ingresos producidos por la educación debido a la presencia de inversión postescolar. Sin embargo, la dispersión empieza a disminuir y, por último, aumenta de nuevo en las últimas etapas de la vida laboral. El momento en que se reduce al mínimo la dispersión se llama "punto de adelantamiento", señalado por Mincer entre siete y nueve años después de haber ingresado al mercado de trabajo. En dicho punto, el efecto de la educación formal es máximo debido a que el rendimiento de la formación post-escolar iguala a su costo.La famosa ecuación de Mincer propone expresar a los ingresos en función de los años de educación y los años de experiencia potencial en el mercado laboral. La versión más generalizada de esta ecuación propone a los ingresos (más precisamente, logaritmo natural del ingreso por hora) como la suma de una función lineal de los años de educación y una cuadrática de los de experiencia potencial, tal como se muestra en la ecuación: Siendo w los ingresos laborales, s los años de escolaridad, x la experiencia potencial en el mercado laboral, α0, ρs,β0, β1 , los parámetros de la regresión, y 8 un término de error, que se supone de media de cero (ruido blanco).No hay una única tasa de rendimiento de la educación, sino un conjunto de tasas diferentes, una para cada grupo con distinto nivel de experiencia. La curva de incidencia del crecimiento: captura gráficamente la tasa de crecimiento anualizada del ingreso per cápita para cada percentil en la distribución de ingresos entre dos momentos del tiempo. Es una herramienta conceptual útil para analizar el impacto del crecimiento económico agregado en un amplio rango de la distribución. Indica la tasa de crecimiento en ingreso o consumo entre dos puntos en el tiempo en cada percentil de la distribución.

El crecimiento balanceado: se basa en la hipótesis central de que mientras el capital físico y humano crezcan a la misma tasa y se mantenga una relación constante entre ellos, la tasa de retorno a la acumulación será constante y, por lo tanto, se podrá mantener un crecimiento económico aún ante la ausencia de cambios tecnológicos y mejoras en la productividad total de los factores. La clave para lograr tal resultado es la presencia de una variable que mide el nivel del capital humano en la economía y que permite eliminar la presencia de rendimientos decrecientes en los insumos. El resultado más relevante es que el rendimiento a la acumulación en la economía es constante a lo largo del tiempo mientras se mantenga el balance entre el capital físico y el capital humano. Esta conclusión tiene una trascendencia enorme ya que al existir un rendimiento constante por sacrificar consumo presente e invertir en capital (o en otras palabras, un rendimiento constante al ahorro) mañana y para siempre tendré un consumo mayor mientras la tasa de rendimiento sea mayor que la tasa de preferencia inter-temporal. El teorema de Stolper-Samuelson: afirma que cuando un acontecimiento modifique los precios relativos de los bienes en un país, surgirán dos efectos: 1) un aumento de la retribución real del factor usado intensivamente en la producción del bien cuyo precio aumento en términos relativos, y 2) una disminución real en la retribución real del factor que se use intensivamente en la producción del bien cuyo precio bajó. Entonces, con el comercio internacional se evidenciará una distribución desigual de los ingresos que beneficiará a los propietarios del factor abundante (el cual se usa intensivamente en el bien comercializado).

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Pobreza y desigualdad por ingresos en la Argentina urbana 2010-2016 (UCA)

A partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se estimó el impacto socio-económico de la devaluación y sus efectos inflacionarios durante el primer trimestre del año: partiendo de tasas de 5,3% y 29% de personas por debajo de la línea de indigencia y de pobreza respectivamente, en el cuarto trimestre de 2015, se estimaron para 2016, tasas del 6,3% y del 32,2% para cada uno de esos indicadores. Se supuso un 12% de aumento de las canastas familiares entre fines de 2015 y la primera semana de abril de 2016, incorporando las actualizaciones en las jubilaciones, pensiones no contributivas y montos de asignaciones familiares, así como también los cambios de escala en las asignaciones familiares. La medición de la pobreza a través del ingreso monetario constituye una medida limitada para examinar más integralmente las condiciones de vida de la población, así como el acceso a los recursos básicos como el desarrollo humano o el ejercicio de los derechos sociales fundamentales. Aun así, su estimación resulta una tarea necesaria para evaluar los cambios ocurridos en el bienestar económico, definido éste como la capacidad teórica de acceso, a través del ingreso monetario corriente en un mes o periodo de referencia, a un conjunto de bienes y servicios básicos para la subsistencia del hogar. Entre otras deficiencias, esta metodología omite el acceso efectivo a dichos bienes y servicios (ya sea a través del ingreso monetario u otros medios) a la vez que su comportamiento es muy sensible a la inestabilidad que generan los choques inflacionarios o de la devaluación monetaria. Entre el año 2010 y 2011 se evidencia una fase de recuperación de la crisis de 2009 a nivel de la demanda de empleo y del consumo, en el marco de una política de ampliación de la cobertura asistencial y previsional. Sin embargo, en la etapa 2012-2014, volvió a evidenciarse un proceso de estancamiento en la generación de empleo y de deterioro social en un contexto inflacionario. Durante 2015, sin grandes cambios, la falta de inversión, el creciente déficit público y otros desajustes macroeconómicos, habrían puesto a la economía en un callejón sin salida, en la fase reciente (a partir de abril de 2016) las medidas de ajuste económico, el contexto internacional adverso, la política anti-inflacionaria y la rezagada inversión privada y pública habrían agravado el escenario de crisis, aún más recesivo y adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales. Al final del segundo trimestre de 2016, habría tenido lugar una efectiva recuperación del empleo, y hacia el tercer trimestre del año no se evidenciaban cambios significativos en el nivel de actividad ni en la demanda laboral. Esta situación fue amortiguada por actualizaciones establecidas por ley en los montos jubilatorios, pensiones y programas sociales, entre otras medidas compensatorias. Resumen de resultados. Entre 2010 y 2016 se evidencia un comportamiento relativamente amesetado en las tasas de indigencia, un aumento sistemático en las tasas de pobreza desde 2011 hasta 2015, así como un incremento en ambos indicadores entre 2015y 2016. Este último aumento habría ocurrido principalmente durante el shock económico del primer semestre del año. Se observó una caída en las tasas de indigencia, tanto a nivel de hogares como de población, entre 2010 y 2013, debido al protagonismo que asumieron las políticas de transferencia de ingresos hacia los sectores más vulnerables, incluso, a pesar de la alta inflación registrada durante el periodo. Las tasas de pobreza habrían experimentado una importante reducción entre 2010 y 2011, en el marco de un proceso de reactivación económica y mejoras en las políticas laborales. El impacto inflacionario de la devaluación, sumado a los efectos recesivos de las medidas de ajustes adoptadas, elevaron nuevamente las tasas de pobreza en 2016. Sin duda, las tasas de indigencia y pobreza revelan una tendencia desfavorable entre el 2015 y 2016. El impacto de la devaluación, las medidas anti-inflacionarias, el contexto internacional adverso y el rezago de la inversión privada y pública habrían generado un escenario crítico, aún más recesivo u adverso en materia de empleo y poder adquisitivo para amplios sectores sociales. Si bien este shock ha sido mucho más fuerte durante el primer semestre del año, la situación no se ha revertido en la segunda mitad del año. Entre 2015 y 2016 más de 600 mil personas fue el aumento de personas en situación de indigencia, la tasa de pobreza, por su parte, aumento en un equivalente a 1,5 millones de personas. Algunos países utilizan medidas relativas de pobreza en lugar de medidas absolutas. La pobreza relativa sitúa en fenómeno de la pobreza en relación al nivel general de ingresos de la sociedad objeto de estudio. Desde esta perspectiva, se considera que una persona es pobre cuando se encuentra en una situación de clara desventaja económica y socialmente, respecto al resto de personas de su entorno. Esta medida está muy ligada a la noción de desigualdad, dado que un individuo es más o menos pobre según el nivel de ingresos de los demás. Probablemente, la línea de pobreza relativa más popular es aquella fijada como el 50% de la mediana de la distribución del ingreso per cápita familiar. Entre 2010 y 2016, el 19% (promedio) de hogares se encontró en situación de pobreza relativa (o el 29% de la población), y dicha tasa creció de manera importarte entre 2015 y 2016: de 28,7% a 31%. Entre 2010 y 2011 tuvo lugar una reducción de la cantidad de hogares y de personas bajo la línea de indigencia (debido al contexto de reactivación productiva y de consumo interno), pero entre 2012 y 2014, en un contexto de estancamiento económico con inflación, esa tendencia positiva se revirtió, ya sea con un relativo estancamiento o un incremento de las tasas de indigencia. Entre 2014 y 2015, las tasas de indigencia se redujeron levemente. Diferenciando por grupos de edad, la infancia no sólo se concentra con mayor densidad en los sectores sociales más pobres, sino que en estos la proporción de niños/as en condiciones de indigencia/pobreza es mayor que en los hogares y población de jóvenes, adultos y adultos mayores. En 2016, aproximadamente el 11% de los niños/as de 0 a 14 años residía en hogares por debajo de la línea de indigencia, mientras que dicho porcentaje fue del 9% en los jóvenes, 5% en adultos, y 1% en adultos mayores. La propensión a la pobreza absoluta por ingresos también es elevada entre los niños/as. Éstos habrían sido los más afectados en lo que respecto a la evolución de las tasas de indigencia y pobreza en el periodo analizado. Mientras que la indigencia y la pobreza alcanzaron valores del 6,9% y 32,9% de la población, respectivamente, esos porcentajes son

significativamente superiores entre la población en hogares perceptores de programas de transferencias por fuera del sistema contributivo. Entre ellos, la pobreza alcanzó el 61% de las personas, y la indigencia, el 13,8% de las personas, en el año 2016. Tanto la indigencia como la pobreza son menores al promedio entre la población que habita en hogares con transferencias contributivas o sin prestaciones. Los cambios en la desigualdad de ingresos medidos a través del coeficiente de Gini y del coeficiente de variación, llevan asociados juicios de valores implícitos no equivalentes. Sin embargo, en ambas mediciones se observa que, entre 2010-2016, se produjo un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso tanto a nivel de los hogares como de la población. Este incremento ha sido principalmente el resultado de lo ocurrido en último tramo del periodo, sobre todo, el fuerte aumento registrado entre 2015 y 2016. Las brechas de indigencia y pobreza dan cuenta de la magnitud de la insuficiencia de ingresos de los hogares en situación de indigencia/pobreza. En el año 2016, los hogares indigentes presentarían una distancia de alrededor de $2200 pesos entre sus ingresos y la línea de indigencia que les corresponde acorde a su composición familiar (es decir, los hogares indigentes/pobres se encuentran 35% por debajo de las líneas de indigencia y pobreza. La profundización de la indigencia tuvo como protagonista a los segmentos más vulnerables de la sociedad, principalmente por un deterioro aún mayor en las precarias condiciones de trabajo. A la vez que el aumento de la pobreza tuvo principal afectado a segmentos de clase media baja o sectores populares vinculados a la economía informal. Los niveles de pobreza actuales se asemejan a escenarios como los de 1983, 1987, 1994 o 2009. Se destaca una dificultad histórica de “perforar” el piso estructural de la pobreza de 2530%. La dinámica de la pobreza correlaciona estrechamente con las variaciones del PIB per cápita y el salario real (controlado por inflación). Ascensos en estos indicadores se traducen en caídas moderadas en el nivel de pobreza, a la vez que su retroceso se asocia con un aumento en dicha tasa. La consideración de la evolución del ingreso por equivalente adulto permite controlar los posibles cambios en la cantidad y composición de los integrantes de los hogares (la dinámica demográfica y la evolución del tamaño de los hogares) y construir una mejor representación del monto de ingreso disponible para uno de los integrantes. Dado que se considera que la capacidad de subsistencia y la condición de pobreza es un atributo de la unidad doméstica, se adopta aquí el criterio de trabajar con el universo de hogares para estimar su consideración de pobre/no pobre. Luego la condición de pobreza del hogar se traslada a sus integrantes. 3-

Diferentes presentaciones de la pobreza infantil en la Argentina (2010-2017) – (UCA)

La población más vulnerable a la pobreza es la infancia. En el segundo semestre de 2017, se observó un 25,7% de personas por debajo de la línea de pobreza y 4,8% por debajo de la línea de indigencia. La pobreza en la infancia alcanzó el 39,7% en el grupo de 0 a 14 años. Es fácil advertir que los niños/as tienen más chance de caer en la pobreza que otras poblaciones de mayor edad. Es relevante considerar que los niños, niñas y adolescentes hasta 17 años inclusive tienen derechos que deben ser garantizados y que implican la construcción de estructuras de oportunidades para todos en el espacio de la subsistencia, la salud, la educación, entre otros. Aquí entra en juego el Estado, con la obligación de ofrecer servicios públicos universales y de calidad, y procurar su accesibilidad. Existen aspectos del desarrollo humano y social de las infancias que suelen permanecer en el espacio privado de los hogares y en tal sentido son (in)visibilizados por las estadísticas oficiales, pero son derechos vigentes en la sociedad, como, por ejemplo: el derecho a jugar, a no ser maltratado ni explotado, a ser estimulado emocional e intelectualmente en la infancia temprana, entre otros. Es por ello que se valora de modo particular el enfoque de derechos y la perspectiva multidimensional como forma de definir la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecen poner fin a la pobreza en todas sus formas en el todo el mundo y reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Y se estimula a poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y más específicamente, promueven la medición de la pobreza en múltiples dimensiones con el objetivo de poder avanzar en la identificación de poblaciones especialmente vulnerables como las infancias. El enfoque de derechos permite definir mejor el espacio de las privaciones, legitima su exigibilidad, salda la discusión en torno a cuáles son las privaciones más urgentes en tanto los derechos son indivisibles, y aporta elementos para una mejor definición del destino de los recursos púbicos y de las co-responsabilidades de los Estados, la sociedad, la familia y el mercado. La metodología para medir las privaciones en el ejercicio de los derechos en la infancia propuestas en el presente capitulo considera seis dimensiones de derecho: 1) derecho a la alimentación; 2) derecho al saneamiento; 3) derecho a una vivienda digna; 4) derecho a la atención a la salud; 5) derecho a la estimulación temprana (0-3 años) / educación (4-17 años); y 6) derecho a la información. Los derechos sociales en Argentina y las desigualdades estructurales que existen para el ejercicio de los mismos constituyen el parámetro que orienta las preocupaciones. Mientras que la situación de indigencia no se ha modificado de modo significativo en los últimos ocho años, la pobreza por ingresos alcanzó el 48,1% de niños/as y adolescentes, en el tercer trimestre de 2017 (el 10,2% de esa infancia se encuentra en situación de indigencia). La pobreza entre 2015 y 2016 aumentó en 6,9pp y entre 2016 y 2017 cayó alrededor del nivel de 2015, ubicándose en 45,2%. Es decir que, en 2017 se estima que un 48,1% de la infancia urbana en la Argentina reside en un hogar que no alcanza los ingresos promedio necesarios para adquirir en el mercado una canasta básica total familiarde aproximadamente $15.135 y un 10,2% de esa infancia no alcanza ingresos suficientes para adquirir una canasta básica alimentaria familiarde $6.189. la pobreza monetaria afecta de modo particular a las infancias de los estratos socio-ocupaciones de clase trabajadora marginal (78,3%), a quienes son población objetivo de las transferencias de ingresos (68,9%). La merma de la pobreza que se observa entre 2016 y 2017, se registró en los estratos sociales obreros integrados y medio no profesional, pero se mantuvo sin cambios significativos en el estrato trabajador marginal. Es importante advertir que la pobreza monetaria alcanza el 35,1% de la infancia no asistida por los Estados a través de transferencias de ingresos directas. Es decir, la pobreza monetaria también afecta a una proporción relevante de los hogares con algún tipo de integración formal al mercado laboral. La pobreza infantil se expresa en los espacios de la alimentación, el saneamiento, la vivienda, la atención de la salud, el acceso a la información, la estimulación en los primeros años de vida y el acceso a la formación a través de la educación de calidad. ab-

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Derecho a la alimentación: 1 de cada 10 niños reside en hogares vulnerables en términos de acceso a los alimentos. Desde el 2015nse registra una tendencia escalonada en ascenso. Derecho al saneamiento: el 24,7% de la infancia carece de acceso al agua de red y/o de inodoro con descarga en el interior de su vivienda (7% carece tanto de agua red como de inodoro). El déficit en el espacio del saneamiento es una problemática central del Conurbano Bonaerense (40% en 2017). Derecho a la vivienda: un 30% de niños y adolescentes viven en viviendas precarias en términos de los materiales de construcción. En el espacio de la vivienda las brechas de desigualdad social son evidentes y sostenidas en el tiempo. Derecho a la salud: el déficit en el ejercicio del derecho a la salud se estima para el 2017 en un 23,3%. En la evolución 2010-2015 se registra un ascenso significativo, pero en los últimos dos años se revirtió dicha tendencia y se advierten progresos significativos localizados

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principalmente en el Conurbano Bonaerense. Las desigualdades sociales se revelan persistentes entre los extremos del periodo bajo análisis y son claramente regresivas para los estratos socio-ocupacionales más bajos. Derecho a la estimulación temprana (0-3 años): alrededor del 17% de niños en sus primeros años de vida, se encuentran en situación de vulnerabilidad en el espacio de la estimulación emocional e intelectual. Derecho a la educación: el 19% de los chicos, en 2017, registran privaciones en el espacio de la educación. Derecho a la información: las privaciones en el acceso a tecnologías de la información experimentaron un progreso significativo entre 2010-2011 (como consecuencia de los programas de transferencia directa de computadoras portátiles que se realizaron a nivel del Estado Nacional y algunas iniciativas locales), luego se estabilizó en un 15-16%. La tendencia reciente parece ser regresiva probablemente como consecuencia de la discontinuidad de estos programas. En 2017, el 19,5% de la población de niños y adolescentes registra un déficit en términos del acceso a la tecnología de la información. La brecha de desigualdad en el acceso a la información es significativa y persistente en su evolución en el tiempo.

Para 2017 se calcula que 29% de la infancia y adolescencia experimenta una privación en alguna de las dimensiones de derecho de referencia, el 18% registra carencia en dos dimensiones de derechos, el 12% en tres dimensiones y 6% en cuatro o más. Se advierte que, entre los niños y adolescentes pobres multidimensionales, un 56% experimenta dos o más privaciones en el ejercicio de derechos, y el 44% restante registra privaciones en una sola dimensión. Entre estas últimas, el orden de prevalencia del déficit en el ejercicio de derechos para el año 2017 es: salud, vivienda, saneamiento, educación, información, y alimentación. INFORMACIÓN ADICIONAL Medición de la pobreza multidimensional: en la actualidad existe interés por abordar los desafíos multidimensionales situados por encima del umbral de pobreza, con miras a la inclusión de cuestiones tales como la calidad del trabajo, la protección social en todo el ciclo de vida, los sistemas de atención, el empleo del tiempo de hombres y mujeres, la seguridad ciudadana, y la erradicación de la vergüenza y la humillación, entre otras. Mientras que salir de la pobreza se relaciona sobre todo con los mercados laborales y el rendimiento educativo, los factores que impiden que las personas recaigan en la pobreza conciernen principalmente al acceso a la protección social, tanto en lo relativo a las transferencias sociales y las pensiones como en lo que refiere a la universalización de los sistemas de atención, los activos físicos y financieros, y la mejora de las competencias laborales. La “canasta de resiliencia multidimensional”, combinada con un conjunto completo de políticas, marca un nuevo curso de acción dirigido a que los encargados de la formulación de políticas sociales y económicas garanticen que nadie recaiga en la pobreza después de haber salido de ella. Definición de la canasta básica alimentaria: se ha determinado en función de los hábitos de consumo de la población. Previamente se tomaron en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un hombre adulto, entre 30 y 59 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (INDEC). Definición de la canasta básica total: se consideraron los bienes y servicios no alimentarios. Se amplía la CBA utilizando el "Coeficiente de Engel", definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados (INDEC).

UNIDAD 8: Ciclos y Crisis Económicas 1-

Haciendo un Coctel Explosivo: recetas y costos de 26 crisis desde 1823 hasta 2003 (Amado – Cerro – Meloni).

La crisis, como los cocteles, se producen mezclando poderosos ingredientes, y en Argentina ha habido 26 mezclas que terminaron explotando, desde 1983. En este trabajo se busca identificar, mediante la metodología del árbol de regresión, las distintas recetas que generaron crisis económicas en Argentina a lo largo de la historia, y cuantificamos el costo de las mismas en términos de pérdidas de producto. Se encontró que hay cuatro mezclas explosivas, siendo ingredientes claves el déficit fiscal, la sobrevaluación de la moneda, la tasa de crecimiento de los depósitos reales y el cociente de deuda externa – exportaciones. Las crisis más frecuentes son aquellas que tienen un elevado déficit fiscal como ingrediente excluyente, pero las crisis de mayor costo medio se producen con una mezcla de déficit fiscal moderado con fuertes caídas en la tasa de cambio de los depósitos reales (presumiblemente porque generan además una crisis bancaria). Las consecuencias de estas mezclas explosivas pueden ser pérdida de producto, pérdida de reservas, depreciación de la moneda doméstica, empeoramiento en la distribución del ingreso, entre otros. Desde su independencia, Argentina ha experimentado 26 crisis económicas, una crisis cada seis años y medio (más que cualquier otro país en el mundo). ¿Cuáles son los ingredientes de cada crisis? ¿Se deben a componentes importados (tales como subas de las tasas de interés internacionales, cambio en las condiciones del mercado internacional de capitales)? ¿O las mismas se obtienen con elementos nacionales (tales como el déficit fiscal, alto endeudamiento o la devaluación del tipo de cambio)? En este trabajo se sigue la metodología del FMI: acumulando las pérdidas de producto con respecto a la tendencia del PIB. Identificación de la crisis. Las crisis monetarias son generalmente definidas como una situación en la cual los ataques especulativos sobre el valor del tipo de cambio resultan en una devaluación (o una aguda depreciación) de la moneda. La literatura propone dos métodos alternativos para identificar las crisis monetarias. El más simple consiste en una búsqueda de substanciales devaluaciones del tipo de cambio nominal, y un método más laborioso (pero todavía simple) es la construcción del índice de presiones de mercado (también llamado índice de turbulencia de mercado) que toma en cuenta no sólo las variaciones del tipo de cambio nominal sino también los movimientos de las reservas internaciones y de la tasa de interés. La literatura sobre crisis financieras usualmente distingue cuatro tipos de crisis financieras o económicas: 1) crisis monetarias; 2) crisis bancarias; 3) crisis financiera sistemática; y 4) crisis de deuda externa. Entonces, el índice de turbulencia de mercado es la suma de tres ratios de cambio: reservas internacionales, tipo de cambio y tasa de internes, todos ellos ponderados por la inversa de la respectiva desviación estándar, con el fin de evitar que el componente de mayor variabilidad domine los movimientos del índice. Todas las variables están expresadas en tasa de crecimiento, y los denominadores se corresponden con la desviación estándar de la tasa de crecimiento de cada una de las variables consideradas. Este índice surge de la idea de que las presiones de mercado se incrementan cuando el tipo de cambio sube, cuando la tasa de interés aumenta y cuando las reservas internacionales caen (por eso el signo menos precediendo el término de las reservas internacionales). Bajo un régimen de tipo de cambio flotante, podría esperarse un abrupto incremento en el tipo de cambio a medida que la crisis se desarrolla, pero bajo un régimen de tipo de cambio fijo, antes que una devaluación, se observarán aumentos en las tasas de interés y pérdida de reservas internacionales. Típicamente, los gobiernos usan las reservas o el aumento de la tasa de interés para depender la moneda o moderar el aumento del tipo de cambio. Dependiendo de la desviación del índice, las crisis se pueden clasificar como muy profundas, profundas o moderadas. Analizar datos anuales puede conducir a una subestimación del número de crisis ya que los episodios que ocurres dentro de un mismo año no serían detectados por el índice. Antes del periodo de organización nacional (comenzado en 19862) las crisis eran asociadas con conflictos internacionales que resultaron en bloqueos del puerto de Buenos Aires y, por lo tanto, en una dramática caída de los ingresos por las tarifas a las importaciones (principal fuente de recursos para financiar el presupuesto público, el cual venía aumentando debido a gastos militares). Hay tres episodios que son buenos ejemplos de inconsistencia entre la política monetaria y la política fiscal: 1876, 1885 y 1889/1891. Durante la administración de Sarmiento (1868-1874) el gasto público creció marcadamente pero no por conflictos bélicos sino por un ambicioso plan de inversión pública. El país tenía un régimen de convertibilidad que fue abandonado en mayo de 1876 por la necesidad de esterilizar los efectos negativos de las salidas de capitales (ventas del stock de metálicos). En diciembre de 1884, el banco de emisión no estaba listo para vender el oro a quienes ofrecieras papel moneda, y en marzo de 1885 el gobierno federal decreto la inconvertibilidad del papel moneda. La crisis de 1889/1891 fue una de las más profundas en Argentina, y sus raíces pueden encontrarse en la pobre administración del presidente Juárez Celman, caracterizada por un gran aumento del gasto público y por un alto nivel de endeudamiento externo e interno. En ese periodo, el gobierno creó los Bancos Nacionales Garantidos (entidades bancarias capaces de imprimir su propia moneda) lo que condujo a un enorme incremento de la base monetaria. Alto endeudamiento público junto con una política monetaria fácil, trajo expectativas de devaluación con la consecuente caída de las reservas. En 1890, la mayoría de los bancos públicos y privados quebraron, dado que se encontraron imposibilitados de enfrentar sus obligaciones, declarándose un default generalizado. El comportamiento de las variables que forman el índice merecen algunos comentarios: la devaluación/depreciación durante las crisis, el drenaje de reservas internacionales y las variaciones de la tasa de interés muestran una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Una aplicación del enfoque de árbol de regresión. ¿Cuáles de los ingredientes de la mezcla explosiva se hacen en Argentina? El enfoque de árbol de regresión es un análisis no paramétrico, es una técnica de clasificación cuyo objetivo es identificar las variables involucradas en cada crisis separadamente. Cada nodo terminal caracteriza una crisis o un grupo de crisis. El método considera una división inicial de los datos en dos subgrupos, favoreciendo la homogeneidad dentro de cada grupo y la heterogeneidad entre los grupos. La división en subgrupos de repite secuencialmente hasta que cada subconjunto termina ya sea cuando no hay una nueva reducción en divisiones, o cuando el número de observaciones en la celda es menor que un específico número de filas (observaciones). Muchos criterios pueden ser definidos para selecciones la mejor división de grupos en cada nodo, pero las propiedades de la selección del árbol final son insensibles a cambios en las reglas de división. Antes de la aplicación de la metodología, se definen los siguientes parámetros: a-

Variable predictor: años de crisis (incluyendo el año anterior a cada crisis) y no crisis de acuerdo a los resultados del índice ITM (¿qué valor del ITM hace que se considere un año de crisis?).

bcdef-

Método predeterminado usado en los nodos: división de Gini. Tamaño mínimo del nodo para dividir: 40 observaciones. Los árboles más chicos dan predicciones de mayor exactitud que los árboles más grandes (hay un trade-off entre el tamaño del árbol y la clasificación errónea). Probabilidad de crisis: 0,3. A partir del ITM se encontraron 65 años de crisis que, frente a un total de 180 años, representa un 36%. Un análisis de sensibilidad llevado a cabo (y de mejor ajuste) alcanzó el valor 0,3. Costo de clasificaciones erróneas: 1. Esto significa que el costo de clasificar un año como año de crisis cuando no lo era, es el mismo que clasificar un año como no crisis cuando en realidad era un año de crisis. Validación cruzada: 10. Esta técnica determina el tamaño óptimo del árbol. Entonces hay 10 particiones.

Las ventajas del método de árbol de regresión comparado con otra metodología son: no impone una forma funcional igual a todas las crisis (tal como modelos logit o probit), y la probabilidad de crisis aumenta con el número de variables indicativas de vulnerabilidad. Resultados empíricos. Se clasificó cada año como de crisis o no crisis de acuerdo a los resultados obtenidos del ITM, pero en este caso no de distingue en la intensidad de las crisis (muy profunda, profunda o moderada). Se usaron un total de 15 variables independientes: déficit fiscal en términos del PIB, tasa de crecimiento del gasto público, exceso de saldos monetarios reales (M1) en términos del PIB, tasa de crecimiento de las exportaciones, tasa de crecimiento del PIB, sobrevaluación del tipo de cambio, déficit de cuenta corriente, M2 en términos de la tasa de crecimiento de las reservas, M2 multiplicador del crecimiento, M2 en términos de reservas, Multiplicador del M2, crecimiento de depósitos bancarios, deuda externa en términos de exportaciones, LIBOR nominal y tasa de crecimiento de la LIBOR nominal. Esta lista de variables pretende mostrar donde ponen el foco las principales teorías. La variable dependiente es una dummy que asume el valor 1 si el ITM identifica al evento como crisis y 0 en caso contrario. En este trabajo nos interesamos en los ingredientes de las crisis (la receta).

La regla de clasificación identificó cuatro variables con una importancia mayor al 50%: el déficit fiscal en términos del PIB, sobrevaluación de la moneda, la tasa de crecimiento de los depósitos bancarios y el cociente deuda externa – exportaciones. Las cuatro variables pueden ser consideradas como ingredientes domésticos que contribuyen a la formación de crisis (obviamente que variables externas como un empeoramiento en los términos de intercambio externo tendrán efectos sobre el comportamiento de las exportaciones y del déficit fiscal). En quinto lugar, se encuentra la variable LIBOR nominal (39% de importancia) y es la única variable que puede ser mencionada como un ingrediente importado. Entonces, las variables con mayor poder explicativo sobre las crisis económicas atravesadas por Argentina entre 1823 y 2003 son de origen nacional, solo una de ellas puede ser considerada importada. Debe notarse también que las variables rezadas predicen mejor la crisis que aquellas contemporáneas. Contribución de cada variable en la predicción

La metodología aplicada encontró cuatro recetas para formación de mezclas explosivas. No te que se distingue entre año de crisis y de no crisis, por lo que, si una crisis dura más de un año puede tener una receta para uno de los años, y una diferente para el resto. Primera división: alto déficit fiscal(> 4,4% del PIB) rezagado un periodo. Cuando la variable excede el valor 4,4% entonces el año debe ser considerado como de crisis. 27 años cumplieron con esta condición, y en ellos, el alto déficit fiscal fue un ingrediente suficiente para hacer un coctel explosivo, es decir, ningún otro ingrediente fue necesario, ya sea doméstico o importado, para llegar a una crisis. Este tipo de crisis es consistente con la primera generación de modelos y la probabilidad de crisis en este nodo final es del 54%. Segunda división: déficit fiscal moderado (< 4,4% del PIB) con sobrevaluación de la moneda (<15,7%) rezagado un periodo. Aquellos casos con déficit fiscal moderado se subdividieron nuevamente de acuerdo a la sobrevaluación de la moneda un periodo rezagado. El atraso del tipo de cambio real del 15,7% o menos, junto con un déficit fiscal moderado, forman otra mezcla explosiva (con 13 observaciones): la probabilidad de crisis en este nodo es del 13%.Tercera división: déficit fiscal moderado(< 4,4% del PIB), sin sobrevaluación de la moneda (> 15,7%) y una gran caída de los depósitos bancarios reales (> 22,8%). Aquellas observaciones sin problema de apreciación y con déficit fiscal moderado que presenten una caída superior al 22,8% de los depósitos bancarios reales forman el tercer nodo de crisis con 7 observaciones encontradas: la probabilidad de crisis en este nodo es del 75%. Cuarta división: déficit fiscal moderado(< 4,4% del PIB), sin sobrevaluación de la moneda (> 15,7%), una pequeña caída de los depósitos bancarios reales (< 22,8%) y un alto ratio de deuda externa – exportaciones (>5,2%). Con todas esas condiciones, se encontraron tres observaciones en el nodo de crisis: la probabilidad de crisis en este nodo es del 100%. Esta combinación incluye déficit fiscal moderado, caída moderada de los depósitos bancarios reales y un alto nivel de endeudamiento en términos de exportaciones. El siguiente diagrama asigna cada año de crisis a alguno de las cuatro recetas encontradas y considera al año consecutivo de la crisis como perteneciente al mismo episodio de crisis. Se encontraron 10 crisis en la primera división (cuatro corresponden a crisis del sigo XIX). Tanto en la segunda como en la tercera división hay cinco crisis identificadas. En la cuarta división sólo hay una crisis. La intersección de las divisiones proviene de episodios con dos o más años de crisis pertenecientes a diferentes recetas. Hay una pequeña discrepancia entre la clasificación del árbol de regresión y la identificación del ITM. Los errores de clasificación pueden provenir de: algunos años de crisis son considerados como año de no crisis porque se carecía de información de alguno de los componentes que forman el ITM, o porque en la metodología del árbol de regresión las variables explicativas indicaban la existencia de crisis un año antes de que los componentes del ITM comenzaran a moverse. Por lo tanto, el ITM es una buena técnica para identificar las crisis, pero falla en anticiparlas o advertirlas. Evaluación de los costos de las crisis. Las consecuencias más comunes de las crisis son pérdidas de producto en el corto plazo. Pero también tienen otros efectos sobre los insumos de la función de producción del país o sobre la productividad total de los factores que han tenido un impacto más largo (tal como disminución del stock de capital humano, los cambios institucionales y empeoramiento de la distribución del ingreso). Las crisis pueden tener un efecto retrasado o dejar secuelas que incrementen la probabilidad de que ocurra una nueva y más severa crisis en un futuro cercano. Para la evaluación de los costos de las crisis se requiere un cuidadoso examen de los impactos para evitar la doble contabilización. Canales a través de los cuales las crisis monetarias impactan en la distribución del ingreso: 1) producto: la contracción de la actividad económica cauda una reducción de la demanda de trabajo (particularmente del no calificado). La situación se agrava porque, generalmente, los pobres (no calificados) no tienen acceso al mercado de crédito y carecen de activos que les permitan cubrirse de los shocks en el empleo; 2) inflación: la alta inflación se observa usualmente en procesos que terminan en crisis como en los procesos de resolución de crisis. El impuesto inflacionario deteriora principalmente la riqueza y el ingreso de los pobres; 3) precios relativos: la depreciación de la moneda está intrínsecamente asociada con la crisis, aumentando el precio de los bienes transables en relación a los no transables. Ese cambio en los precios relativos daña a los pobres vía una reducción de salarios reales. Con una depreciación de la moneda, tanto los bienes exportados como los importados se hacen más caros, por lo que tienen un impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios; 4) gasto público: una vez que la crisis haya comenzado, el gobierno usualmente recorta el gasto púbico para cerrar la brecha fiscal que frecuentemente caracteriza a los episodios de crisis. Esto tiene un efecto negativo sobre la provisión de servicios públicos como la educación, la salud, los programas sociales, entre otros. Además, al disminuir el gasto público, la demanda laboral de manera directa (recorte de contratos laborales en el sector público) y de manera indirecta a través de las firmas proveedores de bienes y servicios al sector público; 5) financiero: la resolución de la crisis usualmente requiere de enormes rescates desde los no participantes hacia los participantes del sector financiero; 6) migraciones: el “capital humano transable” genera un cambio relativo en los salarios (domésticos versus internacional). La migración de trabajadores no calificados reduce el stock el capital humano y afecta a la función de producción del país; y7) institucional: la estructura institucional afecta y es afectada por las crisis. Muchos estudios muestras que las instituciones fundamentales, como la democracia, la constitución del país, y la independencia del poder judicial, resultaron dañadas por las crisis de mayor profundidad. Con la debilitación de las instituciones el país sufre de una mayor vulnerabilidad volviéndolo propenso a

que ocurran otras crisis. Para computar la pérdida en términos de pérdidas de producto se siguen los siguientes pasos: 1- se calcula la tendencia del crecimiento del producto, 2- se compara la tasa de crecimiento del producto después de la crisis y la tasa de crecimiento tendencial, y 3finalmente, se acumula la diferencia entre el crecimiento tendencial y el crecimiento efectivo en los años seguidos a la crisis hasta el momento en que la tasa de crecimiento del producto retorne a su tendencia. En Argentina, el crecimiento potencial del producto cambia dramáticamente a través del tiempo, por lo que se lo debe computar para cada sub-periodo. Cuando el PIB tendencial disminuye y las crisis reaparecen con cierta regularidad, los costos se vuelven relativamente más bajos. En la comparación de los costos de las crisis en los cuatros nodos encontrados nos dice que las crisis del tipo 3 (déficit fiscal moderado, sin sobrevaluación de la moneda y con fuerte caída de los depósitos bancarios reales) son las más explosivas, con una acumulación de 8,9% de pérdida del producto. Esto muy probablemente se deba a que implican también una crisis bancaria. Por otro lado, las crisis que más frecuentemente se observan son aquellas del tipo 1, es decir, las explicadas por el alto déficit fiscal, pero éstas tienen un costo promedio bajo (2,9%). 2-

Un panorama sobre la fase recesiva del ciclo económico (Jacobo)

Desde la revolución industrial, el mundo ha sido uno de rápido desarrollo. Los ciclos económicos se definen comoexpansiones y contracciones en la actividad económica y han probado ser una parte importante en la vida de los países. Los cambios en la tecnología, junto a la globalización de la producción y del consumo, han reducido la volatilidad en la actividad económica, particularmente en el mundo industrializado. Los ciclos han estado ligados no solo a cambios en la economía sino también a cambios en la política internacional. Por ejemplo, la gran depresión del año 1930: traería consigo el proteccionismo junto al colapso del comercio y a la desintegración del patrón oro que sobrevendría luego, así como el desarrollo de bloques monetarios acaso competitivos. Ese fenómeno separó cualquier atisbo de cooperación internacional y allanó el camino para el surgimiento de ideas nacionalistas. Otro ejemplo es el shock del petróleo y la estanflación de los años 70, que forzaron a los importadores de energía a competir por mercados exportadores y condujeron a muchas económicas a tomar prestadas grandes sumas de dinero de estados y bancos, que finalmente llevarían a la crisis de la deuda. Esto se conoció como la “década perdida” en materia de desarrollo. El sistema de Bretton Woods de cooperación monetaria internacional llegó a un final de facto en 1973 y a uno de jure en 1976. En 1975 se creó el Grupo de los Siete y el Sistema Monetario Europeo (precursor de la Unión Monetaria Europea). Sin duda, la crisis internacional actual constituye también un claro ejemplo de cómo los vínculos entre países terminan siendo mutuamente influyentes. Las relaciones hemisféricas están efectivamente ligadas al ciclo económico: el desarrollo depende del crecimiento sustentable global que requiere de mercados abiertos, flujos estables de inversión, difusión de tecnologías apropiadas y protección del medio ambiente, pero los ciclos económicos complican cada una de estas cosas. Las caídas de las económicas del hemisferio norte, por ejemplo, alimentan el proteccionismo y cierran los mercados para productores en el hemisferio sur. Las tasas de interés y los tipos de cambio pueden hacer la carga del servicio de la deuda más pesada y precipitar una devaluación o un default, junto a los riesgos políticos consecuentes. El ciclo económico estándar se caracteriza por tener cuatro fases: prosperidad, transición, recesión o depresión y recuperación. Antes de producirse la recesión (incluso, sin que esta última necesariamente ocurra) puede suceder una etapa de amesetamiento transitorio de la actividad económica. Durante la etapa de prosperidad los bancos prestan dinero y las firmas lo gastan. Los nuevos trabajos que aparecen empujan al pleno empleo de la fuerza laboral. Eventualmente, el crecimiento se detiene, la tasa de interés sube y transforma a las inversiones en algo poco rentable. La demanda salarial excede las ganancias en productividad y los insumos para la producción resultan ahora más caros. Los costos de efectuar negocios incrementan y los beneficios de las empresas comienzan a declinar. La tasa de inversión cae, y la economía se mueve inexorablemente hacia la recesión, o hasta la depresión, mientras la demanda carece de firmeza: los consumidores posponen sus gastos mientras las firmas reducen sus negocios y tratan de eficientizar la producción despidiendo trabajadores. El ambiente se torna pesimista a medida que el empleo, el ingreso y la demanda declinan. Eventualmente también, los precios se ajustan al declive de la demanda y los salarios y la tasa de interés caen. La inversión vuelve a ser impulsada mientras terminan de caer los inventarios y los retornos de los nuevos proyectos exceden ahora el costo de tomar prestado. Se requiere más trabajo, lo cual derrama optimismo entre los consumidores incentivando su gasto. El resurgir de la demanda trae a la economía de vuelta a la fase de prosperidad y el ciclo ha comenzado de nuevo. Nadie está absolutamente convencido sobre las causas de los ciclos económicos, de dónde vienen los shocks y qué los transforma en un ciclo económico. Para responder a la pregunta de dónde vienen los shocks pueden señalarse las siguientes dos líneas argumentales: 1) las perturbaciones provienen del lado de la demanda; y 2) las perturbaciones provienen del lado de la oferta. La primera enfatiza que los errores de política monetaria causan inestabilidad en las expectativas (por ejemplo, las subas o bajas de la tasa de interés puede hacer que los consumidores respondan gastando menos o más afectando a los precios relativos. Los empresarios pueden pensar que esos cambios en los precios relativos son señales para la producción de manera que realizan decisiones de inversión equivocadas. De repente, la oferta y la demanda están fuera de sincronismo y el ciclo económico despierta). Keynes señaló un segundo escenario en el cual las decisiones privadas de consumo dependen de la psicología individual: los inversores efectúan sus inversiones haciendo suposiciones sobre la eficacia marginal del capital, las cuales se hacen en un ambiente de expectativas inciertas. La exuberancia irracional de estas expectativas erráticas puede causar mucho gasto, mientras que el pesimismo lo opuesto. De nuevo, la oferta y la demanda quedan fuera de sincronía.Esta incertidumbre empeora por la propia estructura de la economía y también por el rezago de tiempo entre la demanda percibida y la producción realizada. La inversión fluctúa mientras los inventarios se expanden y contraen en un modo que no reflejan los cambios verdaderos. Los precios se mueven rara vez de manera que facilite el ajuste a las nuevas condiciones de mercado y los salarios (que generalmente son rígidos) se mueven mucho menos causando desempleo. Todos estos factores se multiplican y, acaso, se aceleran, y es así como el ciclo despierta. Por otro lado, los shocks pueden provenir del lado de la oferta manifiestos en cambios drásticos en los precios de insumos, los shocks de productividad, la aparición de un nuevo producto, entre otras cosas. Por ejemplo, en el ínterin de innovaciones pueden causar fluctuaciones en los precios que ponen en marcha los ciclos económicos. Recesión. Específicamente, en el ciclo se conoce que hay una recesión cuando se observa una falta de actividad y un elevado desempleo. El National Bureau of Economic Research (NBER) señala que una recesión comienza en el mes en el que un conjunto de indicadores se encamina hacia la baja, mientras que la expansión comienza cuando la dirección de los indicadores es la contraria. Una recesión se define cuando el PIB real declina durante dos o tres trimestres consecutivos. Sin embargo, el NBER considera una serie de variables mensuales y trimestrales que le ayudan a tomar la decisión: ventas comerciales, la tasa de desempleo, las horas trabajadas o los débitos bancarios, por ejemplo. El cambio inmediato que sigue a una recesión hasta que el producto alcanza el pico precio de actividad se llama “recuperación”. Cuando la actividad económica en ascenso excede el nivel de dicho pico, se llama “expansión”. De manera análoga, una caída inmediata se llama “recesión” y si la actividad cae más allá del menor nivel alcanzado de la recesión previa, se llama “contracción”. A su vez, el punto más alto de la expansión antes de la caída se llama “pico” y el más bajo antes de la recuperación se llama “valle”. Un ciclo económico completo se compone de ambas, expansiones y recesiones, y comprende desde

un pico de una expansión hacia el pico de la siguiente. Una “depresión” se refiere al colapso de la economía: afecta a la sociedad en su conjunto, comprende el desempleo masivo, la pérdida de activos, la caída en el sistema financiero y la bancarrota, es sin duda, mucho más devastadora que una recesión. Una recesión ocurre en algún momento del tiempo cuando la economía se detiene: los inventarios de bienes no han sido vendidos, merman las ordenes de reposición, los bienes de los que se disponen fueron producidos durante la expansión a altos costos, por lo que la combinación de precios bajos con costos altos reduce suficientemente los márgenes de beneficio y desincentiva la inversión. La caída de las ventas lleva abajas en la producción, con la consecuente caída en el empleo, ingreso y gasto que tienen un efecto parecido a una bola de nieve. El nivel más bajo de caída en la actividad económica se alcanza cuando las familias, que han diferido su consumo debido a la incertidumbre económica, comienzan a reponer sus bienes. Esto incentiva a los comerciantes a reconstruir sus inventarios, la tasa de interés más baja aporta su estímulo a la producción y se inicia la fase de recuperación para completar el ciclo. Cada ciclo tiene características únicas en cuanto a la inflación, desempleo, desarrollo de nuevos productos, sistema financiero y otros factores. Por lo que la caída o despegue de un ciclo no se replica de manera automática en otro. La continua aparición de recesiones ha conducido a la pregunta de si hay una mayor probabilidad de que ocurra una recesión en la medida en que la expansión continúe. Luego de la Segunda Guerra Mundial no hay una indicación clara de un vínculo entre la longitud de la expansión y el comienzo de la recesión. Depresión. Es una recesión profunda y devastadora. Algunos enfatizan la estrecha relación que existe entre la oferta de dinero y la actividad económica: cuando el gobierno aumenta la oferta de moneda o de crédito, inflando la disponibilidad de los medios de pagos, la tasa de interés desciende (al principio). Las empresas que reciben ese dinero lo invierten en nuevos proyectos y se produce un boom en los bienes de capital. A medida que el boom se desarrolla, los costos se incrementan, la tasa de interés se ajusta hacia arriba y las ganancias se resienten. Los efectos del dinero fácil se hacen evidentes y la autoridad monetaria, temiendo una inflación, disminuyen (o contraen) el crecimiento de la oferta monetaria. Esto sacude a la economía y la puede hacer caer. En los denominados “años locos”, el torrente de dinero redujo las tasas de interés, empujando el mercado bursátil vertiginosamente hacia arriba. Es un hecho conocido que toda expansión artificial de la moneda y del crédito provoca desequilibrios en la economía al enviar señales ilusorias, situación que puede empeorar cuando el gobierno cambia su política de dinero fácil por una de contracción monetaria. Explicando las recesiones. La Gran Depresión dio nacimiento a la macroeconomía como campo de estudio, y ha continuado influenciando en las recomendaciones de política. Debemos efectuar una distinción de los factores que afectan la demanda agregada (de éstos habla el paper) y aquellos que afectan a la oferta agregada. En relación a los primeros, existe evidencia de que los shocks monetarios jugaron un papel destacable durante la Gran Depresión y que fueron transmitidos alrededor del mundo a través del funcionamiento del patrón oro. Además, los cambios en el producto y el nivel de precios exhibieron una fuerte correlación positiva entre casi todos los países, sugiriendo un papel importante para los shocks de demanda. Friedman y Schwarsz presentó una interpretación monetarista a estas observaciones argumentando que la causación iba de la contracción monetaria a producto y precios decrecientes. Temin argumentó que mucho de la contracción monetaria reflejaba la respuesta pasiva del dinero al producto y que la fuente principal de la Gran Depresión yacía en el lado real de la economía (la famosa caída del consumo en 1930). Nuevas investigaciones centran su atención en la operación del patrón oro internacional durante el periodo de entreguerras. Pero este análisis ha demostrado que mucho de la contracción monetaria mundial de 1930 no fue una respuesta pasiva a la declinación del producto, sino que fue un resultado no intencional de la interacción pobremente diseñadas, miopía de los hacedores de políticas y precondiciones políticas y económicas desfavorables (se interpreta como la influencia del dinero en la economía y no de lo contrario). Algunos gobiernos respondieron a las crisis de 1930 abandonando rápidamente el patrón oro, mientras que otros eligieron permanecer en él a pesar de las condiciones adversas. Los países que dejaron el patrón oro fueron capaces de inflar sus ofertas de dinero y el nivel de precios de alguna manera. En cambio, los países que permanecieron en él fueron forzados a una mayor deflación. Aquellos que dejaron el patrón oro se recuperaron de la depresión más rápido que los que permanecieron en él. La fuerte dependencia de la tasa de recuperación en la elección del régimen cambiario es, en resumen, una evidencia poderosa de la importancia de los factores monetarios, aunque hay que reconocer la existencia de otras explicaciones. La teoría general de Keynes proporciona un esclarecimiento del ciclo económico: éste no es sino una fluctuación de carácter rítmico en el nivel general de renta y producción y, por tanto, en el empleo (pero la teoría general de Keynes no es en sí misma una explicación del ciclo económico). Keynes encuentra la esencia del ciclo económico en las variables del tipo de inversión motivadas por las fluctuaciones cíclicas de la eficacia marginal del capital. La eficacia marginal del capital es el tipo de beneficio previsto sobre la nueva inversión y se llega a la conclusión de que los ciclos en las económicas de mercado son consecuencia de las variaciones del tipo de beneficio o, más específicamente, de las fluctuaciones de las previsiones relativas a los tipos de beneficios que habrá en el futuro para las distintas especies de inversión. La inestabilidad es la característica más destacada de la eficacia marginal del capital a corto plazo. La eficacia marginal del capital difiere del tipo de beneficio más convencional en la inasistencia que pone la primera en el rendimiento previsto de los bienes, en contraposición al tipo de beneficio obtenido por los mismos a que se refiere el segundo. Car de maduro que el conocimiento en que se basan las previsiones no son sino precarios y esto explica por qué la eficacia marginal de capital está sometida a variaciones repentinas y muchas veces, violentas. Este enfoque guarda cierta coincidencia con otras teorías que se referían a las recesiones como “crisis de capitalismo”, las que se producen porque la apropiación del excedente genera una excesiva acumulación de capital que satura los mercados y lleva a una caída en la tasa de ganancia. En el periodo de expansión, la inversión crece a un ritmo acelerado, la eficacia marginal del capital es elevada y el empleo aumenta, lo que estimula el consumo a crear un aumento multiplicado de la renta. El multiplicador, al basarse en el principio de que cuando la renta aumenta (o disminuye), el consumo también aumenta (o disminuye), pero menos que la renta, termina por explicar al carácter acumulativo de la expansión y la contracción. La actividad continua en aquella dirección, hasta ser frenada por las fuerzas que le dieron impulso en dirección ascendente o descendente. A medida que la expansión entra en el periodo de auge, comienzan a afirmarse las fuerzas económicas que tienden a disminuir la eficacia marginal del capital y la creencia de que los tipos elevados de rendimiento de los nuevos bienes pueden continuar indefinidamente se revelarán como una ilusión. El aumento de los costos de la producción de los nuevos bienes de capital a medida que aparecen embotellamientos de materias y mano de obra serán realidad y afectarán al optimismo, el que da paso al pesimismo y, en ese punto, la eficacia marginal del capital colapsa de una manera tan repentina que hasta puede ser catastrófica. De una tendencia al aza a una tendencia a la baja se producen súbitamente, pero difiere del lapso de la contracción a la expansión, el que tiene lugar de manera más gradual y, a menudo, impredecible. Cuando la inversión comienza a disminuir, el multiplicador actúa en sentido inverso y cada peso en que disminuye la inversión se multiplica por varios pesos de disminución de la renta. El empleo disminuye a medida que decae la inversión y el tipo de interés se eleva porque se eleva la preferencia por la liquidez. El aumento del tipo de interés contribuye a una mayor disminución de la inversión y hace que el hundimiento resulte incontenible. Sucede que el deseo de vender y la falta de ganas de comprar, junto a la tendencia de los precios de los valores y bienes a bajar precipitadamente a expensas unos de otros, tornan al dinero la

forma más segura para acumular riqueza durante las recesiones y las crisis económicas. Del mismo modo en que el colapso de la eficacia marginal del capital es la causa predominante de la contracción de la actividad económica, su resurgimiento es el requisito principal de la recuperación. Pero sin confianza la eficacia marginal del capital puede permanecer tan baja que ninguna reducción practicable del tipo de interés podrá estimular sustancialmente la inversión. Esta es otra explicación de las recesiones, diferente de aquella que les asigna importancia a los factores monetarios. Se podría reflexionar sobre el papel de las expectativas. Los economistas han sospechado que las expectativas cumplen un papel central en los ciclos económicos, en particular en la relación existente entre el dinero y la actividad económica. El postulado de expectativas racionales se refiere a que los agentes acumulan información y la utilizan eficientemente. El resultado principal es que solo las perturbaciones monetarias no percibidas sin las que producen efectos reales, pues los cambios percibidos afectan a los precios locales y agregados de manera uniforme, de modo que estos son neutrales a los precios relativos y la actividad. El crecimiento no anticipado de la oferta monetaria causará al producto un incremento porque ha sido erróneamente interpretado como un cambio en precios relativos. Si los agentes lo percibieron de la manera correcta, neutralizarán el efecto de esa perturbación. Esta es la situación básica a la cual siguen numerosas extensiones a la interpretación (en todo caso monetaria) de los ciclos económicos, pero que preservan: 1- la irrelevancia de las variaciones predecibles por los agentes de la política económica, y b- la relación causal entre las perturbaciones no percibidas y la actividad real. Ocurrencia y percepción de las recesiones. Las recesiones son de rara ocurrencia, la expansión es el estado normal de la economía y la mayoría de las recesiones son breves. Se suelen estudiar, por ejemplo, dos medidas mensuales de la actividad económica: el empleo y el ingreso personal menos las transferencias (en términos reales). Una tercera variable relacionada es el volumen de ventas del sector minorista y mayorista ajustado por el índice de precios. Cada fase del ciclo económico guarda información sobre la siguiente. Los términos “líder”, “coincidente” y “rezagado” se refieren al periodo de tiempo en que cambian estos índices con relación al ciclo. El líder cae previamente a la recesión y sube antes que la recuperación ocurra. El coincidente se mueve contemporáneamente con los movimientos cíclicos y tiende a coincidir con las expansiones y recesiones. El sistema reposa en que las expectativas de beneficios futuros son la fuerza motora de la economía. El índice líder, capta específicamente las percepciones de las empresas sobre beneficios futuros (o sobre el desarrollo de la economía). Algunos de los diez componentes de este indicador se vinculan, entre otros, con las horas promedio en las manufacturas, los pedidos de seguro de desempleo, las ordenes nuevas de materiales, el tiempo de envío, los permisos de construcción, los precios de las acciones, la magnitud de activos financieros líquidos, y las expectativas de los consumidores. El índice coincidente mide varios aspectos de la producción que refleja la fase actual del ciclo, utilizando los siguientes indicadores: producción industrial, las ventas y el ingreso personal real neto de transferencias. El índice rezagado representa los costos de producción, el inventario y la carga de deuda que puede dar coraje al crecimiento económico, y se basa en los siguientes indicadores: la duración promedio del empleo, los mayores inventarios sobre ventas, el cambio mensual en el costo laboral unitario por unidad de producto y la tasa de interés de préstamos bancarios.

3-

¿Es el ciclo económico de Argentina diferente? (Kydland y Zarazaga)

Las sociedades podrían preferir un patrón de crecimiento estable para el ingreso nacional, por ejemplo, un 3% cada año a uno que sea del 3% promedio, pero con inestabilidad. Ellas demandan a los hacedores de políticas que eliminen las fluctuaciones económicas no deseadas. Keynes y Friedman llegaron a una conclusión importante: los factores nominales, tal como la oferta de dinero, las tasas de interés y la rigidez de precios, juegan un rol importante en la explicación de las fluctuaciones económicas. En la década de 1970 no se pensada con la interpretación keynesiana de los ciclos económicos, sino que, a las altas tasas de inflación de la década, se las asociaba con reducciones en el desempleo (relación manifiesta en la curva de Phillips) pero no con aumentos en el desempleo como se observa ahora. Inicialmente, los desarrollos teóricos mantuvieron a los factores nominales como la fuerza detrás de las fluctuaciones económicas. En los estudios de Lucas, la oferta de dinero todavía juega un rol crucial en el ciclo económico. Kydland y Prescot, por otro lado, demostraron que dos tercios de las fluctuaciones económicas de Estados Unidos eran explicadas por un modelo de equilibrio general donde las variables nominales estaban totalmente ausentes (es decir, un modelo sin dinero). Lo que muchos economistas encontraron de atractivo en la teoría de los ciclos económicos reales fue que, por primera vez, las mismas herramientas usadas para abordar cuestiones de crecimiento económico podían utilizarse para abordar las preguntas sobre los ciclos económicos también. Por eso, comenzaron a explorar más seriamente la hipótesis de que los factores reales, más que los nominales, son frecuentemente la fuerza conductora de los ciclos económicos. Del lado real, o del lado de la oferta de factores, tal como la cantidad de recursos usados por el gobierno, las políticas tributarias, los cambios tecnológicos, las regulaciones gubernamentales, las modificaciones de las reglas de intermediación financiera, e incluso los shocks de políticas señalando posibles cambios en los derechos de propiedad, pueden parecer ser los candidatos obvios para explicar el ciclo económico. En los últimos años, han crecido los estudios de los ciclos reales en los países desarrollados, pero, desafortunadamente, la evidencia sugiere que las fluctuaciones económicas son particularmente severas en los países en desarrollo. Entender por qué ocurres las fluctuaciones podría permitirnos hacer que los ciclos económicos sean más suaves, tal como ocurre en los países desarrollados. Las fluctuaciones económicas de países de América Latina han sido explicadas fundamentalmente por factores nominales, por lo que resulta interesante responder si los ciclos económicos de América Latina son realmente diferentes de aquellos de Estados Unidos y en países de la OECDE. Entonces, si en Argentina (país estudiado en este paper, en representación de América Latina) las regularidades de las fluctuaciones económicas son similares a aquellas de Estados Unidos o Europa, entonces el ciclo económico de esos países puede manifestarse esencialmente por los mismos fenómenos. De esta forma, los factores reales podrían jugar un rol importante en la explicación del ciclo económico de Argentina. Al contrario, si en Argentina las regularidades de las fluctuaciones económicas presentan anomalías con respecto a la evidencia disponible para otros países, entonces, la posibilidad de que los factores reales sean importantes en el ciclo económico disminuye. En ese caso, la explicación basada en factores nominales seguirá siendo prominente. El estado del debate sobre ciclos económicos en América Latina. El entendimiento de los ciclos económicos de América Latina no ha escapado a la visión de que los shocks nominales son las causas predominantes de las fluctuaciones económicas. Esta percepción es particularmente perceptible en la literatura sobre la estabilización de precios. Uno de los problemas económicos más serios que muchos países de América Latina se han enfrentado en las décadas pasadas ha sido el de la alta y persistente inflación. Por ello, la búsqueda de las mejores políticas antiinflacionarias ha inspirado un largo cuerpo de teorías sobre este problema. La influencia monetarista en esas teorías es evidente en su contención de factores nominales (tal como los cambios en el régimen del tipo de cambio) que son la única fuerza sistemática conductora de las fluctuaciones económicas en el tiempo en que el programa de estabilización es implementado. Por ejemplo, una sabiduría convencional en América Latina es que los programas antiinflacionarios basados en el tipo de cambio como ancla nominal permitieron reducir la inflación sin causar una inicial pérdida de producto, lo que los diferencia de

aquellos programas basados en agregados monetarios como anclas nominales. Obviamente, los programas de estabilización no son los mismos que una teoría de los ciclos económicos, pero debería haber consistencia entre ellos. Así, encontrar que los shocks nominales no tienen efectos reales importantes durante la aplicación de programas de estabilización de precios podría hacer más difícil mantener la visión monetarista de que esos factores pueden haber sido importantes en algún otro punto del ciclo económico. De la examinación de los programas de estabilización, se encontró que está lejos de ser claro que la adopción del tipo de cambio como ancla nominal ha sido responsable de las fluctuaciones económicas observadas durante esos programas. Esto se muestra al observar el crecimiento del consumo antes y después de la aplicación del programa de estabilización: la predicción teórica indica que el consumo aumentaría bruscamente luego de la implementación del programa, pero eso no se evidencia en todos los casos observados. En muchos de los casos mostrados, el consumo no aceleró su crecimiento inmediatamente después de la implementación del programa de estabilización e incluso, en algunos casos, el consumo fue básicamente el mismo que antes de anunciar el programa. Solo en dos casos el “boom” de consuno precede al anuncio del programa, en otros dos, el consumo continúa cayendo después de la implementación. Rebelo y Vegh concluyen que los programas de estabilización basados en el tipo de cambio como ancla nominal, inspirados en modelos monetaristas, son incapaces de explicar una fracción significante de las fluctuaciones económicas asociadas con esos programas. Esto plantea un serio desafío para los países de América Latina: si los shocks de tipo de cambio nominal parecen haber fallado para producir un perceptible y consistente efecto sobre el consumo y otras variables reales predichas por las teorías monetaristas cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo (es decir, cuando se aplica el programa de estabilización), ¿cómo podrían tener efectos reales significativos en otro momento? El paso siguiente en la agenda es prestar más atención a los shocks reales como las fuentes potencialmente importantes de fluctuaciones económicas observadas en los países de América Latina, incluyendo las fluctuaciones observadas durante los programas de estabilización. Regularidades del ciclo económico para Argentina. Antes que nada, hay una advertencia sobre los datos disponibles en Argentina: los frecuentes cambios metodológico y las correcciones de errores previos pueden generar cambios substanciales en las series de cuentas nacionales estimadas en un periodo y en otro. Esto implica que deben atenderse las conclusiones alcanzadas ya que las anomalías encontradas pueden deberse meramente a artefactos estadísticos. Por ese motivo, en el paper se usan dos estimaciones diferentes del PIB (una provista por el BCRA y otra por FIEL). La metodología utilizada se inspira en Lucas, quien define al componente cíclico de una variable como su desviación con respecto a la tendencia. Kydland y Prescot definen la tendencia de una variable como aquella que resulta de aplicar el filtro de Hodrick-Prescot. Excepto para las exportaciones netas (debido a que son usualmente negativas, por lo que se las expresa en términos del PIB), todas las variables utilizadas se expresan en logaritmos naturales, tal como se presenta en la literatura sobre ciclos económicos. Todas las variables son ajustadas por estacionalidad. Finalmente, se comparan los movimientos de la variable en relación al PIB real (para determinar si son movimientos pro-cíclicos, contra-cíclicos o acíclicos), el grado en el cual esa variable sigue el movimiento del PIB (es decir, el tamaño de la correlación contemporánea), se mide la amplitud de las fluctuaciones (es decir, su volatilidad relativa), y la fase de cambio de la variable (para determinar si es contemporánea, rezagada o si lidera el movimiento del PIB). La volatilidad se corresponde con la desviación estándar del porcentaje en el cual el componente cíclico de la variable se desvía de la tendencia. La volatilidad relativa se corresponde al cociente entre la volatilidad de la variable de referencia y la volatilidad del PIB real. Factores reales para Argentina. El PIB y sus principales componentes: la principal característica encontrada es la alta volatilidad del PIB real (la desviación estándar del PIB con respecto a su tendencia es del 2,5 veces más que la de Estados Unidos); la volatilidad relativa delconsumo total (el cual es computado como un residuo, lo que arroja considerables dudas sobre la naturaleza de los comportamientos anómalos) es más alta que en Estados Unidos, pero esto no resulta sorprendente dada la alta volatilidad del PIB y la alta correlación del consumo con el PIB (lo que quizá es sorprendente, es que la volatilidad del consumo es mayor a la del producto) – esto no es fuera de lo normal en estándares internacionales, pero con los datos viejos sí supera a los valores internacionales: muchos estudios han atribuido este exceso de volatilidad relativa del consumo a la presencia de restricciones al crédito, pero en modelos donde se introducen restricciones al crédito el consumo no se suaviza pero es menos volátil que el ingreso; a su vez, la correlación entre el consumo y el PIB es muy alta comparada con estándares internacionales e incluso con otros países de América Latina: la teoría predice que esa correlación debería ser más alta mientras más permanentes son los shocks sobre el ingreso. De esta manera, la alta correlación entre el consumo y el PIB observada en Argentina puede ser un indicio de que los ciclos económicos son, en efecto, diferentes en el sentido de que los shocks son más permanentes que en otros países. Sin embargo, hay que tener precaución sobre esas conclusiones ya que el valor de la correlación cambia significativamente cuando se utilizan los datos viejos y también, porque el consumo se calcula como un residuo el cual incluye el consumo del gobierno. Una adicional fuente de correlaciones espurias entre el consumo y el producto es la forma en que el producto en Argentina es asignado entre consumo e inversión: muchos bienes pueden ser usados para propósitos de consumo o de inversión, pero desafortunadamente en Argentina no hay información necesaria para determinar las categorías en la cual esos bienes son aplicados, por lo que se asigna a la producción al consumo y a la inversión mediante coeficientes fijos construidos a partir de información disponible para un año base. El mismo procedimiento es aplicado para las importaciones y en la producción de muchas industrias que producen bienes que pueden ser usados para el consumo o para la inversión. Obviamente, la proporción de bienes que son comprados para el consumo o para la inversión cambia a lo largo del ciclo, por lo que la metodología de coeficientes fijos descrita antes puede distorsionar las verdaderas características subyacentes del ciclo económico: como la inversión está altamente correlacionada con el PIB, la metodología de coeficientes fijos de imputación puede incrementar artificialmente la correlación entre el consumo y el PIB. Con respecto a la inversión bruta interna fija, la magnitud y dirección de las estadísticas están en línea con lo observado en otros países, particularmente notable la cercanía de la volatilidad relativa con la de Estado Unidos. En cuanto al consumo del gobierno deben aclararse que Argentina no tiene estimaciones separadas de las cuentas nacionales para el consumo del gobierno (como resultado de la desorganización de la contabilidad púbica y de la alta inflación que hace que la estimación de esas series sea difícil). La alta inflación que evita la construcción de estas series sugiere que la política fiscal ha jugado un importante rol en la economía argentina. Las estadísticas muestran que la volatilidad relativa del consumo real del gobierno está muy por encima de los estándares internacionales, aunque comparte con ellos el comportamiento a-cíclico (pero es anómalo en los estándares de América Latina). En relación al balance comercial (exportaciones netas en porcentaje del PBI) éste tiene un comportamiento contra-cíclico, como varios países de la OECD, a pesar de que la correlación contemporánea con el PIB está en el extremo superior del rango. En contraste, la volatilidad (en este caso resulta redundante decir “volatilidad relativa” ya que la variable está considerada en términos del PIB) de este componente es mucho mayor a la observada en otros países. Algo similar ocurre con las importaciones: ellas son pro-cíclicas como en Estados Unidos, pero exhiben una volatilidad relativa al PIB mucho mayor. El comportamiento de las exportaciones está fuera de línea con el de Estado Unidos.

Sin embargo, debe aclararse que las exportaciones e importaciones están sujetas a considerables errores de medición. Esto se debe al uso explícito o implícito de controles de tipo de cambio durante gran parte del periodo bajo análisis: el sector privado tuvo incentivos a subestimar las exportaciones y a sobreestimar las importaciones con el objetivo de aprovechar el diferencial (el cual era eventualmente grande) entre los múltiplestipos de cambio oficiales y el prevaleciente en el mercado negro. En la tabla siguiente se presentan variables relacionadas a la producción agregada y a los insumos para las dos series de cuentas nacionales estimadas. Aquí surgió el problema de que no hay estimaciones confiables del insumo capital, y la información sobre el empleo y las horas trabajadas disponible es sólo para el sector manufacturero cuyo valor agregado representa un 25% promedio del PIB entre 1980-1995. Por esta razón se computó la volatilidad relativa de esas variables con respecto al PIB real industrial y no al producto real agregado y se construyó una medida similar para Estados Unidos. Otra limitación es que no hay estimaciones disponibles sobre la compensación promedio del trabajador. Con esos datos se llegó a las siguientes conclusiones: el total de horas trabajadas, el empleo y las horas por trabajador son fuertemente pro-cíclicas, excepto para el empleo, hay muchas similitudes con Estados Unidos; la correlación entre el empleo en el sector industrial y el PIB es más baja en Argentina que en Estados Unidos lo cual no resulta sorprendente debido a las regulaciones más rigurosas sobre el mercado laboral en Argentina que llevan a que las firmas pospongan las contrataciones y los despidos debido a los altos costos que estas decisiones suponen (sin las restricciones en el mercado laboral los cambios en el empleo se correlacionarían más con el PIB); las volatilidades relativas son muy similares a la de los otros países analizados a pesar de que en Argentina la volatilidad de las horas por trabajador tiende a ser alta (esto último podría responder a las rigideces impuestas en el mercado laboral haciendo que las firmas tiendan a aumentar/disminuir las horas trabajadas por cada trabajador ya empleado que a contratar/despedir a nuevos trabajadores); finalmente, debe notarse que la productividad del sector industrial es pro-cíclica, con correlaciones y volatilidad relativa en magnitudes similares a las de Estados Unidos. Esto permite concluir que las características del mercado laboral en Argentina son razonablemente similares a aquellas de Estados Unidos.

Factores nominales. En la tabla a continuación se resumen los resultados para varios componentes nominales y agregados monetarios. No se reportaron estadísticas para la base monetaria debido a los frecuentes cambios en el régimen financiero de Argentina en el periodo bajo análisis, llevando a que el concepto de base monetaria no tenga el mismo significado que tiene es Estados Unidos o en los países de la OECD. Además, la implementación de diferentes formas de controles de precios en el periodo analizado puede generar distorsiones en las verdaderas características del ciclo económico. Entonces, como proxy al verdadero nivel nominal de precios subyacentes, se reportaron estadísticas del tipo de cambio en el mercado negro. Los intensos procesos inflacionarios que atravesó la Argentina durante 1970-1980 son los responsables de las altas volatilidades de las variables analizadas, expuestas en la siguiente tabla. Sin embargo, para una correcta interpretación de los resultados debe tenerse en cuenta que entre 1970-1995 no había una política monetaria en el sentido en que la había en Estados Unidos, sino que era más una forma de implementar políticas fiscales financiadas con la emisión monetaria. Una similitud con los estándares internacionales es que el nivel de precios (medidos por el IPC o por el tipo de cambio en el mercado negro) es contra-cíclico. Este encuentro crea un debate considerable ya que va en contra de las predicciones de la mayoría de los keynesianos y monetaristas. Para el agregado M1 hay muchas disparidades y las mismas dependen de cómo se han estimado las cuentas nacionales. El agregado monetario de cuentas de ahorro y depósitos a plazo (M2-M1) es a-cíclico, en contraste con Estados Unidos. De lo anterior podría derivarse una conclusión incorrecta de que la evidencia sugiere que las negociaciones crediticias juegan un rol más importante en ciclo económico de Estados Unidos que en el de Argentina, porque en la mayor parte del análisis se ha habido un considerable grado de represión financiera en Argentina. Como resultado de ello, parte del mercado del crédito fue canalizado por el sector financiero informal y esas transacciones no son capturadas por las estadísticas monetarias oficiales. Finalmente, la velocidad de todos los agregados monetarios, ya se usando el IPC o el tipo de cambio como deflactor, es contra-cíclico, mientras que en Estados Unidos es pro-cíclico.

Conclusión. ¿Es el ciclo económico de Argentina realmente diferente al de otros países desarrollados? Una primera dificultad en responder esta pregunta surge de que los resultados dependen de la serie de cuentas nacionales utilizada. La visión generalizada de que la volatilidad del PIB es anormalmente alta en Argentina es un mito para las viejas estimaciones del PIB, pero es un hecho para las nuevas series estimadas. Divergencias similares surgen en otras variables como el consumo. Las estadísticas revelan que los factores de la producción (mano de obra e inversión), los cuales tiene un rol crucial en los modelos de ciclos reales, tienen marcadas similitudes con la evidencia internacional: excepto las volatilidades absolutas, todas las estadísticas para la inversión, para el mercado laboral y para la productividad están dentro del rango observado en Estados Unidos o en países europeos. Mendoza sugiere que un modelo de ciclos reales permitiría explicar gran parte de las fluctuaciones económicas de Argentina si se lo adapta para lidiar con las idiosincrasias del entorno económico argentino. Lo anterior no significa que el modelo incorpore sólo shocks tecnológicos, sino que use otros factores reales o políticas económicas cuyos efectos pueden ser capturados por la función de producción agregada de la economía. Más específicamente, Mendoza sugiere añadir los shocks de términos de intercambio externo y shocks tecnológicos de manera tal que dicho modelo pueda replicar la misma proporción de la variabilidad del PIB que en los países desarrollados (dos tercios) incluso si la volatilidad absoluta del PIB es substancialmente más elevada en los países en desarrollo. Acorde a la recomendación, la variabilidad de los términos de intercambio externo es dos veces más volátiles en Argentina que en Estados Unidos, una magnitud similar al exceso de variabilidad del PIB de Argentina sobre el de Estados Unidos (2,5 veces más). Los resultados de la última tabla son desfavorables a la hipótesis de que los factores nominales tienen un papel importante en las fluctuaciones económicas. Este análisis de los ciclos económicos de Argentina sugiere que los shocks de tipo de cambio (incluso durante la aplicación de programas de estabilización) no parecen tener un claro efecto real como la literatura indica. Más precisamente, los factores nominales no parecen ser capaces de contabilizar una fracción importante de las fluctuaciones económicas de los países de América Latina en general, y de Argentina en particular. Quizá por este motivo sea hora de darle a los factores reales el lugar para hacer su trabajo.

UNIDAD 9: Política Monetaria 1-

Sistema financiero y política monetaria (capítulo 4 – Agenor)

Las principales características del sistema financiero en muchos países desarrollados son: repavimente bajo grado de diversificación institucional, la limitada disponibilidad de activos financieros y la importancia de la intervención del gobierno. A su vez, el sector financiero informal continúa teniendo un rol importante en esos países, los bancos comerciales continúan siendo las instituciones financieras dominantes, los activos disponibles para los ahorradores son frecuentemente limitados para los depósitos bancarios e instrumentos del mercado monetario, en algunos países han controlado el flujo de fondos de varias categorías de agentes (ya sea directamente o a través de una asignación forzada de los préstamos bancarios o por poner restricciones de precios y cantidad sobre la actividad bancaria). El resultado de esas políticas ha sido limitar la disponibilidad de créditos y crear varias distorsiones e ineficiencias del proceso de intermediación financiera, con efectos adversos sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento. El sistema financiero. Hay una gran diversidad en el grado de desarrollo del sistema financiero entre países en desarrollo. Éste puede cuantificarse a través de dos indicadores: 1- el cociente entre la cantidad de dinero estrecho y el PIB, y 2- el cociente entre dinero ancho y el PIB (como indicador del uso del dinero y sus sustitutos cercanos como medios de pago). La evidencia sugiere que la profundidad del mercado financiero (aproximada por la segunda medida) es más alto en países con relativamente alto ingreso per cápita. Algunos estudios han encontrado que esta relación puede no ser lineal y que puede depender del nivel de inflación, o más generalmente, de la estabilidad del ambiente macroeconómico. Al mismo tiempo, la evidencia indica que los medios de pagos que se incluyen en la definición de dinero “amplio” tal vez sean usados activamente en sistemas financieros más desarrollados. La represión financiera. En muchos países en desarrollo, el banco central continúa imponiendo restricciones sobre la actividad de los bancos comerciales. En algunos casos, la intervención del gobierno tuvo el efecto de mantener las tasas de interés que los bancos comerciales ofrecen a los ahorristas en niveles muy bajos. En otros, los bancos comerciales han sido obligados a mantener securities de corto plazo del gobierno a tasas por debajo de las de mercado como resultado de los requerimientos de liquidez (en principio, los requerimientos de liquidez tienen un objetivo prudencial, como desalentar a los bancos a tomar una gran posición en activos que solo se pueden vender a una significante pérdida en eventos de crisis de liquidez, perjudicando la solvencia de la institución), y también los requerimientos de mantener reservas de los bancos comerciales en el banco central recibiendo tal vez un interés inferior al del mercado (o incluso sin interés). Todas esas restricciones son esencialmente impuestos sobre el sistema bancario y representan lo que McKinnon definió como represión financiera. En general, un estado de represión financiera puede ser definido como una situación con las siguientes características: techo sobre la tasa de interés nominal (lo que típicamente conduce a una tasa de interés real negativa, con efectos adversos sobre las decisiones de ahorro y de inversión); controles cuantitativos y asignación selectiva del crédito (puede ser entre sectores productivos, o actividades consideradas prioritarias por el gobierno, prestando frecuentemente a una tasa de interés preferencial); alto requerimiento mínimo de reservas sobre los depósitos bancarios (el cual puede variar entre los instrumentos financieros y entre las instituciones financieras); control directo de parte del sistema bancario por parte del Estado (con decisiones de préstamos guiadas más por factores políticos que por consideraciones estándares de eficiencia); asignación forzada de activos o préstamos al sector púbico por los bancos comerciales (un ejemplo común es el uso de coeficientes legales de liquidez, los cuales requieren que los bancos comerciales mantengan una proporción de sus activos en forma de deuda pública). En gran medida, la motivación de la represión financiera es la incapacidad para aumentar la recaudación tributaria a través de medios convencionales, ya sea por ineficiencias administrativas o por restricciones políticas. Por imponer las restricciones mencionadas previamente, y creando una demanda cautiva por sus propios instrumentos de deuda, el gobierno manipula el sistema financiero para promover sus objetivos. Por ejemplo, en México, entre 1984 y 1987, el gobierno extrajo el 6% del PIB, o alrededor del 40% de los ingresos tributarios, de los controles al mercado financiero (en promedio de los países en desarrollo de la muestra, los mismos extrajeron un 2% del PIB en ingresos de la represión financiera). Al mismo tiempo, sin embargo, la represión financiera implica costos significantes, reales y financieros. El techo la tasa de interés que fuerza a la tasa de interés a caer por debajo de la de mercado, puede distorsionar a la economía por cuatro canales: atiende a incrementar la preferencia por el consumo presente frente al consumo futuro, lo que conduce a una reducción del ahorro por debajo del nivel socialmente óptimo y puede tener efectos adversos sobre el crecimiento; b- una baja tasa de interés sobre los depósitos bancarios con respecto a la del mercado financiero informal puede reducir la oferta de fondos mediante el sistema bancario y promover la desintermediación; c- aquellos prestatarios que pueden tomar fondos bancarios que requieren una tasa de interés baja tenderían a elegir proyectos más capital intensivos, debido al subsidio implícito al capital físico lo que puede conducir a un elevado desempleo; d- el grupo de potenciales prestatarios serán típicamente a empresarios con proyectos de baja rentabilidad, quienes no podrían tomar préstamos a la tasa de interés de mercado. Más generalmente, la represión financiera crea severas ineficiencias, las cuales tienden a restringir el desarrollo de la intermediación financiera, incrementa el diferencial entre las tasas de depósitos, y préstamos y reduce el ahorro y la inversión en la economía. A través de la aceleración de los procesos de liberalización financiera in los años recientes, tuvo lugar una brusca reducción de los ingresos por la represión financiera en muchos países, aunque el sector de bancos comerciales continúa siendo fuertemente regulado en varios casos. Bancos e intermediación financiera. Estén o no sujetos a excesivas regulaciones gubernamentales, los bancos comerciales continúan dominando el sistema financiero en la mayoría de los países en desarrollo. Obviamente, existen otras instituciones especializadas en varios casos, pero ellas típicamente contabilizan una pequeña proporción de la intermediación financiera total en la economía. Los depósitos bancarios continúan siendo la forma más importante de ahorro y los préstamos bancarios son la forma más importante de fuente de financiamiento de las firmas (para necesidades de capital y para inversión en capital fijo). Es abrumadora la proporción de los préstamos que efectivamente son asignados a las firmas en muchos países en desarrollo y su naturaleza de corto plazo. El mercado de reventa incrementó su tamaño en varios de los países en desarrollo en los años recientes. Adicionalmente, mercados de capitales alternativos a los préstamos bancarios se volvieron disponibles en gran escala. Los mercados de bonos permitieron una gran dispersión del riesgo y una asignación de recursos más eficiente (bajando así el costo del capital), así como una mayor movilización de ahorros (particularmente de recursos de largo plazo necesarios para financiar inversiones con largos períodos de gestación). Los mercados secundarios activos en la deuda pública son también necesarios para la conducción de la política monetaria a través de instrumentos indirectos. El rol de los mercados de reventa y de otras fuentes de financiamiento en el proceso de intermediación financiera entre hogares y firmas continúa siendo limitado en el mundo subdesarrollado. En muchos países, el mercado de reventa continúa limitado a las grandes empresas y aun no se ha convertido en un competidor significativo como una alternativa a los préstamos bancarios. En países donde el mercado de bonos ha tenido un desarrollo (como en Chile), este continúa siendo estrecho, concentrado y relativamente ilíquido. Esto es esencial para entender el rol central que los bancos tienen en la economía. En general, los bancos tienen tres funciones principales: a- transformación: ellos transforman los depósitos líquidos de corto plazo mantenidos por los hogares en activos ilíquidos emitidos por las firmas; b- delegar supervisión y monitoreo: la supervisión de los potenciales prestatarios y el

monitoreo de los prestatarios actuales en favor de los depositantes; y c- facilitar la transacción: entre agentes (firmas y trabajadores, compradores y vendedores) por proveer servicios de pago. La estructura legar, regulatoria y de contabilidad con la que los bancos de países en desarrollo operan continúa siendo débil y poco transparente. Una inadecuada supervisión prudencial, por ejemplo, crea fragilidad al sistema y puede precipitar (o generar) corridas bancarias y crisis de moneda. La persistencia de problemas prudenciales también complica la conducción de la política monetaria: la debilidad en el sistema bancario distorsiona los procesos de transmisión de la política monetaria porque los bancos son menos capaces de controlar su hoja de balance y eso los hace menos sensibles a cambios en las tasas de interés. Además, los problemas bancarios pueden ejercer presiones sobre el banco central a extender el crédito para rescatar a los bancos en problemas, generando problemas de liquidez y un aumento de la tasa de interés para defenderse de los ataques especulativos. Demanda de dinero. La demanda de dinero tiene un importante rol en la macroeconomía. Ésta es el corazón de varios enfoques operacionales para el análisis macroeconómico, en particular, el marco de programación financiera usado por el FMI. En general, obviamente, la estabilidad de la demanda de dinero es esencial para la conducción de la política monetaria. Esta es la ecuación de la demanda de saldos reales, una expresión general que captura las variables frecuentemente usadas en análisis empíricos. El nivel de transacciones en la economía se denota por Y (medido por el nivel de ingreso o de gasto de consumo) y se espera que tenga una relación positiva con la demanda de saldos reales; π,ϵ, i son la tasa de inflación doméstica, la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal, y la tasa de interés doméstica, respectivamente. Esas variables presentan una medida alternativa del costo de oportunidad de mantener dinero, y se espera que tengan relación negativa con la demanda de saldos reales: la tasa de interés captura la sustitución entre activos que pagan interés y mantener dinero, la inflación captura la sustitución entre activos reales (tal como bienes durables) y mantener dinero; y la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal captura la sustitución entre moneda doméstica y moneda extranjera, es decir, el grado de dolarización o sustitución entre monedas. σπ es la variabilidad de la inflación, la cual es frecuentemente usada como proxy de la inestabilidad macroeconómica y tiende a tener un efecto negativo sobre la mantención de dinero. Un estudio empírico para Argentina, Israel y México: esos tres países experimentaron alta inflación, grandes déficits por cuenta corriente, y drásticas devaluaciones en el periodo de tiempo considerado. Se consideró a la tasa de inflación y a la tasa de depreciación del tipo de cambio como medidas del costo de oportunidad de mantener dinero. Encontraron evidencia de una función estable de largo plazo de demanda de dinero tanto para el dinero “estrecho” como para el dinero “amplio”. Sugirió un importante efecto sustitución de monedas en el periodo analizado, sin embargo, la elasticidad estimada indicó que el efecto sustitución de moneda, a pesar de ser estadísticamente significativo, es relativamente pequeño comparado con los efectos directos de la inflación sobre la demanda de dinero. Muchas otras variables fueron incluidas como determinantes de la demanda de dinero en otros estudios empíricos como medidas de la innovación financiera y el desarrollo financiero. La liberalización financiera (es decir, desregulación de la tasa de interés y mayor competitividad en el mercado bancario, así como liberalización de restricciones sobre los flujos de capitales) puede afectar significativamente la relación entre la demanda de dinero y sus determinantes, y complicar así la conducción de la política monetaria. Instrumentos indirectos de la política monetaria. Bajo represión financiera el banco central usa instrumentos directos de la política monetaria (tal como controles de tasas de interés, racionamiento del crédito, préstamos direccionados, entre otros) para regular el precio, la cantidad o la composición de los créditos con el objetivo de generar los recursos que el gobierno no puede obtener a través de la tributación convencional. La evidencia sugiere, sin embargo, que la represión financiera crea frecuentemente severas ineficiencias en la asignación del crédito y en los procesos de intermediación financiera. Los instrumentos directos tienden a perder su efectividad porque los agentes encuentran formas de escapar de esas consecuencias adversas (acudiendo al mercado financiero informal, por ejemplo). Los instrumentos indirectos de la política monetaria están basados en el mercado y operan esencialmente a través de las tasas de interés. Su principal propósito es afectar a las condiciones monetarias y de créditos como un todo a través de cambios en la oferta y demanda por liquidez. En muchos análisis se enfatiza en la necesidad de mejorar simultáneamente otras características del sistema financiero, incluyendo la supervisión bancaria y el marco legal, como un punto clave en el debate de la liberalización financiera. Los instrumentos indirectos incluyen las operaciones de mercado abierto, las cuales consisten en los siguientes elementos: compra o venta directa de instrumentos financieros (letras del tesoro o papeles del banco central) generalmente en el mercado secundario para securities (en países donde éste no está suficientemente desarrollado, las operaciones de mercado abierto toman lugar a través de intervenciones del banco central en el mercado primario para securities) – por ejemplo, el banco central puede llevar a cabo subastas de letras del tesoro o de créditos del banco central y variar la cantidad ofrecida de acuerdo a la influencia del nivel de reservas liquidas mantenidas por los bancos comerciales. También consisten en acuerdos de recompra, (lo que implica la adquisición de instrumentos financieros por el banco central bajo un contrato estipulando una fecha acordada y un precio específico para la reventa de ese instrumento) y acuerdos de recompra inversos (la venta de instrumentos financieros por el banco central bajo contrato estipulando una fecha acordada y especificando el precio para su recompra) los cuales son usadas para alterar las reservas liquidas de los bancos comerciales. En contraste con las operaciones directas, dichos acuerdos tienen como objetivo proporcionar financiamiento temporal para la escasez de efectivos y excedentes, pero no influyen directamente sobre la oferta y demanda del instrumento utilizado como garantía. En el corto plazo, estos acuerdos son útiles también para compensar los grandes cambios en la liquidez causados por una oleada de entrada de capitales o una repentina salida de ellos. Un segundo grupo e instrumentos indirectos consisten en refinanciar y servicios de descuentodel banco central, las cuales son operaciones de préstamos de corto plazo que típicamente involucran el redescuento de activos financieros de alta calidad. Un tercer grupo consiste en los requerimientos de reservas, las cuales estipulan que los bancos comerciales deben mantener una parte específica de sus activos en forma de reservas en el banco central. A pesar de la poca flexibilidad como instrumento de política, los requerimientos de reservas pueden ser efectivos como la única forma de eliminar liquidez en la economía, particularmente en periodos de grandes estradas de capitales. Sin embargo, requerimientos de reservas no remuneradas pueden ser vistas como un impuesto implícito y pueden conducir a la desintermediación financiera. El uso de instrumentos indirectos permite a los hacedores de políticas tener gran flexibilidad en la implementación de políticas monetarias. Casi todos los países industrializados confían ahora en este tipo de instrumentos para controlar el comportamiento de los agregados monetarios. Los acuerdos de recompra (o venta) son particularmente preferidos a la vista de las operaciones de mercado abierto porque ellos no requieren un mercado secundario para securities líquido, ellos sólo tienen un impacto indirecto sobre el precio en que las securities son temporalmente transferidas, y no requieren una vinculación entre la fecha de maduración de esas securities y la de otras transacciones. Los instrumentos indirectos están siendo usados más ampliamente por los países en desarrollo más avanzados (Brasil, por ejemplo). La transición hacia un régimen de instrumentos indirectos puede crear varios problemas, en particular, la conducción de las operaciones de mercado abierto puede llevar a dos tipos de dificultades: 1- el volumen de las transacciones de banco central puede ser relativamente más

grande que el volumen total de transacciones en el mercado secundario: en esta situación, la venta de securities del gobierno por parte del banco central para reducir la liquidez puede llevar a aumentar la tasa de interés de esas securities, y de esta forma, aumentar la carga de la deuda del gobierno. Las operaciones de recompra, basadas en las propias securities del banco central pueden ser preferibles en estas condiciones. Y 2- el conflicto puede surgir también entre la administración de los objetivos monetarios y la administración de los objetivos de la deuda cuando la política monetaria confía en el mercado primario de venta de securities del gobierno. Por ejemplo, el tesoro puede verse tentado a manipular subastas con el objetivo de mantener un bajo costo de financiamiento. Más generalmente, cuando la administración monetaria confía en el mercado primario para la venta de papeles del gobierno, una alta frecuencia de subastas puede obstaculizar el desarrollo de un mercado secundario activo. Racionamiento del crédito.Una característica clave que distingue el mercado del crédito de otros mercados de bienes o activos financieros es que la tasa de interés cargada por un banco dado sobre un contrato de préstamo a un prestatario dado, típicamente difiere del retorno que el banco espera realizar sobre el préstamo, el cual es igual al producto de una tasa de interés contractual y la probabilidad de que el prestatario repague el préstamo. Como hay información imperfecta o asimétrica entre los bancos y sus prestatarios (situación en la cual los prestatarios tienen más información sobre su propio riesgo de default que los bancos) esa probabilidad es casi siempre menor a uno. En presencia de información asimétrica, el racionamiento del crédito puede emerger endógenamente en lugar de ser resultado de restricciones impuestas por el gobierno. La idea clave que subyace este desarrollo es que la probabilidad de repago puede estar relacionada negativamente con la tasa de interés contractual: cuando la tasa de interés del préstamo aumenta, la probabilidad de repago puede declinar. La probabilidad de repago para algunos prestatarios puede caer por más que el aumento en la tasa de interés contractual si la tasa de interés aumentó por encima de cierto nivel, implicando la tasa de retorno esperada por los bancos sobre los préstamos a ese prestatario puede disminuir como resultado del incremento de la tasa de interés contractual. Como el banco no tiene incentivo a prestar en esas condiciones, se frenarían completamente los préstamos para los prestatarios con esas características (incluso si éstos aceptaran la tasa de interés contractual más alta). De esta forma, el crédito se raciona. Modelo de Stiglitz-Weiss: considerando una economía poblada por bancos y un grupo de prestatarios, cada uno de los cuales tiene un proyecto de un periodo en el cual puede invertir, cada proyecto requiere una cantidad fija de fondos (L), y en ausencia de alguna dotación inicial, L es la cantidad que cada prestatario debe obtener para implementar el proyecto (queda fuera de posibilidad invertir fondos propios o aumentar sus fondos por otros medios), cada prestatario promete un colateral (C, donde C < L), todos los agentes son neutrales al riesgo y racionales (es decir, maximizan beneficios), el financiamiento (F) es distribuido de acuerdo a una función que depende del rendimiento o retorno de cada proyecto (R, el cual se asume constante entre los proyectos), y de un parámetro θ que mide el riesgo del proyecto (F(R, θ)), hay dos estados de la naturaleza: uno de éxito, donde el proyecto obtiene su rendimiento (R), y uno de fracaso, donde el proyecto obtiene cero rendimiento (0), y el prestatario no puede en ningún caso, afectar R. A pesar de que los proyectos difieren en cuando al riesgo (θ), todos ellos tienen el mismo retorno (R). Así, si denotamos ρi a la probabilidad de que el prestatario sea solvente (es decir, la probabilidad de que ocurra el éxito y obtenga R), es decir, discriminar entre el canal del crédito y los efectos sobre la hoja de balance. El rol de las expectativas. Los cambios es las expectativas (sobre la inflación y sobre los movimientos del tipo de cambio) pueden aumentar los canales de transmisión, dependiendo del grado de credibilidad del cambio de política y si éste es percibido como durable. Por ejemplo, un aumento de la tasa de interés que es percibida como temporal (debido a las presiones transitorias sobre el tipo de cambio nominal) puede no tener un efecto sobre el comportamiento privado. Similarmente, un aumento de la tasa de interés puede no tener impacto sobre el gasto privado porque la actividad es baja y el desempleo es alto, y los agentes esperan que eventualmente la autoridad monetaria revierta el curso de acción para evitar los efectos de una recesión sobre el empleo. Pero en la medida en que el cambio de política es percibido como creíble, su impacto sobre la economía puede aumentar por un cambio en las expectativas. Si aumenta la tasa de interés, se reduce la inversión y el consumo, y los agenten entienden que la caída en la demanda agregada eventualmente reducirá la inflación. Con expectativas racionales (mirando hacia adelante) sobre los precios, el cambio de política puede conducir a una inmediata reducción de la inflación, como resultado, por ejemplo, de reducir la demanda salarial en los contratos de trabajo. El término “instrumento” es usado en un sentido amplio para referirse tanto al objetivo operacional de la política monetaria como a los instrumentos disponibles para alcanzar ese objetivo (tal como la tasa de interés sobre los acuerdos de recompra). Política monetaria: metas de inflación. El proceso de transmisión de la política monetaria en los países en desarrollo ha sido relacionado a la transición a un régimen de tipo de cambio flexible y a la adopción de metas de inflación como el marco de la política monetaria en varios de esos países. La decisión de metas de inflación está directamente relacionada al creciente reconocimiento de que la inflación implica severos costos sociales y económicos (tal como la distorsión de precios, bajo ahorro e inversión - lo que inhibe el crecimiento -, incrementa la propensión a la indexación y a la fuga de capitales) y que el uso de la política monetaria para alcanzar otros objetivos (como crecimiento y bajo desempleo) puede entrar en conflicto con la estabilidad de precios. El primer paso en entender la naturaleza del esquema de metas a la inflación es analizar la relación entre los objetivos de política explícitos, los instrumentos de política y las preferencias del banco central (las cuales afectan la forma de la función de pérdida). Metas de inflación “estricto”. Se considera una economía cerrada que produce un único bien, y la estructura de la economía está dada por las siguientes ecuaciones (donde todos los parámetros son definidos como positivos): Donde πt = ρt – ρt-1, es la tasa de inflación al momento t (ρt denota el logaritmo del nivel de precios), Yt es la brecha del producto (definida como el logaritmo del producto potencial y el actual), it es la tasa de interés nominal en t (bajo el control directo del banco central), ηt y ϵt son shocks aleatorios (independientes e idénticamente distribuidos). La brecha del producto puede ser vista como una medida del componente cíclico del producto. La ecuación anterior indica que los cambios en la tasa de inflación están positivamente relacionados con la brecha del producto, con un periodo de rezago; la brecha del producto está positivamente relacionada con su valor en el periodo previo y negativamente relacionada con la tasa de interés real ex post, con un periodo de rezago. Más adelante se considera el caso en que las expectativas miran hacia adelante. En este modelo, la acción política (cambios en la tasa de interés nominal) afectan al producto con un periodo de rezago, lo que implica que afecta a la inflación con dos periodos de rezago (por reemplazar en la primera ecuación). A este rezago entre el instrumento de política y la inflación se le hará referencia como “retraso de control” u “horizonte de control” (note que introducir expectativas que miran hacia adelante implicaría que la política monetaria tenga un efecto contemporáneo en la inflación). El supuesto de que el banco central tiene control directo sobre la tasa de interés que afecta a la demanda agregada requiere alguna discusión: en principio, lo que afecta a las decisiones privadas de consumo y de inversión es el costo de pedir prestado, es decir, dadas las características de la estructura del sistema financiero que prevalecen en muchos países en desarrollo, la tasa de interés del banco. En general, dicha tasa de interés depende del costo del financiamiento para el banco, un componente clave que puede ser la tasa de depósitos o la tasa

de mercado monetario, y ambas tasas dependen del costo del financiamiento de corto plazo del banco central (también depende de la probabilidad de default de potenciales prestatarios y, en una economía abierta, del costo de financiamiento externo). Así, en la medida en que la tasa de préstamos del banco (y otras tasas de mercado) respondan con rapidez y de manera estable a los cambios en la política (sobre la tasa de interés), el supuesto de que el banco central tiene control directo sobre el costo de financiamiento que enfrenta el sector privado puede ser visto simplemente como un atajo conveniente. Note que, si la demanda agregada depende la tasa de interés de largo plazo, podría surgir un efecto similar: como la tasa de interés de largo plazo está dada en parte por las expectativas de los movimientos futuros en la tasa de interés de corto plazo, las cuales, a su vez, son influenciadas por las decisiones de política del banco central, corrientes y las esperadas en el futuro. La función de pérdida del banco central es la siguiente, la cual, en este caso, es sólo función de la inflación: Donde π (barra) es la inflación objetivo. Una alternativa podría ser asumir que el precio objetivo es específico en términos del nivel de precios, como opuesto a la tasa de inflación. La visión convencional es que el nivel de precios objetivo implica un beneficio mayor ya que este reduce la incertidumbre sobre el nivel de precios futuros. Pero si la economía está sujeta a shocks (de oferta) que alteran el nivel de precios de equilibrio, intentar desinflar y bajar el nivel de precios al valor pre-shock puede generar significantes costos reales e incrementar la volatilidad de la inflación y el producto. Svenson observó que, bajo ciertas condiciones, el objetivo sobre el nivel de precios puede entregar un trade-off más favorable entre inflación y la variabilidad del producto que con metas de inflación. En la práctica, sin embargo, los bancos centrales optan por definir sus objetivos en términos de tasas de inflación. El objetivo de política del banco central en el periodo t es elegir la secuencia de tasa de interés corriente y futura tal que minimice, sujeto a las dos ecuaciones iniciales, la suma esperada de la función de pérdida descontada (δ): Este problema de optimización puede reescribirse de una forma más simple, la cual permite una derivación intuitiva del sendero del instrumento de política (página 143). Se requiere que la tasa de interés nominal responda positivamente a la inflación corriente y a la brecha del producto, así como también al exceso de inflación sobre la meta. Cuando se incorpora el objetivo de estabilidad del producto, la diferencia es que los coeficientes estimados serán más pequeños debido al peso positivo de los movimientos cíclicos en el producto, de la función de pérdida. Esto hará que la respuesta sea más gradual por lo que la inflación ajustará más lento a su nivel objetivo. Este horizonte de ajuste está positivamente relacionado no solo con la magnitud de los shocks y su grado de persistencia, sino también de la importancia relativa que tienen las fluctuaciones del producto en la función objetivo del banco central. También depende del origen de los shocks, shocks de demanda agregada o de oferta agregada, debido a que el rezago de transmisión de la política de ajuste depende en general del tipo de shock al que la economía está sujeta y del canal a través del cual esos shocks influencian el comportamiento privado. Comparación con estrategias intermedias. La estabilidad de precios como objetivo de mediano o largo plazo puede ser alcanzada, en principio, no solo por focalizarse directamente sobre objetivos finales en sí mismo, inflación, sino también por adoptar ya sea un tipo de cambio como ancla nominal u otros objetivos monetarios como objetivos intermedios. Aquí se revisan esos marcos alternativos y se los compara con el esquema de metas de inflación. Metas monetarias versus metas de inflación. Las metas monetarias presumen la existencia de una relación estable entre uno o más agregados monetarios y el nivel general de precios. Cuando esto ocurre, la política monetaria puede estar dirigida a una tasa particular de crecimiento del agregado monetario (el objetivo intermedio) compatible con bajar la inflación. Específicamente, las metas monetarias requieren un adecuado conocimiento de los parámetros que caracterizan la función de demanda de dinero. En una economía donde esté en marcha una rápida liberalización financiera, esos parámetros pueden ser altamente inestables. En esas condiciones el dinero deja de ser un buen predictor de la inflación futura, es decir, la relación entre el objetivo intermedio y el objetivo final se vuelve inestables. De igual manera, en un contexto de desinflación, la demanda de dinero puede estar sujeta a cambios grandes y no predichos, porque la credibilidad del programa va decayendo. Metas de tipo de cambio versus metas de inflación. Muchos países en el mundo sub-desarrollado han vinculado su tipo de cambio nominal a una moneda externa estable y de baja inflación como medio para alcanzar la estabilidad de precios internamente, mediante un “mecanismo disciplinario” con dos dimensiones: primero, en la medida en que una mayor inflación interna, respecto a la inflación externa, resulte en una apreciación del tipo de cambio real, la demanda de bienes domésticos podría caer y generar presiones hacia abajo en los precios domésticos; y segundo, en la medida en que las decisiones sobre fijación de salarios y precios anticipen las consecuencias de que los aumentos salariales y de precios sean demasiado grandes, harían que una mayor inflación interna sea menos probable en primer lugar. De la experiencia reciente ha surgido que, en un mundo de alta e inestable movilidad de capitales, el método convencional de fijación del tipo de cambio ha demostrado ser frágil: la simple fijación del tipo de cambio no demostró ser un sustituto para mantener la estabilidad monetaria y la credibilidad interna. Se demostró que fijar el tipo de cambio puede ser sostenido solo cuando éste es creíble, y la credibilidad es en gran medida determinada por las políticas macroeconómicas domésticas. En la medida en que la adopción de metas de inflación de señales de un claro compromiso para la estabilidad macroeconómica y una libre flotación del tipo de cambio, este puede conducir a una moneda más estable. Una característica clave del régimen de metas de inflación comparado con otros enfoques para controlar la inflación es que el ajuste de los instrumentos de política se basan una evaluación sistemática de la inflación futura (más que de la pasada o la corriente), contrario a un pronóstico arbitrario. Bajo este régimen, el banco central debe cuantificar explícitamente una meta de inflación y el mecanismo de estabilización de precios para alcanzar ese objetivo. Esto implica que hay importantes diferencias operacionales entre un régimen de metas de inflación y un régimen de metas monetarias o de tipo de cambio. Los cambios en los instrumentos de política monetaria usualmente afectan a la oferta de dinero y al tipo de cambio más rápido que a la inflación en sí misma, y esto conduce a la existencia de un control rezagado y a una función de reacción que relaciona el instrumento de política con un pronóstico de inflación. La implicación es que la credibilidad de un régimen de metas de inflación depende no de la consecución de un objetivo intermedio públicamente observable que se considere como un indicador adelantado de la inflación futura (como en el caso de metas monetarias o sobre tipo de cambio), sino de la credibilidad de la promesa de alcanzar la meta de inflación en el futuro. Esto depende de si el público cree que el banco central será estricto en la consecución de la estabilidad de precios. La credibilidad y la reputación de la autoridad monetaria puede, por lo tanto, jugar incluso un rol más importante en amortiguar las expectativas de inflación bajo un régimen de metas de inflación. Al mismo tiempo, como la performance puede ser observada solo ex post, la necesidad de transparencia y responsabilidad se vuelve más aguda bajo este régimen, con el objetivo de ayudar a evaluar la postura de la política monetaria y determinar si las desviaciones del objetivo son debido a shocks impredecibles o a errores de política.

Requerimiento para metas de inflación. Hay tres requerimientos básicos para la implementación del régimen de metas de inflación: 1) un alto grado de independencia del banco central: el banco central debe estar dotado por autoridades políticas con un claro mandato a perseguir el objetivo de estabilidad de precios, y más importante, un alto grado de independencia en la conducción de la política monetaria (en elegir los instrumentos necesarios para alcanzar la meta de inflación). Esto implica, en particular, la habilidad para resistir a las presiones políticas para estimular la economía durante las recesiones y la ausencia de dominancia fiscal (es decir, una situación en la cual las consideraciones de la política fiscal tienen un rol abrumador en las decisiones de la política monetaria); 2) la ausencia de un objetivo de tipo de cambio implícito: limitar (o prevenir) los movimientos del tipo de cambio nominal es un objetivo de política (quizá porque hay un rápido efecto pass-through), y esto puede dificultar al banco central transmitirle al público, de manera transparente y creíble, su prioridad en la estabilidad de precios por encima de otros objetivos de la política monetaria. Los agentes privados podrían entonces tener expectativas de una alta inflación; y 3) incrementar la transparencia y la responsabilidad: ambas surgen del incentivo de alcanzar la meta de inflación. En la práctica, las tres condiciones mencionadas han demostrado ser difíciles de conseguir en muchos países en desarrollo. Por ejemplo, la responsabilidad en un marco de metas de inflación está relacionada con la dificultad de evaluar la performance solo en base a la inflación observada. La razón es que existe un desfase entre las acciones de política y su impacto sobre la economía, por lo que es posible (o tentador) que el banco central culpe a los eventos imprevistos o totalmente impredecibles por un desempeño inadecuado, en lugar de asumir responsabilidades por los errores de política. Para eliminar este riesgo, se necesita que el banco central justifique sus decisiones de políticas y explique al público la diferencia entre la inflación observada y la meta de inflación. Establecer un marco operacional para la implementación del régimen de metas de inflación también requiere de un número de pasos: las autoridades deben especificar el un índice de precios específicos para el objetivo (IPC, inflación núcleo; deflactor del PIB), estabilizar una meta cuantitativa explicita para la inflación (ya sea un punto o una banda) y elegir un horizonte de tiempo en el cual la meta será alcanzada; también debe determinar bajo qué circunstancias se usarán cláusulas de escape o excepciones para garantizar ña meta de inflación (tal como grandes cambios en los términos de intercambio externo) tomando en cuenta la pérdida de credibilidad potencial que la naturaleza discrecional de cada cláusula y excepción implica; la autoridad monetaria debe elaborar una metodología para pronosticar la inflación que use indicadores (o modelos cuantitativos formales) que contengan información o predicciones de la inflación futura (lo cual requiere de un buen entendimiento del mecanismo de transmisión y de la estimación del tiempo de rezago entre el ajuste de los instrumentos de política monetaria y su efecto sobre el producto y los precios); finalmente, se deben decidir las formas a través de las cuales se convencerá al público que alcanzar la meta de inflación es la prioridad sobre los otros objetivos de la política monetaria, e idear un procedimiento operativo de expectativas racionales (hacia adelante) en el cual los instrumentos de política monetaria son ajustados (en línea con la evaluación de la inflación futura) para alcanzar la inflación objetivo. Política monetaria y una economía dolarizada. La “dolarización” se refiere a una situación en la cual la moneda extranjera es usada cono unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio, corrientemente con la moneda doméstica. Calvo y Vegh sugieren usar el término “dolarización” para referirse al uso de la moneda extranjera como reserva de valor y usar el término “sustitución de monedas” para referirse a un estado donde, más allá de la dolarización, la moneda externa es también usada como medio de cambio o unidad de cuenta. Una medida común del grado de dolarización de una económica, es la participación de los depósitos en moneda externa en el total de los depósitos bancarios internos. Sin embargo, esta medida puede subestimar el problema penetrabilidad: si el riesgo de confiscación de los activos denominados en moneda externa mantenidos en los bancos domésticos es alto, los agentes podían mantener su dinero fuera de los bancos (abajo del colchón). La dolarización parece ser asociada con periodos de inestabilidad económica y alta inflación. La dolarización puede verse, así como una respuesta endógena de los agentes privados para evitar el impuesto inflacionario y las pérdidas de capital sobre activos denominados en moneda nacional(en algunos países, como en Brasil, la inestabilidad macroeconómica no condujo a una dolarización sino al desarrollo de una gran variedad de activos financieros indexados). Al mismo tiempo, esto responde a la diversificación del portafolio, lo cual puede ocurrir incluso con relativamente baja inflación. Persistente dolarización. La evidencia sugiere que, incluso luego de una brusca reducción de la inflación, la dolarización puede permanecer relativamente alta (lo que aparentemente ocurre en Bolivia, Perú y Argentina). Varias explicaciones se pueden ofrecer para explicar el elevado grado de persistencia de la dolarización en un ambiente de baja inflación: a- el elevado costo de transacción que se incurre en cambiar de una moneda a otra (bajo el supuesto de economías de escala en el uso de una única moneda) implica que haya un rango de inflación en el que el grado de dolarización permanezca probablemente sin cambios (en otras palabras, revertir la dolarización luego de la estabilización podría tender a ser lento si no hay significantes beneficios asociados con volver a usar la moneda doméstica como medio de pago (los beneficios asociados a ellos deberían superar los costos de transacción que implica el cambio de monedas). Uribe argumentó que los costos de transacción incurridos en cambiar las monedas son pueden depender del mismo grado de dolarización en la economía, ya que, desde el punto de vista individual, puede ser más costoso cambiar de moneda doméstica a moneda externa si la incidencia de la dolarización es baja. Reduciendo la propensión a mantener balances en moneda externa requiere de una baja inflación para inducir a los individuos a recuperar habilidades en el uso de la moneda doméstica. Kamin y Ericsson encontraron evidencia de su “efecto trinquete” sobre la demanda de dinero en el caso de Argentina (un país donde la inflación declinó rápidamente durante la década del 90); b- una explicación alternativa a la persistencia de la dolarizaciónque no descansa sobre la existencia de los costos de transacción es la siguiente: partiendo del hecho de que el grado de dolarización de la economía dependa no solo de las expectativas de inflación y de la depreciación del tipo de cambio, sino también del riesgo (o volatilidad) asociada con esas variables, mientras que durante periodos de alta inflación el componente riesgo tiende a ser dominado por el nivel de inflación en sí mismo, en periodos de baja inflación (o luego de episodios de estabilización) los factores de riesgo se vuelven más importantes. Incrementar el riesgo (o volatilidad) de los precios y del tipo de cambio podría inducir a los tenedores de activos cambiar la moneda nacional por la moneda externa. Así, reducir el grado de dolarización requiere no solo la reducción de los niveles esperados de inflación y de depreciación del tipo de cambio, sino también de la reducción de la volatilidad de esas variables. Implicaciones de la dolarización. La dolarización puede ser beneficiosa en la medida en que conduzca a un incremento del flujo fondos al sistema bancario, y de esta forma, promover la intermediación financiera. Además, un bajo grado de dolarización puede requerir un grado “normal” de diversificación del portafolio. Sin embargo, altos grados de dolarización pueden complicar significativamente la conducción de la política monetaria y las políticas sobre el tipo de cambio. Consecuencias de la dolarización: la dolarización involucra pérdidas de ingresos por señoreaje (debido a que la demanda de dinero doméstico es más baja que en otro caso, ésta pérdida de ingresos puede conducir a un incremento del financiamiento monetario y así aumentar la inflación, lo que podría a su vez, aumentar el grado de dolarización de la economía empeorando la situación); la dolarización afecta la elección de activos que podrían ser incluidos en los agregados monetarios que son usados por los hacedores de políticas como indicadores de las condiciones monetarias o de las variables objetivos. Los agregados que incluyen billetes y depósitos en moneda extranjera son los relevantes si el uso de la moneda extranjera como medio de cambio tiende a distorsionar el vínculo entre la moneda doméstica y la inflación. La evidencia reciente en América Latina sugiere que mientras más alto sea el grado de sustitución de monedas, más sensibles serán los agregados monetarios de un país a los cambios repentinos en

las tasas de interés y en el tipo de cambio; una tercera consecuencia de la dolarización es que la misma indexa los depósitos bancarios a la tasa de depreciación del tipo de cambio (como el valor en moneda doméstica de los depósitos en moneda extranjera aumenta proporcionalmente con la tasa de depreciación, los agregados monetarios tienden a complacer las presiones inflacionarias. Esto a su vez puede debilitar la hoja de balance de los bancos); finalmente, la dolarización afecta a la elección del régimen de tipo de cambio (un aumento de los depósitos en moneda extranjera mantenidos en bancos domésticos puede incrementar la vulnerabilidad del sistema bancario. A su vez, la dolarización puede implicar un alto grado de volatilidad en un régimen de tipo de cambio flotante, como resultado de un gran e impredecible cambio en el uso de la moneda doméstica y extranjera para los propósitos de transacción). En resumen, la dolarización puede tener consecuencias adversas para el manejo macroeconómico, pero imponer restricciones dirigidas a reducir la mantención de activos externos han demostrado ser inefectivas debido a la habilidad de los tenedores de activos de evadir dichas restricciones mediante mercados monetarios informales. A su vez, si los hacedores de política tienen baja credibilidad, la dolarización puede servir como un dispositivo efectivo de disciplina y puede mejorar el bienestar. Elevado grado de dolarización no es, generalmente, causa sino consecuencia de los desequilibrios financieros subyacentes y debilidades. Así, las medidas orientadas a reducir la dolarización (tal como, la creación de una tasa de interés que beneficie a los depósitos en moneda nacional, la imposición de altos requerimientos de reservas sobre los depósitos en moneda extranjera, o medidas institucionales o legales que fomenten el uso de la moneda doméstica por encima de la moneda extranjera como medio de pago en las transacciones domésticas) sean improbablemente efectivos en un ambiente macroeconómico inestable. 2-

Estrategias de política monetaria para América Latina (Mishkin-Savastano)

Este paper examina las posibles estrategias de política monetaria para América Latina que pueden ayudar a asegurar las ganancias en la lucha contra la inflación lograda en la década de 1990. En lugar de focalizarse en la conducción de la política monetaria sobre si el tipo de cambio nominal debería ser flexible o fijo, el foco debería ponerse en si el régimen de política monetaria limita adecuadamente la discreción en los hacedores de política. Este foco sugiere que hay tres marcos que merecen una discusión seria como estrategias de política monetaria de largo plazo para América Latina: tipo de cambio fijo, metas monetarias y metas de inflación. Se analizarán las ventajas y desventajas de esas estrategias para definir cuáles de esas tres estrategias puede ser recomendada para las economías de la región. ¿Por qué el problema no está entre tipo de cambio fijo versus tipo de cambio flexible? Las economías de esta región han sufrido extremos episodios de inestabilidad monetaria: alta inflación, movimientos masivos de capitales, colapsos del sistema financiero. Los resultados, no sorprendentes, de esos episodios fueron: baja credibilidad, recurrentes recesiones e incluso, depresiones. En la década del ’90, los políticos reconocieron los elevados costos del proteccionismo y de la inflación, produciendo un creciente compromiso en la apertura al mundo y en la estabilidad de precios. La evidencia de ese ambiente más favorable fue el éxito de los programas de estabilización financiera adoptados por los países de América Latina desde 1990. ¿Hacia dónde deberían ir los países de América Latina en el diseño de las estrategias de largo plazo para la conducción de su política monetaria? La dificultad central en responder esta pregunta es si los países de la región tienen probabilidades de generar un conjunto de instituciones y mecanismos que permitan limitar la discreción de las autoridades monetarias de manera eficiente y efectiva. Si el tipo de cambio es fijo o flexible va seguido a esa primera cuestión. Creemos que en necesario re-focalizar el debate. En principio, hay cuatro estrategias de política monetaria que pueden un ancla nominal que limite la discrecionalidad del banco central en el mediano plazo: tipo de cambio “hard pegs”, tipo de cambio “soft pegs”, metas monetarias y metas de inflación. Una quinta estrategia sugerida por varios estudios como la recomendada en economías semi abiertas es la de metas sobre el ingreso nominal (el problema es que no se la ha aplicado en la práctica ni en economías en desarrollo ni en economías desarrolladas. Esta estrategia podría ser equivalente a las metas de inflación bajo algún supuesto razonable, pero con algunas desventadas). El tipo de cambio “soft pegs” presenta algunos defectos como estrategia de mediano plazo según la experiencia de los últimos años en los países industriales y en economías emergentes, por lo que se lo sacará de la lista de posibles estrategias. Hard pegs. Hay, esencialmente, dos tipos de regímenes de política monetaria “hard pegs”: caja de conversión y dolarización total. En la caja de conversión la moneda doméstica está respaldada en un 100% por moneda nacional y el banco central anuncia la tasa fija de conversión entre las monedas y está listo para intercambiar billetes emitidos en el país por moneda extranjera según su demanda. Una caja de conversión es un “hard pegs” porque el compromiso de fijar el tipo de cambio está respaldado por una ley (o incluso en la constitución) y porque la política monetaria es, en efecto, puesta el piloto automático y está completamente fuera de las manos del banco central y del gobierno. La plena dolarización implica eliminar la moneda doméstica y reemplazarla con la moneda extranjera. Esto representa un compromiso con la estabilidad monetaria mayor que en el cado de la caja de conversión porque hace que sea mucho más costoso (aunque no imposible) que el gobierno recupere el control sobre la política monetaria y/o cambie la paridad de cambio de la moneda doméstica. Ventajas.1) proporcionan un ancla nominal que ayuda a mantener la inflación bajo control por atar los precios domésticos de bienes transables a aquellos existentes en el país ancla atenuando (y eventualmente rompiendo) el componente inercial de la inflación que se alimenta entre salarios y precios de bienes no transables, y haciendo que las expectativas de inflación converjan a aquellas prevalecientes en el país ancla. 2) reduce y, en el límite, elimina el riesgo cambiario (o de devaluación) de las tasas de interés internas, reduciendo así el costo del financiamiento para el gobierno y para el sector privado, mejorando las perspectivas de profundización financiera, inversión y crecimiento. 3)proporciona un mecanismo de ajuste automático para la oferta de dinero que ayuda a disminuir (o elimina) el problema inconsistencia temporal de la política monetaria (una caída en la demanda de activos domésticos, incluido los billetes en moneda nacional, produce una salida automática de divisas y un aumento de la tasa de interés sin crear presiones sobre la paridad, mientras que un incremento en la demanda de activos nacionales produce los efectos contrarios). La política monetaria expansiva, la discrecional y la inconsistencia temporal, no son opciones de política, incluido aquellas dirigidas a financiar el déficit del gobierno. 4) es simple y claro de entender y de controlar su cumplimiento por parte del público.Desventajas. 1) la principal desventaja del “hard pegs” como estrategia de mediano plazo es que éste casi no deja margen para una política monetaria nacional, porque con mercados de capitales abiertos, causa que la tasa de interés domestica esté estrechamente vinculada a aquella del país ancla. Entonces, el país que elije anclarse a otro pierde la habilidad de usar la policita monetaria para responder a los shocks domésticos que son independientes de aquellos que golpean al país ancla. 2) el banco central (siempre que éste exista) pierde la habilidad de actuar como prestamista de última instancia (sin embargo, el banco central en los países de la región ha tenido un alcance muy limitado para actuar como prestamista de última instancia incluso bajo regímenes de tipos de cambio flexibles. La principal razón de esto es la poca credibilidad: cuando el banco central presta al sistema bancario se despierta una crisis financiera). 3) por los motivos descritos antes, los shocks que sufre el país ancla son directamente transmitidos mediante cambios en las tasas de interés en el país ancla que conducen a cambios correspondientes en las tasas de interés internas. Mientas que exista rigidez de precios y de salarios y los mercados sean incompletos, la pérdida de una política monetaria

independiente que ayude a las autoridades monetarias a contrarrestar ciertos shocks internos, puede ser muy costosa. Esto puede ser ilustrado con el modelo de Svenson: -

Oferta agregada: πt = πt-1 + αtYt-1 + ϵt Demanda agregada: Yt = β1Yt-1 – β2(it-1– πt-1) + ηt Dónde: πt = ρt – ρt-1,Yt es la brecha del producto, it es la tasa de interés nominal, y ϵt y ηt son shocks aleatorios de oferta y de demanda respectivamente. Todas las variables expresadas en logaritmos. La política monetaria óptima: consiste en fijar en cada periodo la tasa de interés que minimice la función de pérdida inter-temporal. Función de pérdida inter-temporal (para T = t, …, infinito): Et Σ δT-tLt Función de pérdida periodo a periodo:Lt = 0,5 (πt – π*) + 0,5 λYt2 La tasa de interés óptima viene dada por la Regla de Taylor:it = πt + b1 (πt – π*) + b2Yt

La regla de Taylor plantea que la tasa de interés responde tanto a la brecha de la inflación como a la brecha del producto. Como indica Svenson, la brecha de la inflación y la brecha del producto son suficientes para el modelo, si no hay otras variables que influyan en la oferta y demanda agregada. Si hay otras variables que afecten a la oferta y demanda agregada, la regla óptima necesitaría modificarse para que la tasa de interés responda a esas variables también. Sin embargo, en la práctica la regla de Taylor no se sigue servilmente porque los bancos centrales usan el juicio al establecer los instrumentos de política. Por lo tanto, la regla de Taylor debería pensarse como un punto de referencia útil para formuladores de políticas, pero no debe caracterizarse como una regla que resuelva el problema de inconsistencia inter-temporal (por lo que llamarla “regla” puede ser algo engañoso). En el marco del “hard pegs” la tasa de interés está efectivamente fijada por el país ancla y esta podría diferir de la tasa de interés óptima derivada de la regla de Taylor. La pérdida de tener un “hard pegs” podría ser pequeña solo si el país que decide anclarse está integrado con el país ancla, y su inflación y la brecha del producto están altamente correlacionadas con la de éste, ya que, de esta forma, la tasa de interés se establece sobre la base de precondiciones similares por lo que, si es óptima en el país ancla, también lo será en el país que desea vincularse. Sin embargo, esto no es probable que ocurra, sobre todo si el país ancla es Estados Unidos. Un mensaje clave de este análisis es que “hard pegs” representa una segunda mejor solución para la mayoría de las economías latinoamericanas (sobre todo en aquellos países es que es mejor tener algún margen de política monetaria interna a no tenerla en absoluto). Los defensores de este esquema argumentan que en los países latinoamericanos es mejor que no haya política monetaria ya que ésta es discrecional e inflacionaria. Caja de conversión versus dolarización. La principal desventaja de la caja de conversión es que la misma no elimina completamente la posibilidad de devaluación, como si lo hace la dolarización total. La probabilidad de que ocurra este evento se adiciona a la tasa de interés, incluso en periodos de “calma”, haciendo que las tasas sean más altas y más volátiles que aquellas en del país ancla. Esos problemas son reducidos bajo la dolarización total ya que no hay incertidumbre sobre el valor de la moneda en circulación en el país, por lo que el componente de riesgo de paridad se elimina de la tasa de interés y éstas son más bajas. Sin embargo, esto no significa que bajo solarización total la tasa de interés convergería a aquella prevaleciente en Estados Unidos (por ejemplo) ya que la misma podría continuar incluyendo un premio por riesgo país (por ejemplo, la tasa de interés puede continuar reflejando el riesgo de confiscación). Supongamos que hay una repentina pérdida de confidencia en un país plenamente dolarizado que conduce a una masiva retirada de los depósitos bancarios, lo que exprimiría la liquidez del sistema y generaría una abrupta declinación de la actividad económica. Un país con el compromiso de preservar la plena dolarización de la económica debería ser complaciente y permitir la salida de capitales y la consiguiente recesión económica pero solo bajo algunas condiciones. En particular, si el ataque viene de las perspectivas y especulaciones, sin hablar de la evidencia (como la disciplina fiscal), la confiscación de activos en dólares para asegurar los recursos para el gobierno y prevenir la caída del sistema bancario puede convertirse en una profecía auto-cumplida. Obviamente, esto podría pasar bajo los dos tipos de “hard pegs” descritos, en ambos casos la confiscación de activos podría causar el colapso del régimen y tener consecuencias catastróficas para el sistema financiero y para la economía real. Bajo plena dolarización, sin embargo, el daño es probablemente más serio porque la moneda doméstica y la política monetaria que deberán crearse de cero no tendrán credibilidad. Lecciones sobre las experiencias recientes. Ejemplos de “hard pegs” en América Latina, son Argentina y Panamá. En el caso de Argentina, este esquema ha sido la piedra angular del programa de estabilización del año 1991, implementado tras una hiperinflación en el año 1989. Hacia 1999, Panamá era el único país plenamente dolarizado de América Latina, es decir fue el único país en decidir adoptar al dólar estadounidense como la moneda de curso legal y evitar la creación del banco central. En ambos casos, el “hard pegs” logró reducir la inflación, pero eran necesarias dos condiciones para su éxito: sistema bancario y financiero sólido, y políticas fiscales sustentables. La sola adopción del régimen “hard pegs” no asegura que esas dos condiciones se alcancen, al menos no rápidamente o automáticamente. En otras palabras, el régimen “hard pegs” no asegura la eliminación de la dominancia fiscal. Otra conclusión derivada de las experiencias, es que este régimen se encuentra sujeto a ataques especulativos y a corridas bancarias, además están mal equipados para contener shocks específicos internos, lo que conduce a incrementar la volatilidad del producto. Una desventaja de los regímenes “hard pegs” es que no es fácil salir de ellos: salir de una caja de conversión es muy peligroso, a menos que la moneda puede apreciarse (lo que ocurre cuando las cosas van bien, y si las cosas van bien no habría voluntad de salir de este esquema), y salir de una economía plenamente dolarizada es aún más problemático porque es muy probable que la nueva moneda y la nueva política monetaria se encuentren con un grave problema de falta de credibilidad. En conclusión, “hard pegs” puede ser una estrategia de política monetaria sostenible solo en aquellos países que tienen instituciones políticas y económicas incapaces de apoyar la independencia del banco central para focalizarse en la estabilidad de precios. En esos casos, este régimen constituye una segunda mejor estrategia para la política monetaria. Metas monetarias. Esta estrategia comprende tres elementos: 1) dependencia de la información transportada por un agregado monetario para conducir la política monetaria; 2) anuncio de objetivos sobre el agregado monetario para guiar las expectativas de inflación del púbico; y 3) algún mecanismo de responsabilidad que descarte grandes y sistemáticas desviaciones de los objetivos. Adicionalmente, esta estrategia presupone que la política monetaria no está dominada por consideraciones fiscales y que el tipo de cambio es flexible. Ventajas. 1) habilita al banco central a elegir objetivos para la inflación que pueden diferir de los elegidos en otros países,2) permite que tenga algún margen de política monetaria para contrarestar las fluctuaciones transitorias del producto y ciertos shocks externos. 3) al igual que el caso anterior, es fácil de comprobar su cumplimiento ya que la información sobre agregados monetarios está disponible. Deben enviarse señales periódicas al púbico sobre el estado de la política monetaria y las intenciones de la autoridad monetaria de mantener la inflación bajo control. Estas señales pueden ayudar a consolidar las expectativas de inflación y producir menos inflación. Las metas monetarias ayudan a reducir el problema de consistencia inter-temporal de la política monetaria. Desventajas. Las ventajas de este esquema mencionadas anteriormente dependen de la existencia de una fuerte y confiable relación entre la variable objetivo (inflación) y el agregado monetario elegido como instrumento y al cual se le establece la meta. Si era relación se vuelve débil, entonces las metas monetarias producirían resultados poco exitosos en reducir la inflación. Esto puede ser analizado a partir de la ecuación de demanda de

dinero: en la medida en que los shocks del término de perturbación de la demanda de dinero sean grande y no predecible (o que los parámetros de la ecuación de demanda de dinero sean inestables), la relación entre el agregado monetario y el producto y la inflación sería débil. En esas circunstancias, las metas sobre el agregado monetario llevarían a una gran desviación de la tasa de interés con respecto a la política óptima derivada de la regla de Taylor, y el resultado final sería una elevada volatilidad del producto, de la inflación y de la tasa de interés. Esta relación débil entre el agregado monetario y la tasa de inflación es el principal problema con esta estrategia en los países industrializados. La razón fundamental de esto es que en un ambiente de baja inflación y de creciente integración financiera es altamente improbable que la relación entre el agregado monetario y la tasa de inflación se mantenga estable, surgiendo así situaciones donde golpes en el agregado monetario no producen los resultados deseados sobre la inflación, donde la política monetaria podría fallar en proporcionar señales confiables sobre la postura de la política monetaria, y donde se sería un ancla efectiva para las expectativas de inflación. Además, este inconveniente podría generar dificultades al banco central para ser transparente y responsable, complicando su comunicación con los mercados y perjudicando su credibilidad. Lecciones de experiencias recientes. Ningún banco central de América Latina aplicó verdaderamente metas sobre agregados monetarios. En las experiencias de baja inflación y tipo de cambio flexible, el marco de política monetaria incluía la primera de las tres características claves de este programa: el uso de la información transportada por el agregado monetario para conducir la política monetaria, mientras que los otros dos, rara vez se presentaron simultáneamente. Por este motivo, no se los considera como un régimen de metas monetarias. Por el contrario, los bancos centrales de la región han seguido una política monetaria discrecional con foco en la estabilidad de precios. Esta decisión depende de las preferencias, habilidades y credibilidad del banco central. Esto puede ser exitoso en el corto plazo si se lleva a cabo una “buena discrecionalidad” (como en Estados Unidos), pero en el largo plazo puede no producir resultados deseables por lo que la estrategia necesita ser modificada. En resumen, esto no significa que los agregados monetarios no tengan un rol importante en la conducción de la política monetaria. Cuando la inflación cae a un nivel de un único dígito y permanece allí, la tasa de crecimiento del dinero probablemente pierda información y se vuelva menos útil como indicador de la política monetaria, como ocurrió en los países industrializados. Como los agregados monetarios se vuelven indicadores menos confiables para la inflación futura, los bancos centrales se verán forzados a reducir la importancia de las metas sobre agregados monetarios, y buscar una alternativa. Metas de inflación. Es una estrategia de política monetaria que involucra las siguientes características: 1) anuncio púbico de metas numéricas de mediano plazo para la tasa de inflación; 2) compromiso institucional para la estabilidad de precios como el objetivo prioritario de la política monetaria (y otros objetivos quedan subordinados a éste); 3)estrategia de información inclusiva en la cual muchas variables, y no solo los agregados monetarios o el tipo de cambio, son usadas para decidir sobre el establecimiento de los instrumentos de política; 4) estrategia de política monetaria transparente que obliga al banco central a comunicar al público y a los mercados los planes, objetivos, y la racionalidad de las decisiones del banco central; 5) mecanismos que hacen que el banco central sea el responsable de alcanzar sus objetivos de inflación. Solo con la inclusión de los cinco elementos mencionados, las metas de inflación serán sostenidos en el mediano plazo. Ventajas. Esta estrategia tiene varias ventajas superiores a las de las otras estrategias analizadas: 1) opuesto al “hard pegs”, las metas de inflación permiten que la política monetaria se focalice en consideraciones domésticas y que responda s los shocks domésticos y externos. 2) la estabilidad en la relación entre la inflación y los agregados monetarios no es crítica para su éxito ya que no depende de esa relación. 3) permite a las autoridades monetarias a usar toda la información disponible, y no sólo la información contenida en una o dos variables para determinar las decisiones sobre el instrumento de política. Esta estrategia puede ser analizada con el modelo de Svenson descrito antes: si la ponderación al objetivo de estabilidad del producto es cero (λ = 0), la tasa de interés óptima de acuerdo a la regla de Taylor es equivalente a igualar el valor esperado de la tasa de inflación dos periodos adelantada a la tasa de inflación objetivo: Etπt+2 = π*. En otras palabras, establecer una política monetaria para alcanzar la meta de inflación dos periodos hacia adelante es una política óptima en estas condiciones. Si λ > 0, indica que los hacedores de política también son conscientes sobre las fluctuaciones del producto, entonces la tasa de interés óptima de acuerdo a la regla de Taylor es la siguiente: Este tipo de función de reacción se denomina “metas de inflación flexibles”. Como un número explícito para la meta de inflación incrementa la responsabilidad del banco central en relación al régimen discrecional, las metas de inflación también tienen el potencial para reducir la probabilidad de que el banco central caiga en la trampa de la inconsistencia inter-temporal. Dado que las fuentes de inconsistencia inter-temporal son generalmente encontradas en las presiones sobre el banco central para que ejecute una política monetaria expansiva, las metas de inflación tienen la ventaja de focalizar el debate político en lo que el banco puede hacer de manera sostenible (es decir, controlar la inflación) más que lo que no puede hacer mediante la política monetaria (aumentar el crecimiento de la producción, disminuir el desempleo o aumentar la competitividad). Para conseguir estos resultados, debe existir un fuerte compromiso institucional para conseguir la estabilidad de precios como objetivo primario del banco central. Este compromiso institucional involucra apoyo legislativo para la independencia del banco central: suficiente aislamiento de las decisiones del banco central de los procesos políticos y de los políticos, y asegurar el pleno y exclusivo control de los instrumentos de política monetaria por parte del banco central. La comunicación al público, al mercado financiero y a los políticos debe basarse en los objetivos y limitaciones de la política monetaria, la racionalidad de las metas de inflación, el valor numérico de esta meta y cómo fue determinado, cómo se alcanzará la convergencia a la meta dadas las condiciones económicas corrientes, y, en caso de que ocurra, cuáles son las razones de desviarse de la meta. Los países que han implementado correctamente esta estrategia de política monetaria ha mejorado la planificación del sector privado por reducir incertidumbre sobre la política monetaria, y en parte, por educar al público sobre lo que el banco central puede o no conseguir. Desventajas. 1) es una estrategia muy rígida; 2) es equivalente a la plena discreción; 3) necesariamente incrementa la volatilidad del producto; 4) daña el crecimiento económico; 5) solo puede producir una débil responsabilidad del banco central porque la inflación está fuera de su control y porque hay un gran rezago entre la acción política sobre los instrumentos y el impacto en la inflación; 6) no previene la dominancia fiscal; y 7) la flexibilidad de tipo de cambio requerido por esta estrategia puede causar inestabilidad financiera, especialmente cuando hay una parcial dolarización. La estrategia de metas de inflación está lejos de ser una regla rígida: requiere que el banco central use toda la información disponible en un momento del tiempo dado para determinar cuál es la acción de política apropiada para alcanzar la meta preanunciada de inflación, es decir, esta estrategia evita el riesgo de que el banco central ignore información importante por focalizarse exclusivamente en un reducido conjunto de variables. Además, la estrategia de metas de inflación no requiere centrarse exclusivamente en alcanzar la estabilidad de precios, se pueden seguir otros objetivos (como la estabilidad del producto) pero con la condición de que la prioridad sea bajar la inflación. La decisión de elegir metas de inflación superiores a cero refleja que las autoridades monetarias son conscientes que una deflación puede tener substanciales efectos negativos sobre la economía real. Es cierto que no previene la dominancia fiscal, y esto puede exponer a la economía a la inestabilidad financiera, especialmente cuando hay una parcial dolarización. Opuesto a la estrategia sobre el tipo de cambio y los agregados monetarios, la estrategia de metas de inflación no es fácilmente controlable por parte del banco

central: los resultados que sobre la inflación tienen los cambios en los instrumentos de política son revelados luego algún tiempo (rezago de control).Esta dificultad crea varios problemas sobre todo en países donde se tiene que bajar la inflación de relativamente niveles altos: en esas circunstancias, los errores de pronóstico probablemente sean grandes, y los objetivos de inflación tenderán a pasarse por alto con frecuencia, lo que podría hacer difícil que el banco central gane credibilidad. Esto sugiere que la estrategia de metas de inflación es probablemente más efectiva si se la implementa gradualmente, luego de que se haya producido una desinflación exitosa. Otros dos factores que afectan el control de la inflación, especialmente relevantes en el contexto de américa latina, son: la incidencia del control de precios del gobierno sobre el índice usado para computar la inflación y el históricamente alto pass-through de las depreciaciones del tipo de cambio. Esto sugiere que la meta de inflación puede demandar un alto grado de coordinación entre la política fiscal y la política monetaria sobre la secuencia y magnitud de futuros cambios en los precios controlados. Esto último sugiere que el banco central de la región no pueda permitirse una actitud de “negligencia benigna” hacia las depreciaciones del tipo de cambio, al menos hasta que la baja inflación induzca un cambio en el proceso de formación de expectativas y en las prácticas de fijar precios de los hogares y las firmas. La estrategia de metas de inflación puede no ser suficiente para asegurar la ausencia de dominancia fiscal. Los grandes déficits eventualmente conducirían a tener que ser monetizados o erosionar la deuda púbica mediante una gran devaluación, y la inflación subirá. La ausencia absoluta de dominancia fiscal es un pre-requisito clave para esta estrategia, y configurar las instituciones para que ayuden a mantener a la política fiscal bajo control son cruciales para su éxito. Un alto grado de (parcial) dolarización puede crear un problema potencial serio para las metas de inflación: como esta estrategia necesariamente requiere de tipo de cambio flexible y como las economías de la región son muy abiertas y dependen del financiamiento externo, los shocks de tipo de cambio son inevitables (una abrupta devaluación puede incrementar la carga de la deuda denominada en dólares), y esto incrementa el riesgo de una crisis financiera. La importancia de esos efectos puede apreciarse por incorporar el tipo de cambio en la función de demanda agregada y oferta agregada: Donde et es el logaritmo del tipo de cambio real expresado como una desviación el nivel normal (término medio), µt es un término de error, y θ captura la relación positiva que existe entre la tasa de interés y el valor de la moneda (por ejemplo, mediante de la entrada de capitales y apreciación). La regla de Taylor se modifica por lo que la política óptima para establecer la tasa de interés también cambia. Si λ = 0, la política monetaria trata de alcanzar el objetivo de la inflación de largo plazo en dos periodos de tiempo, mientras que si λ > 0, la meta se alcanza más gradualmente. Las fluctuaciones del tipo de cambio probablemente tengan un gran efecto sobre la demanda agregada y la oferta agregada (por el gran pass-through), lo que indica que la ponderación del tipo de cambio en la regla de Taylor (b3) puede ser relativamente grande. Esto no implica que sea inconsistente con la meta de inflación. Implica que el régimen de metas de inflación se preocupará por las fluctuaciones del tipo de cambio, así como puede preocuparse por las fluctuaciones del producto. Lo anterior sugiere que el régimen de metas de inflación en economías parcialmente dolarizadas puede no ser viable a menos que haya una estricta supervisión y regulación prudencial sobre las instituciones financieras que asegure que el sistema es capaz de resistir a shocks de tipo de cambio. Lecciones de la experiencia reciente. Chile fue el pionero en la región con este tipo de estrategia de política monetaria. Luego de haber promulgado la nueva legislación del banco central en 1989, la cual da independencia a la autoridad monetaria y el mandato de estabilidad de precios como uno de sus principales objetivos, el banco central anuncia su primer objetivo de inflación en 1990. La inflación objetivo para el siguiente año era anunciada en septiembre de cada año. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre el control de la inflación, la inflación objetivo fue inicialmente tratada más como una proyección oficial de la inflación que como una meta formal. Fue un enfoque muy gradualista, comenzando con metas de alrededor del 20% para 1991. Cuando el banco central se ganó la confianza, comenzó a anunciar objetivos puntuales más que rangos para la inflación, y fue recién en 1999 cuando el banco central anuncio explícitamente una meta plurianual para la inflación. La inflación cayó de niveles por encima del 20% a cerca del 3% en el presente y el crecimiento del producto fue muy alto (8,5% promedio por año entre 1991-1997). Este éxito sugiere que la meta de inflación puede ser usada para promover una desinflación gradual, incluso cuando la inflación inicial es de dos dígitos, y que el gradual endurecimiento del objetivo cuando cae es una apropiada estrategia para tratar con los problemas de control de la inflación cuando esta es inicialmente alta. Para mitigar el riesgo de que el tipo de cambio reemplace a la meta de inflación como principal ancla nominal de la economía, el banco central debe incrementar la transparencia del rol del tipo de cambio enfatizando la preocupación sobre los efectos que tiene sobre la demanda y oferta agregada, lo que implica que las tasas de interés reflejen necesariamente los movimientos del tipo de cambio. El banco central debe también explicar al público la razón de la intervención de tipo de cambio de manera análoga a la suavización de las tasas de interés, no como una política orientada a resistir a determinados movimientos en el precio de mercado de los activos, sino como para mitigar los potenciales efectos desestabilizadores de un abrupto y sostenido cambio en el precio. No hay “buena flotación” o “mala flotación”, sino que debe pensarse en “buena” y “mala” política monetaria bajo régimen de tipo de cambio flexible. Conclusión. El debate en América Latina no debe ser en si es tipo de cambio es fijo o flexible, sino en cuál es la mejor forma de restringir la discrecionalidad de la política monetaria en los países de la región. La clave para responder se encuentra en el ambiente institucional de cada país. Hay algunos países de la región que no parecen tener instituciones que restrinjan la política monetaria si esta es discrecional. En esos países, hay un fuerte argumento de que “hard pegs” y la plena dolarización podrían solucionar el problema. Y hay otros países que sí tienen la habilidad de restringir la discrecionalidad (como Chile), por lo que, en ellos, el régimen de metas de inflación es el recomendado, el cual mantiene la inflación baja y permite hacer frente a shocks domésticos o externos. Las metas monetarias no son una estrategia viable en América Latina por la probable inestabilidad de la relación entre el agregado monetario y la inflación, lo que conduce a una gran discrecionalidad de la política monetaria la cual no es transparente. Una rigurosa supervisión prudencial que asegure la solidez del sistema financiero, es crucial para el éxito del régimen de metas de inflación, así como también para “hard pegs”. La solidez de la política fiscal también es esencial.

UNIDAD 10: Política Fiscal 1-

Déficit fiscal, deuda pública y la cuenta corriente (Capítulo 3 – Agenor)

Las restricciones claves sobre la política fiscal y la administración macroeconómica en países en desarrollo son: base impositiva inadecuada, limitada habilidad para recaudar impuestos, confianza en el financiamiento monetario, y (en algunos casos) altos niveles de deuda pública. Las restricciones administrativas sobre la habilidad de recaudar impuestos han conducido frecuentemente a altas alícuotas sobre bases imponibles estrechas. Las consecuencias de ello fueron la evasión y una desenfrenada expansión de la economía informal. Al mismo tiempo, el alto grado de confianza en el financiamiento monetario del déficit fiscal, en algunos países ha resultado en inestabilidad macroeconómica, en movimientos de capitales, y en crisis de la moneda. Altos y crecientes niveles de deuda púbica ejercen presión sobre la tasa de interés real y condujeron también a la volatilidad financiera e inestabilidad macroeconómica. Estructura de las finanzas públicas. Tres aspectos de las finanzas públicas de países en desarrollo se discuten en esta sección: 1) la composición de las fuentes convencionales de ingresos y gastos, y diferencias con los países industrializados; 2) ingreso por señoreaje; y 3) la importancia de las actividades cuasi-fiscales y el rol de los pasivos contingentes. Las fuentes convencionales de ingresos y gastos. Los patrones de gastos e ingresos públicos varían considerablemente entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Un análisis más comprensivo debería referirse al gobierno general, el cual incluye el gobierno central, las provincias y los gobiernos locales, así como también, las agencias como la de Seguridad Social (pero excluyendo las empresas estatales). La estructura general de las fuentes convencionales de recursos y gastos tiene las siguientes diferencias: 1) la participación tanto de gastos públicos como de ingresos tributarios en términos del producto, es más grande en los países industrializados que en los países en desarrollo, a su vez, ambos indicadores tienden a incrementar con el nivel del ingreso per cápita. Una posible explicación de esto surge por el aumento en el tamaño del gobierno, hay una mayor necesidad de un seguro de riesgo debido a que el grado de apertura y exposición a shocks externos es creciente. Un estudio sobre países de África, analizó los determinantes de los ingresos tributarios en términos del PIB, y encontró que la participación de la agricultura en el PIB tiene un efecto negativo y que las exportaciones e importaciones en (ambos términos del PIB) tienen un efecto positivo sobre los ingresos tributarios (en porcentaje del PIB). El nivel de ingresos per cápita, por contraste, no era una variable significativa. 2) la composición del gasto también difiere entre los dos grupos de países: los países en desarrollo dedican una fracción substancialmente más grande en gastos en servicios públicos generales, defensa, educación y en otros servicios económicos (reflejando el rol del gobierno en la producción) que, en los países industrializados, quienes gastan relativamente más en salud y substancialmente más en seguridad social. 3) la principal fuente de ingresos en ambos grupos de países son los impuestos, sin embargo, la participación de ingresos no tributarios en el total (por ejemplo, transferencias a empresas públicas) es mucho más alta en países en desarrollo que en países industriales. 4) entre los impuestos directos, aquellos que recaen sobre personas físicas es mucho más grande que los que gravan las corporaciones en países en desarrollo, mientras que lo opuesto para en países desarrollados. 5) dentro del total de ingresos tributarios, el peso relativo de los impuestos directos, impuestos sobre el consumo de bienes y servicios, y los impuestos sobre el comercio externo, varían considerablemente entre los dos grupos de países: en los países desarrollados los impuestos directos representan una proporción de ingresos totales mucho mayor, y los impuestos sobre el comercio exterior son insignificantes. Estos se movieron gradualmente desde los impuestos sobre el comercio exterior hacia los impuestos sobre la oferta doméstica, y expandieron las bases imponibles. La necesidad de ingresos en los países en desarrollo es grande. Una razón de ello es la necesidad de inversión pública en infraestructura, promover el desarrollo de instituciones de mercado, y alentar la creación de empleo de la manera que se reduzca el empleo. Otra razón puede ser el sesgo deficitario, el cual se debe al hecho de que, a pesar de que la política fiscal es decidida colectivamente, las partes involucradas no reconocen plenamente el costo social de los programas que ellos apoyan. Esto se conoce como los “problemas comunes”. A pesar de la gran necesidad de ingresos, los sistemas tributarios de muchos países en desarrollo permanecen muy ineficientes. Una razón clave de ello son las severas restricciones (administrativas y a veces políticas) sobre la habilidad de recaudar impuestos. Las consecuencias de ello es que los impuestos directos juegan un rol mucho más limitado en este grupo de países que en los industriales, y que altas tasas (alícuotas) impositivas tienden a ser impuestas sobre una base imponible estrecha. Señoreaje y financiamiento inflacionario. La limitada capacidad administrativa y las restricciones políticas impiden la recolección de impuestos en países en desarrollo, y como muchos de ellos tienen un limitado alcance para emitir deuda (como resultado del insuficiente desarrollo del mercado de capitales), los países en desarrollo tienden a confiar más en el señoreaje, que en los países industrializados. En términos generales, el señoreaje consiste en la cantidad de recursos reales extraídos por el gobierno por medio de la creación de base monetaria. Denotando M el stock de base monetaria nominal y P en nivel de precios, el ingreso por señoreaje puede definirse formalmente como el cambio en el stock de base monetaria nominal dividido por el nivel de precios. La razón de porque la base apropiada para el impuesto inflacionario no es el dinero “amplio” sino sólo la base monetaria es porque el gobierno extraer recursos netos de los agentes en la económica solo en la medida en que la erosión del stock de dinero resultante de la inflación no se compense con las ganancias por inflación que acumulan los deudores domésticos. Sólo la base monetaria representa representan el pasivo (del banco central) que no se compensa con deuda del sector privado con los bancos comerciales. Si definimos m = M/P denotando los saldos reales, y π = ∆P/P-1 la tasa de inflación: Esta ecuación muestra que el señoreaje también puede ser definido como la suma del incremento en el stock de saldos reales de dinero, ∆m, y el cambio en el stock real de dinero debido a la inflación: m-1π/(1+π). El segundo término representa el impuesto inflacionario: donde π/(1+π) es la alícuota y m-1 la base imponible. Esta expresión indica que, en estado estacionario, como los saldos monetarios son constantes (∆m = 0), el señoreaje es igual al impuesto inflacionario. La base monetaria esta implícitamente tratada como que no paga interés, pero esto no siempre es el caso: los requerimientos de reservas de bancos comerciales mantenidos en el banco central a veces ganan un interés. En esas condiciones, la ecuación anterior exagera el ingreso por señoreaje por lo que debe corregirse la fórmula para obtenerse una medida apropiada. Un concepto relacionado es el de “la carga de interés perdida” o “el interés ahorrado” por el gobierno a través de su habilidad de emitir pasivos que no paguen intereses. Desde este punto de vista, los ingresos que el sector privado pierde por “los intereses ganados perdidos” (es decir, el costo de oportunidad de la moneda) se corresponden con el equivalente de ingresos ganados por el gobierno por emitir dinero. Esto puede medirse como:

iM/P, en términos de flujo, donde i es la tasa de interés nominal de corto plazo sobre los bonos del gobierno. La medida convencional de señoreaje y la medida de costo de oportunidad están relacionados por la identidad que iguala el valor presente (descontado) del señoreaje corriente y futuro, al valor presente (descontado) de los intereses ahorrados hoy y en el futuro (el cual corresponde aproximadamente a las ganancias operativas del banco central), menos el valor inicial del stock de base monetaria. En la práctica, sin embargo, este concepto es raramente usado porque la definición apropiada del costo de oportunidad del dinero (i) es algo arbitrario. Actividades cuasi-fiscales y pasivos contingentes. Las actividades cuasi fiscales pueden ser definidas como operaciones cuyos efectos pueden, en principio, ser duplicados por medidas presupuestarias en la forma de un impuesto explicito, un subsidio o un gasto directo. Son frecuentemente llevadas a cabo por el banco central del país, pero a veces también por los bancos comerciales de propiedad estatal y las instituciones financieras públicas, tal como bancos de desarrollo. Ellas son motivadas, la mayoría de las veces, por el deseo de esconder, esencialmente, actividades presupuestarias por razones políticas u otras razones. Principales ejemplos de actividades cuasi-fiscales: 1) crédito subsidiado: implica comúnmente, préstamos a tasas preferenciales del banco central al gobierno u otras entidades públicas, o préstamos subsidiados instituciones financiera de propiedad estatal especializadas a grupos de prestatarios del sector privado, frecuentemente, con inadecuados requerimientos de colateral. 2)manipulación de reservas y requerimientos legales de liquidez: por ejemplo, mediante regulaciones del banco central requiriendo que los bancos comerciales mantengan más reservas (lo cual sirve como base para prestar al gobierno por debajo de las tasas de mercado) o que mantengan una proporción mayor de sus activos líquidos en forma de securities del gobierno, que pagan tasas por debajo de las de mercado. Ambas políticas le permiten al gobierno captar fuentes de financiamiento para su déficit presupuestario. Debe notarse que si el banco central, al mismo tiempo, debe remunerar las reservas liquidas a la tasa de interés de mercado, prestar al gobierno a tasas más bajas crea un gasto cuasi-fiscal. 3)prácticas de tipos de cambios múltiples: esto puede tomar la forma, por ejemplo, de que el banco central permita que el gobierno acceda a sus reservas a un tipo de cambio más apreciado para los servicios de la deuda externa, o para financiar las compras de bienes importados por las empresas estatales. Otra forma pueden ser los requerimientos de rendición (o de entrega) los ingresos de exportación a un tipo de cambio más apreciado que la tasa de mercado. Este es un impuesto implícito sobre las exportaciones que puede tener grandes efectos distorsionantes potenciales sobre los flujos comerciales y los patrones de producción. Eliminarlos (por unificar el tipo de cambio) también tiene importantes implicaciones para la inflación. 4)garantías de tipo de cambio: pueden estar dadas por el banco central al sector público o entidades del sector privado, sobre el repago del principal y el interés de la deuda expresada en moneda extranjera. Por ejemplo, el banco central puede garantizar a prestatarios privilegiados que el tipo de cambio al cual los servicios de la deuda serán convertidos es la tasa a la cual el préstamo fue inicialmente acordado. Tales garantías pueden implicar un subsidio bastante considerable. 5)rescate de bancos comerciales en problemas: lo cual ocurre cuando el banco central provee una infusión de capital en los bancos con problemas, o directamente toma el control de algunos de los activos sin rendimiento de los bancos problemáticos y emite bonos que paguen intereses. 6) operaciones de esterilización: resultan esencialmente del banco central pagando tasas de interés sobre pasivos a una tasa más alta que la ganada sobre las reservas externas que eligió acumular, frecuentemente como contraparte para sostener la entrada de capitales. las garantías de tipo de cambio, en particular, son operaciones comunes para el banco central, ellas implican que el costo de pedir prestado en moneda nacional es la tasa de interés que prevalece en el mercado mundial de capitales. Si la tasa de interés doméstica es significativamente más alta que la tasa extranjera, el subsidio implícito puede ser muy grande y puede conducir a un sobre-endeudamiento. Mientras el tipo de cambio se mantenga en el mismo nivel a cuando el préstamo fue acordado, la garantía sigue siendo implícita y no tiene efectos sobre las ganancias y pérdidas del banco central. Sin embargo, si el tipo de cambio nominal se deprecia, el banco central se enfrentaría a pérdidas substanciales. Por cambiar lo que son esencialmente impuestos y subsidios de las cuentas del gobierno a las cuentas del banco central, las actividades cuasi-fiscales pueden distorsionar severamente la medición de ingresos y gastos, no solo del gobierno sino también de otras entidades públicas. Con ello, las medidas convencionales de déficit fiscal dejan de ser indicadores válidos para evaluar la postura de la política fiscal, su capacidad de pago y sostenibilidad de los déficits. Muchas actividades cuasi fiscales conducen a la creación de pasivos contingentes implícitos, definidos generalmente como obligaciones que el gobierno debe cumplir, a pesar de que esos requeridos reembolsos son típicamente inciertos antes de que una falla (o algún evento) ocurra. Un ejemplo claro de esto son los pasivos creados por la necesidad de apoyar al sistema financiero y grandes empresas. Los países en desarrollo se enfrentan a varios tipos de pasivos fiscales contingentes explícitos, definidos como obligaciones que el gobierno está legalmente obligado a honrar si la entidad que inicialmente los contrató no puede hacerlo (o elige no hacerlo). En suma, estos tipos de pasivos han crecido rápidamente en muchos países en desarrollo en los años recientes creando significantes riesgos fiscales. Por sus potenciales efectos distorsionantes sobre la asignación de recursos, eliminar o al menos reducir el alcance de las actividades cuasi-fiscales se ha convertido en el principal objetivo de la administración macroeconómica. Sin embargo, por razones políticas u otras, esa mejor solución tal vez sea difícil de conseguir en el corto plazo, por lo que la segunda mejor solución es introducir cada operación en el presupuesto, para, primero, identificarlas y cuantificarlas, y luego para transformarlas en impuestos y gastos explícitos, lo que permitirá evaluar correctamente el desempeño de la política fiscal (aunque esta también puede ser una solución difícil de alcanzar debido a que calcular los costos esperados de los pasivos contingentes se vuelve complicado por los problemas de riesgo moral: hacer explícitos los pasivos contingentes puede generar cambios en el comportamiento del sector privado perjudicando la situación. Además, aumentar la transparencia fiscal puede encontrarse con una fuerte resistencia política). La restricción presupuestaria del gobierno. Donde G es el gasto público sobre bienes y servicios (incluyendo gastos corrientes y de capital), TT son los ingresos tributarios netos de transferencias, TN son los ingresos no tributarios; B es el stock de deuda pública interna al final del periodo, la cual paga intereses a una tasa i determinada por el mercado; Bg* es el stock de deuda pública externa al final del periodo, la cual para intereses a una tasa i*; E es el tipo de cambio nominal, y Lg es el stock nominal de créditos del banco central al gobierno. Por simplicidad, se asume que el banco central no carga intereses sobre sus préstamos al gobierno (lo que frecuentemente ocurre en la práctica). Esta ecuación no considera explícitamente subsidios externos o ingresos derivados de activos tal como recursos naturales y propiedad de capital, componentes que pueden ser importantes en la práctica (y deberían incluirse en T N). Tampoco contabiliza explícitamente los ingresos derivados de la venta de activos del sector público, como ingresos por privatizaciones de empresas públicas. Tales ingresos se contabilizan frecuentemente como TN, pero como tales ingresos son de carácter temporal, esta práctica puede conducir a subestimar el déficit fiscal. La venta de activos públicos afecta el valor neto del gobierno: si el valor de venta de una empresa pública más el valor presente de los futuros impuestos que pagará la empresa una vez privatizada excede la suma del valor presente de los subsidios futuros y futuras pérdidas que el gobierno podría incurrir si se queda con la empresa, entonces el valor neto del gobierno aumenta. Los cambios en el valor neto del gobierno pueden afectar a la prima de riesgo que los tenedores de bonos demandan sobre la deuda del sector público y así aumentar los pagos de intereses de la

deuda. Finalmente, esta ecuación no contabiliza explícitamente las actividades extra-presupuestarias. El lado derecho de la ecuación se denomina déficit fiscal convencional. El déficit fiscal primario es aquel que no incorpora los intereses de la deuda: D = G –T. el déficit fiscal convencional puede ser muy sensible a la inflación: debido al efecto de la inflación sobre el pago de intereses de la deuda pública. Este efecto será mayor cuanto mayor sea la deuda pública interna. En esas condiciones, el déficit convencional no proporciona una medida confiable del incremento en el endeudamiento real del gobierno. La parte de la deuda reducida por la inflación es, en cierto sentido, un pago de amortización que compensa a quienes mantienen deuda del gobierno por la erosión del valor real del stock de deuda. En otras palabras, algo de déficit no incrementará la deuda real, sino que efectivamente la mantendrá a los niveles previos. Como consecuencia, el déficit convencional sufre de dos limitaciones: 1) deja de ser un indicador confiable de la sustentabilidad de la deuda: el déficit convencional puede aumentar bruscamente debido a un repentino aumento en la inflación, sin necesariamente implicar un deterioro en la sustentabilidad de largo plazo de la posición fiscal; 2) los cambios en el déficit convencional ya no proporcionan una medida adecuada del esfuerzo fiscal. El déficit primario es, en este caso, más confiable, a pesar de que refleja inadecuadamente las implicaciones de financiamiento de la política fiscal. Los economistas usan alternativamente, un déficit operacional, el cual se calcula “neteando” los efectos de la inflación sobre los intereses de la deuda, a partir del déficit convencional, definido en términos reales. Sin embargo, el déficit operacional tiene un problema conceptual cuando la inflación es altamente variable, por la dificultad de medir e interpretar el pago de intereses reales. Específicamente, como la tasa de interés es una función de la tasa de inflación esperada, el uso de la tasa de inflación actual para calcular el déficit operacional puede ser engañoso sin prever los shocks inflacionarios que ocurren en el periodo. La inflación puede afectar a los gastos e ingresos, además de los intereses de la deuda, y de esta forma, a las tres medidas del déficit (por ejemplo, la inflación puede incrementar el gasto en transferencias, o conducir a un incremento de la recaudación si las alícuotas son progresivas, puede reducir el nivel de ingresos en la presencia de rezagos en la recaudación – conocido como el efecto Olivera-Tanzi: si N es el rezago mensual en la recaudación, y π es la tasa de inflación mensual, la pérdida de ingresos viene dada por (1+π)-N-1). Evaluando la postura de la política fiscal. Herramientas útiles para evaluar la postura de la política fiscal en el mediano plazo son el balance presupuestario estructural y la medida de impulso fiscal. Esto permite determinar la medida en la cual los cambios en el déficit presupuestario actual se deben a factores estructurales (en particular, las acciones de política discrecional), más que a movimientos cíclicos. Los ajustes cíclicos de la política fiscal son también importantes para evaluar la dinámica asociada con programas de estabilización. Los movimientos del déficit presupuestario atribuibles al ciclo económico (o fluctuaciones de corto plazo de la demanda agregada) pueden ser vistos como auto correctivos, mientras que cambios en el déficit debido a factores estructurales pueden ser compensados solo a través de medidas de política discrecional. El cálculo del déficit presupuestario estructural se basa en elasticidades para ajustar los ingresos y los gastos. El ajuste cíclico de los ingresos tributarios se hace, en la práctica, sobre estimaciones desagregadas. En el caso de los gastos, se ajustan aquellos que no pagan intereses. El componente cíclico del déficit puede ser estimado mediante la diferencia entre el déficit observado y el estructural. Como los gastos excluyen los pagos de intereses, entonces se lo llama déficit estructural primario. Hay varias limitaciones asociadas al déficit presupuestario estructural y a la medida de impulso fiscal. Una limitación es que los movimientos es los componentes estructurales de ingresos y de gastos no pueden ser vistos solo como directamente correlacionado ya se con la política discrecional o con el ciclo económico. Además, esas medidas no contabilizan el efecto sobre la política fiscal en el largo plazo de la tasa de interés y de las distorsiones asociadas con los impuestos y con programas de transferencias sobre el lado de la oferta de la economía. Finalmente, los cambios estructurales en la economía, o reformas tributarias o de gastos, pueden cambiar la sensibilidad del presupuesto a los movimientos cíclicos del producto en el futuro, por lo que, asumir elasticidades constantes puede no ser apropiado eb el mediano plazo. Reglas de déficit, techos presupuestarios y transparencia fiscal. Medidas orientadas a reducir el déficit fiscal, tal como recortes de gastos salariales o transferencias a hogares, no siempre garantizan un mejoramiento sostenido en las finanzas públicas. En el intento de alcanzar la consolidación fiscal éstos pueden tener efectos inversos, lo que frecuentemente resulta de una resistencia política a la austeridad. Las reformas institucionales pueden dividirse en tres grupos: 1) déficit forma y reglas de deuda: implica mantener el déficit y la deuda pública en un valor fijo, en términos del PIB (la deuda neta es el mejor indicador para evaluar la sustentabilidad fiscal, pero las dificultades de medición son en término de cuales activos considerar y como valorarlos). La desventaja de esta estrategia es que la definición apropiada de ese valor crítico es compleja. Si la deuda se encuentra muy por debajo del techo, tal vez haya significante espacio de maniobra en el corto plazo y pocas restricciones de política. 2) límite de gastos: consiste en imponer un techo sobre áreas específicas de gasto o programas particulares. La principal ventaja de este enfoque es que el proceso es bien conocido por los participantes en las negociaciones presupuestarias y por el público en general, y aborda el problema del sesgo al déficit por direccionar la principal fuente de aumento del déficit presiones políticas e institucionales a incrementar el gasto. Los gobernadores tienen mayor responsabilidad ya que el gasto público está bajo su control directo. 3) transparencia fiscal: pretende alterar el trade-off entre la necesidad de flexibilización y de disciplina de la política fiscal. Una transparencia comprometida debería mejorar la credibilidad e incrementar las posibilidades de que el gobierno pueda mantener credibilidad incluso cuando necesite desviarse temporalmente de la regla fiscal u metas (o con cambios substanciales con respecto a la regla). Ambas, las reglas fiscales y la transparencia, sirven para fortalecer la disciplina fiscal. Poner techos sobre gastos específicos, puede imponer la disciplina discal mientras permita la operación de estabilizadores automáticos en ambos, ingresos y gastos, y de esta forma operar cíclicamente ajustado a la regla de déficit. Mientras que las reglas pretenden limitar la influencia de los efectos contingentes sobre los resultados fiscales, la transparencia pretende incrementar la responsabilidad en el diseño e implementación de la política fiscal. Los elementos clave de esos marcos comparten son: una base legal explicita (sin embargo, la legislación no es el único medio para alcanzar la transparencia fiscal), la elaboración de principios que guíen la política fiscal, un requerimiento de que los objetivos sean claramente establecidos, un énfasis en la necesidad de un horizonte de largo plazo para la política fiscal, y la demanda de reportes de política fiscal para el público. La principal ventaja de las reglas fiscales, comparado con otros enfoques, es que son claras y se focalizan en un buen entendimiento de los agregados macroeconómicos. La principal crítica a las reglas de déficit en general, y a las reglas de balance presupuestario en particular, es que son inflexibles y tienden a ser pro-cíclicas (aumentando el déficit en los buenos tiempos y rediciéndolo en los malos). Debido a ello, las reglas sobre el déficit son frecuentemente redefinidas y se aplican, generalmente, sobre el déficit ajustado cíclicamente (tal como el déficit presupuestario estructural) o en un promedio del ciclo económico (de esta forma, permiten la operación de estabilizadores automáticos y la posibilidad de proveer algún espacio para la discrecionalidad en el ciclo). Las reglas basadas en la política fiscal tienen que lidiar con dos inconvenientes: 1) alcanzar la sustentabilidad fiscal bajo reglas fiscales no debería hacerse a expensas de la estabilidad macroeconómica, por deteriorar el rol estabilizador de la política fiscal en el corto plazo: las reglas deberían ser flexibles permitiendo ajustarse a los shocks exógenos que están fuera del control del gobierno. 2) la aplicación de las reglas en un marco que no asegure la transparencia, podría ser contraproducente. Evitar la excesiva rigidez de las reglas fiscales es un problema clave en su diseño. Las cláusulas de ajuste

tal vez sean necesarias para evitar obviar por completo el rol contra-cíclico de la política fiscal. La resistencia política puede ser un problema insuperable. Desbalances fiscales y déficit externo. El vínculo entre la las cuentas fiscales y externas se deriva del balance agregado entre el ahorro y la inversión: Donde IP es la inversión privada, SP el ahorro privado, G gasto corriente del gobierno, T los ingresos corrientes del gobierno, J importaciones y X exportaciones de bienes y servicios, y N T transferencias corrientes netas del extranjero. Esta ecuación indica que la contraparte del balance de cuenta corriente (o el ahorro externo) es el des-ahorro del gobierno o un exceso de la inversión privada sobre el ahorro privado. La implicación de la ecuación es que mientras (IP – SP) se mantenga estable, los cambios en el déficit fiscal podrían estar estrechamente asociados con movimientos en el déficit de la cuenta corriente (la evidencia empírica sugiere que éste es el caso). Sin embargo, puede ocurrir que un incremento en el gasto público genere una reducción de la inversión privada, como resultado de un efecto crowding-out mediante el mercado del crédito, manteniendo constantes las demás componentes, o que el ahorro privado aumente, porque los individuos anticipan los mayores impuestos en el futuro por la necesidad de financiar el déficit mayor. La correlación entre el déficit fiscal y externo depende del efecto de la política fiscal sobre las decisiones de inversión y de ahorro del sector público. Adicionalmente, los déficits fiscales pueden responder a cambios en la cuenta corriente, más que causarlos. Ambos efectos sugieren lo que se conoce como doctrina de Lawson, según la cual, un gran déficit de cuenta corriente resultado de un exceso de la inversión privada por sobre el ahorro, no debería ser motivo de preocupación (lo cual es dudoso). Consistencia y sostenibilidad. Se presenta un marco integrado para evaluar la consistencia entre la política fiscal y los objetivos macroeconómicos (tal como metas de inflación). Marco de consistencia. Un marco de consistencia para la política fiscal y la macroeconómica, permanece, esencialmente, sobre la restricción presupuestaria del gobierno. Esto puede ser operado por dos modos: 1) modo déficit: permite el cálculo de un déficit fiscal financiable, dados los objetivos para la inflación y otras variables macroeconómicas; 2) modo inflación: permite el cálculo de una tasa de inflación consistente con los objetivos sobre el déficit fiscal y otras variables macroeconómicas. La restricción presupuestaria del gobierno establece que el déficit fiscal puede ser financiado por pasivos monetarios, deuda interna, y/o deuda externa. En presencia de múltiples objetivos macroeconómicos, cada fuente de financiamiento puede volverse interdependiente y determinar el nivel del déficit primario que puede ser financiado bajo la línea. En la medida en que el déficit primario actual exceda ese nivel, los hacedores de política deberán ajustar la posición fiscal y/o revisar los otros objetivos. Recordando la restricción presupuestaria, donde D es el déficit primario y Lg son los créditos netos del banco central al gobierno. El primer paso es la consolidación del balance del gobierno y del banco central. Sumando y restando en el lado derecho de la ecuación el término E∆R*, el cambio en las reservas mantenidas por el banco central (medidas en moneda nacional), se llega a la segunda ecuación. Supongamos que el banco central extiende créditos solo al gobierno, por lo que su hoja de balance viene dada como a continuación, donde CU es la moneda en circulación, RR reservas mantenidas en el banco central por los bancos comerciales contra sus depósitos, y NW cb son las ganancias acumuladas por el banco central (o el valor neto). por simplicidad, se asume que las reservas no pagan intereses. La base monetaria es M = CU + RR. Una variación en la base monetaria, ∆M, es igual a un cambio en el crédito al gobierno, ∆Lg, más un cambio en las reservas oficiales, E∆R*, menos un cambio en el valor neto del banco central, ∆NWcb. Es decir: ∆M = ∆Lg + E∆R* - ∆NWcb. Cuando no hay bancos comerciales en la economía, las RR = 0, y la base monetaria M = C U. Como la base monetaria es considerada un pasivo para el sector público, los activos externos netos que mantienen el banco central deben también ser sustraídos de la deuda externa del gobierno para calcular los pasivos externos netos del sector público. Para hacer explícita la relación entre el déficit fiscal, la creación monetaria y la inflación, se reescribe la ecuación como la última forma (página 96). Del modelo se pueden derivar dos resultados para una función de demanda de dinero dada: 1) un déficit fiscal primario que es consistente con un nivel de deuda total dado en términos del PIB (doméstica y externa) y dada una meta de inflación; 2) una tasa de inflación consistente con un nivel de deuda total dado en términos del PIN (doméstica y externa) y dada una meta sobre el déficit fiscal primario. El modelo permite calcular una tasa de inflación consistente (o sostenible) para una meta sobre la deuda (en términos del PIN). Sin embargo, pueden surgir múltiples soluciones para una tasa de inflación sostenible si la función de demanda de dinero no tiene una relación lineal con la tasa de inflación o con la tasa de interés. El marco descrito no garantiza que todos los objetivos macroeconómicos se alcancen, sólo asegura que la política fiscal es consistente con esos objetivos. Sostenibilidad fiscal y externa. Aquí deben considerarse las restricciones impuestas sobre la deuda doméstica y externa. La sostenibilidad fiscal no necesariamente es suficiente para la sostenibilidad externa. El comportamiento del sector privado es crucial para explicar la divergencia entre la sostenibilidad fiscal y la externa. En la identidad ahorro-inversión presentada antes, se evidencia que un des-ahorro del gobierno, dadas las decisiones de ahorro e inversión del sector público, se trasladaría automáticamente a un déficit de cuenta corriente mayor. Si los ahorros netos del sector privado son positivos, una insostenible política fiscal no necesariamente implicaría una insostenible posición externa. La diferencia entre el gasto financiable y el gasto actual determinará la dirección del ajuste para alcanzar tanto los objetivos fiscales como los externos. Restricciones de sostenibilidad y solvencia. En este marco se reconoce que la restricción presupuestaria del gobierno tiene una dimensión inter-temporal. La condición de solvencia inter-temporal es central para evaluar la sostenibilidad de mediano y largo plazo del déficit fiscal y de la deuda pública. En el análisis se supone que el gobierno no tiene acceso al mercado internacional de capitales (como ocurre en pequeñas economías en desarrollo), por lo que se elimina la deuda externa como fuente de financiamiento. La ecuación indica que si la tasa de interés doméstica, r, excede a la tasa de crecimiento del PIB, θ, entonces el cociente será mayor a 1, y la deuda en términos del PIB tendrá un crecimiento explosivo a lo largo del tiempo. A no ser que el ingreso por señoreaje, s, crezca más rápido que el déficit primario (que ocurra lo contrario, no asegura que se alcance la solvencia). Asumiendo θ y r constantes, se obtiene que la deuda doméstica en términos del PIB, debe ser igual al valor

presente descontado de futuros ingresos por señoreaje, ajustados por el balance fiscal primario, más el valor presente descontado de la deuda mantenida en el periodo final. Lo que importa es el valor presenta de los ingresos y gastos del gobierno y no lo que pasa día a día. Esto implica que la solvencia no es suficiente para identificar una única postura fiscal, lo cual hace que el gobierno posea algunos grados de libertad en la selección de los instrumentos de la política fiscal que puede manipular pata asegurar la solvencia. Las siguientes, son las principales opciones de política que se pueden considerar para cerrar la brecha de solvencia: -

Reducir el déficit primario corriente y futuro ya sea, recortando gastos o aumentando impuestos. Incrementar los ingresos por señoreaje corrientes y futuros. El alcance de esta política es limitado debido a la existencia de una curva de Laffer para el impuesto inflacionario. Declarar un default total o imponer moratorias unilaterales sobre los pagos de deuda interna y externa. Esto puede incrementar el riesgo país generando un incremento en la brecha de solvencia.

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Para el análisis de solvencia, deben tenerse en cuenta las interacciones entre esas variables y el déficit fiscal primario para evitar sesgos en los resultados. La restricción de solvencia impone solo una restricción débil a la política fiscal. Adicionalmente, puede ocurrir que la política fiscal que era solvente inicialmente puede no serlo en otro momento del tiempo. Shocks de términos de intercambio y déficits. Particularmente en el corto plazo, los shocks en los precios internacionales pueden jugar un rol importante. En muchos países que son dependientes de las exportaciones de bienes primarios, los ingresos tributarios están fuertemente afectados por movimientos en los precios internacionales. Cuando los precios internacionales se incrementan, los ingresos del gobierno son impulsados directamente en los países que las empresas productoras de dichos bienes son de propiedad estatal, e indirectamente por el incremento de los impuestos sobre el comercio y sobre las ganancias. En este análisis entra en juego la “enfermedad holandesa”. ¿Puede la austeridad fiscal ser expansiva? La visión convencional de austeridad fiscal (referida a la visión de Keynes) es que un recorte de gastos públicos hará reducir la demanda agregada y el producto. Algunos economistas argumentaron que esta visión tradicional no se mantiene en los países donde el déficit presupuestario y la deuda pública son muy grandes. Esto ha sugerido que la austeridad fiscal puede ser expansiva. Esta posibilidad se refiere al caso del multiplicador fiscal negativo: descansa esencialmente en la visión de que las expectativas sobre las políticas futuras pueden tener un efecto mayor sobre la tasa de interés, dependiendo del grado de credibilidad. Una caída de la tasa de interés y la asociad reducción de los servicios de la deuda pública puede tener un efecto expansivo sobre el producto a través de dos canales: 1) del lado de la demanda: por bajar el costo del capital, incrementar la inversión, estimular el consumo de bienes durables, incrementar el valor de mercado de los stocks y bonos. 2) del lado de la oferta: reducir el costo del financiamiento para las firmas que dependen de créditos. 2-

La anatomía de una crisis múltiple: qué tenía Argentina en especial y qué podemos aprender de ella (Guillermo Perry – Luis Serven)

La evolución económica de Argentina fue superior a la de la mayoría de las economías de la región hasta 1997 en términos de crecimiento per cápita aunque la distribución del ingreso no mejoro y el desempleo se mantuvo en niveles elevados - bajo condiciones externas relativamente benignas (términos de intercambio externo, entrada de capitales y diferenciales de tipos de interés, crecimiento mundial), a pesar de una breve interrupción en 1995 debida al severo contagio de la llamada crisis de Tequila. Luego de la gran desaceleración del crecimiento que afectó a toda la región en 1999, debido principalmente a la disminución del flujo de capitales fruto de la crisis rusa, otros países de la región iniciaron una modesta recuperación, mientras que Argentina se hundió en una profunda recesión que revirtió muchos de sus logros precios en términos de reducción de la pobreza. ¿En qué medida esta diferente evolución del crecimiento puede atribuirse a que Argentina recibió shocks externos más severos que en otras economías en la región?El hecho de que la evolución de Argentina fuese peor que la de otros países después de 1999 debe atribuirse a su mayor vulnerabilidad ante los shocks, a respuestas de políticas más débiles, o a una combinación de ambas. La gran reversión del flujo de capital en el 2001 fue fruto de factores específicos de Argentina. La súbita interrupción del flujo de capitales fue un amplificador más que la causa primaria de la crisis. la fijación del tipo de cambio y la inflexibilidad de los precios y salarios nominales domésticos obligaron a un lento ajuste deflacionario en respuesta a la depreciación del euro y del real, a los shocks de los términos de intercambio externo y al shock de los mercados financiero mundiales de 1998, lo cual llevó a una importante sobrevaluación de la moneda y a un rápido deterioro de la posición neta de activos externos. A partir de 1997 todos estos factores condujeron a una creciente sobrevaluación de la moneda que llegó a alcanzar el 55% en 2001. La reversión endógena de los flujos de capitales y el aumento de la prima de riesgo en 2001 amplificaron estos problemas al exigir un mayor ajuste de la cuenta corriente externa. Para agravar las cosas, un ajuste de semejante magnitud bajo un tipo de cambio fijo tenía que basarse en la reducción de la demanda y la deflación a nivel agregado, un proceso lento, costoso e incierto. En la práctica, el tipo de cambio fijo ocultó el grave deterioro de la solvencia fiscal y la creciente tensión financiera. El lento ajuste deflacionario requerido para realinear el tipo de cambio real bajo el régimen de tipo de cambio fijo erosionó inevitablemente la capacidad de pago del gobierno, los consumidores y las empresas del sector no transable. (deudores cuyos ingresos se han visto más adversamente afectados por la deflación. El aumento del valor real de la deuda, relativo al ingreso real debido a la recesión y la deflación en los precios, impactó más fuertemente en el sector no transable). La devaluación nominal de 2002 puso de manifiesto la verdadera magnitud de estos problemas latentes, y los agravó por el sobre ajuste (overshooting) del tipo de cambio y la interrupción del sistema de pagos derivada del congelamiento de los depósitos (“el corralito”), que podría haberse evitado, en parte, por políticas más acertadas. Finalmente, la tensión financiera se vio agravada por la gran exposición de los bancos y los fondos de pensión al creciente riesgo de insolvencia del gobierno. Se produjo un círculo vicioso de contracción económica, penuria fiscal y tensión financiera. A partir de 1998 surgió un grave dilema: una opción era aceptar un doloroso y prolongado ajuste deflacionario manteniendo la Caja de Conversión, intentando conservar entre tanto la confianza de los mercados; la otra opción era permitir una devaluación nominal y adoptar un tipo de cambio flotante, en un intento de acelerar el lento ajuste deflacionario. Sin embargo, eso habría precipitado una latente crisis corporativa, bancaria y fiscal, debido a la posición deudora en moneda extranjera de los sectores público y privado, y al alto grado de sobrevaluación del peso. Para evitar ese escenario, los contratos financieros tendrían que se pesificados antes de flotar. Pero esto a su vez presentada el serio peligro de una bancaria, que hubiera forzado el congelamiento de los depósitos y/o algún tipo de plan BONEX, destruyendo por completo la confianza del público en el dinero como depósito de valor. Las autoridades no utilizaron bien su limitado margen de maniobra. Adoptaron un insuficiente y tardío ajuste fiscal (que debía haberse realizado durante la expansión que terminó en 1999), vacilaron en la elección definitiva de un régimen cambiario, pospusieron excesivamente la necesaria reestructuración de la deuda pública, y dieron lugar a una gran crisis financiera y de pagos (al reducir primero la liquidez del sistema bancario y aumentar excesivamente su exposición al riesgo de insolvencia del

gobierno, y después, al imponer la pesificación asimétrica y arbitraria de activos y pasivos y la particularmente dañina congelación de los depósitos). Estos fenómenos agravaron la profundidad de las crisis y crearon innecesariamente problemas adicionales para la recuperación. Tal vez, una adopción temprana de la dolarización total habría reducido las penurias y la duración del ajuste deflacionario y de ese modo aumentado las probabilidades de éxito de esta opción. Estas difíciles opciones reflejan un profundo problema estructural: la estructura del comercio de Argentina hacía altamente inadecuada una paridad fija con el dólar (desde el punto de vista de la economía real), la clara preferencia por el dólar como depósito de valor (a partir de las experiencias hiperinflacionarias y de confiscación en la década del ‘80) había desembocado en una económica altamente dolarizada en la que un tipo de cambio fijo o incluso la dolarización total parecían alternativas razonables (desde el punto de vista financiero). En retrospectiva, los años de boom hasta mediados de 1998 fueron una gran oportunidad perdida. Mantener el tipo de cambio fijo minimizando el riesgo derivado de los shocks externos adversos habría requerido de varios ingredientes: un significativo fortalecimiento fiscal (no sólo para proteger la solvencia sino también con el claro objetivo de abrir un espacio para la política fiscal anti-cíclica); una flexibilización considerable del mercado laboral y otros mercados domésticos (incluyendo los servicios públicos); significativa apertura unilateral al comercio; y una regulación prudencial bancaria todavía más estricta que la que efectivamente se adoptó(llegando tal vez a un sistema bancario estrecho, mayores provisiones y/o requerimientos de capital para los préstamos a consumidores y empresas del sector no transable, y un muro separador entre los bancos y el gobierno). Esos años habrían sido el momento ideal para llevar a cabo un cambio ordenado del régimen de tipo de cambio. Pero la salida, ya sea hacia un exitoso régimen de tipo de cambio flexible con un ancla monetaria, o hacia la dolarización total, hubiera requerido también significativas reformas estructurales e institucionales. En américa Latina, las semillas de las crisis se plantan con excesiva frecuencia durante los periodos de auge, mediante conductas imprudentes o por falta de acciones preventivas cuyas consecuencias sólo se revelan con la llegada de tiempos difíciles. Una lección clave de la experiencia argentina es la necesidad de adoptar instituciones políticas y económicas que generen los incentivos para hacer frente a opciones difíciles y faciliten las reformas a su debido tiempo y, en particular, que sean menos propensas a amplificar los ciclos económicos. El dilema de sistema de cambio que enfrenta una economía altamente dolarizada, cuyo comercio con Estados Unidos es sólo una fracción de su comercio internacional total, y con una economía mundial caracterizada por monedas altamente volátiles, no es exclusivo de Argentina (Calvo hace referencia a la “dolarización de pasivos” que conduce al “miedo a flotar”). Evolución económica y shocks externos en los ’90. Durante el periodo 1990-1997, la evolución de Argentina fue superior a la de muchas otras económicas en la región en términos de crecimiento. El desempleo aumentó aun cuando la economía crecía vigorosamente, lo que refleja una combinación de tasas crecientes de participación, reestructuración productiva hacia actividades menos intensivas en trabajo y, probablemente, también del deficiente funcionamiento del mercado laboral. La pobreza declinó abruptamente hasta 1994, pero aumentó nuevamente con la crisis del tequila, siguiendo con tendencia creciente. La trayectoria de la desigualdad parece no haber estado subiendo sin interrupción a partir de 1993. ¿Fue la decepcionante evolución de Argentina a partir de 1999 un reflejo de shocks externos más adversos que los que afectaron a otros países latinoamericanos? Debemos considerar los shocks reales (cambios en los términos de intercambio externo y el crecimiento global) y luego las alteraciones de los flujos de capitales. Los términos de intercambio de Argentina de deterioraron alrededor de 10% en 1998-1999, pero se recuperaron rápidamente en 2000-2001. Además, la caída transitoria vino después de un aumento ocurrido en 1996-1997. El deterioro de los términos de intercambio de Argentina fue menos severo que el que padecieron los países exportadores de petróleo, como Venezuela y Ecuador, el deterioro acumulado desde 1997-2001 fue menos pronunciado para Argentina que para Chile y mucho menos que el que experimentó Perú. De todos modos, el impacto económico de estos movimientos en los términos de intercambio externo de Argentina es virtualmente insignificante comparado con otros países. La razón es que Argentina es una economía bastante cerrada, y, por lo tanto, los cambios en los términos de intercambio causan cambios muy modestos en el ingreso real. De hecho, la pérdida de ingreso real de Argentina por la caída de los términos de intercambio externo sumó menos de 0,5% del PIB entre 1998-1999. El shock de términos de intercambio externose define como el producto de los cambios en los precios de las importaciones y las exportaciones, multiplicados por las respectivas magnitudes de importaciones y exportaciones relativas al PIB. La otra fuente de shocks reales adversos fue la caída del crecimiento global que comenzó en el año 2000. La desaceleración del crecimiento de Estados Unidos afectó a Argentina mucho menos que a otros países de la región. De nuevo, la razón principal es que la economía argentina es más cerrada que la mayoría de las económicas latinoamericanas. Además, la fracción de las exportaciones de Argentina destinada al mercado de los Estados Unidos es también mucho menor que en cualquier otro país de la región (se tradujo en una caída modesta de la demanda de exportaciones). Pasemos ahora a considerar las turbulencias provenientes de los mercados financieros mundiales. Tras la crisis rusa, los países latinoamericanos debieron hacer frente a un generalizado aumento en los spreads soberanos. Argentina no tuvo peor suerte que el resto de la región: fue hacia fines del año 2000 cuando el spread de Argentina comenzó a subir por encima del de Brasil. El comportamiento de los flujos de capitales es la imagen reflejada del comportamiento que siguieron los spreads. Los flujos financieros brutos (bonos, créditos bancarios e inversiones de cartera) hacia países latinoamericanos se contrajeron abruptamente luego de la crisis rusa, sin embargo, contracción inicial no fue mayor para Argentina que para cualquier otro país latinoamericano. Fue solo entre 2000-2001 cuando cesaron abruptamente los flujos de capitales hacia Argentina. Así, al principio, Argentina pudo seguir manteniendo déficits de cuenta corriente, como había hecho en los años anteriores, y luego de 1999, cuando los flujos de capitales se habían recuperado para los otros países de la región, en Argentina éstos continuaron cayendo. Esto refleja principalmente factores específicos argentinos más que factores globales. Se construyó un indicador de riesgo global que ofrece una medida del grado de co-movimiento de los spreads de los mercados emergentes, y se lo combinó con el índice de condiciones específicas del país (o riesgo idiosincrático), lo que permitió encontrar dos hechos consistentes en Argentina, Brasil y México: en primer lugar, los flujos de capital reaccionan a cambios del riesgo idiosincrático; y en segundo lugar, la dirección del efecto coincide con la esperada: menor riesgo idiosincrático, así como un menor riesgo global, lleva a un aumento en la entrada de capitales. Sin embargo, los riesgos globales o idiosincráticos no son los mismos en todos los países. Se examinaron dos hipótesis extremas: 1) que los factores domésticos no importan y 2) que los factores globales no importan. Para los tres países considerados hay una fuerte evidencia de que los factores idiosincráticos (factores de atracción) jugaron un papel significativo en las entradas de capitales observadas, y los factores globales (factores de expulsión) no jugaron un rol importante en Argentina (aunque sí para Brasil y México). La interpretación no es que los factores globales no tuvieran importancia para explicar el comportamiento de los flujos de capitales hacia Argentina, sino que en la muestra considerada su importancia es mucho menor que la de los factores idiosincráticos. Resulta revelador cómo la estimación del modelo de los factores de expulsión y de atracción cambia en el tiempo: antes de la crisis rusa, hay una fuerte evidencia de que ambos tuvieron un efecto significativo en los flujos de capitales hacia Argentina, pero luego de la crisis rusa, sólo el riesgo específico del país alcanza significatividad estadística, mientras que los factores de expulsión se vuelven menos importantes. Estos resultados basados en un modelo refuerzan la evidencia informal expuesta antes: Argentina no sufrió golpes más duros que otros países de la región por el deterioro de los términos de intercambio tras la crisis asiática, no por las reversiones del flujo de capitales y aumentos de los spreads que siguieron a la crisis rusa, ni por la desaceleración del

crecimiento de Estados Unidos y el mundo en 2001. Por el contrario, la abrupta reversión de los flujos de capitales en el año 2000 en adelante fue principalmente un fenómeno especifico de Argentina, lo cual debe atribuirse a mayores vulnerabilidades, políticas más deficientes, o ambas a la vez. La desventaja más importante que creó el régimen de Caja de Conversión fue la gran vulnerabilidad de los balances ante shocks externos, que afectaba a toda la economía argentina. Sobrevaluación y ajuste deflacionario bajo tipo de cambio fijo. Como se dijo, el tipo de cambio fijo acentuó las vulnerabilidades externas y obstaculizó el ajuste shocks reales. El tipo de cambio real efectivo (TCRE, ponderado por las participaciones en el comercio) experimentó una considerable apreciación durante los ’90. La evolución del TRCE fue debidamente reflejada en la evolución de las exportaciones objetivas: las exportaciones crecieron menos que en países comparables y su tasa de expansión estuvo estrechamente asociada a la evolución del TRCE. Durante la apreciación real inicial, al establecerse la Caja de Conversión, las exportaciones se estancaron. El TRCE comenzó a preciarse nuevamente en 1997. La apreciación real no necesariamente es síntoma de desequilibrio que necesite ser corregido. Se ofrecieron diversas razones para explicar la persistente apreciación real del peso como un fenómeno de equilibrio: 1) las reformas para aumentar la eficiencia a principios de los ’90 habían llevado a un aumento permanente en la productividad en la economía argentina, que hubiera justificado la apreciación permanente del TRCE; 2) la visión de que el peso estaba sobrevaluado; 3) La sobrevaluación del dólar americano (o “atarse a la moneda incorrecta”) ha sido uno de los argumentos para explicar la sobrevaluación del peso, esto no es un shock externo sino más bien un shock auto-infligido por la elección del régimen monetario de Argentina (dado que la apreciación del peso parcialmente inducida por la apreciación del dólar llevó a una caída de los AEN en términos del PIB, y así a la caída del TCRE de equilibrio, estar atado a un dólar fuerte podría explicar hasta la mitad de la sobrevaluación del peso). Algo similar ocurrió con la devaluación del real. En muchos casos, el TRCE era simplemente comparado con su valor histórico bajo el punto de vista de que el TRCE de equilibrio es constante (la llamada Paridad del Poder de Compra – PPP), lo que sugiere que el peso estaba inicialmente subvaluado en 1990, pero se volvió cada vez más sobrevaluado después de la introducción de la Ley de Convertibilidad en 1991. Sin embargo, este enfoque descuida dos factores importantes que dan forma la TRCE de equilibrio: 1) nivel de productividad relativa entre países (un aumento en la productividad de los transables en un país dado relativo a sus socios comerciales debe llevar a una apreciación del TRCE – lo que se conocer como el efecto BalassaSamuelson); y 2) la suficiencia de la cuenta corriente para sostener los flujos de capitales de equilibrio. El tipo de cambio real debe ser consistente con una posición de balanza de pagos tal que cualquier desequilibrio de la cuenta corriente es financiado por un flujo sustentable de capital internacional, sin conducir a una acumulación explosiva de activos o pasivos externos. Un stock sustentable de activos externos netos está dado por el valor presente de los futuros superávits comerciales. En este contexto, el TRCE de equilibrio es aquel que permite sostener una posición de activos financieros extranjeros netos e la economía en el largo plazo. Una visión alternativa basada en los flujos asigna a las fluctuaciones exógenas del flujo de capitales un papel dominante en la determinación del TRCE de equilibrio. De acuerdo con este enfoque, el nivel de equilibrio del tipo de cambio real es el que iguala el balance de la cuenta corriente y la oferta (exógenamente dada) de financiamiento externo neto. En el análisis presente se utiliza la estructura analítica que combina ambos aspectos: se tienen en cuenta simultáneamente el equilibrio interno (productividad) y externo (posición de activos) de la economía, lo que permite extraer inferencias sobre el equilibrio o desequilibrio general del tipo de cambio real. Hay dos etapas en la trayectoria del TRCE de equilibrio: una apreciación inicial en 1991-1993 y una depreciación constante desde 1994 que en 2001 habían llevado al TRCE de equilibrio por debajo de su valor inicial. Entre 1990-1995 el TRCE estaba sobrevaluado (por encima de su valor de equilibrio), en 1996 TRCE y el de equilibrio coinciden exactamente, y desde 1997 el TRCE se encontró por debajo de su valor de equilibrio en un 55% (el peso estaba sustancialmente sobrevaluado en 2001). Hay evaluaciones contradictorias entre las dos metodologías (PPP y la anterior) lo que se debe a que en esta metodología se tiene en cuenta el diferencial de productividad entre Argentina y sus socios comerciales, y la posición de activos netos de Argentina. Gran parte de las ganancias productivas pueden provenir de las ganancias de eficiencia derivadas del final de la hiperinflación alcanzada en 1991. En 1993-1994 no hubo ganancias adicionales de productividad relativa, y de hecho, una reversión tuvo lugar desde 1994. Esta ausencia de nuevas ganancias en productividad es consistente con el estancamiento del proceso de reforma estructural de Argentina en la segunda mitad de la década. La apreciación del TRCE de equilibrio a finales de la década fue impulsada por la posición neta de activos externos de equilibrio (un aumento en la posición de AEN relativa al PIB requiere de una depreciación del TRCE de equilibrio). Hacia 1999-2000 el desbalance de la cuenta corriente argentina no era mucho mayor que la norma de la región, pero Argentina incurría en ese déficit en medio de una recesión severa con intensificación del desempleo. Esto sugiere que el déficit de cuenta corriente de pleno empleo habría sido mucho más alto que el efectivamente observado. En resumen, el TCRE se atrasó a partir de 1996 como resultado del estancamiento de la productividad relativa y el aumento de las obligaciones externas relativas al PIB. La apreciación del dólar y la depreciación del real contribuyeron a esta sobrevaluación del peso. Es importante subrayar que se llegó a esta conclusión en un contexto donde las fluctuaciones de los flujos de capitales no juegan ningún papel en la determinación del TCRE de equilibrio (lo cual es consistente con la evidencia de que los factores globales no tienen un efecto contagio significante). Persistencia de los des-alineamientos. Los des-alineamientos reales pueden ocurrir, y de hecho ocurren, tanto bajo regímenes de tipo de cambio fijo como de tipo de cambio flexible. La diferencia es que, bajo tipo de cambio flotante, un des-alineamiento real puede eliminarse rápidamente con un ajuste del tipo de cambio nominal. en un régimen de tipo de cambio fijo, el ajuste del tipo de cambio real debe ocurrir a través de cambios en el nivel relativo de los precios domésticos frente a los precios externos (perturbaciones que requieren una depreciación real demandan una caída en el diferencial de inflación vis a vis los socios comerciales a fin de restaurar el TCRE de equilibrio: si la inflación del socio comercial es baja, entonces los precios domésticos deben caer en términos absolutos; en condiciones de inercia nominal, la deflación requiere de una recesión lo cual hace que el proceso de ajuste sea lento y costoso desde el punto de vista del producto y el empleo, y podría socavar la confianza en la sustentabilidad el tipo de cambio fijo en sí mismo (especialmente cuando las instituciones fiscales son débiles). El deterioro de los términos de intercambio genera así una pérdida mayor, en términos de pérdida de producto, bajo un régimen de tipo de cambio fijo que, bajo uno de tipo de cambio flotante. En el primero la depreciación es gradual y modesta (generalmente insuficiente para compensar el des-alineamiento del TCRE) a pesar de la abrupta contracción del producto, mientras que el segundo, la depreciación es inmediata. En el caso argentino, la deflación requerida para absorber los shocks reales habría sido políticamente difícil o imposible de alcanzar. La apreciación real del dólar y la depreciación real de Brasil, manifiestan el peligro de fijar el peso a una moneda que sólo representa el 15% del comercio externo total de Argentina, y especialmente en una economía tan cerrada como Argentina en la que el comercio con Estados Unidos representa menos del 3% del PIB. Política fiscal durante el boom y la recesión. Los balances fiscales de Argentina durante la primera parte de los noventa parecían mejores de lo que realmente eran, ya que incluían por encima de la línea algunos ingresos por privatizaciones y ocultaban importantes obligaciones fiscales que luego fueron parcialmente reconocidas, especialmente desde 1994 en adelante. La deuda pública cayó hasta 1993 gracias al uso de grandes ingresos por privatizaciones y al plan Brady. Desde 1995, el gobierno federal absorbió los déficits de caja previamente incluidos en el sistema previsional

provincial. El balance fiscal estructural primario del gobierno federal se deterioró de forma significativa durante el periodo de boom, desde finales de 1995 hasta 1998, mientras que hubo un importante ajuste luego, interrumpido por sub-periodos de relajación, especialmente durante la campaña electoral de fines de 1999. Las estimaciones del impulso fiscal muestran efectivamente una posición expansiva significativa del gasto del gobierno Federal durante el periodo de boom, seguida de un progresivo ajuste a partir de mediados 1998 (excepto en el periodo de elecciones). El impulso fiscal, siguiendo el método de Blanchard, compara los ingresos y gastos efectivos con los que hubieran tenido lugar si las “circunstancias económicas” del año anterior (inflación, tasas reales de interés, desempleo y tendencia del producto) hubieran prevalecido. En muchos casos los problemas fiscales de Latinoamérica se originan en booms, cuando las instituciones fiscales débiles y la complacencia de política no facilita el alcance de superávits. Como consecuencia, la política fiscal ha de ser pro-cíclica también durante los tiempos difíciles y ocasionalmente acabando en severas crisis fiscales. El ajuste del balance estructural primario que tuvo lugar luego de 1998 no fue suficiente para compensar los crecientes pagos de interés, los cuales pasaron de un 2% del PIB a un 3,4% entre 1995 y 1999, y a un 4,3% en 2001 (el balance estructural del gobierno se mantuvo negativo desde fines de 1996). Mucho de ese aumento debe atribuirse a la subida de las tasas implícitas de interés de la deuda púbica, que aceleró después de la crisis rusa y especialmente entre 1999-2000 debido a la percepción del debilitamiento de los factores fundamentales de Argentina. Estimaciones de solvencia fiscal. Las proyecciones declinantes del crecimiento de largo plazo (influenciadas por el ajuste deflacionario bajo tipo de cambio fijo) deben haber sido aún más importantes que los aumentos de las tasas de interés implícitas de la deuda pública en la evaluación de la sustentabilidad fiscal. En el año 2000-2001 la sustentabilidad de la deuda estaba en duda: requería un balance primario del gobierno consolidado del 4% del PIB o más (algo que parecía improbable dada la historia y las instituciones fiscales de Argentina). Los economistas argentinos centraron el debate del año electoral de 1999 en la necesidad de un ulterior ajuste y en que la Ley de Responsabilidad Fiscal fuera sancionada como medio de garantizar la solvencia fiscal. El hecho de que no se cumplieran los objetivos, llevó a socavar la confianza en la solvencia del sector público. En este contexto, ulteriores aumentos repentinos de los impuestos (como el “impuestazo” en el año 2002) o reducciones en el gasto (como las habidas en la segunda mitad del 2001) agravaron la recesión y las consiguientes tensiones sociales y políticas. El atraso del tipo de cambio real subestimó al menos en un 40% la deuda pública en términos del PIB, ya que gran parte de la deuda estaba denominada en dólares, pero los ingresos tributarios y otros activos del gobierno no lo estaban. Esto habría requerido un superávit primario adicional de alrededor del 2% del PIB anual para evitar una dinámica explosiva de la deuda. En estas condiciones, se hizo difícil recabar el apoyo político suficiente para un ajuste adicional. Es importante observar que una parte del deterioro fiscal cíclicamente ajustado en esos años se debió a los costos efectivos de mediano plazo de la reforma previsional, cuyo objetivo era precisamente mejorar la posición fiscal estructural de largo plazo del país. La reforma previsional sacó a la luz una deuda oculta del sector público, escondida bajo el anterior sistema de reparto (por lo que la situación fiscal de Argentina hasta 1994 era peor de lo que muestran las cifras publicadas), además de absorber los sistemas previsionales provinciales en 1995. En conclusión, los desequilibrios fiscales, explícitos e implícitos, prevalecieron durante toda la década, por lo que es válido decir que las finanzas públicas se encaminaban a la insolvencia desde 1999, independientemente de que se incluya o no el aumento de las transferencias de la Seguridad Social. Pero la conversión de la deuda implícita en explícita impactó en dos dimensiones: 1) las necesidades financieras del sector público aumentaron por la amortización de la deuda que se acababa de reconocer, lo que implicaba mayores demandas sobre los mercados financieros domésticos y/o extranjeros; y 2) las percepciones del mercado acerca de la posición fiscal argentina se vieron afectadas (la lección es que se tienen que tomar precauciones acerca de las consecuencias que puede tener para el mercado la revelación de obligaciones previsionales ocultas). Finalmente, durante los ’90 las grandes brechas de la cuenta corriente planteaban dos amenazadas: 1) aumentaban la vulnerabilidad ante reversiones de los flujos de capitales; y 2) contribuían a la sobrevaluación de la moneda (ya que parte de la sobrevaluación del peso surge del deterioro de la posición AEN). En este aspecto, tanto el sector público como el sector privado exhibieron considerables desequilibrios a lo largo del periodo, pero el sector privado solo incurrió en déficit en hasta 1994 y en los años de boom (1997-1998). Un tercio del cambio en la deuda total en términos del PIB es explicado por el aumento de la deuda del sector público, y los dos tercios restantes, por el sector privado. Sin embargo, a priori no se puede culpar al sector privado de la acumulación de pasivos externos netos, ya que el sector público se estaba endeudando masivamente con el sector privado en el mercado interno de capitales, por lo que el sector privado estaba tomando prestado en el extranjero en pro del gobierno (el sector privado se vio forzado a acudir al mercado externo para satisfacer sus necesidades financieras). El sistema bancario: los puntos fuertes. Hacia 1998 Argentina se posicionada en el segundo lugar en términos de la calidad de su marco regulatorio, de acuerdo al sistema de rankings CAMELOT desarrollado por el Banco Mundial (incluye indicadores de normas de provisionamiento de incobrables y definición de préstamos vencidos; managment definido como el grado de presencia de bancos extranjeros de alta categoría; requerimientos de liquidez; ambiente de operación medido por el ranking con respecto a derechos de propiedad, derechos del acreedor y coacción; transparencia medida de acuerdo a cómo están calificados los bancos por agencias de riesgo internacional y por un índice de corrupción). Durante el año 2000, los indicadores de salud financiera mostraban un sistema bancario bien capitalizado, fuertemente provisionado, y altamente líquido. Sin embargo, había una varianza significativa en la distribución de dicha liquidez entre los bancos, lo que explica por qué el “corralito” se impuso a fines del 2001 antes de que los depósitos cayeran el 30%. La importante presencia de respetados bancos extranjeros en el sistema doméstico era percibida como un refuerzo a estos amortiguadores de solvencia y liquidez, y se esperaba que respaldaran el capital y la liquidez de sus sucursales en Argentina. El sistema bancario: vulnerabilidades. Se pueden identificar tres vulnerabilidades cruciales en el sector financiero y debilidades en la estructura regulatoria, aun bajo la hipótesis de que la Caja de Conversión hubiera más depreciado: -

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El vínculo entre la capacidad de pago del deudor (cuyos ingresos provenían del sector no transable) y el ajuste deflacionario a un tipo de cambio real de equilibrio más depreciado. Esto tiene que ver con el riesgo crediticio, y la primera deficiencia prudencial fue la falta de reconocimiento del especial riesgo de los préstamos a deudores en el sector no transable. Habría sido aconsejable para las autoridades requerir más provisiones para los préstamos al sector no transable. En un país con tipo de cambio flexible, y sin un problema de dolarización de los países, el ajuste del TCR de equilibrio hubiera provenido de una depreciación nominal y hubiera estado asociado a una mejoría en la capacidad de pago de los deudores en el sector transable (a través de la licuación de la deuda). La creciente exposición del sistema bancario a la insolvencia del gobierno. También tiene que ver con el riesgo crediticio, pero derivado de la exposición al riesgo gubernamental: incapacidad de aislar la solvencia del sistema bancario de la solvencia fiscal. La insuficiente comprensión de que los encajes generales de liquidez, aún si son altos, éstos no protegen adecuadamente el sistema de pagos frente a una corrida. Está relacionada con la insuficiente comprensión de que las garantías generales de liquidez aun siendo más altas no protegen al sistema de pagos ante una corrida. Relajar los requerimientos de reservas liquidas puede tener efectos de señalización adversos que exacerban la corrida contra el peso (debilita aún más la confianza). La lección es que, en ausencia de un prestamista de última instancia

creíble, el sistema de pagos es vulnerable, y se puede venir abajo ante una corrida aún si la liquidez es alta, pero constituye solamente una fracción de los depósitos que está disponible para pagar cualquier retirada de depósitos. Dilemas y opciones de políticas. La administración de De la Rúa (asumió en diciembre de 1999) se encontró en una trampa de bajo crecimiento, requerimientos altos y crecientes de refinanciación de la deuda, y un tipo de cambio atrasado y predeterminado. La estrategia del gobierno para salir de la trampa se centró en reactivar el crecimiento y reducir al tiempo los desequilibrios fiscales, aunque los medios para alcanzar este objetivo cambiaron de forma dramática después de abril de 2001, cuando Cavallo ocupó el puesto de ministro de economía. Trataron de recuperar la confianza de los inversores a través del ajuste fiscal, intentaron también resolver el problema de sobrevaluación de la moneda a través de la flexibilización de los mercados laborales, se negoció un paquete del FMI de diciembre de 2000 (40 mil millones de USD), se aplicaron medidas heterodoxas: impuesto a las importaciones y un subsidio a las exportaciones (devaluación encubierta para las transacciones comerciales), reducción de los requerimientos de reservas, anuncio del establecimiento de una paridad fija entre el peso frente al dólar y al euro (con iguales ponderaciones) una vez que esas monedas alcanzaran la paridad entre ellas. Estas políticas no sólo fracasaron en impulsar el crecimiento, sino que también aumentó la incertidumbre acerca de los otros dos componentes de la trampa, a saber, la refinanciación de la deuda y el régimen monetario. En lugar de reconocer la necesidad de reestructuración de la deuda, el gobierno evitó los atrasos en los servicios de la deuda agotando la liquidez del sistema financiero (con ese fin se impusieron enmiendas para permitir a los bancos mantener una mayor proporción de la liquidez requerida en la forma de títulos del gobierno). De esta forma, el futuro de las finanzas públicas, del sistema bancario y de la moneda quedaron estrechamente vinculados. La crisis estalló cuando los inversores y depositantes corrieron hacia la salida, forzando el congelamiento de los depósitos (el “corralito”) y el cambio de gobierno. Las “noticias” afectaron a las percepciones sobre la permanencia de la Caja de Conversión, provocaron un aumento significativo del riesgo cambiario, seguido de un aumento del riesgo país, pero estos efectos fueron transitorios. Los efectos irreversibles comenzaron a aparecer en julio de 2001 y se hicieron exponenciales en noviembre de ese año (periodos en los que ocurrieron corridas bancarias). El FMI ya no deseaba continuar apoyando al programa argentina en curso. Las crisis profundas ofrecen la oportunidad para llevar a cabo cambios audaces, hay que aprovecharlas para construir instituciones más fuertes que las del pasado y una economía más sólida y flexible, libre de las grandes vulnerabilidades y los graves dilemas. INFORMACIÓN ADICIONAL El efecto Balassa-Samuelson: se corresponde con dos observaciones: 1) los niveles de precios del consumidor en los países más ricos del mundo son sistemáticamente más altos que en los países más pobres; y 2) un modelo que predice lo anterior basado en el supuesto de que la productividad o las tasas de crecimiento de la productividad varían más por país en los sectores de bienes transables que en otros sectores. 3-

Una vez más, la política fiscal (Teijeiro)

En junio de 2001 la economía argentina se encuentra en una situación crítica: recesión economía por tres años (que parece agravarse), la tasa de desempleo del 15% y con tendencia creciente, los intereses de la deuda externa ya representan el 50% de las exportaciones, el país tiene el crédito internacional cerrado desde el año 2000. Todo esto ha puesto al país al borde del default. Los cambios que se produjeron en el gobierno de Menem (con Cavallo) fueron espectaculares: la privatización de las empresas públicas, la desregulación de precios, la eliminación de controles innecesarios, el éxito en la lucha contra la inflación fue total, esquema monetario y cambiario que prohibió la financiación monetaria de los déficits fiscales, y el crecimiento durante los primeros años de la convertibilidad fue muy grande. La primera advertencia de que algo andaba mal fue en 1995 con la crisis del Tequila, luego con la crisis asiática en 1997, la crisis rusa en 1998, y la devaluación brasilera en 1999. Se mezclaron algunas políticas meritorias otros grandes desatinos: el primero de ellos fue negarse a la apertura en serio al comercio internacional (requería una baja drástica de los aranceles de importación acompañada por un tipo de cambio realista). Un tipo de cambio alto es un ingrediente especial para una política de integración al mundo, pues de lo contrario se destruye la industria nacional y no se genera una capacidad exportadora. Lo que se hizo fue todo lo contrario: nuestras oportunidades de crecimiento se restringieron al MERCOSUR. Pero el error más decisivo fue una política fiscal irresponsable. Los fondos provenientes de las privatizaciones se utilizaron para financiar aumento de los gastos corrientes, en vez de repagar la deuda pública. Se crearon monopolios con capacidad de cobrar tarifas muy por encima de los estándares internacionales, en vez de crear regímenes competitivos. Los errores fundamentales de la política fiscal fueron el aumento notable del gasto público corriente y la persistencia de déficits fiscales substanciales financiados con recursos externos. Y los dos principales problemas de la economía argentina en 2001 fueron la insolvencia fiscal y su falta de competitividad por el atraso cambiario. Los excesos de la política fiscal se trataron de mantener ocultos: una contabilidad pública errónea y arbitraria. Se buscaba transmitir la imagen de que se era ortodoxo en materia fiscal para favorecer la confianza de los inversores locales y externos. Los ocultamientos se hicieron mediante varios mecanismos: la omisión de pagos realizados a través de la entrega de bonos del gobierno, la no registración de los intereses sobre la deuda pública que se capitalizaba, se contabilizaron los ingresos por la venta de activos públicos (privatizaciones) como si fueran ingresos corrientes, muchos gastos financiados con programas del Banco Mundial y con el BID fueron tratados como extra-presupuestarios, se excluyó a las provincias, entre otros, estos fueron los factores que permitieron ocultar la verdadera magnitud de los desequilibrios públicos. El déficit fiscal creció a partir de 1994 hasta alcanzar el 5,5% del PIB en 1996 y alcanza un nivel récord en 1999, de 6,6% del PIB (año electoral). Luego desciende al 5,4% en el año 2003. Durante la convertibilidad se hizo un uso intensivo (y excesivo) del financiamiento externo para financiar el déficit: el 83% del déficit de la década se financió externamente y el 17%, internamente. Sin embargo, la estructura del financiamiento del déficit no fue uniforme a lo largo de la década: entre 1991-1994 prevalecieron los recursos provenientes de un notable proceso de privatizaciones (predominantemente realizadas con capitales extranjeros o repatriación de capitales de residentes locales) y de otras fuentes externas; la deuda externa se renegociaba con el Plan Brady y la emisión de nuevos instrumentos de elevada liquidez se transformaron en vehículos idóneos para atraer capitales del exterior. Durante 1995 (Tequila) fue necesario recurrir a préstamos netos del sistema financiero local: la presión del déficit público sobre el mercado crediticio local contribuyó a mantener tasas de interés elevadas y a reducir la cantidad de crédito disponible para el sector privado. En 1996 se retorna al mercado internacional de capitales, que duró hasta 1997. Con la crisis asiática (1997) y con el default en Rusia (1998), los mercados internacionales de capitales estuvieron cerrados, y cuando se tuvo acceso a ellos, las tasas de interés que Argentina tuvo que pagar fueron extraordinariamente altas. Por lo tanto, se financió el déficit a través de instrumentos de deuda domésticos, los cuales tomaron cada vez más importancia y se concentraron entre 1998 y 2000. La recesión que comenzó en 1998 es consecuencia directa de la suba de tasas de interés y el corte del crédito al sector privado originado en la necesidad de financiar el déficit fiscal en el mercado de capitales local. El gasto creció a pesar de las empresas deficitarias privatizadas y de la disminución de las necesidades de inversión en rutas y autopistas otorgadas en concesión. El crecimiento del gasto público no fue constante:

entre 1991 y 1994 creció un 120% nominal, y entre 1994-2000 creció menos de un tercio del anterior, pero explicado principalmente por el crecimiento de los intereses sobre la deuda. Los interese de la deuda se mantuvieron estables hasta 1994, principalmente por el Plan Brady, por la alta participación de las privatizaciones en el financiamiento del déficit y por las bajas tasas de interés vigentes en los mercados internacionales. Los intereses comenzaron a aumentar rápidamente a partir de 1995 porque el déficit persistía, los ingresos por privatizaciones prácticamente desaparecieron y el endeudamiento a tasas de mercado fue la alternativa excluyente de financiamiento. Se refinanció la deuda corta y barata por deuda larga y cara, cuya consecuencia fue debilitar la solvencia fiscal de mediano plazo: el canje de deuda por $29.000 millones realizado en junio de 2001 se comprometió a tasas impagables del 15% en dólares por periodos entre 7 y 30 años. La mayor parte del crecimiento del gasto público primario se explica por el aumento del gasto corriente primario, ya que la inversión muestra un crecimiento muy moderado en el periodo. Se destaca principalmente el crecimiento de los gastos en seguridad social (+121%) y el aumento de remuneraciones (planta de personal constante). Este crecimiento del gasto primario en los inicios del plan de convertibilidad fue absolutamente inconsistente con un programa anti-inflacionario que fijó el tipo de cambio, des-indexó los contratos privados y los precios de los servicios públicos, y se propuso como objetivo alcanzar rápidamente la estabilidad de precios. La recaudación tuvo un incremento importantísimo al comienzo de la Convertibilidad: se eliminaron varios impuestos distorsivos, incluyendo los derechos de exportación, aumentó del 15% al 18% el IVA. A partir de 1995 (con la crisis del Tequila) se inicia una serie de paquetazos impositivos: Cavallo (1995), Roque Fernández (1996-1998) y Machinea (al comienzo de su gestión). Las consecuencias de todos ellos fueron: un aumento del IVA del 18% al 21%, un aumento de la tasa del impuesto a las ganancias de las empresas de 33% al 35%, un aumento de la tasa de bienes personales del 0,5% al 0,75%, aumentos importantes en las alícuotas de impuestos internos y en los impuestos a la nafta y el gasoil, se crearon el impuesto a los intereses y el impuesto a la renta mínima presunta, las bases impositivas se generalizaron (particularmente el IVA y Ganancias de personas y sociedades). Todos esos aumentos de impuestos fueron necesarios para compensar la escalada de los intereses sobre la deuda. A partir del año 2000 se volvió a la idea ofertista que las bajas impositivas son esenciales para el crecimiento, comenzándose por una reducción del impuesto a los intereses y la aceleración de las devoluciones de IVA sobre bienes de capital. En 2001 se ha regresado a la aplicación de impuestos distorsivos como el impuesto a las transacciones en cuenta corriente. Pero la aplicación simultánea de rebajas impositivas sectoriales y la acentuación del receso económico han contribuido a que la recaudación continúe estancada y el déficit continúe creciendo ante el aumento incesante de los intereses de la deuda. Consecuencias macroeconómicas de la política fiscal en la convertibilidad. El diagnóstico de política fiscal es el siguiente: déficit fiscal promedio anual de 4,1% del PIB, alcanzando el 5,4% en el 2000; crecimiento notable del gasto público (concentrado en el gasto corriente primario doméstico y en los intereses de la deuda); estructura de financiamiento del déficit que evitó el financiamiento local hasta 1995; concentración del financiamiento del déficit en el mercado local a partir de 1998, produciendo una reducción del crédito al sector privado y una contracción prolongada de la actividad económica. Política fiscal y actividad económica. El mayor impacto sobre la actividad económica interna se logra cuando se financian aumentos de gastos domésticos con endeudamiento externo o repatriación de capitales, debido a que no tiene como contrapartida el efecto contractivo de mayores impuestos o del que se derivaría de la reducción del crédito y el aumento de la tasa de interés (asociables a un financiamiento alternativo en el mercado interno). Esta es la combinación más efectiva para un crecimiento rápido de la actividad económica, y fue lo que efectivamente ocurrió entre 1990-1994 (+35,6%). Pero desde 1995, la política fiscal comenzó a contribuir negativamente al comportamiento de la demanda interna. El crecimiento sistemático de los intereses desde 1995 en adelante obligó a sucesivos paquetazos impositivos que disminuyeron la demanda interna de manera progresiva. El impacto contractivo no se sintió entre 1996 y 1998 debido a los excepcionales precios internacionales y el fuerte influjo de capitales del exterior, lo que permitió un crecimiento elevado. El impacto pleno de los ajustes se comenzó a sentir en 1998, cuando el crecimiento de los intereses comenzó a ser explosivo y la dificultad del financiamiento externo obligó al fisco a recurrir al financiamiento interno, afectando consecuentemente el crédito al sector privado. Resulta paradójico que, con déficits fiscales crecientes durante la década, la política fiscal pueda ser juzgada como fuertemente expansiva en los primeros años y fuertemente contractiva en los años finales. La (aparente) paradoja se resuelve cuando se observa que déficits crecientes pasaron de ser financiados externamente a ser financiados internamente y cuando se observa que los impuestazos no tuvieron como destino un aumento de gasto primario sino el pago de intereses en dólares. Periodos de alto crecimiento ocurren cuando los capitales entran en abundancia y los pagos de intereses al exterior son todavía bajos. Esos periodos son seguidos por fuertes contracciones, que ocurren cuando los servicios de intereses aumentan y los flujos de financiamiento externo se detienen o se revierten. Estrategias de patas cortas que se pagan con enormes crisis y frustraciones. Política fiscal, atraso cambiario y desempleo. El aumento del gasto público financiado con endeudamiento externo tan poderosa para reactivar rápidamente la economía como lo es para atrasar el tipo de cambio real. El aumento de la demanda interna tiende a aumentar tanto la actividad como los precios y salarios internos (a pesar de que los principales factores contribuyentes a una eventual inflación inercial fueron inicialmente eliminados). El impacto sobre el atraso cambiario será mayor cuanto menos abierta sea la economía al comercio internacional. El atraso cambiario ocurrió con un esquema de tipo de cambio fijo, peor hubiera ocurrido de todas maneras con un esquema de tipo de cambio flexible. La culpa del atraso cambiario no radicó entonces en la paridad uno a uno por sí misma, sino en la naturaleza de la política fiscal y en la falta de esterilización de los movimientos volátiles de capital que se produjeron al inicio de la convertibilidad. Se pone en evidencia la importancia de la política fiscal para la competitividad de la economía. Una parte substancial de la inversión privada se concentró en las empresas privatizadas, las rutas concesionadas y shoppings, que no generaban divisas y por lo tanto no sirven para pagar la deuda externa contraída. Peor aún, el endeudamiento público externo se utilizó para financiar un aumento del gasto corriente. Una estrategia de crecimiento basada en el endeudamiento externo puede convertirse en un boomerang si el destino de los fondos no es el apropiado. Endeudarse en dólares puede ser conveniente cuando el endeudamiento es poco, cuando se lo hace a bajas tasas y se lo destina a inversiones destinadas a la exportación. La fórmula es desastrosa cuando el endeudamiento es mucho, se pagan altas tasas de interés y se lo destina a gastos de consumo o inversiones en mercados domésticos. La consecuencia de esta política queda reflejada en un crecimiento desproporcionado de los intereses de la deuda externa en relación a las exportaciones. La combinación de atraso cambiario y desgravación de la importación de bienes de capital, introdujo un enorme sesgo a favor de las inversiones intensivas en capital y expulsadoras de mano de obra. Este hecho explica el aumento en la tasa de desempleo aún en los años iniciales de fuerte crecimiento de la actividad económica. Mientras el déficit fiscal es un indicador del “desahorro público, el déficit de la cuenta corriente es un indicador del “desahorro” de la economía en su conjunto (sector púbico más sector privado). Puede concluirse que el desahorro global estuvo explicado básicamente por el desequilibrio fiscal. El debate sobre la política fiscal. Ejecutores y defensores de la política fiscal han tenido una visión al mismo tiempo keynesiana y ofertista. Ha sido una visión keynesiana en tanto han creído que el aumento del gasto público y el déficit fiscal fueron inicialmente instrumentos esenciales para comenzar un proceso de crecimiento económico a partir de una economía con capacidad excedente. Han sostenido que no es aconsejable reducir el

gasto público en contextos recesivos, aun cuando el financiamiento se haya agotado y el default sea un riesgo cierto. Ha sido una visión ofertista en el sentido que, una vez iniciado el crecimiento, han creído que la estabilidad de precios y las reformas estructurales eran suficientes para hacer crecer la economía a tasas “asiáticas”, lo que conduciría a una eliminación automática del déficit fiscal a través del aumento de la recaudación asociado al crecimiento. La idea que sin crecimiento no puede haber ajuste fiscal resume fielmente una posición que declama la posibilidad de que la economía puede crecer sostenidamente sin poner primero las cuentas fiscales en orden. Hubo también posiciones y políticas fiscalistas (Roque Fernández y Machinea) en las que el objetivo central fue reducir el déficit fiscal a través de paquetazos impositivos. La idea predominante era que el ajuste fiscal (vía mayores impuestos) era reactivante ya que la mejora en la solvencia fiscal hacia bajar el riesgo país y el impacto expansivo del ingreso de capitales más que compensaba los efectos depresivos del menor déficit. La visión compartida es que el gasto público no era el problema y que el crecimiento a base a la deuda (pública o privada) era sostenible, se trataba de ajustar no por convicción sino para influenciar las expectativas de los mercados financieros. La diferencia de resultado en ambas experiencias de gobierno se explica por los distintos contextos que enfrentaron. El debate de la deuda vieja. La defensa de una política fiscal imprudente se hizo de distintas maneras. La primera forma fue negar la existencia de déficits fiscales. Otra forma fue “la contabilidad creativa”. Se argumentó que el incremento de la deuda total en la década fue limitado ya que en el inicio de la convertibilidad había que considerar la preexistencia de una enorme deuda implícita no registrada (se dice que lo que se hizo en la convertibilidad fue instrumentar una deuda preexistente). El hecho de que la deuda pública no haya crecido no es de por sí reflejo de una política fiscal prudente, incluso, haber reconocido e instrumentado una deuda impagable refleja de por sí un error de política fiscal. El impacto macroeconómico del gasto se produce en el momento en el que la deuda se emite y no cuando se devenga. Lo que el gobierno consideró como deuda vieja eran activos de muy baja probabilidad de cobro para jubilados y otros acreedores, dado el estado de quiebra virtual del sector público y los antecedentes del Plan BONEX y de las Leyes de Emergencia Económica. El debate de la reforma previsional. Entre quienes niegan la relevancia del tema fiscal están quienes argumentan que el actual déficit es producto de la reforma del sistema previsional y la creación de las AFJP. El déficit previsional generado debió cubrirse con colocaciones de bonos que adquirían las mismas AFJP a elevadas tasas de mercado, lo que aumentó el déficit aún más. La conclusión que se desprende de este punto de vista en que el problema del déficit global es fundamentalmente un problema previsional, no un sector problema del sector publico tradicional. El corolario es que no se justificaría un ajuste del gasto primario. Este argumento contable es conceptualmente falaz. Carece de sentido particionar el sector público: lo que tiene relevancia macroeconómica es el resultado global y si determinados segmentos del sistema fiscal están en déficit, los restantes segmentos deberán generar un superávit para balancear el impacto del conjunto. Parte de los paquetazos impositivos sancionados tuvieron la intención expresa de compensar la disminución de aportes patronales. Lo que hico la reforma previsional fue blanquear (parcialmente) la deuda implícita del sistema estatal. Con el traspaso de las AFJP, el Estado aumentó su deuda explícita, pero redujo su deuda implícita. El debate de las tasas de crecimiento potencial. Para los defensores de la política fiscal en la convertibilidad, enfatizar el déficit es una visión contable y miope. Lo que importa, desde este punto de vista, es el crecimiento. Si el país crece a altas tasas, el déficit (y la deuda que éste genera) pierden importancia relativa. Con crecimiento, el producto puede crecer más que la deuda, las exportaciones pueden crecer más que los intereses en dólares y la confianza de los inversores queda así asegurada. El refinanciamiento está asegurado y “las deudas nunca se pagan”. El énfasis debe ponerse en las políticas que promuevan la inversión y el crecimiento. Esta es la visión ofertista. La visión ortodoxa del ofertismo propone la baja generalizada de impuestos financiada con endeudamiento externo y reformas estructurales que introduzcan competencia y flexibilidad de precios y salarios. En la versión heterodoxa el impulso fiscal se consuma con políticas activas, ya sea a través de tratamientos arancelarios o impositivos caso por caso o a través de apoyos financieros especiales. Ambas visiones comparten un desprecio por la importancia del déficit y por el ajuste como condición previa para el crecimiento. Esto no permite, sin embargo, convalidar cualquier déficit. Una relación crítica es la que se da entre la tasa (potencial) de crecimiento y la tasa de interés pagada sobre la deuda pública: la situación ideal es la de un país con altas tasas de crecimiento potencial que puede endeudarse a bajas tasas; la situación insostenible es la de un país que debe pagar altas tasas de interés y su tasa potencial de crecimiento es muy baja. En este caso, el ajuste (definido por la necesidad de constituir un superávit primario importante) es inevitable si se quiere evitar el default en el mediano plazo. La solvencia fiscal durante los primeros años de la convertibilidad era un espejismo. Creer que la tasa potencial de crecimiento de la Argentina es de 6% o más, fue un enorme error profesional. Ese error consistió en confundir un crecimiento de corto plazo basado en un ingreso espectacular de capitales, con una tendencia permanente basada en aumento de productividad y de la mano de obra. La calidad declinante del sistema educativo y la consecuente falta de crecimiento del capital humano, es el principal impedimento para que Argentina pueda tener una alta tasa de crecimiento potencial. Su baja tasa de ahorro y su débil inserción en el comercio mundial son otros factores que contribuyen a un crecimiento potencial mediocre. Como mínimo debió haberse evitado incurrir en déficits fiscales y preferentemente, en un contexto internacional como el que se presentó, haber constituido superávits fiscales compensatorios del aumento de la demanda producido por el ingreso de capitales de corto plazo: evitando el crecimiento nominal del gasto público y utilizando el crecimiento de la recaudación para reducir tasas impositivas y producir así superávits fiscales anti-cíclicos. Por otro lado, la totalidad de los ingresos por privatizaciones debió destinarse al repago de la deuda pública externa. La estructura de crecimiento hubiera sido diferente, más orientada desde el comienzo a los sectores comerciables y menos a los sectores domésticos. La política fiscal constituye el meollo de la explicación del fracaso económico de la convertibilidad. Esto no implica desconocer los problemas de una apertura comercial errónea. Tampoco implica desconocer que faltaron reformas estructurales importantes (las llamadas “de segunda generación”) en el área laboral, en la salud, la educación, y la justicia. Pero ninguno de estos aspectos fue decisivo como la política fiscal para explicar la situación de insolvencia fiscal y de falta de competitividad de la Argentina en junio de 2001. La imprudencia fiscal, una constante en nuestra historia, es el reflejo de una cultura de irresponsabilidad generalizada, asentada tanto en la clase dirigente como en la dirigida. Vivimos en una sociedad que adhiere rápidamente a las recetas facilistas y rechaza el camino duro del esfuerzo y el ahorro como condiciones necesarias para el crecimiento (personal y colectivo). 4-

El resultado fiscal estructural en la Argentina 1983-2010 (Gay-Escudero)

El resultado fiscal estructural representa el saldo presupuestario hipotético que debería observarse si la economía estuviera en situación de pleno empleo (elimina el efecto del ciclo económico sobre la recaudación y el gasto). A partir de 1997 se observó un sistemático esfuerzo tendiente a mejorar el resultado fiscal en la economía que no se materializo hasta el colapso de la convertibilidad. A partir del año 2004, se observa un

sistemático deterioro en el resultado primario, que permaneció oculto hasta la crisis internacional del 2008, cuando el PIB cae y se alinea con el producto potencial. Los problemas económicos argentinos han estado fundamentalmente vinculados a un desacertado manejo de la política fiscal, lo que condujo a situaciones de default de la deuda pública en 1982 y 2002. A partir del año 2003, la situación fiscal se fortaleció de la mano del crecimiento y la introducción de retenciones a las exportaciones. El análisis de la política fiscal es una herramienta de evaluación clave para comprender el desempeño de los gobiernos en términos de su contribución al logro de un crecimiento sostenible. La inestabilidad generada por una política fiscal de pobre desempeño limita el efecto positivo de todos aquellos esfuerzos bien direccionados que se realicen en términos de otras políticas. Las variables fiscales cambian en respuesta tanto a acciones de política discrecional como a efectos automáticos provocados por cambios en las condiciones macroeconómicas. No se puede entonces analizar simplemente el resultado observado para evaluar el desempeño fiscal, sino que es necesario calcular el resultado fiscal estructural. Esto permite filtrar el impacto de los movimientos cíclicos tanto de la económica como de los precios de los commodities internacionalmente comercializados sobre las variables fiscales, y a partir de ello evaluar la posición fiscal subyacente. El resultado fiscal observado. El superávit primario fue levemente positivo: solo en los dos primeros años de la democracia, durante la hiperinflación y en las crisis de la convertibilidad, es posible notar un desempeño negativo de este indicador. Podría pensarse entonces que el desempeño fiscal fue razonable. Pero hay cinco observaciones que podrían alterar este resultado: 1) el resultado primario no contempla el pago de intereses; 2) durante el régimen de convertibilidad se usaron ciertos artilugios contables que ocultaron la verdadera situación fiscal: omitieron el registro de pagos realizados vía entrega de bonos púbicos y la contabilización de ciertos gastos como extra-presupuestarios son algunos ejemplos; 3) el proceso de privatizaciones que tuvo lugar a lo largo de la década del 90, aportó importantes volúmenes de fondos que contablemente se imputaron como ingresos de capital y que por lo tanto, contribuyeron a explicar el superávit primario observado en los primeros años de la década; 4) a partir de 2007, las series de ingresos y gastos primarios no son perfectamente compatibles con las series publicadas hasta 2006; 5) componentes discrecionales se incorporaron en los registros, especialmente en el 2009: se computaron como ingresos corrientes los giros por parte del FMI, la renta generada por el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (creado luego del cierre de las AFJP), y las utilidades contables del BCRA. A estas dificultades hay que agregar la originada en la presencia de fuertes ciclos económicos. Para analizar la política fiscal es imprescindible diferenciar los elementos transitorios de los permanentes. El concepto de superávit estructural. Se aplica una metodología propuesta por el FMI: propone interpretar el resultado primario observado como una suma de dos componentes. El primero de ellos, denominado cíclico, depende de la fase del ciclo económico en la que se entre la economía. Este componente asumirá valores positivos siempre que el producto de la economía sea superior al producto potencial, y negativos cuando ocurra lo contrario. El segundo componente se obtiene a través de un ajuste que se realiza sobre los gastos e ingresos observados con el objetivo de quitar de ellos los valores originados en el ciclo económico antes mencionado. Si la economía se encuentra produciendo por encima de su nivel potencial, entonces es superávit observado es mayor que el que se obtendría en una situación de equilibrio. El componente cíclicamente ajustado del resultado observado será menor a este último cada vez que la economía se encuentre en una situación de sobre-producción respecto de su nivel potencial, y mayor a aquél cuando se esté por debajo del nivel potencial. Entonces: SPt = SCAt + SCt, donde SPt es el superávit primario observado en el periodo t, SCAt es el superávit cíclicamente ajustado y SCt es el superávit cíclico en el mismo periodo. Se debe estimar el componente corregido cíclicamente tanto de los ingresos como del gasto fiscal en cada periodo t. En el caso de los ingresos fiscales, dicho compontente se calcula a partir de la primera expresión, siendo T el nivel de ingresos percibidos, Y* el producto potencial, y Y el producto observado, y ϵt la elasticidad de los recursos respecto al producto. En el caso del gasto es similar, donde ϵG es la elasticidad del gasto respecto al producto. La brecha del producto se denomina GAPt. Siempre que la brecha del producto sea positiva, es decir, que la economía esté en una situación de sobre-producción respecto al nivel de equilibrio, tanto los ingresos como los gastos observados (suponiendo elasticidades positivas) serán superiores al nivel que tendrían si la economía se ubicase en el nivel de equilibrio. El superávit cíclicamente ajustado es la diferencia entre ingresos y gastos ajustados. La posición del superávit cíclicamente ajustado respecto al efectivamente observado en la economía dependerá tanto de la brecha del producto como de la relación que exista entre las elasticidades de recursos y gastos respecto a la evolución del producto. Se realizó el ajuste de los recursos asociados a la exportación de commodities, debido a que las fluctuaciones en los precios internacionales tienen una particular relevancia sobre la evolución de las cuentas públicas ya sea porque se perciben ingresos en forma de derechos de exportación o bien porque las empresas públicas participan en la comercialización de esa clase de productos. Se los ajusta en virtud de la desviación que existe entre el precio efectivo y un precio de largo plazo de referencia. Se asume que γ = 1, lo que implica suponer que los ingresos estructurales asociados a los commodities son proporcionales a la relación de precios de corto y largo plazo. La diferencia entre los ingresos efectivos y los estructurales asociados a las commodities resulta en un componente cíclico que debe restarse del resultado primario cíclicamente ajustado a los efectos de computar el resultado estructural. Estimación de las elasticidades. A los efectos de estimar las elasticidades tanto de recursos como de gastos respecto del producto se trabaja utilizando un esquema de co-integración, el cual tiene en cuenta la posibilidad de que la evolución de las variables aquí consideradas no sea independiente una de otra, sino que se encuentren interrelacionadas ya sea porque comparten tendencias estocásticas o determinísticas que defines su patrón de evolución. De dicha interdependencia resulta entonces la necesidad de trabajar con un modelo en el cual la estimación de las elasticidades tanto de gastos como de recursos se realice de manera simultánea. Las variables que están co-integradas se encuentran influenciadas por los mismos shocks persistentes. Si la no estacionariedad de una variable está asociada a la no estacionariedad de otra, existirá entonces una combinación lineal entre ambas que es en sí misma estacionaria. Estas relaciones de co-integración pueden ser comprendidas como relaciones económicas de largo plazo.

Resultados de la estimación. La elasticidad de largo placo de gastos y recursos respecto del producto observados son iguales a 0.43 y 1.14, respectivamente. En el caso de los recursos, el resultado se encuentra dentro del rango en el cual se ubican la mayoría de los países del mundo (0.851.35), pero en el caso de los gastos, ésta difiere no solo en magnitud sino también de signo respecto a las reportadas por otros países. En este caso, a diferencia de la metodología propuesta por la OCDE, la elasticidad producto del gasto implica la existencia de una relación a partir de la cual se observa que el gasto público se encuentra influido por el nivel de actividad económica. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en Argentina no existe una estructura de seguro de desempleo que implique un accionar contra-cíclico a partir de variaciones en este tipo de gasto, lo cual torna necesario un cambio de enfoque en términos de la relación entre actividad económica y gasto público. La discrecionalidad de la política de gasto público en la Argentina obliga a introducir quiebres de tendencia en el modelo. El producto potencial. El paso siguiente consiste en la determinación del resultado cíclicamente ajustado para el SPNF argentino. Para ello, es necesario contar con una medida de producto potencial. El producto potencial es una estimación del PIB de pleno empleo, esto es, el nivel de PIB que se podría alcanzar si la economía operase en un alto nivel de utilización de los recursos. No es un nivel máximo de producción que la economía no podría superar, sino más bien una medida del nivel de producción sostenible en el cual la intensidad de uso de los recursos no incrementa las presiones inflacionarias. Representa una medida del nivel de oferta agregada sostenible en el tiempo. El PIB observado oscila en torno al PIB potencial. El desvío transitorio del PIB observado con respecto al equilibrio de largo plazo, expresado en términos del PIB potencial, es lo que se denomina brecha del PIB. El PIB real muestra también las variaciones de corto plazo en torno a la tendencia de largo plazo, originadas en el ciclo económico y/o en shocks aleatorios sobre la oferta o demanda agregada. La remoción de estas variables de corto plazo es lo que precisamente permite aislar la tendencia del crecimiento. El producto potencial fue estimado considerando una función de producción dinámica con dos factores (K y L) ajustado por calidad, combinados a través de una tecnología Cobb-Douglas. Hay tres periodos en los cuales el producto real se ubicó más de 10% por debajo de su nivel potencial: 1) 1985:3 (comienzos del Plan Austral); 2) 1989-1990 (años de hiperinflación); y 3) 2002-2003 (crisis del régimen de convertibilidad). En lo que resta del periodo, el PIB se ubicó por encima del potencial, siendo los periodos más destacados entre 1997-1998, y en el 2008. El superávit estructural. En argentina, a excepción de los diez años en los que estuvo vigente el régimen de convertibilidad los derechos de exportación tuvieron una importancia difícil de soslayar. Entre los años 1983 y 1991 la recaudación de estos impuestos representó un 1% del PIB, y un 6% de los ingresos corrientes, mientras que entre 2002 y 2010 ascendieron a 2,5% del PIB y 10,5% de los ingresos corrientes. La relación entre las cifras presentadas y los niveles de superávit observados en el periodo pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo el ajuste propuesto en términos de ingresos asociados a las commodities. Un elevado porcentaje de la recaudación por derechos de exportación proviene de la comercialización internacional de la soja y sus derivados, con lo cual el ratio de precios considerado para hacer el ajuste es el de ese producto en particular. Pero dicho ajuste no se lleva a cabo durante el régimen de convertibilidad debido a que dicha recaudación fue prácticamente nula. Se observa que al inicio del periodo el Plan Austral de 1985 logró revertir la comprometida situación fiscal de la época y generar un superávit transitorio del 2% del PIB, que desapareció rápidamente con su derrumbe. En la década del 80 no hay gran diferencia entre el superávit observado y es estructural, ya que la brecha del PIB no fue significativa. El año 1990 fue una excepción porque la hiperinflación y la caída del producto muestran un resultado fiscal observado menor al estructural. Respecto al periodo de la convertibilidad, la falta de disciplina acompañó la primera mitad del régimen, poniendo en evidencia caídas permanentes tanto en el superávit primario neto de privatizaciones como en la medida estructural. Hay una sistemática caída del superávit primario hasta que el mismo virtualmente desaparece en 1997. El superávit primario se mantiene en niveles muy bajos desde mediados de la década hasta el colapso de la convertibilidad. En la segunda mitad de los 90, se nota un sistemático esfuerzo por mejorar las cuentas públicas, que no se traduce concretamente en el resultado fiscal primario observado porque la recaudación cae al ritmo de la recesión y la brecha del producto se amplía vertiginosamente. Esto estaría indicando que el problema de la convertibilidad no residió en el mal manejo fiscal de la segunda mitad de la década (el superávit estructural creció permanentemente entre 1997-2001), sino que, por el contrario, la dinámica macroeconómica y el atraso cambiario impedían que la mejora fiscal se materializara y el esfuerzo realizado solo logro estabilizar la condición fiscal en un nivel de superávit algo inferior al 1%. La primera mitad del periodo post-convertibilidad está caracterizado por una bonanza fiscal, tanto en términos observados como estructurales. La salida de la recesión y la re-introducción de las retenciones a las exportaciones mejoraron significativamente el panorama fiscal propio de estos años. Se observaron superávits primarios del 4% del PIB durante varios años, sin embargo, la situación es sana sólo en apariencia. La evolución del superávit estructural muestra un sistemático deterioro de las cuentas públicas. La eliminación del sistema de las AFJP provocó una mejora transitoria en el superávit estructural hacia fines del periodo. En la post convertibilidad se observa un fenómeno similar al de los primeros años de la década del noventa: en ambos casos el gasto público se expande vertiginosamente generando el deterioro de las cuentas fiscales. Los años 2008-2009 representan periodos donde la situación fiscal acentúa su deterioro, tanto en términos observados como estructurales. Si bien a mediados de 2010 se observó un superávit estructural, el deterioro en la evolución de las cuentas públicas es notorio y plantea la necesidad de que el gobierno revierta su comportamiento en materia fiscal a los efectos de evitar caer en un déficit primario que, sumado al pago de intereses de la deuda, se traduzca en un resultado financiero negativo. La medida del impulso fiscal. El impulso fiscal es un indicador comúnmente utilizado para evaluar la dirección y magnitud del efecto que la política fiscal ejerce sobre la demanda agregada de una economía. Blanchard plantea la necesidad de distinguir entre el efecto impacto de la política fiscal (el efecto de la política fiscal dado el ingreso, las tasas de interés, el tipo de cambio y demás variables macroeconómicas), y el efecto final de la misma (aquellos que se obtienen tras el empleo de modelos de equilibrio general). Sugiere que las medidas de impulso fiscal sólo miden el efecto impacto de la política fiscal y no su efecto final. Chalk sostiene que la literatura ha empleado el resultado fiscal estructural tanto para describir los cambios en la política fiscal discrecional como para medir el impacto de dicha política sobre la demanda agregada, y afirma que tales cambios poco se corresponden con los estímulos sobre la demanda producidos por la política fiscal discrecional. Philip y Janssen revisan estos conceptos y plantean que resulta útil calcular una medida del impulso fiscal a partir del resultado fiscal cíclicamente ajustado, siempre que la interpretación de dicha medida no se extienda hasta derivar conclusiones que no sean propias del análisis. Por lo tanto, se definirá la medida de impulso fiscal como el cambio que tiene lugar en el resultado fiscal estructural primario de dos periodos consecutivos: IFt = SEt – SEt-1. Un aumento del superávit o una reducción del déficit estructural pueden ser interpretados como un fortalecimiento de la posición fiscal asociado a una menor presión por parte del accionar gubernamental sobre la demanda agregada. Una caída del superávit o un aumento del déficit estructural pueden ser considerados como un debilitamiento de la posición fiscal vinculada a una mayor presión del sector público por sobre la demanda agregada de la economía. El impulso fiscal refleja la reacción gubernamental en cada momento del tiempo y ante cada uno de los episodios que han marcado la evolución de esta economía en periodo analizado. El fortalecimiento de la política fiscal tuvo lugar tras la crisis de la deuda a principios de la década del ’80 y con el Plan Austral,

el Plan Primavera, la crisis de la hiperinflación, el Plan Bunge & Born y la ley de reforma del estado, la privatización de empresas públicas, a finales del régimen de convertibilidad, la introducción de nuevos impuestos luego de la caída del régimen, y la reinserción del esquema de retenciones a las exportaciones. El debilitamiento de la posición fiscal se observó en la primera mitad del régimen de convertibilidad, en los últimos trimestres del periodo analizado, excepto en 2008 cuando se materializó el traspaso de las AFJP al sistema público de reparto. Es la irresponsable expansión del gasto público la que en definitiva racionaliza la fuerte contracción observada en el superávit estructural. Hubo un comportamiento expansivo de la política fiscal desde el año 2005, cuando la economía ya estaba en pleno empleo. Al momento de caracterizar el efecto de la política fiscal como muy expansivo o contractivo hay que ser cuidadoso. En efecto, habría que evaluar cuantitativamente y cualitativamente las condiciones macroeconómicas subyacentes para poder definir la magnitud efectiva del impacto de la política fiscal. Resulta inapropiado pensar que impulsos fiscales de igual magnitud en distintos momentos del tiempo tienen el mismo impacto sobre la demanda agregada. Por ello en este trabajo solo se consideró la dirección de los impulsos sin hacer referencia a su magnitud. Hacia una política de superávit estructural. Se ha puesto en evidencia el carácter pro-cíclico de la política fiscal en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta característica de la política fiscal contribuye de manera importante a la exacerbación de la volatilidad macroeconómica en la región, la cual no sólo reduce las posibilidades de crecimiento, sino que además perjudica de manera especial a los sectores menos favorecidos. ¿Puede una regla fiscal cambiar los incentivos para que la política fiscal deje de ser pro-cíclica? Una regla apunta potencialmente a resolver tres problemas: 1) los problemas de principal-agente que surgen por la existencia de información asimétrica tanto entre electores y gobernantes como entre los gobiernos y los mercados financieros internacionales; 2) los problemas de cooperación que emergen a partir de la interacción de grupos de interés nacionales y sub-nacionales que pugnan por una mayor proporción de recursos; y 3) los problemas de inconsistencia temporal que emanan de la distinta valoración que se le otorga a las sociedades del presente y del futuro en las decisiones económicas que se adoptan en cada periodo. Así, la imposición de límites razonables y consensuados a las variables fiscales en cada momento del tiempo asoma como una posible solución a estos problemas, siempre y cuando el supuesto básico de cumplimiento de la regla esté vigente. Sin embargo, la evidencia empírica no aorta información concluyente en torno a la verdadera utilidad de las reglas fiscales. Braun Y Gadano concluyen que las reglas fiscales poseen limitada eficacia para asegurar la sostenibilidad de la política fiscal y mejorar la transparencia fiscal en contextos de debilidad institucional. La coexistencia de reglas, baja reputación y debilidad a nivel institucional, puede incluso derivar en un mayor deterioro del contexto institucional, minando la credibilidad que se pretendía lograr a través de la implementación de la regla. Es probable que haya que matizar estas conclusiones por el hecho de que los problemas fiscales de fines de la convertibilidad no se originaron en un mal manejo de las cuentas del sector público, sino en problemas de competitividad y solvencia externa. Las reglas fiscales estaban condenadas al fracaso hasta tanto no se corrigiese el atraso cambiario que deterioraba el nivel de actividad y recaudación. Según Kopits y Symansky, una buena regla fiscal debe considerar:1) estar correctamente definida en términos del indicador o indicadores fiscales que se desean limitar; 2) contribuir a incrementar la transparencia en las operaciones gubernamentales, a través de la exigencia de requisitos formales y normas de comportamiento; 3) ser lo suficientemente flexible como para poder lidiar con la posible ocurrencia de shocks que alteren el ciclo económico; 4) ser exigible, a través de instrumentos legales que claramente identifiquen a los responsables por el no cumplimiento de la regla y aplique las sanciones que correspondan; 5)deben dar lugar a una interpretación estricta que evite la manipulación de la información y el problema de la contabilidad creativa y los desvíos no fundamentados; y 6) la regla debe insertarse en un marco de solidez institucional, lo cual implica la necesidad de contar con un cuerpo legal ordenado y unificado que elimine las ambigüedades y trabas al cumplimiento de la regla. En relación a la preocupación concreta para argentina, la revisión de la experiencia latinoamericana sugiere que establecer un cuerpo objetivo para el resultado estructural puede llegar a ser la opción más conveniente para los países de la región. Establecería un sendero suave para el crecimiento del gasto público que evite la dilapidación de recursos extraordinarios elevados, fundados en la sobre-expansión de la actividad económica y/o en ingresos por exportaciones alejados de su nivel de mediano plazo. Esto requiere que se garanticen las condiciones apropiadas en términos de la disponibilidad de recursos humanos calificados para la elaboración de los esquemas de trabajo y planes de cálculo del resultado estructural. Dada la necesidad de dotar de transparencia a la medida de superávit estructural es necesario además un fortalecimiento de las instituciones que garantice la fiabilidad del trabajo técnico, estadístico y económico que subyace a la estimación de la medida y a la definición concreta del objetivo. Sin estos elementos, la regla de superávit estructural dífilamente pueda constituirse en una solución a los problemas de sostenibilidad y pro-ciclicidad de la política fiscal. Caso de Chile. Se adoptó una política de balance estructural por la cual se establecía una meta de superávit estructural del 1% para el resultado del gobierno central, dejando de lado el déficit cuasi fiscal del banco central y los resultados de las empresas públicas no financieras. Se complementó en el año 2006 con la Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga al gobierno central a anunciar y proveer justificativos apropiados para la política fiscal que aplicará, evaluando los impactos sobre el resultado estructural. Esto contribuyo a evitar la presencia de sesgos pro-cíclicos en el manejo de las finanzas públicas, permitió evaluar el impacto macroeconómico de la política fiscal y asegurar la disciplina y la sostenibilidad fiscal. 5-

Política fiscal (capitulo 10 – Gay)

Lo que un conjunto de reglas creíbles y cumplibles hace es endurecer la restricción presupuestaria del Estado. De esta forma la combinación de una restricción presupuestaria dura con un problema de pozo común limitado tiene como resultado un país con solvencia fiscal sostenible. Mientras que una restricción blanca, como consecuencia de las reglas no creíbles o no cumplibles, y un grave problema de pozo común generan insolvencia fiscal y crisis recurrentes. Las reformas necesarias para lograr este objetivo deben estar orientadas en dos direcciones: por un lago, se debe eliminar o más bien liminar el problema del pozo común (se logra, básicamente, a través de la descentralización de la recaudación de impuestos a las provincias, ya que de esta forma ellas se verán obligadas a recaudar sus propios fondos y no sólo a gastar), y por otro lado, hay que endurecer la restricción presupuestaria (lo que se logra aumentando la transparencia y la participación ciudadana en los procesos presupuestarios, estableciendo una regla que limite el aumento de la deuda pública nacional, así como también limitando la capacidad de endeudamiento de los gobiernos provinciales). La solvencia fiscal no debería ser una cuestión partidaria o ideológica, sino que debería ser una política de Estado. Una lección clave de la experiencia argentina es la necesidad de adoptar instituciones políticas y económicas que generen los incentivos para enfrentar los tiempos difíciles y que sean menos propensas a amplificar los ciclos económicos. La política fiscal tiene un comportamiento pro-cíclico en Argentina lo que exacerba la volatilidad macroeconómica, y esto es lo que hay que cambiar. La política fiscal además de estabilizar el ciclo, debe ocuparse de la equidad distributiva.

UNIDAD 11: Política cambiaria y arancelaria 1-

Política de tipo de cambio y desarrollo (Wlliamson)

La elección del régimen de tipo de cambio se ha considerado como un problema central para los países en desarrollo. En el presente análisis se explica el enfoque de estrategia de desarrollo para abordar la elección del régimen de tipo de cambio. Pensamiento convencional. Max Corden describe tres enfoques alternativos para la elección de un régimen de tipo de cambio. Son esencialmente marcos analíticos que son invocados por aquellos quienes creen que la política de tipo de cambio necesita tomar en cuenta los fines específicos. El enfoque de “ancla nominal” es usado por quienes creen que la política de tipo de cambio necesita tomar en cuenta el del tipo de cambio en reducir el nivel de precios. El enfoque de “metas reales” es usado por quienes reconocen que el régimen de tipo de cambio juega un rol clave en la determinación del equilibrio macroeconómico. Ellos suelen ver al tipo de cambio como una palanca política que puede ser manipulada para alcanzar el equilibrio macroeconómico, y hoy en día creen que el régimen de tipo de cambio debería ser elegido con la visión de facilitar el alcance de metas para la economía real. Finalmente, el enfoque de “estabilidad de tipo de cambio” es el marco de quienes consideran la inestabilidad del tipo de cambio como el mayor problema. a-

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Ancla nominal. La teoría plantea que hay una única estructura de precios relativos, fija un precio cualquiera e introduce un mecanismo de retroalimentación negativa de manera tal que el nivel de precios tenderá a aumentar (disminuir) cada vez que haya presiones para que ese precio disminuya (aumente), y el único precio fijo determinará el nivel de precios. Específicamente, fijar el tipo de cambio nominal y asegurarse de que el déficit de balanza de pagos (superávit) provoque una caída (incremento) en la oferta de dinero, el nivel de precios se vería limitado por el compromiso cambiario. Este enfoque ha sido aplicado principalmente en países latinoamericanos con el objetivo de reducir las altas tasas de inflación. La experiencia ha sugerido que esta estrategia puede tener éxito en detener la inflación, pero solo después de que el nivel de precios se haya sobrepasado (“overshot”), por lo que la moneda se ha sobrevaluado (hay atraso cambiario), lo que amenaza la sostenibilidad del compromiso de mantener el tipo de cambio fijo. El uso de la “tablita” - un anuncio previo del camino que seguirá el tipo de cambio implicando una disminución progresiva de la tasa de devaluación, a diferencia de una adopción inmediata de un tipo de cambio fijo – ha sido dirigido a en un intento de eludir el problema de overshooting, pero sin un éxito notable. Parece claro, que, en la teoría subyacente, el supuesto de una única estructura de precios relativos de equilibrio es incorrecto. Más bien, se necesita un tipo de cambio sobrevaluado para compensar la inercia inflacionaria heredada y generar estabilidad de precios. Para moverse desde allí al equilibrio macroeconómico general, que requiere de un tipo de cambio de equilibrio y de baja inflación, se requeriría de un proceso deflacionario, el cual es, en el mejor de los casos, es políticamente difícil de sostener. Metas reales. Se deriva del trabajo de Keynes y se basa en el postulado de Tinbergen (se requieren tantos instrumentos linealmente independientes como objetivos que se quieran alcanzar). En su versión original postula que los dos instrumentos independientes de política macroeconómica son: la política fiscal – monetaria y la política de tipo de cambio, y demostró la necesidad de que el tipo de cambio se establezca en un nivel apropiado si quiere conseguirse el equilibrio interno y externo, simultáneamente. Mundell trató a la política fiscal y a la política monetaria por separado, e indicó que tendrían efectos diferentes porque la política monetaria influiría tanto en los flujos de capital como en la cuenta corriente, impidiendo así alcanzar los dos objetivos simultáneamente al fijar el tipo de cambio en un determinado nivel. La combinación de instrumentos es dinámicamente inestable en el mediano plazo porque un déficit excesivo en cuenta corriente tiene que ser compensado por una entrada de capitales inducidas por las altas tasas de interés (junto con el aumento de la deuda), magnificando el pago de intereses y, por lo tanto, ampliando el déficit de la cuenta corriente (ya que esta incluye el saldo de remesas), lo que requerirá tasas de interés aún mayores. La solución a este conflicto está en la flexibilidad del tipo de cambio. Dejar flotar el tipo de cambio reduce el número de objetivos a uno: alcanzar el equilibrio interno, debido a que el tipo de cambio flotante equilibra la balanza de pagos sin necesitar una política consciente, permitiendo así que la política fiscal y monetaria se concentren en la consecución del equilibrio interno. Actualmente, es más común argumentar que la política monetaria debe estar dirigida al objetivo a corto plazo de equilibrio interno (comúnmente llamada “metas de inflación”) mientras que la política fiscal debe orientarse al objetivo de largo plazo de solvencia. La principal conclusión es que ni la política monetaria ni la política fiscal deben preocuparse por el equilibrio externo, incluida la estructura de la balanza de pagos (ni el tamaño del déficit de cuenta corriente). Estabilidad del tipo de cambio. Este enfoque no tiene el mismo sustento teórico que los otros dos, fue más bien un intento de darle un sentido teórico al razonamiento subyacente en el sistema monetario europeo. Nota la inestabilidad que caracteriza a los tipos de cambio flotantes, y la dificultad de racionalizar muchos de esos movimientos en tipo de cambios en los fundamentals. Muchos creen que la inestabilidad del tipo de cambio en dañina para la economía. La política monetaria es técnicamente capaz de moderar esas fluctuaciones, pero esto puede dar lugar a movimientos de la tasa de interés que podrían ser contraproducentes desde el punto de vista de la estabilización de la economía nacional (generando volatilidad en el producto). La raíz de la solución está en diferenciar cuándo el tipo de cambio fluctúa puramente por cambios en las expectativas del mercado sobre el tipo de cambio futuro. Si estas expectativas se toman como dadas, entonces, el intento de fijar el tipo de cambio sería simplemente convertir la inestabilidad del tipo de cambio en inestabilidad de las tasas de interés. Pero fijar el tipo de cambio de manera permanente y creíble, estabilizaría las expectativas y conduciría a una ganancia neta de estabilidad. En otro caso, si la presión de las fluctuaciones del tipo de cambio proviene de factores reales subyacentes, entonces, la estabilización del tipo de cambio se produciría a costa de una mayor inestabilidad en la economía real.

En la actualidad es muy común el enfoque de metas reales y la mayoría de los economistas (incluyendo los del FMI) están a favor de la flexibilidad del tipo de cambio, al menos para la mayoría de las economías más grandes. Algunos economistas aceptan que hay algo de verdad en los tres enfoques, por lo que debería diseñarse un régimen que permita que los países aseguren los beneficios de cada uno de los enfoques. Así, este régimen mixto (BBC) evita el ajuste en respuesta a lo que no necesitan ser shocks (como movimientos en terceras monedas, que pueden ser neutralizadas a nivel macro) y asegura el ajuste a shocks que no pueden ser neutralizados (cambios en los términos de intercambio externo, cambios en los flujos de capital subyacentes) mediante pequeños cambios en la paridad como sugiere el enfoque de metas reales. Mediante el enfoque de ancla nominal también se puede construir una desaceleración programada de la inflación anunciando previamente el camino a seguir por el tipo de cambio (es decir, anunciando las mini devaluaciones pactadas). Mediante el enfoque de estabilidad de tipo de cambio se busca evitar las fluctuaciones de las expectativas sobre el tipo de cambio futuro. Este enfoque mixto (BBC) requiere que las autoridades sean capaces de distinguir los shocks reales, que

deberían conducir a cambios en la paridad, de los shocks especulativos, que se buscarán eliminar mediante el enfoque de estabilidad de tipo de cambio. Adicionalmente, requiere que el régimen tenga credibilidad. Enfoque de estrategia de desarrollo. Balassa creía que la política cambiaria era una de las claves para el desarrollo. Un tipo de cambio suficientemente competitivo, o también denominado “tipo de cambio realista”, es aquel que motiva a los empresarios a vender exportaciones no tradicionales en el mercado mundial. Esto requerirá inversión y expansión del empleo, por lo que economía crecerá. En este aspecto entra el juego el riesgo de la enfermedad holandesa. La evidencia empírica sugiere que el crecimiento (y, desde una perspectiva de más largo plazo, el nivel de vida de la sociedad) están inversamente correlacionados con la dotación de recursos. Este resultado resulta contra-intuitivo desde el punto de vista de la teoría tradicional, pero proporciona pruebas contundentes de que la enfermedad holandesa es altamente peligrosa y no es simplemente una parte inevitable del proceso de ajuste de precios relativos que se produce luego de un shock positivo. Esta evidencia sugiere que para mantener el crecimiento en presencia de exportaciones ricas en recursos naturales requiere que se mantenga un tipo de cambio lo suficientemente competitivo para promover las exportaciones no tradicionales. Rodrik sostiene que, los brotes de crecimiento surgen cuando la masa crítica de empresarios decide que el país es un buen lugar para invertir, pero ¿qué es lo que crea esa convicción? A menudo, las causas son idiosincráticas, pero cuando se busca una causa más general se llega a la conclusión de que es el tipo de cambio competitivo. Entonces, ¿debería concluirse que cuanto más competitivas sean las tasas de cambio mejores son las perspectivas de crecimiento de la economía? Eso sería insuficiente. El crecimiento requiere de un suministro de ahorro para traducir las intenciones de inversión en inversión real, y un tipo de cambio competitivo implica que la cuenta corriente sea más positiva por lo que la oferta de ahorro externo para financiar las inversiones es menor. El punto óptimo se alcanza cuando se equilibran estos efectos. El modelo puede escribirse como: g = g(I) = h(e), donde g es el crecimiento de la oferta agregada potencial (tiene relación positiva con la inversión), I es el nivel deseado de inversión como porcentaje del PIB, y e es el tipo de cambio nominal. La función h(e) representa el efecto de un tipo de cambio más competitivo para inducir más exportaciones y, por lo tanto, más intenciones de inversión (tiene relación positiva con el tipo de cambio). Sin embargo, la inversión está limitada por los ahorros: I ≤ S, donde S se expresa en términos del PIB. A su vez, los ahorros consisten en ahorros domésticos más el déficit de la cuenta corriente actual (DCA) (es decir, más ahorros externos): S = D + DCA = D + c(e), donde c tiene relación negativa con el tipo de cambio nominal. D es la cantidad de ahorro doméstico en términos del PIB (el cual se asume como constante, por simplicidad), el DCA es el déficit de cuenta corriente actual en términos del PIB (el cual tiene relación negativa con el tipo de cambio nominal). La solución de este modelo en el caso en que el tipo de cambio sea un instrumento de política puede presentarse en el siguiente diagrama: Se presenta el ahorro y la inversión en el eje horizontal, y el tipo de cambio nominal en el eje vertical (a pesar de que se plantea que la inversión y el ahorro dependen del tipo de cambio y no viceversa). Con respecto a la función de inversión: mientras más competitivo sea el tipo de cambio, resultará en más inversión. La función de ahorro: mientras menos competitivo sea el tipo de cambio, mayor será el ahorro debido al incremento del déficit de cuenta corriente que eso genera. La desigualdad I ≤ S, nos indica que debemos ubicarnos del lado izquierdo de la curva de ahorro. El crecimiento se maximiza donde la inversión se maximiza, es decir en el punto (e*, I*) donde la curva I se intersecta con la curva S. Suponiendo que el gobierno elige un tipo de cambio inferior al de equilibrio, e*, es decir, la moneda es más fuerte. Esto implica que habrá una renuencia a invertir que deprimirá los ingresos o requerirá de alguna política fiscal expansiva que traslade la curva S hacia S’. Eso haría reestablecer el pleno empleo, pero sería en un nivel más bajo de inversión, a menos que el mayor gasto público tome la forma de inversión. Sin embargo, g podría ser incluso menor si la inversión realizada no es completamente compensada y el rendimiento de la inversión pública no coincide con el de la inversión privada que fue desplazada por la caída del tipo de cambio nominal. En el caso en que el gobierno elija un tipo de cambio superior a e*, es decir, una moneda depreciada, los empresarios se entusiasmarían con las expectativas de exportación y desearán invertir más. Sin embargo, esta intención de inversión se verá limitada por el ahorro, a menos que el gobierno lleve a cabo una política fiscal contractiva o que el banco central aplique una política monetaria contractiva (“más dura”). De lo contrario, la inversión se vería reprimida por el aumento del superávit (o reducción del déficit) de cuenta corriente inducido por el aumento del tipo de cambio nominal por encima de e*, y el crecimiento volvería a ser bajo. Hay un tipo de cambio que hace que el DCA = 0. Si el punto de equilibrio (e*, I*), está por debajo del tipo de cambio que hace que DCA = 0, la elección del tipo de cambio que maximiza el crecimiento estará asociada a un déficit de cuenta corriente. Si dicho déficit es de un tamaño que no implique recurrir al uso de las reservas (al menos en el corto plazo), entonces ese equilibrio es sostenible. En cambio, si dicho déficit solo se puede financiar usando las reservas, tarde o temprano se necesitará de un paquete de ajustes al estilo FMI, que involucre devaluación, y política fiscal y monetaria contractivas. En esa situación, un creciente flujo de entradas de capitales que eviten la necesidad de un paquete de políticas de ese tipo sería bueno para el crecimiento, ya que permitiría financiar un alto nivel continuo de inversión. Por el contrario, si el punto de equilibrio (e*, I*), está por encima del tipo de cambio que hace que DCA = 0, estará asociado a un superávit de cuenta corriente. El mantenimiento de este punto requerirá de una continua acumulación de reservas o grandes salidas de capitales, ya un aumento en la entrada neta de capitales haría muy difícil sostener el tipo de cambio al valor e*, requeriría que el banco central adquiera y esterilice más rápidamente las reservas. Si suponemos que el gobierno deja flotar libremente el tipo de cambio, lo que significa que el tipo de cambio será determinado por la curva S, en el punto donde el saldo de la cuenta corriente sea igual al flujo de capitales. Si esta última está determinada exógenamente, entonces el tipo de cambio sería determinado sencillamente por la condición de balanza de pagos, y con un poco de suerte, éste podría coincidir con el tipo de cambio de equilibrio, e*. Si las entradas de capitales son demasiado grandes, el tipo de cambio efectivo será menor al de equilibrio, y esa sería una situación de pleno empleo sólo si el déficit fiscal es igual a la distancia entre las curvas S – I. La consolidación fiscal sin un cambio en el flujo de capitales conduciría al desempleo en lugar de a una moneda más débil. Si las entradas de capital son demasiadas pequeñas, entonces la moneda será débil y el gobierno se vería obligado a adoptar políticas monetarias y fiscales deflacionarias, para evitar las presiones inflacionarias. Hasta ahora se ha asumido que todos los bienes son transables, por lo que un tipo de cambio más competitivo siempre inducirá al deseo de invertir. Pero cuando se introducen al modelo los bienes no transables, conviene preguntarse si la función h(e) continúa teniendo relación positiva con el tipo de cambio. Después de todo, una apreciación del tipo de cambio real no sólo deprime el precio relativo de los bienes transables (y reduce el deseo de inversión en ellos) sino que también eleva el precio relativo de los bienes no transables

(lo que induce el deseo de invertir en ese sector). Sin embargo, hay dos razones para esperar que el impacto neto del tipo de cambio siga siendo favorable a la inversión: 1) se desprende del hecho de que gran parte de la demanda de bienes no transables es una demanda derivada (derivada de bienes comerciables); y 2) el tamaño de los mercados de bienes transables y no transables son muy distintos: el primero es el mercado mundial y el segundo es el mercado nacional. A priori sería razonable concluir que el impacto neto de una apreciación cambiaria será negativo sobre la inversión. Adicionalmente, si se asume que el flujo de capitales es endógeno y que depende de las tasas de interés, tenemos: g = h(e, i), donde existe una relación positiva (neta) con el tipo de cambio y una negativa con la tasa de interés. Por lo tanto, una gran afluencia de capitales no sólo conduciría a un desplazamiento hacia la izquierda de la función S sino también llevaría a un desplazamiento hacia la derecha en la función I, ¿cómo es esto posible que esta entrada de capitales termine en un nivel de inversión más grande que el inicial? La elasticidad de la inversión con la tasa de interés podría surgir de dos fuentes distintas: 1) la tasa de interés baja induce a utilizar métodos más intensivos en capital para producir productos comerciables; y 2) la tasa de interés más baja aumenta la rentabilidad de invertir en bienes no comerciables. El consumo de no todos los bienes no comerciables es una demanda derivada (por ejemplo, eso no se cumple en la demanda de viviendas). Por la existencia de tales bienes es por lo que resulta razonable postular que la elasticidad inversión – interés es razonablemente alta en bienes no transables. Esto lleva a la posibilidad de que una mayor entrada de capitales genere un aumento en la inversión y, por lo tanto, en el crecimiento. Sin embargo, uno no puede garantizar este resultado: una mayor afluencia de capitales que deprime las tasas de interés fomenta el consumo, así como la inversión. Si se produce un aumento neto de la inversión, es muy probable que gran parte de éste sea en bienes no transables. Esto planteará dudas sobre la sostenibilidad de la estrategia: la disminución de la inversión en bienes transables al mismo tiempo que aumenta el endeudamiento, aumenta la necesidad de poder pagar la deuda externa. Esto ha sido el origen de muchas crisis devastadoras en mercados emergentes. El modelo desarrollado aquí es keynesiano más que neoclásico: postula que la inversión está determinada (sujeta a la función S) al deseo de invertir, en lugar de que todos los ahorros deseados se traduzcan en inversión como plantea la teoría neoclásica de crecimiento. Esto explica la conclusión de política que se desprende de este modelo: mantener el tipo de cambio competitivo tiene más valor por preservar el deseo de invertir que la disponibilidad de ahorros adicionales por aumentar la capacidad de invertir. Ley de movilidad de capital y el enfoque de la estrategia de desarrollo. Los economistas han dado por sentado que el tipo de cambio se determina en el mercado de activos y que la cuenta corriente reacciona en gran medida a variaciones del tipo de cambio. Este postulado no parece tener establecer ninguna relación entre el tipo de cambio así determinado y e*. ¿Qué herramientas están disponibles para evitar la pérdida de competitividad del tipo de cambio? Lo primero que debemos preguntarnos es si hay margen para liberalizar las transacciones de cuenta corriente, la cual es la principal herramienta para lograr el ajuste de la balanza de pagos. El arma política más familiar es la esterilización de la intervención en el mercado de divisas (neutralizar el efecto monetario de la compra o venta de divisas). El problema de esta política es que puede ser costosa: si tasa de interés que el banco central tendrá que pagar a los activos nacionales excede a la tasa de interés externa (corregida por el riesgo de devaluación y el riesgo país) que gana con las reservas, entonces esto generará una pérdida de recursos para el banco central por llevar a cabo esas operaciones (déficit cuasi fiscal). Una forma alternativa de esterilizar sin recurrir a la emisión de bonos es contar con instituciones financieras controladas por el gobierno (sistema de ahorro) para cambiar sus depósitos de los bancos comerciales al banco central, pero implica una reducción del retorno de esos ahorros o de lo contrario ocurrirá igualmente una pérdida para el banco central. Otra forma, es reducir la tasa de interés de los pasivos que el banco central emite para esterilizar, es decir, que no esterilice toda la intervención. Esta última alternativa puede tener consecuencias inflacionarias, al menos que la expansión monetaria sea compensada con una política fiscal contractiva (lo que resulta difícil de implementar). Algunos países pueden tener la opción de esterilizar alterando la composición de monedas de sus préstamos: si bien han prestado previamente en moneda extranjera pueden cambiar sus préstamos a moneda nacional. Sin embargo, esto también tiene un costo fiscal: en la medida en que sea necesario pagar más para pedir prestado en la moneda nacional (después de ajustar por el tipo de cambio esperado). Dado que los países que están relativamente más endeudados en moneda nacional se exponen a un menor riesgo, es conveniente explotar este canal. Otro instrumento que se puede implementar para administrar la política de tipo de cambio es el control de capitales (afectan las libertades personales). Las regulaciones prudenciales sobre el sistema bancario tendrán efectos similares al del control de capitales. Una forma atractiva del control es el encaje, que consiste en un porcentaje de activos líquidos sobre el volumen de depósitos que debe ser colocado en el banco central. Se reconoció que este instrumento fue eficaz en cambiar la maduración de los fondos de entrada, pero no fue efectivo en cambiar el tamaño o cantidad de esos fondos. Una alternativa seria imponer un impuesto sobre todos los recibos de divisas que podrían reembolsarse a través de otras transacciones que no requieran penalización. Una alternativa al encaje es variar el coeficiente de reservas requerido en los bancos comerciales, o liberalizar las salidas de capitales, retirar medidas que subsidian la inversión externa directa. Consistencia internacional. Si todos los gobiernos deciden establecer objetivos para su tipo de cambio, entonces hay una cuestión de incoherencia internacional, debido a que solo hay (N-1) grados de libertad para establecer objetivos sobre el tipo de cambio de las N monedas del mundo. Hay que esperar que un país grande renuncie a su objetivo sobre el tipo de cambio y acepte una política de tipo de cambio pasiva que resulte de las decisiones tomadas en los otros países del mundo. Una variante sería que los principales países dejen flotar sus tipos de cambio, mientras que los países pequeños tengan derecho a adoptar estrategias de desarrollo para la gestión del tipo de cambio y establecer un tipo de cambio mediante el cual maximizarán su crecimiento. 2-

La gobernanza global del comercio como si el desarrollo realmente importara (Rodrik).

Los postulados de la OMC le dieron prioridad al aumento de los estándares de vida y el desarrollo sustentable. La ampliación del comercio se vio como un medio para lograr un fin y no como un fin en sí mismo. Sin embargo, en la practica la OMC y las entidades crediticias han llegado a ver estas dos metas, promoción del desarrollo y la maximización del comercio, como sinónimos a tal punto que esta última sustituye la primera. De acuerdo con el sitio web de la OMC su “principal propósito es asegurar que el comercio fluye con la máxima flexibilidad, previsibilidad y libertad posible”. La manera más segura de hacer más por ayudar a los pobres es seguir abriendo el mercado. Aseguran haber identificado el comercio como el determinante clave del crecimiento económico. El modus operandi de la OMC consiste en enfocarse predominantemente en el acceso recíproco al mercado, en vez de centrarse en las reglas comerciales favorables para el desarrollo. Sin embargo, el resultado neto es una fusión de fines y medios: el comercio se convierte en el lente a través del cual se percibe el desarrollo y no al revés. El punto de vista que predomina en las capitales de miembros del G7 y las entidades crediticias, denominado “punto de vista progresista estándar”, es que la integración a la economía global es un determinante esencial del crecimiento económico. A su vez, la integración exitosa requiere tanto el acceso al mercado mejorado en los países industrializados avanzados como de un rango de reformas institucionales en casa (que van desde la reforma jurídica y administrativa, hasta las redes de seguridad) para hacer que la apertura económica sea viable y promueva el crecimiento. Este punto de vista se denomina “progresista” porque

reconoce que la integración no se trata nada más de simplemente reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, y “estándar” porque representa la sabiduría convencional predominante. De acuerdo con esto, la OMC de la actualidad es compatible ya que se enfoca en la ampliación del acceso al mercado y la profundización de la integración mediante la armonización de un amplio rango de “prácticas relacionadas con el comercio”, que son precisamente lo que necesita el desarrollo. Otro punto de vista es aquel que considera que las transiciones hacia el crecimiento rara vez son detonadas por diseños importados del extranjero. La apertura de la economía casi nunca es un factor clave al principio. Por el contrario, las reformas con las que se inicia el crecimiento tienden a ser una combinación de innovaciones institucionales no convencionales y algunos elementos ortodoxos. Estas combinaciones tienden a ser específicas según el país y requieren de conocimientos locales y experimentación para poder implementarse con éxito. En este punto de vista alternativo, un régimen de intercambio internacional favorable para el desarrollo es aquel que no se enfoca únicamente en mejorar el acceso a los mercados de los países industrializados avanzados para los países pobres, sino que permite que los países pobres experimenten con arreglos institucionales, y les deja espacio para que diseñen sus propias soluciones a los cuellos de botella del desarrollo a los que se enfrentan. Evalúa las demandas de la reforma institucional no desde la perspectiva de la integración sino desde la perspectiva del desarrollo. De acuerdo con esta visión, la OMC ya no serviría como un instrumento para la armonización de políticas y prácticas económicas entre países, sino como una organización que administre los puntos de contacto entre las distintas prácticas institucionales. Uno de los argumentos clave es que los países en vías de desarrollo se estafan a sí mismos cuando enfocan sus quejas en asimetrías específicas del acceso al mercado. No existe evidencia convincente de que la liberalización comercial esté predeciblemente asociada con el crecimiento económico subsiguiente. El problema no es la liberalización comercial en sí, sino el desvío de recursos financieros y de capital político de prioridades de desarrollo más urgentes y meritorias. El régimen comercial tiene que aceptar la diversidad institucional en vez de tratar de eliminarla y que, por consiguiente, debe aceptar el derecho de los países de “proteger” sus acuerdos institucionales. Ese derecho de proteger los propios arreglos sociales no es igual al derecho de imponérselos a los demás y tampoco se extiende hasta ese punto. Una vez que estos simples principios sean aceptados e internalizados en las reglas comerciales, las prioridades de desarrollo de las naciones pobres y las necesidades de los países industrializados podrán volverse compatibles y respaldarse mutuamente. La liberalización comercial, el crecimiento y la mitigación de la pobreza: ¿qué muestran en realidad los hechos? Dos puntos importantes: 1) un liderazgo comprometido con el desarrollo y que respalde una estrategia de crecimiento coherente sirve mucho más que la liberalización comercial, aun cuando la estrategia se aparte marcadamente de la visión progresista estándar de las reformas; y 2) la integración con la economía mundial es resultado y no requisito de una estrategia de crecimiento exitosa. El banco mundial clasifica a los países en vías de desarrollo como “globalizadores” y “no globalizadores”, según las tasas de crecimiento de sus volúmenes comerciales. Sin embargo, los volúmenes comerciales son resultado de muchas cosas distintas que incluyen, sobre todo, el desempeño general de una economía. No son algo que los gobiernos controlen directamente. Lo que los gobiernos controlan son las políticas comerciales (nivel de barreras arancelarias y no arancelarias, su membresía con la OMC, el cumplimiento de sus acuerdos, entre otros). La pregunta pertinente es la siguiente: ¿las políticas de apertura comercial producen de manera confiable un mayor crecimiento económico y una mayor reducción de la pobreza? Los estudios disponibles no revelan una relación sistemática entre el nivel promedio de restricciones arancelarias y no arancelarias de un país y su posterior tasa de crecimiento económico. La única relación sistemática es que los países desmantelan las restricciones comerciales a medida que se van enriqueciendo. Los países ricos de la actualidad se embarcaron en el crecimiento económico moderno parapetándose en barreras proteccionistas, pero ahora tienen pocas barreras comerciales. Shachs y Warner describieron que las economías abiertas, según la propia definición del estudio, crecieron 2,4% más rápidamente al año que las economías más cerradas, la cual es una diferencia enorme. Sin estudios de este tipo, las organizaciones como el Banco Mundial y la OMC no habrían promovido con tanta vehemencia las estrategias de crecimiento enfocadas en el comercio. Sin embargo, estos estudios tienen errores: la clasificación de países que realizan los autores fusiona la macroeconomía, la geografía y las instituciones con la política comercial. Existen motivos para mostrarse escéptico acerca de la existencia de una relación general e inequívoca entre la apertura comercial y el crecimiento. Es probable que la relación depende del país del que se trate y de un sinfín de características externas. La teoría moderna del crecimiento endógeno genera una respuesta ambigua a la pregunta de si la liberalización comercial promueve el crecimiento. La respuesta varia, dependiendo de si las fuerzas de la ventaja comparativa empujan los recursos de la economía hacia actividades que generen crecimiento a largo plazo o que los desvíen de tales actividades. Sin embargo, también es cierto que ningún país se ha desarrollado con éxito dándole la espalda al comercio internacional y los flujos de capitales de largo plazo. Muy pocos países han crecido durante periodos prolongados sin experimentar un aumento en la proporción que representa el comercio exterior en su producto nacional. Es igualmente cierto que ningún país se ha desarrollado con simplemente abrirse al comercio exterior y a la inversión extranjera. En los casos de éxito, el secreto ha estado en combinar las oportunidades que ofrecen los mercados mundiales con una estrategia de inversión nacional y construcción de instituciones para estimular la exuberancia natural de los empresarios nacionales. Las experiencias de China e India son especialmente dignas de mención. En ambos países las principales reformas comerciales se llevaron a cabo aproximadamente una década después del arranque del crecimiento más acelerado. Además, las restricciones comerciales de esos países se mantuvieron entre las más severas del mundo. El aumento en el crecimiento de China comenzó a fines de la década de los setenta, con la introducción del sistema de responsabilidad familiar en la agricultura y del régimen de dobles precios. La liberalización comercial no comenzó de verdad sino hasta mucho después, una vez que la tendencia de la tasa crecimiento aumentó considerablemente. El argumento típico es que “las tasas de crecimiento de estos globalizadores recientes generalmente se aceleran a medida que se vuelven más abiertos”. La pregunta pertinente para los encargados de formular políticas no es si el comercio en sí es bueno o malo, sino cuál es la secuencia correcta de políticas y qué tanta prioridad debe dársele a la liberalización comercial profunda al inicio del proceso de reforma. Las experiencias de China e India insinúan los beneficios de un enfoque de un gradual y secuenciado. Un motivo importante para retrasar la liberalización significativa de las importaciones hasta después de que el dinamismo económico haya echado raíces es que el hacerlo protege el empleo durante la transición. En economías que se han liberalizado rápidamente (como América Latina), la mano de obra liberada por sectores que anteriormente estaban protegidos no acabó en actividades comerciales más productivas sino en actividades informales con una productividad incluso menor (o en el desempleo). Esto explica por qué la productividad a lo ancho de la economía ha sufrido en estos países. En un modelo con tres tipos de bienes transables: sustitutos de importaciones, exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales, la premisa del modelo latinoamericano se basa en la idea de que eliminar la protección de la primera categoría de bienes detonaría un nivel suficiente de producción nueva de los otros dos tipos de bienes. Sin embargo, cuando la elasticidad de la oferta de las exportaciones tradicionales es limitada (y requieren de poca mano de obra) y no surgen nuevas exportaciones automáticamente, esta expectativa puede no cristalizarse. En contraste, el modelo asiático se basa en el apoyo directo de las exportaciones no tradicionales. La conclusión apropiada no es que la protección al comercio sea inherentemente preferible a la liberalización comercial. El punto importante es que actualmente, los beneficios de la apertura comercial son muy exagerados. No puede dependerse de la liberalización comercial profunda para generar tasas elevadas de crecimiento económico y, por ende, ésta

no merece la gran prioridad que normalmente se le asigna en las estrategias de desarrollo que impulsan las organizaciones multilaterales. El verdadero debate no se trata de la si la integración es buena o mala, sino de asuntos de políticas y prioridades. Los beneficios limitados del (mayor) acceso al mercado en los mercados de los países desarrollados. ¿No estarían mucho peor los países en vías de desarrollo si no pudieran exportar bienes hacia los mercados de los países industrializados? Seguramente sí. Lo que no está claro es si los países en vías de desarrollo tienen mucho que ganar en una mayor liberalización de los mercados de los países avanzados. Sería difícil identificar un país pobre cuyos prospectos de desarrollo estén seriamente bloqueados por restricciones sobre el acceso a mercado en el extranjero. Cualquier país que tenga una estrategia de desarrollo sensata tiene la oportunidad de hacer crecer su economía con la ayuda del comercio. Las estimaciones más sensatas sugieren que la liberalización comercial completa (incluyendo la del sector manufacturero y llevada a cabo por las naciones en vías de desarrollo en sí) produciría un beneficio neto para el mundo en vías de desarrollo de 1% o menos de sus ingresos. La agenda integracionista y el desplazamiento de las prioridades del desarrollo. Las prioridades son importantes porque en la visión progresista estándar la integración con la economía mundial ya no es simplemente cuestión de eliminar las barreras al comercio y la inversión. Los países tienen que cumplir con una larga lista de requisitos institucionales para poder maximizar las ganancias y minimizar los riesgos de participar en la economía mundial. La integración global sigue siendo la condición previa clave para el desarrollo económico, pero ahora consiste en mucho más que simplemente abrir las fronteras de par en par: requiere de una gama completa de reformas institucionales. Entonces, la liberalización comercial implica no solamente disminuir las barreras arancelarias y no arancelarias, sino cumplir con los requisitos de la OMC en materia de subsidios, propiedad intelectual, procedimientos aduaneros y políticas respecto a los inversionistas extranjeros. Estos requisitos jurídicos deben complementarse con reformas adicionales para garantizar resultados económicos favorables: una reforma fiscal para compensar la pérdida de ingresos por aranceles, redes de seguridad social para compensar a los trabajadores desplazados, innovaciones institucionales que mejores la credibilidad sobre la permanencia de las reformas, una reforma al mercado laboral para mejorar la movilidad de la mano de obra entre industrias, asistencia tecnológica para actualizar a las empresas que se ven negativamente afectadas por la competencia de las importaciones, programas de capacitación para garantizar que las empresas y los inversionistas orientados hacia las exportaciones tengan acceso a la mano de obre calificada, entre otros. Poco habría que discutir sobre la necesidad de adoptar esas reformas, pero en el mundo real, los recursos fiscales, las capacidades administrativas y el capital político son todos escasos y hay que elegir cómo implementarlos. Las reglas de admisión en la economía mundial no solamente reflejan una escasa coincidencia de las prioridades del desarrollo, sino que con frecuencia son totalmente ajenas a los principios económicos sensatos. Con frecuencia los acuerdos comerciales bilaterales y regionales son mucho peores, ya que imponen condiciones previas todavía más severas a los países en vías de desarrollo a cambio de migajas de “mayor acceso al mercado”. Muchas de las reformas institucionales necesarias para la inserción en la economía mundial pueden ser independientemente deseables o producir derramas más amplias. No obstante, estas prioridades no necesariamente coinciden con las prioridades de una agenda que esté enfocada en el desarrollo de manera más completa. Los mercados mundiales son una fuente de tecnología y capital, serpia una tontería que el mundo en vías de desarrollo no explotara esas oportunidades. Las estrategias de desarrollo exitosas siempre han requerido una mezcla juiciosa de prácticas importadas e innovaciones institucionales internas. Necesitan forjar una estrategia de crecimiento interno que dependa de los inversionistas locales y las instituciones locales. La desventaja más costosa de la agenda integracionista es que está desplazando al pensamiento y a los esfuerzos serios de este tipo. Un régimen de comercio internacional que ponga al desarrollo por delante: principios generales y ejemplos. El acceso a los mercados de los países industrializados es importante para el desarrollo, pero también lo es la autonomía para experimentar con innovaciones institucionales que se alejen de la ortodoxia. Bajo el GATT, el régimen del comercio internacional no llegó mucho más allá de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. El principio de la “nación más favorecida” garantizó que éstas se beneficiaran de las reducciones arancelarias negociadas entre los países industrializados, mientras que ellas mismas renunciaron a muy poco cambio. Puede que el patrón de liberalización resultante haya sido asimétrico, pero el efecto neto para el mundo en vías de desarrollo fue sumamente saludable. El entorno de los globalizadores de la actualidad es muy distinto y mucho más restrictivo. Para las economías más pobres del mundo, todavía se puede lograr algo similar al GATT y constituiría un régimen que facilitara más el desarrollo que el que existe en la actualidad. Estas son economías que individual y colectivamente son lo suficientemente pequeñas como para que las cuestiones de “ajuste” de los países avanzados no constituyan un serio obstáculo a la disposición del acceso unilateral al mercado en el hemisferio norte para la mayoría de los productos que son de interés para ellos. Sería mucho mejor darles el espacio para seguir sus propias prioridades institucionales, al tiempo que se les dé un acceso libre de aranceles y cuotas a los mercados del hemisferio norte. En la práctica, esto puede lograrse ampliando los periodos existentes de “introducción paulatina”, hasta que se alcancen ciertos umbrales de ingresos, o incorporando una excepción general para los países menos desarrollados. Según Amsden, las reglas de la OMC continúan siendo permisivas en lo que concierne a las políticas y que lo que les falta a los países en vías de desarrollo es la “visión” para transformar sus economías. Sin embargo, las regulaciones actuales de la OMC imposibilitan muchas de las estrategias que usaron exitosamente los países del este de Asia. Bajo un conjunto sensato de reglas de comercio global, los países industrializados tendrían el mismo derecho de “proteger” sus propios arreglos sociales que el que tienen las nacionales en vías de desarrollo de adoptar prácticas institucionales. Los determinantes de las actitudes individuales hacia el comercio en los países ricos son moldeados por valores que tienen que ver con sentimientos comunitarios y patrióticos, así como con un estrecho interés propio material. Los países en vías de desarrollo que tienen ingresos medianos tienen que aceptar un conjunto de derechos y obligaciones más equilibrado. ¿Facilitaría el desarrollo después de todo? Sí, siempre que se acepten cinco principios: a-

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El comercio es un medio para lograr un fin, no un fin en sí mismo. El primer paso consiste en dejar de asignarle una relevancia normativa al comercio en sí. El comercio es útil en la medida en que atienda a las metas más extensas sociales y de desarrollo. Los países en vías de desarrollo no deberían obsesionarse con el acceso a los mercados extranjeros a costa de descuidar retos de desarrollo más básicos en casa. Los países industrializados deberían equilibrar los intereses de sus exportadores y de las empresas multinacionales con los de sus trabajadores y consumidores. A lo sumo, el comercio sirve como instrumento para lograr las metas que buscan las sociedades: prosperidad, estabilidad, libertad y calidad de vida. Los países en vías de desarrollo están en lo correcto al oponerse a un sistema que sopesa sus necesidades en términos de comercio mundial en expansión y no de la mitigación de la pobreza. En vez de preguntar qué tipo de sistema de comercio multilateral maximiza las oportunidades de comercio exterior e inversión extranjera, se preguntaría qué tipo de sistema multilateral permite mejor que las naciones del mundo vayan en pos de sus propios valores y objetivos de desarrollo. Las reglas comerciales tienen que permitir la diversidad en las instituciones y estándares nacionales. No existe una receta única para lograr el avance económico. Los incentivos basados en el mercado, los derechos de propiedad efectivos, la competencia y la estabilidad

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macroeconómica son clave en todos lados. En un sentido más amplio, la libertad política, las libertades civiles y los derechos humanos son principios universales, pero incluso estos requisitos y principios universales pueden adoptar formas institucionales variadas. Las estrategias de inversión, que son necesarias para poner en marcha las economías, también pueden presentarse en formas distintas. Los ciudadanos de distintos países tienen preferencias variadas acerca de las regulaciones que debieran gobernar. En la práctica, esas preferencias se acumulan a través de mecanismos de elección social que pueden ser sumamente imperfectos y a que a veces reflejan el poder excesivo de los grupos de cabildeo organizado. La respuesta adecuada a estas deficiencias es mejorar la operación de la democracia representativa y participativa, no menoscabarla. Las naciones ricas y pobres tienen necesidades distintas en los ámbitos de los estándares laborales o la protección de patentes. Los países pobres necesitan espacio para seguir las políticas de desarrollo que los países más ricos ya no necesitan. Cuando los países usan el sistema comercial para imponerles sus preferencias institucionales a los demás, el resultado es la erosión de la legitimidad y eficacia del sistema. Las reglas comerciales deberían buscar la coexistencia pacífica de las practicas nacionales, no su armonización. Los países no democráticos no pueden contar con los mismos privilegios comerciales que los países democráticos. Los países pobres argumentan que no les resulta costeable tener los mismos estándares tan estrictos de los países avanzados. Los países democráticos pueden aducir legítimamente que sus prácticas son consistentes con los deseos de sus propios ciudadanos. Desde luego, la democracia nunca funciona a la perfección. El punto es simplemente que la presencia de libertades civiles y políticas sirva como una presunta fachada contra la acusación de que las normas laborales, ambientales y de otro tipo son inadecuadamente bajas en los países en vías de desarrollo. Los países no democráticos como China, no superan la misma prueba prima facie. La aseveración de que los derechos laborales y el medio ambiente son pisoteados a beneficio de las ventajas comerciales no puede descartarse tan fácilmente en esos países. En ausencia de la supuesta fachada que dan los derechos democráticos, estos países necesitan argumentar que las decisiones políticas que generan dificultades de ajuste en los países importadores favorecen el desarrollo. El argumento de “costeabilidad” tiene menos peso: la no discriminación, la libertad de asociación, la negociación colectiva y la prohibición del trabajo forzado no cuestan nada, el cumplimiento de estos derechos laborales esenciales no hace daño y de hecho beneficia al desarrollo económico. Estos últimos son ejemplos que no pasan la prueba del desarrollo. Los países tienen el derecho de proteger sus propias instituciones y prioridades de desarrollo. Los defensores rebaten el punto diciendo que existe poca evidencia de que el comercio lleve a la erosión de estándares nacionales. Se debe aceptar que los países puedan mantener normas y políticas nacionales en estas áreas, denegando el acceso al mercado o suspendiendo sus obligaciones para con la OMC si es necesario, cuando el comercio claramente menoscaba prácticas internas que gozan del apoyo popular. La OMC ya tiene implementado un sistema de “salvaguardas” para proteger a las empresas de los aumentos repentinos en las importaciones. Una ampliación de este principio para proteger en casa las prioridades de desarrollo o las normas ambientales, laborales y de seguridad para el consumidor, podría hacer que el sistema de comercio mundial facilitara más el desarrollo, que fuera más adaptable y que resistiera mejor el proteccionismo improvisado. Actualmente, las “salvaguardas” permiten el aumento temporal de las restricciones comerciales bajo un conjunto muy reducido de condiciones: es necesario que se determine que el aumento en las importaciones haya ocasionado un daño serio a la industria nacional o amenace con hacerlo, y que esa causalidad esté firmemente establecida. Las salvaguardas no se pueden aplicar a los exportadores de países en vías de desarrollo a menos que su participación en las importaciones del producto del que se trate exceda cierto umbral. Un país que aplique medidas de salvaguarda tiene que compensar a los exportadores afectados otorgándoles concesiones equivalentes, sin las cuales los exportadores estarían libres para tomar represalias. Una interpretación más amplia de las salvaguardas reconocería que los países podrían legítimamente desear restringir el comercio o suspender sus obligaciones para con la OMC (es decir, ejercer “derechos de exclusión voluntaria”) por razones que van más allá de las amenazas competitivas a sus industrias. Las prioridades de desarrollo se cuentan entre estas razones. Se podría imaginar una reformulación del acuerdo actual para convertirlo en un “acuerdo sobre salvaguardas sociales y de desarrollo”, que permitiera la aplicación de derechos de exclusión voluntaria bajo un rango más amplio de circunstancias, lo que requeriría una reformulación de la prueba de “daño serio”. Este último puede reemplazarse con otro obstáculo: la necesidad de demostrar un apoyo nacional amplio, entre todos los actores interesados, a favor de la medida propuesta. La garantía más importante y confiable contra el abuso de los derechos de exclusión voluntaria es la deliberación con conocimiento de causa a nivel nacional. Entonces, una reforma clave sería exigir que el proceso de investigación de cada país reúna testimonios y puntos de vista de todas las partes pertinentes, y que determine si existe o no un apoyo suficientemente amplio entre estos grupos para el ejercicio del derecho de exclusión voluntaria o salvaguarda en cuestión. La principal ventaja del procedimiento propuesto es que obligaría a un debate público sobre la legitimidad de las reglas comerciales y cuándo pueden suspenderse adecuadamente. Garantiza que todos los frentes sean escuchados. Una cláusula con fecha de expiración automática podría garantizar que las restricciones comerciales y los derechos de exclusión voluntaria no lleguen a arraigarse mucho después de que la necesidad aparente haya desaparecido. El permitir los derechos de exclusión voluntaria de esta manera no estaría libre de riesgos. Debe tomarse en cuenta la posibilidad de que se abuse de los nuevos procedimientos con fines proteccionistas y que se abra la puerta a la acción unilateral en un frente amplio, a pesar del elevado umbral que aquí se contempla. No obstante, los países no tienen derecho a imponerles sus preferencias institucionales a los demás. Las sanciones comerciales para promover las preferencias de un país rara vez son eficaces y carecen de legitimidad moral (excepto cuando se usan en contra de regímenes políticos represivos). Éste y el principio anterior ayudan a marcar una útil distinción entre dos estilos de unilateralismo: uno enfocado en proteger las diferencias y otro enfocado en reducirlas. Un régimen de comercio mundial bien diseñado dejaría espacio para lo primero, pero prohibiría lo último. Otras medidas que favorecen el desarrollo. Un régimen que favorezca el desarrollo tendría los siguientes rasgos: Restringiría ampliamente el uso de medidas antidumping en los países industrializados avanzados cuando las exportaciones se originen en los países en vías de desarrollo. Permitiría una mayor movilidad de los trabajadores a través de las fronteras internacionales al liberalizar, por ejemplo, el movimiento de personas físicas conectadas. Requeriría que todos los acuerdos actuales y futuros de la OMC estén totalmente presupuestados, en términos de su implementación y otros costos.

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Cuando un panel de resolución de disputas resuelva a favor de un país en vías de desarrollo que se queja, se requerirá una compensación adicional o que otros países se sumen a las represalias. Daría mayor asistencia jurídica y de investigación para los miembros de la OMC que sean países en vías de desarrollo en casos potenciales de resolución de disputas.

Conclusiones: de una mentalidad de intercambio de mercado a una mentalidad de desarrollo. Los economistas consideran que la OMC es una institución diseñada para ampliar el libre comercio y, por lo tanto, el bienestar de los consumidores. En realidad, se trata de una institución que permite que los países negocien el acceso al mercado. El libre comercio no es el resultado típico de este proceso, ni tampoco es el bienestar de los consumidores (mucho menos el desarrollo) lo que los negociadores tienen principalmente en mente. Los principales beneficiarios del libre comercio que se mencionan en los libros de texto, los consumidores, no están representados de ninguna manera. Hay muy poscas cosas en la estructura de las negociaciones multilaterales para garantizar que sus resultados sean consistentes con las metas de desarrollo. Existen al menos tres fuentes de la falta de coincidencia entre lo que requiere el desarrollo y lo que hace la OMC: 1- aun si el libre comercio fuera óptimo para el desarrollo en su sentido más amplio, la OMC no busca fundamentalmente el libre comercio; 2- aun si el comercio fuera el principal objetivo de la OMC, no hay ninguna garantía de que el libre comercio sea la mejor política comercial para países que tienen bajos niveles de desarrollo; y 3- el cumplimiento de las reglas de la OMC, aun cuando no sean dañinas en sí mismas, desplaza una agenda más enfocada al desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional. El argumento clave ha sido que el régimen de comercio mundial tiene que pasar de una mentalidad de “acceso al mercado” a una mentalidad de “desarrollo”. Se debe dejar de evaluar el régimen comercial desde la perspectiva de si maximiza o no el flujo comercial de bienes y servicios y, en lugar de eso, preguntar “¿los arreglos comerciales actuales y propuestos maximizan las posibilidades de desarrollo a nivel nacional?”. Una implicación clave es que las naciones en vías de desarrollo tienen que articular sus necesidades no en términos de acceso al mercado, sino en términos de la autonomía de políticas que les permitirá ejercer innovaciones institucionales que se alejen de las ortodoxias imperantes. Una segunda implicación es que la OMC debería concebirse no como una institución dedicada a la armonización y reducción de las diferencias institucionales sino como una institución que administra los puntos de contacto entre los distintos sistemas nacionales. Un cambio hacia una mentalidad verdaderamente de desarrollo en las negociaciones comerciales tendría varias ventajas importantes: 1- crearía un ambiente económico internacional más favorable al desarrollo, los países podrían usar el comercio como medio para lograr el desarrollo en vez de verse obligados a ver al comercio como un fin en sí mismo, y al mismo tiempo tener que sacrificar metas de desarrollo; 2- ver a la OMC como una institución que administra la diversidad institucional, en lugar de imponer la uniformidad; 3- este cambio en la perspectiva constituye una salida del impase en el que se encuentra el sistema comercial. Esto último se debe a que hay grupos que se sienten excluidos: los gobiernos de países en vías de desarrollo (que se quejan de la asimetría de las reglas comerciales) y las ONG del hemisferio norte (que denuncian una atención inadecuada a los valores fundamentales como son la transparencia, la rendición de cuentas, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental). Una vez que el régimen comercial se vea desde una perspectiva de desarrollo, quedará claro que los gobiernos de países en vías de desarrollo y las ONG del hemisferio norte comparten las mismas metas: autonomía de políticas para ir en pos de los propios valores y prioridades, mitigación de la pobreza y desarrollo humano ecológicamente sostenible. Este cambio de perspectiva proporciona mejores cimientos para el crecimiento del comercio multilateral.

UNIDAD 12: Regulaciones 1-

Descripción general de la regulación de la utilidad (Banco Mundial)

Existe un consenso creciente de que el desarrollo exitoso de la infraestructura de servicios públicos -electricidad, gas natural, telecomunicaciones, y agua - depende en gran parte en la adopción de políticas públicas apropiadas y la implementación efectiva de estas políticas. Un elemento central de estas políticas es el desarrollo de un aparato regulador que proporcione estabilidad, proteja consumidores del abuso del poder de mercado, protege a los consumidores y operadores contra la política oportunista, y ofrece incentivos para que los proveedores de servicios operen de manera eficiente e inversiones necesarias. Como la forma en que se hace la regulación juega un papel tan vital en el desarrollo de la infraestructura y uso, la mayoría de las discusiones sobre políticas de servicios públicos se centran en cómo se debe hacer la regulación, por ejemplo, cómo introducir y facilitar la competencia, cómo proporcionar a los operadores incentivos para un mejor rendimiento y cómo los reguladores deberían involucrar a las partes interesadas. La literatura académica llama a tales teorías normativas de trabajo de regulación. Decimos que nuestro enfoque "primario" está en el trabajo normativo porque estaríamos en un error si fallamos en reconocer por qué ocurre la regulación. Por ejemplo, siempre hay un contexto político dentro del cual un país elige iniciar, continuar o cambiar su regulación de servicios públicos. Las motivaciones para la regulación afectan cómo se produce la regulación y son consideradas por una segunda escuela de pensamiento sobre la política regulatoria, a saber, las teorías positivas de la regulación. Las teorías positivas se centran en los roles de las partes interesadas en el proceso de formulación de políticas. El problema regulatorio. Parece justo decir que los gobiernos establecen una regulación de los servicios públicos para mejorar el rendimiento relativo de un sector. Lo que podría significar "mejorar el rendimiento del sector" sin embargo, puede estar sujeto a un debate considerable. A menudo, "mejorar el rendimiento del sector" significa que el gobierno quiere controlar el poder de mercado y / o facilitar la competencia. También el gobierno puede adoptar una regulación para proteger a los operadores y clientes de las decisiones políticas, lo que sacrifica la eficiencia a largo plazo para la conveniencia política a corto plazo. "Mejorar el desempeño del sector" también podría significar que el gobierno ha elegido regular para favorecer tipos particulares de clientes o para proteger a los operadores de la competencia. En este contexto, bienestar significa el beneficio agregado que proporcionan los servicios públicos, incluidos los beneficios para los consumidores, beneficios para los operadores y externalidades. Las externalidades son beneficios o costos de una transacción que son recibidos u originados por terceros que no son parte de la transacción. Desde una perspectiva normativa, la regulación de un operador de servicios públicos puede ser deseable si (1) los objetivos de bienestar del gobierno son diferentes de los objetivos del operador, y (2) el operador tiene una ventaja de información sobre el gobierno. En la práctica, los objetivos de un gobierno son típicamente diferentes de los objetivos de un operador. Por ejemplo, el gobierno puede estar principalmente preocupado por nuevas inversiones, expansión de servicios y precios bajos. Por el contrario, es probable que un operador de propiedad privada desee maximizar beneficios, un objetivo que, sin control, generalmente se entiende que es inconsistente con servicios disponibles y precios bajos en general si el operador tiene poder de mercado. Las empresas de propiedad estatal pueden querer satisfacer a los partidarios políticos clave, mantener altos niveles de empleo para sindicatos políticamente poderosos, o grandes presupuestos seguros, que también serían inconsistentes con objetivos del gobierno. Debido a estas diferencias en los objetivos, los gobiernos suelen adoptar instrumentos para inducir a los operadores a alcanzar los objetivos del gobierno. Para ilustrar la importancia de que el operador tenga una ventaja de información: una situación genéricamente se conoce como una asimetría de información - supongamos que el gobierno y el operador tiene diferentes objetivos y el gobierno sabe tanto como el operador sobre la demanda del cliente y la capacidad del operador para satisfacer la demanda del cliente. En este caso, el gobierno podría simplemente micro gestionar al operador, es decir, decirle al operador cuándo mantener líneas, cuántos trabajadores emplear, etc. - para alcanzar los objetivos del gobierno. Este enfoque se llama regulación de comando y control, y en efecto es gobierno completo gestión del operador. Además, generalmente también ocurre que hay una asimetría de información entre el gobierno y el operador. La información asimétrica en este contexto significa que el operador tiene lo que los economistas llaman información privada sobre su capacidad para operar de manera eficiente, sobre patrones de la demanda del cliente, o acerca de la cantidad de esfuerzo que se requiere para que el operador sea eficiente. Hay tres enfoques básicos para tratar con las asimetrías descritas anteriormente, a saber, (a) superar el poder de mercado sometiendo al operador a presiones competitivas, (b) recopilar información sobre el operador y el mercado, y (c) controlar el poder del mercado mediante aplicando la regulación de incentivos. Primer enfoque: competencia. Cuando los operadores están sujetos a presiones competitivas, suceden dos cosas que ayudan a superar los problemas de asimetría descritos anteriormente. El primer desarrollo es que el operador, en su búsqueda de ganancias, tiene un incentivo para proporcionar niveles de calidad del servicio y niveles de precios que son lo mejor para los clientes, sujeto a la necesidad del operador de cubrir sus costos. La competencia puede proporcionar este resultado porque los clientes plenamente informados comprarán solo a aquellos operadores que brinden la mayor cantidad de combinaciones beneficiosas de calidad y precio. Incluso si el operador en un mercado competitivo es propiedad del estado, la competencia presiona al operador para actuar como un operador de propiedad privada porque éste debe responder a los clientes para financiar sus operaciones, a menos que el operador puede usar su estado como un proveedor de servicios de propiedad estatal para obtener una ventaja sobre sus rivales. El segundo resultado de someter al operador a presión competitiva es que revela la demanda real de los clientes, la capacidad innata del operador de ser eficiente y cuánto esfuerzo está dispuesto a ejercer para ser eficiente. Los reguladores someten a los operadores a presiones competitivas al liberalizar los mercados y facilitando la competencia. Hay tres enfoques básicos. El primer enfoque es tener múltiples los operadores que compiten en el mercado para clientes. Esto se llama competencia en el mercado. El segundo método, llamado competencia por el mercado, es que los operadores compitan por el mercado haciendo que los operadores hagan una oferta por el derecho a ser el proveedor del derecho. La tercera técnica es hacer competir a los operadores en diferentes mercados comparando la eficiencia y efectividad de sus operaciones y premiando a los operadores que brindan rendimiento superior. El tercer enfoque, llamado competencia entre mercados. Competencia en el mercado. Existen varios enfoques para facilitar la competencia en el mercado. El trabajo principal del regulador es eliminar las barreras de entrada o competencia. Los pasos típicos incluyen eliminar las restricciones de licencia o grandes tarifas de licencia, reduciendo los costos de conmutación y requiriendo acceso a insumos esenciales, como recursos de numeración telefónica. Cuando algunos elementos del servicio de utilidad tienen características de monopolio (actividades de distribución), los reguladores también usan herramientas como separación estructural y desagregación para facilitar la competencia. La separación estructural dividivi las porciones potencialmente competitivas del servicio de utilidad de

las no competitivas. Estas porciones no competitivas, pero esenciales de el servicio se llama instalaciones esenciales. La separación estructural prohíbe que un solo operador proporcione la porción competitiva y no competitiva del servicio en un intento de garantizar que el proveedor de la instalación esencial utiliza su control de la instalación esencial para obstaculizar competencia. La separación estructural a veces se denomina desagregación, pero algunas formas de la separación pueden ser menos severa que la separación estructural. Cuando la separación o desagregación estructural no implica una propiedad separada, los reguladores a menudo requieren separaciones contables o vallas de anillo para garantizar que no haya subsidios cruzados de las operaciones no competitivas a las operaciones competitivas. La fijación de precios de acceso es un elemento importante de las políticas reguladoras diseñadas para facilitar competencia en el mercado. Cuando un servicio de utilidad se desagrega, los rivales a menudo le pagan al operador un precio de acceso para el uso del elemento no competitivo del servicio. Como este precio es una fuente de ingresos, el operador que proporciona la porción competitiva y no competitiva del servicio, tiene un incentivo para elevar este precio a un nivel que limite la competencia. Competencia por el mercado. La competencia por el mercado puede ser deseable cuando la competencia en el mercado es inviable o poco práctica. En tales casos, el derecho a ser el proveedor monopólico del servicio podría ser subastado a través de una subasta eficiente. Una subasta eficiente es aquella en la cual (1) la empresa eficiente gana la subasta, y (2) el operador ganador renuncia a la mayor parte de sus ganancias monopólicas. Al pagar este alto precio, el postor ganador renuncia al menos a una parte de sus ganancias de monopolio, que pueden ser distribuido a los clientes. En general, las ganancias de monopolio son ganancias superiores al costo de capital. La regulación posterior a la subasta aún puede ser necesaria si los precios necesitan ajustarse a eventos imprevistos, pero la repetición periódica de las subastas puede sustituir la regulación de precios típica. Segundo enfoque: obtención y análisis de información. Además de usar la competencia para superar las asimetrías en la información y los objetivos, los reguladores también pueden disminuir las asimetrías de información al obtener información sobre el operador y mercados, que generalmente incluyen datos financieros y estadísticas operativas. Los datos financieros que los reguladores requieren de los operadores típicamente incluyan balances, estructura de capital, ingresos estados de cuenta, estados de flujo de efectivo y programas de depreciación. Los reguladores pueden juntar datos de una variedad de fuentes, incluyendo informes a los accionistas y las autoridades fiscales, pero el enfoque más común es exigir que el operador proporcione al regulador financiero declaraciones anuales de acuerdo con un sistema uniforme de cuentas, que es un conjunto de reglas de contabilidad determinadas por el regulados que definen las cuentas y las prácticas de contabilidad que el operador debe seguir al informar al regulador. Las estadísticas de operación típicamente incluyen información sobre precios, cantidades de servicios individuales vendidos, números de clientes, número de empleados, calidad de los servicios prestados, fuentes de combustible o agua, generador de electricidad o estadísticas operativas de tratamiento de agua, etc., generalmente anualmente o mensualmente. Tercer enfoque: regulación de incentivos. El tercer enfoque para tratar las asimetrías de información es que el regulador diseñe e implemente esquemas de incentivos que recompensen al operador por usar su información privada para alcanzar los objetivos del gobierno. Para ser más efectivo, la recompensa debería (1) proporcionar al operador con unidades adicionales de algo que quiere, por ejemplo, ganancias, cuando el operador le da al gobierno algo que quiere, por ejemplo, precios más bajos; (2) dar al operador opciones de rendimiento que ofrecen mayores recompensas por aceptar metas más desafiante; y (3) permiten al operador mantener solo una recompensa mínima, por ejemplo, beneficios contables que no son mayores que el costo de capital del operador, cuando el operador elige el objetivo menos desafiante de rendimiento. El costo del capital es el rendimiento financiero que el operador debe dar a sus inversores para inducirlos a proporcionar capital para la empresa. Enfoques básicos para la regulación de incentivos. La regulación de incentivos generalmente se implementa controlando el nivel general de precios del operador. Hay cuatro esquemas básicos para regular los niveles generales de precios. El primer enfoque se llama regulación de tasa de retorno o regulación de costo de servicio. Este instrumento regulador establece un nivel general de precios que permite al operador recibir ganancias contables que son iguales al costo de capital del operador en el momento en que se establece el nivel de precios. Las ganancias reales pueden desviarse desde el costo del capital hasta la próxima vez que el regulador revise las ganancias del operador. El segundo enfoque se llama regulación de precio máximo o regulación RPI-X, que es un método que establece el nivel general de precios del operador al indexar el nivel de precios de acuerdo con la inflación menos un desplazamiento, llamado factor X. El factor X debe reflejar la diferencia entre este operador y la empresa promedio en la economía con respecto a sus habilidades para mejorar la eficiencia y a los cambios en los precios de los insumos. El tercer enfoque para regular el nivel general de precios se llama límite de ingresos. Esto es similar a los topes de precios, excepto que la fórmula de inflación menos X se aplica a los ingresos en lugar de precios. El cuarto enfoque se llama benchmarking. Esta forma de la regulación proporciona competencia entre mercados al comparar los operadores en todos los mercados, lo que obliga al operador a competir contra el rendimiento de operadores comparables en otros mercados. Muchos reguladores adoptan esquemas de incentivos híbridos. Análisis financiero. En la práctica, la mayoría de las formas de regulación de incentivos implican análisis financieros extensos, que incluye determinar el costo de capital del operador, los costos históricos y los costos proyectados. El costo de capital consta de dos elementos, el costo de la deuda y el costo del capital. Reguladores típicamente obtienen los costos de la deuda de los informes financieros de los operadores, donde los operadores enumeran su deuda a largo plazo instrumentos y las tasas de interés pagadas. Se pueden obtener estimaciones del costo de capital del operador utilizando modelos financieros, como un Modelo de Préstamo de Capital (CAPM) ampliado, que considere elementos de riesgo, como el riesgo país y el riesgo de mercado, y el costo de capital sin riesgo. Los reguladores combinan el costo del operador de la deuda y el costo del capital en un promedio ponderado, llamado el costo promedio ponderado del capital (WACC). Al utilizar los costos de contabilidad, ya sean históricos o proyectados, los reguladores colocan debajo de la línea todos los costos que no son necesarios para proporcionar el servicio público o que se consideran excesivo. Los costos de los artículos necesarios para proporcionar el servicio público se consideran útiles y por lo tanto se mantienen por encima de la línea, lo que significa que pueden recuperarse a través de los precios cobrado por servicios regulados. Costos que son excesivos, tal vez porque el operador pagó también mucho por un artículo o ha cometido un error evitable en una inversión se consideran imprudentes y el exceso se coloca debajo de la línea. Separaciones contables. es el proceso de separación de costos e ingresos de operaciones no reguladas, es otro aspecto importante del análisis financiero. No es inusual que un operador brinde servicios que el regulador no regula. Las políticas de separaciones contables del regulador típicamente prescriben (1) cuentas usadas para registrar solamente actividades reguladas, cuentas utilizadas solo para actividades no reguladas y cuentas utilizadas para ambos tipos de actividades; (2) cómo los costos e ingresos en las cuentas que se utilizan tanto para los regulados y las actividades no reguladas se dividen entre los dos tipos de actividades; (3) cómo el operador valora las transacciones entre la parte regulada del negocio y la no regulada partes del negocio (llamadas precios de transferencia); y (4) requisitos de informes y auditoría. Algunos reguladores usan el término "vallas de anillo" para ser sinónimo de separaciones de contabilidad. Otros reguladores utilizan el término vallas de anillo de manera más

amplia al incluir tales prácticas, como proporcionar diferentes tratamientos reguladores para diferentes servicios. A lo largo del resto de esto documento, usaremos los términos anillo de esgrima y separaciones contables de manera intercambiable. Benchmarking o Regulación de Yardstick. La tercera forma de regulación de incentivos proporciona competencia entre empresas operadores en mercados separados. Al usar esta forma de regulación, los reguladores generalmente deberían optar medidas de desempeño que sean de naturaleza general y que los operadores puedan afectar. Un ejemplo de una medida de rendimiento general podría ser el costo por kilovatio-hora. Estas medidas de rendimiento general permiten a los operadores realizar intercambios económicos, por ejemplo, entre inversiones de capital y gastos operativos, mientras que las medidas de rendimiento granular restringen los medios por los cuales los operadores pueden mejorar la medida de rendimiento. Además de ser utilizado para regular los niveles generales de precios, la evaluación comparativa se puede utilizar para regular tales elementos como la calidad servicio y expansión de red. Diseño tarifario. Una vez que se ha establecido el nivel general de precios para el operador, el trabajo de establecer la estructura de tasa (o precio) aún falta. Este trabajo se llama diseño de tarifas y se refiere a las relaciones entre los precios individuales que el operador cobra. En algunos casos, el regulador puede optar por no regular la estructura de precios. Los ejemplos incluyen (1) situaciones donde los objetivos del operador están en línea con, o al menos no se contradicen, los objetivos del regulador, al menos en lo que se refiere al diseño de tarifas, y (2) situaciones donde los recursos del regulador son limitados y la regulación de la estructura de precios es una es de baja prioridad. La mayoría de los economistas coinciden en que las estructuras de precios eficientes cubren el costo total y alinean los precios con costos marginales. El costo marginal es el capital adicional y el costo operativo que resulta de aumentar la producción en una sola unidad. La fijación de precios a través del costo marginal puede ser difícil en situaciones donde hay economías de escala porque los precios iguales a los costos marginales no cubren todos los costos del operador. En estas situaciones, reguladores y operadores estarán, en general, a favor de precios multi-parte o precios de Ramsey. El precio por multi-partes es un arreglo donde el operador cobra precios por separado para diferentes elementos del servicio. Con los precios de Ramsey, que también es llamado fijación de precios diferenciados o la regla de elasticidad inversa, el operador cobra precios más altos a clientes con demanda inelástica y precios más bajos para clientes con demanda elástica. Clientes tienen una demanda inelástica si no cambian mucho la cantidad que compran si el operador cambia sus precios. Por el contrario, los clientes tienen una demanda elástica si responden a cambios en los precios haciendo grandes cambios en las cantidades que compran. Más precisamente, demanda inelástica significa que un cambio de uno por ciento en el precio resulta en un cambio porcentual en la cantidad demandada que es menor que uno por ciento, mientras que la demanda elástica significa que el uno por ciento cambio en los resultados de los precios en un cambio de más del uno por ciento en la cantidad demandada. Servicio de Calidad, Ambiental y Acceso Universal / Problemas de Servicio. Además de abordar los problemas de fijación de precios, los reguladores abordan cuestiones de calidad del servicio, protección del medio ambiente, desarrollo de infraestructura y acceso a servicios para los pobres. Un operador con poder de mercado puede tener un incentivo para degradar la calidad del servicio minorista si lo hace aumenta las ganancias o degradar la calidad de los insumos vendidos a los competidores si disminuye presiones competitivas. Los reguladores a menudo adoptan esquemas para regular la calidad del servicio para abordar estos problemas. La regulación de la calidad del servicio generalmente incluye estándares de calidad, mecanismos para monitoreo de calidad y sanciones por no cumplir con los estándares de calidad. La regulación ambiental es similar a la regulación de la calidad del servicio ya que a menudo incluye estándares, monitoreo y sanciones o recompensas. En algunos casos, los mercados pueden ser utilizados para la regulación ambiental. En muchos países, el regulador de servicios públicos no tiene responsabilidad directa para la regulación ambiental. En algunos casos, el regulador puede querer que el operador brinde servicios que no son comercialmente viable. Los ejemplos más comunes son la expansión de la infraestructura y el servicio o servicio de acceso a los pobres. En el caso de la expansión de la infraestructura, el regulador puede desear expansión rápida del sistema, más allá de lo que el operador que maximice ganancias en un mercado competitivo elija o desee la expansión de la red en un área rural, donde los clientes no quieren o no pueden pagar precios de pago que cubran el costo del desarrollo de la infraestructura rural. Los más comunes solución es un requisito en la licencia de operador o contrato de concesión que establece la red esperada y las recompensas o sanciones que se aplican para alentar al operador a cumplir las expectativas. Las políticas para los servicios a los pobres generalmente usan una combinación de tres elementos básicos: competencia, estándares de calidad del servicio específicos para los servicios para los pobres y subsidios. Los subsidios también son una característica común de las políticas diseñadas para ayudar a los pobres. Estas generalmente toman la forma de obligaciones de desarrollo de servicios o infraestructura para los operadores. En estas situaciones, el operador internaliza los subsidios. En otros casos, los subsidios pueden ser explícitos. Proceso regulatorio. Una característica importante de la regulación de servicios públicos es el arreglo institucional dentro del cual ocurre, porque estos arreglos afectan las creencias y habilidades de las partes interesadas para influir regulación, los incentivos y capacidades de las agencias reguladoras, y el rol de la política en el proceso regulatorio. De hecho, esta estructura institucional juega un papel importante en la determinación los objetivos del regulador. Si la agencia reguladora está sujeta a presiones políticas diarias, por ejemplo, entonces la agencia puede asignar más peso a los objetivos políticos a corto plazo que a largo plazo. Para evitar estos y otros resultados que satisfacen las necesidades de intereses especiales, los expertos generalmente recomiendan arreglos institucionales que (1) enfocan los esfuerzos políticos del país en establecer leyes bajo cuales el regulador realiza su función, y (2) lo hace más fácil para los clientes y otros partes interesadas para regular el regulador y los responsables de las políticas. Estos arreglos están diseñados para garantizar, en la medida de lo posible, que los objetivos del regulador se correspondan con los objetivos de la población. Estos arreglos regulan al regulador y a los responsables de las políticas alentando regulación bajo la ley e independencia, transparencia, previsibilidad, legitimidad y credibilidad del sistema regulatorio. Arreglos institucionales. Los arreglos institucionales en la regulación incluyen diseño institucional, métodos para revisión y el atractivo de las decisiones regulatorias, los mecanismos para alentar la conducta ética y los procesos para gestionar las relaciones con las partes interesadas. El diseño de las instituciones reguladoras incluye tales características como procesos de nombramiento para reguladores, financiamiento de agencias, alcance de responsabilidades y autoridad de la agencia, procesos regulatorios para proteger los derechos de las partes interesadas con información y la estructura de gestión de la agencia reguladora. Los procesos de designación y remoción para los reguladores y el financiamiento de la agencia reguladora afectan la capacidad del regulador para operar independientemente de los intereses políticos a corto plazo y la capacidad del gobierno de garantizar que el regulador esté siguiendo las normas establecidas por el gobierno políticas. Por otro lado, un regulador de por vida quien tiene el control de su propio presupuesto tendría un poder extraordinario y, en ausencia de supervisión, podría perseguir agendas personales que pueden entrar en conflicto con las políticas y leyes del país. Las políticas que brindan el debido proceso a los interesados aseguran que las personas afectadas por reglamento pueden proporcionar al regulador información y opiniones que son relevantes para las decisiones del regulador. Políticas que requieren que el regulador mantenga registros, haga los registros disponibles públicamente, y brinde explicaciones sustantivas para las decisiones regulatorias que permiten a los clientes y otras partes interesadas para observar cómo el regulador toma decisiones y facilitar las apelaciones de decisiones regulatorias.

Revisión y apelación. Los procesos de revisión y apelación para las decisiones regulatorias incluyen los procesos de toma de decisiones, elecciones de instrumentos reguladores, actores y roles del gobierno en toma de decisiones, mecanismos de apelación de decisiones regulatorias y disputa alternativa procesos de resolución. Los instrumentos regulatorios incluyen legislación y licencias, la elección de que a menudo está determinado por las tradiciones legales del país y los métodos mediante los cuales estos instrumentos pueden cambiarse. Por ejemplo, el proceso regulatorio está politizado si una licencia es el instrumento regulador y el ministerio puede cambiar la licencia a voluntad. En algunos países, las decisiones regulatorias están sujetas a la revisión del ministerio, que también puede politizar la regulación. Para evitar tales situaciones, algunos países solo brindan una revisión judicial de decisiones regulatorias o establecen tribunales administrativos. Por ejemplo, en el Reino Unido la mayoría de las principales decisiones regulatorias pueden apelar a la Comisión de Competencia, así como a los tribunales. Algunos países permiten los tribunales para invalidar al regulador solo por razones legales o de procedimiento y no por motivos sustantivos de la decisión reguladora en sí. En algunas situaciones, los procesos legales pueden retrasar las decisiones regulatorias a tal punto que las decisiones no pueden tomarse de manera oportuna, lo que degrada la actuación del sector. Conducta ética. La conducta ética de los reguladores es importante porque los mecanismos de control, como las apelaciones y debido proceso, son imperfectos y pueden ser costosos. Instrumentos para fomentar la conducta ética incluyen la adopción de estándares de conflicto de intereses y códigos de conducta. Un conflicto de intereses puede ocurrir si, por ejemplo, el regulador o los miembros de la familia del regulador tienen intereses financieros en operadores o si el regulador ha trabajado recientemente para un operador u otra parte interesada, si sirvió como consultor para una parte interesada, o negoció un empleo o negocio en futuros arreglos con una parte interesada. Relaciones con partes interesadas. Las relaciones con los grupos de interés afectan la independencia de la agencia e incluyen el uso de consejos consultivos, estrategias de comunicación, procedimientos de quejas y relaciones con el gobierno, consumidores, operadores e inversores. Algunos reguladores usan consejos consultivos para facilitar el aporte de las partes interesadas, especialmente en cuestiones de planificación a largo plazo y en cuestiones que requieren vigilancia continua, como la regulación de la calidad del servicio. Los reguladores generalmente reciben quejas de los consumidores relacionadas con precios y calidad del servicio, y con frecuencia los reguladores tienen personal especial designado para manejar estas quejas. Algunas de las interacciones del regulador con las partes interesadas pueden tomar la forma de negociaciones. Tales circunstancias hacen que sea importante para los reguladores desarrollar estrategias habilidades de negociación, como la identificación de intereses de las partes y soluciones beneficiosas para todos. Por último, los reguladores en general, dedican personal capacitado para tratar con la prensa porque el público recibe la mayor parte de su información sobre la regulación a través de periódicos y otros medios. Esta dependencia de los periodistas hace que sea importante para los reguladores desarrollar buenas relaciones con la prensa, proporcionar comunicados de prensa efectivos, y aprender cómo proporcionar información oportuna y precisa a la prensa. Conclusión. La regulación se realiza en una red de relaciones entre personas e instituciones que difieren en sus objetivos, incentivos y conjuntos de información. Para que la regulación resulte efectiva y en un rendimiento eficiente del sector, que es necesario para que los clientes reciban su máximo beneficio del sector. Esto generalmente significa que (1) competencia efectiva debe alentarse siempre que sea posible, (2) el regulador debe recopilar información sobre sector y debe proporcionar a las partes interesadas información sobre el regulador y sus decisiones, (3) la regulación de incentivos debería recompensar al operador con la oportunidad de mayores ganancias cuando acepta objetivos de rendimiento que mejoran a los clientes, (4) se deben establecer requisitos para la calidad del servicio y el acceso para los pobres, y (5) los procesos regulatorios deben alinear los objetivos y capacidades del regulador con el bienestar de los clientes.

UNIDAD 13: Políticas de desarrollo productivo UNIDAD 14: Juegos políticos y estrategias