Formación del Estado nacional (1862-1880) Hubo dos etapas en la vinculación al mercado mundial. Una primera, desde la independencia hasta mediados del siglo XIX, con imposición del librecambio, invasión de manufacturas británicas y pérdida del metal precioso, pero casi sin exportación de bienes primarios por carencia de recursos técnicos, guerras civiles y falta de capitales. Una segunda, que se consolida en la segunda mitad del siglo XIX, donde la demanda de bienes primarios provoca la afluencia masiva de capitales extranjeros que se invierten en obras de infraestructura y en préstamos al gobierno. En América latina, salvo algunas excepciones, la incorporación plena al comercio internacional generó una estructura agroexportadora con ciertas características básicas: El crecimiento económico se vinculaba con la exportación de productos primarios, un grupo reducido concentraba la mayor parte de la riqueza y existía una sociedad dual (por un lado, centros urbanos y puertos de exportación donde predominaban relaciones sociales asalariadas; por otro, un interior donde se reforzaron los mecanismos precapitalistas de explotación de la mano de obra) pero con un vínculo capitalista en su relación con el centro. Por su parte, las inversiones extranjeras se dirigían principalmente a las obras de infraestructura, asegurando la provisión de bienes primarios y controlando el comercio de exportación. La formación de los Estados nacionales fue la condición necesaria para la inserción económica internacional de los países de la región. La acumulación originaria: “Conquista del desierto” y clase terrateniente La conquista permitió la apropiación privada completa de la tierra pampeana y consolidó el carácter y el patrón latifundista de esa apropiación, lo cual vino a significar la acumulación originaria de la clase dominante local, en tanto esa distribución de la tierra no fue el resultado de las leyes del mercado, sino que estaba preestablecida por la forma misma en que se organizó y financió la misión de Roca. Constitución del régimen oligárquico a partir de 1880 En términos de la economía en su conjunto, desde el período de organización nacional (1862-1880) y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, la Argentina amplió su producción exportable y unificó sus mercados interiores, en gran medida debido al aporte masivo de capitales extranjeros, que aceleraron la transformación de la estructura productiva nacional. Los principales sectores en los que se produjo esta expansión fueron ferrocarriles, puertos, sistema financiero, servicios urbanos y frigoríficos, entre otros. El régimen oligárquico se caracterizó por la existencia de un sistema electoral fraudulento, intervenciones provinciales y aplicación del estado de sitio. La clase dirigente estaba, a su vez, compuesta y sostenida por la llamada Generación del ’80. Este grupo, conformado en su mayoría por políticos e intelectuales, compartía algunos lineamientos ideológicos comunes: liberales lo económico, conservadores en lo político, positivistas, laicistas, afrancesados culturalmente y pro-británicos en sus intereses, y seguidores del darwinismo social.
Inserción económica internacional: complementariedad subordinada con el capital europeo La relación privilegiada con Gran Bretaña transformó a la Argentina en un destino fundamental para las inversiones externas inglesas. La ecuación de la complementariedad subordinada era relativamente simple: materias primas y alimentos baratos, a cambio de manufacturas y capitales. La relación con Estados Unidos, en cambio, resultaba muy distinta, porque ambas economías producían el mismo tipo de productos primarios y el país del Norte no constituía un mercado para los bienes agropecuarios pampeanos. La Argentina, debido al sobreendeudamiento producido por los múltiples empréstitos, se había transformado en un Estado tributario, en la medida en que, para solventar los servicios de las inversiones extranjeras, destinaba gran parte de los ingresos resultantes del comercio exterior y de los capitales que recibía para hacer frente al pago de deudas anteriores. Esto llevaría a crisis recurrentes como las de 1873, 1885, 1890 y 1913, siendo la más grave la de los años ’90, que tuvo fuertes repercusiones internas y externas. Las inversiones extranjeras La inversión extranjera estuvo destinada fundamentalmente a desarrollar la infraestructura del modelo agroexportador. Dadas las condiciones de complementariedad subordinada con el capital extranjero, éste financió en gran parte la incorporación de la Argentina a la división internacional del trabajo como productor y exportador de alimentos y otros bienes de origen agropecuario. La instalación de esa infraestructura generó un gran crecimiento de las importaciones. Como resultado, la balanza comercial fue deficitaria en la década de 1880, y fue el uso constante del crédito externo y las inversiones extranjeras directas lo que sostuvo el modelo. Las inversiones directas se dirigieron a la construcción de ferrocarriles y obras públicas, portuarias, sanitarias y construcción de viviendas, entre otras. El ejemplo de las compañías de ferrocarriles es significativo puesto que el Estado garantizaba, para fomentar la inversión, beneficios mínimos del 7 por ciento del capital invertido, concesiones de tierras adyacentes a las vías, introducción de materiales libres de derechos y finalmente las ventajas de la Ley Mitre de 1907, que eximió a las empresas del pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales a cambio de un pago único del 3 por ciento sobre las utilidades netas. La participación de los capitales británicos en estas inversiones fue mayoritaria y el trazado de las vías férreas dio cuenta de una economía orientada hacia el mercado externo, a que con el ferrocarril no sólo se garantizó el transporte rápido y barato de los bienes exportables hacia el puerto de Buenos Aires, sino también la introducción de bienes de capital y manufacturas importadas en el interior del país. La crisis de 1890
Los ciclos económicos internos se encontraban atados a los de Gran Bretaña. Cuando se acumulaban fondos porque caían las tasas de rentabilidad en la metrópoli fluían los capitales hacia el exterior en búsqueda de nuevas formas de valorización. Los recursos que se volcaban a países periféricos, como la Argentina, impulsaban así una fase ascendente del ciclo económico. Esta fase duraba hasta que dificultades en los lugares de inversión o la necesidad de reactivar su propia economía (subiendo las tasas de interés del Banco de Inglaterra) hacía que los capitales regresaran, dejando en la periferia altos niveles de endeudamiento y una crisis económica en ciernes. Además, existía un desfase de tiempo (sobre todo en el caso de la infraestructura y el transporte) entre el momento en que se invertía y en el que la inversión maduraba y estaba en condiciones de proporcionar las divisas necesarias, vía exportaciones, para poder hacer frente al pago de las deudas. Hacia 1889 la combinación entre el endeudamiento público, la especulación desenfrenada, los negocios turbios y expectativas exageradas sobre una expansión agroexportadora hicieron que la posibilidad de un colapso se tornara inminente, dando comienzo al retiro de los capitales externos. El centro de la especulación era la Bolsa de Comercio. Allí las sociedades anónimas multiplicaron sus maniobras financieras creando una burbuja que no podía más que estallar. La especulación provenía, sobre todo, de los créditos bancarios y las células hipotecarias, de la valorización de las tierras y del negocio de las concesiones ferroviarias. La actividad especulativa se vio estimulada por la sanción de la Ley de Bancos Garantidos, que permitió que la circulación pasara de 97 millones de pesos en 1887 a 245 millones en 1890. Tal ley permitía a los bancos, sobre todo provinciales, emitir billetes con la condición de colocar como contrapartida un depósito en oro en las arcas del Estado. A cambio, las entidades recibían bonos públicos como respaldo de dicha emisión. Sin embargo, se desató no sólo un desorden financiero sino una oleada especulativa porque muchos bancos que no disponían de oro vendían bonos propios en el extranjero a fin de obtenerlo y poder emitir. Los comienzos del boom agroexportador Varios factores posibilitaron los comienzos del llamado boom agroexportador: la introducción del ferrocarril y la disminución de los costos de transporte, la estabilidad de la frontera y la disponibilidad de mano de obra producto de la inmigración. Pero fueron las necesidades de la actividad ganadera el factor decisivo. El perfil de esta actividad se había modificado a partir de la aparición del frigorífico y la exportación de carnes de buena calidad, dirigidas particularmente al mercado británico. A pesar de la oleada inmigratoria y de la proletarización de muchos colonos, la mano de obra siguió siendo escasa. Esto fomentó cierto nivel de tecnificación, que se demuestra a través de las importaciones de maquinarias agrícolas, como cosechadoras y trilladoras. La pampa gringa y el sistema de arrendamiento
Una vez solucionado el problema de la frontera y consolidado el sistema de reparto de la tierra en grandes extensiones o latifundios, el proceso de colonización se interrumpió, imponiéndose el arrendamiento como característica de la explotación agrícola típica. Los terratenientes bonaerenses dividieron la tierra en lotes que se arrendaban a chacareros por un lapso de tres años, con la obligación de sembrar lino y trigo los dos primeros años, y el tercero, alfalfa, para dejar el terreno fértil al finalizar el contrato. La mayoría de los inmigrantes no conseguía transformarse en propietarios, pese a las promesas que los habían impulsado a emigrar de Europa para hacer la América. Venían sin capitales y la valorización del precio de las tierras las ponía fuera de su alcance. La mayoría de ellos debieron contentarse con alquilar tierras ajenas, ser simples peones rurales o bien tener que emigrar a trabajar en las grandes ciudades. La década dorada y de auge ganadero El inicio del nuevo siglo trajo algunos años de rápida expansión económica creyendo que el destino de la Argentina, por muchas décadas, sería consolidarse como el granero del mundo. Hacia 1903, con el nuevo flujo de capitales que llegaron, se produjo un nuevo ciclo de expansión. Por un lado, existió un nuevo endeudamiento externo, pero, a diferencia del anterior, no estuvo acompañado por un déficit comercial, sino por un balance comercial positivo. Sin embargo, se mantuvo la estructura dependiente e insuficientemente desarrollada de la Argentina. Fueron los progresos técnicos en el transporte y en el mantenimiento de la carne los que permitieron expandir el negocio de la exportación ganadera. Para acceder a los exigentes mercados europeos fue necesario mejorar la calidad del ganado, por lo que se introdujeron nuevas razas. En 1910, por primera vez, Argentina superaba a Estados Unidos como proveedor de carnes enfriadas de Inglaterra, fenómeno que se profundizaría en los años siguientes. El comercio exterior Luego de la crisis de 1890, la balanza comercial pasó a ser superavitaria, fenómeno que se profundizó en la primera década del siglo XX. Las exportaciones agrícolas pasaron a representar un 60 por ciento de las exportaciones en este último período y, dentro de ellas, se destacaron los cereales. De la exportación ganadera, la principal pasó a ser la de carnes; antes era la de lanas. El principal socio de Argentina, con el que mantenía aproximadamente un 30 por ciento de su comercio exterior, era Gran Bretaña. La relación comercial bilateral era bastante simple: Argentina vendía carne, y en menor medida, otros productos agropecuarios; y Gran Bretaña le vendía tejidos de algodón y lana, carbón, material ferroviario y hierro. Postergación de las economías regionales El modelo agroexportador no sólo consolidó una estructura social fuertemente antagónica, sino que también provocó un desarrollo desigual entre las distintas regiones
del país, privilegiando a la región pampeana y retrasando al interior del país, con las excepciones de la producción azucarera y vitivinícola, las cuales lograron conseguir primas para la exportación y demás subvenciones para poder competir con otros países. Concesiones al capital extranjero: La Ley Mitre La ley Mitre le permitía a las empresas ferroviarias la posibilidad de introducir al país todos los materiales de construcción y explotación libres de derechos por el plazo de 40 años, a cambio de una contribución única del 3 por ciento del producto líquido de sus líneas, y el Estado se obligaba a utilizar esa contribución para la construcción de puentes y caminos de acceso a las estaciones. La población y los movimientos migratorios Las causas del gran flujo inmigratorio de finales del siglo XIX y principios del XX respondieron a la combinación de dos grandes aspectos: en el orden internacional, la depresión de los años ’80 y ’90 en los países europeos, en especial España e Italia, que obligaron a la migración de miles de personas; en el plano interno, la Campaña del Desierto y la consecuente eliminación del llamado “problema del indio”, el fin de las guerras civiles y la consolidación del Estado nacional, estabilizaron la vida política y económica del país. A contramano de lo que pretendía la élite, los recién llegados no procedieron de países anglosajones o nórdicos, sino de las zonas más pobres del sur de Europa. Del estudio de los flujos migratorios y los ciclos económicos del modelo agroexportador surge que las fases de expansión de la economía coinciden con períodos de afluencia masiva de inmigrantes, mientras que las crisis cíclicas, las recesiones y las situaciones de guerra mundial interrumpieron dichas corrientes. El impacto de la guerra mundial en la economía argentina La guerra mundial trajo aparejadas diversas restricciones para una economía como la argentina, abierta al mundo. Por un lado, los países en guerra, exigidos por sus propias necesidades de abastecimiento, limitaron las importaciones de Argentina. La consecuencia fue la escasez de combustible para los servicios eléctricos y para el funcionamiento de los ferrocarriles. Por otro, las exportaciones disminuyeron, especialmente las cerealeras, ante la menor disponibilidad de bodegas, lo que perjudicó a los chacareros y a los trabajadores rurales. Además, los fletes marítimos se encarecieron por la reconversión de diversas embarcaciones mercantes que fueron afectadas al esfuerzo de la guerra, y los costos del transporte naval aumentaron aun más a partir de 1917, cuando Alemania estableció unilateralmente la guerra submarina. A pesar de estas dificultades el gobierno británico anunció su intención de continuar comprando, fundamentalmente carne, para asegurar así el abastecimiento de las tropas aliadas. En consecuencia, durante la guerra la demanda de carne envasada y congelada fue muy elevada, favoreciendo a los ganaderos. Sin embargo, al finalizar la guerra, comenzó a decrecer la demanda de ultramar, iniciándose un proceso depresivo en el sector.
En el período de la primera guerra mundial, la producción agropecuaria sigue siendo el sector más importante de la producción nacional y la exportación de productos primarios sigue constituyendo el elemento dinámico del desarrollo. Pertenece claramente a la etapa de la economía primarioexportadora y no se interrumpe sino hasta la crisis de 1930. Una de las consecuencias de la crisis de 1914 fue la paralización del comercio y los flujos de capitales y mano de obra, que fue tan drástica que hizo necesario un importante proceso productivo destinado a sustituir importaciones, que muchos vieron luego como decisivo en la formación de la industria nacional. Esta crisis, por otro lado, hizo tambalear el sistema monetario internacional y fue necesario el intervencionismo estatal para reencauzar las economías nacionales, al punto de generar en todo el mundo una reflexión sobre el rol del Estado en la economía. Por otro lado, la hegemonía británica será reemplazada inexorablemente por la de los Estados Unidos, que se convertirá en el centro de las finanzas mundiales y en el principal proveedor de crédito. Indicios inequívocos de la nueva etapa son el límite de la expansión horizontal de la agricultura, el gradual incremento de la participación relativa de la industria en el producto bruto nacional; el estancamiento de las inversiones británicas y el aumento exponencial de las norteamericanas; la reorientación del comercio exterior; la creciente importancia del petróleo respecto del carbón y el consecuente desarrollo de los caminos y de los automotores, en detrimento del ferrocarril. En 1913, el Banco de Inglaterra elevó los tipos de interés para corregir un déficit en la balanza de pagos británica y contener la incertidumbre financiera causada por las guerras de los Balcanes, actitud que será imitada paulatinamente por el resto de los países europeos. Esta restricción monetaria en Europa redundó en una salida neta de capitales de ese origen de Latinoamérica. Esta situación afectó directamente a los países que, como la Argentina, dependían fuertemente de inyecciones constantes de capital externo para mantener equilibrada su balanza de pagos. Para empeorar la situación, la caída de los precios mundiales de los cereales y la carne y la mala cosecha de 1913-14 en la Argentina, hacen descender drásticamente los ingresos por exportaciones, profundizando aún más la crítica situación de la balanza de pagos del país. Si bien la desinversión externa y la depresión general continuarían hasta el fin de la guerra y se profundizarían, la caída del comercio exterior se revierte al año siguiente (1915), aunque sin alcanzar los niveles de preguerra hasta 1918. El déficit comercial se soluciona lentamente de la mano de una recuperación de las exportaciones y, principalmente, de una drástica caída en las importaciones, que van a generar importantes superávits comerciales durante la guerra. Las exportaciones crecen, tímidamente, en los primeros dos años y de manera más rápida a partir de 1917, gracias a la demanda de guerra, que favorecía a las carnes congeladas y en conserva en detrimento de los cereales. La guerra submarina impuesta por Alemania suponía un serio riesgo para la navegación comercial, haciendo preferir embarques que tuvieran mayor valor por unidad de volumen, como era el caso de las carnes.
A diferencia de Gran Bretaña, Estados Unidos era un país altamente proteccionista, que aplicaba elevados gravámenes al comercio internacional. A su vez, era un país productor y exportador de alimentos y productos de clima templado, con lo que no representaba un mercado para aquellos países que se especializaban en esos mismos productos, como la Argentina. Esto implicaba que las inversiones norteamericanas iban a tener otra naturaleza que los que tradicionalmente poseían las británicas. Las inversiones de origen norteamericano se destinaron a financiar obras públicas o producción interna. Las deudas no se saldaban con la venta de productos exportables, el sistema dependía, para seguir funcionando, de continuas y sucesivas inyecciones de capital, problema que se revelaría con toda su crudeza cuando la crisis de 1930 lleva a detener casi por completo las exportaciones de capital, provocando serias dificultades en las cuentas externas de los países latinoamericanos. Comercio exterior e inversiones La Argentina tenía excedentes comerciales con Gran Bretaña, gracias a las sostenidas exportaciones de carnes y cereales y a la caída de las importaciones de ese origen, y déficit con los Estados Unidos, dado que las compras de productos manufacturados norteamericanos no eran compensadas con exportaciones argentinas a ese país, que podía abastecer su mercado interno de productos primarios con su propia producción. En la década de 1920, los productos industriales británicos son claramente desplazados por los más competitivos de los Estados Unidos. Hacia 1925, ese país pasó definitivamente a ser el primer proveedor de la Argentina siendo los principales rubros los automotores y productos complementarios como neumáticos y derivados del petróleo. También la maquinaria e implementos agrícolas. Del lado de las corrientes de capital, el sentido de los flujos dentro del triángulo era el inverso. El balance de pagos argentino con Inglaterra era deficitario, debido a las importantes remesas del capital británico en la Argentina, mientras que la balanza con Estados Unidos era positiva, dado el constante flujo de inversiones. En relación a la balanza deficitaria con Estados Unidos, el descontento se va a agudizar en 1926 cuando se decreta en ese país la prohibición de importar carne argentina, con la excusa de la fiebre aftosa. Para los sectores ganaderos, el avance del capital norteamericano significaba entonces una amenaza concreta a sus intereses, cosa que fue aprovechada por los intereses británicos en la Argentina, por lo que se buscó un tratamiento preferencial para los productos industriales ingleses, revirtiendo la balanza comercial desfavorable que tenía Gran Bretaña con la Argentina. Esta filosofía se resumió en la frase “Comprar a quien nos compra”, adoptada por los grandes ganaderos nucleados en la Sociedad Rural Argentina. La antesala de lo peor: Las vísperas de la crisis de 1930 En 1929, la Argentina había llegado a tener reputación mundial como un país con futuro próspero. Seguía siendo el mayor exportador mundial de carne vacuna refrigerada, así como de maíz, lino y avena, y el tercero de trigo y harina, mientras que sus exportaciones per cápita la ubicaban en el undécimo lugar en el mundo. Ayudado por el auge de los créditos norteamericanos, la producción de materias primas y alimentos creció enormemente luego de la guerra, de la mano de una renovación tecnológica -que incluyó, además de la introducción de maquinarias, el uso creciente de fertilizantes, sistemas de
riego-, agravando el problema de sobreproducción y caída del nivel de precios de los productos primarios para el largo plazo. Con el alza de las tasas de interés en los Estados Unidos en 1928, para revertir el boom especulativo en ese país, la dirección de este flujo de capitales se invierte, llamados ahora por las más atractivas tasas de retorno que prometía ese mercado. Las economías latinoamericanas, que necesitaban ese flujo constante de inversiones para balancear sus cuentas externas, comenzaron entonces a registrar graves problemas en su capacidad de pago. Para agravar las cosas, con el desplome de Wall Street de octubre de 1929, los precios de los commodities se desplomaron, más aún que el nivel general de precios, con el consiguiente deterioro de los términos del intercambio. El pacto Roca-Runciman A partir de la Conferencia que el Commonwealth realizó en Ottawa en 1932, Inglaterra firma acuerdos con Australia y Canadá para dar a sus carnes preferencia en el mercado metropolitano, prometiendo no reducir sus tarifas sobre las carnes de otra procedencia, o permitir que entrase en el Reino Unido más producción que la especificada en la cuota para esos dos Dominios. Desde que se firmaron los acuerdos en Ottawa, las exportaciones de carnes argentinas comenzaron a descender a razón de un 5% mensual. El gobierno nacional, pues, decide enviar en 1933 una importante misión a Londres, encabezada por el vicepresidente Julio A. Roca, y se llega a un acuerdo con el ministro británico Walter Runciman con las siguientes condiciones: Gran Bretaña sólo se obligaba condicionalmente a conservar la cuota de importaciones de carnes argentinas, aun reservándose el derecho de restringirlas cuando le conviniera. Por otra parte, reservaba a los frigoríficos extranjeros el 85% de esa cuota de exportación, permitiendo que sólo el 15% restante fuese exportado por empresas argentinas que no persiguieran beneficio privado, y siempre que dichos embarques fuesen colocados en el mercado por las vías normales, esto es, buques y comerciantes ingleses. La Argentina, en cambio, se comprometía a: 1. Mantener libres de derechos el carbón y todas las demás mercaderías que entonces se importaban en esas condiciones 2. Respecto de las importaciones inglesas, de cuyos derechos aduaneros en el Reino Unido gestionaba una reducción, volver a las tasas y aforos vigentes en 1930, comprometiéndose el gobierno argentino a no imponer ningún nuevo derecho ni aumentar los existentes por conceptos de tasas, aforos o por cualquier otro medio 3. No reducir las tarifas ferroviarias 4. Destinar a compras en Gran Bretaña la totalidad de las divisas provenientes de compras inglesas en la Argentina, y en ningún caso establecer para las remesas a Gran Bretaña un tipo de cambio menos favorable que para las destinadas a otros países 5. Dispensar a las empresas británicas de servicios públicos, sean éstos nacionales, municipales o privados, y otros, un tratamiento benévolo y la protección de sus intereses.
Consecuencias indirectas de la crisis: Comienzos del avance industrial Entre 1935 y 1943 el país vivió un importante desarrollo industrial (de preferencia en las ramas livianas) al que faltó totalmente la protección estatal, y que en buena medida fue consecuencia espontánea de un proceso histórico natural estimulado por acontecimientos internacionales, como la crisis de 1929 y luego la Segunda Guerra Mundial.
Las causas principales de la industrialización que toma cuerpo en esta época son las siguientes: 1. La disminución de las exportaciones argentinas, en valor y tonelaje, que hace que se carezca del número necesario de divisas para continuar importando gran cantidad de mercaderías que empiezan, progresivamente, a elaborarse en el país (el proceso conocido técnicamente como de “sustitución de importaciones”). 2. La desvalorización del signo monetario, complementaria de la anterior. 3. La existencia de mano de obra abundante, barata y competente. 4. La existencia de un mercado consumidor relativamente importante en lo que a la iniciación de ciertas actividades atañe, por ejemplo, en el campo de la industria liviana. 5. La presencia de industrias auxiliares desarrolladas (algunas materias primas, construcción de equipos industriales, etcétera). 6. La existencia en los países más adelantados de capitales y técnicos en condiciones de ser exportados y que habían quedado disponibles por la crisis en los negocios y la desocupación. 7. La mayor ganancia que prometía la actividad industrial en un país no suficientemente desarrollado económicamente, que permitiría el empleo de menor proporción de capital fijo. El proceso genérico de industrialización abarcó sólo determinadas áreas geográficas de nuestro país (Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y la región del Litoral). Con excepción de los distritos azucareros de Tucumán, Salta, Jujuy y algunos islotes aislados de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero, el Noroeste argentino constituye, desde el punto de vista económico, una de las más atrasadas regiones del país. Desde el punto de vista social, la región se caracteriza por un desajuste y miseria extremos, que reclaman urgente remedio. La política oficial con respecto a la industria merece mención especial. El Estado argentino practicó una política que se la caracterizó como “proteccionismo al revés”. La industrialización como tal no fue prohibida por el gobierno, pero sí se la dificultó mediante el uso de los derechos de aduana y (a partir de 1932) del control de cambios. En primer término, los derechos sobre las materias primas (que en ocasiones necesitaban los industriales argentinos para manufacturar productos terminados en el país) eran con frecuencia superiores a los de los artículos terminados o semiterminados elaborados con ellas. Otras desventajas que encontraba la naciente industria nacional en su camino fueron la falta de capitales locales dispuestos a invertir en ella y la renuencia de los bancos a conceder créditos a
mediano plazo, pues preferían las inversiones más sólidas en debentures con garantía flotante o los préstamos a corto plazo. A pesar de ello, la industria argentina ha crecido a saltos desde 1935, y con posterioridad a 1939, la Argentina era prácticamente autosuficiente en los ramos de vino, cerveza, azúcar, harina, aceites vegetales, pinturas y barnices, sombreros, zapatos, y demás artículos de cuero, productos derivados del tabaco, cosméticos y perfumes, neumáticos, cemento, muebles, alimentos procesados, cerámicas y cristales, la mayoría de textiles y vestimenta, una parte considerable de los artefactos eléctricos, heladeras, radios, productos químicos, plásticos, alambre, drogas medicinales, baterías, etcétera. Todos estos ramos pertenecen genéricamente a la industria liviana, otra importante característica de la industrialización argentina. Crisis y éxodo rural La industrialización fue paralela también al fenómeno de las migraciones internas rural-urbanas. En 1895 el 37% de la población argentina era urbana, y el 63% rural; ya en 1947 los porcentajes eran del 62% y 38% respectivamente. La conjunción de la caída de la demanda externa de productos de clima templado y también de sus precios, con el proceso de tecnificación y disminución de los rendimientos en la producción de cereales, desembocó en un aumento de la desocupación en el campo. Esa fue la principal causa de las inmigraciones internas hacia los centros urbanos. Con el proceso de sustitución de importaciones se acentuó la tendencia al urbanismo y a la atracción de mano de obra proveniente del campo. La ciudad ofrecía mejores salarios y condiciones de vida. Sin embargo, los salarios medios no alcanzaban a cubrir el presupuesto básico familiar, dejando casi como única opción el trabajo de mujeres y niños. Hacia 1941, el Departamento Nacional del Trabajo estimó que el salario del obrero típico en Buenos Aires era un 20 por ciento menor al salario mínimo necesario. Aun en estas condiciones, el nivel de vida en las ciudades era significativamente mayor al del campo.
El proyecto económico del primer gobierno peronista buscaba afirmar la protección y expansión de la industria existente hasta convertirla en el sector hegemónico en la economía argentina, con el protagonismo del capital industrial nacional y el Estado, compatibilizando este objetivo con las conquistas obtenidas por los asalariados y el conjunto de reformas sociales a través de la expansión del mercado interno. El crecimiento de la industria había seguido el camino de la sustitución de importaciones como consecuencia primero de los efectos de la crisis mundial del 29 sobre la economía argentina, efectos luego potenciados por las condiciones, muy contradictorias, creadas por la Segunda Guerra Mundial (escasez de maquinarias e insumos y a la vez una amplificación de la protección espontánea para la producción local). Se habían multiplicado los establecimientos industriales y la población asalariada. Si en los primeros pasos determinantes de ese
crecimiento industrial jugaron un papel central los sectores monopolistas de capital extranjero y grupos de grandes capitalistas locales asociados al mismo, lo cierto es que al finalizar la Segunda Guerra existía en la Argentina una amplia capa de burguesía media vinculada a las actividades industriales que reclamaba protección y fomento por parte del Estado. Rapoport La política auspiciada por Miguel Miranda se fundaba en el supuesto de que no habría “independencia económica” sin desarrollo industrial. Para ello, se instrumentó en favor de la actividad manufacturera una generosa transferencia de ingresos mediante altas barreras arancelarias, regímenes de subvención a algunos sectores, además de una política crediticia laxa que concentraba el 50% de los préstamos en dicha actividad. Sin embargo, a pesar del creciente papel del mercado interno y del proceso de industrialización, el país estaba lejos de haber logrado el grado de autonomía económica buscado. En primer lugar, el proceso de industrialización había permitido sustituir importaciones, de manera que ahora se fabricaba en forma local un conjunto de bienes de consumo que antes se compraban en el exterior. Pero eso había implicado un veloz crecimiento de la importación de insumos directos e indirectos (en especial de combustibles) y de maquinarias. De esa forma la producción industrial quedaba estrechamente ligada a los ciclos económicos mundiales y su crecimiento dependía, en el largo plazo, de que las exportaciones agropecuarias generaran divisas suficientes para cubrir las importaciones de insumos y bienes de capital. En segundo término, la redistribución del ingreso reposaba sobre los altos precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional. El sistema funcionaba de manera relativamente armónica en tanto las condiciones del mercado mundial generaran precios elevados que apuntalasen la existencia de una ganancia extra, cuya reasignación permitiera incrementar los salarios sin afectar en forma sensible las tasas “normales” de ganancia, en especial del sector industrial. La caída del precio de los productos agrícolas en el mercado internacional desarticuló una de las principales fuentes de recursos sobre las que se había basado el proceso de redistribución del ingreso. Por lo tanto, los incrementos salariales comenzaron a afectar las tasas de ganancia de los sectores empresarios. La nueva fase de la coyuntura no podía sostener el proceso de redistribución, dando lugar a una puja distributiva que provocó una aceleración de la espiral inflacionaria. En el fondo, todos estos mecanismos que provocaban el alza de precios no hacían otra cosa que expresar una inflación estructural vinculada al carácter subdesarrollado de una Argentina que, a pesar del sostenido proceso de industrialización de las últimas décadas, continuaba preservando una base agroexportadora que ponía límites precisos a su capacidad de expansión. A los citados problemas en el orden externo se sumaba el del déficit presupuestario motivado por el gasto público originado en el ambicioso programa de obras públicas. Asimismo, la incorporación al Estado nacional de las empresas nacionalizadas y la creación de otras nuevas aumentaron la demanda de trabajadores, empleados y administradores, en parte debido a los requerimientos naturales de organismos cuyo tamaño se incrementaba; pero también porque el empleo público
se convirtió, como en épocas anteriores, en un instrumento de acción política. Cuando a fines de 1949 la crisis empezó a manifestarse, el Estado absorbió buena parte de la fuerza de trabajo que la actividad privada dejaba de atraer. De allí se desprende que el éxito de la política económica peronista hasta 1949 se debió en gran medida a la coyuntura internacional especialmente favorable que vivió la Argentina en la inmediata posguerra. Los cambios en la política agraria A partir de 1952, como consecuencia de la crisis económica, el gobierno se vio en la necesidad de replantear y redefinir su política agropecuaria adoptando una actitud más laxa frente a la situación de estancamiento por la que atravesaba el agro. Se adoptó, entonces, un conjunto de medidas que apuntaron a incrementar la productividad agrícola para obtener mayores rendimientos por hectárea cultivada, con la intención de reducir los costos, que a su vez permitirían la obtención de mayores márgenes de utilidad y generarían más estímulos al productor. También se subsidiaron directamente las exportaciones cuando el nivel de los precios internacionales decayó más allá de lo admisible por los tipos de cambio en vigencia, lo que generó importantes déficits en el IAPI, que ahora cumplía un rol diferente. La caída de la exportación, muy aguda entre 1951 y 1954 fue compensada por los efectos de la política económica llevada adelante por entonces —incremento del ingreso de los asalariados, precios máximos, subsidios al consumidor— que facilitó la absorción por el mercado interno de una producción total de carnes que, aunque muy lentamente, continuaba creciendo. El proceso de ajuste vivido entre 1949 y 1952 incluyó el Plan de Estabilización (1952), el cual contemplaba la implementación de una serie de medidas de emergencia destinadas fundamentalmente al control de la inflación y la recuperación del sector externo, y centradas en la restricción del consumo, el fomento del ahorro y el aumento de la productividad. El Congreso de la Productividad Perón formuló un “plan de acción” para contener las demandas sectoriales. En éste se exhortaba a los empresarios a “mejorar la calidad, aumentar la producción y reducir el costo como único medio para ampliar las utilidades”. Con respecto a los trabajadores, se establecía que los incrementos en el salario real sólo podían sustentarse en una mayor producción, pues la justicia distributiva ya había alcanzado su máxima expresión. Según el discurso del Poder Ejecutivo “la mayor retribución únicamente se ha de lograr elevando la cantidad de bienes a repartir”. Todo esto se expresó en el Acuerdo Nacional de Productividad.
El IAPI, la política agropecuaria y el comercio exterior El IAPI se instituyó en principio como un área perteneciente al Banco Central. El organismo pasó a ser el único comprador interno de los cereales y oleaginosas a los precios de adquisición fijados por el Estado. Destinaba en primer lugar una parte para el consumo interno, lo que contribuía a impedir la elevación de los precios de los alimentos (una política de precios relativos favorables a
la industria) y luego procedía a la colocación de los saldos exportables. En este último sentido, fue un poderoso instrumento de la política comercial externa del gobierno peronista, puesto que negociaba directamente con los representantes de las entidades estatales de los países compradores, en el marco de la política de tratados comerciales bilaterales. Al mismo tiempo, en el mercado nacional el IAPI centralizó la compra a precio fijo de los productos agrícolas a los productores. Al retribuir al productor con dinero argentino calculado al valor oficial, el atraso cambiario notorio de los comienzos del gobierno justicialista y las diferencias logradas en las negociaciones internacionales en aquella coyuntura inicial de buenos precios y demanda, permitían al Estado obtener recursos, una porción de superganancias extraordinarias que respaldaban su proyecto económico de expansión de la industria y de las actividades urbanas. Por otra parte, a partir de la crisis económica del 49, el rol del IAPI se invertirá en cuanto a la política de precios, pasando a subsidiar al agro. En un principio, las exportaciones de carnes, cueros, grasas y sebos, fueron realizadas parcialmente por el Instituto, aunque tempranamente cesó su operatoria. Desde 1948/9 las exportaciones cárnicas pasaron a ser canalizadas directamente por los grandes frigoríficos norteamericanos y británicos. En el marco de las negociaciones del gobierno argentino con Estados Unidos, éste obtuvo el compromiso de Perón de la no nacionalización de los frigoríficos, y que, en conjunto con la desvinculación del IAPI de las exportaciones cárneas se manifestaba uno de los límites al nacionalismo económico del gobierno.
La inversión extranjera Por otra parte, respecto de la llegada de nuevas inversiones extranjeras, la política implementada por el gobierno no promovió, hasta el estallido de la crisis de 1951-52, la radicación de empresas foráneas. Los límites a la remisión de utilidades de las empresas extranjeras radicadas en el país (un 5% de ganancias anuales sobre el capital declarado) en conjunto con las normas que regulaban el régimen de repatriación de capitales, desalentaron el arribo de nuevas inversiones. Nacionalismo y capitalismo de Estado
A las empresas nacionalizadas se debe agregar la expansión de la actividad empresaria del Estado como inversor en emprendimientos básicos. Por ejemplo, en la expansión de la flota mercante estatal y la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la creación de Aerolíneas Argentinas, la explotación de carbón, usinas eléctricas y otras obras de infraestructura, con la creación de Agua y Energía Eléctrica, empresas metalúrgicas y de otras ramas. Por otro lado, como lo probó el golpe militar de 1955 que derrocó al gobierno peronista, en el largo plazo el Estado se conservó como instrumento de reproducción de los intereses dominantes tradicionales en la sociedad argentina. En esas condiciones el “área estatal de la economía” comenzó a ser reducida y descapitalizada por la mayoría de los gobiernos y
dictaduras posteriores, y por el otro, su función esencial, hasta las privatizaciones de los años 90, no radicó ya en crear condiciones para la expansión del capital y la burguesía industrial nacional. Política económica del peronismo La crisis que se insinúa en 1949 marca los límites de las reformas peronistas, límites difíciles de superar desde la perspectiva del gobierno. En la coyuntura de posguerra favorable por los precios agrícolas, las nacionalizaciones peronistas redujeron el peso del capital extranjero, sobre todo el británico ligado al viejo eje agroexportador, ampliando el capitalismo de Estado. La protección aduanera, el crédito industrial fácil y la significativa expansión del consumo por obra de las reformas sociales sustentaron el crecimiento y las ganancias de la burguesía industrial. En cuanto al comercio exterior, el papel del IAPI en la utilización de los ingresos por exportaciones en función de ese proyecto limitó los tradicionales superbeneficios de los monopolios exportadores de cereales y la renta agraria de los terratenientes, al tiempo que la ley de arrendamientos rurales de 1948 beneficiaba a los chacareros. Sin embargo, el crecimiento de la productividad del trabajo en la industria dependía de la incorporación de nuevas maquinarias y, aunque se avanzó en esta dirección, no existía una industria “pesada” y en su mayor esa maquinaria debía importarse. Así la expansión industrial dependía de las divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias. Los grandes terratenientes, aunque debilitados políticamente y limitados en la percepción de la renta, seguían detentando el monopolio de la tierra. Ese control terrateniente se tradujo en la reducción de inversiones para hacer crecer la producción. A eso se sumaron los efectos de las dos grandes sequías de 1949/50 y 1951/52. Se produjo así un gran déficit comercial que se tradujo en crisis de la balanza de pagos. Como consecuencia de la crisis, los empresarios incrementarán sus reclamos para “redistribuir” hacia arriba. El gobierno, al llegar 1952, afrontará la crisis con un “plan de estabilización” que concilia con los dueños del país para cerrar las cuentas externas: devaluación, luego de un aumento salarial general por debajo de lo perdido por la inflación, congelamiento por dos años de las convenciones colectivas de trabajo. Como rumbo general, se invierte el rol del IAPI, subsidiando al agro, y aunque el gobierno peronista evita pedir préstamos externos, con la Ley de Inversiones Extranjeras de 1953 promueve concesiones para atraer capitales extranjeros a la industria y la minería.
Los límites del impulso nacionalizador En suma, la expansión de las nacionalizaciones afectó la operatoria del antiguo capital extranjero (sobre todo británico) vinculado a la economía agro-exportadora y al capital bancario; restringió la operatoria de los grandes oligopolios comercializadores de cereales; limitó, en condiciones de escasez de divisas, las condiciones para la remisión de dividendos al exterior; redujo al mínimo los flujos financieros al exterior. Sin embargo no cuestionó ni en la práctica ni en sus postulados doctrinarios al capital extranjero invertido en la industria manufacturera, donde pese al importante peso de los empresarios nacionales, contaba con posiciones monopólicas de envergadura.
Por el contrario, la ley de inversiones extranjeras del año 1953– era un elemento de política económica que el gobierno peronista consideró siempre y buscó activamente poner en práctica luego de la crisis económica de 1951-1952.
Ya hemos mencionado también los límites de la política nacionalizadora respecto de los grandes frigoríficos exportadores, en los que predominaba desde antes el capital norteamericano. Por el otro lado, y contrastando con el caso de otros servicios públicos, un rubro fundamental que permaneció en manos extranjeras fue la electricidad del Gran Buenos Aires, provista por la Compañía Argentina de Electricidad (CADE), originada a principios de siglo en inversiones alemanas y luego sucursal de un holding internacional con sede en Bélgica, pero donde se entrelazaban diversos capitales, norteamericanos y alemanes. Perón solía distinguir entre un capital extranjero “parasitario”, que asociaba a la estructura agroexportadora tradicional del país, y un capital extranjero “productivo”, que afirmaba podría contribuir, con la regulación y orientación del Estado, a la ampliación del aparato industrial local, al que concebía como eje rector del desenvolvimiento económico nacional. El proyecto económico del peronismo se basó en la extensión de la industrialización sustitutiva en general, sobre la base de la protección del Estado y de la expansión del mercado interno, a través de una pronunciada redistribución del ingreso a favor de los asalariados y la industria. Del conjunto de los hechos de la política económica y de sus formulaciones discursivas puede determinarse que apuntaba, a grandes rasgos, a lograr la protección y expansión de la industria existente hasta convertirla en el sector hegemónico en la economía, con el protagonismo del capital industrial nacional y el Estado, secundarizando al capital extranjero y a la clase terrateniente, evitando conmociones revolucionarias y compatibilizando la búsqueda de la hegemonía económica para la burguesía nacional industrialista con las conquistas obtenidas por los asalariados y elconjunto de reformas sociales implementadas por el gobierno, a través de la expansión del mercado interno. Fracasó en ese objetivo y el gobierno fue derrocado.
Frondizi asumió el 1 de mayo de 1958 en un convulsionado clima político y económico. El 29 de diciembre de 1958 se anunciaron diversas medidas contractivas que apuntaban a alcanzar la estabilidad financiera y sanear la moneda: Se promovió la liberación del mercado cambiario, avanzando hacia un esquema de “flotación sucia”. Simultáneamente se establecieron nuevos aranceles y retenciones a las exportaciones, se definieron algunos precios máximos, y se propuso un plan de recorte en el gasto público. El programa de estabilización provocó efectivamente una fuerte corrida inflacionaria, pues los precios aumentaron en 1959 casi un 130 por ciento. La consecuente caída de la demanda interna generó una recesión, con una caída del 6,4 por ciento en el PBI. En concreto, en el periodo 1955-1966 se observó claramente el comportamiento cíclico de la economía. En esas dos crisis, las estrategias coincidieron: políticas restrictivas, devaluación y
redistribución de ingresos, originando de ese modo la recuperación del balance de pagos a partir de una contracción de la oferta y demanda global de la economía. Los ciclos stop and go Estas crisis (1949 y 1955) expresaban los límites con los que tropezaba la industrialización por sustitución de importaciones. Ese proceso desarrollado desde la década del treinta, y con mayor impulso durante el peronismo, generó una industria muy poco integrada, dependiente en su técnica, medios de producción y materias primas esenciales de las importaciones de los países centrales. Esa industria importadora se combinaba con un sector primario que seguía siendo la base de las exportaciones y también de la producción de alimentos básicos para la población. La industria, por tanto, quedaba sujeta a la disponibilidad de divisas aportadas principalmente por las exportaciones de un sector cuya oferta se encontraba estancada y debía abastecer a la vez un mercado interno en crecimiento. En esas condiciones, en los años en que la economía crecía se producían pérdidas de reservas internacionales, mientras que en los años que el Producto descendía se registraban mejoras en la posición de divisas. Este comportamiento respondía a una economía que requería cada vez más bienes importados a medida que se expandía. Además de las exportaciones, se contaba con otras fuentes para conseguir divisas, básicamente apelando al capital extranjero. Sin embargo, éstos no contribuyeron a que el país superara su deficiencia estructural en cuanto a la generación de reservas internacionales dado que: 1. No existió ningún tipo de exigencia para las transnacionales desde la política económica en función de una estrategia nacional. 2. Las firmas tenían una estrategia definida que no implicaba generar exportaciones desde el país. De ese modo, el proceso de crecimiento conducía necesariamente a una situación de escasez de divisas, ya que las importaciones subían mientras se incrementaba la producción industrial y superaban el nivel de las exportaciones, y ello derivaba en una crisis de balance de pagos al agotarse las reservas del Banco Central. Para hacer frente a ese desequilibrio se recurría a un plan de estabilización, que incluía la devaluación de la moneda y la aplicación de políticas monetarias y fiscales contractivas, lo que llevaba a un deterioro del poder adquisitivo de la población y la consecuente caída del consumo. A la vez, la restricción monetaria provocaba un alza en la tasa de interés, lo que encarecía el crédito para el consumo y desestimulaba el financiamiento de inversiones en el sector productivo. Todo esto conducía indefectiblemente a una caída en el nivel de actividad. Ese retroceso permitía liberar productos agropecuarios para exportar, que, sumado a la restricción de importaciones por la devaluación, restablecía el equilibrio externo por el camino de una recesión. Inmersa en esos periodos de auge y caída de corto o mediano plazo, denominados ciclos de stop and go, se desenvolvió la economía argentina en esos años. Desarrollismo Frondizi (1958-1962)
Profundizar industrialismo Terminar con el déficit crónico de la balanza de pagos Fomentar inversiones en la cuestión del petróleo Atraer capital extranjero mediante la ley de radicación de capitales extranjeros y la ley de promoción industrial.
Ciafardini: Crisis, inflación y desindustrialización en la Argentina dependiente El tradicional movimiento pendular de la sociedad argentina tiene dos aspectos, uno económico y uno político. Desde el punto de vista del desarrollo económico, el movimiento pendular consiste en esa sucesión de periodos de avance industrial a los que suceden otros de estancamiento; momentos de ampliación de la producción industrial, el empleo y la urbanización, seguidos de periodos de recesión, desempleo y descenso de la actividad económica, en los que se ajustan las cuentas exteriores. En cuanto al aspecto político del péndulo, se halla estrechamente asociado en nuestra historia reciente con la imposibilidad de todos los sectores de la sociedad argentina de estabilizar el sistema político. La argentina es uno de los pocos países en el mundo que durante tanto tiempo han oscilado entre inestables gobiernos constitucionales y precarias dictaduras. Este tipo de contradicción ha tenido en el Tercer Mundo resoluciones más estables y duraderas. Esa dualidad consiste en que mientras por lo general, las mayorías electorales y las mayorías de masas aparecen de un lado, los grupos económicos detentadores del poder y del control del Estado aparecen más bien del otro. Por consiguiente, los gobiernos constitucionales no pueden estabilizarse. Las alternativas dependientes: el desarrollismo y la vuelta atrás Este nuevo tipo de crisis de la dependencia argentina fue objeto de análisis en la búsqueda de algún tipo de salida. Los diferentes sectores predominantes de la sociedad argentina vieron y ensayaron, principalmente, dos caminos: por un lado, uno de profundización de la industrialización dependiente, y por el otro, la vía de la desindustrialización. La Argentina ya ha experimentado los dos; la década del 60 fue característica de lo primero, de la profundización de la industrialización dependiente Ciafardini: Desarrollismo y transferencia de riqueza al exterior Se pueden distinguir las siguientes formas de transferencia de plusvalía realizada por el capital extranjero, que son fruto directo o indirecto de la explotación de fuerza de trabajo local: 1. Utilidades y dividendos girados al exterior 2. Pagos por servicios tecnológicos 3. Intereses pagados a acreedores extranjeros, originados en el endeudamiento público o privado La simple salida de plusvalía en concepto de transferencia de utilidades significa que las empresas extranjeras encuentran límites a su acumulación local, que tienen oportunidades más lucrativas en
el exterior, o, sencillamente, que son necesarias para el plan de negocios de las casas matrices. Todas las estadísticas referidas a la inversión directa en Argentina revelan que a largo plazo las salidas de utilidades son mayores que los ingresos de capital. La remisión de utilidades tiende a decrecer cuando los efectos de devaluaciones del peso u otros estimulos emergentes de las políticas económicas en vigencia colocan al capital extranjero en una posición privilegiada para emplear sus utilidades invirtiéndolas en la compra de paquetes accionarios de empresas locales, lo cual puede coincidir con el ingreso coyuntural de nuevos capitales al país con el mismo objetivo. El plan de Martínez de Hoz El 24 de marzo de 1976 un golpe de Estado derrocó al gobierno de Isabel Perón. El poder fue asumido por una Junta Militar integrada por los comandantes de las tres fuerzas armadas: Jorge Rafael Videla, del Ejército; Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea, y Emilio Eduardo Massera, de la Armada. Objetivos económicos de la dictadura:
Desindustrialización a partir de la destrucción de la pequeña y mediana empresa nacional Reprimarización de la economía Disciplinamiento de la clase obrera y la lucha popular
El objetivo final era generar condiciones de acumulación de capital favorables a los grandes grupos económicos locales, extranjeros, y a los terratenientes. Objetivos explícitos del plan presentado por Martínez de Hoz:
Elevar la eficiencia del sistema productivo. Restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos Restringir la participación del Estado Frenar la inflación Equilibrar la balanza de pagos
Para elevar la eficiencia había que aprovechar las “Ventajas comparativas”, para lo cual la economía debía especializarse en los productos de mayor aceptación en el mercado externo. El instrumento central consistía en equiparar los precios internos con los externos, con lo cual los sectores ineficientes serian desplazados del mercado interno por las importaciones, mientras que los eficientes prosperarían y se tornarían más competitivos. Esto se lograría a través de la unificación de los tipos de cambio efectivos, mediante la rebaja de aranceles y la disminución de subsidios a las exportaciones, entre otras iniciativas. Reestructuración de la economía argentina Entre las primeras medidas económicas se impuso un congelamiento de salarios por tres meses, se eliminaron los controles de precios y se devaluó la moneda. Además de la disminución del salario real, hubo otras iniciativas para disciplinar a la fuerza de trabajo: se disolvió la CGT, se eliminó el derecho a huelga, y se suspendió la actividad sindical.
A principios de 1977 se puso en marcha una reforma financiera que significó la liberalización del mercado doméstico y el fortalecimiento del vínculo con los mercados internacionales de crédito. Esta reforma tuvo consecuencias sobre toda la economía: la apertura a los movimientos de capitales y de las tasas de interés modificó la rentabilidad de los distintos sectores de la economía, perjudicando las actividades productivas y alentando la especulación. Esto último estuvo facilitado por la diferencia entre la tasa de interés local y la internacional, que permitía exageradas ganancias mediante la simple operación de tomar un crédito en el mercado externo para colocar ese dinero en la plaza local. Medidas antiinflacionarias Al referirse a la política presupuestaria, el ministro afirmaba que el motor principal de la inflación lo constituía el déficit fiscal. La magnitud de ese desequilibrio obligaba a incrementar la emisión monetaria, que se constituía en “causa generadora primordial de la inflación”. Debilitamiento de la dictadura y guerra de Malvinas Desde fines de 1979, con el propósito de resolver la crisis fiscal y del sector externo, EE.UU comienza a aplicar una nueva política económica, elevando fuertemente las tasas de interés, con el objeto de atraer capitales del exterior, y produciendo un alza sustancial de los niveles de deuda de los países periféricos. En Argentina, en 1981, se desata así una grave crisis financiera en la economía del país. El consenso de Washington El Consenso de Washington sintetizaba un manual de lo que el pensamiento ortodoxo y los organismos multilaterales consideraban las buenas políticas para un país emergente en un mundo globalizado. Constaba de diez puntos básicos: Una rígida disciplina fiscal Una concentración del gasto público en educación, salud e infraestructura Reforma fiscal encaminada a buscar una base imponible más amplia y con tasas menores, fundamentalmente para desgravar parcialmente el capital Tipo de cambio competitivo Liberalización financiera, que permitiera una entrada y salida más laxa de fondos y con tasas de interés libres Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas Apertura comercial Garantía de los derechos de propiedad Privatizaciones Desregulación de los mercados El Plan Brady, por su parte, era un programa concebido en marzo de 1989 que apuntaba a renegociar las deudas de los países que habían entrado en mora total o parcialmente durante la crisis de la deuda de 1982. Para la Argentina, esos compromisos contemplaron la autorización del mecanismo de capitalización de la deuda externa. Esto significaba que los títulos públicos podían ser utilizados como medios de pago por parte de los interesados en adquirir empresas del Estado. Tipo de cambio fijo y estabilidad de precios
Luego de la compulsiva absorción monetaria del Plan Bonex, de un fuerte ajuste fiscal, de una adecuación de varias normas y del inicio del proceso de privatizaciones, comenzó el programa económico de fondo del gobierno de Carlos Menem. La convertibilidad tenía como objetivo explícito detener la inflación. Se estableció un tipo de cambio fijo de 10.000 australes por dólar y se dispuso que el 100 por ciento de los billetes y monedas en circulación, incluyendo los depósitos a la vista, estuvieran respaldados por reservas en divisas del Banco Central. Al año siguiente, mediante una reforma se eliminó cuatro ceros del signo monetarios y 10.000 australes se transformaron en 1 peso. La oferta monetaria se transformó en una variable procíclica. Cuando la economía crecía, ingresaban capitales y se inyectaba moneda en el sistema, lo que exacerbaba la expansión. En cambio, en tiempos recesivos, la fuga de capitales reducía la cantidad de moneda y las condiciones depresivas se agravaban. Expresión dramática de ese último comportamiento fue el periodo 19982001, cuando la inflexibilidad de la convertibilidad contribuyó a devastar la economía. La política monetaria pasiva En primer lugar, con las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado se procedió a un masivo retiro del Estado de su rol de regulador de la economía. En segundo término, se continuó y profundizó el proceso de privatizaciones que se había iniciado en 1991. Las privatizaciones no buscaban en lo fundamental una mejora en los servicios públicos, sino convertirse en una alternativa de capitalización de la deuda externa para los acreedores, un negocio financiero para los posibles inversores y, finalmente, una reducción del déficit de Estado, a pesar de que éste conservó las viejas deudas de las empresas públicas. A fin de garantizar las ganancias de los futuros operadores de esas compañías, los precios de los servicios fueron aumentados, ajuste que fueron la principal fuente de inflación. Todo esto condujo a una permanente transferencia de divisas hacia el exterior por la vía del déficit comercial, la remisión de utilidades, la fuga de capitales y los pagos del servicio de la deuda externa. Marco legal y liquidación de empresas estatales El gobierno de Carlos Menem, que había accedido al poder prometiendo el “salariazo” y la “revolución productiva”, no tardo en alinear su política económica con lo establecido en el Consenso de Washington. Impulsó la reforma del Estado, la privatización de empresas de servicios públicos, la enajenación de las reservas energéticas, el aumento de las facilidades para las inversiones extranjeras y la liberalización del sistema financiero. Hubo dos etapas en el proceso de privatizaciones: La primera tuvo como objetivo disminuir el déficit fiscal y conseguir un mínimo control de precios para frenar la hiperinflación. Una vez alcanzada cierta estabilidad de precios, en la segunda etapa se apuntó a producir una transformación del rol del Estado en la economía, priorizando al mercado como principal asignador de recursos. El proceso privatizador tuvo varios objetivos explícitos: Equilibrar el presupuesto, reduciendo el gasto que generaban las empresas públicas Producir ingresos transitorios a través de la venta de activos Reducir la deuda externa permitiendo a los compradores pagar una parte con títulos públicos A mediano plazo, se esperaba eliminar las distorsiones e ineficiencias de las viejas empresas estatales, favorecidas por actuar en mercados protegidos. Lograr cierta previsibilidad económica, sustrayéndole al Estado la capacidad de provocar esas “distorsiones”.
Favorecer el funcionamiento de los mecanismos de regulación internos. Incrementar las inversiones privadas Hacia 1990 ya se habían vendido Aerolíneas Argentinas, la telefónica ENTel, los canales de televisión 11 y 13, además de otorgar concesiones de peajes de rutas nacionales. La mayor privatización fue la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que se transformó en una empresa privada con una participación mínima del Estado. Entre las principales características de la economía de esa década se destacó un creciente déficit comercial, la generación de superganancias en el sector financiero y en las empresas privatizadas, y una creciente necesidad de recursos para cubrir el desequilibrio fiscal del gobierno. Todo esto condujo a una permanente transferencia de divisas hacia el exterior por la vía del déficit comercial, la remisión de utilidades, la fuga de capitales y los pagos del servicio de la deuda externa. Por lo tanto, era necesario forzar un ingreso compensatorio de divisas por medio de condiciones financieras cada vez más atractivas y un creciente endeudamiento con el exterior. Pero ambos factores agravaron los problemas estructurales. El problema es que en coyunturas de recesión o crisis internacional los capitales financieros tienden a refugiarse en los mercados de los países desarrollados e inician su huida de economías débiles como la Argentina. En esas condiciones, el impacto procíclico de la política monetaria pasiva profundizó la crisis.