Reporte De Lectura Iii.docx

El formato práctico de las políticas sociales “A un lado del fogón se encuentra Angelina, una indígena mixteca (…). Los sorbos de agua hirviendo reducen el dolor de estómago que le provoca el hambre. Son su medicina. Esta madre soltera de 47 años ha pasado hasta 48 horas sin probar alimento (…) Angelina es, entonces, la habitante más pobre de la localidad más pobre de Oaxaca” (Gallegos & Meza, 2016, pp. 32-34). La pobreza constituye, quizás, el principal problema que hoy enfrentan los Gobiernos de América Latina. ¿Qué política social, en términos generales, podría ser capaz de borrar para siempre imágenes de este tipo dentro del contexto latinoamericano? En ese sentido, Titmuss (1958) identifica tres modelos de políticas sociales que se generan en el mundo hasta la actualidad: el modelo residual, en el cual las instituciones intervienen únicamente en el caso de que desaparezcan los dos caminos que constituyen la plataforma para el desarrollo humano: el mercado privado o la familia; el modelo basado en el logro personal-resultado laboral, a partir del cual solo los trabajadores reúnen los méritos para ser apoyados por las entidades de bienestar social; y por último, el modelo institucional redistributivo, donde las instituciones facilitan los servicios generales fuera del mercado basándose en el principio de necesidad (de la población). Cuando se observa la cartera de políticas sociales que se implementan en la región latinoamericana para combatir la pobreza, la gran mayoría de los programas se dirigen a mitigar la mala calidad de vida de las personas. Pero, habría que preguntarse cuáles de los proyectos resultan realmente eficientes. La consulta sobre este tema ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), corrobora que, en los últimos 10 años, uno de los países que más avanzaba en ese sentido era Ecuador. Al resumir lo que había significado su gestión, Correa (2017) afirmaba: "Son más de 2 millones de personas que han salido de la pobreza, no con asistencialismo, sino que hemos atacado las causas estructurales". Autores como Ubasart y Minteguiaga (2017) refieren que el Estado de bienestar no empasta con la realidad latinoamericana, otros insisten en resaltar algunos intentos de corta duración (Esping-Andersen, 1993). Cuando se valoran las políticas sociales

implementadas desde la época neoliberal, ciertamente no deja de existir aquella intervención pública que incide en el bienestar de las personas, ya sea cambiando, manteniendo o facilitando sus condiciones de vida (Montagut, 2004). Sin embargo, hasta qué nivel han logrado una verdadera transformación de la vida de las personas en aspectos como la educación, la salud, la vivienda, y la protección social. En un ínfimo porcentaje. La región adolece de Estados que privilegian el crecimiento económico - no tanto del país como de ciertos grupos empoderados-, en lugar de asumir el papel activo para alcanzar el bienestar social. Prima un enfoque asistencialista y paliativo, que mantiene el carácter cíclico de los problemas sociales en cada territorio. La ideología explica este fenómeno, según expresa Montagut (2004), y de los intereses que se encuentran esbozados detrás de esta, pueden ser humanos, económicos, políticos, culturales. Es este uno de los principales sesgos que intervienen en la concreción de las políticas sociales, los gobiernos llegan con una idea escasamente contextualizada de lo que pretenden cambiar en sus naciones, poco se sustentan en las dificultades que le preceden, en los derechos que deberían defender, en la cultura de sus pueblos. Los intentos de la región latinoamericana de proveer de una mejor calidad de vida a las personas se encuentran con una contradicción inesperada: el fracaso del formato práctico de las políticas sociales como resultado del modelo de Estado de bienestar. Los estados de bienestar no han sido tan igualitarios como se esperaba, el fracaso del gasto público puede ser explicado por la incapacidad para reducir la influencia del desigual reparto de riquezas, pues ello requeriría de la provisión de los servicios por igual a todas las partes, ciudadanos, áreas geográficas, intuiciones; ingresos finales iguales, igualdad de oportunidades; igualdad de costes; igualdad de resultados (Montagut, 2004, p. 73).

En torno a la implementación de políticas sociales resultan imposible establecer un consenso. Al plantear varias preguntas, Montagut (2004) ilustra la complejidad del asunto: ¿Son justos los mecanismos que pueden conducir a la igualdad, si se tiene

en cuenta que hay que ofrecer oportunidades a los de mayor desventaja para posicionarlos en lugares iguales que los que nacieron con ventaja? ¿Se restringe la libertad del hombre debido a la operación estatal? Precisamente, el afán de financiar con el gasto público los programas sociales crea una segunda crisis: la demanda social supera con creces la oferta estatal. En un contexto donde cada vez se mercantilizan más procesos sociales en las esferas de la vida económica, resulta imposible revocar esa crisis del Estado de bienestar, pues se rompe con una de los acuerdos que le dieron el sustento inicial: lograr el crecimiento económico, sin el cual resulta imposible establecer la mínima protección social a toda la población. Uno de los ejemplos de esta realidad es Ecuador, donde hace mella nuevamente el desempleo, el dualismo social, una política económica enmarcada en los de ha venido denominando revolución conservadora, y una creencia en la falta de alternativas (Montagut, 2004). Como elemento cíclico del sistema capitalista, historias como la de Angelina se extienden por toda América del Sur. Las políticas sociales implican decisiones sobre la lógica ético-normativa: para responder a dos objetivos: la igualdad y la libertad, pero las sociedades modernas se caracterizan por un egoísmo y burocracia tal, que hacen ineficientes a las intervenciones, de manera que la gobernanza pierde legitimidad dentro de la población blanco de las políticas. Habría que coincidir con Esping-Andersen (1993) cuando explica que el Estado de bienestar requiere no solo de valorar los derechos que concede, sino cómo se interrelacionan las actividades del estado y del mercado y cuál es el papel de las familias y la comunidad en la provisión de bienestar. Referencias bibliográficas Correa, R. (2017). Los 10 años de Rafael Correa en Ecuador: ¿El más exitoso de los Gobiernos bolivarianos? (Emol.Mundo, Entrevistador) Esping-Andersen, G. (1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. Valencia: Alfons el Magnanim.

Gallegos, Z., & Meza, S. (2016). Agua Hervida. Lourdes Angelina Méndez Ramírez. Tejedora de Sombreros, 47 años. San Simón Zahuattlán, Oaxaca. En S. Frausto, Los doce mexicanos más pobres. El lado B de la lista de millonarios. México. Montagut, T. (2004). Política Social. Una introducción. Madrid: Ariel Sociología. Titmuss, R. (1958). Essay of the Welfare State. Londres: Allen and Unwin. Ubasart, G., & Minteguiaga, A. (2017). Esping-Andersen en América Latina: El estudio de los regímenes de bienestar. Política y gobierno, 24(1).