JORNADAS INTERINSULARES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Tenerife 2008 Propuesta abierta para el grupo de trabajo: La educación ambiental como herramienta de la gestión ambiental Yolanda Sampedro Ortega
El año pasado se publicó el resultado de un análisis cualitativo sobre la situación de la educación ambiental en España del que tuve la suerte de formar parte: “Un viaje por la educación ambiental
en España: Una visita a algunas de las iniciativas promovidas desde la administración general y autonómica tras la publicación del Libro Blanco” En el contexto de este
estudio se pudo analizar el panorama actual de la educación ambiental en el escenario de la administración ambiental y, a través de un estudio de casos, se desvelaron algunas pistas para el diseño de programas y la utilización de los instrumentos sociales. Mi idea para abordar la dinamización de este grupo de trabajo es partir de algunas de las reflexiones finales del citado estudio (que a continuación añado) para encuadrar el debate y la reflexión común que nos permita, posteriormente, avanzar en el diseño y propuesta de las principales líneas de actuación que debería abordar, a modo de ver del grupo, la Comunidad de Canarias para progresar en la incorporación e integración de la educación ambiental como herramienta de la gestión ambiental, especialmente en aquellos aspectos relacionados con la participación ciudadana como instrumento social de gran importancia en la gestión. El grupo de trabajo está dirigido, por tanto, no sólo a los técnicos de educación ambiental y a los técnicos de gestión ambiental de las administraciones públicas, si no a todos aquellos que estén interesados en reflexionar y plantear líneas de trabajo futuro para esta Comunidad acerca de la educación ambiental, y por tanto, el uso
de los instrumentos sociales (especialmente la participación social) concebida como una herramienta que debe estar perfectamente integrada en la gestión ambiental en cualquiera de sus ámbitos. ...” La primera reflexión que nos surge es si las experiencias que hemos visitado suponen o no un reflejo real de la situación actual de la educación ambiental en las administraciones general y autonómica. La realidad nos indica que cierto tipo de programas, en los que aspectos tan importantes como la participación, el trabajo en red, la innovación, la investigación o la evaluación son aún excepciones a la regla. En muchos casos, se siguen empleando recursos (tiempo, dinero y esfuerzo) en programas que no responden fielmente a un diagnóstico previo, a la realidad socioambiental en que se enmarcan o a una planificación rigurosa. También hemos detectado que existe una cierta inercia en mantener algunos proyectos que, aunque en su momento tuvieron importancia, hoy, en el contexto de una educación ambiental que ha evolucionado, quizá no sean la respuesta adecuada a las demandas que la sociedad tiene. Hoy conocemos mejor los problemas socioambientales y están mejor identificados tanto los conflictos como los actores que juegan un papel relevante en cada situación. Sin embargo, en muchos casos, la respuesta que se ofrece desde la educación ambiental sigue siendo genérica y utiliza los mismos instrumentos y métodos que hace años. Es necesario comenzar a utilizar de forma más generalizada herramientas como las que nos ofrecen la participación y el trabajo en red para abordar los nuevos retos desde un enfoque que tenga en cuenta la diversidad de escenarios y agentes implicados. Hay que buscar y reforzar los espacios de encuentro con los gestores, con los agentes sociales, con otras entidades públicas y privadas, con los colectivos sociales,… De esta forma se podrán ir creando instrumentos útiles y también, quizá, una nueva forma de plantear soluciones a los complejos problemas socioambientales a que hacemos frente. En este contexto, es importante profundizar aún más en facilitar el acceso de la sociedad a la información ambiental, porque una sociedad informada puede responder mejor a las necesidades de cambio o a los retos que le vayan surgiendo. Sin entrar a valorar lo que se refiere al ejercicio al derecho a la información ambiental y lo relativo a la información de carácter técnico, sigue siendo necesario trasladar de algún modo a la población en general y a los sectores más implicados en cada tema esa compleja información de una forma
comprensible y accesible. Este papel le compete a la educación ambiental y, en concreto, a la que se promueve desde este escenario, la administración. Sin embargo, la información que se facilita desde los programas y campañas de comunicación ambiental en marcha, no siempre responde a criterios como el de facilitar el acceso a información contrastada, procedente de diferentes fuentes, puntos de vista divergentes, etc., que tienen que ver con el fomento del espíritu crítico que la educación ambiental persigue. Otro aspecto que a menudo se olvida en la comunicación es el hecho de que ésta debe ser bidireccional, de forma que se pongan en marcha mecanismos que permitan no solo emitir mensajes por parte de la administración, sino también “escuchar” la postura y opinión de los diferentes agentes y de la población. Como hemos visto, la formación en materia de educación ambiental sigue siendo un ámbito de actuación que preocupa y ocupa a muchas administraciones. Hay iniciativas que están buscando nuevas vías de formación que se alejan de los formatos tradicionales, entre las que un buen ejemplo son los seminarios puestos en marcha en diferentes ámbitos. Parece evidente que este tipo de acciones vienen dando resultados muy positivos en todos los casos en que se han puesto en marcha de una forma más o menos estable, permitiendo construir nuevas formas de hacer, abrir nuevas vías, generar nuevos ámbitos de trabajo y actuación, reforzar a los participantes, fomentar la autoevaluación, etc. La formación y la capacitación de los educadores ambientales nos parecen ámbitos relevantes de trabajo para las administraciones y un campo cuya repercusión a medio y largo plazo puede ser muy importante para el conjunto de las prácticas que se desarrollan en cada territorio. Es importante explorar todas las vías abiertas, sin renunciar a los cursos tradicionales para la gente que comienza pero abriendo canales nuevos para los profesionales en activo, ya formen parte éstos de la propia administración o trabajen fuera de ella. Deberían profundizarse y diversificarse tanto las temáticas abordadas (los educadores ambientales necesitamos, entre otras cosas, un mayor acercamiento a la gestión) como los formatos. En esta línea, nos parece fundamental que los técnicos dedicados en cada administración a la planificación y desarrollo de programas de educación ambiental puedan contar con una formación específica y amplia en este campo, pues de ello depende en buena medida el tipo de programas e intervenciones que se pongan en marcha.
El notable potencial formativo que tienen las redes nos permite enlazar con este tema, en el que creemos que pueden residir buena parte de las claves de la educación ambiental del futuro. Ya hemos visto en el capítulo correspondiente algunas de las potencialidades y fortalezas que ofrecen las redes para avanzar en objetivos tan importantes como la coordinación de esfuerzos, el intercambio de información, la visualización de las buenas prácticas, el incremento de la eficiencia, la reflexión conjunta, etc. Hay muchos tipos posibles de redes, desde las que se pueden formar en el propio ámbito de una administración (entre técnicos, entre departamentos, etc.) a las de carácter temático (educadores y gestores preocupados por el cambio climático, por ejemplo) o territorial. La participación en redes pasa por la necesidad de compartir el propio trabajo, un espíritu de colaboración y un sentimiento de formar parte de algo colectivo. Pero para la creación y la existencia de algunas redes es necesario un impulso y ciertos recursos, lo que puede requerir, como hemos visto, un esfuerzo por parte de las administraciones. Un primer paso en la creación de redes puede ser el apoyo a otras entidades que pueden estar más próximas tanto a la población como a la gestión directa de un recurso o a un problema, pero que pueden tener necesidades de información, formación, recursos, asesoramiento, etc., en materias como la educación ambiental que, en principio, no tienen por qué resultarles cercanas. Uno de los aspectos en los que el Libro Blanco abrió de alguna forma una nueva etapa es, sin duda, el de la participación. En este campo se han dado algunos pasos importantes, como hemos visto a lo largo de este viaje, pero la participación dista de mucho aún de haberse convertido en una práctica habitual en la forma con que las administraciones se enfrentan a los problemas socioambientales. En algunos casos se ha incorporado la participación como estrategia educativa o, a veces, como herramienta de planificación. Sin embargo, las potencialidades y verdadera utilidad de la participación se olvida en la mayoría de las ocasiones a la hora de la práctica diaria de la gestión en los diferentes ámbitos y competencias en que se mueve la administración ambiental. Entre las múltiples razones por las que no se generaliza la práctica de la participación como herramienta de trabajo podemos apuntar, en primer lugar, la falta de una tradición en este campo tanto en el marco de la administración como fuera de ella. Tampoco está claro, dentro de la administración, quiénes son los responsables o los
técnicos capacitados para llevar a cabo este tipo de procesos (¿los educadores o los gestores?). En realidad, la solución pasa seguramente por incrementar la capacitación de ambos en este sentido y por generar instrumentos eficaces de coordinación e integración entre ellos. Esta situación se refleja también fuera de la administración, donde es igualmente necesario incrementar los esfuerzos en la capacitación de los educadores ambientales para el diseño y desarrollo de este tipo de procesos. En cualquier caso, es necesario ponerse las pilas en este terreno, porque es inminente la transposición de la Directiva 2003/35/CE, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, que obligará a incrementar notablemente los procesos de participación en muchos de los ámbitos de trabajo de estas administraciones. El último de los aspectos que vamos a mencionar aquí es el de la evaluación, que parece seguir siendo una asignatura pendiente en los programas de educación ambiental que ponemos en marcha. Hablamos, obviamente, de una evaluación rigurosa, orientada a la mejora de la calidad, participada en la medida de lo posible y continua. Una evaluación que se convierta en un instrumento real de la planificación y sobre la que se vayan construyendo progresivamente nuevas ideas y nuevas formas de hacer.” El documento íntegro cuyos autores son Javier García y Yolanda Sampedro se puede encontrar en la siguiente dirección electrónica: http://www.mma.es/portal/secciones/formacion_educacion/recursos/rec_do cumentos/viaje_ea_espana.htm