Plan De Salvaguarda Embera Asentamientos Dispersos.pdf

PLAN SALVAGUARDA EMBERA ASENTAMIENTOS DISPERSOS

Informe final

Bogotá, Abril de 2012

Mi pueblo es Amurrupá de Santa Cecilia Risaralda, mi pueblo es grande llama la finca colonias. Allá la comida que da para nosotros: plátano, primitivo, chontaduro, de toda nosotros que comimos, nosotros allá hay Jaidé (…).de todo conocemos allá, dojumandé, nosotros crecimos allá, todo territorio sagrado de nosotros es allá y los huesos de mis tatarabuelos están es allá y ahorita nosotros estamos perdiendo la cultura de nosotros acá en Puerto Boyacá porque nosotros vivimos encerrados por pedacito de tierra y el Estado no está ayudando para entregarnos más tierra. Ya llevamos 28 años que estamos por aquí sufridos de hambre tomando aguapanela y perdimos todas las costumbres de lo que sabíamos comer. Nosotros hemos perdido bastante, nosotros somos de tambor, para bautizar casa nosotros no utilizamos equipo de sonido nosotros embera con tambor hecho de cuero de ñeque o cafuche pa’ que suene bien nosotros somos es así de mi pueblo, nosotros vivimos es pescando, nosotros no comemos carne de pueblo comemos carne de cafuche, carne de boruga, eso son comidas buena para nosotros, nosotros embera tomamos harina de maíz, tomamos sisa, eso es comida ancestral nuestra, chicha de chontaduro, por aquí sembramos chontaduro no cargan, se mueren los palitos, yo tengo una mata de chontaduro secada toda. (Líder embera de Motordochaque, Pto. Boyacá)

Introducción general El presente documento recoge los resultados del trabajo realizado con los asentamientos del pueblo Embera dispersos por la geografía nacional, alejados de sus territorios de origen. El documento se ordena en dos partes, la primera que contiene el Plan de Salvaguarda y la segunda que presenta la sistematización de la información diagnóstica sobre cada uno de los asentamientos dispersos con los cuales se desarrolló el proceso para la construcción de sus propuestas al Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera. La primera parte, que recoge las propuestas para el Plan de Salvaguarda, se ordena en cuatro capítulos. El primero recoge los antecedentes de la movilidad del pueblo Embera y los factores que determinan la dispersión actual en que se encuentra parte de su población; se describen los actuales asentamientos y la forma como llegaron a constituirse, y su situación específica como población afectada por el desplazamiento forzado y el conflicto armado. En un segundo capítulo se analiza la situación de los asentamientos dispersos en todo el país, fuera de la ciudad de Bogotá y se recogen las características comunes a estos asentamientos, la síntesis del diagnóstico y las propuestas para el Plan de Salvaguarda. Lo anterior se estructura en los componentes básicos de territorio, organización, seguridad alimentaria y salud, fortalecimiento cultural y educación y derechos humanos y en cada componente se identifican los principales elementos que amenazan la existencia física y cultural de estos asentamientos, las iniciativas recogidas para superar tales amenazas y las propuestas a ser incorporadas en el Plan de Salvaguarda. Un tercer y último capítulo de esta primera parte, presenta el caso específico de los pobladores embera en la ciudad de Bogotá, que por las características particulares de su situación debe ser abordado de manera independiente. La metodología seguida para realizar la construcción de propuestas para el Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera, fue diseñada colectivamente entre todas las organizaciones del país que lo aglutina bajo la coordinación de la ONIC. El procedimiento acordado y seguido para recoger la situación y propuestas de los embera se estructuró en 4 etapas. La primera, fue la socialización de los mandatos contenidos en el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional a la vez que del proceso organizativo del pueblo Embera. En esta oportunidad, en un taller realizado con representantes de los asentamientos dispersos, se acordaron las actividades a desarrollar, la metodología e instrumentos a utilizar y los cronogramas a seguir. En un segundo momento se realizaron visitas a los asentamientos dispersos para la socialización del proceso con sus pobladores y la recolección de la información básica. Se visitaron los asentamientos más alejados (Kugurudó, Motordochaque, Dachi Drúa y Bianía; Villanueva, Casanare; San Antonio del

Chamí y los asentamientos urbanos en los municipios de Meta). Las comunidades de la zona cordillerana de Caquetá (La Cerinda, San Pablo y El Cedrito) se agruparon con los asentamientos constituidos en Florencia; e igualmente se hicieron talleres compartidos para recoger la información con los dos asentamientos de San Vicente del Caguán y los dos de la Uribe, Meta, ambos en los respectivos cascos urbanos. En esta oportunidad se levantó la información de tipo cuantitativo a partir de la aplicación de una ficha con el objeto de disponer de datos demográficos, servicios de salud y educación, economía y derechos humanos. Además se realizaron ejercicios orientados a la recuperación de la memoria histórica y la apropiación territorial. La información recabada durante las actividades anteriores fue sistematizada en documentos por regiones con cuya base se realizó un segundo ejercicio con representantes de los asentamientos también por regiones (Caquetá, Meta y Casanare, Magdalena Medio y Sur de Bolívar) con la finalidad de socializar los resultados del diagnóstico, realizar los ajustes y complementaciones pertinentes y analizar conjuntamente las propuestas para el Plan de Salvaguarda de acuerdo a las expectativas de cada uno de los asentamientos. En esta fase se realizaron talleres con al menos 5 representantes de cada uno de los asentamientos y el ejercicio se alternó con una capacitación básica sobre derechos de los pueblos indígenas y cada uno de los tópicos considerados para el Plan de Salvaguarda. Durante estas actividades, cada uno de los asentamientos seleccionó a su representante para las futuras actividades de validación de propuestas y seguimiento al proceso. Los resultados de estos talleres fueron sistematizados y con base en ello se formuló una propuesta preliminar, la cual fue analizada a detalle en un último taller, esta vez con los representantes de todos los asentamientos dispersos. En dicho taller se debatieron y ajustaron las propuestas y en conjunto se realizó el ejercicio de identificar lo que significa para ellos la reparación integral y restitución de derechos de que son beneficiarios. Es de advertir que las actividades anteriores se realizaron con los asentamientos dispersos sin incluir los pobladores embera de Bogotá, salvo el primer taller de socialización del Auto y del proceso a seguir, dada la situación específica de estos últimos. Con relación a los embera de Bogotá el diagnóstico se elaboró a partir de la revisión y sistematización de la información recopilada previamente por diferentes instituciones (ICBF, Personería y Alcaldía Distrital, Acción Social y ONIC), la cual fue puesta a consideración de sus representantes en dos talleres diferenciados para los katío y los chamí, en los que cada grupo perfiló sus propuestas de reparación integral y restitución de derechos. Con base en los resultados, se formuló la propuesta para el Plan de Salvaguarda y se sometió a consideración de los mismos, primero en reuniones independientes y luego en reuniones interinstitucionales promovidas

por la Alcaldía Distrital, en las cuales se concertó una primera propuesta para el retorno o la reubicación. En cuanto a la metodología es importante registrar que, aunque de naturaleza participativa, se utilizaron técnicas de diagnóstico y planeación para procesos cortos, que por los plazos concertados entre las organizaciones y el Ministerio del Interior y por la dispersión de la población, no llegan a dar cuenta cabal de la dinámica social y cultural de esta población. Pero a la vez es importante anotar que se organizó una base informativa sólida y consistente en lo demográfico y territorial; respecto a la prestación de los servicios de salud y educación, y en lo relativo a la vulneración de los derechos de esta población. Con relación al alcance del Plan es necesario posteriormente realizar los ajustes que se requieran para la integración de una propuesta unificada del pueblo Embera a nivel nacional, como ha sido definido por todas sus organizaciones. Para ello, será necesario realizar el ejercicio de contrastar e integrar los diferentes diagnósticos y propuestas presentados por las organizaciones regionales. Esto significa que existen temas que deben mirarse desde una perspectiva nacional, como lo relativo a los procesos organizativos, los sistemas de salud y educación, así como la política de protección. En tal dimensión, el presente documento contiene la información base y la propuesta para avanzar hacia la segunda fase del ejercicio de construcción del Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera, como es el proyecto de la nación embera y de acuerdo al mandato de la Corte Constitucional. Es en el diálogo entre las diferentes iniciativas regionales como se puede construir el Plan, de tal forma que éste se convierta en el instrumento político que identifica el proyecto común de este pueblo, sus propios mecanismos de salvaguarda y las formas para gestionar su ejecución.

PRIMERA PARTE

LA SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DISPERSOS DEL PUEBLO EMBERA Y LAS PROPUESTAS PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA

Contenido PRIMERA PARTE .................................................................................................... 6 LA SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DISPERSOS DEL PUEBLO EMBERA Y LAS PROPUESTAS PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA ...................................... 6 CAPÍTULO I ............................................................................................................. 9 LOS ASENTAMIENTOS DISPERSOS DEL PUEBLO EMBERA ................................ 9 1. Antecedentes .............................................................................................. 9 1.1. La migración en la mitad del siglo XX ........................................................... 9 1.2. Los factores que determinan la dispersión actual del pueblo embera ........... 12 2. Los asentamientos dispersos ..................................................................... 14 2.1. Departamento de Caquetá ......................................................................... 15 2.1.1. El resguardo de Honduras ......................................................................... 15 2.1.2. El resguardo San Pablo de Pará, Florencia ................................................ 16 2.1.3. Resguardo La Cerinda............................................................................... 16 2.1.4. Resguardo El Cedrito ................................................................................ 16 2.1.5. Comunidad País Amazonia ........................................................................ 17 2.1.6. La Libertad No. 2, San Vicente del Cagúan ................................................ 17 2.1.7. La Pradera, San Vicente del Caguán ......................................................... 18 2.2. Departamentos de Meta y Casanare .......................................................... 18 2.2.1. Asentamiento El Paraíso, La Uribe............................................................. 18 2.2.2. Resguardo La Julia, La Uribe ..................................................................... 19 2.2.3. Comunidad San Antonio de Chamí, La Macarena ....................................... 19 2.2.4. Asentamiento Dokerá, Granada ................................................................. 19 2.2.5. Asentamiento Bello Horizonte, Lejanías ..................................................... 20 2.2.6. Asentamientos urbanos ............................................................................. 20 2.2.7. Comunidad de Villanueva, Casanare ......................................................... 21 2.3. Región del Magdalena Medio ..................................................................... 21 2.3.1. Comunidad de Motordochaque, Puerto Boyacá .......................................... 21 2.3.2. Comunidad Bianía, Mariquita ..................................................................... 22 2.3.3. Comunidad Dachi Drua, Puerto Parra. ....................................................... 23 2.4. Comunidad de Kugurudó, departamento de Bolívar .................................... 23 2.5. Población desplazada en Bogotá ............................................................... 24 3. Demografía de la población dispersa del pueblo Embera ............................ 26 3.1. Composición por grupos etarios ................................................................. 27 3.2. Composición por género ............................................................................ 28 CAPÍTULO II .......................................................................................................... 31 LOS ASENTAMIENTOS FUERA DE BOGOTÁ Y SUS PROPUESTAS PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO EMBERA .............................................. 31 Reparación integral y restitución de derechos..................................................... 31 1. La condición de población afectada por el conflicto armado y el desplazamiento forzado .......................................................................................... 31 2. El concepto de reparación integral de los asentamientos dispersos ............. 34 3. Territorio ................................................................................................... 38 3.1. Situación territorial y prospectiva ................................................................ 38 3.2. Propuesta ................................................................................................. 46 3.3. Acciones a desarrollar ............................................................................... 49 4. Organización ............................................................................................. 51 4.1. Situación organizativa de la población ........................................................ 51 4.2. Prospectiva ............................................................................................... 54 4.3. Propuesta ................................................................................................. 55 4.4. Acciones a desarrollar ............................................................................... 56 5. Salud ........................................................................................................ 58 5.1. La situación de la salud ............................................................................. 58 5.2. Prospectiva ............................................................................................... 62

5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Propuesta ................................................................................................. 62 Acciones a desarrollar ............................................................................... 63 Fortalecimiento de la identidad cultural y la educación ................................ 66 La situación cultural de los asentamientos dispersos .................................. 66 Prospectiva ............................................................................................... 71 Propuesta ................................................................................................. 72 Acciones a desarrollar ............................................................................... 73 Derechos humanos y derecho internacional humanitario ............................. 76 La situación y afectaciones de los asentamientos dispersos........................ 76 Prospectiva ............................................................................................... 78 Propuesta ................................................................................................. 79 Requerimientos ......................................................................................... 81 Coordinación nacional y apoyo organizativo ............................................... 81 Salud y seguridad alimentaria .................................................................... 82 Fortalecimiento cultural y educación........................................................... 82 Derechos Humanos ................................................................................... 83

CAPÍTULO III ......................................................................................................... 84 LOS EMBERA DE BOGOTÁ Y SUS PROPUESTAS PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO EMBERA ............................................................. 84 Una experiencia piloto de reparación integral ...................................................... 84 1. Antecedentes ............................................................................................ 84 2. La población embera en Bogotá ................................................................. 86 3. Población .................................................................................................. 87 4. Situación actual ......................................................................................... 89 4.1. Escolaridad ............................................................................................... 89 4.2. Salud ........................................................................................................ 89 4.3. Economía ................................................................................................. 90 4.4. Atención institucional ................................................................................. 90 4.5. Organización social ................................................................................... 92 5. La experiencia de retorno en el 2008 ......................................................... 92 7. Las expectativas de la población frente al retorno ....................................... 94 7. La reparación integral ................................................................................ 95 7.1. El retorno .................................................................................................. 95 7.2. Las acciones de apoyo al retorno de las familias embera ............................ 96 7.3. La reubicación ........................................................................................... 97 7.4. El asentamiento definitivo en Bogotá .......................................................... 98

CAPÍTULO I LOS ASENTAMIENTOS DISPERSOS DEL PUEBLO EMBERA 1. Antecedentes 1.1.

La migración en la mitad del siglo XX

Hacia mediados del siglo XX los asentamientos embera que ancestralmente habían ocupado la zona central de la región del Pacífico se dispersaron por la extensa red hidrográfica que configura el Chocó; es decir, colonizaron y apropiaron los territorios que hacia el norte se extienden en dirección del Urabá y desde allí por la serranía de Abibe hacia el alto Sinú y el San Jorge, como también se establecieron hacia las estribaciones de la cordillera occidental en dirección del Valle del Cauca. El espacio que actualmente se define como territorio del pueblo Embera en la región conocida como Chocó biogeográfico y en sus fronteras, ya se había consolidado a mediados del siglo XX y es desde allí de donde migran grupos de familias en dirección a la región oriental del país, hacia las tierras bajas del piedemonte amazónico y hacia el Magdalena Medio. En la zona fronteriza entre los departamentos del Chocó y Valle se localiza el foco de dispersión de grupos de familias que emprenden el viaje en la búsqueda de tierras baldías, de espacios por colonizar. La causa es el conflicto asociado a la institución del jaibanismo. Entre la población embera, la movilidad y su pauta de poblamiento deriva su dinámica de los conflictos que se suscitan entre jaibanás o entre un grupo familiar y un jaibaná. Este personaje si bien se identifica como portador de armonía y se le asigna la capacidad de controlar las fuerzas de la naturaleza, de igual modo, es también quien puede introducir factores de desequilibrio que se expresan en muertes, epidemias y situaciones que afectan negativamente a un grupo. Frente a situaciones en las que un jaibaná es identificado por el grupo como causa del desequilibrio, una de las alternativas es que el jaibaná y su familia abandonen el sitio del asentamiento y marche en busca de tierra para establecerse y fundar un nuevo asentamiento. La otra alternativa, es que las familias que se sienten amenazadas por el jaibaná abandonen esa tierra y se establezcan en otro lugar. En casos extremos el conflicto se resuelve con la muerte del jaibaná. Esta dinámica ha jugado un papel importante en la historia del pueblo Embera y explica su dispersión en diversas regiones y departamentos del país. En la década de los sesenta del siglo pasado, de la región que se extiende desde el Chocó hacia el Valle del Cauca, desde el Dovio y San José del Palmar, como también desde Pueblo Rico en el actual Risaralda, salen familias embera chamí en dirección de las tierras bajas del Urabá, del Magdalena Medio y del Caquetá. Es en este período donde esos territorios adquieren

importancia como espacios hacia donde se expande la frontera agrícola y son polo de atracción de las familias campesinas que salen expulsadas de sus tierras por causa de la violencia, como también de las familias indígenas que migran en busca de tierras baldías, en zonas de bosques, ricas en caza y pesca. Fueron muchas las familias que se desplazaron en camiones hacia el Caquetá, llegando a Puerto Rico y Pajuil y otras se orientaron rumbo a Orito (Putumayo). En estos departamentos del piedemonte amazónico, en los que la colonización se asocia a la consolidación de grupos armados y en consecuencia éstos ejercen el control territorial, en la segunda mitad del siglo XX el escenario es de guerra y los pueblos indígenas van a experimentar sus efectos. Consecuencia de la guerra que se libra en esa región los pobladores embera que estuvieron asentados en diferentes veredas, se fueron dispersando hasta constituir los principales asentamientos que hoy existen en ambos departamentos o su desplazamiento se dirigió al Meta, hacia la serranía de la Macarena, para posteriormente por las mismas causas desplazarse a otros municipios del Meta y hacia Villanueva en Casanare. La población que se dispersa en el departamento del Meta y en Casanare es, entonces, el efecto de una segunda ola migratoria de las familias que originalmente se constituyeron en el Caquetá y el Putumayo. Otro de los sitios que se convirtió en esa época en lugar de llegada de familias embera fue el Urabá antioqueño, que para ese momento adquiría importancia por el establecimiento de las plantaciones de banano con el requerimiento de mano de obra, pero también por la disponibilidad de tierras baldías. Es así como las familias que habitan en Mariquita, Tolima, originarios del Valle y del Chocó, migran en una primera fase hacia la región de Urabá en la década del sesenta, para de allí ser desplazados hasta donde se encuentran actualmente. En límites entre los departamentos de Risaralda y Chocó, se ubica otra zona de expulsión de población embera. De allí han migrado en diferentes momentos diversos grupos de familias que han hecho rutas por diferentes departamentos (Caldas, Quindío, Risaralda, Arauca, Antioquia, Boyacá) para asentarse finalmente en la región del Magdalena Medio, en los departamentos de Boyacá y Santander. Al sur de Bolívar, en la quebrada Arizá, familias embera katío provenientes del Alto Sinú y San Jorge migran por efecto de los eventos de la guerra que en esa región se viven en los últimos treinta años. El establecimiento de estas familias se realiza en la lógica tradicional de hacer uso de un espacio adyacente al río para establecer su producción agrícola, mientras las zonas de bosque proveen recursos de caza y recolección, en tanto el río es proveedor de peces. Pero el auge minero, el establecimiento de retroexcavadoras en el curso del río y el

control militar de quienes explotan la minería se constituye en el escenario de vida de estas familias que ven degradar su entorno y con ello su existencia. Hacia finales del siglo XX, por la intensificación de la guerra y la disputa territorial entre actores armados: guerrilleros, paramilitares y ejército nacional, se suceden nuevas formas de desplazamiento que tienen su expresión más dramática en la población embera chamí y katío que se establece en Bogotá. De la misma zona de donde a mediados del siglo pasado migran las primeras familias, entre el Chocó y Risaralda, desde allí huyen familias hacia los centros urbanos, lo hacen hacia Medellín, hacia las ciudades del eje cafetero, en dirección a Cali y a Bogotá. Siendo Bogotá el sitio donde se concentra el mayor número de familias, en espacios marginales, en condiciones de vida asociadas a la práctica de la mendicidad y amenazados en su existencia. Mapa 1 Ruta igratoria del pueblo Embera

Principal foco de dispersión Migraciones de mitad de siglo pasado por causas de jaibanismo o búsqueda de tierra

Desplazamientos forzados finales de los 80 y década del 90 principalmente

1.2.

Los factores que determinan la dispersión actual del pueblo embera

El conflicto armado que se desarrolla en Colombia desde hace cinco décadas de manera progresiva se ha expandido sobre las regiones ancestralmente ocupadas por los pueblos indígenas y de manera directa sobre sus territorios. Su ubicación estratégica y el histórico abandono institucional del Estado han permitido que los mismos se hayan convertido en zonas de control de las guerrillas y corredores principales para el tráfico de armas y el comercio ilegal de todo tipo, la explotación ilegal de recursos naturales y el contrabando y, en el último período, en zonas de expansión de los cultivos con destino al narcotráfico, con las particulares consecuencias que esta actividad genera para la vida de los pueblos que allí habitan y sobre su entorno natural de subsistencia. Factor determinante para que la guerra se haya expandido sobre los territorios indígenas es precisamente que éstos constituyen amplias zonas con ecosistemas especiales donde se han conservado en gran medida recursos naturales estratégicos, que desde antiguo son objeto de disputa por diferentes actores económicos que de una u otra manera se ligan a los actores del conflicto armado que vive el país. Los territorios indígenas son depositarios de importantes riquezas minerales que el Estado ha destinado a grandes empresas para su explotación, sin tomar en cuenta los impactos que de ello se derivan sobre los ecosistemas y la vida de sus plenos propietarios y sin consultarlos previamente, y en la mayoría de los casos ante su abierta oposición. La presencia de grandes empresas explotadoras de hidrocarburos y minerales en los territorios ancestrales de los indígenas, ha sumado nuevos actores armados a los que allí tenían presencia por su ubicación estratégica. Es decir, que a las guerrillas se suman los actores que se ligan a la defensa de la explotación, entre estos la fuerza pública y otros actores ilegales. Todos estos elementos que se vinculan a diversos intereses sobre los territorios indígenas los han convertido en objeto de disputa por su control y, en consecuencia, en verdaderos escenarios de guerra y a su población originaria en pequeños asentamientos que se diseminan por todo el país en busca de nuevos espacios para reconstruir su vida.

Las consecuencias que para los indígenas ha representado, y representa en la actualidad este conflicto, con el agravante de la degradación del mismo en la última década con la aparición de las bandas criminales, es materia del amplio análisis que realizó la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y especialmente en el Auto 004 de 2009. Su análisis ordenado no deja duda alguna sobre la forma cruenta y sistemática en la que los pueblos indígenas se han convertido en las principales víctimas de un conflicto que les es completamente ajeno y ante el cual se han declarado repetidamente ser autónomos, clamando a los distintos actores armados el respeto por sus vidas, sus territorios y por su integridad como pueblos. Es esta la situación de los pueblos Embera ubicados a lo largo del corredor del Pacífico, ante la cual la Corte se detiene para analizar los efectos del conflicto, relatando parte de las violaciones de que han sido víctimas solo algunas de las comunidades de los pueblos Embera Dobidá, Katío o Chamí, y evidenciando de manera concluyente cómo estos pueblos se encuentran expuestos al exterminio físico por el alarmante número de vidas que el conflicto armado les ha cobrado, pero también por el continuo desplazamiento a que se ven obligados, el confinamiento y la grave crisis alimentaria que se deriva de no poder usar y gozar su territorio como base principal para la satisfacción de sus necesidades de subsistencia. Pero además concluye cómo se encuentran amenazados de exterminio cultural por la dispersión que acarrea el desplazamiento, con la consecuente ausencia de condiciones para reproducir sus patrones culturales en las zonas donde toman asiento temporal o permanente, donde además de seguir expuestos a los impactos del conflicto armado, enfrentan la pobreza extrema y el abandono por parte del Estado. En esta condición se encuentran los asentamientos dispersos del pueblo Embera, ubicados en la actualidad como familias extensas en los departamentos de Caquetá; Meta y Casanare; en la región del Magdalena Medio entre los departamentos de Tolima, Boyacá y Santander, y en el sur del Departamento de Bolívar y de los pobladores embera Katío y chamí que desde hace varios años se ubican en Bogotá. Si bien algunas de estas familias comenzaron a desplazarse durante el periodo de la violencia bipartidista, por causas relacionadas con ésta o por conflictos internos derivados del cambio de su pauta de poblamiento por el repliegue a que fueron sometidos, estas familias llegaron a reconstruir sus vidas en territorios alejados de sus sitios de origen, en los departamentos de Caquetá y Putumayo y también en el Urabá antioqueño, zonas donde la confrontación armada ya estaba instalada y donde se agudizó la guerra a partir de la década del 70. Es ésta la causa de que muchas de las familias embera que allí tomaron asiento se hayan visto obligadas a expandirse por territorios aledaños, primero en el departamento de Meta y luego en Casanare, aunque otras resistieron los embates de la guerra y han permanecido en los departamentos

donde se asentaron por primera vez fuera de sus territorios. Allí enfrentan periódicos desplazamientos y sucesivos retornos, o se han convertido en desplazados indefinidos que pueblan los cascos urbanos de algunos municipios. 2. Los asentamientos dispersos Actualmente la población embera dispersa se ubica en 20 asentamientos en 7 departamentos y 19 municipios, además de la ciudad de Bogotá, alcanzando un total de 2.361 personas. El conjunto de familias que actualmente viven en Bogotá constituye el grupo mayor, pues representa el 37% de esta población. Tabla 1 Población embera dispersa por departamentos y municipios Departamento Bogotá, D.C.

Municipio

Familias Población

%

146

868

36,76

Bolívar

Montecristo

22

120

5,08

Boyacá

Pto. Boyacá

29

160

6,78

Caquetá

Belén de los Andaq.

8

51

2,16

Florencia

56

194

8,22

Montañita

6

26

1,10

12

47

1,99

47

231

9,78

129

549

23,25

S.Ant de Antena San Vicente Subtotal Caquetá Casanare

Villanueva

13

39

1,65

Meta

Granada

17

76

3,22

La Uribe

51

150

6,35

Lejanías

4

15

0,64

Macarena

15

77

3,26

Villavicencio Otros

11

45

1,91

7

28

1,19

Subtotal Meta

105

391

16,56

Santander

Pto. Parra

18

93

3,94

Tolima

Mariquita

35 497

Total población dispersa

141 5,97 2.361 100,00

La composición de la población por origen permite identificar dos grupos, los chamí y los katío, siendo los primeros quienes en mayor número integran los asentamientos. Los Chamí son 1.885 personas que equivalen al 80% del total de población embera dispersa; el 20% restante está conformado por el grupo katío con 476 personas. Mientras los chamí se localizan en todos los departamentos, los katío actualmente solo se ubican en Bogotá y Bolívar. Gráfica 1 Distribución de la población chamí

2.1.

Departamento de Caquetá

En este departamento, uno de los principales destinos de las migraciones de los años 60 de la zona limítrofe de los departamentos de Valle y Chocó, se cuenta con una población Embera Chamí que sobrepasa los 500 habitantes. Los primeros asentamientos fueron en las partes alta y baja del Río Bodoquero y el Municipio de Pajuil. Los descendientes de los primeros pobladores son los que hoy se encuentran en los resguardos San Pablo y El Cedrito y los asentamientos País Amazonia y del Resguardo de Honduras, éstos últimos desplazados en barrios de invasión en el municipio de Florencia. Quienes habitaron el municipio Pajuil, hoy se ubican en el resguardo La Cerinda en el municipio Belén de los Andaquíes. Igualmente en el Caquetá, se encuentran quienes habitan actualmente el municipio de San Vicente del Cagúan, viviendo en condición de desplazados en el casco urbano, lo mismo que los del asentamiento rural denominado La Libertad No. 2. 2.1.1. El resguardo de Honduras Los habitantes de este resguardo son originarios de la región limítrofe entre Chocó y Valle que migraron en la década de los setenta. Un grupo de familias se asienta en la zona alta del río Bodoquero. En la década de los ochenta la presión del M19 los expulsa al municipio de Trujillo, Valle, para retornar de nuevo a su territorio y constituir su resguardo en 1992. Hacia 1996, esta vez por la presión de las FARC, deben volver a salir de su resguardo al municipio de Florencia para retornar de nuevo y volver a salir de él en 2005, esta vez de manera definitiva. Desde entonces se encuentran asentados en los barrios de invasión Las Malvinas, Las Palmeras y Kenedy, en precarias condiciones de vida en casas en arriendo. A través de una acción de tutela logran que el Incoder compre una finca de paso en el Palmar, de aproximadamente 300 hectáreas, donde viven solo 2 de las más de 40 familias desplazadas, debido a

la ausencia de programas de apoyo para el desarrollo productivo y la construcción de viviendas. En la actualidad son 44 familias con 141 personas (76 mujeres y 65 hombres). El segmento de población definido como primera infancia corresponde al 17,73% y al 4,26%como adultos mayores (60 a 80 años); el grupo de población entre los 5 y 14 años o en condición de dependencia llega al 19,15% y la población en edad productiva, entre 15 y 59 años alcanza el 58,87%. 2.1.2. El resguardo San Pablo de Pará, Florencia Originarias del antiguo asentamiento de la parte alta del río Bodoquero donde se constituyó el resguardo de Honduras, se desprendieron del grupo en el desplazamiento de la década del ochenta, y desde entonces se ubicaron en la vereda de San Pablo del Municipio de Florencia, en un predio de 96,5 hectáreas cercano al caserío de Pará, adquirido en 1984. En 1999 el INCORA compra cuatro predios aledaños sobre los que, englobados con el primero, se constituye el resguardo San Pablo de Pará en el año de 1999. En la actualidad el asentamiento de San Pablo está conformado por 12 familias que suman un total de 53 personas (31 hombres y 22 mujeres) de las cuales 11,32% son menores de 5 años y el 3.77% lo constituyen adultos mayores de 60 años; el 32,08% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 52,83% restante son adulos en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.1.3. Resguardo La Cerinda Algunas familias embera que siguieron la ola migratoria de mediados de los sesenta, se ubicaron en el municipio de Belén de los Andaquíes, donde logran la constitución de un pequeño resguardo, de apenas 52 hectáreas. En la actualidad son 8 familias con un total de 51 personas (26 hombres y 25 mujeres). El 15,69% de esta población está constituido por menores de 5 años y el 7,84% por adultos mayores, de 60 años en adelante. El 29,41% lo integra población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 47,06% adultos en edad productiva, entre los 15 y 59 años de edad. 2.1.4. Resguardo El Cedrito El proceso migratorio de esta comunidad corresponde con el de las otras familias embera ubicadas en el departamento de Caquetá. Su primera migración se remonta a la década del 70 partiendo del municipio La Victoria en el Valle del Cauca por segmentación ocasionada por problemas con jaibanás. En el año 73, la recién constituida familia de José Efraín Nogoa junto con otras familias, migran hacia el departamento del Caquetá, región que en el momento resultaba promisoria por la existencia de tierras baldías. Por un periodo relativamente corto se ubican en un sector denominado Tres Esquinas, municipio de Morelia, para posteriormente establecerse en el territorio que hoy

ocupan. Son 120 hectáreas tituladas como resguardo en 1995, ubicadas en la vereda El Cedro del municipio Montañita. La población está integrada por 6 familias con 26 habitantes (16 mujeres y 10 hombres). El 11,54% está constituido por menores de 5 años y otro tanto está representado por adultos de 60 años o más; el 34,62% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y 42,31% es población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.1.5. Comunidad País Amazonia Asentados hacia los inicios de la década de los ochenta en la parte baja del río Bodoquero, después del asesinato de uno de sus líderes en 1983, se desplazan hacia la ciudad de Florencia, sitio donde permanecen de modo indefinido, en un barrio de invasión y fundamentalmente articulados a la economía informal y el trabajo artesanal. En el año 2010, a través de la gestión de una ONG del Caquetá con recursos de la Cooperación española, adquieren una finca de 60 hectáreas, localizada en el río Orteguaza en el municipio de San Antonio de Antena, donde solo existe una vivienda y aún no hay un asentamiento definitivo. A noviembre de 2011 aún no se había otorgado la escritura correspondiente. En la actualidad el asentamiento está conformado por 12 familias que suman un total de 47 personas (29 hombres y 18 mujeres) de las cuales el 17,02% corresponde a menores de 5 años y el 4.26% está conformado por adultos mayores de 60 años; el 29,79% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 48,94% restante es población adulta en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.1.6. La Libertad No. 2, San Vicente del Cagúan Los que hoy constituyen la comunidad La Libertad No. 2 se dispersaron en 1988 debido al asesinato de uno de sus miembros, para reunirse de nuevo en 1992, cuando fundaron su primer cabildo en la vereda Primavera. Luego se dispersaron nuevamente y en el año 2004 se organizaron de nuevo y se asentaron en un baldío, ocupando 1.400 has. en la vereda La Libertad, Corregimiento de Campo Hermoso, a dos horas de la cabecera municipal, donde se encuentran hasta el presente. El asentamiento la Libertad está integrado por 23 familias compuestas por 132 personas (60 mujeres y 72 hombres). El 11,36% de la población es menor de 5 años y el 6,82% de 60 años en adelante; el 38,64% es población en edad escolar, entre los 5 y 14 años, y el 43,18% está constituido por población en edad productiva, entre 15 y 59 años. Otras 6 familias embera dejaron de pertenecer al cabildo y viven en la vereda La Novia organizadas en la Junta de Acción Comunal de la región.

2.1.7. La Pradera, San Vicente del Caguán Quienes se agrupan en el Cabildo La Pradera permanecieron durante 10 años en la vereda El 29 del municipio de Paujil; de allí se trasladaron a El Donc ello y luego a San Juan de Losada en donde se establecieron en 1990 en el predio La Cabaña 2, de 50 hectáreas, que adquirieron mediante compraventa. De allí fueron desplazados en 2004 por causa del conflicto armado y desde entonces viven en el barrio de invasión La Pradera en la cabecera municipal, en condiciones de hacinamiento en 5 casas que no cuentan con servicio sanitario, ni con sistema de disposición de basuras. Parte de la comunidad vive por períodos en fincas donde jornalean y una familia vive desde hace 20 años en la vereda El Rubí, en un predio propio de 300 hectáreas. Otras 5 familias viven en la cabecera municipal en barrios diferentes, constituidas por mujeres embera casadas con kapunía y se encuentran afiliados a la Junta de Acción Comunal. El Cabildo La Pradera está compuesto en la actualidad por 23 familias con 99 personas (42 mujeres y 57 hombres). El 10,1% de la población está conformada por menores de 5 años y el 8,08% por adultos de 60 años o más. La mayor parte del grupo (52,53%) está conformada por personas en edad escolar entre los 5 y 14 años y la población en edad productiva, entre 15 y 59 años, representa el 29,29%. 2.2.

Departamentos de Meta y Casanare

Los asentamientos embera en el departamento de Meta, en su mayoría pertenecen a la primera ola migratoria que llegó al Caquetá, de donde fueron desplazados por causa del conflicto armado, dirigiéndose unos a San Vicente del Caguán y otros a Castillo, Meta, para luego dispersarse por diferentes municipios de este departamento. Con una población cercana a los 400 habitantes, en la actualidad los principales asentamientos se encuentran ubicados en los municipios de La Uribe y La Macarena, en el primero el resguardo La Julia y el asentamiento El Paraíso y en el segundo la comunidad San Antonio de Chamí. Existen además los asentamientos Dokerá en el municipio de Granada y Bello Horizonte en Lejanías y asentamientos urbanos en los municipios de Granada y Villavicencio y en Villanueva, Casanare, constituidos por población desplazada principalmente de los asentamientos de La Uribe. Unas familias se encuentran también en el municipio de Acacías y en los municipios San Carlos de Oguara, San Juan de Arama y Fuente de Oro. De los tres últimos no se cuenta con información. 2.2.1. Asentamiento El Paraíso, La Uribe Desplazados del Caquetá a causa del conflicto armado a fines de los 70 un grupo de familias se dirigió a Castillo, Meta, para luego dispersarse por otros municipios, especialmente en La Uribe. El asentamiento El Paraíso se formó en 1990 en un predio de 308 Has adquirido por 9 familias, ubicado en la vereda El Paraíso, donde se alojan otras 16 familias.

Las 25 familias están compuestas por 85 personas (42 hombres y 43 mujeres). El 7,06% de la población está constituido por menores de 5 años y el 11,76% por personas entre 60 y 80 años; el 35,29% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 45,88% es población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.2.2. Resguardo La Julia, La Uribe En un predio ubicado en la vereda El Placer, a una hora de la Inspección de La Julia y a 3 horas de la cabecera municipal del La Uribe se asentó un grupo de familias, en predios adquiridos por algunas de ellas, y en el año 2003 fue constituido el resguardo, con una extensión de 208 Has. En la actualidad la comunidad de La Julia está conformada por dos troncos familiares. Son 26 familias compuestas por 65 habitantes (36 hombres y 29 mujeres). La población está conformada en un 9,23% por menores de 5 años y un 6,15% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 33,85% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 50,77% lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.2.3. Comunidad San Antonio de Chamí, La Macarena El asentamiento San Antonio de Chamí fue formado en los 90 por familias desplazadas por violencia política que primero se ubicaron en San Vicente del Caguán y luego en el municipio de La Macarena. En la actualidad se encuentran asentadas en dos terrenos adquiridos, uno de 120 has, denominado Maloka de San Antonio y otro en la vereda de Caño Azul, en el corregimiento Playa Rica La Y, comunicados por un sendero de herradura a 2 horas de distancia. Son 15 familias compuestas por 77 personas (44 hombres y 33 mujeres). El 15,58% de la población está conformado por menores de 5 años y el 6,49% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 29,87% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 48,05% lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.2.4. Asentamiento Dokerá, Granada Jorge Bedoya y su familia, desplazados de Urabá en 1996 por el frente 5º de las FARC, llegaron al departamento del Meta, primero al corregimiento Cachama en San Martín en donde nuevamente fueron amenazados y desplazados en el año 2006, esta vez por paramilitares. En la actualidad viven en el municipio de Granada en un predio de 4 hectáreas sobre lo que fue un relleno sanitario, en la vereda de Patio Bonito, 30 minutos al norte de la cabecera municipal, otorgado en comodato por la Alcaldía en el año 2010 por un plazo de 4 años. Actualmente son 12 familias compuestas por 50 personas (28 hombres y 22 mujeres). El 4,00% de la población está conformada por menores de 5 años y el 8,00% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 26,00% corresponde a

población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el otro 62,00% lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.2.5. Asentamiento Bello Horizonte, Lejanías La familia de Luis Eduardo Yagarí, originaria de El Dovio (Valle), llegó al departamento del Meta proveniente del Caquetá en busca de oportunidades. En el año 2000 se estableció en el predio Bello Horizonte de 90 hectáreas, ubicado en la vereda Alto Yucapé, adquirido mediante compraventa. Hoy son 4 familias compuestas por 15 personas (9 hombres y 6 mujeres). El 26,67% de la población corresponde a menores de 5 años y el 6,67% a adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 13,33% es población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 53,33% lo constituye población económicamente activa, entre 14 y 59 años. 2.2.6. Asentamientos urbanos Al igual que en los casos anteriores, son descendientes de familias provenientes del Valle, de Caldas o de Chocó que entre los años 1960 y 1970 fueron desplazados de sus tierras de origen, en algunos casos por problemas de jaibanismo y en otros por la violencia armada. En su mayoría estuvieron asentadas en zonas rurales del Caquetá y posteriormente en el Meta, en La Julia y El Paraíso, de donde fueron desplazadas a causa del conflicto armado o en busca de oportunidades económicas por la falta de tierras. En la cabecera municipal de Granada viven 5 familias dispersas, asentadas en los barrios de invasión Villas de Granada (4 familias) y El Progreso (1 familia). Las 5 familias están compuestas por 26 personas (15 mujeres y 11 hombres). El 3,85% es población menor de 5 años; el 46,15% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el 50,00% restante es población en edad productiva, entre 15 y 59 años. Las familias asentadas en Villavicencio, por su parte, son descendientes de la familia de Hitler Yagarí y Luis Mariano Yagarí, provenientes de El Dovio, Valle, y en la actualidad son 11 familias distribuidas en tres barrios de invasión: La Nora (3 familias); La Reliquia Sector I, (3 familias), y Ciudad Porfía (5 familias), en una zona sin alcantarillado y con alto riesgo de derrumbes e inundaciones. En total son 45 personas (20 mujeres y 25 hombres), de las cuales el 11,11% son menores de 5 años y el 4,44% son adultos mayores entre 60 y 74 años; el 33,33% corresponde a población en edad escolar, entre 5 y 14 años, y el otro 51,11% lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. En el municipio de Acacías viven 4 familias desplazadas también del resguardo La Julia en el año 2003 a causa del conflicto armado y otras tres viven en los municipios de San Carlos de Oguara, San Juan de Arama y Fuente de Oro. Son 28 personas en total (16 hombres y 12 mujeres), el 3,57% de las cuales son menores de 5 años, el 35,71% corresponde a población en edad escolar,

entre 5 y 14 años, y el 60,71% lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. Ninguno de los asentamientos urbanos cuenta con personas mayores de 60 años. 2.2.7. Comunidad de Villanueva, Casanare Esta comunidad está conformada por 13 familias embera chamí desplazadas del Resguardo La Julia, Meta. Todas pertenecen a un mismo tronco familiar originario de El Dovio, Valle del Cauca, cuya migración inicia en 1969. Su primer sitio de asentamiento fue la vereda Cristalina en Orito, Putumayo, en territorio del resguardo Quifara. En 1990, la familia ya crecida migra hacia el Departamento de Meta y se ubica en el hoy Resguardo La Julia, en un terreno de unas 10 hectáreas (con carta de compraventa). En el año 2005 la guerrilla de las FARC asesina a uno de sus miembros por pertenecer a la iglesia evangélica y toda la familia se constituye en objetivo militar debido a que el mayor profesa la misma religión. Fueron obligados a abandonar su predio en un plazo de 15 días y huyeron hacia Villa Nueva, lugar que les recomendaron como fuente de empleo en la agroindustria de palma y arroz. En la actualidad son 13 familias, 11 de las cuales viven en dos barrios en 3 viviendas arrendadas, y las otras dos se ubican en la vereda Morichal y en Barranca de Upía, también pagando arriendo. Las 13 familias agrupan 39 personas (19 hombres y 20 mujeres). La población está conformada en un 17,95% por menores de 5 años y en un 5,13% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 15,38% corresponde a población en edad escolar entre 5 y 14 años, y el 61,54% es población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.3.

Región del Magdalena Medio

Los asentamientos Embera del Magdalena Medio se ubican en Puerto Boyacá; Mariquita (Tolima), y Puerto Parra (Santander), provenientes principalmente de Risaralda, Caldas y Antioquia. Estos asentamientos reúnen una población que supera los 390 habitantes del pueblo Chamí. 2.3.1. Comunidad de Motordochaque, Puerto Boyacá En Puerto Boyacá, la comunidad Motordochaque está integrada por dos troncos familiares provenientes del municipio de Santa Cecilia, Risaralda. Un primer grupo de familias (Leiva y Nacábera) comenzaron a migrar en el año 1973 hacia el Magdalena Medio, región de mayor porvenir económico para entonces por el desarrollo de la industria petrolera y de la ganadería extensiva, e identificada por los embera como zona para conseguir trabajo. Después de diversos desplazamientos entre Puerto Boyacá, Risaralda y Antioquia, Juan Leiva fue asesinado en 1986 en Ité en Antioquia, razón por la cual su familia se desplaza a Puerto Boyacá donde se dispersan jornaleando.

Un segundo grupo de familias su desplazó a finales de los 80 debido al hostigamiento de las FARC y el posterior asesinato de uno de sus integrantes, Juan Bautista Dovigama. Llegaron a Puerto Boyacá en dos grupos y se mantuvieron unidos, primero en campamentos de trabajo, luego en un pedazo de tierra que compraron a orillas del rio Magdalena que posteriormente se llevó el rio, para ubicarse finalmente en el casco urbano de Puerto Boyacá varias familias en una casa en arriendo. Las familias dispersas en Puerto Boyacá comienzan a agruparse en el año 2001 hasta conformar la comunidad Motordochaque, compuesta en la actualidad por 29 familias (19 Dovigama y 10 Leiva Nacábera), con un total de 160 personas (83 hombres y 77 mujeres). Su población está conformada en un 14,38% por menores de 5 años y en un 3.75% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 36,25% corresponde a población en edad escolar entre 5 y 14, y el 43,13% lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. (El 2,5% restante sin datos). 2.3.2. Comunidad Bianía, Mariquita La comunidad Bianía, asentada en Mariquita (Tolima), está constituida por 35 familias embera chamí. En su mayoría son descendientes de las familias Yagarí y Niaza, originarias del Valle del Cauca de donde migraron a la región del Urabá antioqueño en la década del 60, para vincularse al trabajo asalariado dutante el auge de la economía bananera. En esta primera ola migratoria, se formaron las comunidades Dojura (municipio de Chigorodó) y las Palmas (municipio de Apartadó), hoy organizadas dentro del resguardo Yaberadó del último municipio antioqueño. Entre 1995 y 1998 se desplazan a Mariquita, luego del asesinato de 3 de sus familiares, uno de ellos líder indígena que trabajaba en la alcaldía de Chigorodó, y posteriores amenazas. En el año 2001 ocupan un predio a las afueras del casco urbano junto a la carrilera del tren, en inmediaciones del estadio de fútbol y de los tanques de almacenamiento de combustible de la Terpel. A partir de esta invasión, se generan nuevas tomas de familias no indígenas hasta constituir hoy día un barrio de aproximadamente 80 familias, denominado Los Pinos. A partir de su asentamiento en Mariquita varias familias se han conformado con personas no indígenas o con indígenas de otras etnias (Pijao o Guambiana), todas registradas en el censo de la comunidad. Además la comunidad ha adoptado a dos familias de las etnias Cubeo y Pijao que llegaron en 2005 desplazados de los departamentos del Vaupés y del Meta respectivamente. En el barrio de invasión Los Pinos tienen asiento 16 familias y otras 9 familias están distribuidas en otros barrios (5 familias) y en el sector rural (14 familias), en fincas donde prestan servicios de jornal. Algunas de estas familias retornan al barrio durante los periodos en que no hay trabajo.

Actualmente son 35 familias con 141 personas en total (64 hombres y 77 mujeres). El 13,48% de la población está conformado por menores de 5 años, un 4,96% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 41,13% corresponde a población en edad escolar entre 5 y 14 años, y el 40,42% restante lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. 2.3.3. Comunidad Dachi Drua, Puerto Parra. La comunidad Dachi Drua, está integrada por 18 familias cuyo núcleo principal se ubica en el municipio de Puerto Parra, Santander. Descendientes de familias embera desplazadas por la violencia bipartidista de mitad de siglo pasado, pertenecen a cuatro troncos: Tamaniza - Niaza, Arias, Tascón y López Guaquerama de los departamentos de Caldas y Valle. Algunos hicieron una ruta de desplazamiento por otros departamentos (Quindío, Risaralda, Arauca, Antioquia, Boyacá) buscando dónde reconstruir sus vidas. A su llegada a Santander, la familia de Paulino López Guaquerama logró colonizar unas 310 hectáreas de tierra, que posteriormente, bajo la presión de la violencia de los años 80 que azotó la región, fueron vendidas a grandes propietarios. Esta familia se encuentra en la actualidad en el municipio de Puerto Parra en la vereda India Medio, en un predio de 29 hectáreas en el que conviven 8 familias de los hijos varones de López Guaquerama. En la vereda Campo Capote, a unos 20 minutos de India Medio, se ubican 5 familias más constituidas por las hijas mujeres que no recibieron herencia. Por su parte, la familia Arias originaria de Caldas, luego de pasar por Quindío, llegó a Puerto Zambito, corregimiento de Cimitarra, donde adquirió un predio del que fue posteriormente desplazada obligando a sus integrantes a dispersarse en la región en el trabajo en jornal. Recientemente uno de los mayores compró una pequeña parcela en Santa Rosa, Cimitarra, pero luego fue despojado por los herederos del anterior propietario, pertenecientes a las AUC. Hoy son 5 familias dispersas, 2 en la vereda Santa Rosa, Cimitarra, y 3 en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia. La comunidad indígena Dachi Drua está conformada por 18 familias con 93 personas (39 mujeres y 54 hombres). El 10,75% de la población está conformado por menores de 5 años, un 9,68% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 33,33% corresponde a población en edad escolar entre 5 y 14 años, y el 46,24% restante lo constituye población en edad productiva, entre 15 y 59 años. Cuatro familias (22%) tienen jefatura femenina. 2.4.

Comunidad de Kugurudó, departamento de Bolívar

La comunidad indígena Kugurudó está conformada por 22 familias embera katío ubicadas a lo largo de la quebrada Arizá, en jurisdicción del municipio de Montecristo, departamento de Bolívar. El asentamiento se encuentra a 3 horas de distancia del poblado más cercano, el corregimiento de Regencia.

Pertenecen a la familia Domicó, procedentes, en su mayoría, del Alto Sinú, resguardo de Karagabí en municipio de Tierra Alta, y del municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba. Su migración se remonta a la década del 90 con motivo del proyecto de la represa de Urrá y los hechos conexos de violencia que dejaron graves afectaciones a la vida y pervivencia del pueblo Embera Katío del Alto Sinú. Llegaron progresivamente en pequeños grupos y poblaron tierras baldías en una zona controlada por las FARC, por lo cual han sido estigmatizados de auxiliadores de la guerrilla al punto que se han autoconfinado por varios años (2002 a 2006). En la actualidad son 22 familias con 119 personas (64 hombres y 56 mujeres). El 16,67% de la población está conformado por menores de 5 años y el 5,00% por adultos mayores, entre 60 y 80 años; el 29,17% corresponde a población en edad escolar entre 5 y 14, y el 45,00% lo constituye población económicamente activa, entre 15 y 59 años. (El 4,17% restante sin datos). Tabla 2 Asentamientos fuera de Bogotá Departamento Comunidad Bolívar 64-56 Kugurudó Boyacá 77-83 Motordochaque Caquetá

Familias

Mujer

Hombre

Total

22

56

64

120

29

77

83

160

La Cerinda

8

25

26

51

Honduras

44

76

65

141

San Pablo

12

22

31

53

El Cedrito

6

16

10

26

País Amazonia

12

18

29

47

La Libertad

24

60

72

132

La Pradera

23

42

57

99

Casanare

Onógama

13

20

19

39

Meta

Dokerá

12

22

28

50

5

15

11

26

La Julia

26

29

36

65

El Paraíso

25

43

42

85

Bello Horizonte

4

6

9

15

Sn. Ant. Chamí

15

33

44

77

Urbana Villavicencio

11

20

25

45

Urbana Granda

Urbana otros Mpios. Santander

Dachi Drúa

Tolima Total

Bianía

2.5.

7

12

16

28

18

39

54

93

35 351

77 708

64 785

141 1.493

Población desplazada en Bogotá

La población indígena embera que actualmente vive en Bogotá pertenece a los grupos chamí y katío. Cada grupo tiene su propia dinámica organizativa pero

comparten la misma realidad en cuanto a su condición de población desplazada y de convivencia en condiciones de marginalidad y de amenaza a su existencia cultural. Es el año 2004 el momento de arribo de los embera a la capital de la República, provenientes del Alto Andágueda en el departamento del Chocó. Su asentamiento en Bogotá se realiza en los barrios marginales y de miseria La Favorita y San Bernardo y en las localidades de Santafé y Los Mártires, en el centro de la capital. Por sus características, el nuevo hábitat de esta población es un medio hostil a sus particularidades socioculturales: el hampa, la prostitución, centros de sicariato y de drogadicción son el nuevo escenario para su reproducción cultural, lo que deteriora su autoestima y patrones culturales. Los emberá chamí proceden de los municipios de Apía, Belén de Umbría, La Virginia, Mistrató, Pueblo Rico y Quinchía en el departamento de Risaralda, y del municipio de Bagadó, Chocó. Se ubican por familias en “pagadiarios”, así denominados porque deben pagar cada día su derecho a estar en el lugar, dado que es muy difícil por su situación socioeconómica conseguir una vivienda en alquiler para el normal desarrollo de su vida. Las zonas donde habitan son sectores marginales, centros de miseria y de consumo de drogas aledaños al centro de la ciudad, donde operan la delincuencia y la prostitución. El barrio San Bernardo pertenece a la localidad de Santafé y colinda con la carrera décima y las Avenidas Caracas, Avenida 1ª aledaña a la Clínica La Hortúa y la Avenida 6ª. El barrio La Favorita se caracteriza por ser una zona de tolerancia, autorizada para el ejercicio del trabajo sexual y donde se vive en medio de un fuerte conflicto social. De acuerdo con las cifras del ICBF los embera chamí son 86 familias con 512 personas (278 mujeres y 234 hombres), de las cuales 193 habitan en el barrio La Favorita; 311 en San Bernardo y 8 en Santa María del Lago. Por su parte, los embera katío provienen de los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y Quinchía en el departamento de Risaralda y de Bagadó y el Alto Andágueda en el departamento del Chocó, como también un pequeño porcentaje del municipio de Florencia, Caquetá. Se encuentran ubicados en las localidades de Los Mártires y Santafé, en el centro de la ciudad, con idénticas dificultades que los chamí por tratarse de sectores marginales, en condiciones de inseguridad, prostitución, delincuencia y consumo de drogas. Son 62 familias con una población de 356 personas (181 mujeres y 175 hombres), de las cuales 229 habitan en la localidad de los Mártires y 127 en la localidad de Santafé. Tabla 3 Población embera residente en Bogotá Denominación

Barrio /Localidad

Familias

Hombres

Mujeres

Total

Embera chamí Embera katío

San Bernardo y la Favorita Los Mártires y Santafé

Total

86

234

278

512

62

175

181

356

146

409

459

868

Fuente: ICBF, 2011. Censo de población embera en el Distrito Capital.

Mediante el decreto 412 del 9 se septiembre de 2011 la alcaldía distrital declara la Emergencia Sanitaria por un periodo de tres meses y ubica a las familias embera en albergues operados por la Cruz Roja y la fundación Nuevo Nacimiento. En la actualidad distintas entidades del orden nacional y local vienen adelantando gestiones para el retorno y reubicación de esta población. La población embera en Bogotá está conformada en un 21,43% por menores de 5 años y en 1,27% por adultos mayores de 60 años; el 37,56% está constituido por personas en edad escolar, entre los 5 y 14 años; y el 39,75% por población en edad productiva, entre 15 y 59 años de edad. 3. Demografía de la población dispersa del pueblo Embera Con relación a su demografía, los embera dispersos están conformados por 1.194 hombres y 1.167 mujeres, agrupados en 497 familias con un promedio de casi 5 integrantes por familia. Tabla 4 Población embera dispersa por rangos de edad y género RANGO DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

200

177

377

5 a 9 años

218

192

410

10 a 14 años

184

182

366

15 a 19 años

137

135

272

20 a 24 años

81

109

190

24 a 29 años

79

70

149

30 a 34 años

53

66

119

34 a 39 años

58

54

112

40 a 44 años

57

49

106

45 a 49 años

34

38

72

50 a 54 años

23

17

40

55 a 59 años

18

20

38

60 a 64 años

17

20

37

65 a 70 años

10

12

22

70 a 74 años

12

18

30

75 a 79 años

7

5

12

79 a 84 años

0

0

0

84 o más

0

0

0

S.I. TOTAL

6 1.194

3 1.167

9 2.361

Gráfica 2 Distribución de la población chamí

Con relación a la dinámica demográfica se observa en la pirámide poblacional que el rango de primera infancia es más pequeño, lo cual resulta atípico en poblaciones rurales, donde el índice de natalidad suele ser alto. El hecho que este rango sea inferior al siguiente podría ser expresión de una tendencia al decrecimiento poblacional o, lo que sería grave, un alto índice de mortalidad infantil. El otro aspecto que llama la atención en la pirámide es la disminución sensible y progresiva de la población a partir de los 19 años, especialmente de hombres, lo cual puede indicar importantes índices de migración. 3.1.

Composición por grupos etarios

La población embera dispersa está conformada por 377 niños menores de 5 años, que equivalen al 15,97%; 814 personas en edad escolar, entre 5 y 14 años de edad, que equivalen al 34,48% de la población; 1.060 personas en edad productiva entre 15 y 59 años de edad, equivalentes al 44,9%, y 101 personas de 60 o más años, equivalentes al 4,28% del total de su población. Tabla 5 Composición de la población por grupos etarios Departamento

Comunidad

Bogotá

PI

PEE

0-4

5-14

PEP 1559

AM 60 o +

S.D. TOTAL 868

186

326

345

11

Bolívar

Kugurudó

20

35

54

6

5

120

Boyacá

Motordochaque

23

58

69

6

4

160

Caquetá

La Cerinda

8

15

24

4

51

Honduras

25

27

83

6

141

San Pablo

6

17

28

2

53

El Cedrito

3

9

11

3

26

País Amazonia

8

14

23

2

47

La Libertad

15

44

64

9

132

La Pradera

10

29

52

8

99

Casanare

Flia. Onogama

7

6

24

2

39

Meta

Dokerá

2

13

31

4

50

La Julia

6

22

33

4

65

El Paraíso

6

30

39

10

85

Bello Horizonte

4

2

8

1

15

Sn. Ant. Chamí

12

23

37

5

77

Granada

1

12

13

0

26

Villavicencio

5

15

23

2

45

Otros

1

10

17

0

28

Santander

Dachi Drúa

10

23

51

9

93

Tolima

Bianía

19

46

69

7

141

776 1.098

101

Total

377

9

2.361

PEE: Población en Edad Escolar PEP: Población en Edad Productiva AM: Adultos Mayores SD: Sin datos

Para los efectos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera, se considera la edad escolar entre 5 y 14 años, no obstante que a nivel nacional esta edad se extiende hasta los 17 años. Lo anterior también a pesar de que, por lo general, las familias en estos asentamientos solo envían a los niños a la escuela a partir de los 7 años y éstos solo estudian hasta los 15 años, a partir de los cuales se consideran adultos y se vinculan de modo permanente a la producción y con frecuencia las mujeres forman familia. No obstante los rangos anteriores, en varios de los asentamientos dispersos se identificaron casos de educación extraedad; es decir, jóvenes de 17 años o más que estudian la primaria, y en muy pocos casos el bachillerato. 3.2.

Composición por género

Con relación a la composición de la población por géneros, tenemos que el grupo de mujeres (1.167) es levemente menor que el de los hombres (1.194), representando las primeras el 49,43% de la población y los hombres 50,57%. En el caso de los asentamientos fuera de Bogotá, la diferencia se incrementa, representando las mujeres el 47,42% de la población y los hombres el 52,58%. Esta diferencia, de por sí anómala, es mucho más significativa en varios de los asentamientos, como se observa en la siguiente tabla. Tabla 6 Diferencia porcentual por género

Departamento Comunidad Bogotá Bolívar

Mujeres Hombres Diferencia 52,88

47,12

5,76

Kugurudó

46,67

53,33

-6,66

Boyacá

Motordochaque

48,13

51,88

-3,75

Caquetá

La Cerinda

49,02

50,98

-1,96

Honduras

53,90

46,10

7,80

San Pablo

41,51

58,49

-16,98

El Cedrito

61,54

38,46

23,08

País Amazonia

38,30

61,70

-23,40

La Libertad

45,45

54,55

-9,10

La Pradera

42,42

57,58

-15,16

Casanare

Onógama

51,28

48,72

2,56

Meta

Dokerá

44,00

56,00

-12,00

Urb. Granada

57,69

42,31

15,38

La Julia

44,62

55,38

-10,76

El Paraíso

50,59

49,41

1,18

Bello Horizonte

40,00

60,00

-20,00

Sn. Ant. Chamí

42,86

57,14

-14,28

Urb. Villavicencio

44,44

56,56

-12,12

Urb. Otros

42,86

57,14

-14,28

Santander

Dachi Drúa

41,94

58,06

-16,12

Tolima

Bianía

54,61

45,39

9,22

En la mayoría de estos asentamientos la diferencia porcentual entre hombres y mujeres supera el promedio normal que se ubica entre uno y dos puntos a favor de las mujeres. Esta diferencia es negativa en 14 de los 21 asentamientos analizados; es decir que la población masculina es superior a la femenina, con índices que sobrepasan 5 puntos en 12 de dichos asentamientos y con casos críticos donde la diferencia se ubica entre 10 y 15 puntos (5 asentamientos), entre 15 y 20 puntos (San Pablo y La Pradera en Caquetá y Dachi Drúa en Santander) e incluso llega a los 20 y más puntos de diferencia (País Amazonia en Caquetá y Bello Horizonte en Meta). En sentido contrario también se observan algunos casos donde la población femenina supera la masculina, muy por encima de la media (Bogotá, Honduras y Bianía), y con diferencia crítica en los casos de El Cedrito en Caquetá, donde las mujeres superan en un 23% a los hombres, y de la población urbana de granada, en un 15,38%. Si bien no se dispone de información suficiente para analizar este fenómeno, algunas hipótesis a considerar están relacionadas con el hecho de que estos asentamientos están conformados por familias extensas, lo que implica que las alianzas matrimoniales se deban realizar con personas externas, que bien se integran a la comunidad, o bien implican la migración de uno de sus miembros.

Efectivamente ya son bastantes los casos de familias constituidas por embera y kapunía. Cualesquiera que sean las razones, las diferencias tan altas entre población masculina y femenina se constituyen en amenaza para la supervivencia de estas comunidades como sujetos colectivos, bien por la migración o por la integración de personas no indígenas en alianzas matrimoniales, lo cual además implica fuertes cambios en la perspectiva cultural. Este elemento deberá ser considerado de manera particular al momento de resolver la situación territorial de estos asentamientos, en dirección a buscar mayor cercanía entre diferentes asentamientos para facilitar el intercambio a todos los niveles.

CAPÍTULO II LOS ASENTAMIENTOS FUERA DE BOGOTÁ Y SUS PROPUESTAS PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO EMBERA Reparación integral y restitución de derechos 1. La condición de población afectada por el conflicto armado y el desplazamiento forzado En las zonas donde hoy tiene asiento la población embera dispersa, el conflicto armado es parte de la dinámica cotidiana. Las comunidades que habitan en los departamentos de Caquetá, Meta, Boyacá, Santander y Bolívar, conviven en medio del riesgo de perder vidas y la permanente amenaza de nuevos desplazamientos, que de hecho, se continúan presentando bajo la modalidad gota a gota y se encuentran absolutamente invisibilizados. Con especial énfasis en los departamentos de Caquetá y Meta, el conflicto armado se desarrolla sobre los territorios de los diversos asentamientos embera que allí existen. En los municipios de La Uribe y La Macarena, Meta, los asentamientos embera viven cotidianamente combates y hostigamientos entre la Fuerza Pública y las FARC. Deben soportar constantes incursiones de la Fuerza Pública en su territorio, rompiendo alambrados y haciendo campamentos en abierta contradicción al DIH. Además hay robos de especies menores y maltrato a la población civil por parte de la Fuerza Pública. Se presentan amenazas, señalamientos y estigmatizaciones tanto por parte de los militares como de actores armados ilegales. En el caso de La Uribe, varios habitantes han sido judicializados bajo testimonios de encapuchados llevados por el Ejército que los señalan de ser colaboradores de las FARC. Son frecuentes los bloqueos al paso de alimentos y combustible por parte de la Fuerza Pública y en El Paraíso se han presentado casos de reclutamiento de jóvenes por parte de ésta. Por su parte, los grupos insurgentes disparan a los helicópteros que pasan por la zona, realizan paros armados restringiendo también la movilidad y se presentan amenazas, todo lo cual mantiene amedrentada a la población. Por todo esto, los asentamientos de La Uribe son expulsores de población, mucha de la cual forma parte de la que actualmente vive en los cascos urbanos de Granada, Villavicencio y otros municipios de Meta. También el asentamiento en el municipio de Villanueva, Casanare, formado a raíz del homicidio de su líder natural en el año 2005 a manos de las FARC. La población de Bello Horizonte en Lejanías sufre igualmente el reclutamiento y maltrato por parte de integrantes de la Fuerza Pública y cuenta con el homicidio de su líder en el año 2004. Sobre la situación en Caquetá, basta mencionar que tres de sus actuales asentamientos se encuentran desplazados desde tiempo atrás en las cabeceras municipales de Florencia y San Vicente sin posibilidades de retorno y que varios otros asentamientos se han formado con desplazados de allí. Los

que actualmente viven en zonas rurales, como La Libertad No. 2 en San Vicente, dan testimonio de constantes problemas con el Ejército, especialmente por reclutamiento de jóvenes. En la región de El Rubí donde vive una de las familias adscritas al cabildo La Pradera, se presentan combates y amenazas por parte de los grupos armados y bloqueo de alimentos, requisas y abusos por parte de los integrantes de la Fuerza Pública. Hay ametrallamientos desde helicópteros y, hace un año se registró el asesinato de un indígena y recientemente una familia se desplazó a la cabecera por amenazas, lo que obstaculizó los trámites para la adquisición de tierras con destino a la constitución de su resguardo. En el departamento de Bolívar, la comunidad de Kugurudó habita un territorio controlado por las FARC y es víctima de la estigmatización y amenazas, por lo cual durante cuatro años se autoimpusieron el confinamiento. Se han presentado dos homicidios, uno de ellos atribuido a la Fuerza Pública como “falso positivo” cuyo cadáver fue desaparecido. Por este último hecho la familia presentó la correspondiente denuncia. En la región del Magdalena Medio, por su parte, salvo una familia desplazada de la comunidad Dachi Drúa y familias de uno de los troncos de Motordochaque que por conflictos internos y la situación de inseguridad alimentaria que viven en Puerto Boyacá se han desplazado en varias oportunidades para luego retornar, las demás no han sido víctimas de redesplazamientos en los actuales territorios de asiento. No obstante, los tres asentamientos allí existentes reportan diferentes hechos de violencia, tanto en los actuales asentamientos como en los que dieron origen a anteriores desplazamientos. En el período comprendido entre los años 1986 y 2002 la comunidad de Motordochaque fue víctima de 4 homicidios y dos desapariciones, en hechos atribuidos a la guerrilla (2 homicidios), a los paramilitares (1 homicidio y las dos desapariciones) y a la Fuerza Pública (1 homicidio). Entre los años 1988 y 2011, la comunidad de Dachi Drúa ha sido víctima de 4 homicidios, 5 desapariciones y una mina antipersona, y en 2000 se verificó el desplazamiento de una familia de Cimitarra. De estos hechos uno se atribuye a la guerrilla (1 desaparecido) y dos a los paramilitares (1 homicidio y 1 desaparecido). Sobre los restantes, no se sabe su autoría. Entre 1995 y 2008 la comunidad de Bianía, fue víctima de 5 homicidios, una desaparición y una mina anti persona, en hechos atribuidos a la guerrilla y a las AUC. Las afectaciones de que han sido víctimas personas de estas comunidades o que han generado desplazamientos, involucran al conjunto de su población por tratarse de asentamientos que se forman de acuerdo a la pauta de poblamiento tradicional embera. Es así que cuando se afecta al miembro de una familia nucleada, por lo general el desplazamiento abarca a toda la familia extensa. Es por esto que se puede afirmar que la totalidad de esta población dispersa es

población desplazada, pero a pesar de ello, la gran mayoría no se encuentra en los registros oficiales en tal condición. Tabla 7 Población registrada en el RUPD Departamento Comunidad Bolívar Kugurudó Boyacá Motordochaque Caquetá

TOTAL

RUPD

%

120

0

0,00

160

41

25,63

La Libertad

132

0

0,00

La Pradera

99

42

42,42

Honduras

141

San Pablo

53

País Amazonia

47

La Cerinda

51

0

0,00

141 100,00 0

0,00

47 100,00

El Cedrito

26

0

0,00

Casanare

Flia. Onogama

39

0

0,00

Meta

La Julia

65

14

21,54

El Paraíso

85

1

1,18

Sn. Ant. Chamí

77

0

0,00

Bello Horizonte

15

0

0,00

Dokerá

50

27

54,00

Granada

26

21

80,77

Villavicencio

45

25

55,56

Otros

28

10

35,71

Santander

Dachi Drúa

93

0

0,00

Tolima

Bianía

141

86

60,99

1.493

455

31,02

Total

Como se observa en el cuadro anterior, el 70% de la población embera dispersa asentada fuera de Bogotá, no se encuentra registrada en el RUPD, de acuerdo con los datos recabados en la encuesta aplicada. Esto se debe a que muchas de las personas que integran estos asentamientos no denuncian su situación porque temen atraer de nuevo factores de riesgo. En otros casos porque desconocen sus derechos, los mecanismos de que disponen o los procedimientos para registrarse como tales, o simplemente porque iniciaron trámites pero no les hicieron seguimiento o no obtuvieron respuesta alguna. En general todas estas comunidades viven en situación de pobreza extrema, sin territorio definido o insuficiente de modo que no pueden asegurar su subsistencia física, en medio de transgresiones al DIH, sus derechos fundamentales desatendidos y vulnerados y desamparadas de la acción estatal frente a las condiciones adversas en que viven. Una parte de las comunidades que se encuentra en zonas urbanas (44% de total de la población), vive en barrios de invasión en condiciones precarias, con serios problemas de orden

económico, educativo, de salud, laboral, cultural y social, entre otros. Aunque muchos de ellos tienen asiento en las urbes desde hace más de 15 años, no reportan denuncias ni reclamación respecto a sus condiciones de vida, por el mismo desconocimiento o porque saben de antemano que no pueden retornar a los territorios de los que fueron desplazados, o no desean volver a ellos porque en medio de la precariedad, se adaptaron a las condiciones de vida en la ciudad. Es total el desconocimiento en estos asentamientos sobre las ayudas que debe brindar el Estado, los programas destinados al retorno o reubicación, y al establecimiento socioeconómico o la generación de ingresos. Un número significativo de las familias que se encuentran en el RUPD no recibe ningún tipo de ayuda del Estado. Se esperaría que el “Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición”, en funcionamiento desde 2006, estuviera atendiendo de manera decidida la grave problemática que afecta también a esta población dispersa del pueblo Embera, pero no es así. No se han implementado con ellos acciones sistemáticas de atención, menos aún de prevención con relación al estado de vulnerabilidad en que se encuentran y no tienen ninguna garantía de protección de sus derechos. Al margen de su condición de desplazamiento, algunas familias están adscritas al programa de Familias en Acción que, incluso, es el único que conocen del Estado, pero éste no tiene un cubrimiento apropiado, pues se reduce a un aporte ocasional en dinero en efectivo. Los programas de apoyo para alimentación infantil o la tercera edad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, tienen una mínima cobertura y en los pocos casos que cubre resultan ineficaces por no tener un enfoque diferencial. Estas poblaciones carecen de condiciones mínimas para desarrollar sus vidas en el marco de sus expectativas y sus derechos constitucionales reconocidos, mucho más aún enfrentadas a la inminencia de su extinción cultural si es que no se adoptan soluciones a su principal problemática, en el marco de lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. 2. El concepto de reparación integral de los asentamientos dispersos De acuerdo a los antecedentes de la población respecto al desplazamiento forzado y los impactos de tal fenómeno y del conflicto armado, presentándose el caso de comunidades que han soportado la condición de desplazamiento por más de una década, es importante remarcar que todas estas familias tienen derecho a la reparación integral y restitución de derechos, concebidas como acción integral en la que no sólo se identifiquen las expectativas o necesidades territoriales, sino también las medidas a tener en cuenta para garantizar la seguridad alimentaria, el fortalecimiento económico y cultural, y las acciones de protección para la no repetición del desplazamiento.

El concepto de reparación integral se inscribe en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Ley 1448 de 2011, y de modo específico en el Decreto Ley 4633 del mismo año para la asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, aplicable a los casos en los que el conflicto tiene impactos sobre los bienes colectivos, la cultura y en general el sujeto colectivo de derechos. En estos casos debe existir una metodología y una lectura sobre la afectación que ponga en evidencia la percepción de la comunidad sobre el significado del impacto y las alternativas que ésta identifica para la reparación. En este dominio, los asentamientos dispersos del pueblo Embera en los departamentos de Caquetá, Meta, Casanare, Sur de Bolívar y los tres departamentos del Magdalena Medio, consideran que la reparación integral pasa por resolver su principal problemática frente a la tenencia de tierras y en esta dirección se plantea la dotación de tierras en calidad y cantidad suficientes para el conjunto de la población, que sirvan para la producción, alejados de bases militares y en lo posible libres de intereses mineros o energéticos, que cuenten con estudios previos para garantizar que no sean zonas de riesgo y que cuenten con áreas de servicios ambientales, tierras que deben ser identificadas concertadamente con las comunidades beneficiarias. Pero no basta con identificar, adquirir y titular tierras bajo los anteriores parámetros, pues se debe contar además con garantías para la construcción de viviendas adecuadas de acuerdo a usos, costumbres y necesidades de las comunidades y para el saneamiento básico, la provisión de agua potable y electrificación; con apoyo y asistencia técnica para la producción alimentaria, la implementación de huertas medicinales y la reforestación y adecuación ambiental cuando se requiera, para la comercialización de excedentes y la generación de ingresos, y presupuesto para la apertura o mejoramiento de vías de comunicación. Para estas comunidades la reparación integral también implica garantizar la atención en salud y la educación en los propios territorios y de acuerdo a sus pautas culturales, y el fortalecimiento de la identidad cultural en sus diferentes componentes como son el idioma, las prácticas tradicionales y la cultura material, entre otros. Finalmente, la reparación integral implica garantías a los DDHH para lo cual es necesario dar solución a los factores de violencia tanto con otros sectores de población como también a nivel interno en las comunidades; definir de manera concertada medidas de seguridad para la población en sus territorios y en las vías de acceso tomando en cuenta sus usos y costumbres (guardias indígenas) y el acompañamiento de organizaciones indígenas y de instituciones oficiales y privadas de Derechos Humanos, además de definir sitios de concentración (refugios) para el albergue temporal en caso de nuevos desplazamientos o de agudización del conflicto,

los cuales deben estar en condiciones físicas y culturales adecuadas y contando con un espacio rural cercano para la práctica de su cultura y la vida en comunidad. Para el proceso de reparación integral y restitución de derechos las comunidades plantean la imperiosa necesidad de definir en concertación con las organizaciones regionales y la nacional la manera de impulsar los procesos, rutas ágiles y eliminación de trámites innecesarios que obstruyen cualquier reclamación en las condiciones de pobreza y dispersión en que se encuentran estas comunidades. Plantean además la necesidad de un acompañamiento con líderes embera y con profesionales conocedores del pueblo Embera, de su territorialidad, tradiciones y problemáticas. Consideran que dada su situación particular, acusan una fuerte debilidad organizativa, para cuya superación, y para poder materializar las propuestas del PSG, debe garantizarse un seguimiento cercano por parte de la ONIC, para que ésta brinde la asesoría organizativa y política durante todo el proceso de reparación y restitución de derechos, por lo menos hasta cuando madure el proceso en las zonas y regiones donde se encuentran. La situación que se evidencia de los asentamientos dispersos del pueblo Embera, implica que cualquier iniciativa para garantizar su supervivencia pasa por resolver primero el problema de la tenencia de la tierra, en condiciones que garantice la subsistencia y la reproducción cultural. Por su condición de desplazamiento, esta población tendría derecho al retorno, al menos a los territorios de donde han sido desplazados en los últimos 20 años. Dado que la mayoría de esta población no encuentra condiciones para ello, es preciso que se atienda su reubicación o la consolidación y ampliación de las tierras que actualmente detentan. Desde esta perspectiva además de identificar la necesidad de dotación territorial para una comunidad, se requiere conocer las acciones o programas complementarios, para de ese modo garantizar que no se fracase en los procesos de reubicación y consolidación territorial. Pero como estas poblaciones han estado sometidas a fuertes presiones generadas por las condiciones de marginalidad, de inserción en espacios urbanos, de articulación a espacios educativos extraños, de apropiación de formas de supervivencia articuladas a los mercados urbanos, y en general, integradas a espacios sociales que generan cambios en su cotidianidad cultural, estos factores deben ser tenidos en cuenta al momento de definir una política de reparación en el dominio territorial y cultural. La reparación integral y restitución de derechos implica entonces tener en cuenta los siguientes fundamentos en lo metodológico:

 La dotación de tierras en calidad y cantidad necesarias para el desenvolvimiento de una vida plena y en comunidad de acuerdo a patrones culturales.  De forma complementaria a la dotación de tierras se requieren subsidios alimentarios en la fase de instalación de los procesos productivos orientados a generar seguridad alimentaria e ingresos económicos por actividades productivas ligadas a la agricultura y lo pecuario.  Se requiere el diseño y ejecución de programas que permitan a los asentamientos satisfacer los parámetros de habitabilidad respecto a saneamiento, servicios básicos e infraestructura comunitaria.  El desplazamiento forzado implica la pérdida de un capital en lo económico y lo social, aspecto que debe ser valorado adecuadamente en cada caso para identificar otras medidas específicas de reparación.  En la medida que la población permanece durante largos períodos en el contexto urbano, es decir por encima de 5 años, las expectativas de las nuevas generaciones no se inscriben en los modelos tradicionales a la cultura y se deben considerar programas orientados a fortalecer el grupo y generar condiciones para la adaptación al nuevo entorno territorial.  Los aprendizajes de la población en el contexto urbano respecto a la inserción en mercados, ejemplo la artesanía, se deben tomar en cuenta al momento de diseñar programas orientados a generar ingresos para la población.  Es necesario el acompañamiento técnico y social a los asentamientos y para valorar el cumplimiento de los entes gubernamentales y de la comunidad, pero también para realizar la asesoría técnica requerida. De acuerdo con lo anterior las propuestas de los asentamientos dispersos para el Plan de Salvaguarda que ordena la Corte Constitucional, se orientan a superar la crisis en que se encuentra esta población y desarrolla unos elementos de atención efectiva y diferencial de tal modo que sean revertidas las condiciones materiales y los factores que amenazan su existencia física y cultural. Las condiciones que de manera directa amenazan su existencia física están relacionadas con la situación territorial, de seguridad alimentaria y de salud que afrontan estas comunidades. En cuanto a su existencia cultural, además de los factores anteriores que son también esenciales para la pervivencia de la cultura de estas comunidades, otros factores se convierten en amenaza directa de altísima gravedad, como son la educación que con serias deficiencias reciben, su cohesión interna y las dinámicas colectivas, todas las cuales se han visto seriamente disminuidas en los actuales sitios de

asentamiento. El aspecto organizativo, es vital para que puedan superarse las precarias condiciones que hoy los tienen amenazados. Las propuestas para el Plan de Salvaguarda se desarrollan en cinco capítulos. Los primeros dirigidos al componente de atención en los aspectos básicos para su existencia física y cultural, como son el territorio, la seguridad alimentaria y la salud; el fortalecimiento organizativo, y el fortalecimiento cultural y la educación. Los componentes de prevención, protección, y derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, se agrupan en el quinto y último capítulo, bajo la denominación genérica de Derechos Humanos. El Plan en su conjunto integra elementos de prevención del impacto desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado, por los cuales se encuentran amenazada su existencia, y de protección de líderes y autoridades. Dado que las afectaciones de que han sido víctimas tienen un impacto colectivo sobre la familia extensa que se erige en los actuales asentamientos, el componente de reparación colectiva queda comprendido en los capítulos referidos a sus condiciones básicas de existencia. En cada uno de los capítulos se analiza la situación específica de estos asentamientos, sobre la cual se construyen las propuestas. 3. Territorio 3.1.

Situación territorial y prospectiva

Para el conjunto de la población dispersa se presenta una situación en la que las condiciones de vulnerabilidad están estrechamente relacionadas con la resolución de los problemas territoriales. La mayoría de la población no dispone de tierras donde asentarse o las que ocupan, sean baldíos, predios adquiridos mediante compraventa o predios de paso u otorgados en comodato, son absolutamente insuficientes para garantizar su subsistencia y no tienen ninguna seguridad sobre los mismos. Sólo cuatro comunidades cuentan con resguardo constituido aunque en una extensión que no alcanza a satisfacer sus necesidades (San Pablo, La Cerinda y El Cedrito en Caquetá, y La Julia en el departamento de Meta); tres asentamientos se encuentran en predios adquiridos mediante compraventa o donación (San Antonio del Chamí, El Paraíso y Bello Horizonte, en el departamento de Meta) y dos más cuentan con predios que ocupan algunas de sus familias (País Amazonia en Caquetá y Dachi Drúa en Santander); dos asentamientos se encuentran ocupando terrenos baldíos (La Libertad No. 2 en Caquetá y Kugurudó en el sur de Bolívar); y, por último, tres asentamientos ocupan predios de paso o recibidos en comodato (Honduras en Caquetá; Motordochaque en Boyacá y Dokerá en Granada Meta). Los asentamientos urbanos ubicados en Mariquita, Tolima; Villavicencio, Granada y otros

municipios del Meta; en Villanueva, Casanare, y La Pradera en San Vicente del Caguán, desplazados de diferentes territorios, no disponen de tierras y en algunos casos fueron despojados de las que tenían y se quedaron indefinidamente en los cascos urbanos, viviendo en condiciones de marginalidad en barrios de invasión.  Los resguardos El resguardo de San Pablo, de una comunidad desprendida del asentamiento de Honduras en su primer desplazamiento en los años 80, fue constituido en el año 1999 sobre la base de un primer predio adquirido por las familias cercano al caserío de Pará, y otros 4 predios adquiridos por el INCORA, con una extensión aproximada de 600 has para 12 familias. Éstas tienden a reproducir sus sistemas tradicionales de producción, los que implican recorrer áreas de bosques y cuencas, por lo cual se presentan sucesivos conflictos con vecinos o con propietarios de predios adyacentes. Durante varios años las familias han solicitado la compra de dos predios que están ofertados, pero trámite ha sido infructuoso. El resguardo La Cerinda fue constituido en 1996 con una extensión de 51,6 has. En él se asientan 8 familias que desarrollan una economía de autoconsumo, basada en la agricultura y la actividad pecuaria. Durante 12 años han solicitado la ampliación de este resguardo y la gestión ha sido infructuosa, a pesar de la disposición a vender del propietario de una finca colindante de 200 hectáreas y de haberse realizado los estudios técnicos por el Incoder. El resguardo El Cedrito fue constituido el año 1995 con una extensión de 120,7 has en el sector antes conocido como El Cedro, jurisdicción del municipio Montañita. El asentamiento cuenta con 3 viviendas sin saneamiento básico en las que conviven 6 familias. La única fuente de agua con que cuentan es la del caño la Carpa, el cual ha sido afectado por la deforestación en su nacimiento. Para el sustento se combinan actividades agrícolas (maíz, yuca y plátano), la cría de especies menores y la cacería con el trabajo de jornal, especialmente en las fincas de ganadería. La comunidad manifiesta necesaria su ampliación y atender de manera urgente el acceso a agua potable, así como garantías económicas para la producción. El resguardo de La Julia, en el municipio Uribe, Meta, fue constituido en 2003, con una extensión de 208 has. Hoy alberga a 26 familias dedicadas principalmente a la agricultura (alrededor de 27 hectáreas de plátano, 10 de maíz, 5 de yuca y recientemente 2 hectáreas de papaya) pero también a la cría de especies menores y la ganadería, esta última para cubrir costos en caso de enfermedad de algún habitante. Cuentan con aproximadamente 50 hectáreas de reserva para abastecimiento de madera y cuidado del medio ambiente. Es de mencionar que en este resguardo se presenta un conflicto interno entre las

dos familias extensas que integran la comunidad, al cual le ha resultado funcional el conflicto armado que se verifica en la zona y por ello es expulsor constante de población bajo la modalidad gota a gota. La conflictividad interna probablemente está asociada a la convivencia de varios troncos familiares en una extensión insuficiente para el sostenimiento de toda su población y para el desarrollo de actividades tradicionales. Se tiene conocimiento que parte de las dificultades tienen que ver con la tenencia de tierra al interior del resguardo, dado que los predios sobre los cuales se constituyó el resguardo fueron adquiridos por varias de las familias fundadoras del asentamiento. En tal sentido, es urgente la ampliación del resguardo y un apoyo para la superación del conflicto interno. Caso particular es el de la comunidad de Honduras, desplazada en varias oportunidades de su resguardo, la última en 2005 sin posibilidades de retorno. Por tal motivo, dicho resguardo no se toma en cuenta para el presente Plan de Salvaguarda.  Asentamientos en predios adquiridos o donados Desplazada también de Puerto Rico, Caquetá en la década de los 90, la Comunidad San Antonio del Chamí se encuentra asentada en dos terrenos comprados por las familias, ubicados en el corregimiento Playa Rica La Y, uno denominado Maloka de San Antonio, con 120 has, y otro en la vereda de Caño Azul (sin datos sobre su extensión), que se comunican por un sendero de herradura a 2 horas de distancia. La comunidad, constituida por 15 familias, practica la agricultura en pequeñas extensiones (una hectárea de yuca y media hectárea de plátano y en temporada se siembra arroz y caña) dado que las tierras fértiles son escasas; y también la ganadería y la cría de especies menores, todo para autoconsumo. Hasta el presente no habían solicitado la constitución de resguardo dado su desconocimiento sobre sus derechos como indígenas. Ellos requieren con urgencia la adquisición de otros predios para unificar los terrenos de que disponen y la constitución del resguardo. Los miembros de la comunidad El Paraíso, Meta, desplazados de Caquetá en los años 80 al igual que los habitantes del Resguardo La Julia, se establecieron en 1990 en un predio de 308 has, ubicado en la vereda El Paraíso, municipio La Uribe. Se trata de una propiedad privada de 9 de las familias que integran la comunidad, que alojan en sus casas a las otras 16 familias. El terreno está dividido en parcelas de propiedad de cada una de las 9 familias, donde se dedican al cultivo de plátano, arroz, maíz, yuca y fríjol, así como a la ganadería y la cría de especies menores. En 1995 INCODER visitó la zona pero la comunidad no hizo ninguna diligencia para la titulación por desinformación, pues temían que el Estado les quitara el terreno. Posteriormente han realizado solicitudes para su titulación como resguardo sin obtener respuesta del

INCODER 1. En esta comunidad es preciso tener en cuenta que existen asentamientos de colonos entre los predios de las familias, los cuales se oponen a la titulación del resguardo. Por esta situación, por ser insuficiente la tierra para 26 familias y por ser zona de conflicto armado, expulsora de población bajo la modalidad gota a gota, la comunidad desea la reubicación en una zona más cercana al casco urbano donde han identificado un predio de aproximadamente 300 has. La familia de Luis Eduardo Yagarí, desplazada también del Caquetá, se estableció en el departamento del Meta y en el año 2000 adquirió un predio llamado Bello Horizonte, ubicado en la vereda Alto Yucapé, con una extensión de 90 has. Actualmente viven 4 familias que se dedican a la agricultura y el comercio de productos agrícolas. En el momento cuentan con 800 matas de tomate, 2 hectáreas de yuca, 4 de plátano y siembra de maíz para alimentar especies menores. Un camión pasa periódicamente a comprar los productos agrícolas producidos por los pobladores. También practican la ganadería, y actualmente tienen 70 cabezas. Debido a su cercanía con el pozo petrolero Cristal 1 y 2, en San Luis de Yamanes, se les ha ofrecido comprar el predio. La familia extensa que habita en este predio no ha manifestado su interés por la constitución de un resguardo, pero igualmente debe tomarse en cuenta para la proyección territorial de los embera dispersos. Comunidades asentadas parcialmente en predios adquiridos o donados son las de País Amazonia en Caquetá y Dachi Drúa en Santander. Los integrantes de la primera, desplazados también del asentamiento de Honduras en el río Bodoquero en los 80, permanecen de modo indefinido la ciudad de Florencia en un barrio de invasión. En el año 2010, a través de la gestión de una ONG del Caquetá con recursos de la Cooperación española, adquieren una finca de 60 hectáreas, localizada en el río Orteguaza en el municipio de San Antonio de Antena, cuya propiedad no se había formalizado a noviembre de 2011. La finca dispone de más o menos 10 hectáreas de bosque, 7 de potrero y las demás áreas se distribuyen en zonas para cultivos y rastrojos. Solo cuenta con una vivienda y aún no hay un asentamiento definitivo pero la población (12 familias en total) mantiene cierta movilidad entre la ciudad y el nuevo espacio lo cual comienza a cambiar la perspectiva para el grupo de familias en tanto la producción agrícola comienza a aparecer como opción de vida. Esta comunidad reclama la constitución de un resguardo sobre la base del predio con que cuenta. Por su parte, la comunidad Dachi Drúa, conformada por 18 familias dispersas en los municipios de Puerto Parra (13 familias), Cimitarra (3 familias) y Puerto Berrío (2 familias), en los primeros años de su desplazamiento de sus territorios 1

Los miembros de la comunidad manifiestan que el INCODER les ha manifestado que están “sancionados” y que no pueden hacer nada para titular el resguardo.

de origen colonizaron 310 hectáreas de tierra, que en los años 80, por las presiones de la violencia en la región de Magdalena Medio, terminaron en manos de grandes propietarios destinadas a la ganadería y siembra de palma africana. Una de las familias adquirió posteriormente una propiedad en Puerto Zambito, corregimiento de Cimitarra, de la cual fueron desplazados años después, cuando se dispersaron por la región trabajando en jornal. Recientemente uno de los mayores compró una pequeña parcela en Santa Rosa, corregimiento de Cimitarra, pero de nuevo fue despojado por los herederos del propietario, quienes pertenecían a las AUC. En la actualidad solo cuentan con 29 hectáreas en la vereda India Medio del municipio de Puerto Parra, en el corazón de grandes extensiones ganaderas. Por la falta de tierras la población en su totalidad sobrevive del trabajo en jornal en el caso de los hombres y las mujeres en el servicio doméstico o como cocineras de restaurantes. Desde el año 2000 uno de los mayores, el señor Oscar Arias inició gestiones en busca de reconocimiento de su condición de indígenas desplazados y ante el INCODER en busca de la titulación de tierra para establecerse. Esta comunidad requiere un fuerte apoyo organizativo y el estudio de su situación para la resolución de sus demandas territoriales, las cuales se pueden proyectar sobre la base de la pequeña extensión que en la actualidad poseen o en predios que la misma comunidad ha identificado en el Municipio de Cimitarra.  Comunidades asentadas en terrenos baldíos La Libertad No. 2, desplazados primero de Puerto Rico por el asesinato de uno de sus líderes en 1988, se reencontraron en 1992 cuando fundaron su primer cabildo en la vereda Primavera. De allí fueron nuevamente desplazados y en el año 2004 se volvieron a organizar y se asentaron en un baldío, con una extensión aproximada de 1.400 has., situado en la vereda La Libertad, Corregimiento de Campo Hermoso, a dos horas de la cabecera municipal de San Vicente. Allí habitan en la actualidad las 24 familias dedicadas principalmente a la agricultura. Cada una tiene sus parcelas, más o menos con media hectárea de yuca, 4 hectáreas de maíz, media hectárea de plátano. También cultivan arroz y caña para lo que manifestaron la necesidad de un trapiche. Cada casa cuenta con especies menores y caballos para las familias. La zona constituye una buena oferta de recursos naturales, también se puede practicar la pesca en el río Yarí en época de subienda y se practica la caza de boruga, conejo, armadillo y mico. Las 22 familias embera katío que conforman la comunidad Kugurudó habitan desde los años 90 un extenso territorio baldío ubicado a lo largo de la quebrada Arizá afluente del río Caribona, a su vez afluente del río Cauca; en la subregión Cauca Magdalena en el departamento de Bolívar. Va desde la cabecera de la quebrada Arizá, límite con la Serranía de San Lucas, hasta la boca de la quebrada Las Claras y desde la Quebrada Mantequera hasta la quebrada de

Montecristo, en jurisdicción del municipio del mismo nombre. El principal asentamiento se encuentra en el sector denominado Koredó con 7 viviendas y una pequeña escuela. Desde hace aproximadamente 3 años se verifica el avance de la minería en las vegas de la quebrada Arizá. Según información de Noticias Caracol, en noviembre de 2011 se hallaron cerca de 200 retroexcavadoras desde la cabecera de la quebrada Arizá y a lo largo del río Caribona. Como consecuencia de la actividad minera han desaparecido las vegas de la quebrada donde la comunidad antes sembraba plátano, maíz, arroz; se ha interrumpido la actividad tradicional del barequeo y prolifera el paludismo. Se han reducido notablemente las actividades agrícola, de cacería y pesca, y en general de auto sustento, aunque no han desaparecido, y se ha incrementado el empleo en oficios asociados a la explotación minera (motoristas o ayudantes), verificándose un marcado tránsito de una economía de auto sustento a una economía dependiente del salario, la compra de productos externos y el incremento de consumo de alimentos artificiales, con el agravante del incremento de precios de los productos traídos del corregimiento de Regencia. Algunas mujeres todavía practican barequeo. Ambas comunidades requieren el estudio para la constitución de resguardo. Además, en el caso de Kugurudó, se requiere con urgencia el control a la minería en la zona y proceder a la recuperación ambiental del territorio, como base necesaria para que la comunidad pueda retomar sus actividades tradicionales.  Asentamientos en predios de paso o en comodato La comunidad de Honduras, asentada originalmente en el territorio del Río Bodoquero en los años 70, fue objeto de un primer desplazamiento en los años 80 para retornar y lograr la constitución del Resguardo en 1992 por una extensión de 908 has. De este fueron desplazados nuevamente en el año 96 y después de un retorno, lo abandonan definitivamente en el año 2005. Actualmente se encuentran asentados en los barrios de invasión Las Malvinas, Las Palmeras y Kenedy, en precarias condiciones de vida en casas en arriendo. Mediante acción de tutela logran que el Incoder compre una finca de paso en la vereda El Palmar del municipio de Florencia, de aproximadamente 300 hectáreas, donde viven solo 2 de las más de 40 familias. La apropiación de ese espacio no ha sido posible por no disponer allí de viviendas y de infraestructura básica y por ausencia de programas de apoyo que garanticen alternativas económicas. Sin embargo, algunos miembros han encontrado en esta finca una alternativa para ligarse a actividades productivas de tipo agrícola. Para la comunidad de Honduras es necesario realizar estudios para la constitución del resguardo tomando dicho predio como punto de partida.

Desplazados de Urabá en 1996, la comunidad Dokerá llegó al departamento del Meta, primero a San Martín de donde fueron nuevamente desplazados en el año 2006, para luego asentarse en el municipio de Granada en un predio cedido en comodato por la Alcaldía en el año 2010 por un plazo de 4 años, situado en la vereda de Patio Bonito, a 30 minutos al norte de la cabecera municipal. El terreno de 4 hectáreas se encuentra sobre un relleno sanitario por lo cual las 12 familias que integran la comunidad viven en condiciones de absoluta insalubridad, en casas de lona y plástico y sin servicios públicos. A pesar de las condiciones del terreno, cuentan con 2 hectáreas aptas para el cultivo en las que producen plátano, arroz y maíz para el autoconsumo. Por las condiciones de este asentamiento es urgente la adquisición de predios en calidad y cantidad suficientes para su reubicación en condiciones de dignidad. La comunidad de Motordochaque conformada por familias embera dispersas en la región de Puerto Boyacá, desplazadas de diferentes lugares y en diferentes momentos, se agrupó por primera vez en el año 2001, en un predio a orillas del rio Magdalena adquirido por dos de las familias centrales, donde convivieron hasta cuanto el predio se lo llevó el río. A raíz de ello ocuparon el coliseo de deportes, situación que presionó a la administración municipal a la entrega de un predio donde ubicarse. Efectivamente en el año 2002 la alcaldía de Puerto Boyacá les entregó en comodato el predio de 58 hectáreas que actualmente ocupan, ubicado en la vereda Pozo II, y la Cruz Roja apoyó la construcción de las viviendas. Este predio, donde se constituyo un caserío de 20 viviendas aproximadamente, cuenta con una pequeña área para cultivos. Cada familia tiene asignada una parcela de media hectárea donde cultivan yuca que es el único producto que se da en forma permanente. Con apoyo de la de la gobernación han adelantado la siembra de árboles maderables (17.000 árboles de teca, samán y roble) y de cacao (12.200). Esta comunidad, conformada por diferentes troncos familiares enfrenta una división interna entre ambos grupos, que ha ocasionado periódicos desplazamientos de uno de ellos, en el año 2011 al casco urbano de Puerto Boyacá y a inicios del 2012 al municipio de Puerto Salgar y varias familias han intentado en vano retornar a sus lugares de origen. Además de las diferencias familiares, la conflictividad interna está relacionada con la escasez de tierra y la disputa por el control de la poca con que cuentan. Por ello es urgente analizar las posibilidades de adquisición de predios en cantidad y calidad suficiente tomando como base el predio que ocupan y la constitución de un resguardo, considerando también la posibilidad de resolver de manera diferenciada la problemática territorial para cada grupo.  Comunidades asentadas en cascos urbanos Las familias que se ubican en los cascos urbanos de San Vicente del Caguán; Villavicencio, Granada y otros municipios del Meta, así como en Villanueva, Casanare, y Mariquita, Tolima, carecen en lo absoluto de tierras. Estas

comunidades viven en condiciones de hacinamiento compartiendo varias familias un mismo lugar, viviendas absolutamente precarias, construidas con materiales reutilizados, con piso en tierra, sin servicios de agua y alcantarillado, y expuestas a problemas sanitarios y ambientales. La comunidad La Pradera de San Vicente del Caguán, fue desplazada en 2004 de un predio de 50 hectáreas ubicado en San Juan de Losada, llamado La Cabaña 2, que habían adquirido en 1990. Desde ese entonces viven en el barrio La Pradera en la cabecera municipal, en condiciones de hacinamiento en 5 casas para 85 personas, y unos pocos viven por temporadas en fincas de los patrones donde jornalean. En estas condiciones la comunidad está ante una verdadera amenaza de disolución. Una familia adscrita al cabildo vive desde hace 20 años en la vereda El Rubí, en un predio propio de 300 hectáreas, de donde fue desplazado recientemente uno de sus integrantes. Por la dinámica del mercado de tierras en la zona existen oportunidades de compra de predios para esta comunidad y se podría explorar la constitución del resguardo alrededor del predio de El Rubí. La comunidad Bianía de Mariquita, Tolima, está conformada por familias desplazadas de Urabá entre 1995 y 1998 y, en el año 2001, invadieron un predio en las afueras del casco urbano, junto a la carrilera del tren, en las inmediaciones del Estadio de fútbol y de los tanques de almacenamiento de combustible de la Terpel, que luego se convirtió en un barrio de invasión. Además de las condiciones de sus viviendas, estas familias viven la permanente incertidumbre de ser desalojados por la fuerza. Sus expectativas están relacionadas con la adquisición de tierras en la región del norte del Tolima y han identificado algunos predios presuntamente en proceso de extinción de dominio. Los asentamientos urbanos en el departamento del Meta y de Villanueva, Casanare, en su mayoría son desplazados de los asentamientos existentes en La Uribe, principalmente del resguardo La Julia y en menor proporción de El Paraíso, a causa del conflicto armado, muchas veces asociado a conflictos internos, pero también en busca de mejores oportunidades por la falta de tierras suficientes para la subsistencia de todas las familias. En el caso de Villanueva, Casanare, fueron fundadores del asentamiento y posterior Resguardo La Julia, de donde fueron expulsados por las FARC en el año 2005 luego de asesinar al jefe de la parentela y amenazar al mayor que lo sucedía. Allí abandonaron la finca de 10 has que habían adquirido en 1990, para asentarse desde entonces en Villanueva, manteniéndose unida la familia extensa. Esta comunidad sí requiere la adquisición de tierras para su asentamiento en la región que actualmente se encuentra. En conjunto con miembros de las familias asentadas en los municipios de Villavicencio y Granado, se ha considerado la posibilidad de agruparse en torno

a la constitución de un resguardo común. Estas alternativas, en todo caso deben ser objeto de un análisis a profundidad con todos sus pobladores. Para los que no es clara su adscripción como comunidad indígena se requiere construir alternativas de integración a programas urbanos que les generen oportunidades de promoción, de empleo, de vivienda y de organización. Tabla 8 Situación territorial de los asentamientos dispersos fuera de Bogotá por tipo de tenencia Tenencia

Resguardos

Predios comprados o donados

Comunidad La Cerinda

Depto. Caquetá

Honduras (1)

Familias Extensión 8

52,00

Caquetá

0

0,00

El Cedrito

Caquetá

6

120,70

San Pablo

Caquetá

12

607,80

La Julia

Meta

26

208,00

País Amazonia

Caquetá

12

60,00

El Paraíso

Meta

25

308,00

Bello Horizonte

Meta

Sn. Ant. Chamí (2) Meta Santander Dachi Drúa

4

90,00

15

120,00

18

29,00

Ocupación baldíos

Kugurudó

Bolívar

22

s.d.

La Libertad

Caquetá

24

1.400,00

Predios de paso o en comodato

Honduras

Caquetá

44

300,00

Dokerá

Meta

12

4,00

Motordochaque

Boyacá

29

58,00

La Pradera (3)

Caquetá

23

0,00

Villanueva (4)

Casanare

13

0,00

Meta

5

0,00

Meta

11

0,00

Meta

7

0,00

35

0,00

351

3.357,50

Pobl. desplazada en Granada cascos Villavicencio urbanos Otros Mpios. Bianía Total Notas:

Tolima

(1) La población del Resguardo de Honduras en Caquetá (908 has) se encuentra desplazada de manera definitiva, por lo cual no se toma en cuenta su extensión. (2) La comunidad San Antonio del Chamí dispone de otro predio pero se desconoce su extensión. Dado que este último se encuentra separado del primero a dos horas de distancia por camino de herradura, se debe explorar la adquisición de tierras alrededor del primero para la unificación de la comunidad. (3) La Pradera, Caquetá, fue desplazada de un predio de 50 has que había sido adquirido mediante compraventa, el cual no se cuenta en este cuadro. A pesar que una de las familias adscritas al Cabildo vive en un predio propio, su extensión no se reseña puesto que no es posible asumirlo como comunitario. (4) El asentamiento Villanueva, Casanare, es desplazado del Resguardo La Julia, donde había adquirido, previo a su constitución, un predio de 10 hectáreas, que tampoco se incluyen en el presente cuadro.

3.2.

Propuesta

De acuerdo con las cifras de tenencia de tierras presentada en el cuadro anterior es claro que ninguna de las comunidades dispone de tierras en

cantidad y calidad suficientes para su supervivencia física y cultural. De acuerdo con la Ley 160 de 1994 y el decreto 2164 de 1995, vigentes en la actualidad, la cuantificación de las tierras necesarias y suficientes para los pueblos indígenas se determina en los estudios a realizarse por INCODER incluyendo áreas de explotación por unidad productiva, áreas comunales y áreas de uso cultural y de manejo ambiental, todo de acuerdo a los usos y costumbres de las comunidades (D. 2164/95, Art. 6º.). Por esta razón no existen parámetros cuantitativos predeterminados para dotación de tierras indígenas. No obstante lo anterior, es necesario contar con algún referente para efectos de dimensionar la reparación territorial de estas comunidades. Para ello se realiza un cálculo de extensiones mínimas equiparando los valores UAF a unidades indígenas productivas. Es claro que en los estudios a realizarse en terreno, se deberán cuantificar de manera adecuada las unidades productivas, pero además las áreas comunales y las de manejo cultural y ambiental. Los valores que se indican a continuación serían los referentes para determinar las unidades indígenas de producción con miras a la constitución y/o ampliación de resguardos para estos asentamientos. Tabla 9 Unidades Productivas de referencia para constitución y/o ampliación de resguardos Tipo de tenencia

Mínimo adquirir (2)

Mín. a consolidar (3)

Flias.

La Cerinda

Caquetá

8

52,0

68,0

492,0

544,0

El Cedrito

Caquetá

6

120,7

68,0

287,3

408,0

San Pablo

Caquetá

12

607,8

68,0

208,2

816,0

La Julia

Meta

26

208,0

69,5

1.599,0

1.807,0

País Amazonia

Caquetá

12

60,0

101,5

1.158,0

1.218,0

El Paraíso

Meta

25

308,0

69,5

1.429,5

1.737,5

Bello Horizonte

Meta

4

90,0

33,0

42,0

132,0

Sn. Ant. Chamí

Meta

15

120,0

69,5

922,5

1.042,5

Dachi Drúa

Santander

18

29,0

59,0

1.033,0

1.062,0

Ocupación baldíos (4)

Kugurudó

Bolívar

22

s.d.

41,0

La Libertad

Caquetá

24

1.400,0

119,0

1.456,0

2.856,0

Predios de paso o en comodato (5)

Honduras

Caquetá

44

300,0

68,0

2.692,0

2.992,0

Dokerá

Meta

12

4,0

40,0

476,0

480,0

Boyacá

29

58,0

62,5

1.754,5

1.812,5

Caquetá

23

0,0

119,0

2.737,0

2.737,0

Casanare

13

0,0

53,0

689,0

689,0

35 328

0,0 3.357,5

39,0

1.365,0 18.341,0

1.365,0 22.600,5

Predios comprados o donados

Motordochaque Pobl. La Pradera desplazada en Villanueva cascos urbanos Bianía Total Notas:

Tolima

Area

UAF (1)

Depto.

Resguardos

Comunidad

902,0

(1) Se toman como referencia los valores indicados como Unidades Agrícolas Familiares (UAF) para la adjudicación de baldíos productivos en el Acuerdo 132 de 2008 de la Junta Directiva del Incoder, modificado por el Acuerdo 146 del mismo año. (2) Equiparando la UAF a una unidad productiva indígena, se calcula una extensión aproximada de tierras que sería necesario adquirir para que mínimamente todas las familias cuenten con una UAF. (3) El valor en esta columna indica el total mínimo que se debería consolidar como resguardo a cada comunidad, resultando de las extensiones que actualmente poseen más las que se deben adquirir para que cada familia cuente como mínimo con una UAF como unidad productiva, teniendo en cuenta que al valor que se determine en los estudios técnicos del INCODER como unidad productiva se le deben adicionar los correspondientes a áreas comunales, culturales y ambientales. (4) Las comunidades que actualmente ocupan baldíos se les debe titular la extensión que poseen y, específicamente en el caso de Libertado No. 2 en San Vicente del Caguán, con una extensión adicional hasta reunir el valor mínimo que se propone como total a consolidar. (5) Para las comunidades asentadas en predios de paso o en comodato, la propiedad de éstos deberá consolidarse como parte del resguardo, con excepción de Dokerá, la cual debe ser reubicada por las condiciones del terreno que en la actualidad detenta en dicha condición.

Para la proyección de los resguardos a ser constituidos o ampliados, deberá explorarse la posibilidad de agrupamiento entre diversos asentamientos en un solo resguardo o en resguardos continuos, como una garantía para la proyección social, cultural y política de estas comunidades y también como mecanismo a explorar para revertir la amenaza de extinción de los grupos. Esto último es especialmente importante si se toma en cuenta que una mirada superficial a su situación demográfica evidencia el riesgo de desaparición de los grupos por estar constituidos por familias extensas, lo cual limita la posibilidad de alianzas matrimoniales entre embera y el intercambio a todos los niveles. Identificar posibilidades agrupamiento de algunos asentamientos dispersos será uno de los retos a enfrentar a este período teniendo en cuenta que la forma tradicional de poblamiento embera enseña que su movilidad territorial se funda también en la separación entre troncos familiares debido a conflictos de liderazgo o de poder sobre la tierra y los recursos, y que este tipo de situaciones se siguen presentando en los asentamientos donde conviven más de un tronco familiar (La Julia, El Paraíso y Motordochaque, principalmente). Por estas razones resulta imperioso garantizar tierras suficientes para que las familias extensas en lo posible tengan definido su propio territorio si es quedan dentro de un mismo resguardo, y que a su vez guarden cercanía con otras familias o asentamientos para favorecer el intercambio a todos los niveles y el fortalecimiento cultural. En ese sentido se pueden explorar territorios compartidos entre las comunidades asentadas en la zona cordillerana de Caquetá; entre las de San Vicente del Caguán y La Macarena; entre las del Municipio de la Uribe, Meta, y entre los asentamientos del Magdalena Medio, exploración que se deberá realizar a profundidad en una primera fase con las familias extensas que integran estos asentamientos.

Con relación a los asentamientos urbanos en Villavicencio, Granada y otros municipios del Departamento de Meta, y el de Villanueva en Casanare, se propone realizar un trabajo más a fondo a fin de precisar sus expectativas de reparación territorial, dado que durante el proceso algunos manifestaron su disposición a regresar a zonas rurales, bien a las tierras de donde fueron desplazados en la última década o a zonas rurales cercanas al casco urbano donde se encuentran, mientras otros manifiestan expectativas de quedarse en la ciudad. En cualquier caso, durante el proceso a desarrollarse con estas poblaciones deberá tomarse en cuenta que por haber estado insertas en espacios urbanos por largos períodos, por encima de 5 y en algunos casos hasta de 10 años, viviendo en condiciones de marginalidad, desarrollando formas de supervivencia asociadas al mercado urbano, y articulados a procesos educativos extraños, su identidad cultural y cohesión como grupo se encuentran en inminente riesgo de extinción, por lo que cualquier solución que se construya deberá estar acompañada de un proceso especial de organización y fortalecimiento cultural y, de ser en espacios rurales, de adaptación a las nuevas condiciones de ruralidad. 3.3.

Acciones a desarrollar

Para que la situación y expectativas de estas comunidades en materia de reparación territorial puedan ser implementadas efectivam ente se requiere desarrollar las siguientes acciones:  Registro de la totalidad de la población de los asentamientos dispersos como población afectada por el desplazamiento forzado y el conflicto armado bajo los nuevos parámetros establecidos en el D.L. 4633 de 2011.  Gestiones para garantizar un subsidio alimentario para toda la población hasta cuando se encuentren instalados en sus territorios.  Ejecutar un proceso de acompañamiento a cada uno de los asentamientos dispersos, incluyendo los actuales asentamientos urbanos, para la identificación de zonas posibles para la conformación de sus resguardos, para la caracterización de esta población en los términos del D.L. 4633 de 2011 y la tramitación de sus solicitudes de reparación integral.  Realización o actualización de los estudios técnicos requeridos para la conformación y/o ampliación de los resguardos a cargo del INCODER, lo cual se deberá realizar mediante contratos con la ONIC o instituciones capacitadas para ello, dada las limitaciones de esta institución. Por razones de economía y celeridad, estos estudios se deben realizar durante el proceso que se indica en el punto anterior.

 Adquisición de los predios identificados con destino a la constitución y ampliación de resguardos, de acuerdo a los estudios técnicos realizados. 

Constitución o ampliación de resguardos con los predios adquiridos y titulación de los baldíos ocupados en un plazo que no exceda de 4 años, dado el inminente riesgo de extinción en que se encuentran estas comunidades del pueblo Embera.

 Diseño previo e implementación de un programa de apoyo a la instalación de las comunidades en los territorios identificados, que incluya saneamiento y servicios básicos, vivienda e infraestructura comunitaria.

4. Organización 4.1.

Situación organizativa de la población

La población embera dispersa cuenta con formas organizativas básicas. En el departamento de Caquetá, el que cuenta con mayor población embera con mayor antigüedad de haber migrado de sus lugares de origen, los diferentes asentamientos han mantenido su cohesión interna y mantienen viva su lengua, su memoria histórica y gran parte de sus tradiciones. En esto ha jugado como factor decisivo la pauta de poblamiento mediante familia extensa y la conservación del liderazgo natural radicado en el jefe de la parentela. No obstante, una vez formados los asentamientos y comenzado las gestiones para la titulación de los resguardos, todos fueron adoptando el cabildo como forma de organización, especialmente para la representación externa dado que los jefes tradicionales mantienen en lo interno su liderazgo. Es así que en gran medida los sistemas de control social son los tradicionales y, por tanto, no se encuentran regulados por un acuerdo. En general el cabildo como forma de organización reciente, acusa gran debilidad debido a que no se tiene suficiente claridad sobre el papel que debe cumplir como estructura representativa y las funciones de cada uno de sus integrantes. Por lo general están constituidos por 5 integrantes, y es regla general también que de éstos, uno o máximo dos, apropian y dinamizan la gestión de sus respectivas comunidades. La comunidad de Honduras cuenta con guardia indígena estructurada y cuando se considera necesario utilizan el cepo como mecanismo de control social. Todos los cabildos están registrados a nivel municipal, salvo el de La Pradera que no es reconocido bajo el argumento de estar asentados en el casco urbano, a pesar de ser una comunidad de zona rural que se encuentra desplazada. Por fuera del cabildo, sólo los asentamientos de La Libertad y La Pradera en San Vicente del Caguán generan articulaciones entre sí y con otros grupos indígenas y sociales del Municipio. Ambos participaron en el Primer Congreso de Comunidades Indígenas del Norte del Caquetá, celebrado en febrero de 2011, una de las primeras iniciativas de organización municipal, y en la conformación de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán – ACISC. Sin embargo, la inclusión de La Pradera no se ha podido formalizar debido a la falta de reconocimiento de su cabildo. Además participan en la Unión de Organizaciones Sociales, Agrarias, Ambientales, de Derechos Humanos, Campesinas e Indígenas de San Vicente del Caguán – UNIOS, con iguales dificultades por la representación de La Pradera, comunidad que además tiene dificultades con las Juntas de Acción Comunal de la zona por no querer hacer parte de éstas.

En el caso de los cabildos de Honduras, San Pablo, País Amazonia y La Cerinda, éstos no se integran a otros espacios organizativos indígenas u organizaciones sociales, lo cual los torna débiles para asumir la gestión de su principal problemática relacionada con la tierra. En el resguardo de San Pablo, por la tendencia a reproducir sus sistemas tradicionales de producción, se presenten conflictos con vecinos o con propietarios de predios adyacentes al resguardo. En el Departamento de Meta, donde la mayoría de la población se deriva de los primeros asentamientos del Caquetá, la situación organizativa es similar. Todos los principales asentamientos rurales (La Julia, El Paraíso, San Antonio del Chamí y Dokerá) conformaron sus cabildos a fines de los 90 o inicios de la siguiente década y salvo el de Dokerá, los demás se encuentran debidamente registrados en sus respectivos municipios. El nivel organizativo de las comunidades San Antonio del Chamí y Dokerá es fuerte a pesar de sus circunstancias particulares de estar los primeros distribuidos en dos predios distantes uno del otro, y los segundos de habitar en los márgenes del casco urbano de Granada en condiciones deplorables, rodeados por colonos y Juntas de Acción Comunal. En ambos casos, las comunidades se mantienen fuertemente cohesionada, para lo cual es factor determinante que cuentan con jaibanás (dos en SACH) los cuales ejercen como autoridades tradicionales y ejes centrales de la preservación cultural. En los asentamientos del municipio de la Uribe, paradójicamente los dos asentamientos con mayor antigüedad, su nivel organizativo es más débil debido probablemente a que los asentamientos están conformados por más de un tronco familiar, especialmente en el caso de La Julia donde se presentan rivalidades entre éstos, tanto en aspectos culturales como políticos. En ambos asentamientos los integrantes del cabildo cuentan con poco conocimiento sobre los procesos organizativos y la responsabilidad se centra en unos pocos líderes. En El Paraíso, cuenta también que el asentamiento reúne familias llegadas con posterioridad a la fundación del asentamiento, que se encuentran “arrimadas” en las casas de quienes adquirieron el predio. Juega también en esta debilidad la falta de apoyo y reconocimiento que han tenido por parte de las alcaldías municipales anteriores. Ambas comunidades y también la de San Antonio del Chamí, se encuentran organizando guardias indígenas para el cuidado del territorio, con algunas dificultades en La Julia por las divergencias internas. Como un esfuerzo organizativo adicional, los cabildos de La Julia y El Paraíso están asociados en la Mesa Indígena de La Uribe, integrada además por dos comunidades Nasa (Resguardo Planes Bajos y Parcialidad Candilejas) y una Guambiana (Asentamiento Planes Altos). Esta mesa ha conformado un Comité

municipal de Derechos Humanos para promover la organización de las comunidades de la región y la denuncia y exigibilidad de sus derechos. Las mismas comunidades constituyeron una Asociación de Cabildos en marzo de 2010 y a fines de 2011 integraron la Junta Directiva. Esta Asociación aún no se encuentra formalizada. El asentamiento rural Bello Horizonte, en el municipio de Lejanías, no cuenta con cabildo pero por tratarse de un tronco familiar cuentan con el liderazgo tradicional, en la actualidad ejercido por hijo del jefe de la parentela, quién se encarga de gestionar los asuntos de la comunidad. Hacia el exterior, se articulan en torno a la Junta de Acción Comunal. Igual sucede con la familia Onogama, asentada en Villanueva, Casanare, quienes, aparte de la organización en familia extensa, no han desarrollado ninguna otra forma de organización. En estos asentamientos solo los mayores hablan el embera bedea y salvo el liderazgo tradicional por el jefe del tronco familiar, no practican tradiciones propias. Por su parte, los asentamientos urbanos de Granada, Villavicencio, Acacías y otros, no cuentan con ningún tipo de organización, viven de acuerdo con las dinámicas propias del lugar y no hablan embera bedea ni practican tradiciones propias. En la región del Magdalena Medio destaca la situación de la comunidad Motordochaque de Puerto Boyacá, donde familias dispersas comenzaron a agruparse en el año 2001 impulsadas por actores externos (un líder U’wa, concejales, algunos alcaldes y otros), especialmente la alcaldía municipal como condición para acceder a tierras. La iniciativa de agrupar a los embera dispersos tuvo además que contar con el aval de los paramilitares que ejercen control en la zona. En el proceso de articulación fueron determinantes los liderazgos naturales de los tres núcleos familiares. Luego de recibir de la Alcaldía un predio en comodato en el año 2002, ésta las reconoce formalmente en el año 2004 como Cabildo de la comunidad indígena Embera Katío- Chamí de Motordochaque. El cabildo está constituido por Cabildo Mayor, Gobernador, Secretario, Tesorero y Fiscal, en su totalidad integrantes de uno de los troncos familiares. La comunidad cuenta además con Alguacil Mayor, Consejero Mayor, Consejera Mayor, Consejero Juvenil y Jaibaná mayor. Al parecer cuentan con un reglamento interno construido y discutido internamente e interiorizado en su memoria pero no está escrito. Sobre la base de este reglamento se aplica justicia, siendo central en el modelo el uso del cepo. No obstante lo anterior, tanto el ejercicio del gobierno como de la justicia son débiles, principalmente por las diferencias entre los troncos familiares, presentándose una división que se manifestó el año 2011 cuando las familias

Dovigama se desplazaron al casco urbano de Puerto Boyacá. La intervención de la alcaldía propició el retorno mediante acuerdos para mantener la convivencia y unidad como condición para continuar beneficiándose con las ayudas y un proyecto para la construcción de 34 viviendas. Sin embargo la división prevalece y en enero 2012, a raíz del asesinato del jaibaná Apolinar Dovigama, 12 familias se trasladaron progresivamente al municipio de Puerto Salgar. Los líderes gestionaron ante las autoridades municipales para reubicarse en el municipio, pero luego de dos semanas fueron obligados a retornar a Puerto Boyacá mediante engaños y amenazas. La comunidad Bianía de Mariquita inició el proceso de organización en 2008. Ese año, bajo el liderazgo de Alirio Niaza, con experiencia de trabajo en la OIA y la OREWA, conformaron su cabildo, el cual cuenta con el registro municipal, al igual que la situación de desplazamiento en que se encuentran, por lo cual participa en el Comité Municipal de Atención a la Población Desplazada. Sin embargo, este cabildo, al igual que el de La Pradera en Caquetá y Dokerá en Meta, no cuenta con el reconocimiento del Ministerio del Interior por la negativa de esta institución a reconocer cabildos indígenas urbanos. La Comunidad Dachi Drua, Santander, a pesar de la identidad común como descendientes embera, su dispersión física en tres municipios, su condición de trabajadores asalariados y la falta de apoyo y acompañamiento han sido limitantes para impulsar un proceso organizativo y más aún para recibir un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades municipales. El encuentro alrededor del Plan de Salvaguarda ha permitido que se geste una iniciativa que se concreta en la reciente conformación del Cabildo Indígena de la comunidad Dachi Drua. Finalmente, la comunidad de Kugurudó, Bolívar, comenzó a organizarse en los últimos años por estímulo de algunos líderes y maestros y también por presión externa, y en 2008 conformaron su cabildo. 4.2.

Prospectiva

A nivel general puede afirmarse que los asentamientos embera dispersos se encuentran organizados y cohesionados alrededor de autoridades tradicionales acordes con su pauta de poblamiento en familia extensa. Los procesos organizativos para su relacionamiento externo, bajo la forma del cabildo, son de reciente formación y por lo general son débiles por la poca formación de los líderes y de la población en general sobre sus derechos, el papel que debe cumplir el cabildo y las funciones de sus integrantes. También por el desconocimiento del proceso histórico del movimiento indígena. El aislamiento de las organizaciones de los principales núcleos poblacionales del pueblo Embera del país, determina que estos asentamientos dispersos no hayan

construido una perspectiva común en procura de su fortalecimiento y articulación como parte de este pueblo y la conquista de sus derechos. La dinámica generada en torno a la construcción del Plan de Salvaguarda ha sido un factor determinante para fortalecer las iniciativas que ya estaban en curso y para darle proyección a la organización entre los diversos asentamientos en cada departamento y, por qué no, con otros sectores sociales con quienes comparten problemáticas. En tal sentido es común la iniciativa de que el Plan de Salvaguarda asuma como uno de sus ejes centrales, el fortalecimiento organizativo tanto hacia adentro de cada asentamiento como en su entorno geográfico. Especialmente se proyecta el apoyo a procesos de articulación en los departamentos de Caquetá y Meta donde existen 7 y 8 asentamientos, respectivamente, y uno regional que agrupe a los del Magdalena Medio. Como parte de este proceso de fortalecimiento, surgieron iniciativas en torno a la formación de líderes y el acompañamiento y capacitación a las comunidades en derechos de los pueblos indígenas, la realización de intercambio de experiencias con otras organizaciones de su mismo pueblo para la recuperación y trasmisión de conocimientos y prácticas ancestrales, ley de origen e historia del movimiento, y para el fortalecimiento y dinamización de la justicia propia y de las guardias indígenas, donde éstas se encuentran en formación. Una necesidad común a los núcleos departamentales y regional, es la formalización de los cabildos, donde estos aún no se encuentren registrados a nivel municipal y el reconocimiento por el Ministerio del Interior para aquellos constituidos por comunidades que en su totalidad se encuentran desplazadas en cascos urbanos o en zonas rurales adyacentes (La Pradera, Caquetá; Dokerá, Meta, Bianía y Dachi Drúa, Magdalena Medio), si es que en el corto plazo no se resuelve su situación territorial. Como iniciativas específicas, las comunidades asentadas en el municipio de La Uribe (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), plantean el apoyo a la consecución de una sede para los cabildos en las respectivas cabeceras municipales, que además sirva como casa de paso para quienes deban salir a gestionar asuntos comunitarios o de salud y como refugio transitorio ante riesgos inminentes de violaciones a los DH, por ser ambas zonas de conflicto armado. 4.3.

Propuesta

El proceso de fortalecimiento organizativo debe concebirse paralelo a la solución de la gran problemática territorial que afrontan los asentamientos, de modo que puedan proyectar su pervivencia a largo plazo, especialmente en lo

que se refiere a la generación de alternativas económicas de vida y el fortalecimiento y la proyección cultural. Se desarrollará un proceso que a la vez que apalanque las iniciativas organizativas en curso y su proyección a nivel departamental o regional y nacional, impulse en las comunidades la construcción participativa de planes integrales de vida y contribuya a la gestión de las necesidades para mejorar sus condiciones de vida frente a los diversos ámbitos estatales competentes, particularmente en la salud y la educación. El acompañamiento organizativo se deberá realizar de manera intensiva durante los 3 primeros años y hacer seguimiento al menos durante los dos años subsiguientes. 4.4.

Acciones a desarrollar

 Asambleas por asentamiento para el análisis y profundización de diagnósticos y proyección de soluciones a las principales problemáticas en función de la construcción de planes integrales de vida. El primer año se realizará al menos una asamblea cada dos meses para fortalecer la cohesión interna, construir el plan de vida y generar y/o fortalecer dinámica colectiva.  Al menos dos encuentros departamentales al año de líderes y autoridades para hacer seguimiento a los avances en la implementación del Plan de Salvaguarda y al proceso organizativo departamental o regional. En el caso de la comunidad de Kugurudó, Bolívar, se definirá con ésta su articulación al proceso organizativo Embera del departamento de Córdoba.  Capacitación en derechos de los pueblos indígenas, fortalecimiento del rol de las autoridades tradicionales y de la gestión de los cabildos y en fortalecimiento de justicia comunitaria. La capacitación se hará en diferentes momentos e instancias. El primer año, se realizarán al menos 6 talleres en el marco de las asambleas por asentamiento o previo a éstas; al menos dos talleres de tres días para líderes y/o autoridades por cada departamento, y un taller nacional con representación de todas las organizaciones del pueblo Embera, para transmisión e intercambio de conocimientos sobre DPI y gestión del Estado en relación con los DPI, historia del movimiento indígena y proyección política del pueblo Embera.Apoyo al diseño y ejecución de estrategias organizativas a ser implementadas con niños y jóvenes  Producción de materiales de capacitación y difusión sobre los DPI y la situación de los asentamientos del pueblo Embera, en lo posible con traducción al embera bedea.

 Acompañamiento profesional y asesoría jurídica permanente a la gestión del Plan de Salvaguarda y de los requerimientos de las comunidades frente a las diversas entidades estatales en materia de sus componentes esenciales (tierra, salud, educación) y el reconocimiento, formalización y asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales.

5. Salud 5.1.

La situación de la salud

La situación de salud de los asentamientos dispersos del pueblo Embera constituye una de las prioridades a ser atendidas si de lo que se trata es de garantizar la pervivencia física y cultural del pueblo en su conjunto. Los pobladores que conforman los actuales asentamientos dispersos, en una parte importante están inscritos en el Registro de Población Desplazada o en el régimen subsidiado de salud, motivo por el cual teóricamente acceden gratuitamente a la atención en salud. Tabla 10 Afiliación al sistema de salud Depto.

Comunidad

Total Población

Régimen Sub.

Contr.

Total Afiliados

%

Bolívar

Kugurudó

120

44

0

44

36,67

Boyacá

Motordochaque

160

141

0

141

88,13

Caquetá

La Libertad No. 2

132

132

0

132

100,00

La Pradera

99

99

0

99

100,00

Honduras

141

141

0

141

100,00

San Pablo

53

53

0

53

100,00

La Cerinda

51

51

0

51

100,00

El Cedrito

26

26

0

26

100,00

País amazonia

47

47

0

47

100,00

Casanare

Villanueva

39

10

29

39

100,00

Meta

La Julia

65

65

0

65

100,00

El Paraíso

85

85

0

85

100,00

S. Ant. del Chamí

77

77

0

77

100,00

Bello Horizonte

15

15

0

15

100,00

Dokerá

50

50

0

50

100,00

Granada

26

26

0

26

100,00

Villavicencio

45

45

0

45

100,00

Otros municipios

28

Santander

Dachi drúa

93

Tolima

Bianía

TOTAL

S.D. 84

0,00 4

88

94,62

141

118

7

125

88,65

1.493

1.309

40

1.349

90,35

De acuerdo con las cifras que reporta el cuadro anterior, el 90% de la población embera dispersa se encuentra adscrita al sistema de salud, porcentaje que equivale a 1.349 habitantes. El 97% de éstos se encuentra en el régimen subsidiado y el 3% en el régimen contributivo.

Las EPS en las que se encuentra inscrito el grueso de la población en el Departamento de Meta son Capital Salud y CajaCopi EPS-S, y Caprecom y ASMET EPS en el Caquetá. Las poblaciones de ambos departamentos registran un cubrimiento total de afiliación al régimen subsidiado, aunque algunos miembros del asentamiento Dokerá en Granada, reportan que no disponen de carné que lo acredite. Las cifras anteriores pueden parecer a simple vista como indicativas de un buen estado de la atención en salud para esta población. La realidad dista mucho de lo anterior. Los pobladores embera acusan grandes deficiencias al punto que la falta de atención en salud se convierte en una grave amenaza a su derecho a la vida. Sea lo primero advertir que los asentamientos La Julia y el Paraíso se encuentran a una distancia del casco urbano de La Uribe de 3 y 2 horas en vehículo, respectivamente, y no disponen de ningún apoyo material para su desplazamiento, lo que pone en riesgo la salud y la vida de personas en situación de emergencia. Por su parte, los habitantes de La Macarena, deben desplazarse hasta San Vicente del Caguán, distante a más de 4 horas en vehículo y similar situación acusa el asentamiento Bello Horizonte en Lejanías. En el caso de Dokerá, asentamiento cerca del casco urbano de Granada, varios de sus integrantes no cuentan con el carnet respectivo y además refieren problemas manifiestos de discriminación al momento de demandar atención. Lo anterior es particularmente grave si se toma en cuenta que esta población vive en pésimas condiciones de salubridad por estar asentada sobre un relleno sanitario y las precarias viviendas carecen de todos los servicios públicos. Son frecuentes las cortadas e infecciones por las condiciones del terreno (vidrios y materiales punzantes enterrados) y los niños sufren frecuentemente diarrea y fiebre y se presentan casos de desnutrición. Por su parte, los asentamientos urbanos de Granada y Villavicencio tienen serios problemas alimentarios por los bajos ingresos que perciben las familias. En el Departamento de Caquetá, además de la falta de centros de salud en las veredas cercanas al Municipio del Caguán y de vías y medios de transporte hasta el casco urbano, se reporta una atención deficiente y problemas de discriminación. Pero especialmente en este departamento gran parte de la población embera, que se encuentra en situación de desplazamiento forzado, vive en condiciones precarias que las hace particularmente vulnerables. Viven en barrios de invasión (La Pradera, Honduras y País Amazonia), muchas de ellas sin servicios sanitario y de disposición de basuras, y sin acceso a agua potable y saneamiento básico en el caso de los asentamientos rurales (La Libertad, Cerinda y San Pablo), lo que genera graves problemas de salud, además de padecer enfermedades tropicales como el dengue, la fiebre amarilla o la leishmaniasis. Por lo demás, la situación de pobreza extrema de estas familias, determina que en su mayoría no tengan asegurada su alimentación y presenten graves problemas de desnutrición.

Los asentamientos de la región del Magdalena Medio acusan condiciones menos adversas y su población en conjunto registra una afiliación al sistema de salud que alcanza casi el 90% de sus habitantes. Sin embargo, en el caso de Mariquita, la mayoría de los vinculados al régimen subsidiado se encuentran ubicados en el nivel 1 y algunos en el 2, por lo que para la atención deben asumir copagos que no están en capacidad de sufragar. En el caso de Dachi Drúa, donde el 95% de la población se encuentra afiliada al sistema, los centros de atención se encuentran en los cascos urbanos a una o más horas de distancia en carro, por vías de difícil tránsito y son centros de primer nivel con precaria capacidad de atención. El caso más grave es el de la comunidad Kugurudó del Sur de Bolívar. Sólo el 37% de la población se encuentra afiliada al régimen subsidiado y no hay cobertura de ningún programa estatal y no estatal. Para la atención en salud deben desplazarse hasta el municipio de Nechí, a cuatro horas de distancia, y deben pagar la consulta. Una de las principales enfermedades que sufre esta población es el paludismo, que ha proliferado con la actividad minera en la zona. Se han presentado 7 muertes por falta de atención médica, entre ellos 5 menores de 6 meses por causas prevenibles o curables y 2 casos por cólera. Además de lo anterior, la población dispersa en su conjunto cuenta con un alto porcentaje de habitantes que por su edad presentan condiciones especiales de vulnerabilidad, como son primera infancia, mujeres en edad reproductiva y adultos mayores. Tabla 11 Población vulnerable por rangos de edad Departamento Comunidad Bolívar Kugurudó Boyacá Motordochaque Caquetá

Total

P.I.

M.E.R.

A.M.

Total

%

120

20

23

6

49

40,83

160

23

27

6

56

35,00

132

15

26

9

50

37,88

La Pradera

99

10

18

8

36

36,36

Honduras

141

25

43

6

74

52,48

San Pablo

53

6

9

2

17

32,08

El Cedrito

26

3

3

3

9

34,62

País Amazonia

47

8

7

2

17

36,17

La Libertad

La Cerinda

51

8

11

4

23

45,10

Casanare

Villanueva

39

7

11

2

20

51,28

Meta

La Julia

65

6

13

4

23

35,38

El Paraíso

85

6

19

10

35

41,18

Sn. Ant. Chamí

77

12

15

5

32

41,56

Bello Horizonte

15

4

3

1

8

53,33

Dokerá

50

2

9

4

15

30,00

Pobl. Urbana

26

1

4

0

5

19,23

Pobl. Urbana

45

5

10

2

17

37,78

Pobl. Urbana

28

1

5

0

6

21,43

Santander

Dachi Drúa

93

10

17

9

36

38,71

Tolima Total

Bianía

141 1.493

19 191

27 300

7 90

53 581

37,59 38,91

La población en condición de vulnerabilidad por rangos de edad muestra una tasa importante promedio del 38,9%, pero si se analizan algunos casos, ésta tasa supera porcentajes del 40 y hasta del 50% como en los asentamientos de Bolívar y Casanare; El Paraíso, San Antonio del Chamí y Bello Horizonte en Meta, y Honduras y La Cerinda en Caquetá. La característica común a todos los asentamientos rurales, distantes o cercanos a cascos urbanos, es que ninguno cuenta con puesto de salud ni con promotores. Asentamientos como Dokerá o los de La Uribe, cuentan con promotor capacitado pero no ejercen o lo hacen sin ninguna vinculación al sistema o tienen personas dispuestas para su formación (La Julia), pero carecen de recursos para garantizar su asistencia a los cursos en las ciudades donde estos se realizan. Además de que carecen de condiciones mínimas de salud y de puestos cercanos de atención, salvo los asentamientos cercanos a ciudades capitales (Florencia, Mariquita, Villavicencio) todos los demás deben asistir a centros de salud con precaria dotación y capacidad profesional, y en caso de requerir atención de segundo o tercer nivel, carecen de recursos para su desplazamiento y manutención y más aún para garantizar el acompañamiento de un familiar y no reciben ningún apoyo económico de la EPS ni del Municipio, a menos que medie acción de tutela. Vale resaltar en este punto que la afiliación al sistema de salud mediante el régimen subsidiado, en ningún caso reúne las características dispuestas en la Ley 691 de 2001 en cuanto a afiliación colectiva como comunidad indígena ni cuenta con el cubrimiento que la misma Ley ordena sobre POS adecuado cultural y geográficamente, cubrimiento del No POS con recursos del Fosyga, no copagos ni tasas moderadoras; subsidio alimentario a mujeres gestantes y niños hasta 5 años, y menos aún con proyectos productivos para recuperación nutricional, sistemas de comunicación, transporte y logística en zonas indígenas o casas de paso para acompañantes e intérpretes en casos de hospitalización y cirugía (2º y 3er. Nivel). De todo lo anterior resulta que a pesar del porcentaje de afiliación de la población embera dispersa, casi de manera contundente se podría afirmar que carecen de atención en salud. En las anteriores circunstancias la promoción y el cuidado de la salud debe recaer sobre los propios agentes comunitarios, pero en este caso, por la

situación de dispersión en que se encuentran, la mayoría de las comunidades han perdido sus prácticas y agentes tradicionales. Solo los asentamientos de El Paraíso, Dokerá y San Antonio del Chamí en Meta cuentan entre sus habitantes con Jaibaná, y en Motordochaque, Boyacá, con un aprendiz, dado que el Jaibaná con quien contaban, fue asesinado a principios de 2012. Esta comunidad además cuenta con partera que asiste todos los partos en la comunidad. Los asentamientos Bianía y Dachi Drúa en el Magdalena Medio, acuden con frecuencia a prácticas tradicionales de salud, y los habitantes de Kugurudó, deben viajar hasta el Alto Sinú para recibir atención del Jaibaná. Los demás asentamientos dispersos sólo acuden a la atención de la medicina occidental, en las condiciones descritas anteriormente. Muchos de ellos rechazan la figura y el papel del jaibaná, debido a que conflictos entre éstos, fueron determinantes del desplazamiento o la migración de sus territorios originarios. 5.2.

Prospectiva

Dada la complejidad jurídica del actual sistema de salud y la aparente situación favorable de la población por su vinculación mayoritaria al régimen subsidiado y un profundo desconocimiento de sus derechos como pueblos indígenas y aún como población en situación de desplazamiento, las propuestas de las comunidades se encaminan a solucionar aspectos concretos como la inclusión de todas las familias en RUPD para acceder a la atención en salud, la revisión de las irregularidades en la afiliación y la construcción de puestos de salud. Las comunidades que expresan contar con personas en capacidad de asumir como promotores en salud (Bianía, Dokerá, La Julia), reclaman su vinculación al sistema y las que carecen de ellas, reclaman la formación y vinculación de promotores Embera (Kugurudó). Todas las comunidades asentadas en espacios rurales, con o sin resguardo, requieren con urgencia un medio de transporte para desplazarse al casco urbano más cercano en casos de emergencia y, en general, garantizar la realización regular de brigadas médicas preventivas y de atención en salud. Una especial preocupación surgió con motivo de las actividades para la construcción del Plan de Salvaguarda por recuperar y/o fortalecer conocimientos y prácticas tradicionales de salud, independientemente de que cuenten o no con Jaibaná, y también de proyectos productivos adecuados culturalmente para superar las deficiencias alimentarias y superar los casos de desnutrición. 5.3.

Propuesta

La salud, como factor esencial para la supervivencia de los pueblos indígenas, está asociada indisolublemente a la tenencia tranquila de un territorio en

calidad y cantidad suficiente, de modo que sus habitantes puedan desarrollar todas sus prácticas productivas y culturales asociadas a la salud. En tal dimensión el primer aspecto a considerar en este Plan para salvaguardar la pervivencia física y cultural de los embera dispersos por la geografía nacional, pasa por solucionar su problemática territorial en los términos y tiempos propuestos que se demandan en el capítulo primero. Sin este componente resultarán inútiles las propuestas en materia de asistencia en salud y promoción de la medicina tradicional, pues no se habrán generado las condiciones para que estas familias sean las principales promotoras de su bienestar físico y espiritual. En este capítulo, el primer componente a considerar para mejorar sustancialmente el estado de la salud de la población embera dispersa, es el de la seguridad alimentaria. Aunque los pobladores de los asentamientos rurales se dedican básicamente a la agricultura, la falta de tierras productivas y de apoyo a su productividad determina que no tengan garantizada su alimentación y presenten signos importantes de desnutrición con el componente de vulnerabilidad que esta situación adiciona a sus condiciones de vida. Por ello resulta vital para estos asentamientos durante el proceso de solución a sus derechos territoriales, la identificación de tierras fértiles suficientes para generar una base alimentaria sólida y el apoyo especializado para la recuperación y/o fortalecimiento de sus sistemas productivos tradicionales, su adaptación a las condiciones ecosistémicas y económicas en los que hoy están inmersos y la diversificación de fuentes nutricionales. Paralelo a lo anterior, se requiere dotar a todas las comunidades de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico tanto en los asentamientos rurales como en los urbanos, para lo cual será necesario el concurso de las administraciones municipales. En el marco de lo dispuesto por la Ley 691 de 2001 sobre el sistema de atención en salud para los pueblos indígenas, la propuesta se dirige a garantizar su plena aplicación a esta población, de manera adecuada a sus condiciones geográficas y culturales. 5.4.

Acciones a desarrollar

a. Asistencia técnica y acompañamiento especializado para identificar, promover y mejorar prácticas productivas con destino a la producción sostenida y sostenible de alimentos. Durante el primer año, se deberá brindar apoyo en terreno por lo menos con una visita mensual a cada asentamiento para analizar el estado de la producción alimentaria y las posibilidades de ampliación de la base productiva y las adecuaciones tecnológicas que se requieran. b. Agua potable y saneamiento básico

c. Atención en salud:  Acompañamiento organizativo y jurídico a la gestión con las administraciones municipales y las EPS de la afiliación colectiva de los asentamientos indígenas en los términos de la Ley 691 de 2001, involucrando la atención en todos los niveles y los componentes de promoción y prevención adecuados cultural y geográficamente, que incluya:  Concertación de la ruta para la atención integral de la población de cada asentamiento, en todos los niveles de atención y generación de un instrumento común que facilite su aplicación.  Construcción y dotación de puestos de salud en todos los asentamientos distantes de los cascos urbanos y contratación de los promotores disponibles por tales asentamientos o de terceros mientras se forman sus propios promotores.  Realización periódica de brigadas de salud a los asentamientos.  Asignación de recursos precisos para sufragar gastos de desplazamiento para situaciones de emergencia para el paciente y un acompañante y para su estadía durante la atención de segundo y tercer nivel en centros urbanos. De acuerdo con el volumen de la población, dotar una ambulancia que pueda cubrir oportunamente las emergencias para los asentamientos más distantes.  Acuerdo sobre responsabilidades en materia de apoyo y seguimiento a la atención en salud indígena en cada cabecera municipal y a nivel departamental, y vinculación de personal indígena orientador y traductor en los principales centros de atención.  Asignación del subsidio alimentario a todas las mujeres gestantes y todos los niños menores de 5 años. d. Diseño e implementación de un programa nacional de formación de promotores embera de la salud. e. Diseño, formulación y aplicación de un programa metodológico y de contenidos para apoyar la promoción, recuperación y/o fortalecimiento de las prácticas medicinales propias del pueblo Embera, incluyendo visitas de Jaibanás de otras regiones, impulso a la formación de huertas de plantas medicinales. f. Talleres de capacitación sobre el derecho a la salud de los pueblos indígenas, al menos uno por cada asentamiento, dos para líderes a nivel departamental y regional y dos más a nivel nacional sobre salud

indígena y el régimen se seguridad social en salud indígena, como base para la articulación de los embera dispersos a las dinámicas nacionales de concertación sobre el SISPI. g. Integración de representantes de los asentamientos dispersos a los comités de salud municipales y departamentales. h. Producción de materiales de capacitación y difusión, al menos dos cartillas, una sobre derecho a la salud de los pueblos indígenas y otra sobre promoción, recuperación y/o fortalecimiento de las prácticas medicinales propias del pueblo Embera.

6. Fortalecimiento de la identidad cultural y la educación La Organización Nacional Indígena de Colombia, en los últimos años, viene alertando insistentemente sobre el inminente riesgo de desaparición de los pueblos indígenas de Colombia. Tal como lo ha planteado Luis Evelis Andrade, la extinción de un pueblo indígena no es un acto meramente físico, ni exclusivo de la violencia armada. La extinción cultural o el etnocidio es también una forma de desaparición del pueblo. El inminente riesgo de desaparición cultural de varios pueblos indígenas, constituye uno de los ejes centrales analizados por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009. Entre los pueblos que cita expresamente la Corte cuya existencia cultural se encuentra seriamente amenazada, está precisamente el pueblo Embera. El conflicto armado que se desarrolla en sus territorios ancestrales y que los sigue en los territorios donde se asientan luego de sus primeros desplazamientos, la inseguridad alimentaria a que se encuentran sometidos con los consecuentes derivados de desnutrición y afecciones a la salud, y la sistemática desatención de su problemática, constituyen los principales riesgos que amenazan su existencia física. Pero además de esto, la Corte llama la atención sobre el riesgo de desaparición cultural derivada de los procesos de desterritorialización y desintegración social y cultural a que se ven sometidos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Afirma la Corte: Por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural de estos grupos, el desplazamiento forzado genera un claro riesgo de extinción, cultural o física, de los pueblos indígenas. Los que ya estaban en riesgo con anterioridad al impacto del conflicto armado, se acercan al fin; los que no, entran en la categoría de alto riesgo de extinción cultural y física.” (Auto 004 de 2009, pag. 12) Es por ello que la ONIC insiste en que la desterritorialización es la pérdida no solo de un espacio de supervivencia física sino la del espacio de integración socio-cultural como elemento distintivo para la existencia de un pueblo indígena. Lo anterior se puede verificar en la situación que acusa la población embera dispersa por la geografía nacional a causa de factores estructurales en sus territorios ancestrales. 6.1.

La situación cultural de los asentamientos dispersos

Si bien uno de los rasgos culturales característicos de los embera es la movilidad territorial, su dispersión geográfica es un fenómeno que se desata con particular énfasis en las zonas donde se desarrolla la violencia armada, iniciada en los años 60. Paralelo con la violencia armada, el pueblo Embera y gran parte de sus territorios ancestrales para entonces no titulados son objeto de la presión por diversos intereses económicos o políticos por su ubicación estratégica. Desde entonces y hasta el presente sus territorios son considerados espacios para la expansión de proyectos económicos, legales e ilegales y para la guerra.

La historia común de los 4 pueblos que hoy forman parte de la nación embera (Katío, Chamí, Eperara Siapidara y Dobidá), originarios de la región del rio San Juan en zonas limítrofes entre los departamentos de Risaralda y Chocó, en las últimas décadas los ubica en 18 departamentos del país, entre éstos en asentamientos aislados en los departamentos de Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Meta, Santander y Tolima. La desterritorialización de las familias embera dispersas en estos departamentos ha generado un proceso de integración forzada y desigual con la sociedad mayoritaria, con graves repercusiones sobre su integridad cultural. Después de 8, 15 y hasta 20 o más años de asentamiento en lugares fuera de sus territorios ancestrales, y en muchos casos en centros urbanos en condición de desplazados, sin posibilidades de retorno y sin ninguna atención por parte de instituciones estatales o privadas, se observan claros signos de cambio y desintegración cultural. La ruptura de la transmisión cultural, especialmente de la lengua es notoria en las generaciones de niños y jóvenes que han crecido fuera de sus territorios en condición de marginalidad y de enajenación cultural. Las nuevas generaciones en un alto porcentaje han crecido en el jornaleo en lugar de las faenas económicas tradicionales o en la prestación de servicios domésticos en el caso de las mujeres o en el comercio informal, actividades que no solo los integra a la sociedad mayoritaria sino que implican su asimilación en condiciones de subordinación. La situación de permanente vulneración de sus derechos y la falta de atención diferencial enmarcada en los referentes culturales y en el sujeto colectivo durante períodos prolongados, además de reforzar los patrones etnocentristas y excluyentes de la sociedad dominante, puede implicar la “normalización” de tal condición en las nuevas generaciones, con el consecuente efecto de falta de iniciativa para impulsar procesos de reflexión, de resistencia o reclamación y de dinamización cultural y colectiva. Uno de los factores determinantes en los procesos de aculturación es la inexistencia de procesos educativos adecuados culturalmente y la vinculación de un alto porcentaje de niños embera al modelo educativo que se imparte en escuelas oficiales. De los 19 asentamientos dispersos en estos departamentos, ninguno cuenta con proceso de educación propia ni con maestros formados para la enseñanza en idioma propio. Solamente en el caso de La Macarena, en uno de los predios que ocupa la comunidad San Antonio del Chamí, se impulsa un proceso de fortalecimiento cultural que pasa por la existencia de proyecto educativo con escuela y maestro embera. Los demás asentamientos, incluidas las familias de la Macarena que ocupan el otro predio, no cuentan con escuela, o no cuentan con maestro embera (La Uribe) por lo que no tienen opción diferente que acceder a la escuela más cercana.

Tanto las comunidades dependen de la oferta educativa estatal que se imparte a la población del respectivo municipio. Además de ello, el acceso a dicha escuela presenta grandes dificultades para la población rural por las distancias que implican para los alumnos. Solo las comunidades de La Julia y el Paraíso, San Antonio del Chamí en uno de sus predios, La Libertad y La Cerinda cuentan con escuela en sus sitios de asentamiento, pero estas se encuentran en muy mal estado, no cuentan con las condiciones básicas sanitarias, ni disponen de materiales educativos. Todos los demás asentamientos deben acudir a las escuelas de las veredas cercanas y en la mayoría de los casos deben sufragar los costos de la educación. El acceso a la educación básica oficial es menos restringido para los asentamientos urbanos, pero en su mayoría deben sufragar los gastos que esto representa y además es factor decisivo para que las nuevas generaciones asuman la vida urbana. Esto incide de manera directa en los niveles de escolaridad de la población entre 5 y 14 años. La desescolarización alcanza un porcentaje general cercano al 20%, pero se evidencia en porcentajes elevados para los asentamientos rurales. Tabla 12 Nivel de escolaridad Departamento

Comunidad

Población No 5 a 14 escolarizada años

%

Bolívar

Kugurudó

35

25 71,43

Boyacá

Motordochaque

58

14 24,14

Caquetá

La Cerinda

15

11 73,33

El Cedrito

9

0

0,00

Honduras

27

0

0,00

San Pablo

17

8 47,06

País Amazonia

14

0

La Libertad

51

La Pradera

52

0,00

15 29,41 4

7,69

Casanare

Flia. Onogama

Meta

Dokerá

13

0

0,00

La Julia

22

0

0,00

El Paraíso

30

4 13,33

6

1 16,67

Bello Horizonte

2

0

0,00

Sn. Ant. Chamí

23

0

0,00

Granada

12

0

0,00

Villavicencio

15

0

0,00

Otros mpios.

10

0

0,00

Santander

Dachi Drúa

31

8 25,81

Tolima

Bianía

46

6 13,04

488

96 19,67

Total

Las deficiencias en el acceso a la educación de esta población se reflejan también en los niveles de analfabetismo, medidos en la población adulta, que entre los embera es la que supera los 15 años de edad. Como en la medición anterior, el porcentaje global de analfabetismo supera el 27%, pero en los asentamientos rurales supera el 30% y algunos llegan a superar el 50% o más del total de su respectiva población. Tabla 13 Nivel de analfabetismo Departamento

Comunidad

Adultos Pobl. más de Analfabeta 15

%

Bolívar

Kugurudó

60

50

83,33

Boyacá

Motordochaque

75

39

52,00

Caquetá

La Cerinda

28

6

21,43

El Cedrito

14

6

42,86

Honduras

89

25

28,09

San Pablo

30

0

0,00

País Amazonia

25

9

36,00

La Libertad

66

0

0,00

La Pradera

37

13

35,14

Casanare

Flia. Onogama

26

8

30,77

Meta

Dokerá

35

0

0,00

La Julia

37

10

27,03

El Paraíso

49

10

20,41

Bello Horizonte

9

0

0,00

Sn. Ant. Chamí

42

13

30,95

Granada

13

3

23,08

Villavicencio

25

0

0,00

Otros mpios.

17

0

0,00

Dachi Drúa

52

20

38,46

9

11,84 27,45

Santander Tolima

Bianía Total

76 805

221

En la historia del pueblo Embera, la educación originalmente en poder de la iglesia católica, se constituyó en uno de los más importantes escenarios para aprender la sumisión y la reducción cultural. Las primeras instituciones educativas tenían por objeto explícito la asimilación cultural, particularmente mediante la conversión del “salvaje impío” en cristiano bautizado. Pese a los significativos pasos dados por el movimiento indígena regionales y nacional en materia de educación indígena reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos inexistencia o deficiencia de establecimientos educativos en

en los niveles propia, y al indígenas, la los territorios

indígenas y los contenidos y la calidad de la educación, continúan siendo un factor determinante de aculturación o exterminio cultural y de la exclusión que padecen los pueblos indígenas. Con mayor razón, los asentamientos embera dispersos evidencian situaciones de discriminación, estigmatización e incluso agresión por su identidad indígena y por ser desplazados, aspecto que contraría abiertamente el derecho a la educación. Si bien ya se ha referido que buena parte de los asentamientos dispersos conservan importantes rasgos de la identidad cultural, también se ha mencionado como otros asentamientos viven un acelerado proceso de aculturación o de desintegración cultural, lo cual está asociado a las condiciones de la educación. A excepción de los asentamientos en Puerto Boyacá y Bolívar, y Dokerá y San Antonio de Chamí en Meta, los demás están fuertemente articulados a dinámicas kapunía y se encuentran en proceso de pérdida del idioma. El mestizaje con población no embera residente en sus nuevos lugares de vida, es uno de los factores que inciden en tal proceso, especialmente en los casos de unión entre mujer embera y hombre kapunía quienes perciben el embera bedea como “hablar feo” y prohíben enseñarlo a sus hijos. Es el caso de varios asentamientos cercanos a cabeceras municipales, como Bianía, Dachi Drúa, Villanueva, los asentamientos de La Uribe y otros en Caquetá. En estos asentamientos el conocimiento del emberabedea se reduce a personas mayores y éstas limitan su uso en el espacio estrictamente habitacional, por lo que los descendientes en el mejor de los casos lo entienden pero no lo hablan. Paralelo al desuso de la lengua propia y a los factores descritos relacionados con la educación formal, se presenta en los asentamientos dispersos la interrupción del proceso de generación y transmisión de conocimientos tradicionales. El proceso de desterritorialización determina que gran parte de sus conocimientos pierdan vigencia y entren en desuso. El territorio y sus recursos son fuente de tales conocimientos y a su vez el manejo de aquellos los demandan. De esta manera, saberes asociados al territorio, como las plantas medicinales o la producción y utilización de determinados recursos alimentarios, están en la memoria de los que salieron del territorio ancestral pero no se practican ni se transmiten en los nuevos sitios de asentamiento. Ligado también al territorio se evidencia la pérdida progresiva de los sistemas productivos tradicionales y la sustitución paulatina de la cultura de autoabastecimiento y de intercambio por el modelo de mercado y consumo que caracteriza a las regiones donde tienen asiento. Se consume lo que se compra, no lo que se cultiva. El maíz, el plátano o el pescado, por ejemplo, productos principales de la dieta alimentaria embera, casi desaparecen de ésta o se adquieren y a precios elevados.

Aunque la mayor parte de los asentamientos rurales mantiene prácticas agrícolas y en algunos casos la cría de especies menores, solo en contadas excepciones se practica la caza o la pesca, pues debido a la carencia de territorio se ven obligados a convertirse en trabajadores asalariados, en muchos casos en condiciones de explotación. En el caso de los asentamientos urbanos se evidencia además la transformación de la familia extensa como unidad de producción a la familia nuclear como unidad de rebusque. Obligados a procurarse los recursos que demanda la vida en la ciudad, los integrantes de la familia en su conjunto deben generar ingresos, regularmente en condiciones de marginalidad y explotación, pues su aporte es vital dentro de la nueva economía familiar. En algunos casos los adultos mayores participan de esta dinámica vinculándose a labores como el reciclaje o el comercio informal en las calles de los centros urbanos donde viven en la actualidad. 6.2.

Prospectiva

Territorio y cultura son dos elementos íntimamente ligados para los pueblos indígenas, pues el territorio es la base fundamental para la pervivencia del pueblo tanto en lo físico como en lo cultural. En este sentido, las acciones de salvaguarda del sujeto cultural pasan por resolver la desterritorialización que viven estos asentamientos dispersos. En relación con esta crítica situación las propuestas de las comunidades comprenden en su abanico el retorno en unos casos, la reubicación en otros, a la dotación de un territorio que les permita consolidar y proyectar los asentamientos actuales, tal como se propone en los capítulos precedentes. Sin la resolución del problema territorial, no es factible abordar con éxito la salvaguarda de su existencia cultural. No obstante existen situaciones que no dan espera, cuya solución debe proyectarse paralelo a lo anterior. Todas las comunidades son conscientes que uno de los grandes desafíos para la recuperación cultural es la implementación de un modelo educativo propio en el menor tiempo posible. Las comunidades reclaman un programa exclusivo para la capacitación de maestros indígenas, así como capacitaciones desde la cosmovisión embera para la construcción tradicional de escuelas, garantizando que todas las comunidades cuenten en su territorio con su escuela propia con maestro bilingüe. También consideran necesaria la capacitación y dotación de sistemas virtuales vinculados a la educación. Las comunidades manifiestan como una prioridad garantizar la educación hasta la culminación del bachillerato y el acceso a la educación superior. Para esto último reclaman facilidades de acceso a los fondos departamentales para estudios superiores. Con respecto al fortalecimiento cultural, las propuestas se dirigen a la recuperación y transmisión de conocimientos tradicionales, especialmente enlazado este proceso con la salud, y reclaman espacios a nivel municipal y

departamental para dar a conocer los procesos culturales de los embera y a nivel nacional realizar intercambio con los pueblos y organizaciones de sus territorios de origen. También plantean la capacitación para perfeccionar sus artesanías y su incorporación en otros productos (textiles). Por su parte, los jóvenes de algunas comunidades reclaman la implementación de espacios de articulación para ellos y para la recuperación del idioma entre niños y niñas. Tales demandas exigen de las autoridades y líderes la definición de estrategias de cara a las nuevas generaciones que vienen creciendo sin memoria de su condición étnica, en situación de desterritorialización y de aculturación. 6.3.

Propuesta

Los pueblos indígenas, a través de la Comisión Nacional de Trabajo y Concertación de la Educación para los Pueblos Indígenas (CONTCEPI) se han propuesto como reto reemplazar la educación oficial interesada en imponer otros valores, por una educación que fortalezca la identidad y el sentido de pertenencia: Cuando hablamos de educación propia entendemos aquella educación donde aprendemos a ser indígenas Sikuani, Wayuu, Tule, Nasa, Embera, Witoto, Wiwa, Curripaco, Pijao, Zenú y todo ser indígena en general... En tal dimensión la educación debe enmarcarse en los procesos culturales, de respeto a las autoridades propias y a la madre tierra, dentro de los principios de territorio, autonomía y cultura que orientan a los pueblos indígenas. En esta dirección, se viene construyendo el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) entendido como el conjunto de procesos que recogen el pasado, antepasado y presente de los pueblos, las cosmogonías y los principios que los orientan, proyectando un futuro que garantice la permanencia cultural y la pervivencia como pueblos originarios. (Perfil CONTCEPI, 2009:25) Con mayor razón los asentamientos dispersos, por el riesgo de extinción cultural en que se encuentran, deben acceder a un modelo de educación propia, cuya construcción no da espera. En este sentido, el Plan de Salvaguarda contempla los elementos necesarios para que el pueblo Embera cuente con un proyecto educativo propio, incluyendo los mecanismos adecuados para garantizar como mínimo la educación básica primaria en sus propios territorios y en lo posible también la educación secundaria y media y, de no ser posible esto último, el acceso en condiciones adecuadas económica, geográfica y culturalmente en las cabeceras más cercanas a sus territorios. Para ello, se propone la estructuración y ejecución de un proceso para la construcción del proyecto educativo embera, la formación de maestros embera, la construcción o la adecuación de establecimientos educativos en los territorios de estas comunidades y las garantías para el acceso y permanencia de los estudiantes y de los maestros embera que se formen.

Mientras el proyecto educativo se construye es indispensable que se generen condiciones en las escuelas donde actualmente acuden para que no sean objeto de discriminación y, al contrario, puedan asumirse como un período de transición hacia el proyecto educativo propio. En este sentido es necesario desarrollar actividades de capacitación con los maestros actuales, a fin de que comiencen a incorporar elementos de atención diferencial a esta población. Con relación a la población adulta se propone el diseño e implementación de un programa de alfabetización y capacitación acorde a las particularidades de la población beneficiaria. Por último, se propone el desarrollo de un proceso de recuperación y fortalecimiento cultural, contemplando acciones dirigidas a promover el uso de la lengua maternay las prácticas tradicionales que han entrado en desuso; la reapropiación y difusión de las expresiones culturales, tanto en lo simbólico como en lo material y realizar ejercicios colectivos de recuperación de la memoria histórica. 6.4.

Acciones a desarrollar

a. Proyecto Educativo Embera 

Diseño e implementación de un proceso para la construcción de proyectos educativos propios de acuerdo al contexto, las particularidades poblacionales y a la situación de escolaridad de cada comunidad. El proyecto será concertado entre los asentamientos a nivel departamental o regional y consolidado a nivel nacional para su ejecución paralela y coordinada.



Diseño e implementación de un programa nacional de formación de maestros embera y su posterior vinculación con garantías de permanencia en los centros educativos de las comunidades.



Construcción de escuelas adecuadas culturalmente y adecuación y mejoramiento de las que actualmente existen. Para el caso específico de la comunidad de San Antonio de Chamí, es necesario la adecuación de la escuela con que cuentan en uno de los dos predios que ocupan (Maloka San Antonio) para que pueda recibir como internos a los alumnos que viven en el otro predio (Caño Azul), distante a dos horas por camino de herradura.



Diseño y producción de materiales pedagógicos acordes con el modelo educativo que se defina.



Condiciones adecuadas de alimentación escolar y otras que se identifiquen para garantizar la participación y permanencia de los niños y jóvenes en las escuelas.

b. Solución a problemática educativa actual Mientras se satisfacen a cabalidad los anteriores puntos, en conjunto los equipos de apoyo identificarán las falencias educativas actuales y apoyarán la gestión de las comunidades con los entes competentes a nivel local, departamental y nacional para la solución inmediata de las mismas, comprendiendo: 

Diseño e implementación de un programa de capacitación de los maestros de las escuelas a las que actualmente asiste la población embera y garantizar apoyo y acompañamiento para la adecuación de las dinámicas y contenidos educativos. Esta capacitación deberá incluirse como criterio para el escalafón, a manera de incentivar a los maestros.



Diseño y producción de materiales audiovisuales para la educación formal y no formal y de cartillas para complementar la educación formal mientras se construye e implementa el modelo educativo propio.



Dotación de las comunidades con medios virtuales para la educación y la comunicación y capacitación en la materia.



Garantías de acceso a la educación superior para los bachilleres mediante la flexibilización de los requisitos para acceder a cupos y a becas a nivel departamental y nacional.



Diseño e implementación de un programa de alfabetización y capacitación de población adulta, adecuado a la disponibilidad de tiempo de esta población y a sus necesidades específicas de formación.

c. Fortalecimiento de identidad cultural 

Programación en cada comunidad de actividades comunitarias con todas las familias para promover el uso de la lengua materna, las prácticas tradicionales y la recuperación de memoria. Estas actividades se deberán realizar los días previos o posteriores a las asambleas bimestrales consideradas para el fortalecimiento organizativo.



Diseño e implementación de un programa dirigido a la articulación de los jóvenes en cada asentamientos y entre los diversos asentamientos a nivel departamental y nacional.



Realización de encuentros anuales, tipo festival cultural, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, para la promoción de las

expresiones culturales del pueblo Embera en danza, música y canto, tejido y otros. 

Apoyo a la producción artesanal y capacitación para el perfeccionamiento de diseños de las artesanías y su incorporación en otro tipo de producción (textil, cuero).

7. Derechos humanos humanitario 7.1.

fundamentales

y

derecho

internacional

La situación y afectaciones de los asentamientos dispersos

Dada la situación que ya se ha explicitado en la primera parte de este plan, la población embera dispersa es toda afectada gravemente por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. En las regiones y territorios que ocupan actualmente se desarrolla el conflicto armado que azota el país con gr aves afectaciones a su existencia. Las violaciones a los DDHH e infracciones al DIH por parte de los actores armados legales e ilegales es sistemática y la presencia estatal se reduce a la Fuerza Pública, mientras los organismos encargados de la protección de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, así como los llamados garantizar condiciones de vida de la población, como el Ministerio del Interior, entre otros, no tienen ningún tipo de presencia ni acuden frente a los llamados de denuncia para la verificación de la situación o el acompañamiento o apoyo a la población. Como se ha hecho notar, los asentamientos embera dispersos en general no reciben asistencia humanitaria ni los otros apoyos a los que por ley tienen derecho, y carecen de la información necesaria para la exigencia de garantías a sus derechos fundamentales individuales y colectivos como pueblos indígenas. El conflicto armado se mantiene con fuerza en los territorios donde se encuentran asentadas las comunidades de La Julia y El Paraíso (La Uribe), San Antonio de Chamí (La Macarena) y Bello Horizonte (Lejanías), Meta; y en San Vicente del Caguán, Caquetá. A pesar de los intensos operativos militares que se desarrollan en esas zonas, se mantiene la presencia y movilidad de las FARC. La siembra de minas anti personas es permanente como estrategia para contener la ofensiva de la Fuerza Pública con el peligro inminente para la población. El aumento de presencia de la Fuerza Pública para recuperar el control del territorio, ha traído graves consecuencias sobre la seguridad e integridad de la población que se encuentra en medio de las partes en conflicto. En similar situación se encuentra la población de Kugurudó en el Sur de Bolívar, que aunque no reporte muchas situaciones de vulneración a sus derechos humanos o infracciones al DIH, se encuentra en situación de alta vulnerabilidad no solo por el conflicto armado sino además por el avance de la explotación minera en la región del río Caribona en los últimos 4 años, con graves impactos sobre el ambiente y la salud, la vulneración de sus derechos colectivos al territorio y a la autonomía, y el riesgo inminente de que se desaten o incrementen acciones de violencia. En todas estas regiones, es urgente la presencia civil del Estado para acompañar y verificar el respeto de los DDHH y garantizar medidas de

prevención de violaciones. En varias de las zonas afectadas por el conflicto, particularmente en los casos de La Uribe, las comunidades han reclamado el acompañamiento humanitario, pero la Defensoría del Pueblo manifiesta no contar con presupuesto para otorgarlo. El Estado en su conjunto y en particular las instituciones competentes en materia de protección de derechos humanos, deben asumir la responsabilidad de vigilar con especial atención el comportamiento de la Fuerza Pública en territorios indígenas y garantizar investigaciones y sanciones por los hechos cometidos por sus integrantes. Por su parte la Presidencia de la República a través de su dependencia encargada, debe establecer mecanismos de coordinación y seguimiento para el reconocimiento y caracterización de estas poblaciones dispersas, actualmente en peligro de exterminio físico y cultural. Se debe hacer énfasis en la población desplazada ubicada en centros urbanos, pues el impacto cultural que este desplazamiento tiene es mucho más fuerte y mayor el riesgo de desintegración cultural. Además de la vulnerabilidad en que se encuentran estas poblaciones, se presentan casos que exigen reparaciones individuales o familiares: -

La comunidad de Bianía, Tolima, en el período comprendido entre los años 1995 y 2008 ha sido víctima de 5 homicidios, una desaparición y una mina anti persona, en hechos atribuidos tres a la guerrilla y tres a la AUC. Todos los hechos fueron denunciados y solo por 2 han obtenido reparación las respectivas familias. El 39% de su población no está incluido en el RUPD. El 61% que sí está registrado no ha accedido a ayuda humanitaria por parte del Estado.

-

La comunidad de Dachi Drúa de Santander, en el período comprendido entre los años 1988 y 2011 ha sido víctima también de 4 homicidios, 5 desapariciones y una mina anti persona. De estos hechos uno se atribuye a la guerrilla (desaparecido) y dos a los paramilitares (homicidio y desaparición). De los hechos restantes, no se sabe su autoría. Sólo dos de estos hechos fueron denunciados y por uno de los homicidios la familia de la víctima obtuvo reparación. Se está a la espera de la reparación de otros tres y orientación en el caso de las 4 desapariciones. Esta población, salvo algunas personas aisladas, no se encuentra en el RUPD y no han recibido ningún tipo de ayuda humanitaria.

-

El asentamiento actual en Villanueva, Casanare, fue desplazado de La Julia por el homicidio su autoridad tradicional, Misael Onogama, por parte de las FARC. La comunidad no denunció los hechos y no se encuentra en el RUPD. Por tanto, no recibe ningún tipo de ayuda institucional y aunque no presentan quejas en el marco de DDHH o DIH por estar ubicados en la cabecera municipal, es urgente su reubicación.

-

En el período comprendido entre los años 1986 y 2002 la comunidad de Motordochaque, Puerto Boyacá, ha sido víctima de 4 homicidios y dos desapariciones, en hechos atribuidos a la guerrilla (dos homicidios), a los paramilitares (un homicidio y las dos desapariciones) y a la Fuerza Pública (un homicidio). Sólo dos de estos hechos fueron denunciados y por ninguno han reclamado reparación. El 74% no se encuentra en el RUPD. Aunque no reportan violaciones a los DDHH ni infracciones al DIH en el sitio de asentamiento actual, algunas familias de uno de los troncos familiares que conforman este asentamiento han intentado en vano retornar a sus lugares de origen y requieren reubicación.

-

La Comunidad Kugurudó, Bolívar (Quebrada Arizá) ha sido víctima de dos homicidios, uno de ellos atribuido a la Fuerza Pública como “falso positivo”, habiendo sido desaparecido el cadáver de la víctima. Solo el último fue denunciado y no han recibido ninguna reparación. .

-

Comunidad Bello Horizonte, Lejanías, reporta el homicidio del líder de la comunidad Luis Eduardo Yagarí, el cual fue denunciado y se encuentra en la base de datos de Acción Social, pero no se ha recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado y no se encuentran registrados en el RUPD, por lo cual no han recibido ayuda humanitaria. La comunidad de La Pradera, Caquetá, registra dos desplazamientos masivos en el período comprendido entre 1975 y 1990 y uno más, definitivo, en el año 2004, desde cuando se encuentran en el casco urbano de San Vicente. Una de las familias adscritas a la comunidad que se encuentra en zona rural, vive cotidianamente los combates entre la guerrilla y la fuerza pública, ametrallamientos desde helicópteros, amenazas y bloqueo de alimentación, requisas y abusos por parte del Ejército. Hace un año, se registró el asesinato de un indígena y en los últimos meses una persona fue amenazada, por lo cual se desplazó a la cabecera.

-

La Comunidad de La Cerinda, Caquetá reporta dos homicidios y una desaparición forzada en el período comprendido entre 2000 y 2011, hechos que fueron denunciados pero no reparados. Ninguno de sus habitantes se encuentra inscrito en el RUPD. 7.2.

Prospectiva

Los representantes de los asentamientos dispersos identifican como una necesidad urgente la verificación de las situaciones particulares de violaciones a DDHH e infracciones al DIH en las zonas donde se desarrolla el conflicto armado, con participación de los organismos de Derechos Humanos, como base para la definición de un plan de atención con enfoque diferencial orientado a la prevención del desplazamiento y de violaciones de DDHH e infracciones al DIH a ser implementado por el Ministerio del Interior bajo el acompañamiento y supervisión de las instituciones competentes a nivel

municipal y regional (Personerías, Procuraduría Regional y la Defensoría Regional) en su calidad de garantes de sus derechos fundamentales. Como parte de esta estrategia, piden involucrar la presencia en los territorios afectados de organismos humanitarios y otras instituciones gubernamentales y establecer canales de comunicación con la Fuerza Pública para el respeto irrestricto de los derechos de los pueblos indígenas, de modo que sus acciones no constituyan un riesgo mayor para su vida, libertad e integridad cultural. También reclaman capacitaciones en DDHH y DIH a las comunidades para crear mecanismos de denuncia y visibilización de su situación y demandan apoyo para realizar intercambios de experiencias para la construcción de estrategias de resistencia y autoprotección, implementación y/o fortalecimiento de la guardia indígena en los asentamientos en que se gesta esta iniciativa (La Julia, El Paraíso y San Antonio de Chamí), conformación de una red de apoyo con otras organizaciones indígenas y con organizaciones no gubernamentales para definir mecanismos y canales de comunicación en materia de exigibilidad y denuncia. 7.3.

Propuesta

Para que las propuestas de estas comunidades puedan ser implementadas efectivamente en pos de sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, se requiere: a. Acompañamiento organizativo y asesoría jurídica especializada. Este acompañamiento deberá estar a cargo de la ONIC y tiene por finalidad que las comunidades puedan tramitar sus reclamaciones ante el Estado y definir los mecanismos a implementarse en cada caso para la prevención del desplazamiento y de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, tarea que se deberá desarrollar en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Específicamente deberá contar con el acompañamiento y asesoría para:  Incorporar la totalidad de la población en estos asentamientos dispersos al registro de población afectada por el desplazamiento bajo los nuevos parámetros establecidos en el D.L. 4633 DE 2011 para su debida atención y para que pueda obtener las reparaciones a que tiene derecho.  Tramitar las reparaciones individuales y familiares y hacer seguimiento hasta su completa culminación.  Apoyar la gestión de las comunidades y organizaciones con las autoridades nacionales competentes para la definición de la estrategia de prevención del desplazamiento y de violaciones de DDHH e infracciones al DIH y de atención integral en los casos que se presenten.

 Apoyar la gestión de las comunidades y organizaciones con las autoridades municipales y regionales de mecanismos específicos de protección y de atención en casos de emergencia, enmarcados en la estrategia de prevención definida con las autoridades nacionales.  Apoyar las acciones de denuncia y reclamación de nuevas violaciones a los derechos humanos.  Hacer seguimiento a los procesos de investigación que se inicien con motivo de las violaciones a los derechos humanos de la población.  Brindar las capacitaciones que demandan las comunidades sobre derechos humanos y DIH, generar estrategias propias de protección e instrumentos para facilitar la presentación de denuncias en los casos en que se presenten amenazas o vulneraciones.  Apoyar la conformación de redes de apoyo a nivel local, regional y nacional para la defensa y protección de sus pobladores y para el desarrollo de las acciones de denuncia y exigibilidad. b. Comunicación Dotación a todos los asentamientos de canales adecuados de comunicación para su defensa y protección en situaciones de emergencia. c. Rutas especiales de atención Definición de rutas especiales de atención en situaciones de emergencia, que identifiquen acciones a desarrollar, autoridades responsables y asignación de recursos para la movilización y la atención adecuada de los afectados. d. Plan de acompañamiento Diseño, formulación e implementación de un plan de acompañamiento adecuado a los diferentes contextos, que contemple:  Talleres trimestrales de capacitación en cada asentamiento.  Al menos dos encuentros por año de autoridades y líderes indígenas en cada departamento o región, para el seguimiento de la situación y definición de acciones de promoción, defensa y protección frente a violaciones.  Al menos un encuentro nacional con representantes de las organizaciones indígenas de sus territorios ancestrales o de otros pueblos, para el intercambio de experiencia sobre estrategias de resistencia y protección.

8. Requerimientos Para la implementación de las propuestas de los asentamientos dispersos al Plan de Salvaguarda del Pueblo Embera, se requiere lo siguiente: 8.1.

Coordinación nacional y apoyo organizativo



Conformación de un equipo permanente de coordinación nacional integrado por un dirigente embera nacional, un abogado y dos profesionales del área social. A este equipo deberá integrarse un responsable por cada departamento o región quién se encargará de coordinar la gestión del equipo nacional con sus respectivos asentamientos.



Fondo de apoyo a la realización de las asambleas y talleres por asentamiento, incluidos los de fortalecimiento organizativo, salud y educación y derechos humanos, para cubrir gastos de alimentación, de papelería y comunicaciones y gastos de viaje para al menos dos integrantes del equipo dinamizador. La programación de las asambleas se realizará de tal manera que los responsables del equipo dinamizador puedan participar de manera consecutiva en las asambleas de los asentamientos de la respectiva región o zona.



Fondo para la realización de los talleres y encuentros departamentales y nacionales con líderes y/o delegados de las organizaciones del pueblo Embera, para sufragar gastos de transporte, hospedaje y alimentación de todos los participantes y papelería y comunicaciones.



Fondo para producción y publicación de materiales de formación y difusión para el fortalecimiento organizativo, sobre salud y educación y para promoción de los derechos humanos. El primer año se producirán al menos tres materiales de difusión sobre DPI, gobierno Embera y sobre historia del movimiento indígena y el Plan de Salvaguarda. El segundo año se producirán al menos dos materiales de difusión en materia de salud, educación y derechos humanos.



Fondo para gastos administrativos del equipo dinamizador a nivel nacional y para apoyar las gestiones necesarias de los asentamientos que impliquen desplazamiento a ciudades capitales.



Fondo de apoyo económico para el Intercambio de experiencias con otras organizaciones Embera a nivel organizativo, de fortalecimiento cultural, de recuperación de conocimientos tradicionales y otros; y para la participación de representantes de

los asentamientos dispersos en los eventos macroregionales y nacionales de la ONIC. 8.2.

Salud y seguridad alimentaria

Para el desarrollo de las propuestas en salud y seguridad alimentaria, se requiere adicionalmente lo siguiente: 



Contratación de dos profesionales con experiencia en sistemas productivos tradicionales y base alimentaria, quienes realizarán el apoyo técnico en asocio con los profesionales del área social a cargo del fortalecimiento organizativo durante el primer año de ejecución del plan, y un año más sujeto a resultados de evaluación. Fondo para dotación de insumos y herramientas básicas para la producción a todas las familias que lo requieran para organizar, ampliar y/o fortalecer sus parcelas.



Contratación por dos años de un profesional del derecho con experiencia en derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el régimen de salud, para la asesoría y el acompañamiento en la gestión de las comunidades para la correcta aplicación de sus derechos en la materia.



Fondo para gastos de desplazamiento y estadía de al menos un líder por departamento para la concertación del diseño del programa de formación de promotores Embera y de los promotores en formación para la construcción del programa metodológico y de contenidos para la promoción, recuperación y/o fortalecimiento de las prácticas medicinales propias del pueblo Embera.



Fondo para la ejecución del programa de formación de promotores de acuerdo a diseño.

8.3.

Fortalecimiento cultural y educación

Para la implementación de las propuestas en materia de educación, se requiere: 

Asesoría especializada para la construcción de proyecto educativo embera, que integre al menos un profesional en educación y otro en lengua embera y al menos un maestro y un líder con experiencia en educación propia. Este equipo estará al frente de todas las propuestas relacionadas con la educación formal y no formal y articulará su trabajo en lo pertinente con el equipo encargado del fortalecimiento organizativo.



Financiación específica para la ejecución del programa nacional de formación de maestros embera.



Apropiaciones presupuestales para la construcción y/o adecuación y mejoramiento de escuelas, su dotación y la puesta en funcionamiento; y para la vinculación con garantías de permanencia de los maestros embera en los centros educativos de sus respectivas comunidades.



Apropiación para la capacitación de los maestros actualmente vinculados a la educación donde participan los integrantes de los asentamientos dispersos y para la producción de los materiales que se requieran.

8.4.

Derechos Humanos

Para la implementación de las propuestas en materia de Derechos Humanos se requiere: 

Contratación de un abogado especializado en la materia



Fondo para la adquisición de los equipos de comunicaciones que se definan para cada asentamiento, para la realización de las actividades contempladas en el plan de capacitación y acompañamiento y para la atención en casos de emergencia.

CAPÍTULO III LOS EMBERA DE BOGOTÁ Y SUS PROPUESTAS PARA EL PLAN DE SALVAGUARDA DEL PUEBLO EMBERA Una experiencia piloto de reparación integral 1. Antecedentes Las primeras migraciones de los embera de los departamentos del Chocó y Risaralda se suceden en la década de 1980 con la llegada a sus territorios de grupos armados como el M-19, el ELN, el EPL y las FARC y se agudizan con el ingreso hacia el año 2000 de los grupos paramilitares. Los constantes enfrentamientos entre los diversos grupos armados y la fuerza pública, presiona desplazamientos masivos de la población embera hacia los centros urbanos, siendo el epicentro o punto de llegada las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira. En la actualidad se puede afirmar que Bogotá es la principal ciudad receptora de población desplazada del país, situación a la que no escapa la diáspora indígena emberá. Un análisis histórico del impacto de la guerra en el Pacífica durante la década de los 80, muestra que el municipio de Bagadó se convierte en sitio de confluencia de los distintos ejércitos de la insurgencia y es en el resguardo del Alto Andágueda donde se presenta el mayor número víctimas. Según datos del Sistema Unificado de Información sobre Indígenas ONIC-CECOÍN, en el año 1987 la cifra de muertes indígenas llega a 57 de una población que para la época tenía cerca de 1.500 habitantes. (Villa y Houghton, 2005) Una mina de oro en la cuenca del río Azul del municipio de Bagadó es el principal detonante de un conflicto de grandes proporciones en esta región del Pacífico, el que involucra a los indígenas que allí habitan pero también a las guerrillas, el Ejército, bandoleros, colonos y narcotraficantes. El domingo 31 de agosto de 1980, en la madrugada, 150 policías penetraron en el resguardo indígena de Río Colorado Alto Andágueda, lanzando granadas y utilizando gases lacrimógenos a la vez que disparaban en todas las direcciones con sus fusiles. La población indígena atemorizada huyó hacia la zona montañosa, el gobernador del Cabildo y 4 indígenas más fueron asesinados; 5 niños de corta edad habían desaparecido, posiblemente ahogados; cerca de 14 indígenas, algunos de ellos heridos, fueron detenidos y llevados a pie hasta el municipio de Andes, Antioquia. Los indígenas consideran que esta masacre fue ordenada por el minero terrateniente Ricardo Escobar. Como caso paradigmático se encuentra también el resguardo Tahamí del Alto Andágueda donde en 1987 fueron asesinados 61 indígenas embera katío en cuatro masacres: El 15 de mayo fueron asesinados 26 miembros de la comunidad de Chuigo en la Vereda San Marino, entre ellos 12 niños. El crimen

fue perpetrado por un grupo paramilitar llamado Los Montoya. El 24 del mismo mes cayeron asesinados otros catorce miembros de la misma comunidad indígena, ubicados en la vereda El Cascajo de ese municipio. Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de Cecoin, en el período 1980-2011 se presentaron en el municipio de Bagadó 180 hechos violentos, para un total de 160 víctimas; mientras que para el municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda se registran 23 hechos violentos, con un total de 60 víctimas en distintas modalidades y es el que registra un mayor número de población desplazada, con una cifra de 1.607 indígenas emberá chamí desplazados, frente a 144 del municipio de Bagadó. Es a partir de este conflicto que en adelante y hasta el presente, la zona se convierte en una de las principales expulsoras de población embera hacia las principales ciudades del país. Sin embargo, la migración de los embera de esta región también obedece a la situación territorial que viven las comunidades que allí habitan, dado que con las condiciones geográficas y fisiológicas del territorio, sus condiciones de productividad y el crecimiento de la población, este resulta insuficiente para el sostenimiento de la población que alberga. La falta de tierras suficientes en calidad y cantidad para garantizar la vida de las familias embera, convierte a la tierra en factor de disputa al interior de los resguardos, lo cual, asociado al conflicto armado en la región, se expresa en amenazas, muertes o expulsión territorial para muchos de sus pobladores, quienes, además, con el paso de los años han ido descubriendo opciones económicas en las ciudades centrales del país. Es así que las causas que determinan la constante migración de pobladores embera hacia la ciudad son variadas. Es decir, a los impactos del conflicto armado que sufre la población, entre éstos el reclutamiento forzado por los actores armados, el hostigamiento y las múltiples violaciones de que son víctimas, el confinamiento de comunidades enteras a las cuales se les viola el derecho a la libre movilidad en sus territorios y el control por parte de la fuerza pública a la compra de sus productos básicos de subsistencia (no pueden sobrepasar los 50.000 pesos), entre otros, se suman factores estructurales de pobreza extrema y de abandono institucional en una zona que además enfrenta la carencia de adecuadas vías de comunicación. Todos estos factores generan un terreno propicio para que la conflictividad interna sea resuelta por vía de la violencia y el desplazamiento masivo de sus pobladores. El desplazamiento de pobladores Embera del Alto Andágueda a la capital del país se verifica con fuerza a partir del año 2004 y comienzan a asentarse en sectores marginales cercanos al centro de la ciudad, como son los barrios La Favorita y San Bernardo y las localidades de Santafé y Los Mártires.

Para el período 2006 – 2008 la presencia de indígenas en Bogotá alcanzó un grado de visibilidad de grandes proporciones, atrayendo la atención de distintas entidades y organizaciones del orden distrital, nacional e internacional. Las mujeres tiradas en los andenes pidiendo limosna, la utilización de los niños como escudo e instrumento humano en el ejercicio de la mendicidad y la muerte de varios bebés en los hospitales Santa Clara y Samper Mendoza, encendieron las alarmas del Distrito, lo cual dio origen a las primeras iniciativas y a la conformación de una red interinstitucional para atender a esta población en lo atinente a temas como la salud, la nutrición y el hábitat. La red en mención fue conformada por el ICBF, Acción Social, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y ACNUR. En el marco de las acciones desplegadas en aquella oportunidad, en el año 2008 las distintas instituciones del orden nacional y los entes territoriales, llegaron a un acuerdo con las autoridades indígenas para el retorno de un grupo de familias. El proceso se llevo a cabo ese año con resultados negativos y en el 2010 la población que retornó volvía desplazarse hacia Bogotá. El nuevo desplazamiento obedeció a que los factores de violencia que los obligaron a desplazarse por primera vez estaban vigentes, a lo cual se agregó que las agencias gubernamentales no cumplieron los compromisos pactados en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, agua potable, fortalecimiento organizativo y protección en derechos humanos, entre otros. 2. La población embera en Bogotá La población embera que en la actualidad se encuentra en situación de desplazamiento en la ciudad de Bogotá se encuentra en los albergues a los que fueron trasladadas una parte de las familias, pero otras familias mantienen su vida en los barrios San Bernardo y La Favorita, en las condiciones expresadas anteriormente. De acuerdo al informe de Codhes a la Corte Constitucional, presentado en 2011, las familias que se asientan en estos barrios viven en casas antiguas en habitaciones por las que pagan diariamente entre 8.000 y 12.000 pesos de alquiler. Citando un informe de estudiantes de Pediatría de la Universidad Nacional, Codhes da cuenta que las viviendas están expuestas a la contaminación ambiental, el 26.9% carecen de agua potable y el 73% restante recibe agua del acueducto por un tubo madre, pero no tiene un adecuado manejo; y se verifica la presencia de insectos y roedores, problemas de humedad, falta de ventilación, y el manejo inadecuado de basuras, lo cual ha generado problemas de salud (Codhes, 2011). Según un informe de la Secretaría de Educación Distrital con proyección al año 2011, la situación de las comunidades emberá katío y emberá chamí ubicadas en los barrios San Bernardo y La Favorita es crítica. En su mayoría los embera solo hablan su propio idioma y no manejan el español. Gran parte de esta población se dedican a la mendicidad y carecen de atención en salud y de

apoyo alimentario. Aunque son población desplazada no toda está reconocida en tal condición y son pocos los que se encuentran registrados en el RUPD, lo que dificulta su atención dentro de los programas establecidos para su atención. También se identifica que muchos jóvenes han ingresado al consumo de sustancias psicoactivas y que un alto porcentaje de la población no asiste al sistema educativo, lo cual es de suma gravedad por estar constituida en su mayoría por niños hasta 14 años. Entre los que han ingresado al sistema escolar se presenta un alto grado de deserción, situación que obedece a las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria que sufre esta población, pero también a la discriminación que viven en los colegios donde ingresan, además de las barreras de comunicación y la falta de modelos pedagógicos adecuados, entre otros. 3. Población Los pobladores embera de Bogotá pertenecen a los grupos Katío y Chamí, y provienen principalmente de resguardo del Alto Andágueda, del municipio de Bagadó, Chocó, pero también en gran proporción de los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y Quinchía en el departamento de Risaralda y en un pequeño porcentaje del municipio de Florencia Caquetá. Según las cifras del ICBF la población embera chamí está conformada por 86 familias con 512 personas (236 hombres y 276 mujeres), de las cuales 193 habitan en el barrio La Favorita y 311 en San Bernardo y 8 en Santa María del Lago. Por su parte, los emberá katío son 62 familias con una población de 356 personas (175 hombres y 181 mujeres), de las cuales 229 habitan en la localidad de los Mártires y 127 en la localidad de Santafé. Tabla 14 Población emberá chamí y katío residente en la ciudad de Bogotá Barrio No. No. Denominación Hombres Mujeres /Localidad Familias personas San Bernardo y Emberá chamí 86 512 236 276 la Favorita Los Mártires y Emberá katío 62 356 175 181 Santafé Total 146 868 411 457 Fuente: ICBF, 2011. Censo de Población embera en el Distrito Capital.

En total son 146 familias con 868 personas, de las cuales un alto porcentaje son niños y jóvenes, 58,2% en el caso de los chamí, y 60,1% en el caso de los katío, que sumados equivalen al 59% del total de la población..

Tabla 15 Total población embera en Bogotá RANGO EDAD 0a4

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

96

90

186

5 a 9

94

91

185

10 a 14

70

71

141

15 a 19

45

50

95

20 a 24

23

42

65

24 a 29

21

29

50

30 a 34

14

21

35

34 a 39

13

15

28

40 a 44

15

16

31

45 a 49

6

17

23

50 a 54

6

4

10

55 a 59

2

6

8

60 a 64

0

4

4

65 a 70 70 y más

2

1

3

2

2

4

409

459

868

Gráfica 3 Pirámide poblacional de Bogotá

La población embera de Bogotá está conformada por 186 niños menores de 5 años que equivalen al 21,4% del total de la población y por 326 niños entre 5 y 14 años de edad, que equivalen al 37,6%. La población adulta en edad productiva entre 15 y 59 años está conformada por 345 personas que

equivalen al 39,7% y 11 adultos mayores que corresponden al 1,2% del total de habitantes. Gráfica 4 Distribución poblacional de Bogotá

4. Situación actual 4.1.

Escolaridad

Ya se mencionó que de acuerdo con el informe del Distrito, que un alto porcentaje de la población en edad escolar no ingresa al sistema educativo. De un total de 326 personas entre 5 y 14 años, 194 han ingresado al sistema educativo, lo que significa que el 40,5% de la población en edad escolar no se encuentra escolarizada. Tabla 16 Índice de escolaridad Grupo

PEE 4-14

No escolariz.

%

Chamí

192

107 55,73

Katío

134

25 18,66

326

132 40,49

Total

Fuente: ICBF- Vía Plural, 2009

Como se observa, el acceso a la educación es bajo, a lo que contribuye, además de las barreras lingüística y cultural, la carencia de documentación requerida: registro civil, afiliación al Sisben y declaración de desplazado.

4.2.

Salud

Además que viven en pésimas condiciones de salubridad por la característica de los sitios donde habitan, especialmente la población que se encuentra en casas pagadiario, el sistema de atención en salud es deficiente. Una parte de la población se encuentra inscrita en el RUPD, otra parte está incluida como beneficiaria del régimen subsidiado, y una última parte no figura en ninguno de los dos registros. El 83,4% de la población está inscrita para la atención en salud, bien como población desplazada o bien por estar afiliada al régimen subsidiado y un 16,6% no cuenta con ningún mecanismo de atención. Tabla 17 Atención en salud

Chamí

512

270

171

Sin % cubr. 441 71 13,87

Katío

356

174

109

283

73 20,51

868

444

280

724

144 16,59

Gupo

Total RUPD RSS Total

Total %

51,15 32,26 83,41 16,59

Fuente: ICBF- Vía Plural, 2009

4.3.

Economía

Los embera que viven en Bogotá devengan ingresos de tres actividades principales: la mendicidad, la venta informal de artesanías y lavado de vehículos. La mendicidad ocupa el primer lugar dentro de las actividades generadoras de ingresos y a ella se vinculan principalmente las mujeres y los niños. Por esta razón, en muchos casos los hombres asumen las labores domésticas y el cuidado de los hijos en el hogar. 4.4.

Atención institucional

De acuerdo con el informe del ICBF y Vía Plural (2009), la atención de la población embera desplazada en Bogotá presenta, entre otras limitantes, las barreras del idioma y el hecho que una parte de la población, especialmente niños y jóvenes, no tiene documento de identidad, bien porque no lo han solicitado o bien porque lo perdieron durante el desplazamiento. El porcentaje de población sin identificación es del 16,9%. En lo que respecta al Registro Único de la Población Desplazada (RUPD), a pesar de que la totalidad de la población manifiesta que las razones de su movilidad radica en el conflicto armado que se libra en sus territorios, solo el 51,1% se encuentra inscrito en ese sistema. De esta población, solo el 58,3% se ha beneficiado con ayudas, lo que equivale a que solo el 29,8% del total de la población embera de Bogotá ha recibido ayuda como población desplazada.

Tabla 18 Ayudas recibidas por lo embera como población desplazada

Gupo

Total

RUPD

Ayudas %/ recibidas RUPD

%/ Total

Chamí

512

270

114

42,22

22,27

Katío

356

174

145

83,33

40,73

868

444

259

58,33

29,84

51,15

58,33

Total %

No obstante las cifras anteriores, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en su informe a la Corte Constitucional de diciembre de 2011, sostiene que los embera censados en el Distrito Capital son 736, de las cuales 509 (69,15%) se encuentran en el RUPD, 13 más se encuentran en proceso de valoración, 5 tienen la documentación incompleta, a 96 se les negó su registro en el RUPD y 113 no están inscritas en el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD). En el mismo informe se indica que el DAP diseñó algunas estrategias con el fin de aclarar la situación de los embera de Bogotá: -

-

-

Estrategia para la toma de la declaración de personas no registradas, para lo cual se coordina con la Personería de Bogotá y la Secretaría de Integración Social Distrital la adopción de medidas para facilitar la toma de declaración y contar con un intérprete embera que asista a los declarantes. Estrategia para agilizar la revisión de las decisiones de no inclusión a personas que habrían sido víctimas de desplazamiento. Para ello se brindará asesoría a estas personas para que interpongan los recursos pertinentes por la vía gubernativa, procurando información suficiente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del desplazamiento para corregir la suministrada en la declaración inicial. Estrategia para corregir y/o completar los datos de las personas incluidas en el RUPD. Estrategia para inscribir en el RUPD a NNA de hogares víctimas. Estrategia para hacer más precisa la valoración de casos de desplazamiento de población embera, mediante la revisión caso a caso con el fin de detectar elementos del contexto de las zonas de expulsión que no fueron tenidos en cuenta al momento de la valoración de las declaraciones, como base para revisar las decisiones de no inclusión en el RUPD.

4.5.

Organización social

Frente a las dinámicas organizativas de los embera ubicados en la ciudad de Bogotá, es de resaltar que actúan bajo la figura de un comité de coordinación del cual hacen parte líderes y delegados quienes tienen la potestad de interlocutar con las distintas instancias gubernamentales a nivel distrital y nacional. Sin embargo es factible observar que las decisiones deben ser adoptadas por los jefes de cada familia dado que esta población no cuenta con instancia de representación con poder de decisión. En lo que respecta a la figura del cabildo urbano, sigue en discusión no sólo para el caso de los embera sino también de otros pueblos. Obsta decir que no existe ese afán de constituirse como cabildo dado que existe la propuesta de retorno y reubicación hacia sus sitios de origen. 5. La experiencia de retorno en el 2008 El 12 de junio de 2008 se firma un acuerdo entre instituciones del orden nacional, departamental, municipal, el Cabildo indígena del resguardo Tahamy y la OREWA con el objetivo de generar garantías para el retorno de las familias indígenas embera katio que se han establecido en Bogotá por fuerza de la violencia que se vive en su territorio. Estas familias provenientes de la zona de Conondo y Cascajero emprenden el viaje de retorno a partir de un acuerdo que incluye componentes en salud, educación, desarrollo agropecuario, seguridad alimentaria, potabilización de agua y acueducto, vivienda, protección al menor y a la familia, fortalecimiento organizativo y derechos humanos, y acompañamiento y seguimiento a los recursos del SGP. El acuerdo defenía las acciones que se debían ejecutar y las instituciones responsables. Tabla 19 Acuerdo para el retorno en 2008 EJES TEMATICOS SALUD

EDUCACION

DESARROLLO AGRICOLA

ACCIONES Devolver la plaza médica para el puesto de salud de Agua Sal Dotar puesto de salud y adecuarlo Puesto de salud para la zona 2, para cubrir a 19 comunidades de San Marino y Piedra Honda Dotar puesto de salud y adecuarlo Capacitación a promotores de salud Ampliación de Cobertura Revisión de os espacios de las escuelas Nombramiento de los maestros Dotación de las escuelas Reactivar programas de etnoeducación Giro recursos SGP Visita para determinar acciones a seguir en el tema de estudios de

RESPONSABLES Gobernación departamental SENA Consejería Presidencial para el Chocó Superintendencia de Salud

Ministerio de Educación Gobernación Alcaldía

Ministerio de Agricultura a través de la UNAT

suelos y asistencia técnica Apoyo a procesos de producción de alimentos Seguridad y soberanía alimentaria

SEGURIDAD ALIMENTARIA PROTECCION MENOR Y A FAMILIA

AL LA

FORATELCIMIENTO ORGANIZATIVO Y DERECHOS HUMANOS

Revisión de las modalidades de atención al menor Restaurantes escolares Revisión para la recuperación nutricional Fortalecimiento cultural ( trabajo con jóvenes y mujeres) Revisión proceso de reparación Protección y orden público

POTABILIZACIÓN DE AGUA Y ACUEDUCTOS VIVIENDA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS RECURSOS SGP INFRAESTRUCTURA VIAS ELECTRIFICACION

Acompañamiento a las comunidades en la ejecución de los SGP

Acción Social a través del programa RESA SENA ICBF

Ministerio de Cultura Acompañamiento de la Personería de Bogotá Ministerio Defensa Gobernación Vicepresidencia Viceministerio de aguas

Viceministerio Vivienda Alcaldía de Bagadó

de

Fuente: Acta de la reunión institucional de alto nivel para el caso de las parentelas indígenas de las comunidades de Conondo, del resguardo Tahamí, municipio de Bagadó, departamento del Chocó, identificadas en Bogotá. Junio 2008

Los compromisos asumidos por las diferentes instituciones no fueron cumplidos y esto lleva a que un grupo de familias retornen a Bogotá. Es importante señalar que las familias katío que actualmente están en los albergues y que manifiestan su dese de retornar, no todas, asumieron el retorno en el 2008, un poco más de la mitad se quedaron en Bogotá. Ellos dicen que no se fueron porque no tenían confianza respecto al cumplimiento de lo pactado con el gobierno. Un aspecto a resaltar es que tal acuerdo no generó instrumentos para monitorear el cumplimiento por parte del gobierno y de los indígenas, pero sobre todo no se presenta un verdadero programa de retorno y de reasentamiento, como tampoco de acompañamiento a tal proceso. Esta experiencia de retorno es referencia importante para la población embera katio que actualmente se asienta en Bogotá y que para diciembre de 2011 está viviendo en el albergue que como medida de protección dispone el Distrito. La población llega a un total de 161 personas, las cuales se distribuyen en 31 familias. De este grupo de familias, 16 de ellas, participaron en el retorno que se realizó en el 2008 y por diversos motivos se desplazan de nuevo a Bogotá, las restantes familias no participaron de ese retorno y en su mayoría están

asentadas en la ciudad desde fecha anterior al acuerdo realizado con las instituciones para retornar. Para el grupo de familias que en el 2008 retornaron al resguardo y que posteriormente regresan a la ciudad señalan como causas de este hecho, primero que los factores de violencia que generan inseguridad en el reguardo no han cambiado y segundo que las agencias gubernamentales no cumplieron los compromisos pactados. Así, se requiere entender que para asegurar el retorno no sólo se necesita garantizar a las familias los apoyos institucionales en programas que favorezcan el reasentamiento, sino también el generar acuerdos o mediaciones entre organismos internacionales y agencias gubernamentales con los actores armados para facilitar condiciones de no repetición de la violencia o de las violaciones a los derechos de la población que se han constituido en el motivo para el desplazamiento forzoso. 7. Las expectativas de la población frente al retorno La población embera localizada en Bogotá presenta diversas expectativas respecto a la manera de entender su futuro, aspecto importante a tener en cuenta cuando se trata de diseñar políticas para garantizar la reparación frente a la violencia y desplazamiento que han vivido en los últimos años. De forma general se pueden describir las siguientes situaciones o expectativas de las familias:  Para un grupo significativo de la población, la mayoría de las familias katíos y parte de los chamí, asumen el retorno a sus resguardos como la alternativa.  Un grupo de familias chamí tienen como alternativa la reubicación. En este grupo a la vez se diferencian quienes creen que pueden ir al Quindío o Caldas u otro sitio, mientras un segundo grupo piensa que la reubicación debe ser cerca a Bogotá.  Un tercer grupo que no se expresa abiertamente asume la vida urbana como opción. Estas diversas opciones se deben entender en función de las causas que generaron el desplazamiento, pero también de sus impactos por los aprendizajes que se han generado en el contexto urbano. En algunos casos se presentan situaciones de personas que no pueden volver a su lugar de origen por los hechos que motivaron su salida y por los conflictos que se pueden desencadenar con su retorno, si bien estos casos no son la tendencia general, sin embargo es preciso entender que para algunos la reubicación es alternativa por estas razones o para otros porque asumen que su futuro debe estar cerca a centros urbanos. Con independencia de la motivación de las

familias que quieren reubicarse, es evidente que con un grupo de familias chamí se debe asumir esta alternativa. Para el grupo de familias que quieren retornar es preciso asumir el aprendizaje de la experiencia vivida en el año 2008. Por último es importante valorar los que definitivamente se quieren integrar a la vida urbana y se les debe posibilitar su integración y favorecer alternativas para que generen su autonomía económica. 7. La reparación integral La reparación integral para estas familias pasa primero por desarrollar con ellas un proceso sostenido con miras a generar confianza frente a la institucionalidad estatal, identificar los factores determinantes de su desplazamiento, en los que pueden confluir diversas situaciones y motivaciones, y construir con ellas perspectivas realistas para su futuro. En esta fase será preciso identificar los grupos que con certeza quieren retornar a sus territorios de origen y los que definitivamente no pueden o no quieren retornar a sus lugares de origen, y, entre éstos, las familias que desean reubicación territorial y las que definitivamente desean asentarse en la ciudad. De acuerdo con esta identificación, se deberá construir la estrategia específica para la reparación integral según cada grupo. 7.1.

El retorno

El retorno de las familias indígenas, ya sean las chamí o las katío, requiere el desarrollo de acciones en tres campos:  Crear condiciones para que los factores que determinan el desplazamiento forzoso no se repitan. Se entiende por esta acción el paso que permite fundamenta el proceso con garantías de viabilidad, esto es el acuerdo entre las autoridades indígenas locales, la organización indígena regional y los representantes de las familias desplazadas. Como parte de este ejercicio debe realizarse el análisis de las causas que originan el desplazamiento y la valoración del escenario actual. Es importante que desde esta fase el proceso se acompañe con organismo internacional, ejemplo ACNUR, pero igualmente representantes de la Iglesia.Con base en este ejercicio exploratorio, que debe realizarse en terreno, se puede proceder a diseñar la estrategia de retorno y definir el mecanismo de acompañamiento  Estructurar programas que permitan generar condiciones en lo alimentario, económico, en el fortalecimiento cultural y el de la gobernabilidad. Con relación a este punto es importante tener en cuenta que la población afectada no es sólo la que aparece desplazada, sino el

conjunto de la población, y en tal sentido, los programas deben orientarse en función de la integralidad de la acción y de la cobertura con relación al conjunto de la población.  Generar mecanismos de acompañamiento en la fase de reasentamiento. Debe existir una instancia que periódicamente realice el monitoreo del plan y pueda valorar el cumplimiento de lo proyectado. Pero igualmente debe existir acompañamiento directo en campo. El acompañamiento es fundamental como fórmula de protección y como mecanismo de evaluación en el cumplimiento de las agencias gubernamentales y de la población indígena 7.2.

Las acciones de apoyo al retorno de las familias embera

Si bien las acciones de apoyo a las familias ya están identificadas en los compromisos suscritos entre los representantes gubernamentales y las autoridades indígenas en el 2008, sin embargo es importante precisar algunas acciones que en principio son fundamentales para lograr el reasentamiento de la población. Estas se describen así:  Apoyo alimentario en la fase de reasentamiento Durante el primer año, mientras un programa de seguridad alimentaria les permite generar recursos, es fundamental el subsidio alimentario por parte del gobierno. Tal tipo de subsidio es condición para que se pueda realizar la labor de establecimiento de cultivos y de adecuación de viviendas.  Programa de seguridad alimentaria El programa de seguridad alimentaria es la base para la consolidación del retorno y se orienta al establecimiento de unidades productivas, que en la lógica tradicional, permita al cabo de un año generar los recursos alimentarios básicos para la subsistencia familiar. Para el desarrollo de estas acciones es imperativo tener en cuenta las condiciones ambientales de la región y en tal sentido son diferentes los trabajos que se pueden programar en el primer semestre que en el segundo. Para el primer semestre un programa de trabajo se centra en el establecimiento de áreas de cultivo de maíz, yuca, caña y piña. Teniendo en cuenta que existe un subsidio alimentario a la familia para el desarrollo de estas actividades, la unidad mínima por establecer es la siguiente: El establecimiento del programa de seguridad alimentaria, además del apoyo requerido para las semillas debe tomar en cuenta los siguientes componentes: Para cada familia se debe apoyar un conjunto de herramientas básicas para las labores agrícolas como son hachas, machetes, limas, picas, azadón, palas,

fumigadoras y otros. Además es importante tener en cuenta recursos para el control de plagas y enfermedades. En una segunda fase, en la medida que las familias se establezcan, se debe apoyar el componente pecuario como son gallinas, cerdos y novillas. Este componente se debe desarrollar con base en la disponibilidad de alimentos para los animales. El programa de seguridad alimentaria debe disponer de un acompañamiento institucional, de tal modo que se pueda evaluar y hacer seguimiento a los compromisos que deben asumir las distintas partes.  Programa de vivienda Complementario al programa de seguridad alimentaria es importante tener en cuenta que la construcción de vivienda es condición para lograr el reasentamiento. En el diseño tanto del programa como de la vivienda es importante tener en cuenta que las condiciones de acceso al territorio conllevan sobrecostos significativos en los materiales. El programa de vivienda igualmente debe tomar en cuenta la necesidad de abastecimiento de agua, es decir, tanques y mangueras. Lo mismo que la dotación de unidades sanitarias y la correspondiente tecnología para el saneamiento.  Programa fortalecimiento cultural y educación Con relación al programa de educación, se requiere la dotación de infraestructura para el funcionamiento de la actividad educativa y superar la situación de precariedad para el desarrollo de esta actividad en la que los niños reciben sus clases en las viviendas de quienes disponen sus casas para esta labor. En el dominio del fortalecimiento cultural es fundamental la promoción del conocimiento tradicional entre los jóvenes y la apropiación de saberes respecto a la historia, la música, el canto, la danza. También la promoción de conocimientos alrededor de instituciones como el jaibanismo y de agentes tradicionales en salud como las parteras y yerbateros.  Dotación de infraestructura básica En este dominio es fundamental acordar con la comunidad en su conjunto y en el resguardo las acciones pertinentes respecto a infraestructura. 7.3.

La reubicación

Con relación a esta población es necesario identificar con ella las zonas para su posible reubicación, para luego identificar en ellas predios para la respectiva compra, que con relación al área será según el número de familias y las características ambientales de la zona. Para este grupo aplican los mismo

criterios que para el retorno, sin que se tenga que asumir de modo exigente el primer paso que se enuncia en ese caso. 7.4.

El asentamiento definitivo en Bogotá

Las familias que finalmente no consideren viable el retorno o la reubicación territorial, deberán ser atendidas mediante un programa especial para su integración en forma adecuada en la ciudad. En este caso se deberá definir una estrategia de atención en materia de vivienda, salud, educación y fortalecimiento cultural.

PLAN SALVAGUARDA EMBERA ASENTAMIENTOS DISPERSOS

SEGUNDA PARTE Parte II

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………… .

10 10

METODOLOGÍA…………………………………………………………………. . A. DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

12 12 14 16 17 17 18 18

Antecedentes de poblamiento………………………………………………… Población y asentamiento actual……………………………………………... Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Organización y Gobierno propio.................................................................... Atención institucional..................................................................................... 18 Violencia y derechos 19 humanos...................................................................... 20 21 1. MUNICIPIO DE FLORENCIA 22 22 1.1. Resguardo de Honduras 23 23 Antecedentes de 23 poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... 24 Población...................................................................................................... 24 . 25 Escolaridad................................................................................................... 26 . 26 Salud............................................................................................................. 26 . 26 Economía...................................................................................................... 26 . 27 Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 27 1.2. Resguardo de San Pablo 27 Antecedentes de 28 poblamiento....................................................................... 29

Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos......................................................................

30 30 30 30 30

31 31 32 33 33 34 34 34 34

2. MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES 2.1. Resguardo de Cerinda Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos......................................................................

35 35 36 37 37 37 38 38 38

3. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ANTENA

39 39 39 41 41 41 41 41 42

3.1. Comunidad País Amazonía Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... .

43 43 47 48

Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 4. MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUÁN

48 48 48

49 50 50 51 52 52 53 de 53 54

4.1. Comunidad La Libertad No. 2 Antecedentes poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos......................................................................

54 54 55 57 57 57 58 58 59

59 60 4.2. Comunidad La Pradera 60 Antecedentes de 62 poblamiento....................................................................... 62 Asentamiento 62 actual...................................................................................... 63 Población...................................................................................................... 63 . 63 Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. Economía...................................................................................................... 64 Atención 64 institucional..................................................................................... 65 Organización y Gobierno 66 propio.................................................................... 66

Violencia y humanos......................................................................

derechos 66 66 66 67

B. DEPARTAMENTO DEL META Antecedentes del poblamiento...................................................................... Población y asentamiento actual................................................................... Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... ASENTAMIENTOS RURALES 1. MUNICIPIO DE LA URIBE

72 72 72 74 74 de 74 74 74

1.1. Resguardo La Julia Antecedentes poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 1.2. Comunidad El Paraíso Antecedentes poblamiento....................................................................... Asentamiento actual......................................................................................

67 68 69 70 70 71 71 71 72

75 75 75 77 77 77 77 77 78

79 79 de 80 81 82 82

Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 2. MUNICIPIO LA MACARENA 2.1. Comunidad San Antonio de Chamí Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. Economía...................................................................................................... Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 3. MUNICIPIO DE LEJANÍAS Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención

83 83 83 84

85 87 89 90 92 93 93 95 95

95 98 99 10 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10 4

10 5 10 6 10 7 10 9 11 0

institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 4. MUNICIPIO DE GRANADA. 4.1 Asentamiento rural Comodato Dokera. Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... ASENTAMIENTOS URBANOS 1. MUNICIPIO DE GRANADA Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad, Organización y Cultura............................................................. Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 2. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Antecedentes

11 0 11 1 11 1 11 2

11 2 11 3 11 4 11 6 11 8 11 8 11 9 11 9 11 9

12 0 12 4 12 5 12 9 13 0 13 1 13 1 13 de 2

poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad, Organización y Cultura............................................................. Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 3. OTROS MUNICIPIOS META............................................................

DEL

C. DEPARTAMENTO DEL CASANARE Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... D. REGIÓN DEL MEDIO.......................................................

MAGDALENA

1. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Comunidad de Bianía Antecedentes poblamiento....................................................................... Asentamiento actual......................................................................................

de

13 6 13 7

Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 2. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Comunidad de Motordochaque Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... 3. DEPARTAMENTO DE SANTANDER Comunidad de Dachi drua Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía......................................................................................................

. Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... E. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Comunidad de Kugurudó Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio.................................................................... Violencia y derechos humanos...................................................................... F. BOGOTÁ Antecedentes de poblamiento....................................................................... Asentamiento actual...................................................................................... Población...................................................................................................... . Situación actual............................................................................................. Escolaridad................................................................................................... . Salud............................................................................................................. . Economía...................................................................................................... . Atención institucional..................................................................................... Organización y Gobierno propio....................................................................

Violencia y derechos humanos......................................................................

LISTADO DE FOTOGRAFÍAS, GRÁFICAS Y TABLAS FOTOGRAFÍAS Fotografía 1. Taller de diagnóstico Florencia, Caquetá nov 21-22 de 2011 Fotografía 2. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Honduras. Fotografía 3. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. San Pablo. Fotografía 4. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Cerinda. Fotografía 5. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. País Amazonía. Fotografía 6. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. País Amazonía. Fotografía 7. Taller de diagnóstico en Meta. No. 5-6 de 2011 Fotografía 8. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. La Julia. Fotografía 9. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. El Paraíso. Fotografía 10. Comunidad San Antonio del Chamí Fotografía 11. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Maloka de San Antonio Fotografía 12. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Vereda Caño Azul. Fotografía 13. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Lejanías. Fotografía 14. Comunidad Dokera Fotografía 15. Viviendas de comunidad Dokera Fotografía 16. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Dokera. Fotografía 17. Comunidad Bianía. Fotografía 18. Barrio Los Pinos. Villanueva. Fotografía 19. Caserío Motordochaque Fotografía 20. Taller de diagnóstico comunidad de Dachi drua. Fotografía 21. Rio Caribona sin minería. Fotografía 22. Minería en la quebrada Arizá

GRÁFICAS Gráfica 1. Distribución poblacional de Caquetá Gráfica 2. Pirámide poblacional de Caquetá Gráfica 3. Porcentajes de población urbana y rural de Caquetá. Gráfica 4. Distribución poblacional de Honduras. Gráfica 5. Distribución poblacional de San Pablo Gráfica 6. Distribución poblacional de Cerinda Gráfica 7. Distribución poblacional. País Amazonía.

Gráfica 8. Distribución poblacional La Libertad no. 2 Gráfica 9. Distribución poblacional. La pradera. Gráfica 10. Distribución poblacional del Meta. Gráfica 11. Pirámide poblacional del Meta. Gráfica 12. Porcentajes de población urbana y rural del Meta. Gráfica 13. Tenencia de la tierra. Meta. Gráfica 14. Distribución poblacional de La Julia Gráfica 15. Distribución poblacional de El Paraíso. Gráfica 16. Distribución poblacional de San Antonio del Chamí Gráfica 17. Distribución poblacional de Lejanías. Gráfica 18. Distribución poblacional de Dokera Gráfica 19. Distribución poblacional. Casco urbano – Granada. Gráfica 20. Distribución poblacional. Casco urbano Villavicencio. Gráfica 21. Distribución poblacional Villanueva-Casanare. Gráfica 22. Nivel educativo de población adulta. Villanueva-Casanare. Gráfica 23.Distribución poblacional de Magdalena Medio Gráfica 24. Pirámide poblacional de Magdalena Medio Gráfica 25. Distribución poblacional de Bianía Gráfica 26. Nivel educativo de población adulta. Bianía. Gráfica 27. Vinculación al sistema de salud. Bianía. Gráfica 28. Distribución poblacional de Motordochaque. Gráfica 29. Nivel educativo población adulta. Motordochaque. Gráfica 30. Distribución poblacional de Dachi drua Gráfica 31. Familias por municipio. Dachi drua. Gráfica 32. Nivel académico población adulta. Dachi drua. Gráfica 33. Distribución poblacional de Kugurudó. Gráfica 34. Pirámide poblacional de Kugurudó. Gráfica 35. Población en edad escolar. Kugurudó Gráfica 36. Pirámide poblacional de Bogotá. Gráfica 37. Distribución poblacional de Bogotá

TABLAS Tabla 1. Población del departamento de Caquetá Tabla 2. Población urbana y rural de Caquetá Tabla3. Población de honduras asentada en Florencia Tabla 4. Población comunidad de San Pablo Tabla 5. Población resguardo Cerinda Tabla 6. Población país Amazonía Tabla 7. Población comunidad la Libertad No. 2 Tabla 8. Lista de integrantes de cabildo la Libertad No. 2 Tabla 9. Población La Pradera Tabla 10. Lista de integrantes cabildo La Pradera Tabla 11. Población del departamento del Meta Tabla 12. Población en asentamientos urbanos. Meta Tabla 13. Población en asentamientos rurales. Meta. Tabla 14. Población resguardo La Julia

Tabla 15. Lista de integrantes cabildo La Julia Tabla 16. Población comunidad El Paraíso Tabla 17. Lista de integrantes de cabildo El Paraíso. Tabla 18. Población comunidad San Antonio del Chamí Tabla 19. Lista de integrantes cabildo San Antonio del Chamí Tabla 20. Población comunidad de Lejanías Tabla 21. Población comunidad Dokera Tabla 22. Lista de integrantes de cabildo. Dokera. Tabla 23. Población casco urbano de Granada Tabla 24. Población Villavicencio Tabla 25. Población otros municipios del Meta Tabla 26. Población comunidad Villanueva-Casanare Tabla 27. Población de Magdalena Medio Tabla 28. Población comunidad Bianía Tabla 29. Población de Motordochaque Tabla 30. Programas del Estado. Motordochaque. Tabla 31. Población comunidad Dachi drua Tabla 32. Población comunidad Kugurudó Tabla 33. Población embera chamí y katío residente en la ciudad de Bogotá Tabla 34. Población comunidad embera chamí. Bogotá Tabla 35. Población comunidad embera katío. Bogotá Tabla 36. Población emberas dispersos en Bogotá Tabla 37. RUPD – SISBEN – AHE. Salud y Educación. Bogotá. Tabla 38. Población incluida en el RUPD.

POBLACIÓN DISPERSA DEL PUEBLO EMBERA -DIAGNÓSTICO-

A continuación se presenta una descripción de cada uno de los asentamientos de las comunidades embera dispersas que incluye: historia del poblamiento, conformación del asentamiento actual, estructura de la población, escolaridad, economía, organización y gobierno propio, atención estatal y situación de violencia y derechos humanos. Para esta descripción se agruparon los asentamientos en cinco unidades de análisis a saber: Caquetá, MetaCasanare, Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Bogotá.

A. DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Antecedentes de poblamiento

Fotografía 1. Taller de diagnóstico Florencia, Caquetá Nov 21-22 de 2011

El poblamiento actual de los emberá en el departamento del Caquetá se remonta a mediados del siglo pasado, momento en el que las tierras del piedemonte amazónico, hacia el Caquetá y Putumayo, se tornan en espacios atractivos para pobladores de las zonas andinas, especialmente el campesinado que experimenta el desplazamiento forzado, este flujo poblacional conlleva a que igualmente las familias indígenas tengan conocimiento de las oportunidades que existen en esas áreas para

establecerse, ocupar tierras baldías y reproducir su modo de vida de pesca, cacería y agricultura itinerante. Las causas de la movilidad de las familias indígenas son diferentes a las que motivan al campesinado, los emberá chamí abandonan sus territorios tradicionales para resolver los conflictos propios a su modelo de poblamiento, en el que la institución del jaibanismo se constituye en causa de ruptura entre grupos familiares y de migración de un segmento de una comunidad que huye de la amenaza que supone el poder de una Jaibaná. Para el emberá las epidemias, la muerte sistemática de población infantil y eventos en los que la población experimenta la amenaza en su existencia son fenómenos que tienen como causa la fuerza maligna de un Jaibaná, el poder de éste para manipular las fuerzas de la naturaleza e introducir un estado anómalo, que termina por afectar a un grupo en su existencia y que como alternativa sólo queda el abandonar el territorio y colonizar otras tierras en las que se pueda vivir alejados del control de ese Jaibaná. Son estos factores los que explican las migraciones sucedidas hacia esa época y que enseñan las razones por las cuales en la actualidad existen familias emberá chamí diseminadas por la región oriental de Colombia. Esta ola migratoria lleva a la población emberá hacia el Caquetá y el Putumayo, sitios desde donde posteriormente se desplazarán hacia el Meta en la región de la Macarena. En esta zona, además de encontrar espacios baldíos o tierras para comprar y establecerse, de igual modo se enfrentarán a un espacio que ha sido fraguado y marcado por la guerra. Es en la parte alta y baja del río Bodoquero donde terminan por establecerse un grupo de familias, que hacia los inicios de la década de los ochenta, van a convertirse en el núcleo de difusión de los actuales asentamientos. Es en ese territorio en donde la población indígena conocerá el ascenso de la guerrilla del M-19 en una primera etapa y posteriormente la consolidación territorial de las FARC. Es en el contexto del avance territorial del M-19 en la región que se produce el primer gran desplazamiento y el establecimiento forzado de la población en el espacio urbano de Florencia. De allí algunos huyen y se establecen en otros sitios como el Pará o en Montañita, mientras otros buscan el camino de retorno hacia el departamento del Valle y otros se quedan en Florencia. Este proceso llevará a que hacia los inicios de los noventa, luego del retorno de algunas familias al cañón del río Bodoquero y el establecimiento de algunas familias en otros municipios, se les titulen resguardos indígenas como son: Honduras, San Pablo de Pará, Montañita y Cerinda. Pero la titulación de resguardos abre otro ciclo y nuevas fases en el desplazamiento forzado, es así como las familias establecidas en Honduras deben salir hacia 1997, y luego de ir al Valle del Cauca, les retornan en volquetas a Florencia, para intentar de nuevo establecerse en su territorio de resguardo y salir definitivamente en el año 2005 como mecanismo para enfrentar el reclutamiento forzado de los jóvenes por parte de las FARC. Las familias de Honduras, luego de vivir en

barrios de invasión en Florencia, en la actualidad tienen como única perspectiva la reubicación y actualmente un segmento de esta comunidad intenta rehacer sus vidas en una finca de paso comprada por el INCODER. Al mismo tiempo, otro grupo de familias que se desprenden del cañón del río Bodoquero desde 1983, momento en el que conoce el primer desplazamiento por la presión de la guerrilla, ante el asesinato de uno de sus líderes, se establece en Florencia y permanece hasta el 2010, cuando una ONG compra una finca en el río Orteguaza y se las entrega para que allí se establezcan. Por último existen dos comunidades ubicadas en el municipio de San Vicente del Caguán, provenientes de San José del Palmar en la década de los 50, que inicialmente llegaron a Pajuil y a Puerto Rico (Caquetá), en donde estuvieron asentados en diferentes veredas y, luego de fundar los dos cabildos en los 90, han estado buscando territorio. Los de La Libertad No. 2 se asentaron en un baldío desde el año 2004 y los de La Pradera fueron desplazados el 11 de mayo de ese mismo año hacia la cabecera municipal en donde viven en la actualidad.

Población y asentamiento actual En el departamento del Caquetá se ubicaron 549 indígenas Embera Chamí agrupados en 129 núcleos familiares. La población está compuesta en su mayoría, 52%, por adultos en edad productiva (entre 14 y 59 años), en proporciones similares entre hombres y mujeres, seguidos por un 28% de personas en edad escolar (entre 5 y 14 años), con un porcentaje de 14% de niños menores de 5 años y un 6% de adultos mayores.

Gráfica 1. Distribución poblacional de Caquetá

TABLA 1. POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ Rango de edad 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 24 a 29 años 30 a 34 años 34 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 a 65 años 65 a 69 años 70 a 74 años 75 a 79 años

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

42

33

75

45

31

76

37

42

79

37

40

77

25

22

47

16

15

31

17

17

34

16

12

28

16

12

28

8

9

17

7

5

12

6

5

11

8

3

11

4

4

8

1

6

7

5

3

8

290

259

549

Gráfica 2. Pirámide poblacional de Caquetá

Se observan en el municipio graves problemas en lo referente a la tenencia de la tierra, pues como se expondrá a continuación, aquellos que se encuentran

ubicados en asentamientos rurales requieren de atención urgente por parte del Estado para titulación, ampliación o reubicación según el caso y, como si fuera poco, un 46% de la población del departamento se encuentra asentada en barrios de invasión de zona rural, exponiéndolos esta situación a mayor peligro de exterminio.

TABLA 2. POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE CAQUETÁ MUNICIPIO

COMUNIDAD

FLORENCIA

Honduras

ZONA URBANA

ZONA RURAL 141

San Pablo

53

S. ANTONIO DE ANTENA

País Amazonía

47

BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

Cerinda

51

MONTAÑITA

Cedrito

26

SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Libertad No.2 Pradera

TOTAL

132 99 240

335

Gráfica 3. Porcentajes de población urbana y rural de Caquetá.

Escolaridad No existen escuelas emberas ni profesores bilingües. Los niños que estudian asisten a la escuela kapunía. Lo que consideran es un obstáculo para la preservación de la cultura. Sin embargo, las comunidades hacen grandes

esfuerzos por la preservación de la lengua materna y todos hablan en embera bedea. Salud Los miembros de la población están afiliados a CAPRECOM EPS (Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado), ASMET E.P.S.. Además de que se han presentado varios problemas de salud, se aprecian numerosas quejas sobre la calidad del servicio recibido. Economía Los ingresos provienen de trabajos varios y jornaleo por parte de los hombres cabeza de familia, las mujeres se emplean en casas de familia y en mercados. Los ingresos son de un promedio de $200.000 mensuales por familia lo que refleja la precariedad de la situación de estos pueblos dispersos. En algunas comunidades se practica la artesanía en chaquira como ayuda al ingreso familiar, pero la comercialización y la organización son muy incipientes para su producción. Organización y Gobierno propio Aunque las seis comunidades cuentan con cabildos que los agrupan como estructuras organizativas, existen pocos espacios y redes de comunicación con otros pueblos indígenas del departamento. Se observa un inicio de organización en las dos comunidades del municipio de San Vicente del Caguán ya que se vincularon a la Unión de Organizaciones Sociales, Agrarias, Ambientales, de Derechos Humanos, Campesinas e Indígenas de San Vicente del Caguán – UNIOS y aunque han asistido a reuniones, se presentan problemas de representatividad para La Pradera, debido a dificultades en la afiliación a la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán – ACISC, (creada en febrero de 2011, con participación de todos los indígenas del municipio), pues al no tener territorio no se ha obtenido el reconocimiento como cabildo urbano. También hicieron parte del manifiesto en el Primer Congreso de Comunidades Indígenas del Norte del Caquetá, celebrado entre los días 25 y 27 de febrero de 2011, como una de las primeras iniciativas de organización municipal. Por otra parte, los demás emberas en mención que habitan en el departamento del Caquetá no han tenido ningún indicio de organización. Hasta el momento no se ha contado con encuentros ni actividades exclusivas con los pobladores embera de la región, la población manifestó su desconocimiento al respecto y

su voluntad de conformar una asociación de cabildos que sirva como eje organizativo y como herramienta garante de sus derechos. Atención institucional Pese a la grave situación territorial y cultural de las comunidades en la región, aunque la mayoría tiene RUPD, solo algunas han sido receptoras de subsidios de Familias en Acción, pero no se han presentado verdaderas alternativas de solución para la precaria situación en la que viven. Por otra parte, las gestiones ante el INCODER para ampliación, titulación o reubicación tampoco han sido efectivas en ninguno de los casos. Violencia y derechos humanos En la región de San Vicente del Caguán, se reportan problemas con el ejército por el reclutamiento de indígenas y el no reconocimiento del fuero. En la región de El Rubí, por presencia de grupos insurgentes, hay combates y amenazas por parte de los grupos armados y bloqueo de alimentación, requisas y abusos por parte de los integrantes de la Fuerza Pública. Hay ametrallamientos desde helicópteros y, hace un año, se registró el asesinato de un indígena. Allí mismo en esa región se tiene visto un territorio para poder reubicarse con sus compañeros embera que viven allá hace 20 años, pero una persona fue amenazada recientemente y se desplazó a la cabecera. Esto obstaculizó los trámites que se estaban haciendo para la adquisición de la tierra. Los integrantes de La Libertad No. 2 manifestaron su preocupación por presencia de minas antipersona en su territorio. 1. MUNICIPIO DE FLORENCIA 1.1 Resguardo de Honduras Antecedentes de poblamiento En los inicios de la década de los setenta, luego de largo recorrido desde la región limítrofe entre Chocó y Valle, finalmente un grupo de familias se asientan en la zona alta del río Bodoquero, allí logran por parte del INCORA el reconocimiento de un territorio de resguardo en el que permanecen relativamente poco tiempo después de su constitución. La población de Honduras ha vivido la presión de diferentes actores armados en distintas épocas y como consecuencia el desplazamiento forzoso que les ha llevado a diferentes regiones, es así como la presión del M-19 en la década de los ochenta los expulsa y los lleva durante un período al municipio de Trujillo en el

Valle, para retornar de nuevo a su territorio y constituir su resguardo a través del INCORA en 1992. Diferente suerte corren algunas familias que se habían establecido en la parte baja del mismo río Bodoquero, las cuales en los inicios de la década de los ochenta son desplazados de su territorio y comienzan a vivir en los barrios de invasión de Florencia. Posteriormente por la presión de las FARC, hacia 1996, deben volver a salir de su resguardo y comienzan un largo camino de vida como población desplazada en el municipio de Florencia. Retornan de nuevo y hacia el año 2005 salen definitivamente de su territorio. Desde ese año la población conformada por 40 familias se asienta en el barrio Las Malvinas, Las Palmeras y Kenedy, barrios de invasión y sitios en los que las condiciones de vida son precarias. A través de una tutela logran que el INCODER compre una finca de alrededor de 300 hectáreas como espacio de paso, espacio en el que ante la ausencia de programas de apoyo no han podido realmente desarrollar actividades productivas y sitios de vivienda. Asentamiento actual Las familias desplazadas de Honduras viven actualmente en su gran mayoría en Florencia, en el barrio Malvinas, pero también en Las Palmeras y en el Kenedy. Estos espacios son marginales o subnormales allí viven en casas en arriendo, en lugares en los que las condiciones de habitabilidad presentan grandes deficiencias, algunas con paredes de madera, otras con pisos en tierra y en general en espacios reducidos en condiciones de hacinamiento. El largo período en el que han permanecido en condición de desplazados les integra en diversidad de espacios y actividades de tipo urbano, aspecto fundamental al momento de valorar alternativas respecto a la reubicación, pues para ellos el retorno a Honduras no es expectativa que se deba tomar en cuenta. Aunque el INCODER ha dispuesto una finca para que de modo temporal puedan establecerse, la apropiación de ese espacio no ha sido posible por la dificultad de no disponer allí de viviendas y de una infraestructura básica para el grupo de familias, como tampoco se han generado programas de apoyo que garanticen alternativas económicas. En la finca comprada por el INCODER, que se asume de paso y por ello no se les titula, están asentadas actualmente dos familias, pero igualmente de forma estacional circulan por este predio otros miembros de la comunidad, especialmente adultos que van en función de trabajo.

Fotografía 2. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Honduras.

Población

El grupo de 44 familias provenientes del resguardo de Honduras, está conformado por 141 personas. El segmento de población definido como primera infancia corresponde al 18%, mientras que el grupo de población por debajo de los 14 años o en condición de dependencia llega al 38%.

TABLA 3. POBLACION DE HONDURAS ASENTADA EN FLORENCIA RANGO DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

9

16

25

5 a 9 años

6

4

10

10 a 14 años

11

6

17

15 a 19 años

9

14

23

20 a 24 años

9

12

21

24 a 29 años

4

6

10

30 a 34 años

5

6

11

34 a 39 años

3

3

6

40 a 44 años

3

2

5

45 a 49 años

1

4

5

50 a 54 años

0

1

1

55 a 59 años

1

0

1

60 a 64 años

1

0

1

65 a 69 años

2

0

2

70 a 74 años

0

1

1

75 a 79 años

1

1

2

65

76

141

Es importante señalar que la población económicamente activa llega a un 58%, aspecto significativo, pero imposible de explicar por no disponer de información sobre la población en diferentes momentos de su historia.

Gráfica 4. Distribución poblacional de Honduras.

Escolaridad El índice de analfabetismo se ubica en 17.4%, es decir 25 de las personas por encima de 15 años no han asistido a la escuela. La integración al espacio urbano conlleva a que participen de un espacio escolar totalmente extraño a su cultura, aspecto que tiene consecuencias en el mediano plazo en el plano lingüístico, en el conocimiento de su historia y en la apropiación de su modelo institucional. Actualmente el grupo de población en edad escolar, como también la adulta que ha participado en algún momento de la institución educativa llega a 85 personas, es decir el 60.2% de la población, de éstos 70 de ellos tienen por lo menos un nivel de educación primaria, mientras 14 tienen por lo menos un nivel de bachillerato y una persona ha ingreso a la universidad. Actualmente 39 personas se integran a la institución educativa, cifra que es significativa porque el segmento de población entre los 5 años y los 14 sólo llega a 27, aspecto que permite deducir que existe un esfuerzo de la población adulta por participar en la escuela. Salud

Por la condición de ser población desplazada y estar inscrita en el sistema de atención, esta situación les permite acceder a la prestación de los servicios de salud y actualmente las familias están inscritas en CAPRECOM en el marco del régimen subsidiado. Esta condición no implica que la atención sea adecuada, como es característico al sistema de salud en el contexto nacional.

Economía El ser población desplazada y además indígena les ubica en el conjunto de labores asociadas a la informalidad y en tareas que no requieren especialización alguna. Aunque la mayoría de los adultos, hombres y mujeres, han encontrado en la artesanía, en el tejido de manillas y collares de chaquira, una alternativa para generar ingresos, esta actividad no puede entenderse como fuente sostenida de ingresos o como actividad en la que la familia pueda garantizar un salario digno. Esto significa que los adultos tengan que ocuparse de diversidad de oficios como son en el caso de las mujeres el trabajo en las plazas de mercado en la venta de verduras, en los restaurantes y en el servicio doméstico, mientras los hombres ofician de coteros, de jornaleros en las fincas vecinas a Florencia o en el comercio informal. Con la entrega de la finca de paso en el Palmar, algunos han encontrado una alternativa para ligarse a actividades productivas de tipo agrícola, aspecto importante porque así sea de modo estacional les permite articularse al campo y generar alguna producción. Entre el Palmar y el escenario urbano se presenta cierta movilidad que está determinada por la ausencia de una infraestructura que pueda albergar al conjunto de familias, pero igualmente, en algunos casos, por las expectativas generadas por los años de vida en el dominio urbano, respecto a ello es importante resaltar que algunos jóvenes pasaron su período de adolescencia y formación en el contexto cultural y el modelo de comunicación propio al ámbito urbano. Los ingresos mensuales son difíciles de cuantificar por el tipo de actividad que al ser informal, no se puede valorar en términos de unidades constantes, pero si es posible deducir que excepcionalmente algunas familias superan los 200.000 pesos mensuales, cifra que enseña la precariedad en la que viven estas familias, obligadas a pagar arriendo y a subsistir con un monto cercano a los 5.000 diarios por familia. Atención institucional

El grupo de familias, en su totalidad, están inscritas en el sistema de información sobre población desplazada y han sido receptoras de los subsidios por ayuda humanitaria, los cuales en ocasiones son en especie o mercados, y en otras en dinero. Es el programa de Familias en Acción el que tiene una cobertura de la totalidad de familias que tienen hijos y es este programa el que se proyecta como modelo de atención. Con relación a la problemática territorial la atención se ha reducido a la consecución por parte del INCODER de una finca de paso, que sin ninguna infraestructura, no ha podido convertirse en opción de asentamiento para una parte de la población. ACNUR ha desarrollado en ese predio la adecuación de una vivienda y baños, con lo que dos familias han terminado viviendo en ese predio. Organización y gobierno propio El cabildo indígena como institución es adoptada desde la época en la que se estructura el resguardo y se ha mantenido como el instrumento que permite mantenerse agrupada la población a pesar de la dispersión que propicia el desplazamiento. Este cabildo ha sido también quien ejerce la intermediación con los agentes gubernamentales locales y nacionales. Esta población no se integra en espacios organizativos a los que concurran otros indígenas u organizaciones sociales, aspecto que los torna débiles para asumir la negociación en la resolución de su problema territorial. Violencia y derechos humanos A pesar de disponer de títulos sobre su territorio en Honduras, sin embargo la posibilidad de retorno a su tierra no es posible, pues los factores que determinaron el desplazamiento forzado no han cambiado y para las familias la única alternativa es la reubicación. Es claro para el grupo que la reubicación debe satisfacer la aspiración de vivir cerca a las cabeceras urbanas, cuestión que resulta de los procesos generados por el desplazamiento forzado que al obligarlos a vivir en el contexto urbano les determina nuevas necesidades y les integra a mercados en los que pueden explorar alternativas económicas.

1.2 Resguardo de San Pablo Antecedentes de poblamiento Las familias indígenas que actualmente viven en el resguardo de San Pablo son originarias del antiguo asentamiento de la parte alta del río Bodoquero, que posteriormente integrarán el resguardo de Honduras, territorio que fue

abandonado definitivamente por estas familias hacia mediados de los noventa del siglo pasado. Las familias se establecieron en el territorio actualmente conocido como San Pablo, se desprenden del grupo que es desplazado en la década de los ochenta del alto Bodoquero y se ubican en la vereda de San Pablo en donde compran un primer predio cercano al caserío de Pará. Estas familias, hacia 1984, compran un predio de 96.5 hectáreas y a partir de 1999 el INCORA compra otros cuatro predios aledaños de un área aproximada de 471 hectáreas, las cuales se engloban con el primer predio para de ese modo constituir el resguardo. Asentamiento actual En el territorio se dispersan las viviendas de techos de zinc, paredes de madera, siendo general que no dispongan de sistemas de saneamiento, como tampoco de acueducto. Por la tendencia a reproducir sus sistemas tradicionales de producción en los que la movilidad de la población supone el recorrer áreas de bosques y cuencas, conlleva el que se presenten conflictos con vecinos o con propietarios de predios adyacentes al territorio del resguardo. Durante varios años las familias han solicitado la compra de dos predios, trámite que ha sido infructuoso.

Fotografía 3. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. San Pablo.

Población El asentamiento de San Pablo está conformado por 12 familias que suman un total de población de 53 personas, de las cuales 21 de ellas o el 40% se ubican por debajo de los 14 años.

Gráfica 5. Distribución poblacional de San Pablo

TABLA 4. POBLACION COMUNIDAD DE SAN PABLO RANGO DE EDAD

Escolaridad

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

5

1

6

5 a 9 años

7

5

12

10 a 14 años

3

2

5

15 a 19 años

3

4

7

20 a 24 años

3

1

4

24 a 29 años

3

2

5

30 a 34 años

3

2

5

34 a 39 años

0

0

0

40 a 44 años

0

0

0

45 a 49 años

0

1

1

50 a 54 años

1

1

2

55 a 59 años

2

2

4

60 a 64 años

1

1

2

31

22

53

El análisis de la escolaridad en una comunidad que por sus condiciones demográficas, económicas y de localización del asentamiento presenta dificultades para la promoción de personas para que asuman el proceso educativo y que además lo puedan desarrollar desde una perspectiva propia, es aspecto a tener en cuenta en la política educativa a asumir en el conjunto de las comunidades indígenas dispersas y en los escenarios donde los procesos organizativos presentan debilidad. Es así como en la comunidad de San Pablo, el segmento de población ubicado entre los 5 años y los 14, que llega 17 personas, en la actualidad sólo 8 participan del proceso educativo, cuestión que enseña claramente sobre las expectativas de promoción de la población a través de la educación. Salud Las familias participan del régimen subsidiado, modelo que es valorado negativamente en cuanto a la calidad y que experimenta ninguna adecuación respecto al contexto cultural indígena. Economía La economía y producción de este grupo de familias gira alrededor de la producción de auto subsistencia, aspecto que se refuerza por las pocas oportunidades de comercialización ante las condiciones de comunicación y los costos de movilización de los productos. En algunas ocasiones algunos miembros de la comunidad, especialmente los hombres van a jornalear a fincas vecinas. Atención institucional La población no participa de ningún programa de atención por parte de instituciones como la Acción Social o como ICBF, pero tampoco de programas orientados a resolver los problemas de infraestructura o de producción. Organización y gobierno propio El cabildo es la organización que les permite realizar la interlocución con las instituciones locales, pero por las características del asentamiento en el que la parentela funciona en la lógica tradicional es el mayor quien ejerce gobierno y quien opera como agente que controla los conflictos y en general las relaciones sociales. En estos casos el cabildo no requiere de estatutos o regulaciones nacidas de un acuerdo explícito y son las normas tradicionales las que siguen operando en la base de la organización social.

Violencia y derechos humanos Si bien no hay asesinatos, amenazas o desapariciones, es claro que en las relaciones con los agente gubernamentales locales existe un desconocimiento de los derechos especiales de los indígenas y en tal sentido no se presenta la atención adecuada.

1. MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES

2.1. Resguardo de Cerinda Antecedentes de poblamiento Hacia el municipio de Belén de los Andaquíes se localizan algunas familias embera que habían seguido la ola migratoria que hacia mediados de los sesenta los había llevado al Caquetá y al Putumayo. Allí, logran constituir una pequeña área en resguardo, que apenas llega a 52 hectáreas, en las que en la actualidad se asientan 8 familias. Durante 12 años han solicitado la ampliación de este resguardo y la gestión ha sido infructuosa, a pesar de la disposición del propietario de una finca colindante que tiene un área de 200 hectáreas. A pesar de haberse solicitado ante el INCORA la compra de este predio y de haberse realizado los estudios técnicos no se ha logrado este propósito. Asentamiento actual Las viviendas se distribuyen en el resguardo asociadas a las áreas de cultivo, sin que se disponga de acueducto y de sistemas de saneamiento básico, como tampoco de electricidad. Las casas de techos de zinc, en su mayoría tienen paredes de madera y los pisos de esterilla o palma se construyen según la pauta tradicional.

Fotografía 4. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Cerinda.

Población La población está conformada por 8 familias que suman un total de 51 personas, grupo en el que la población económicamente dependiente asciende a 34 y llega al 47%. Además de que las condiciones del área ocupada no les permiten realizar actividades productivas propias de su sistema tradicional, como la caza, la pesca y la recolección, cuando estas actividades se realizan se generan conflictos con los propietarios de la vecindad. Sin embargo, por la magnitud de la población se pueden generar los recursos para garantizar de modo relativo su seguridad alimentaria.

Gráfica 6. Distribución poblacional de Cerinda TABLA 5. POBLACION RESGUARDO CERINDA

RANGO DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

4

4

8

5 a 9 años

2

3

5

10 a 14 años

6

4

10

15 a 19 años

5

5

10

20 a 24 años

1

3

4

24 a 29 años

2

0

2

30 a 34 años

1

1

2

34 a 39 años

1

1

2

40 a 44 años

1

1

2

45 a 49 años

0

1

1

50 a 54 años

1

0

1

55 a 59 años

0

0

0

60 a 64 años

2

1

3

65 y más

0

1

1

26

25

51

Escolaridad En la actualidad disponen de una escuela que por su ubicación presenta ciertas dificultades para el acceso al conjunto de la población escolarizada, que apenas llega a 11, pero que por no estar ubicada la instalación en un sitio equidistante a las viviendas, se presentan dificultades para su acceso especialmente en invierno. Aunque han solicitado la construcción y reubicación de la escuela ante el municipio en el pasado, les han solicitado escritura del lote, sin entender que tal área es zona de resguardo. Entre la población el analfabetismo llega al 23%, en tanto el 51% tienen algún nivel de primaria y sólo dos personas tienen por lo menos un nivel de bachillerato. Con relación a la promoción educativa es importante valorar que estas comunidades, aisladas y con bajas poblaciones, presentan dificultades para desarrollar sus propios sistemas educativos, pero también para garantizar poblaciones mínimas para generar escenarios educativos más allá del nivel de primaria, cuestión que conlleva explorar proyectos educativos regionales.

Salud La totalidad de las familias están inscritas en el régimen subsidiado, sin que ello signifique que existan condiciones adecuadas para la prestación del servicio y sin que se presenten sistemas de promoción de la salud como lo

indica la ausencia de servicios básicos y de saneamiento en el asentamiento. Con relación a los agentes tradicionales en el sistema de salud se están perdiendo, especialmente en lo relacionado con el jaibanismo. Economía La economía se inscribe en el modelo tradicional en el que la agricultura y la actividad pecuaria tiene como finalidad el autoconsumo, aspecto que se refuerza por las condiciones que limitan el acceso a los mercados y la comercialización de algunos excedentes. La población gira alrededor del municipio de Belén de los Andaquíes, sitio al cual se accede, luego de caminar varias horas para tomar la escalera, factor que conlleva una baja motivación para la comercialización, debido a los altos costos de movilización de los productos. Es así como los ingresos de las familias no son constantes y en ciertos períodos se debe recurrir a jornalear, sin que exista demanda por las condiciones de marginalidad de la economía regional. Atención institucional El programa familias en acción tiene cobertura en este asentamiento y de éste participan las unidades familiares que tienen niños, además asociado a la escuela se desarrolla el programa de restaurante escolar. Organización y gobierno propio Es el cabildo la institución que ejerce el control social en la comunidad, es importante entender que por ser un grupo familiar extenso las regulaciones están dadas por los sistemas de poder tradicional, sin que existan regulaciones escritas o que resulten de un acuerdo realizado de forma explícita. Violencia y derechos humanos En este resguardo en los últimos diez años han sido asesinadas dos personas y una tercera permanece como desaparecida, los autores de estos hechos hasta ahora no han sido identificados y no hay proceso de reparación al respecto. 2. MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ANTENA 3.1. Comunidad País Amazonía Antecedentes de poblamiento Asentados hacia los inicios de la década de los ochenta en la parte baja del río Bodoquero, después del asesinato de uno de sus líderes, se desplazan hacia la

ciudad de Florencia, sitio donde permanecen de modo indefinido, sin que encuentren resolución a su problema territorial. En Florencia tienen residencia en un barrio de invasión y fundamentalmente viven de labores de tipo informal y en el trabajo de tipo artesanal. Con las medidas que se derivan de la normatividad para enfrentar el desplazamiento forzado se inscriben en los sistemas de información y esta condición les ha permitido acceder a cierta ayuda humanitaria y a la prestación del servicio de salud. Es la acción de una ONG la que les permitirá obtener un lote de terreno en la vereda Orteguaza del municipio de San Antonio de Antena, proceso que sólo les integra de nuevo al campo luego de casi treinta años de permanecer en la condición de desplazados. Es importante resaltar la capacidad de resistencia de este grupo familiar, que a pesar de haberse mantenido durante un largo período en el contexto urbano, sin embargo mantienen viva su lengua, su cultura y su memoria histórica. Asentamiento actual En una finca de 60 hectáreas se establece el grupo de 11 familias que como desplazados han vivido durante muchos años en Florencia, asumen como nombre de este asentamiento el de País Amazonía y este predio lo obtienen a través de la gestión de una ONG del Caquetá, que con recursos de la cooperación española compran la finca en el año 2010. Esta finca localizada en el río Orteguaza en el municipio de San Antonio de Antena, dispone de más o menos 10 hectáreas de bosque, 7 de potrero y las demás áreas se distribuyen en zonas para cultivos y rastrojos. En esta finca todavía no existe vivienda para el conjunto de familias y sólo hay una casa, esto significa que se presenta hacinamiento, pero también que todavía no hay un asentamiento definitivo y que se mantiene cierta movilidad entre la ciudad y el nuevo espacio. Para noviembre de 2011 la escritura de esta propiedad no se había transferido a las familias embera.

Fotografía 5. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. País Amazonía.

Población La población está conformada por 11 familias que suman un total de 47 personas, grupo en el que la población económicamente dependiente asciende a 23 representando un 49%.

Gráfica 7. Distribución poblacional de País Amazonía. TABLA 7. POBLACIÓN PAÍS AMAZONÍA RANGO DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

7

1

8

5 a 9 años

6

2

8

10 a 14 años

2

4

6

15 a 19 años

3

2

5

20 a 24 años

2

1

3

24 a 29 años

3

4

7

30 a 34 años

1

0

1

34 a 39 años

2

0

2

40 a 44 años

0

0

0

45 a 49 años

1

0

1

50 a 54 años

0

1

1

55 a 59 años

1

2

3

60 a 64 años

1

0

1

65 y más

0

1

1

29

18

47

Escolaridad El porcentaje de población que no ha participado de la escuela es de 19%, pero se observa una paulatina inserción de la población en el sistema educativo, aspecto que se evidencia entre el grupo que actualmente está por debajo de los treinta años, grupo que se caracteriza por haber cursado algún nivel de primaria. Si bien este aspecto es significativo, ello no quiere decir que la escuela se constituya en instrumento de promoción. El nivel de escolaridad es bajo y a ello se debe agregar los aspectos relacionados con la calidad, pues es claro que la acción educativa se realiza en condiciones de marginalidad, sin que ello contribuya a la generación de habilidades que les posibilite un mejor desempeño. En el grupo tres personas actualmente cursan el bachillerato, proceso que lo asumen en edad tardía, es decir en edades por encima de los 20 años. Salud La totalidad de las familias están inscritas en el régimen subsidiado en CAPRECOM y la atención como es pauta general no se realiza bajo los parámetros mínimos de eficiencia y oportunidad. Economía En el año 2010, con la entrega que la ONG hace de la finca comienza a cambiar la perspectiva para el grupo de familias y la producción agrícola es actividad que comienza a aparecer como opción de vida. En ello es importante anotar que para algunos esta opción implica el aprendizaje del manejo agrícola

y ambiental, prácticas que para algunos son extrañas por haber crecido en el contexto urbano y porque les impone otra cotidianidad. Es así como la actividad artesanal, el tejido de chaquiras, se constituye en actividad que les genera ingresos y que de cierto modo es asumida como cierta especialización que a lo largo de muchos años les ha permitido integrase al mercado. Atención institucional Es evidente que la población, a pesar de estar inscrita en el RUPD, no ha encontrado alternativas para la solución de sus problemas territoriales y culturales en el ámbito gubernamental y ha sido una ONG local la que ha gestionado los recursos para la consecución de un predio, que por su extensión no satisface las expectativas de producción del grupo de familias. En la actualidad el apoyo institucional se reduce al grupo de familias integradas en el programa familias en acción. Organización y gobierno propio Este grupo de familias, si bien se integran alrededor del cabildo, esta institución adquiere más bien importancia para las relaciones externas o con los agentes gubernamentales y no tanto hacia el interior de la comunidad donde prima el papel de dirección del jefe de la parentela. Es Jorge Aisama quien oficia como jefe natural por ser la cabeza del grupo, es decir el más viejo y sobre quien recae el papel de gobierno por ser el conjunto de familias su parentela. De este modo los sistemas de control social no aparecen regulados por un acuerdo y más bien tiene sentido en la tradición. Violencia y derechos humanos En la memoria del grupo los hechos de violencia que les expulsa de sus tierras se remonta a 1983, momento en el que es asesinado el líder o cacique y que les coloca en estado de vulnerabilidad durante más de dos décadas. Esta condición, en la que prima la ausencia de atención por parte del Estado, se mantiene vigente y en la actualidad no existen iniciativas orientadas a resolver en primer orden el problema territorial, pero tampoco se proyectan programas orientados a satisfacer las demandas en el plano educativo o en la generación de oportunidades económicas y el fortalecimiento de su cultura. 4. MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUÁN 4.1. Comunidad La Libertad No. 2 Antecedentes del poblamiento

Son descendientes de emberas provenientes de San José del Palmar, Chocó. Las familias en 1961 fueron desplazadas por pleitos entre jaibanás de la región. Llegaron entonces a Pajuil, Caquetá y luego a Puerto Rico, de donde se desplazaron y dispersaron debido al asesinato de un indígena en el año 1988. En 1992, se encontraron nuevamente y fundaron el primer cabildo en la vereda Primavera. Luego se dispersaron y en el año 2004 se volvieron a organizar y se asentaron en un baldío, en donde trabajan la tierra y se encuentran en la actualidad. Asentamiento actual El asentamiento tiene 1.400 has. fue ocupado por estas familias en el año 2004. Está situado en la vereda La Libertad, Corregimiento de Campo Hermoso, y está poblado por 132 habitantes. Queda a dos horas de la cabecera municipal. Todas las casas están hechas en madera y tienen techo de zinc. Utilizan planta eléctrica y el agua la obtienen del caño que pasa por el territorio.

Fotografía 6. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. País Amazonía.

Población En el asentamiento actualmente viven 23 familias compuestas por 132 personas. La mayor parte del grupo (48%) está constituida por población económicamente activa, seguida de personas en edad escolar (34%).

Gráfica 8. Distribución poblacional de La Libertad No. 2 TABLA 7. POBLACIÓN LA LIBERTAD No. 2 RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

8

7

15

5 a 9 años

16

8

24

10 a 14 años

8

12

20

15 a 19 años

7

6

13

20 a 24 años

5

4

9

24 a 29 años

4

2

6

30 a 34 años

4

5

9

34 a 39 años

6

3

9

40 a 44 años

6

6

12

45 a 49 años

2

1

3

50 a 54 años

2

1

3

55 a 59 años

0

0

0

60 a 65 años

2

0

2

65 a 69 años

1

2

3

70 a 74 años

1

3

4

75 a 79 años

0

0

0

72

60

132

Hay 6 familias emberas que ya no pertenecen al cabildo y viven en la vereda La Novia y trabajan conjuntamente con la Junta de Acción Comunal de la región. Escolaridad Tienen escuela en el asentamiento a la que asisten aproximadamente 25 niños. No hay profesores embera, lo que se considera un obstáculo en la preservación de la cultura.

Hay un alto porcentaje de analfabetismo (41%), esto tiene que ver con que la comunidad manifestó que no se da importancia a la asistencia a la escuela por parte de las familias. Hay una cantidad significativa de jóvenes en edad escolar que no asisten a la escuela y se observó que la mayoría de asistentes a la reunión eran analfabetas. Salud Existen problemas con el dengue y la fiebre amarilla. Algunas veces, no muy regularmente suben brigadas médicas al territorio, pero la comunidad manifestó que no prestan atención a los problemas que existen además de desnutrición, diarrea y leishmaniasis. Aunque todos tienen afiliación a CAPRECOM E.P.S., la atención es deficiente y se presentan problemas de discriminación. Además la falta de vías de transporte y de centros de salud en las veredas cercanas, hace que se presenten grandes dificultades en momentos de emergencia, porque hay que bajar hasta la cabecera de San Vicente del Caguán. Economía Las familias son principalmente agricultoras. Siembran yuca, plátano, maíz, arroz, caña y un poco de café. Cada uno tiene sus parcelas, más o menos media hectárea de yuca, 4 hectáreas de maíz y media hectárea de plátano cada una. También cultivan arroz y caña para lo que manifestaron la necesidad de un trapiche. Cada casa cuenta con especies menores y caballos para las familias. La zona constituye una buena oferta de recursos naturales, también se puede practicar la pesca en el río Yarí en época de subienda y se practica la caza de boruga, conejo, armadillo y mico, lo que indica que pueden abastecerse para garantizar en un nivel relativo su seguridad alimentaria. Las artesanías también constituyen un ingreso individual, pero solo cuando se puede vender en la cabecera. Los habitantes de la comunidad juntos con colonos de la región están construyendo una vía de acceso hacia la cabecera municipal, pues la falta de vías constituye el mayor inconveniente para la comercialización de los productos. El jornaleo constituye también un insumo para la generación de ingresos. Atención institucional Ninguno de los habitantes recibe subsidios o ayudas por parte del Estado.

Organización y Gobierno propio Están organizados en cabildo (Tabla 8.), pero se presentan problemas al momento de identificar el papel de cada uno de sus integrantes y la función del cabildo como estructura representativa de la comunidad. Cuentan con bases de justicia propia, pues además de contar con una guardia indígena estructurada, hay un cepo en la comunidad que es utilizado cuando se considera necesario. CARGO Gobernador Suplente Tesorero Fiscal Secretario

NOMBRE Raúl Nequirucama Wilfer González Luis Ángel González Andrés Nequirucama Uldey Nequirucama

TABLA 8. LISTA DE INTEGRANTES DE CABILDO LA LIBERTAD No. 2

Hay prácticas tradicionales como danzas y música. Es una comunidad integrada por artesanos que trabajan la chaquira, la iraca y el bejuco. Violencia y derechos humanos Después de los problemas y asesinatos en su territorio original, producto de la violencia política y del jaibanismo, que traen como consecuencia el desplazamiento de los diferentes grupos, no se ha prestado ningún tipo de atención por parte del Estado sin resolver el problema territorial que constituye un factor determinante en la extinción de la cultura embera. La comunidad está amedrentada debido a la existencia de minas antipersona dentro y alrededor del territorio. 4.2. Comunidad La Pradera

Antecedentes del poblamiento Son descendientes de emberas del departamento de Caldas que se desplazaron en 1950 hacia el Caquetá por problemas de jaibanismo. Primero llegaron a Pajuil en donde permanecieron 10 años en la vereda El 29. Luego, en busca de tierras y de oportunidades se trasladaron a El Doncello, y luego a San Juan de Losada en 1990 en donde se establecieron en un predio comprado de 50 hectáreas, llamado La Cabaña 2. De allí fueron desplazados

por causa del conflicto armado en el 2004 y desde ese entonces viven en un barrio de invasión llamado La Pradera en la cabecera municipal. Asentamiento actual Los habitantes de este sector viven en condiciones de hacinamiento, pues solo cuentan con 5 casas para 85 personas. Las otras 14 personas viven en las fincas de sus patrones en donde jornalean y cuando van a la cabecera o no tienen trabajo, deben alojarse en estas mismas casas en muy malas condiciones. Las casas están en un barrio de invasión, no cuentan con servicio sanitario, ni con sistema de disposición de basuras, lo que ha traído problemas en la salud de los habitantes. Hay 1 familia que vive en la vereda El Rubí, en un predio propio de 300 hectáreas hace 20 años y que están afiliadas al cabildo. También hay 5 familias que viven en la cabecera, con dinámicas kapunias y en barrios diferentes. Población Cuenta con 23 familias compuestas por 99 personas. La mayor parte del grupo (47%) está constituida por personas en edad escolar seguida por la población económicamente productiva (35%) y los niños menores de 5 años ocupan un 10% de la población.

Gráfica 9. Distribución poblacional de La Pradera.

TABLA 9. POBLACIÓN LA PRADERA Rango de edad 0 a 4 años

HOMBRES

MUJERES 7

TOTAL 3

10

5 a 9 años

7

6

13

10 a 14 años

6

10

16

15 a 19 años

10

7

17

20 a 24 años

5

0

5

24 a 29 años

0

1

1

30 a 34 años

2

3

5

34 a 39 años

4

5

9

40 a 44 años

4

2

6

45 a 49 años

4

1

5

50 a 54 años

3

1

4

55 a 59 años

0

0

0

60 a 65 años

1

1

2

65 a 69 años

0

0

0

70 a 74 años

0

0

0

75 a 79 años

3

2

5

80 a 84 años

0

0

0

85 a 89 años

1

0

1

57

42

99

Escolaridad Los niños asisten a la escuela del barrio. Aunque el mayor porcentaje de esta población representa a las personas en edad escolar hay un 14% que no asiste a la escuela. Existe un 17% de analfabetismo, se observó que no se le da importancia a la educación formal, ni a la alfabetización en la comunidad. No hay profesor bilingüe, pese a los esfuerzos hechos por preservar la lengua como base de su cultura. Salud Se presentan problemas de desnutrición por la falta de oportunidades en el trabajo y la consecuente pobreza de la población. En los adultos se han presentado úlceras por falta de alimentación. Aunque todos están afiliados a régimen subsidiado, existen problemas en la atención hacia los indígenas por discriminación, falta de enfoque diferencial y mal servicio. Cuentan con medicina tradicional y jaibaná. No hay promotor de salud. Economía

Al no tener territorio, la única fuente de ingreso es el jornaleo. Pero la falta de oportunidades laborales que ocasionan muy bajos ingresos, hace que la situación económica sea imposible y repercute en la alimentación de sus integrantes. Los ingresos mensuales están entre $100.000 y $300.000 por cabeza de familia.

Atención institucional Aunque todos tienen carta de desplazado, solo dos familias reciben subsidio de Familias en Acción.

Organización y Gobierno propio Están organizados en cabildo (Tabla 10), pero se observan debilidades en el liderazgo ya que todo el trabajo se centra en unos pocos. Al no tener territorio se han presentado dificultades en el reconocimiento de cabildo porque aunque es una comunidad de zona rural, al ser desplazada por causa del conflicto armado no se reconoce el cabildo por estar habitando en zona urbana desde hace 8 años. CARGO Gobernador Fiscal Tesorera Secretaria

NOMBRE Alcibiades Tascón Gilberto González Zuleta Argenis González Zuleta Luz Dary Nequirucama Zuleta TABLA 10. LISTA DE INTEGRANTES CABILDO LA PRADERA.

Se han presentado problemas con las JAC´s de la zona por no querer hacer parte de éstas y exigir su reconocimiento como cabildo. Todos hablan la lengua materna y hacen grandes esfuerzos por mantener su cultura y sus tradiciones. También cuentan con jaibaná y practican fiestas rituales propias de los Chamíes. Violencia y derechos Humanos Se presentan problemas con el ejército por el reclutamiento de indígenas y el no reconocimiento del fuero. En la región de El Rubí, por presencia de grupos insurgentes, hay combates y amenazas por parte de los grupos armados y bloqueo de alimentación, requisas y abusos por parte de los integrantes de la Fuerza Pública. Hay ametrallamientos desde helicópteros y, hace un año, se registró el asesinato de un indígena.

En la región de El Rubí, en donde se quiere un territorio para vivir unidos con los embera que viven allá hace 20 años, una persona fue amenazada recientemente y se desplazó a la cabecera. Esto obstaculizó los trámites que se estaban haciendo para la adquisición de la tierra.

5. MUNICIPIO LA MONTAÑITA 5.1. COMUNIDAD EL CEDRITO Antecedentes del Poblamiento El proceso migratorio de esta comunidad corresponde con el de las demás familias emberas ubicadas en el departamento de Caqueta, las razones que dan origen a este proceso están relacionadas con la segmentación ocasionada por el poder del jaibanismo. En la década de los 70, aproximadamente hacia el año 73 del siglo pasado, la recién constituida familia de José Efraín Novoa junto con otras familias, migran de La Victoria, Valle hacia el departamento del Caquetá, región que en el momento resultaba promisoria por la existencia de tierras baldías. Por un periodo de 8 meses se ubican en un sector denominado tres esquinas, municipio de Morelia, para posteriormente establecerse en el actual territorio que ocupan. Asentamiento Actual El territorio de la comunidad El Cedrito corresponde a 120 hectáreas tituladas mediante resolución No. 13 de 1.995, en el sector antes conocido como El Cedro, jurisdicción del municipio Montañita. El asentamiento cuenta con 3 viviendas de madera, piso en tierra o tabla y techo en zinc, sin saneamiento básico. La única fuente de agua con que cuentan es la del caño la Carpa, el cual ha sido afectado por la deforestación en su nacimiento. Población La población corresponde a 26 personas, 16 mujeres y 10 hombres agrupados en tres familias. Tres de estas personas son kapunías, quienes se han integrado en la comunidad al formar pareja con alguno de los emberas. Conservan el modelo de familia extensa. La población es en su mayoría joven, el 46% de la población se encuentra en los rangos inferiores a 14 años. El 22% de la población se encuentra en rangos de mayor vulnerabilidad, 11% menores de 5 años y 11% mayores de 60. TABLA 11. POBLACIÓN EL CEDRITO Rango de edad

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

2

1

3

5 a 9 años

1

3

4

10 a 14 años

1

4

5

15 a 19 años

0

2

2

20 a 24 años

0

1

1

25 a 29 años

0

0

0

30 a 34 años

1

0

1

35 a 39 años

0

0

0

40 a 44

2

1

3

45 a 49

0

1

1

50 a 54

0

0

0

55 a 59

2

1

3

60 a 64

0

0

0

65 a 69

1

0

1

70 o más

0

2

2

10

16

26

Gráfica 10. Distribución poblacional El Cedrito, Montañita.

Escolaridad El 42,85% de la población mayor de 15 años no tiene ningún grado escolar, esta población corresponde a 6 personas adultas entre 41 y 78 años. La totalidad de la población en edad escolar de la comunidad se encuentra escolarizada, asisten a la escuela de la vereda la Carpa a unos 20 minutos de camino, donde estudian con los niños campesinos de la misma vereda. Pese a la cobertura total de la educación, la vinculación de los niños al sistema educativo occidental se ha constituido en una de las principales amenazas para

el debilitamiento cultural, especialmente la pérdida progresiva del idioma embera. Salud La totalidad de la población se encuentra afiliada mediante régimen subsidiado a través de la EPS CAPRECOM, sin embargo la distancia del casco urbano del municipio 4 horas de camino destapado, 2 de ellas a pie para salir al punto de carretera donde se toma el transporte público, dificulta el acceso a este derecho. No cuentan con promotor de salud. Es importante considerar que una de los principales problemas relacionados con la salud de esta comunidad es la falta de fuentes de agua potable, pues la única fuente de agua es la del caño la Carpa, el cual en época de verano se hace turbio como consecuencia de la deforestación en su nacimiento por parte de los colonos del lugar. No existe práctica de medicina tradicional. Economía Las familias combinan las actividades de auto sostenimiento: cultivo de maíz, yuca y plátano, cría de especies menores y cacería con el trabajo de jornal, especialmente en las fincas de ganadería, al cual se vinculan los hombres por un valor de $12.000 el día, en promedio son ocupados en este oficio 2 días de la semana, esto representa un ingreso por jefe de hogar de $96.000 el mes. Organización Uno de los principales logros para el proceso organizativo de esta pequeña comunidad, es contar con un territorio titulado desde el año 95. Su base organizativa es de tipo familiar, aún no evoluciona en el sistema de cabildo. La convivencia con los colonos campesinos y su participación en el proceso organizativo propio de este grupo poblacional, JAC, ocasionó una cierta invisibilización de su condición étnica y sus derechos como pueblos indígenas. En el año 2001 los líderes deciden explicitar su diferencia como etnia, al tomar la decisión de no integrarse al proceso de la JAC, situación que generó fuertes dificultades con el campesinado, las cuales se han ido superando. Dentro del proceso organizativo se destaca el liderazgo de Raúl Nogoa, quien asume la vocería y representación de la comunidad y ha participado de espacios regionales de los pueblos indígenas, donde se ha informado en relación con derechos de los pueblos indígenas. Atención Institucional La presencia del estado se expresa en los programas del ICBF en cuanto a atención a primera infancia (desayunos infantiles), restaurante escolar y de Acción Social con familias en Acción.

Violencia y Derechos Humanos Como se planteó en el inicio, los motivos de migración hacia el Caquetá no corresponden con hechos de violencia sobre esta comunidad, y hasta el momento en su actual territorio no han sido objeto de violaciones a los Derechos Humanos o el DIH. En algunas oportunidades han debido presentarles a miembros del ejército el documento de titulación de resguardo y recordarles sus derechos cuando el ejército ha procurado establecer campamentos dentro del territorio. En la zona hace presencia el frente 15 de las FARC, sin embargo hasta el momento la comunidad manifiesta no haber sido objeto de infracciones al DIH por parte de este grupo armado.

B. DEPARTAMENTO DEL META Antecedentes del poblamiento

Fotografía 7. Taller de diagnóstico en Meta. No. 5-6 de 2011

A excepción de los habitantes de la comunidad Dokera (ubicadas actualmente en la vereda Patio Bonito, municipio de Granada), las familias que habitan en el departamento del Meta, provienen de San José del Palmar, Chocó y Valle principalmente, debido a desplazamientos realizados entre 1960 y 1970. La población embera manifiesta que el desplazamiento en su mayoría obedeció a los pleitos entre jaibanás dentro del territorio, debido a la competencia por el ejercicio del poder. Inicialmente las familias se desplazaron al departamento del Caquetá, y de allí fueron nuevamente desplazados por la violencia política en los años 90, hacia

el departamento del Meta. La mayoría llegó al municipio de La Uribe, y se han seguido desplazando, ya sea por la violencia o en busca de oportunidades, a zonas rurales y las cabeceras municipales de Granada, Villavicencio y Acacías principalmente.. Población y asentamiento actual En el departamento del Meta se ubicaron 391 indígenas Embera Chamí que viven en 82 grupos familiares, lo que constituye un 2,3% de la población indígena del departamento. La población está compuesta en su mayoría, 52%, por adultos en edad productiva (entre 19 y 59 años), en proporciones similares entre hombres y mujeres, seguidos por un 32% de personas en edad escolar (entre 5 y 19 años), con un porcentaje de 9% de niños menores de 5 años y un 7% de adultos mayores.

Gráfica 11. Distribución poblacional del Meta. TABLA 12. POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META Rango de edad 0 a 4 años

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

21

16

37

5 a 9 años

38

30

68

10 a 14 años

32

27

59

15 a 19 años

20

14

34

20 a 24 años

13

21

34

24 a 29 años

20

12

32

30 a 34 años

10

10

20

34 a 39 años

12

8

20

40 a 44 años

14

13

27

45 a 49 años

9

6

15

50 a 54 años

4

3

7

55 a 59 años

7

5

12

60 a 65 años

3

4

7

65 a 69 años

2

4

6

70 a 74 años

4

5

9

75 a 79 años

2

2

4

211

180

391

Gráfica 12. Pirámide poblacional del Meta

La población se encuentra establecida en asentamientos rurales y urbanos, un resguardo y algunas familias dispersas. Los que viven en zona urbana, que representan un 25%, habitan en barrios de invasión y habitualmente las condiciones de vivienda son precarias, con escasez o ausencia de servicios públicos y frecuentes problemas de salubridad.

Gráfica 13. Porcentajes de población urbana y rural en Meta.

El 25% de la población embera del Meta se encuentra en cascos urbanos viviendo la mayoría en barrios de invasión de Villavicencio y Granada. En Acacías viven 4 familias compuestas por 19 personas, que cuentan con servicios básicos y pagan arriendo, desde el año 2003 que fueron desplazados por el conflicto armado del resguardo La Julia y ahora viven en la cabecera, cuentan con servicios básicos y sus ingresos provienen del jornaleo. Otras 3 familias compuestas por 9 personas están en los municipios de San juan de Arama, San Carlos de Oguara y Fuente de Oro. TABLA 13. POBLACIÓN EN ASENTAMIENTOS URBANOS. META Municipio VILLAVICENCIO GRANADA ACACÍAS Y OTROS TOTAL

No. Familias

No. Personas 11 5 12 28

46 26 28 99

De los que habitan en zona rural (75%), hay 5 asentamientos a saber: Patio Bonito en el municipio de Granada, San Antonio de Chamí en La Macarena, Predio Bello Horizonte en el municipio de Lejanías y Paraíso en Uribe. En este último municipio se encuentra el único resguardo reconocido por el INCORA que es el resguardo La Julia. . TABLA 14. POBLACIÓN EN ASENTAMIENTOS RURALES. META. Nombre de la comunidad Dokerá La Julia El Paraíso Bello Horizonte San Antonio de Chamí TOTAL

Municipio Granada Uribe Uribe Lejanías Macarena

Forma de Tenencia Comodato Resguardo Asentamiento Asentamiento Asentamiento

Extensión (has)

No. de Familias

No. de Personas

4 208 308 90 120

12 26 25 4 15

50 65 85 15 77

Área aprox. cultivable 2 44 N.S. 7 3

730

82

292

------

Es así como, solo un 22% tiene un resguardo titulado (La Julia), un 61% lo ocupan los que viven en asentamientos comprados por las familias y un 17% habita un comodato otorgado en el año 2010.

Gráfica 14. Tenencia de la tierra. Meta.

En materia de vivienda e infraestructura además de los urbanos, ninguno de los asentamientos rurales cuenta con agua potable ni sistema básico de saneamiento. Casos como el asentamiento Dokerá en el municipio de Granada, está situado sobre un relleno sanitario y las condiciones de vivienda son absolutamente indignas. Escolaridad La falta de profesores bilingües constituye el mayor problema para todas las comunidades, ya que se considera la lengua materna como base de la cultura y la organización. No hay profesores capacitados en la región y cuando se ha intentado traer profesores embera chamí de otras regiones, nunca se quedan. A excepción de la comunidad San Antonio de Chamí, no se ha generado ningún proceso. Por esta razón, los niños en su mayoría están siendo educados en las escuelas veredales por profesores kapunia, y no existe propuesta curricular para la etnoeducación. Aunque existen grupos trabajan por preservar su cultura, en muchos de los casos la población ha asumido las dinámicas kapunias propias del lugar. En consonancia, frecuentemente se observa ausencia de organización social propia y pérdida de la lengua y las tradiciones embera. En el momento un 38% de la población embera dispersa en el departamento es analfabeta pero un 99% en edad escolar asiste a la escuela actualmente. Salud

La totalidad de la población se encuentra afiliada a las EPS (Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado) del departamento, CajaCopi EPS-S y Capital Salud EPS-S, en calidad de indígenas, pero las condiciones de salud no son satisfactorias y se aprecian numerosas quejas sobre la calidad del servicio recibido. Son pocos los que cuentan con prácticas de medicina tradicional y se manifiesta la necesidad de articularla con la medicina occidental. Economía En la mayoría de los casos el sustento de las familias proviene del trabajo de los hombres cabeza de familia en jornaleo o construcción. En otros pocos, la población cuenta con actividades agrícolas y ganaderas que apoyan s u sustento, que en la mayoría de veces sirve solo para autoconsumo, por dificultades de transporte y/o porque no se cuenta con extensiones de tierra cultivables. Organización y Gobierno propio A nivel de los asentamientos rurales se cuenta con cabildo, pero existen pocos espacios organizativos y de comunicación como Pueblos Indígenas, además de no tener contacto con las organizaciones de los lugares ancestrales de donde provienen. Las comunidades ubicadas en asentamientos rurales (La Julia, El Paraíso, Comunidad San Antonio de Chamí - Playa Rica La Y y Predio Bello HorizonteLejanías) se han vinculado recientemente a la Mesa Departamental Indígena del Meta, mediante su participación en el Primer Congreso Departamental de los Pueblos Indígenas del Meta, celebrado en la ciudad de Villavicencio entre el 9 y el 11 de agosto de 2011. Hasta el momento no se ha contado con encuentros ni actividades exclusivas con los pobladores embera de la región, la población manifestó su desconocimiento al respecto y su voluntad de conformar una asociación de cabildos que sirva como eje organizativo y como herramienta para garantizar el respeto de sus derechos.

Violencia y derechos humanos La entrada de empresas multinacionales extractoras de hidrocarburos y de otros megaproyectos, aún no se percibe como amenaza por estas

comunidades. Sin embargo, los testimonios recogidos en La Uribe y La Macarena, dan cuenta de la presencia de una empresa petrolera hace 30 años que realizó estudios exploratorios y dejó mojones en diversos lugares del territorio indicando los lugares en donde es posible la perforación, lo que puede significar un riesgo a futuro para las comunidades. En términos del conflicto armado, los Embera Chamí de la Uribe han sufrido afectaciones como consecuencia de la presencia guerrillera y paramilitar, la declaración del municipio como zona de distención y su posterior militarización. Por esta razón, en la actualidad las comunidades asentadas principalmente en los municipios de La Uribe, La Macarena y Lejanías, han sufrido vulneraciones a sus derechos por parte de la Fuerza Pública principalmente, que serán expuestas más adelante.

ASENTAMIENTOS RURALES 1. MUNICIPIO DE LA URIBE En este municipio los embera Chamí se distribuyen en dos comunidades: El resguardo La Julia y el asentamiento rural El Paraíso.

1.1 Resguardo La Julia Antecedentes del poblamiento La mayoría de los habitantes provienen de El Dovio, Valle y llegaron en 1978. La población embera manifiesta que el desplazamiento en su mayoría obedeció a los pleitos entre jaibanás dentro del territorio, debido a la competencia por el ejercicio del poder. Unos llegaron a Puerto Rico y Pajuil (Caquetá) y otros a Orito (Putumayo), de donde fueron desplazados por causa del conflicto armado la mayoría a Castillo en donde se establecieron por un tiempo. Después se dispersaron por diferentes municipios del departamento del Meta, hasta que en 1995 por iniciativa el señor Omar Yagarí, que actualmente vive en el departamento de Casanare, conformaron el primer cabildo y se asentaron en el territorio que hoy es el Resguardo La Julia. Asentamiento actual

Este resguardo constituido por Res. 0025 del 2003, tiene una extensión de 208 Has. Son 26 familias compuestas por 65 habitantes, que viven en ese territorio desde 1996. Se encuentra a una hora de la Inspección de La Julia en la vereda El Placer y a 3 horas de la cabecera municipal del La Uribe.

Fotografía 8. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. La Julia.

Población Actualmente viven 26 familias compuestas por 65 personas, 36 hombres y 29 mujeres. La mayor parte del grupo (51%) está constituido por adultos en edad económicamente productiva, seguido de menores en edad escolar (34%)..

Gráfica 15. Distribución poblacional de La Julia

TABLA 15. POBLACIÓN RESGUARDO LA JULIA RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES

5 a 9 años

MUJERES TOTAL 4 6 9 7 16

10 a 14 años

4

2

6

15 a 19 años

1

2

3

20 a 24 años

0

0

0

24 a 29 años

2

2

4

30 a 34 años

1

0

1

34 a 39 años

2

4

6

40 a 44 años

5

5

10

45 a 49 años

4

1

5

50 a 54 años

2

0

2

55 a 59 años

2

0

2

60 a 65 años

1

0

1

65 a 69 años

1

1

2

70 a 74 años

0

1

1

75 a 79 años

0

0

0

36

29

65

2

Escolaridad Tienen escuela en el resguardo pero al no contar con profesor bilingüe, manifiestan su preocupación por la pérdida progresiva de la lengua y el impacto que pueda tener sobre su cultura. Solo se cuenta con dos bachilleres en la comunidad, lo que dificulta que haya personas para capacitarse en docencia. El nivel educativo es muy bajo y hay un 27% de analfabetismo. La escuela no cuenta con las condiciones sanitarias necesarias y no se tienen los materiales ni la infraestructura básica para la educación de los niños. Todos los niños en edad escolar que son 25, asisten a la escuela actualmente. Salud Todos los habitantes están afiliados a Capital Salud EPS-S. Se presentan problemas para el transporte en caso de alguna emergencia, porque el centro de salud más cercano está ubicado en la cabecera de La Uribe que está a 3 horas en vehículo del resguardo. La población manifiesta inconformidad con la calidad y oportunidad de los servicios recibidos. No cuentan con ningún tipo de medicina tradicional y tampoco hay por el momento promotor de salud. Hay una mujer que se está capacitando, pero no se han conseguido recursos para los viajes y la alimentación que se requieren para la capacitación que tiene lugar en Villavicencio. La futura promotora de salud, es la misma mujer que fue profesora en el 2011. La falta de

participación y de bachilleres hace que pocos líderes tengan la preparación para ocupar este tipo de cargos. Economía Son principalmente agricultores. Tienen alrededor de 27 hectáreas de plátano, 10 de maíz, 5 de yuca y recientemente han sembrado 2 hectáreas de papaya. Las parcelas están repartidas por familia y se utilizan tanto para consumo, como para comercialización. Cuentan con aproximadamente 50 hectáreas de reserva para abastecimiento de madera y cuidado del medio ambiente. En cuanto a ganadería, tienen 20 cabezas de ganado en el resguardo que son utilizadas en caso de enfermedad de algún habitante. También tienen cría de especies menores. Así como en la agricultura, la producción es por familia y no se trabaja comunitariamente. Los recursos agrícolas además de ser utilizados para autoconsumo también son comercializados, mientras la ganadería y especies menores son únicamente para autoconsumo. Otra fuente de ingresos proviene del jornaleo y trabajos varios para los colonos. Las oportunidades de trabajo son muy escasas y las entradas económicas mensuales varían entre $60.000 y $200.000 mensuales.

Atención institucional La población reportó que de 11 familias que tienen carta de desplazado, únicamente 3 reciben apoyo de Familias en Acción y ninguna otra familia recibe ayuda alguna por parte del Estado. Organización y Gobierno propio Se conservan algunas tradiciones embera y cuentan con cabildo (Tabla 1), constituido desde 1995, pero falta organización debido a la rivalidad que existe entre las dos familias que conforman la comunidad. Se han presentado dificultades en cuanto al establecimiento de la guardia indígena lo que se considera de gran importancia para la defensa y conservación del territorio. No cuentan con jaibaná y manifestaron que los jaibanás han traído problemas de división, por lo que no lo consideran necesario. Por otra parte, la relación con la alcaldía y autoridades municipales ha sido incipiente y se han presentado problemas con el alcalde, que no los reconoce como indígenas y se niega a tenerlos en cuenta en los planes de desarrollo.

Con la nueva alcaldía se están teniendo conversaciones y se espera mejorar las relaciones de los 3 pueblos indígenas que habitan en el municipio con ésta. CARGO Gobernador Capitana Alcaldesa Fiscal Secretario Alguaciles

NOMBRE Roberto Yagarí González María Pidalia Tanú Yagarí Luz Mary González Iván Leyva Delio Leyva Saturnino Tamaniza Joaquín Gutiérrez TABLA 16. LISTA DE INTEGRANTES CABILDO LA JULIA

A nivel municipal están asociados a la mesa indígena de la Uribe, compuesta por las dos comunidades embera (Resguardo La Julia y Asentamiento El Paraíso), dos comunidades Nasa (Resguardo Planes Bajos y Parcialidad Candilejas) y una Guambiana (Asentamiento Planes Altos). Esta mesa tiene un Comité municipal de DDHH que aún no está en funcionamiento pero que constituye una iniciativa para organizar a las comunidades de la región en cuanto a exigibilidad y denuncia. Hay una casa de paso indígena en el casco urbano para los Nasa que la utilizan todos de la Asociación. Violencia y derechos humanos Los indígenas refieren que la fuerza pública acampa dentro del resguardo, contraviniendo el DIH y cometiendo violaciones sistemáticas a los DDHH que tienen amedrentada a la población. Además de amenazas, se presentan señalamientos por parte de desmovilizados encapuchados quienes, según la población, son llevados al territorio por el Ejército para señalar a los indígenas y atemorizar a la comunidad. Esto se debe a que son acusados de esconder a integrantes de las FARC en su territorio y de ser sus colaboradores. La comunidad considera fundamental que haya presencia civil del Estado para hacer acompañamiento y verificación sobre el respeto de los DDHH y tomar las medidas de prevención pertinentes, ya que su vulnerabilidad y riesgo aumenta considerablemente cuando la única presencia estatal se encuentra a cargo de la Fuerza Pública. En diferentes ocasiones ha solicitado este acompañamiento pero la Defensoría del Pueblo responde que no cuenta con presupuesto para otorgarlo. 1.2. Comunidad El Paraíso Antecedentes del poblamiento

Al igual que los habitantes del resguardo La Julia, la mayoría de los habitantes provienen de familias que salieron de El Dovio (Valle) en 1962, como consecuencia de desplazamientos que obedecieron a pleitos entre jaibanás dentro del territorio. La mayoría llegó a Pajuil (Caquetá), de donde fueron desplazados por la violencia en 1978 al departamento del Meta y al encontrarse con otras familias se asentaron en 1990 en El Paraíso desde ese año hasta la actualidad. Asentamiento actual Este asentamiento tiene una extensión de 308 Has. y está ubicado en la vereda El Paraíso, municipio La Uribe. Es una propiedad privada de 9 familias que alojan en sus casas a las otras 16 familias que no cuentan con tierra ni con territorio. Dentro del asentamiento existen otros asentamientos de colonos que están en contra de la titulación del resguardo y se niegan a vender, con el fin de obstaculizar el proceso. Además la Junta de Acción Comunal ha manifestado su oposición a las dinámicas organizativas de los emberas.

Fotografía 9. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. El Paraíso.

Se han hecho solicitudes pero la respuesta del INCODER ha sido negativa. En 1995 cuando INCODER visitó el terreno, los embera no hicieron ninguna diligencia para titulación de tierras por causa de desinformación, pues pensaban que el Estado les iba a quitar el terreno. Por esta razón, ahora INCODER les ha manifestado que están “sancionados” y que no pueden hacer nada para titularlo. Población

Actualmente viven 25 familias compuestas por 85 personas, 45 hombres y 41 mujeres. La mayor parte del grupo (46%) está constituida por adultos en edad económicamente productiva, al igual que menores en edad escolar (35%), seguido por un 12% de adultos mayores y un 7% niños menores de 5 años.

Gráfica 16. Distribución poblacional de El Paraíso. TABLA 17. POBLACIÓN COMUNIDAD EL PARAÍSO Rango de edad 0 a 4 años

Escolaridad

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

4

2

6

5 a 9 años

7

7

14

10 a 14 años

9

7

16

15 a 19 años

4

1

5

20 a 24 años

2

8

10

24 a 29 años

3

2

5

30 a 34 años

2

5

7

34 a 39 años

2

1

3

40 a 44 años

2

2

4

45 a 49 años

1

1

2

50 a 54 años

1

0

1

55 a 59 años

1

1

2

60 a 65 años

2

2

4

65 a 69 años

0

1

1

70 a 74 años

1

2

3

75 a 79 años

1

1

2

42

43

85

La comunidad cuenta con una escuela con serias deficiencias sanitarias y falta de materiales básicos para la enseñanza. No tienen profesor bilingüe, han ido profesores de otras regiones embera Chamí, pero abandonan al poco tiempo el proceso. Debido de esta situación, algunos niños van a la escuela de la vereda en donde tienen que pagar por su educación. Hay un 20% de analfabetismo y solo 18 niños de 35 en edad escolar van a la escuela actualmente. La comunidad manifestó su preocupación, ya que considera que la pérdida progresiva de la lengua contribuye a la pérdida de la cultura ancestral. Salud Todos los habitantes están afiliados a Capital Salud EPS-S o a CajaCopi EPS. Antes tenían un promotor para los dos asentamientos Embera de la Uribe, pero éste pasó a la administración pública. Hay uno nuevo capacitado, pero no tiene libreta militar y se han presentado dificultades para el ejercicio de promotor. La comunidad cuenta con jaibaná y prácticas de medicina tradicional. El centro de salud más cercano se encuentra en La Uribe, a 2 horas del asentamiento y los problemas de transporte son permanentes para obtener un servicio básico de salud. Adicionalmente, la población manifiesta inconformidad con la calidad, de los servicios recibidos. Economía La comunidad se dedica al cultivo de plátano, arroz, maíz, yuca y fríjol, así como a la ganadería y la cría de especies menores, la propiedad es privada y cada parcela tiene su dueño. No hay ningún tipo de trabajo comunitario. Aunque podrían ser comercializados, estos productos son destinados únicamente al autoconsumo, debido a la falta de recursos para transportarlos. Los ingresos mensuales por familia, oscilan entre $60.000 y $200.000 y provienen del jornaleo Atención institucional De la comunidad, 3 familias reciben subsidio de Familias en Acción y una persona recibe la ayuda de la tercera edad del ICBF. Organización y Gobierno propio La comunidad tiene un cabildo constituido en 1995 (Tabla 17.), pero presenta problemas de organización, pues la carga recae solo en unos pocos líderes ya

que los demás integrantes, están desinformados de los procesos organizativos. Se está trabajando en la reciente constitución de la guardia indígena. El cabildo ha tenido problemas de relación con la alcaldía y con las autoridades locales, ya que la alcaldía ha manifestado no querer reconocerlos como indígenas. Se espera que con la nueva alcaldía las relaciones mejoren y haya apoyo para la comunidad. CARGO NOMBRE Gobernadora María Maleny Yagarí Suplente Luis Josides García Fiscal Bernardino Cortés Tesorero Graciliano Yagarí Secretaria Neyyi Paola Yagarí Capitán Mayor Francisco Gutiérrez TABLA 18. LISTA DE INTEGRANTES DE CABILDO EL PARAÍSO.

Se cuenta con un jaibaná que juega un papel fundamental en la comunidad, tanto para la práctica la medicina tradicional como para la conservación de sus tradiciones y el fortalecimiento cultural. A nivel municipal están asociados a la mesa indígena de la Uribe, compuesta por las dos comunidades embera (Resguardo La Julia y Asentamiento El Paraíso), dos comunidades Nasa (Resguardo Planes Bajos y Parcialidad Candilejas) y una Guambiana (Asentamiento Planes Altos). Esta mesa tiene un Comité municipal de DDHH que está iniciando, pero que constituye una iniciativa para organizar a las comunidades de la región. Las cinco comunidades indígenas de La Uribe, constituyeron una Asociación de Cabildos en marzo de 2010 pero no se ha legalizado. Hace 3 meses, integraron la Junta Directiva cuyo presidente es Luis Felipe Yagarí. Hay una casa de paso indígena en el casco urbano para los Nasa que la utilizan todos de la Asociación. Violencia y derechos humanos Hay campamentos de grupos armados en el territorio y los combates y hostigamientos son permanentes. Los grupos insurgentes disparan a los helicópteros que pasan por la zona y los bloqueos al paso de alimentos y combustible, por parte de la Fuerza Pública, son frecuentes. Se ha presentado reclutamiento por parte de la Fuerza Pública a los jóvenes. Por otra parte, se anunció la construcción de dos bases militares en la región, hecho que preocupa altamente a la población, porque la Fuerza Pública presente en la zona rompe los alambres para pasar al territorio indígena y existen amenazas, señalamientos e intimidaciones a la población civil. A la

fecha, no se han aclarado dos falsos positivos denunciados por los Nasa del resguardo Candilejas, vecinos de la región. Por todo lo anterior, la comunidad expresa su preocupación por la violación a sus DDHH e infracciones al DIH y considera fundamental la presencia civil del Estado para contar con acompañamiento, verificación y adopción de medidas de prevención atención y protección. .

2. MUNICIPIO LA MACARENA 2.1. Comunidad San Antonio de Chamí Antecedentes del poblamiento

Fotografía 10. Comunidad San Antonio de Chamí

La familia del señor José Benito Zuleta salió en 1962 de San José del Palmar (Chocó), debido a que se presentaron problemas ocasionados por peleas entre jaibanás de la región por el control del territorio. Muchos emberas se desplazaron en ese entonces en camiones hacia el Caquetá, y estas familias en particular se quedaron en el municipio de Puerto Rico, en donde permanecieron hasta la década de los 90 cuando fueron desplazadas por violencia política hacia San Vicente del Caguán y hacia el municipio La Macarena.

Asentamiento actual La Comunidad Chamí se encuentra asentada en dos terrenos a saber: uno de 120 has, denominado Maloka de San Antonio. y otro en la vereda de Caño Azul en donde viven algunas familias, pero se desconoce su extensión. Los dos terrenos fueron comprados por las familias, y están ubicados en el corregimiento Playa Rica La Y, comunicados por un sendero de herradura a 2 horas de distancia. Sin embargo, ellos se consideran un solo asentamiento y están representados por un solo cabildo.

Mapas hechos por integrantes de la comunidad

Fotografía 11. Maloka de San Antonio

Fotografía 12. Vereda Caño Azul

Población: Actualmente viven 15 familias compuestas por 77 personas, 44 hombres y 33 mujeres. La mayor parte del grupo (43%) está constituida por adultos en edad económicamente productiva, seguida de menores en edad escolar (35%), niños menores de 5 años (15%) y adultos mayores (7%)

Gráfica 17. Distribución poblacional de San Antonio del Chamí

TABLA 19. POBLACIÓN COMUNIDAD SAN ANTONIO DEL CHAMÍ

RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES 7

5 a 9 años

6

MUJERES TOTAL 5 12 4 10

10 a 14 años

7

6

13

15 a 19 años

7

3

10

20 a 24 años

4

5

9

24 a 29 años

2

2

4

30 a 34 años

0

0

0

34 a 39 años

2

2

4

40 a 44 años

2

3

5

45 a 49 años

3

0

3

50 a 54 años

1

0

1

55 a 59 años

1

0

1

60 a 65 años

0

0

0

65 a 69 años

0

1

1

70 a 74 años

1

1

2

75 a 79 años

1

1

2

44

33

77

Escolaridad La comunidad cuenta con un proyecto estructurado de fortalecimiento cultural y hay una escuela en Maloka de San Antonio, que no cuenta con las condiciones

básicas sanitarias, ni con los materiales necesarios para la educación de los niños. Cuentan con un profesor embera, pero por la distancia los niños que viven en la vereda de Caño Azul asisten a la escuela de dicha vereda, recibiendo educación kapunía, lo que incide negativamente en el mantenimiento de sus tradiciones. Todos los integrantes de la comunidad hablan el embera bedea. Aunque solo 4 niños de 30 en edad escolar no asisten a la escuela actualmente, en la comunidad hay un 31% de analfabetismo. Salud Todos los habitantes están afiliados a Capital Salud EPS-S. Cuando se presentan problemas de salud, es necesario desplazarse hasta el hospital de San Vicente del Caguán (que por facilidades de transporte es más cerca que La Macarena), en donde la atención es deficiente y se refieren problemas de discriminación hacia los indígenas. Cuentan con medicina tradicional ya que tienen un jaibaná en cada asentamiento. En el momento, se está formando el primer promotor de salud de la comunidad en La Macarena y pertenece a Maloka de San Antonio. Economía Los ingresos económicos provienen del jornaleo de los hombres cabeza de familia, que trabajan para los colonos que habitan en los linderos del territorio. La comunidad practica la agricultura, ganadería y cría de especies menores que son utilizados para autoconsumo. Actualmente tienen 16 cabezas de ganado, y cultivos tan solo de una hectárea de yuca y media hectárea de plátano. Cuando hay temporada se siembra arroz y caña, en pequeñas extensiones para el autoconsumo. Las tierras aptas para cosechar no son suficientes. Atención institucional No hay ningún subsidio por parte del estado para esta comunidad, a excepción de ayuda de tercera edad para dos de sus habitantes. Organización y Gobierno propio Están organizados en un solo cabildo para los habitantes de Maloka de San Antonio y para lo de la vereda de Caño Azul (Tabla 19). La organización es

fuerte aunque la distancia que existe entre los dos terrenos dificulta la comunicación y la toma de decisiones conjunta. CARGO NOMBRE Gobernador Alonso Zuleta Suplente Arnulfo Yagarí Secretario Jhon Fredy Zuleta Tesorero Guillermo Zuleta Fiscal Nelson Zuleta Capitán Wilmer Nequirucamo Comisario Gloria Yagarí Juez Eusebio Nequirucamo TABLA 20. LISTA DE INTEGRANTES CABILDO SAN ANTONIO DEL CHAMÍ

Cuentan con dos jaibanás, uno en cada terreno, que constituyen la base de la organización y además son autoridades tradicionales que participan en la toma de decisiones. Hay participación de todos los miembros y se trabaja por la unidad. Se está organizando y estructurando la guardia indígena. Violencia y derechos humanos En la cabecera del corregimiento Playa Rica La Y hay una base militar y, según refiere la población, la Fuerza Pública rompe los alambrados para pasar al territorio y acampar allí dentro. Hay amenazas, señalamientos y estigmatizaciones tanto por parte de los militares como de actores armados ilegales. Por presencia de estos últimos, en su mayoría integrantes de las FARC, hay restricción en el paso de alimentos y de combustible. Además hay robos de especies menores y maltrato a la población civil por parte de la Fuerza Pública. Es necesaria la presencia civil por parte del Estado. La comunidad manifestó no haber sido visitada nunca por ninguna entidad y solicita vigilancia y control de los actores armados legales que se encuentran cerca de su territorio y violan los derechos de la población. 3. MUNICIPIO DE LEJANÍAS: Antecedentes del poblamiento Luis Eduardo Yagarí llegó desplazado de El Dovio (Valle), en 1952 debido a que se presentaron problemas de jaibanismo en la región, al departamento del Caquetá donde estuvo pocos años. Luego se trasladó con su familia al departamento del Meta en donde buscó por diferentes terrenos oportunidades para su familia, hasta que finalmente se establecieron en un predio llamado Bello Horizonte, que fue comprado por él en el año 2000.

Asentamiento actual El asentamiento está ubicado en la vereda Alto Yucapé, en el predio Bello Horizonte, es propiedad privada y tiene una extensión de 90 Has. En el terreno se encuentran cinco casas, todas con acueducto y energía eléctrica, allí viven 4 familias, en una casa vive una mujer mayor que es mantenida por sus hijos. Están construidas en madera con piso de cemento y techo de zinc. Aunque no cuentan con alcantarillado tienen letrinas. Para disposición de basuras utilizan la quema.

Fotografía 13. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Lejanías.

Población Las 4 familias están compuestas por 15 personas, 9 hombres y 6 mujeres. La mayoría son adultos en edad productiva (53%) y en un alto porcentaje son hombres, y niños menores de 5 años (27%).

Gráfica 18. Distribución poblacional de Lejanías.

TABLA 21. POBLACIÓN COMUNIDAD DE LEJANÍAS RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES 3

MUJERES 1

TOTAL 4

5 a 9 años

2

0

2

10 a 14 años

0

0

0

15 a 19 años

0

3

3

20 a 24 años

1

0

1

24 a 29 años

0

0

0

30 a 34 años

1

0

1

34 a 39 años

2

0

2

40 a 44 años

0

0

0

45 a 49 años

0

1

1

50 a 54 años

0

0

0

55 a 59 años

0

0

0

60 a 65 años

0

1

1

65 a 69 años

0

0

0

70 a 74 años

0

0

0

75 a 79 años

0

0

0

9

6

15

Escolaridad No tienen escuela propia, así que todos los niños asisten a la escuela de la vereda y se paga la educación. No tienen sistema tradicional de educación ni se practica el embera bedea. El líder consideró que no es necesaria la

etnoeducación, ya que desde hace mucho tiempo la comunidad se ha educado y ha crecido con dinámicas kapunías. Salud Todos los habitantes están afiliados a Capital Salud EPS-S. En la vereda no se cuenta con puesto o con promotores de salud. Existen problemas para el transporte y la salida hasta la cabecera municipal de los enfermos para recibir la atención. La población manifiesta inconformidad con la calidad y oportunidad de los servicios recibidos. No hay ningún tipo de medicina tradicional.

Economía La totalidad de la población económicamente activa se dedica a la agricultura y comercio de productos agrícolas. En el momento cuentan con 800 matas de tomate, 2 hectáreas de yuca, 4 de plátano y siembra de maíz para alimentar especies menores. Un camión pasa periódicamente a comprar los productos agrícolas producidos por los pobladores. También practican la ganadería, actualmente tienen 70 cabezas de ganado. Cada cabeza de familia recibe un ingreso mensual de alrededor de $150.000. Atención institucional Ningún miembro de la comunidad recibe subsidios por parte del Estado. Organización y Gobierno propio La comunidad no cuenta con gobierno propio; se han adoptado las costumbres kapunias y la organización gira en torno a la Junta de Acción Comunal. Actualmente tienen un líder, Moisés Yagarí, quien se encarga de la gestión de las necesidades de la comunidad. No hablan el embera bedea ni practican tradiciones emberas, pero se practica la pintura y la escultura. Violencia y derechos humanos En el 2004 asesinaron al líder de la comunidad Luis Eduardo Yagarí, padre del actual líder. Aunque se hizo la denuncia y el caso se encuentra en la base de

datos de Acción Social, no se ha recibido ningún tipo de reparación por parte del Estado. Debido a su cercanía con el pozo petrolero Cristal 1 y 2, en San Luis de Yamanes, se les ha ofrecido comprar el predio, pero no se ha hecho ningún tipo de consulta por parte del Estado. Se reportan problemas por reclutamiento y maltrato por parte de integrantes de la Fuerza Pública.

4. MUNICIPIO DE GRANADA. En el municipio se encontró un asentamiento rural en la vereda de Patio Bonito y familias dispersas en la cabecera municipal. 4.1 Asentamiento rural Comodato Dokera. Antecedentes del poblamiento Rafael Bedoya, gobernador de cabildo nacido Quindío, fue llevado por su padre Jorge Bedoya a Antioquia en 1960, con otras cuatro familias que fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado: reclutamiento por parte de las FARC y amenazas por parte del Ejército Nacional quien los sacó de su tierra para que pudiera ser colonizada por terratenientes. Jorge Bedoya y su familia, se ubicaron en Urabá en donde se quedó trabajando para las bananeras por 30 años; de allí fueron desplazados en 1996 por el frente 5º de las FARC, que por señalamientos les dio 24 horas de plazo para desocupar el territorio. Se desplazaron entonces, 6 familias compuestas por 27 personas al departamento del Meta. Primero al corregimiento Cachama en San Martín en donde se asentaron y trabajaron tierras ajenas hasta el año 2006. De allí fueron amenazados y desplazados por los paramilitares. Actualmente viven en el municipio de Granada en un comodato otorgado por la Alcaldía, sobre lo que fue un relleno sanitario. Asentamiento actual Está situado en la vereda de Patio Bonito, a 30 minutos al norte de la cabecera municipal. La tierra fue entregada mediante el comodato celebrado por contrato

No. 01 de 2 de agosto de 2010, entre el municipio y la comunidad Embera Chamí Dokera, por un plazo de 4 años. El terreno tiene 4 hectáreas y está sobre un relleno sanitario. En la actualidad se observan condiciones de insalubridad por las grandes cantidades de basura, agujas y vidrios enterrados en el suelo. Las casas están hechas de lona y plástico y carecen de todos los servicios públicos.

Fotografía 14. Comunidad Dokera

Fotografía 15. Viviendas de comunidad Dokera

Fotografía 16. Mapa hecho por integrantes de la comunidad. Dokera.

Población Actualmente viven 12 familias compuestas por 50 personas, 28 hombres y 22 mujeres. La mayor parte del grupo (62%) está constituida por población económicamente productiva, seguida de personas en edad escolar (26%), niños menores de 5 años (4%) y adultos mayores (8%).

Gráfica 19. Distribución poblacional de Dokera

TABLA 22. POBLACIÓN COMNIDAD DOKERA RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES

5 a 9 años

MUJERES TOTAL 2 2 4 2 6

10 a 14 años

3

4

7

15 a 19 años

5

3

8

20 a 24 años

4

2

6

24 a 29 años

7

2

9

0

30 a 34 años

2

1

3

34 a 39 años

0

0

0

40 a 44 años

1

1

2

45 a 49 años

0

1

1

50 a 54 años

0

2

2

55 a 59 años

0

0

0

60 a 65 años

0

0

0

65 a 69 años

1

1

2

70 a 74 años

1

1

2

75 a 79 años

0

0

0

28

22

50

Escolaridad No tienen escuela en el asentamiento y los niños asisten a la es cuela de la vereda o de la cabecera de Granada, la educación es gratuita desde hace un año. No hay analfabetismo. Pero al no tener sistema educativo tradicional, la comunidad manifiesta su preocupación ya que, aunque se refuerza la enseñanza de lengua materna, esto constituye un obstáculo para la preservación de la cultura. Salud Se han presentado cortadas e infecciones por las condiciones insalubres del terreno. Los niños sufren frecuentemente diarrea y fiebre y se han presentado casos de desnutrición debido a las condiciones en las que viven. Todos los habitantes están afiliados a Capital Salud EPS-S (Empresa Promotora de Salud del Régimen Subsidiado) pero no todos cuentan con el carnet respectivo para recibir los servicios. La comunidad manifiesta inconformidad con la calidad de los servicios y la atención recibida especialmente en momentos de urgencias. También refieren problemas manifiestos de discriminación hacia los indígenas, pasando por encima de su turno y dando prioridad a los kapunía. Cuentan con un jaibaná que los atiende y con un promotor de salud (John Fredy Bedoya) que recibe capacitaciones y ejerce, pero no está adscrito a la Secretaría de Salud. Economía A pesar de las condiciones del terreno, han organizado el espacio para producir plátano, arroz y maíz para consumo propio. No obstante, sólo cuentan con 2 hectáreas aptas para el cultivo, que resultan insuficientes para las necesidades

de la comunidad. Muy pocas veces tienen la oportunidad de consumir proteína, pues ésta se obtiene de la compra en la vereda. El sustento económico proviene de los hombres cabeza de familia que trabajan en jornaleo y hacen labores esporádicas para los colonos en la zona o en la cabecera. Los ingresos son precarios, del orden de $50.000 a $100.000 mensual por familia.

Atención institucional Todos los miembros de la comunidad tienen “carta de desplazado” pero solo 5 familias reciben el subsidio de Familias en Acción. Organización y Gobierno propio La comunidad ha hecho grandes esfuerzos por preservar su cultura tradicional. Están constituidos como cabildo (Tabla 22.) aunque, al estar rodeados por colonos, las Juntas de Acción Comunal no los reconoce ni como cabildo ni como parte de la comunidad. Hablan el embera bedea, conservan sus bailes y fiestas y cuentan con jaibaná, quién es el eje central de su cultura.

CARGO Gobernador Suplente Fiscal Tesorera Secretaria Vocal Vocal Vocal

NOMBRE Rafael Bedoya Cortez John Fredy Bedoya Gutiérrez José Guillermo Bedoya Gutiérrez Natalia Gutiérrez María Lucelly Bedoya Gutiérrez Luis Orlando Gutiérrez Carlos Andrés Bedoya Gutiérrez María Yolanda Bedoya Gutiérrez

TABLA 23. LISTA DE INTEGRANTES DE CABILDO. DOKERA.

Violencia y derechos humanos Este caso constituye uno de los casos emblemáticos de una comunidad víctima de una violencia sistemática, 2 desplazamientos en los años 1960 y 1996 por parte de las FARC y en el año 2006 uno por parte de los paramilitares. La respuesta del Estado ha sido absolutamente incipiente, teniendo en cuenta que

la solución que se dio fue ubicar a la comunidad en un relleno sanitario en pésimas condiciones de vida.

B. ASENTAMIENTOS URBANOS 1. MUNICIPIO DE GRANADA Antecedentes del poblamiento Al igual que en los casos anteriores, esta población dispersa en asentamientos urbanos desciende de emberas provenientes del Valle, de Caldas o de Chocó principalmente que entre los años 1960 y 1970 fueron desplazados de sus tierras en algunos casos por causa de la violencia y en otros por problemas de jaibanismo. Sus familias estuvieron asentadas en zonas rurales del departamento del Caquetá en su mayoría y posteriormente en el departamento del Meta en La Julia y El Paraíso, pero se han desplazado hacia la cabecera en algunos casos como consecuencia del conflicto armado y en otros en busca de oportunidades económicas. Asentamiento actual En la cabecera municipal de Granada viven 5 familias dispersas, asentadas en dos barrios de invasión a saber: Villas de Granada (4 familias), El Progreso (1 familia). Las condiciones de vivienda son precarias. La mitad de las familias viven en casa con piso de tierra y no cuentan con servicios públicos. Algunas casas tienen agua y luz. En todos los casos deben pagar arriendo. Población Las 5 familias están compuestas por 26 personas, 15 mujeres y 11 hombres. La mayor parte de la población la constituyen las personas en edad escolar (46%), seguida de los adultos económicamente productivos (50%) y los niños menores de 5 años (4%).

Gráfica 20. Distribución poblacional. Casco urbano – Granada.

TABLA 24. POBLACIÓN CASCO URBANO DE GRANADA RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES

5 a 9 años

MUJERES TOTAL 0 1 1 5 6

10 a 14 años

2

4

6

15 a 19 años

1

1

2

20 a 24 años

1

1

2

24 a 29 años

1

1

2

30 a 34 años

1

1

2

34 a 39 años

1

0

1

40 a 44 años

1

0

1

45 a 49 años

1

2

3

50 a 54 años

0

0

0

55 a 59 años

0

0

0

60 a 65 años

0

0

0

65 a 69 años

0

0

0

70 a 74 años

0

0

0

75 a 79 años

0

0

0

11

15

26

1

Escolaridad, Organización y Cultura El grupo indígena no cuenta con ningún tipo de organización o gobierno propio y viven en los barrios con las dinámicas kapunía propias del lugar. No practican tradiciones embera ni hablan la embera bedea. Los niños en edad escolar asisten a la escuela del barrio, Brisas de Eriqué y se debe pagar por la educación. Existe un 23% de analfabetismo. Salud

Todos los habitantes están afiliados a CajaCopi EPS-S pero manifiestan inconformidad con la atención prestada y con el manejo del servicio de urgencias. No cuentan con ningún tipo de medicina tradicional. Economía El sustento de estas familias proviene del trabajo de los hombres cabeza de familia en jornaleo o construcción. No tienen estabilidad laboral; cuando se puede trabajar durante todo el mes, se promedia que la entrada por cada familia es de $500.000. Las mujeres son amas de casa. Los problemas económicos se reflejan directamente en la falta de alimentación pues no tienen ninguna fuente para obtenerla a parte de la compra. Atención institucional: Las 5 familias tienen carta de desplazado y reciben el subsidio de Familias en Acción. Violencia y derechos humanos Desde los años 80, cuando es asesinado el líder o cacique de la región y como consecuencia las familias son desplazadas, se tiene que hasta el momento las comunidades han estado en un alto estado de vulnerabilidad. Esta condición en la que prima la ausencia de atención por parte del Estado, continúa y no se han implementado iniciativas orientadas a resolver los problemas territoriales y mucho menos se han implementado programas encaminados a fortalecer demandas en la educación o la economía, poniendo a las comunidades en alto riesgo de exterminio. 2. MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Antecedentes del asentamiento Al igual que en los casos anteriores, esta población dispersa en asentamientos urbanos desciende de emberas provenientes del Valle, de Caldas o de Chocó principalmente que entre los años 1960 y 1970 fueron desplazados de sus tierras en algunos casos por causa de la violencia y en otros por problemas de jaibanismo. Después pasaron un tiempo en el departamento del Caquetá de donde fueron desplazados por la violencia en los 90 y ahora están asentados en

este municipio. La gran mayoría son descendientes de la familia de Hitler Yagarí y Luis Mariano Yagarí, provenientes de El Dovio (Valle). Asentamiento actual Actualmente viven 11 familias en la cabecera municipal, distribuidas en los tres barrios de invasión: La Nora, 3 familias; La Reliquia Sector I, otras 3 y Ciudad Porfía las 5 restantes. Las familias viven en una zona sin alcantarillado y con alto riesgo de derrumbes e inundaciones. Las casas son de lona y la mitad de ellas tiene piso de tierra. Ocho familias no cuentan con servicios públicos Población Las 11 familias están compuestas por 45 personas, 20 mujeres y 25 hombres. La población más numerosa es la adulta en edad productiva (46%), seguida de la población en edad escolar (35%), los niños menores de 5 años (15%) y los adultos mayores (4%).

Gráfica 21. Distribución poblacional. Casco urbano Villavicencio. TABLA 25. POBLACIÓN VILLAVICENCIO RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES

5 a 9 años

MUJERES TOTAL 2 5 6 2 8

10 a 14 años

4

3

7

15 a 19 años

1

1

2

20 a 24 años

0

4

4

24 a 29 años

4

2

6

3

30 a 34 años

2

1

3

34 a 39 años

3

1

4

40 a 44 años

0

1

1

45 a 49 años

0

0

0

50 a 54 años

0

0

0

55 a 59 años

1

2

3

60 a 65 años

0

1

1

65 a 69 años

0

0

0

70 a 74 años

1

0

1

75 a 79 años

0

0

0

25

20

45

Escolaridad, Organización y Cultura El grupo indígena no cuenta con ningún tipo de organización o gobierno propio y han adoptado las dinámicas kapunias propias del lugar. Solo los mayores practican el embera bedea ya que los demás se han educado en la escuela del barrio y han ido perdiendo la lengua y las tradiciones. Aunque la totalidad de los niños en edad escolar asisten a la escuela y deben pagar por la educación, ningún adulto terminó la primaria y hay un alto porcentaje de analfabetismo. Salud Todos los miembros del grupo están afiliados a CajaCopi EPS-S e, igual que en los casos anteriores, manifiestan quejas sobre la calidad y oportunidad de los servicios brindados por la EPS. No cuentan con ningún tipo de medicina tradicional. Economía El sustento de estas familias proviene del trabajo de los hombres cabeza de familia en jornaleo o construcción. Aunque no tienen estabilidad económica, se promedia que, cuando es posible trabajar durante un mes seguido, la entrada por cada familia es de $200.000 a $500.000 mensuales. Las mujeres son amas de casa. La única fuente de alimentación proviene de la compra por lo que la falta de trabajo se refleja directamente en la posibilidad de alimentarse. Atención institucional

Diez familias tienen carta de desplazado y la mitad reciben subsidio de Familias en Acción. Dependiendo de la escuela en la que estén matriculados, algunos niños reciben Desayunos con Amor del ICBF. Violencia y derechos humanos Desde los años 80, cuando es asesinado el líder o cacique de la región y como consecuencia las familias son desplazadas, se tiene que hasta el momento las comunidades han estado en un alto estado de vulnerabilidad. Esta condición en la que prima la ausencia de atención por parte del Estado, continúa y no se han implementado iniciativas orientadas a resolver los problemas territoriales y mucho menos se han implementado programas encaminados a fortalecer demandas en la educación o la economía, poniendo a las comunidades en alto riesgo de exterminio. 3. OTROS MUNICIPIOS También se encontraron familias embera viviendo en otras cabeceras municipales como: Acacías: Allí viven 3 familias compuestas por 19 personas desde el año 2003. Fueron desplazados por el conflicto armado del resguardo La Julia y ahora viven en la cabecera, cuentan con servicios básicos y sus ingresos provienen del jornaleo. San Carlos de Oguara, San Juan de Arama y Fuente de Oro: en cada uno de estos municipios vive una familia en condiciones precarias de vivienda sin ningún tipo de ayuda ni de apoyo por parte del Estado o de la organización. TABLA 26. POBLACIÓN OTROS MUNICIPIOS DEL META RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRES

5 a 9 años

MUJERES TOTAL 0 1 3 3 6

10 a 14 años

3

1

4

15 a 19 años

1

0

1

1

20 a 24 años

1

1

2

24 a 29 años

1

1

2

30 a 34 años

1

2

3

34 a 39 años

0

0

0

40 a 44 años

3

1

4

45 a 49 años

0

0

0

50 a 54 años

0

1

1

55 a 59 años

2

2

4

60 a 65 años

0

0

0

65 a 69 años

0

0

0

70 a 74 años

0

0

0

75 a 79 años

0

0

0

16

12

28

C. DEPARTAMENTO DEL CASANARE Antecedentes del poblamiento Esta comunidad está conformada por 13 familias Emberá Chamí de un mismo tronco familiar; familia Onogama. Asentadas en Villa Nueva desde 1.995 a raíz del desplazamiento forzado del que fueron víctimas en la Julia, Meta. La familia origen fue conformada por Daldino Onogama Yagarí, y Serelia Gutiérrez, en el Dovio, Cauca. Las restantes familias son las constituidas por sus hijos e hijas y por sus nietos y nietas. Desde su primera migración del Dovio hasta su actual asentamiento en Villanueva la familia extensa se ha mantenido unida. La historia de su migración inicia en el año 1.969 en el Dovio, en el departamento del Cauca. Daldino Onogama migra con su pequeña familia, por las dificultades que representaba la distancia de su predio, a un día de camino del municipio. Se ubican en la vereda Cristalina de Orito Putumayo, en territorio del resguardo Quifara, allí nacen sus otros 6 hijos y la mayor parte de sus nietos. Migran hacia La Julia en el año 1.990, en busca de mejores tierras, pues la tierra que trabajaban estaba cansada, eran suelos poco productivos. En la Julia se ubica de nuevo toda la nueva y extensa familia de Daldino Onogama, en un terreno de unas 10 hectáreas, considerada para ellos tierra muy buena para el cultivo, Tenían sembrado caña, plátano, maíz, también criaban animales y habían construido viviendas nuevas. Sin embargo en el año 2005 la guerrilla inicia una persecución contra los evangélicos de esta región asesinan a Misael Onogama, quien era integrante de esta iglesia. La familia se constituye en objetivo militar, especialmente el mayor quien también profesa esta fe religiosa. 15 días fue el plazo para salir. A partir de ese momento abandonan sus bienes y su tierra huyendo hacia Villa Nueva, lugar que les recomendaron algunos conocidos por ser fuente de empleo en las Palmicultoras y Arroceras. Asentamiento Actual: En Villanueva se ubican en la actualidad 11 de las 13 familias, en los barrios: Villa Luz Alto y Mirador, donde conviven 3 y 4 familias por vivienda; en la

vereda Morichal se encuentra 1 familia y en Barranca de Upia 1 familia que reside en una habitación de arriendo en casa de un kapunía. La convivencia de varias familias en una misma vivienda se genera como estrategia para enfrentar los altos costos del arrendamiento; el valor del arriendo en un mes se equipara al valor del ingreso mensual de uno de los hombres en las palmicultoras. Ninguna familia ha logrado acceder a vivienda propia, todas son casas arrendadas. Las viviendas están en buenas condiciones físicas y cuentan con todos los servicios básicos Se encuentran en situación de aculturación, adaptadas al ritmo de vida urbano, han perdido la trasmisión de la lengua y sus prácticas y tradiciones. Población En total las 13 familias agrupan 39 personas (19 hombres – 20 mujeres). La distribución de la población en porcentajes de acuerdo a etapas de mayor vulnerabilidad: menores de 5 años, mayores de 60; así como población en edad escolar (5 a 14 años) y población económicamente activa – P.E.A.-(14 a 59 años), se observa en la siguiente gráfica:

Gráfica 22. Distribución poblacional Villanueva-Casanare.

TABLA 27. POBLACIÓN COMUNIDAD VILLANUEVA-CASANARE RANGO DE EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

0 a 4 años

4

3

7

5 a 9 años

0

1

1

10 a 14 años

1

4

5

15 a 19 años

4

3

7

20 a 24 años

3

5

8

24 a 29 años

1

0

1

30 a 34 años

0

0

0

34 a 39 años

1

2

3

40 a 44 años

1

1

2

45 a 49 años

3

0

3

50 a 54 años

0

0

0

55 a 59 años

0

0

0

60 y más

1

1

2

19

20

39

Escolaridad: La actual situación urbana de las familias ofrece mayor garantía de acceso a la educación, los niños y jóvenes estudian en escuela y colegio público. En relación con el nivel de analfabetismo, se encuentra que 9 edades entre 20 y 70 años, corresponden al 35% de la población años y no tienen ningún nivel escolar o se encuentran en analfabetismo. El nivel académico del resto de la población en ese rango encuentra distribuido así:

personas en mayor de 18 situación de de edad se

Gráfica 23. Nivel Educativo de población adulta. Villanueva Casanare.

La situación de desescolarización en esta comunidad no debe preocupar, de las 9 personas en edad escolar, sólo 2 abandonaron sus estudios; hombre y mujer de 14 y 16 años respectivamente, ambos han abandonado sus estudios durante la primaria. Salud

La totalidad de las familias se encuentran vinculadas al sistema de salud. El 74% de la población mediante el régimen contributivo, el restante mediante régimen subsidiado. Las prácticas de medicina tradicional han desaparecido en el proceso de integración al nuevo escenario. En cuanto al jaibanismo la familia Onogama había hecho ruptura con esta práctica aún antes del desplazamiento. Economía Con el desarraigo y la pérdida del territorio se sucede la transición de una economía de autoconsumo y auto sostenimiento a una economía dependiente, en condiciones de explotación, basada en la venta de mano de obra a las grandes empresas palmicultoras y arroceras de la región. Esta transición ha significado el desuso y ruptura con la tradición agrícola, pues las nuevas generaciones, fuera de su territorio, han sido entrenadas para el trabajo en las palmicultoras. Las expectativas de algunos jóvenes están relacionadas con cualificarse para el trabajo en las empresas petroleras de la región. La contratación con las palmicultoras se da a través de cooperativas, no exist e contrato laboral, el ingreso depende de la producción, con unos topes mínimos por día y de los precios del fruto que suben y bajan. En promedio logran recibir unos $500.000 mensuales; esto después de los descuentos respectivos que hace la cooperativa que son cerca del 43% del ingreso, es decir por 40.000 pesos que logren en producción de un día la cooperativa descuenta 17.000 para pagos parafiscales y otros. La nueva situación económica en el sector urbano donde se vive en arriendo y se compran todos los alimentos, exige en algunos casos que las mujeres aporten a los ingresos de la familia. Esto representa una doble carga de trabajo para algunas mujeres, 4 de ellas se encuentran empleadas fuera del hogar en servicio doméstico, otras temporalmente se ocupan en aseo o trabajo en almacenes. Todas las opciones laborales para las mujeres se ofrecen en gran desventaja con los ingresos de los hombres y también en situación de explotación laboral. El servicio doméstico tiene un salario de 150.000 mensuales, en jornada semanal de lunes a sábado 8 horas diarias; el trabajo para las mujeres, de recolección de fruto en las palmicultoras, en tiempo de cosecha tiene un pago por día de $7.000. Atención Institucional No existe una atención desde su condición de desplazados indígenas. Dos jefes de hogar se acercaron a la Personería en el año 2008, después de 3 años de los hechos, cuando resuelven presentar la denuncia del

desplazamiento, les orientan para llenar formatos de solicitud de reparación. Sin embargo desconocen el tipo de trámite adelantado, así como los derechos que les corresponde en su condición de indígenas víctimas de la violencia. En cuanto a otros programas de Ayuda del Estado, solamente una de las familias está vinculada al programa de Familias en Acción. Organización y Gobierno propio No existe organización más allá de la organización familiar, centrada en las necesidades y orientaciones del padre.

Violencia y derechos humanos Al llegar a Villa Nueva, por temor, como estrategia de seguridad y de sobrevivencia, las familias optaron por no presentar declaración de su situación de desplazamiento. En el contexto de violencia de la región aprendieron que era mejor no visibilizarse como desplazado y, aunque en Villa Nueva no tenían amenazas, era mejor no exponerse, pues el contexto de llegada también era complejo en relación con el control armado; de igual manera el estigma de desplazado podría constituirse en un obstáculo para acceder a empleo. Con la falta de reconocimiento de su condición de desplazados no han tenido acceso a la ayuda humanitaria que le corresponde por ley y al consecuente proceso de restablecimiento. Como consecuencia de la salida dejan abandonadas las 10 hectáreas de tierra (sin título con carta de compraventa), 7 y ½ de ellas con cultivos de plátano, maíz y caña, también 2 viviendas recién construidas. El homicidio del mayor Misael Onogama hasta el momento de la visita no ha sido denunciado, también por temor y por desconocimiento del derecho a la reparación. D. REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO En el Magdalena Medio se encontraron 394 emberas dispersos ubicados en los departamentos de Tolima (141), Santander (93) y Boyacá (160), que serán descritos a continuación. Como se observa en la gráfica, de esta población el mayor porcentaje es económicamente activo y el menor corresponde a los adultos mayores.

Gráfica 24. Distribución poblacional de Magdalena Medio

Gráfica 25. Pirámide poblacional de Magdalena Medio

TABLA 28. POBLACIÓN DE MAGDALENA MEDIO

RANGO DE EDAD 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 24 a 29 años 30 a 34 años 34 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años

HOMBRES 28

MUJERES TOTAL 24

52

28

35

63

36

28

64

25

22

47

12

13

25

16

11

27

9

14

23

14

13

27

9

7

16

3

4

7

5

5

10

55 a 59 años 60 a 65 años 65 a 69 años 70 o más Sin información (S.I.)

3

4

7

4

3

7

2

3

5

5

5

10

2

2

4

201

193

394

1. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Comunidad de Bianía Antecedentes del poblamiento La comunidad Bianía ubicada en Mariquita – Tolima, está constituida por 35 familias Emberá Chamí, en su mayoría descendientes de las familia Yagarí y Niaza, originarias de las comunidades indígenas Dojura (municipio de Chigorodó) y las Palmas (municipio de Apartadó), hoy organizadas dentro del resguardo Yaberadó; en región del Urabá Antioqueño.

Fotografía 17. Comunidad Bianía.

El poblamiento en el sector del Urabá obedece a la migración de familias Emberas del Valle del Cauca en el siglo pasado, más exactamente en la década de los 60, momento en el que se experimenta el ascenso de la economía bananera y la región es polo de atracción de población, los Emberás se vinculan al trabajo en las empresas bananeras. De la actual población residente en Mariquita solamente el mayor Abelardo Yagarí, Helena Bedoya y Pompilio Gutiérrez forman parte de esa primera ola migratoria del Valle hacia el Urabá. Las primeras familias que se desplazan del Urabá a Mariquita llegan en 1995 a raíz del asesinato de 3 de sus familiares, uno de ellos líder indígena que trabajaba en la alcaldía de Chigorodó, las amenazas que siguieron a los asesinatos los presionaron a salir de su tierra. El proceso de desplazamiento de las familias se da entre los años 1.995 y 1.998 principalmente. De la misma manera como ha ocurrido con los demás indígenas desplazados en el país estas personas han debido enfrentarse al desarraigo, la estigmatización, la pobreza y el señalamiento. En el año 2001 presionados por la urgencia de tener un techo sin tener que enfrentarse al rechazo y a las dificultades del pago de un arriendo, se toman un predio a las afueras de Mariquita junto a la carrilera del tren, en las inmediaciones del Estadio de f útbol y de los tanques de almacenamiento de combustible de la Terpel. A partir de esta invasión, se generan nuevas tomas de familias no Emberas llegando a constituir un barrio de aproximadamente 80 familias el cual fue llamado Los Pinos. El liderazgo de Alirio Niaza con experiencia y trayectoria de trabajo en la OIA y la OREWA, ha sido determinante en el proceso organizativo de esta comunidad. En el 2008 se conformaron como cabildo indígena. A pesar de los enormes vacíos institucionales en relación con la atención y restablecimiento de derechos para estas familias, han lograron ser reconocidos a nivel municipal en su doble condición: indígenas y desplazados; cuentan con un espacio de participación en el comité municipal de atención a población desplazada. Esto sin mayor trascendencia o repercusión en mejoramiento de su c ondición o avances en relación con goce de sus derechos. A partir de la constitución del cabildo han gestionado el reconocimiento como comunidad indígena del Ministerio del Interior; hasta el momento no ha sido posible lograrlo por las limitaciones que existen en las facultades del mismo en relación con el reconocimiento de Cabildos indígenas en contextos urbanos.

Asentamiento Actual

Fotografía 18. Barrio Los Pinos. Villanueva.

El principal asentamiento humano de la comunidad Bianía corresponde al barrio de invasión Los Pinos. Allí encontramos asentadas 16 familias de las 35 que conforman la comunidad; el resto están distribuidas entre otros barrios de Mariquita (5 familias) y en el sector rural, en fincas de trabajo de jornal (14 restantes). Algunas de las familias que en la actualidad viven y trabajan en el sector rural retornan al barrio durante los periodos que se encuentran sin trabajo, incrementando la situación actual de hacinamiento.

Ubicación del Barrio los Pinos en Plano del municipio de Mariquita

Sumada a la permanente incertidumbre de ser desalojados por la fuerza, la vida en los pinos es para estas familias la materialización de una pobreza que no conocieron en su territorio originario; ofrece las mismas situaciones que caracterizan la marginalidad de los barrios de invasión: viviendas absolutamente precarias, construidas con materiales reutilizados como tablas, lonas, plásticos, latas, con piso en tierra, sin servicios de agua y alcantarillado, expuestos a problemas sanitarios y ambientales; pues una acequia de las aguas lluvias que escurren de las calles del municipio atraviesa la parte posterior y anterior de las viviendas, además se encuentran a unos 40 mts de los tanques de almacenamiento de gasolina de la empresa Terpel. El 64 % de las viviendas están construidas en techo de zinc, paredes de tabla, y piso en tierra. El 29 % techo de zinc, con paredes entre materiales como latas, tabla, lona y piso de tierra. Y solo hay una vivienda con unas leves mejoras: paredes de ladrillo y piso combinado entre tierra y cemento. En el trabajo de campo se constató que una misma vivienda es compartida hasta por 3 familias, generalmente la familia de origen con las nuevas familias constituidas, como una estrategia de apoyo y sobrevivencia, dadas las difíciles condiciones para acceder a una vivienda propia. De esta manera en casa de los padres se adaptan con latas u otros materiales divisiones a manera de habitaciones que permitirán la instalación de la nueva familia, generando condiciones de hacinamiento. Existen condiciones de hacinamiento no sólo en el espacio privado, sino en el espacio público, pues fuera de la vivienda no hay lugares adecuados para el encuentro ni para el juego de los niños; la calle es la estrecha vía de la carrilera del tren, lugar de permanente tránsito de peatones, motos y bicicletas. Las únicas viviendas propias son las de los residentes en el barrio los pinos, las 5 familias que viven en otros barrios del municipio pagan arriendo y quienes viven en las fincas de jornal no cuentan con vivienda propia. Población La comunidad Bianía está conformada por 35 familias conformadas por 141 personas en total de las cuales 64 son hombres y 77 mujeres. La distribución porcentual de la población de acuerdo a rangos de edad de mayor vulnerabilidad, así como población en edad escolar y población económicamente activa nos arroja que esta última representa en 49%, seguida por el 33% en edad escolar, un 13% de primera infancia y el 5% de tercera edad.

Gráfica 26. Distribución poblacional de Bianía.

TABLA 29. POBLACIÓN COMUNIDAD BIANÍA RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRE

MUJER

TOTAL

9

10

19

5 a 9 años

13

11

24

10 a 14 años

11

11

22

15 a 19 años

8

11

19

20 a 24 años

3

5

8

24 a 29 años

4

6

10

30 a 34 años

4

6

10

34 a 39 años

5

6

11

40 a 44 años

3

2

5

45 a 49 años

0

1

1

50 a 54 años

1

2

3

55 a 59 años

0

2

2

60 a 65 años

3

4

7

64

77

141

A partir del desplazamiento se han conformado nuevas familias con personas descendientes del departamento del Tolima. Cerca del 30 % de las familias (10 familias) corresponden a núcleos familiares constituidos por Emberas y Kapunías o personas de otra etnia (Pijao o Guambiana). Estas personas están registradas dentro del censo de la comunidad.

Además la comunidad ha adoptado a dos familias de las etnias Cubea y Pijao que llegaron desplazados en el año 2005 de los departamentos del Vaupés y del Meta respectivamente, también registradas en el censo. Escolaridad Es importante señalar en este aspecto que para alcanzar el derecho a la educación esta comunidad ha debido hacer uso de la tutela, pues no existe en el aparato educativo local conocimiento, ni aplicabilidad del derecho que tiene la población desplazada. Hasta la emisión de la ordenanza 052 del 2009 de la gobernación del Tolima se logra el acceso gratuito a la educación. Sin embargo, en el sector rural algunas familias continúan enfrentando situaciones de discriminación por parte de un rector, quien incluso agrede verbalmente a algunos estudiantes por su condición de desplazados. Pese a la gratuidad de la educación las familias deben asumir los costos de uniformes y útiles escolares, además deben realizar pagos adicionales por razones de asociación de padres, útiles de aseo y otros en valores promedio de $45.000 en el año por un niño de primaria. La población sin ningún grado de escolaridad o en situación de analfabetismo corresponde a un 10 %. Esta población se encuentra en edades superiores a los 15 años. En cuanto al nivel académico alcanzado por la población adulta es importante anotar que a partir de los 18 años prácticamente ninguna persona asiste a la escuela. Se toma entonces el rango a partir de los 18 años para valorar el nivel académico de la población y encontramos la siguiente situación:

Gráfica 27. Nivel Educativo de población adulta. Bianía.

De la población en edad escolar se encuentra que un 14 % no asiste a la escuela, corresponde principalmente en edades entre 5 y 9 años. La falta de reconocimiento como comunidad indígena por parte del Ministerio del Interior ha tenido implicaciones en materia educativa, pues los jóvenes que han finalizado el bachillerato y tienen expectativas de ingreso en la universidad no cuentan con el derecho especial que les corresponde como parte de la comunidad indígena. Es evidente el impacto del desplazamiento en relación con la educación propia pues la condición de desarraigo, desterritorialización y dispersión de las familias los ha llevado a subsumirse en el modelo educativo occidental. Salud Con relación a la salud, es importante anotar que el 89 % de la población, se encuentra vinculado al sistema de salud en su mayoría, 94% de estos, mediante régimen subsidiado, el 11 % de la población no cuenta con vinculación a salud y debe asistir a los centros de salud presentando la carta de desplazados. Sin embargo, aunque el porcentaje de vinculación es alto, esto no es garantía de acceso pues a la mayoría de los vinculados mediante el régimen subsidiado los ubicaron en nivel 1 y, en algunos casos nivel 2, por lo tanto deben asumir copagos que no están en capacidad. Esta situación manifiesta el desconocimiento de su condición de desplazados. De otro lado debe considerarse cómo la no inclusión de algunas familias en el RUPD ha limitado el acceso a este derecho fundamental.

Gráfica 28. Vinculación al sistema de salud. Bianía.

En cuanto al sistema tradicional de salud, en esta comunidad no existe práctica de jaibanismo, cuentan con médico tradicional que vive en el casco urbano de Mariquita y asiste algunas enfermedades con tratamientos de hierbas, cuando el caso no es de manejo del médico tradicional acuden al centro hospitalario. Sin embargo, es manifiesta la queja por los malos servicios tanto en urgencias como en consulta externa. Economía Las actividades cotidianas son de sobrevivencia, éstas se diversifican entre trabajo de jornal temporal, oficios varios como: construcción, pintura de casas, latonería y barequeo en las vegas del Rio Sucio. Con estas actividades las familias tienen ingresos entre 140.000 y 480.000. En este nuevo escenario las mujeres deben aportar a la economía familiar, realizan actividades de comercio informal, generalmente venta de comida, o de empleo en condiciones laborales de explotación. Se emplean en oficios domésticos en hogares o en los hoteles con salarios de entre 5.000 y 15.000 pesos el día, en el segundo caso en jornada de 12 horas. Por su cultura asociada al autoconsumo mediante la siembra de productos de pancoger y prácticas como la pesca o la cacería, algunos integrantes de las familias, entre ellos los adolescentes hacen uso de la pesca cómo único recurso de auto sostenimiento y en los pocos espacios que ofrece el predio junto a la carrilera intentan recrear la práctica tradicional de siembra de plátano y frutales, con una que otra mata que por su puesto es insuficiente para garantizar la alimentación, más parece testimonio nostálgico del tránsito de una situación de abundancia, en su territorio de origen hacia la absoluta escasez. La vida de jornal para quienes se encuentran viviendo y trabajando en las fincas de “los ricos”, como denominan estos emberas a los finqueros o hacendados, también se constituye en una estrategia de sobrevivencia, pues aunque temporalmente cuentan con un ingreso fijo, el pago del salario ($535.600) no es suficiente para sostener la familia, además no es un trabajo estable, pues los patrones suelen contratar por periodos de 3 meses. Aunque se encuentran viviendo en el sector rural, no cuentan con acceso a tierra para sembrar, todo su esfuerzo y trabajo le pertenece al patrón. La sumisión y aceptación de esta condición se da por falta de garantías económicas y laborales, más que por elección. Atención Institucional: Las 35 familias corresponden total o parcialmente a familias en situación de desplazamiento. Del total de la población 12 personas no corresponden con la

condición de desplazados, se trata básicamente de las compañeras o compañeros de algunos de los Yagarí, Bedoya o Niaza. Aunque el desplazamiento ocurre en el año 95, la declaración ante el ministerio público la presentan hasta el año 2008. La no declaración en el momento del desplazamiento para evitar la estigmatización que conlleva el provenir de una zona reconocida como violenta, visibiliza su condición de desplazado y podía constituirse en un obstáculo a la hora de conseguir trabajo en el nuevo lugar donde eran desconocidos. Desde el Urabá aprendieron a guardar silencio como estrategia de protección. El 33 % de las personas que se reconocen como desplazadas no están incluidas en el RUPD, algunas de las razones que explican esta situación, se relacionan con errores de los funcionarios en el momento de toma de la declaración o con inconsistencias como, que un jefe de hogar aparece en bases de datos de otros municipios con otro núcleo familiar, o que solo fue reconocido el jefe de hogar o la persona que rindió la declaración. Las familias que se les ha reconocido su condición de desplazados no han accedido al derecho fundamental de la ayuda humanitaria, ayuda para el arrendamiento y aún menos, proyectos de estabilización socio-económica. Las ayudas recibidas son irregulares, siempre sujetas a los cupos, esto ha ocasionado entregas de una vez por año o por 2 años. Si bien existen vulneración en el ejercicio de su derecho como población desplazada mucho más en relación con la atención diferencial como comunidad indígena Ser asalariado, aunque sea por un periodo temporal representa dificultad en relación con su derecho a recibir ayuda humanitaria, al aparecer en el sistema como vinculado mediante régimen contributivo se les niega el derecho a recibir la ayuda. En el municipio no existe UAO, deben gestionar mediante la Personería, oficina donde la orientación que se le da al solicitante es la de vincularse a la Asociación de desplazados CO-FAMIPAZ, que actualmente actúa como operador, A pesar de haber sido reconocidos por la administración municipal en el año 2008 y de participar en el comité municipal de atención a población desplazada, no han sido incluidos en los planes de desarrollo, proyectos de vivienda, ni programas de empleo. Según información de CO-FAMIPAZ en Mariquita se encuentran 180 familias en situación de desplazamiento aproximadamente 560 personas. Ante esta realidad los distintos gobernantes del municipio se han ocupado de que su

municipio no sea reconocido como municipio receptor de población desplazada, situación que ha trascendido en la negación de la realidad, la desatención y el desconocimiento de su responsabilidad pública en relación con los derechos de la población desplazada. Recientemente con la presencia del equipo de Plan de Salvaguarda en el municipio la posesionada administración manifiesta su interés de atender la problemátic a. Organización y Gobierno propio La comunidad Bianía tiene una trayectoria organizativa pues son originarios de una comunidad que tenía resguardo y cabildo. A pesar de los más de 15 años que llevan asentados en Mariquita su proceso organizativo data de 3 años, esto puede relacionarse con la carencia de líderes, por supuesto sumado al miedo al señalamiento con el que salieron del Urabá. La junta del cabildo cumple un papel representativo y de gestión ante los entes estatales y no gubernamentales. Sin embargo se enfrentan a la limitación de no contar con un territorio en dónde mantener activo el ejercicio del gobierno y la justicia propia. Violencia y derechos humanos Los hechos de violencia que dieron origen al desplazamiento de estas familias, corresponden al asesinato de 3 integrantes de la comunidad y las consecuentes amenazas a las familias, ocurren en el departamento de Antioquia municipios de Chigorodó y Apartadó. Dentro de los hechos de violación de Derechos Humanos e infracciones al DIH tenemos: 5 homicidios, 1 desaparecido, 1 víctima de mina anti persona. En dos de los casos de homicidio ya se alcanzó reparación. Los responsables de los hechos ocurridos en el Urabá son atribuidos a grupos paramilitares del Bloque Bananero.

2. DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Comunidad de Motordochaque Antecedentes del Poblamiento La comunidad indígena Motordochaque está conformada por 29 familias, identificadas por la ONIC como Chamís. Sin embargo, un 65 % de éstas se

autodenomina perteneciente a la etnia Katio. Han sido reconocidos a nivel municipal como comunidad indígena Emberá Katio- Chamí. Es importante de comienzo, considerar que la comunidad está conformada por Emberas dispersos en la región de Puerto Boyacá desplazados de diferentes lugares y en diferentes momentos es decir, con una historia distinta. Aunque en el actual predio se encuentran desde el año 2002, los desplazamientos de las primeras familias, inician a finales de la década de los 80. Los indígenas que se autodenominan Katios y que en su mayoría corresponde a la familia Dovigama provienen del municipio de Santa Cecilia Risaralda del río Amurrupá. Las razones que explican su desplazamiento, están relacionadas con el reclutamiento forzado por parte de las FARC y las presiones para que se constituyeran en sus colaboradores. Las violaciones a sus derechos por parte de este grupo armado se materializaron en el asesinato de Juan Bautista Dovigama. El otro grupo que corresponde a en su mayoría a los Leiva y Nacabera provienen de Risaralda, Remedios (Antioquia) y Viterbo (Caldas). El principal antecedente de migración a la región corresponde al del mayor Juan Leiva quien migra de Risaralda a Puerto Boyacá en el año 73, después de diversos desplazamientos entre Puerto Boyacá, Risaralda y Antioquia. Posteriormente, en el año de 1.986 fue asesinado en Ité, Antioquia, razón por la cual su familia se desplaza a Puerto Boyacá. La región del Magdalena Medio, proyectada en su momento como región de mayor porvenir económico, por el desarrollo de la industria petrolera de la ganadería extensiva, representó una importante opción para innumerables campesinos y obreros que migraban de diferentes lugares del país en busca de trabajo, pese a la compleja situación de violencia en una región de dominio paramilitar. Puerto Boyacá estaba identificado por los emberas como un lugar donde se conseguía trabajo. Según líderes de la región muchos de los grandes terratenientes y ganaderos colonizaron y abrieron sus fincas sobre la explotación de los indígenas, a quienes por su desconocimiento del dinero era fácil engañar. Los Dovígama, llegaron en dos grupos y lograron mantenerse juntos, primero en campamentos de trabajo de jornal y luego en un pedazo de tierra que compraron a orillas del río Magdalena. Esta tierra fue arrasada por el río. Luego, se ubican en el casco urbano de Puerto Boyacá pagando arriendo, varias familias en una sola casa. Los Leiva y Nacabera dispersos en el sector rural y particularmente en Puerto Romero trabajando a jornal.

En el proceso organizativo y de agrupación de las familias, influyeron personalidades externas como un líder de la etnia Uwa, concejales municipales, otros funcionarios públicos e incluso políticos y algunos alcaldes, quienes mediante promesas de tierra, siempre condicionaron a la agrupación de la población dispersa. Es así como, organizarse y agruparse se convirtió en una urgencia para lograr acceder a la tierra que por supuesto es prioridad tario para el emberá. No solo hubo influencia y estímulo externo para unificar al grupo en un solo proceso organizativo, sino que tal iniciativa tuvo que pasar por el aval de los paramilitares. La entrevista y aprobación del comandante de la zona alias, “Botalón” era requisito fundamental. Para la consolidación o agrupación de las familias en la naciente comunidad indígena de Motordochaque fueron determinantes los liderazgos de Gerardo Leiva, Arturo Nacabera, Dilio Dovígama y José Vicente Dovígama. La primera experiencia de agrupación de familias Dovígama, Leyva y Nacabera se da en el año 2001, en un predio a orillas del río Magdalena de propiedad de Arturo Nacabera y Gerardo Leyva, allí convivieron por un tiempo. Pero debido a que a este predio se lo llevó el río, ocuparon el coliseo de deportes por algunas semanas, esta situación presionó a la administración municipal para cumplir con la promesa de la entrega de un predio en dónde ubicarse. Es así como en el año 2002 el alcalde de turno les entrega en comodato un predio de 58 hectáreas que actualmente ocupan ubicado en la vereda Pozo II. La Cruz Roja aportó tejas, tanques y materiales para construcción de las viviendas. La Alcaldía municipal de Puerto Boyacá mediante el Decreto 105 de 2004 reconoce formalmente la existencia del Cabildo Indígena en el municipio. En el mes de mayo del año 2011 enfrentaron una división interna que derivó en el desplazamiento de un grupo casco urbano de Puerto Boyacá, pero la intervención de la alcaldía propició el retorno al predio con acuerdos entre las dos partes. Mantener la convivencia y conservarse unidos, fue una condición que les impuso la administración municipal para continuar con las ayudas y el proyecto de las 34 viviendas. Sin embargo, la división interna prevalece, la inconformidad por la situación de inseguridad alimentaria, el reciente asesinato del jaibaná Apolinar Dovígama, el miedo por amenazas de los responsables de este hecho, sumada a los conflictos con la autoridad del cabildo, consolidan la división. Posteriormente al asesinato del jaibaná se trasladaron progresivamente 12 familias de los Dovígamas al municipio de Puerto Salgar, donde permanecieron por dos semanas, los líderes gestionaron ante las autoridades municipales una solicitud

para reubicarse en el municipio, pero fueron obligados a retornar a Puerto Boyacá con engaños y amenazas. Asentamiento actual En la vereda Pozo II, sector de la Tebaida del municipio de Puerto Boyacá, se encuentra un predio de 58 hectáreas que, en el 2002, les asignó la administración municipal en calidad de comodato donde se constituyó un caserío de aproximadamente 20 viviendas. Las viviendas están construidas en tabla, con techo de zinc. Cuentan con escuela construida en material de cemento y ladrillo, dos aulas, un aula múltiple que funciona también como comedor, una cocina, un espacio, inicialmente pensado como centro de salud y que actualmente está habilitado como habitación para los tres docentes. La escuela cuenta con los grados preescolares, primarios y bachillerato hasta el grado séptimo. El asentamiento cuenta con servicio de energía y agua bombeada de un tanque de almacenamiento construido por el municipio, ésta es almacenada en tanques de plástico o canecas en las respectivas viviendas, no hay alcantarillado, las viviendas no tienen servicio sanitario. En el caserío hay dos servicios sanitarios uno en la habitación de los maestros y el otro para el servicio de la escuela. Del predio se destinó un área para el cultivo, sin embargo la comunidad manifiesta que son tierras improductivas; de los proyectos de siembra adelantados con el apoyo de la gobernación, sobreviven los árboles maderables (17.000 árboles de Teca, samán roble), el cacao (12.200 ) y la yuca que es el único producto que se ha dado de forma permanente. Cada familia tiene asignada ½ hectárea para el cultivo.

Fotografía 19. Caserío Motordochaque

Población La comunidad tiene un total de 29 familias de las cuales 19 que representan el 65.5% corresponden a las familias Dovígama, que se autodenominan Katíos y 10 que son el 34.5%, a las familias Leyva Nacabera, reconocidas dentro de la comunidad como los Chamíes. El total de personas es de 160. 83 hombres y 77 mujeres de los cuales el 43% es la población económicamente activa y el 36% está en edad escolar.

Gráfica 29. Distribución poblacional de Motordochaque.

TABLA 30. POBLACIÓN DE MOTORDOCHAQUE

RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRE

MUJER

TOTAL

15

8

23

5 a 9 años

11

18

29

10 a 14 años

14

15

29

15 a 19 años

9

7

16

20 a 24 años

5

5

10

24 a 29 años

10

4

14

30 a 34 años

1

5

6

34 a 39 años

5

3

8

40 a 44 años

2

3

5

45 a 49 años

2

2

4

50 a 54 años

4

0

4

55 a 59 años

1

1

2

60 a 65 años

2

4

6

Sin información (S.I.)

2

2

4

83

77

160

Escolaridad El acceso a la educación de esta población está garantizado por la existencia dentro de la misma parcialidad de escuela primaria y secundaria, con maestros nombrados por el departamento. Sin embargo, no cuentan con sistema de educación propio. Dentro de las familias que se reconocen como Katios cuentan con un maestro con experiencia de docencia en el Chocó, sin embargo por falta de certificación de la misma, no se ha avanzado en nombramiento. El nivel de escolaridad de estas familias es muy bajo. 39 personas de la población mayor de 18 años no tienen ningún nivel escolar o se encuentran en situación de analfabetismo, eso corresponde al 56% de la población en este rango de edad. Solo un 3 % es bachiller y un 4 % tiene primaria completa.

Gráfica 30. Nivel Educativo población adulta. Motordochaque.

Sin embargo, al analizar la información sobre la población que actualmente está estudiando, se encuentra un nivel más alto; se toma el rango a partir de los 7 años que es la edad en la que en esta comunidad se inicia la etapa escolar. El universo de población que estaría entre los 7 y los 17 correspondería entonces a 54 personas de las cuales 41, se encuentran estudiando. Esto representa el 75 % de población escolarizada. Los 13 restantes no están escolarizados y se encuentran en edades entre los 12 y 17 años, se determinó además que en su mayoría han abandonado sus estudios en los primeros grados de escuela. El porcentaje más alto de abandono escolar corresponde al rango de edad de 15 a 18 años. De 15 jóvenes en esta edad 7 estudian y los 8 restantes no estudian porque se dedican al trabajo de artesanías y en el caso de las mujeres porque conforman familia a edad temprana. Es importante observar que en el dominio del español la mujer está más rezagada. Los hombres tienen mayor fluidez al hablarlo y facilidad para entenderlo y en consecuencia para relacionarse con el mundo del afuera. Salud En cuanto a la atención en salud, es importante observar que la mayoría de las familias está vinculada mediante el régimen subsidiado, 19 personas que corresponden a 3 familias que no cuentan con afiliación. La comunidad es atendida en el hospital del municipio y este a su vez realiza campañas periódicamente en el predio. No existe promotor de salud de la misma comunidad que apoye las acciones de prevención y promoción.

En cuanto a condición especial encontramos 8 mujeres lactantes y 3 mujeres en embarazo, un joven con situación mental especial que no cuenta con atención especializada. Hasta comienzos del presente año la comunidad contaba con su jaibaná, quien pertenecía a la familia Dovígama, uno de sus sobrinos ejerce como aprendiz de jaibaná y en algunos casos acuden a médicos tradicionales externos. La comunidad cuenta con partera, en su mayoría los partos se atienden en la parcialidad. Economía: Pese a estar ubicados en un predio de sector rural la improductividad de los suelos limita las posibilidades de generar una base de producción para auto consumo. Hasta el momento el único producto que han logrado cosechar de forma permanente es la yuca, algunas familias obtienen un ingreso con el excedente del consumo que alcanza máximo los $80.000 mensuales (venta de 1 bulto semanal), o realizan trueque por carne o por hueso. La venta de la yuca se dificulta por la falta de transporte. Recientemente dependían de la producción de carbón vegetal, actividad que fue prohibida por las autoridades ambientales, en consecuencia se ha reducido, pero no ha desaparecido. Esta actividad, a pesar de las afectaciones para la salud, ha sido considerada como una de las más rentables, pues lograban una producción de 20 bultos de carbón por semana y obtenían un ingreso promedio mensual de 640.000 en el mes. Actualmente las familias derivan su sustento fundamentalmente del ingreso que obtienen del trabajo de jornal ($300.000 por mes). Un 15 % de las familias depende del ingreso exclusivamente por venta de artesanías de chaquira. Sin embargo es importante señalar que aunque la artesanía (de chaquiras o cestería) no es la actividad principal de donde derivan su sustento, sí es una de las principales actividades, representativa de su cultura y se constituye en una actividad paralela o complementaria de los ingresos familiares. En un 68 % de las familias al menos una persona se dedica a la artesanía. Atención institucional Casi la totalidad de las familias manifiesta ser desplazada por la violencia, solamente una no se reconoce como tal. A pesar de ser desplazados de la década del 80 presentan su declaración recientemente en el año 2008. La respuesta institucional a la situación de estas familias se ha concentrado en las acciones de la alcaldía municipal y gobernación del departamento. Se observa

un porcentaje alto 50% de población que no logró ser reconocida como víctima del desplazamiento forzado. En cuanto a otros programas de ayuda del Estado en el siguiente cuadro se relacionan: TABLA 31. PROGRAMAS DEL ESTADO. MOTORDOCHAQUE. PROGRAMA DE AYUDA INSTITUCION FAMILIAS O POBLACION BENEFICIADA Familias en Acción Acción Social 5 familias Desayunos infantiles ICBF 11 niños según comunidad y 28 según ICBF Recuperación Nutricional ICBF 1 niña Hogar infantil tradicional ICBF 6 según familias – 13 según ICBF Restaurante Escolar ICBF- ALCALDIA 63 Programa de Tercera Edad 2

Si bien los principales programas son implementados por el ICBF, se observa que no hay un seguimiento adecuado a los mismos y no se ha atendido de acuerdo a un enfoque diferencial que permita comprender y ajustar el programa a la realidad sociocultural de la comunidad. No existe un seguimiento adecuado a talla y peso de los niños que se encuentran en el programa. A esto en la oficina del Bienestar Familiar responden que la situación obedece a que las madres comunitarias no tienen conocimiento para realizar la labor. Pese a ello no se ha diseñado una estrategia para capacitar a la madre comunitaria. Se constata que los niños no se ajustan a este tipo de programa y se escapan del hogar comunitario En el centro zonal del ICBF en Puerto Boyacá no se logró obtener información sobre la situación nutricional de los menores. De otro lado, el programa de madres FAMI no se ha implementado. No existe un puente de comunicación y relación entre los docentes y los funcionarios del ICBF. Los docentes reportan quejas sobre el estado de algunos alimentos que son suministrados por el operador. Es evidente el despliegue de atención institucional de las administraciones municipales a partir de la adjudicación del comodato, la construcción del caserío instalación de energía, agua, implementación de proyectos de galpón, de siembra de maderables, y de otros productos, la implementación de proyecto de fortalecimiento cultural y educativo desde el nivel departamental. Dicho programa garantizó la vinculación de una maestra de la etnia muisca quien diseñó e implementó el proyecto. Para los líderes indígenas un programa de fortalecimiento de la identidad cultural parte primero de la construcción con la comunidad del mismo, la garantía de maestros emberas y especialmente la solución del problema del territorio.

Organización y Gobierno propio El modelo organizativo con el que cuenta la comunidad depende de la noción de organización de algunos de los líderes y la influencia de las autoridades municipales. Cuentan con Cabildo desde el año 2004. El cabildo está constituido por Cabildo Mayor – Gobernador – Secretario – tesorero – FiscalOtras autoridades y líderes de la comunidad son: Alguacil Mayor, Consejero Mayor, Consejera Mayor, Consejero Juvenil, Jaibaná mayor. No existe reglamento interno escrito, más bien un modelo de reglamento al parecer construido y discutido con la comunidad, e interiorizado en su memoria. Sobre la base del mismo se aplica justicia siendo central dentro del modelo el cepo. Sin embargo se observa debilidad tanto en el ejercicio del gobierno como de la justicia, hay diferencias entre las familias que se denominan katíos con el gobierno ejercido por cabildo constituido en su totalidad por chamíes. Existen también diferencias en la comprensión de la justicia propia, específicamente en relación con el uso del cepo que para los Dovígamas es una práctica en desuso.

Violencia y derechos humanos La historia de violencia que da origen al desplazamiento de las familias deja un saldo de 8 homicidios y 2 desaparecidos, cuyos actores responsables son: paramilitares, guerrilla, ejército, policía. En ninguno de los casos se ha logrado reparación. Una de las familias sufrió doble desplazamiento. Dada la situación de inseguridad alimentaria en Puerto Boyacá, algunas familias de los Dovígama han intentado retornar a los lugares de origen pero se han regresado a Puerto Boyacá, pues no han encontrado condiciones para el mismo, manifiestan sentir miedo. En el momento del trabajo de campo 4 familias se encontraban explorando posibilidades de retorno en los departamentos de origen. Las 12 familias Dovígama que decidieron iniciar un proceso de reubicación en el municipio de Puerto Salgar fueron objeto de engaños y desalojo del municipio por parte de las autoridades civiles y militares. Estas familias fueron presionadas entre dos opciones de retorno forzado: retornar a Risaralda o retornar a Puerto Boyacá.

3. DEPARTAMENTO DE SANTANDER Comunidad de Dachi drua Antecedentes del poblamiento

Fotografía 20. Taller de diagnóstico comunidad de Dachi drua.

De origen Emberá Chamí, la comunidad indígena Dachi Drua está conformada por 18 familias dispersas ubicadas en los municipios de Puerto Parra, Puerto Berrío y Cimitarra, hijos de emberás desplazados por la violencia bipartidista de mitad de siglo pasado, han tejido sus vidas en el desarraigo, profundamente lesionados en su cultura, aún con la esperanza de recuperar prácticas y tradiciones que les permitan distinguirse del resto de campesinos con quienes han compartido sus vidas y entre quienes han debido mimetizarse. Son cuatro las familias de origen de esta comunidad: La familia Tamaniza - Niaza, la familia Arias, familia Tascón, familia López; desplazados de los departamento de Caldas y Valle, algunos hicieron una ruta desde su desplazamiento por otros departamentos (Quindío, Risaralda, Arauca, Antioquia, Boyacá) intentando hacerse a un pedazo de tierra donde reconstruir sus vidas y estabilizarse. La parcialidad de 29 hectáreas en la vereda India Medio, en la que se encuentran hoy 8 familias, es apenas testimonio del esfuerzo de Paulino López Guaquerama por colonizar tierra y establecer una comunidad de familias Emberas Chamís, quienes buscaban huir de la violencia. Los primeros años fueron esforzados y a la vez gratos para la familia de don Paulino pues con la ayuda de sus hijos y del señor Martiniano a quien le pagó con tierra, logró colonizar unas 310 hectáreas de tierra, que más adelante fue repartida entre hijos y nietos varones. Con el tiempo y por las presiones de la violencia de los años 80 en la región de Magdalena Medio la mayor parte de las

tierras fueron vendidas, terminaron en manos de grandes ganaderos, especialmente de Fernando Villa, propietario de la tierra hoy llamada Maravélez, actualmente destinada a la ganadería y siembra de palma africana. En Campo Capote a unos 20 minutos de India Medio se ubicaron las familias de las mujeres desheredadas hijas y nietas de Paulino López. La familia Arias (sus hijos ubicados hoy en Puerto Berrío y Cimitarra) se desplazó de Caldas a Quindío y después de trasegar en trabajo de jornal por diferentes fincas llega a Puerto Zambito corregimiento de Cimitarra, donde compran una tierra y de donde años después fueron nuevamente desplazados. Dispersos por la región, inician una vida de jornal, la cual prevalece en la actualidad. Recientemente uno de los mayores quien ha trabajado de jornal compró una pequeña parcela en Santa Rosa, corregimiento de Cimitarra, de donde es nuevamente despojado por los herederos del propietario, quienes pertenecían a las AUC. Si bien no existe un proceso colectivo u organizativo visible y claro de esta comunidad. Desde el año 2000 uno de los mayores, el señor Oscar Arias ha adelantado gestión a nivel municipal en busca de reconocimiento de la condición de indígenas para estas familias y ante el INCODER la titulación de tierra para establecerse. Asentamiento actual Esta comunidad se encuentra asentada en los tres municipios del Magdalena Medio en mención: Puerto Parra, Cimitarra y Puerto Berrío.

Como se mencionó anteriormente las familias que conforman esta comunidad se encuentran dispersas por 3 municipios cercanos (2 horas de distancia entre

cada uno), dos del departamento de Santander y uno del departamento de Antioquia, todos de la misma Región del Magdalena Medio. La principal parcialidad es la de la vereda India Medio del municipio de Puerto Parra donde se encuentran 8 de las 18 familias, otras 5 se encuentran en la vereda de Campo Capote del mismo municipio. Es así como más del 50 % está ubicado en el municipio de Puerto Parra y el restante se encuentran entre Santa Rosa de Cimitarra y Puerto Berrío. Las únicas familias que cuentan con vivienda propia son las familias de Puerto Parra y algunas de Campo Capote. Sin embargo sus viviendas se encuentran en condiciones precarias.La parcialidad de Puerto Parra se encuentra en el corazón de grandes extensiones ganaderas, las familias no tienen tierra suficiente ni apta para sembrar su pan coger. Población La población de la comunidad indígena Dachi Drua está conformada por 18 familias, en total, 93 personas (39 mujeres- 54 hombres). El 55% representa a la población económicamente activa, seguido del 25% en edad escolar, un 11% de primera infancia y el 9% de adultos mayores.

Gráfica 31. Distribución poblacional de Dachi drua TABLA 32. POBLACIÓN COMUNIDAD DACHI DRUA RANGO DE EDAD 0 a 4 años

HOMBRE

MUJER

TOTAL

4

6

10

5 a 9 años

4

6

10

10 a 14 años

11

2

13

15 a 19 años

8

4

12

20 a 24 años

4

3

7

24 a 29 años

2

1

3

30 a 34 años

4

3

7

34 a 39 años

4

4

8

40 a 44 años

4

2

6

45 a 49 años

1

1

2

50 a 54 años

0

3

3

55 a 59 años

2

1

3

60 y más

6

3

9

54

39

93

En cuanto a la distribución de las familias en los 3 municipios, la población se encuentra principalmente concentrada en el municipio de Pto. Parra. Municipio de Puerto Parra:  Vereda India Medio: 8 familias.  Corregimiento Campo Capote: 5 familias Municipio de Cimitarra: Vereda Santa Rosa; 2 familias Municipio de Puerto Berrío: 3 familias

Gráfica 32. Familias por municipio. Dachi drua.

Las nuevas generaciones, es decir las nietas y nietos de los mayores desplazados son las que han conformado familias con kapunías. En el ejercicio de familiogramas se constata un bajo porcentaje de mezcla a pesar del desarraigo. Es así como se logran conservar los apellidos. El 22 % de las familias tiene jefatura femenina (4 mujeres.) Escolaridad: Debe notarse el bajo nivel académico de esta comunidad. Tomando el rango de personas mayor de 18 años, edad hasta la que se asiste a la escuela en esta comunidad, encontramos que el 40 % no tiene ningún nivel escolar o se

encuentra en situación de analfabetismo, el segundo porcentaje corresponde a población que cursó primaria incompleta con un 33%. Sólo un 10 % han cursado el bachillerato completo.

Gráfica 33. Nivel académico población adulta. Dachi drua.

De las 30 personas en edad escolar 11 se encuentran desescolarizadas que corresponde a un 36.6% de la población en este rango; se trata de personas en edades entre los 11 y los 17 años, la mayoría abandonaron la escuela en grados de primaria y 3 nunca ingresaron a la escuela. Es manifiesta también la situación de extra edad, niños de 10 y 11 años cursando grados de primero y segundo, jóvenes de 14 y 15 años completando la primaria, sólo unos 4 niños se encuentran cursando el grado que corresponde para su edad. Salud El 95 % de la población se encuentra afiliado al sistema de salud, por el régimen subsidiado el 90 % y el 5% restante por el régimen contributivo. Sin embargo, los centros hospitalarios se encuentran en los cascos urbanos a una hora de distancia en carro, por vías de difícil tránsito y son centros hospitalarios de primer nivel con atención precaria. En la vereda India Medio cuentan con médico tradicional que trata con plantas medicinales. No existe práctica de jaibanismo, no cuentan con promotor de salud. Economía

Las familias de esta comunidad forman parte del grueso de población que en la región se constituye en la fuerza laboral de las grandes fincas ganaderas, en su mayoría se dedican al trabajo de jornal del cual derivan un ingreso de $360.000 mensuales. El bajo costo del salario genera que los jóvenes en edad escolar se involucren en la actividad para ayudar al sustento de las familias. Se logran identificar 4 jóvenes entre los 13 y 18 años dedicados al trabajo de jornal. 10 de las 17 familias se sostienen con el trabajo solamente del jefe de hogar. Las 7 restantes, dos o más integrantes de la familia aportan. Debe destacarse la situación de las madres cabeza de hogar quienes se emplean en servicio doméstico o como cocineras de restaurantes; con ingresos promedio de 200.000 en el mes deben sostener familias de 3 hijos en promedio. El pago diario del trabajo que realiza una mujer corresponde a un valor de $ 10.000. 1 de las familias, integradas por dos mayores derivan su sustento de la cestería con un ingreso inestable máximo de 100.000 mensuales Atención institucional Se identificaron tres programas del Estado que benefician a algunas de las personas de esta comunidad así: Programa de Tercera edad implementado a través de las alcaldías municipales: se benefician 5 de los mayores. El programa de Familias en Acción apenas se identificaron 3 familias beneficiarias. En la escuela de los asentamientos de Campo Capote, e India Medio se implementan los programas de restaurante escolar. De otro lado es importante considerar que por la situación de dispersión, desorganización de las familias, así como por la falta de reconocimiento de su condición étnica, no existe un tratamiento especial o de discriminación positiva por parte de las autoridades municipales; de los 3 municipios solamente se identificó en la anterior administración de Cimitarra un nivel de reconocimiento e interlocución entre el líder de la comunidad y las autoridades, sin embargo sin mayor trascendencia para el proceso político organizativo de la comunidad. Organización y Gobierno propio Hace más de 10 años el mayor Oscar Arias y su hijo Robertulio Arias han adelantado iniciativas en relación con la recuperación de territorio. A pesar que es una preocupación en común para las demás familias, la identidad que los reúne al ser descendientes de Emberas, la dispersión por las distintas veredas de los tres municipios, la situación de dependencia del trabajo asalariado, en consecuencia las limitaciones de tiempo, la falta de acompañamiento y por su

puesto el desánimo organizativo.

han sido limitantes para consolidar un proceso

La posibilidad del encuentro alrededor del Plan de Salvaguarda permitió que se gestara una iniciativa de organización que se concreta con la conformación del Cabildo Indígena y la resolución de darle fuerza a la iniciativa solitaria que ha venido adelantando el mayor Oscar hace más de 10 años. De esta manera el proceso organizativo es algo naciente. Violencia y derechos humanos Si bien, como se mencionó en la primera parte el desplazamiento de estas familias data principalmente de la época de la violencia de mitad de siglo pasado, las nuevas generaciones que crecieron en el desarraigo han sido víctimas de la violencia que se gestó en la región del Magdalena Medio como en otras regiones del país en la década del 90. Se identificó una familia desplazada en el año 2000 de una vereda del municipio de Cimitarra, se encuentran registrados en el RUPD pero no han recibido la ayuda humanitaria. El Desplazamiento de Puerto Zambito no fue declarado. En esta comunidad se encuentran la relación más alta de víctimas de los departamentos descritos: 4 desaparecidos, 4 asesinados 1 víctima de mina anti persona. Uno de los casos de asesinato han sido reparados, los demás se encuentran sin reparar. Las denuncias en muchos casos no se han adelantado por temor. E. DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Comunidad de Kugurudó Antecedentes del Poblamiento La comunidad indígena Kugurudó está conformada por 22 familias Emberá Katios ubicados a lo largo de la quebrada Arizá afluente del rio Caribona, a su vez afluente del río Cauca; en la subregión Cauca Magdalena del departamento de Bolívar. Pertenecientes a la familia Domicó, procedentes en su mayoría del Alto Sinú, resguardo de Karagabí en municipio de Tierra Alta y del municipio de Puerto Libertador en el departamento de Córdoba. Si bien las familias no se reconocen como desplazados, la historia de su migración y del poblamiento de este territorio en las vegas de la quebrada Arizá, coincide en la década de los 90 con la dispersión de los Emberás Katios

de la región del río Sinú con motivo del desarrollo del mega proyecto de la represa del Urrá y los hechos conexos de violencia contra este pueblo; considerada como la más grave de las afectaciones sobre la vida y pervivencia de los Katios; situación que además hizo acreedores a este pueblo de medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así mismo se constituyó en uno de los casos emblemáticos analizados por la Corte Constitucional en la resolución del auto 004. Las familias que hoy se denominan Comunidad Indígena Kugurudó llegaron, en pequeños grupos, de forma progresiva fueron poblando estas tierras baldías, donde encontraron posibilidades para establecerse. A pesar que el sector del Caribona Alto estaba bajo el dominio de la guerrilla de las FARC, no encontraron oposición por parte de éstos para establecerse y habitar el territorio, situación que con el tiempo les ocasionó el estigma de auxiliadores de la guerrilla y los llevó por varios años (2002 a 2006 ) a limitarse dentro de su territorio y establecer el mínimo contacto con el mundo exterior representado en los caseríos de Villa Uribe y Regencia de presencia y control militar y paramilitar. Asentamiento actual: El territorio habitado por esta comunidad es extenso, aún por determinar las hectáreas que posee; va desde la cabecera de la quebrada Arizá, límite con la Serranía de San Lucas hasta la boca de la quebrada Las Claras y desde la Quebrada Mantequera hasta la quebrada de Montecristo. En jurisdicción del municipio de Montecristo, departamento de Bolívar. Las familias habitan en sus viviendas tradicionales dispersas a lo largo de la quebrada Arizá. El principal asentamiento se encuentra en el sector denominado Koredó con 7 viviendas y una pequeña escuela. Conservan en su mayoría la vivienda tradicional de tambo. El agua que consumen la recogen directamente de un caño cercano al asentamiento. El único medio de transporte es el Johnson (canoas metálicas a motor), que se desplaza hasta el corregimiento de Regencia a unas 3 horas de distancia. Las familias de más reciente tiempo de llegada se encuentran ubicadas en los campamentos de los entables mineros. Aproximadamente hace 3 años que el territorio se ve afectado por la invasión y avance voraz de la explotación minera en las vegas de la quebrada Arizá, mediante uso de retroexcavadoras y de mercurio representa la principal problemática de esta comunidad.

Fotografía 21. Rio Caribona sin minería. http://montecristo bolivar.blogspot.com

Fotografía 22. Minería en la quebrada Arizá

Según información de Noticias Caracol en el mes de noviembre del 2011, encontraron cerca de 200 retroexcavadoras ubicadas en los distintos entables mineros desde la cabecera de la quebrada Arizá y a lo largo del rio Caribona. Entre las consecuencias originadas con la explotación minera está: la contaminación del río, cambios abruptos de su cauce, la navegación y el recorrido a pie se han visto radicalmente afectados; la apariencia cristalina característica del río desaparece dando lugar a un río turbio con olor a ACPM y químicos, la práctica de la pesca se ve afectada, se interrumpe el ciclo reproductivo de los peces al destruir su hábitat, han desaparecido las vegas de la quebrada donde se sembraba plátano, maíz, arroz, ha proliferado el paludismo, se interrumpe la actividad tradicional del barequeo pues desaparecen los sitios aptos para la misma, el cambio de actividades de auto sostenimiento a la venta de mano de obra, empleo como Johnseros (motoristas), o cadeneros (ayudantes de johnseros), el aumento de precios de los productos traídos del corregimiento de Regencia. Población: Las 22 familias agrupan a 115 personas, 60 hombres, 55 mujeres. Por rangos de edad la comunidad tiene un 47% de población económicamente activa, un 31% en edad escolar seguida de un 17% de primera infancia y solo un 5% de tercera edad.

Gráfica 34. Distribución poblacional de Kugurudó. TABLA 32. POBLACIÓN COMUNIDAD KUGURUDO

RANGO DE EDAD 0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 24 a 29 años 30 a 34 años 34 a 39 años 40 a 44 años 45 a 49 años 50 a 54 años 55 a 59 años 60 y más Sin identificar

HOMBRES 9 13 8 6 5 5 3 2 2 5 1 0 1 4 64

MUJERES TOTAL 11 20 4 17 10 18 6 12 6 11 3 8 4 7 4 6 0 2 2 7 0 1 0 0 5 6 1 5 56 120

Gráfica 35. Pirámide poblacional de Kugurudó.

Importante observar que el 50 % de la población es jóven, menores de entr e los 0 y los 17 años. La estructura de la familia que habita en los tambos corresponde a la familia extensa. De los hogares, 6 se reconocen con la jefatura femenina; 2 viven solas, 1 tiene su compañero y las 3 restantes no tienen compañero, viven con hijos y nietos. Escolaridad Estamos frente a una comunidad que conserva muchos de los rasgos característicos de su cultura, entre la lengua; particularmente son las mujeres y los niños quienes se comunican con mayor dificultad en español. Sin embargo no cuentan con educación propia. Aunque en el asentamiento de Koredó cuentan desde hace 4 años con una pequeña escuela construida con el apoyo de la iglesia católica y maestro asignado por el departamento, el acceso a la educación en esta comunidad está seriamente limitado, particularmente por la dispersión de las familias que dificulta el desplazamiento de los niños a la escuela. Razón por la que la comunidad ha previsto la ampliación de este asentamiento con el traslado de las familias que se encuentran más dispersas. Sin embargo a nivel departamental no se ha garantizado la plaza para el docente. El no acceso a la educación se evidencia en el nivel de analfabetismo de la población; tomando el rango de edad de 18 años en adelante, encontramos

que la totalidad de la población en este rango de edad es analfabeta, se trata de 48 personas que corresponden al 40 % del total de la población. Dentro de la población en edad escolar reducimos el rango de 7 a 17 años considerando que en la comunidad los niños que ingresan a la escuela lo hacen a partir de los 7 años, encontramos de un universo de 38 personas, 19 no tienen ningún grado escolar, que corresponde al 50 % de la población en este rango de edad. La asistencia de los niños a la escuela es irregular por las mismas dificultades ya mencionadas. Solo el 25 % se encuentra escolarizado, esto indica que un 75% de esta población está desescolarizado. Los niños que se encuentran estudiando cursan los grados primero a tercero con edades superiores a los 10 años, indicando una situación de extra edad.

Gráfica 36. Población en edad escolar. Kugurudó

El nivel escolar de la población que ha accedido a educación es muy bajo, en promedio grados menores de 3ro de primaria. Solamente una persona tiene 10 de bachillerato Salud La salud también es uno de los aspectos críticos para esta comunidad, por la cobertura, el acceso y la calidad de los servicios. Además se suma a este hecho la alta tasa de personas que se encuentran indocumentadas (50%) El 63 % del total de la población y el 36 % de la población en edades entre 0 y 14 años, no tiene afiliación a régimen de salud. En caso de enfermedad deben desplazarse hasta el municipio de Nechí a cuatro horas de distancia, además deben pagar por la consulta.

Una de las principales enfermedades que sufre esta población es el paludismo, que como ya se mencionó ha proliferado con la actividad de la minería. Aunque no tienen parteras las mujeres dan a luz en sus tambos, acompañadas por las madres y la familia, sólo en casos especiales se traslada a la mujer hasta el corregimiento de Regencia o al municipio de Nechí. Se han presentado 7 casos de muerte por enfermedad que no alcanzó a recibir atención médica - 5 de estos casos corresponden a menores de 6 meses por causas prevenibles o curables como diarrea, asfixia, inflamación de hígado. Los 2 casos restantes corresponden a la enfermedad del Cólera. De otro lado se han presentado 4 casos de muertes asociadas a enfermedades originadas por jai. En la comunidad no cuentan con Jaibaná pero se desplazan hasta el departamento de Córdoba para ser asistidos por éste. Economía Con el ingreso de la minería hace menos de un lustro los indígenas han reducido la actividad agrícola, de cacería, en general de auto sustento, para emplearse en los oficios asociados a la explotación minera, un marcado tránsito de una economía de auto sustento a una economía dependiente del salario, de la compra de productos externos, incremento de consumo de alimentos artificiales. “A toditos todos los indígenas cambiamos la agricultura por ir atrás de un tomín porque vinieron las máquinas abrieron campo de trabajo entonces todos dejaron eso, hoy en día la juventud le gusta barequear, antes se cultivaba para comer y vender ahora se cultiva poquito”

Las familias tienen en su mayoría jefatura masculina, es el hombre quien se encarga del sustento de la familia y lo hacen a partir del ingreso que obtienen en trabajos asalariados dependientes de la explotación minera: johnseros, ayudantes de johnseros, trabajadores en los entables; o a actividades que realizan de manera independiente como aserrío, agricultura o barequeo. En algunos casos combinan varias de estas actividades. Los ingresos de las familias oscilan de un valor mínimo mensual de 200.000 a un valor máximo de 1.000.000. La actividad del barequeo, también es practicada por algunas mujeres, de la cual obtienen entre 60 y 160.000 en un mes, de acuerdo al tiempo que le dediquen a la actividad.

Si bien la agricultura, la cacería y la pesca se han reducido, no han desaparecido. La totalidad de las familias manifiestan conservar algunas de sus prácticas tradicionales de sustento, algunos combinan la compra de los alimentos con la agricultura y en algunos casos con la cacería y aún la pesca. Atención institucional No existe cobertura de ningún tipo de programa estatal o no estatal, hasta el momento sólo ha hecho presencia la iglesia católica con el apoyo para construcción de la escuela. Es evidente la desatención de los distintos niveles municipal, departamental y nacional. Una población con un índice muy alto de analfabetismo, sin cobertura de salud, sin garantía de maestro, con un porcentaje muy alto 50% de población no documentada. Organización y Gobierno propio El proceso organizativo de esta comunidad es reciente, apenas hace 3 años se constituyen como cabildo, más que por iniciativa de la misma comunidad, el proceso se da por estímulos externos, algunos de líderes comunitarios, o maestros e incluso por presiones de los actores armados. Los líderes tienen pocos elementos de formación, el proceso es frágil con enormes vac íos y desconocimiento sobre la legislación propia, sobre los alcances y posibilidades de la organización indígena. Los desacuerdos y preocupaciones que manifiestan por las afectaciones de la minería sobre su territorio no se traducen en acciones concretas frente a la misma por las mismas limitaciones y debilidad política. Violencia y derechos humanos Pese al control de actores armados en la zona no se encuentran situaciones de violencia armada sobre la comunidad, sin embargo se logró identificar un caso específico de desaparición forzada de uno de los indígenas de esta comunidad, presuntamente responsabilidad del ejército. La víctima en este caso, es una mujer embera joven de la misma comunidad y su hijo. Las principales afectaciones en materia de derechos están relacionadas con el proceso de avance desde hace 4 años de la explotación minera en la región del río Caribona. Implica además de la vulneración a sus derechos individuales a un ambiente sano, salud, la vida, la vulneración de sus derechos colectivos al territorio, la autonomía

F. BOGOTÁ

Antecedentes del poblamiento La historia reciente del poblamiento de las ciudades por parte de los embera está determinada por factores asociados a la disputa territorial por diversos actores que desde los años 80 del siglo pasado han permeado sus dinámicas de vida y han desestructurado sus procesos organizativos. Entre los factores que han convertido los territorios ancestrales del pueblo Embera en escenario de la confrontación armada que se libra en el país se ubica en el primer orden el acceso a recursos naturales, especialmente del subsuelo, ante lo cual las comunidades y organizaciones han enfrentado la defensa de sus territorios y de su autonomía, con un costo alto tanto en vidas como en el ejercicio del control territorial del gobierno propio. Las primeras migraciones de los embera de los departamentos del Chocó y Risaralda se suceden en la década de 1980 con la llegada a sus territorios de grupos armados como el M-19, el ELN, el EPL y las FARC y se agudizan con el ingreso hacia el año 2000 de los grupos paramilitares. Los constantes enfrentamientos entre los diversos grupos armados y la fuerza pública, presiona desplazamientos masivos de la población embera hacia los centros urbanos, siendo el epicentro o punto de llegada las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira. En la actualidad se puede afirmar que Bogotá es la principal ciudad receptora de población desplazada del país, situación a la que no escapa la diáspora indígena emberá. Un análisis histórico del impacto de la guerra en el Pacífica durante la década de los 80, muestra que el municipio de Bagadó se convierte en sitio de confluencia de los distintos ejércitos de la insurgencia y es en el resguardo del Alto Andágueda donde se presenta el mayor número víctimas. Según datos del Sistema Unificado de Información sobre Indígenas ONIC-CECOÍN, en el año 1987 la cifra de muertes indígenas llega a 57 de una población que para la época tenía cerca de 1.500 habitantes. (Villa y Houghton, 2005) Una mina de oro en la cuenca del río Azul del municipio de Bagadó es el principal detonante de un conflicto de grandes proporciones en esta región del Pacífico, el que involucra a los indígenas que allí habitan pero también a las guerrillas, el Ejército, bandoleros, colonos y narcotraficantes. En el año de 1975 el indígena Aníbal Murillo había descubierto una mina de oro en la cuenca del río Azul, descubrimiento que denuncia ante la alcaldía de Bagadó y que en adelante será verdadera maldición para los indígenas por el conflicto a que llegan: en principio con el hacendado Ricardo Escobar quien asume que él es el dueño legítimo de la mina, pero también por la confrontación que se desata con la presencia de múltiples actores armados que se involucran, lo mismo que por la descomposición interna que suscita la riqueza generada en los momentos en los que los indígenas explotan su mina e igualmente por el

desplazamiento forzado que durante períodos llevó a la población hacia diferentes centros urbanos (Villa y Houghton, 2005). Es a partir de este conflicto que en adelante y hasta el presente, la zona se convierte en una de las principales expulsoras de población embera hacia las principales ciudades del país. Sin embargo, la migración de los embera de esta región también obedece a la situación territorial de las comunidades que allí habitan dado que con las condiciones geográficas y fisiológicas del territorio, sus condiciones de productividad y el crecimiento de la población, este resulta insuficiente para el sostenimiento de la población que alberga. La falta de tierras suficientes en calidad y cantidad para garantizar la vida de las familias embera, convierte a la tierra en factor de disputa al interior de los resguardos, lo cual, asociado al conflicto armado en la región, se expresa en amenazas, muertes o expulsión territorial para muchos de sus pobladores, quienes, además, con el paso de los años han ido descubriendo opciones económicas en las ciudades centrales del país. Es así que las causas que determinan la constante migración de pobladores embera hacia la ciudad son variadas. Es decir, a los impactos del conflicto armado que sufre la población, entre éstos el reclutamiento forzado por los actores armados, el hostigamiento y las múltiples violaciones de que son víctimas, el confinamiento de comunidades enteras a las cuales se les viola el derecho a la libre movilidad en sus territorios y el control por parte de la fuerza pública a la compra de sus productos básicos de subsistencia (no pueden sobrepasar los 50.000 pesos), entre otros, se suman factores estructurales de pobreza extrema y de abandono institucional en un territorio que enfrentan incluso la carencia de adecuadas vías de comunicación. Todos estos factores generan un terreno propicio para que la conflictividad interna sea resuelta por vía de la violencia y el desplazamiento masivo de sus pobladores. El desplazamiento de pobladores Embera del Alto Andágueda a la capital del país se verifica con fuerza a partir del año 2004 y comienzan a asentarse en sectores marginales cercanos al centro de la ciudad, como son los barrios La Favorita y San Bernardo y las localidades de Santafé y Los Mártires.

Mapa de ubicación de la población embera en Bogotá

Fuente: Informe a la Corte Constitucional, Codhes, año

Viviendo en estos sectores en pagadiarios, denominados así porque cada día deben pagar su derecho a permanecer en el lugar, su nuevo hábitat está caracterizado por ser un medio hostil a sus particularidades socioculturales, donde la delincuencia, la prostitución y el consumo de drogas constituyen el escenario para el desenvolvimiento de sus vidas, con graves consecuencias para su reproducción cultural. El pagadiario, donde en una sola habitación varias familias conviven en condiciones de hacinamiento, es el nuevo escenario donde niños, niñas, jóvenes y adolescentes le hacen frente a una nueva perspectiva de vida en la ciudad de Bogotá. En tales condiciones de marginación y pobreza extrema, su necesidad de sobrevivencia los arroja a las calles de la ciudad como mendigos temporales ante la indiferencia de las instituciones estatales y la ausencia de políticas diferenciales de atención, hecho que acentúa su condición de víctimas. Para el período 2006 – 2008 la presencia de indígenas en Bogotá alcanzó un grado de visibilidad de grandes proporciones, atrayendo la atención de distintas entidades y organizaciones del orden distrital, nacional e internacional. Las mujeres tiradas en los andenes pidiendo limosna, la utilización de los niños como escudo e instrumento humano en el ejercicio de la mendicidad y la muerte de varios bebés en los hospitales Santa Clara y Samper Mendoza, encendieron las alarmas del Distrito, lo cual dio origen a las primeras iniciativas y a la conformación de una red interinstitucional para atender a esta población en lo atinente a temas como la salud, la nutrición y el hábitat. La red en mención fue conformada por el ICBF, Acción Social, el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y ACNUR. En el marco de las acciones

desplegadas en aquella oportunidad, en el año 2008 las distintas instituciones del orden nacional y los entes territoriales, llegaron a un acuerdo con las autoridades indígenas para el retorno de un grupo de familias. El proceso se llevo a cabo ese año con resultados negativos y en el 2010 la población que retornó volvía desplazarse hacia Bogotá. El nuevo desplazamiento obedeció a que los factores de violencia que los obligaron a desplazarse por primera vez estaban vigentes, a lo cual se agregó que las agencias gubernamentales no cumplieron los compromisos pactados en materia de salud, educación, seguridad alimentaria, agua potable, fortalecimiento organizativo y protección en derechos humanos, entre otros. Posterior a este fallido intento de retorno, la alcaldía distrital, mediante el Decreto 412 del 9 se septiembre de 2011, declara la Emergencia Sanitaria durante un periodo de tres meses y reubica a las familias embera en albergues operados por la Cruz Roja y la fundación Nuevo Nacimiento. Asentamientos actuales en Bogotá La población embera que en la actualidad se encuentra en situación de desplazamiento en la ciudad de Bogotá se encuentra una parte en los, pero otras familias mantienen su vida en los barrios San Bernardo y La Favorita, en las condiciones expresadas anteriormente. De acuerdo al informe de Codhes a la Corte Constitucional, presentado en 2011, las familias que se asientan en estos barrios viven en casas antiguas en habitaciones por las que pagan diariamente entre 8.000 y 12.000 pesos de alquiler. Citando un informe de estudiantes de Pediatría de la Universidad Nacional, Codhes da cuenta que las viviendas están expuestas a la contaminación ambiental, el 26.9% carecen de agua potable y el 73% restante recibe agua del acueducto por un tubo madre, pero no tiene un adecuado manejo; y se verifica la presencia de insectos y roedores, problemas de humedad, falta de ventilación, y el manejo inadecuado de basuras, lo cual ha generado problemas de salud (Codhes, 2011). Según un informe de la Secretaría de Educación Distrital con proyección al año 2011, la situación de las comunidades emberá katío y emberá chamí ubicadas en los barrios San Bernardo y La Favorita es crítica. En su mayoría los embera solo hablan su propio idioma y no manejan el español. Gran parte de esta población se dedican a la mendicidad y carecen de atención en salud y de apoyo alimentario. Aunque son población desplazada no toda está reconocida en tal condición y son pocos los que se encuentran registrados en el RUPD, lo que dificulta su atención dentro de los programas establecidos para su atención. También se identifica que muchos jóvenes han ingresado al consumo de sustancias psicoactivas y que un alto porcentaje de la población no asiste al

sistema educativo, lo cual es de suma gravedad por estar constituida en su mayoría por niños hasta 14 años. Entre los que han ingresado al sistema escolar se presenta un alto grado de deserción, situación que obedece a las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria que sufre esta población, pero también a la discriminación que viven en los colegios donde ingresan, además de las barreras de comunicación y la falta de modelos pedagógicos adecuados, entre otros. La Secretaría de Planeación Distrital ha adoptado algunas políticas de atención a las familias embera, especialmente en los ejes de infancia y adolescencia contenidos en el PDD 2008-2012; el Plan de Acciones Afirmativas para la población indígena, un Plan de Acción para la Vejez y el Envejecimiento y los planes distritales para la población joven, que incluye a indígenas y afrocolombianos. Población Los pobladores embera de Bogotá pertenecen a los grupos Katío y Chamí, y provienen principalmente de resguardo del Alto Andágueda, del municipio de Bagadó, Chocó, pero también en gran proporción de los municipios de Pueblo Rico, Mistrató, Belén de Umbría y Quinchía en el departamento de Risaralda y en un pequeño porcentaje del municipio de Florencia Caquetá. Según las cifras del ICBF la población embera chamí está conformada por 86 familias con 512 personas (236 hombres y 276 mujeres), de las cuales 193 habitan en el barrio La Favorita y 311 en San Bernardo y 8 en Santa María del Lago. Por su parte, los emberá katío son 62 familias con una población de 356 personas (175 hombres y 181 mujeres), de las cuales 229 habitan en la localidad de los Mártires y 127 en la localidad de Santafé. Tabla 33 Población emberá chamí y katío residente en la ciudad de Bogotá Denominación Emberá chamí Emberá katío Total

Barrio /Localidad San Bernardo y la Favorita Los Mártires y Santafé

No. Familias

No. personas

Hombres

Mujeres

86

512

236

276

62

356

175

181

146

868

411

457

Fuente: ICBF, 2011. Censo de Población embera en el Distrito Capital.

En total son 146 familias con 868 personas, de las cuales un alto porcentaje son niños y jóvenes, 58,2% en el caso de los chamí, y 60,1% en el caso de los katío, que sumados equivalen al 59% del total de la población.. Tabla 34

Total población embera en Bogotá RANGO EDAD 0a4

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

96

90

186

5 a 9

94

91

185

10 a 14

70

71

141

15 a 19

45

50

95

20 a 24

23

42

65

24 a 29

21

29

50

30 a 34

14

21

35

34 a 39

13

15

28

40 a 44

15

16

31

45 a 49

6

17

23

50 a 54

6

4

10

55 a 59

2

6

8

60 a 64

0

4

4

65 a 70 70 y más

2

1

3

2

2

4

409

459

868

Gráfica 36. Pirámide poblacional de Bogotá.

La población embera de Bogotá está conformada por 186 niños menores de 5 años que equivalen al 21,4% del total de la población y por 326 niños entre 5 y 14 años de edad, que equivalen al 37,6%. La población adulta en edad productiva entre 15 y 59 años está conformada por 345 personas que equivalen al 39,7% y 11 adultos mayores que corresponden al 1,2% del total de habitantes.

Gráfica 37. Distribución poblacional de Bogotá

Escolaridad Ya se mencionó que de acuerdo con el informe del Distrito, que un alto porcentaje de la población en edad escolar no ingresa al sistema educativo. De un total de 326 personas entre 5 y 14 años, 194 han ingresado al sistema educativo, lo que significa que el 40,5% de la población en edad escolar no se encuentra escolarizada. Tabla 35 Índice de escolaridad PEE No Grupo 4-14 escolariz.

%

Chamí

192

107 55,73

Katío

134

25 18,66

326

132 40,49

Total

Fuente: ICBF- Vía Plural, 2009

Como se observa, el acceso a la educación es bajo, a lo que contribuye, además de las barreras lingüística y cultural, la carencia de documentación requerida: registro civil, afiliación al Sisben y declaración de desplazado. Para el año 2011 el componente de atención en educación del Distrito, “Educación integral de calidad y pertinencia para vivir mejor”, incluye la gratuidad total en el sistema educativo oficial del Distrito Capital, alimentación escolar y entrega de refrigerios, uniformes y kits escolares; el fortalecimiento de propuestas pedagógicas para atención diferencial en el marco de la política de inclusión social de la diversidad y atención a población vulnerable en la escuela y el apoyo a los colegios con docentes y/o intérpretes de lenguas indígenas cuando se requiera.

En la actualidad se gestiona un convenio del Distrito con la Onic con el fin de construir propuestas pedagógicas diferenciales y fortalecer 8 colegios para recibir a la población embera de Bogotá, incluyendo dos colegios en las localidades de Santafé y Los Mártires que atienden en la actualidad a los embera. Salud Además que viven en pésimas condiciones de salubridad por la característica de los sitios donde habitan, especialmente la población que se encuentra en casas pagadiario, el sistema de atención en salud es deficiente. Una parte de la población se encuentra inscrita en el RUPD, otra parte está incluida como beneficiaria del régimen subsidiado, y una última parte no figura en ninguno de los dos registros. El 83,4% de la población está inscrita para la atención en salud, bien como población desplazada o bien por estar afiliada al régimen subsidiado y un 16,6% no cuenta con ningún mecanismo de atención. Tabla 36 Atención en salud

Chamí

512

270

171

Sin % cubr. 441 71 13,87

Katío

356

174

109

283

73 20,51

868

444

280

724

144 16,59

Gupo

Total RUPD RSS Total

Total %

51,15 32,26 83,41 16,59

Fuente: ICBF- Vía Plural, 2009

A través del proyecto “Desarrollo de habilidades para el fortalecimiento de la organización social emberá asentada en Bogotá” concebido para la organización comunitaria y la formación de líderes, se realizaron talleres de intercambio de saberes en salud, tales como la Mesa Étnica Centro y el III Foro de Mujeres Indígenas organizado por el Hospital de Bosa y el Hospital Centro Oriente. En estos talleres se promueve la perspectiva étnica y cultural para la atención en salud en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. La Secretaría de Salud también se propone articular acciones con la Secretaría de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para mejorar las condiciones de los embera en los ámbitos laboral, familiar, género y atención como desplazados. Economía

Los embera que viven en Bogotá devengan ingresos de tres actividades principales: la mendicidad, la venta informal de artesanías y lavado de vehículos. La mendicidad ocupa el primer lugar dentro de las actividades generadoras de ingresos y a ella se vinculan principalmente las mujeres y los niños. Por esta razón, en muchos casos los hombres asumen las labores domésticas y el cuidado de los hijos en el hogar. La mendicidad: una práctica perversa El ejercicio de la mendicidad comienza temprano en la mañana, cuando mujeres y niños emberá despiertan para la nueva jornada. Cuando las mujeres ya han cocinado el desayuno, salen en grupo de cinco a diez personas a aventurarse por la ciudad…cada nuevo día escogen un barrio o zona diferente en la ciudad. Ello depende de las averiguaciones previas que han elaborado a vecinos y otras mujeres indígenas preguntando ¿en qué zonas hay más gente?, ¿dónde puede haber personas que les den plata?, ¿en qué zonas la policía no molesta?, ¿dónde pagan mejor las artesanías?, entre otras. Con ese conocimiento, las mujeres emberá se trasladan a diferentes zonas de Bogotá, aunque escogen con mayor frecuencia trasegar en las calles del centro de la ciudad. (Castillo y López)2

Estar como mendigos con sus niños, sentados en los puentes peatonales y en los andenes de las calles en zonas de alta afluencia de transeúntes, es el primer factor de descomposición social y pérdida de autoestima de esta población. La vinculación de los niños a esta práctica, en un medio tan hostil a sus características culturales, puede ser considerada como explotación infantil y de hecho, por este motivo, son víctimas de la separación de los niños de sus familias por acción del ICBF. Atención institucional De acuerdo con el informe del ICBF y Vía Plural (2009), la atención de la población embera desplazada en Bogotá presenta, entre otras limitantes, las barreras del idioma y el hecho que una parte de la población, especialmente niños y jóvenes, no tiene documento de identidad, bien porque no lo han solicitado o bien porque lo perdieron durante el desplazamiento. El porcentaje de población sin identificación es del 16,9%. En lo que respecta al Registro Único de la Población Desplazada (RUPD), a pesar de que la totalidad de la población manifiesta que las razones de su movilidad radica en el conflicto armado que se libra en sus territorios, solo el 51,1% se encuentra inscrito en ese sistema. De esta población, solo el 58,3% se ha beneficiado con ayudas, lo que equivale a que solo el 29,8% del total de la población embera de Bogotá ha recibido ayuda como población desplazada. 2

Castillo Ardila, Ángela María y López Vega, Jhonattan Fernando. Familias embera en situación de desplazamiento forzado en Bogotá: una encrucijada a la interculturalidad

Tabla 37 Ayudas recibidas por lo embera como población desplazada

Gupo

Total

RUPD

Ayudas %/ recibidas RUPD

%/ Total

Chamí

512

270

114

42,22

22,27

Katío

356

174

145

83,33

40,73

868

444

259

58,33

29,84

51,15

58,33

Total %

No obstante las cifras anteriores, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en su informe a la Corte Constitucional de diciembre de 2011, sostiene que los embera censados en el Distrito Capital son 736, de las cuales 509 (69,15%) se encuentran en el RUPD, 13 más se encuentran en proceso de valoración, 5 tienen la documentación incompleta, a 96 se les negó su registro en el RUPD y 113 no están inscritas en el Sistema de Información de Población Desplazada (SIPOD). En el mismo informe se indica que el DAP diseñó algunas estrategias con el fin de aclarar la situación de los embera de Bogotá: -

-

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Estrategia para la toma de la declaración de personas no registradas, para lo cual se coordina con la Personería de Bogotá y la Secretaría de Integración Social Distrital la adopción de medidas para facilitar la toma de declaración y contar con un intérprete embera que asista a los declarantes. Estrategia para agilizar la revisión de las decisiones de no inclusión a personas que habrían sido víctimas de desplazamiento. Para ello se brindará asesoría a estas personas para que interpongan los recursos pertinentes por la vía gubernativa, procurando información suficiente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del desplazamiento para corregir la suministrada en la declaración inicial. Estrategia para corregir y/o completar los datos de las personas incluidas en el RUPD. Estrategia para inscribir en el RUPD a NNA de hogares víctimas. Estrategia para hacer más precisa la valoración de casos de desplazamiento de población embera, mediante la revisión caso a caso con el fin de detectar elementos del contexto de las zonas de expulsión que no fueron tenidos en cuenta al momento de la valoración de las declaraciones, como base para revisar las decisiones de no inclusión en el RUPD.

Organización social Frente a las dinámicas organizativas de los embera ubicados en la ciudad de Bogotá, es de resaltar que actúan bajo la figura de un comité de coordinación del cual hacen parte líderes y delegados quienes tienen la potestad de interlocutar con las distintas instancias gubernamentales a nivel distrital y nacional. Sin embargo es factible observar que las decisiones deben ser adoptadas por los jefes de cada familia dado que esta población no cuenta con instancia de representación con poder de decisión. En lo que respecta a la figura del cabildo urbano, sigue en discusión no sólo para el caso de los embera sino también de otros pueblos. Obsta decir que no existe ese afán de constituirse como cabildo dado que existe la propuesta de retorno y reubicación hacia sus sitios de origen. Violencia y derechos humanos Ya se ha mencionado que es en la década del 80 cuando comienza el desplazamiento de indígenas del municipio de Bagadó, Chocó, como respuesta al asesinato de varios indígenas, en su mayoría en el marco del conflicto armado. En documento de Orewa, ese año se registra el asesinato de Enrique Arce, como resultado de los problemas de la mina de Dabaibe. Los responsables fueron un comando de Policía de Bagadó y Quibdó al servicio del terrateniente Libardo Montoya, quien se había apropiado de la mina. El domingo 31 de agosto de 1980, en la madrugada, 150 policías penetraron en el resguardo indígena de Río Colorado Alto Andágueda, lanzando granadas y utilizando gases lacrimógenos a la vez que disparaban en todas las direcciones con sus fusiles. La población indígena atemorizada huyó hacia la zona montañosa, el gobernador del Cabildo y 4 indígenas más fueron asesinados; 5 niños de corta edad habían desaparecido, posiblemente ahogados; cerca de 14 indígenas, algunos de ellos heridos, fueron detenidos y llevados a pie hasta el municipio de Andes, Antioquia. Los indígenas consideran que esta masacre fue ordenada por el minero terrateniente Ricardo Escobar. Como caso paradigmático se encuentra también el resguardo Tahamí del Alto Andágueda donde en 1987 fueron asesinados 61 indígenas embera katío en cuatro masacres: El 15 de mayo fueron asesinados 26 miembros de la comunidad de Chuigo en la Vereda San Marino, entre ellos 12 niños. El crimen fue perpetrado por un grupo paramilitar llamado Los Montoya. El 24 del mismo mes cayeron asesinados otros catorce miembros de la misma comunidad indígena, ubicados en la vereda El Cascajo de ese municipio. Según el Sistema de Información en Derechos Humanos de Cecoin, en el período 1980-2011 se presentaron en el municipio de Bagadó 180 hechos violentos, para un total de 160 víctimas; mientras que para el municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda se registran 23 hechos violentos, con un total de 60 víctimas en distintas modalidades y es el que registra un

mayor número de población desplazada, con una cifra de 1.607 indígenas emberá chamí desplazados, frente a 144 del municipio de Bagadó.