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PERFIL LABORAL Y OCUPACIONAL

PINZON TORRES LEIDY VANESSA Grupo: 5

PABLO EMILIO SARMIENTO CONTRERAS Docente

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD DE DERECHO DERECHO BOGOTÁ D.C. 2019

PERFIL LABORAL El perfil laboral se define como el total de competencias (conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios) de un individuo para desarrollar actividades propias de su profesión y cumplir con los objetivos y las funciones de su puesto de trabajo en un entorno determinado. Esta definición involucra los dos determinantes de la calidad de un programa: sus características universales que lo identifican con una disciplina o área del conocimiento, y sus referentes específicos, que lo hacen pertinente a una sociedad concreta. La determinación del perfil laboral sirve tanto para contrastar el perfil profesional ofrecido por un programa como para especificarlo y redefinirlo, con base en los desempeños alcanzados por los egresados. Para su desarrollo y comprensión es fundamental tener en presente la formación académica recibida y el entorno laboral que enfrentan los egresados. La formación académica es el proceso que le posibilita adquirir a cada sujeto unas características y fundamentos básicos para su vinculación al mercado laboral. En este sentido, al formar personas con conocimientos y habilidades particulares, las carreras universitarias se hacen pertinentes para el medio. Para tipificar la formación académica de un programa cualquiera hay que considerar elementos como: la forma de acceso al programa, el desempeño académico y el promedio. El entorno laboral tiene dos grandes componentes: la situación económica y el contexto organizacional. La situación económica se expresa a través de los indicadores del mercado laboral: tasas de participación y desempleo, distribución del empleo según sectores económicos, estabilidad laboral, entre otros. FACULTADES DE DERECHO Esta trascendental profesión jurídica ha estado poco regulada y, además, mal regulada. ¿Qué tanto intervenirla?

Mientras mayor es el impacto social y público de una profesión, mayor debe ser la regulación de su ejercicio. Es por eso que el Estado les impone mayores restricciones. El Derecho es una de esas profesiones que deben ser reguladas por el Estado y ello debido a que la calidad y la prioridad de los abogados son indispensables para el buen funcionamiento de la justicia y para la protección de los derechos de los ciudadanos. Entre 1993 y 2001 hubo en Colombia un crecimiento espectacular del número de facultades de Derecho y ello debido, sobre todo, a los incentivos creados por la Ley 30 de 1992 para la creación de programas de educación superior. Mientras que en 1993 había 32 universidades que ofrecían esta carrera, en 2001 ese número ascendió a 63 y en 2007 a 72. Más impresionante es el crecimiento de los programas de Derecho en una misma facultad puede ofrecer varios, que pasaron de cerca de 60 en 1993 a 178 en 2007.

La población universitaria, que en 1994 era de casi 36 mil estudiantes, llegó a cerca de 70 mil en los primeros años del siglo XXI. Este crecimiento tuvo tres características: primero fue jalonado por la oferta privada de educación jurídica. Las

facultades de Derecho de las universidades públicas pasaron de representar el 54,5% del total de la especialidad en 1949, a 29% en 2007. En segundo lugar, el aumento de la oferta no sólo fue por la creación de programas en capitales de departamento, sino también en ciudades intermedias. En 1992 se podía estudiar derecho en 12 departamentos; en 2007, en 25. En tercer lugar, el aumento de la oferta de educación jurídica se debió a la expansión de la oferta privada en universidades que no tienen ni la infraestructura, ni el personal académico, ni las bibliotecas, ni los programas de investigación, ni las publicaciones que se requieren. Las diez universidades con mayor número de estudiantes son privadas y absorben el 54% del estudiantado. La primera es la Universidad Libre, que tiene el 15% y gradúa el 20% de los abogados del país. Le sigue la Universidad Cooperativa, con casi el 8%. Sobresale también la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, con el 5,48% del total de “primíparos”. REGULACIÓN PROFESIONAL Nada de esto sería tan grave si hubiese controles de salida, es decir, al ejercicio profesional después de haber estudiado Derecho. En Colombia no ha habido, como en todos los países desarrollados, incluso en buena parte de los países de América Latina, filtros que restrinjan el ingreso de los abogados mal preparados al mundo laboral. Basta con tener el título para poder litigar. Por lo general existen dos filtros destinados a controlar el ejercicio profesional. El primero es el examen de Estado y el segundo es la colegiatura obligatoria. En Colombia sólo existe examen de Estado para los abogados desde octubre de 2009. Después de muchos años de desregulación este es, sin duda, un avance importante. Pero no es suficiente. En cuanto al segundo filtro, si bien hay colegios de abogados, la afiliación es siempre voluntaria. En otros países el “bar” en los Estados Unidos o el “barreau” en Francia cumplen una labor fundamental, no sólo en el mantenimiento de la calidad profesional, sino en el control disciplinario. En Colombia estas dos medidas, sencillas y eficaces, han encontrado la oposición de las facultades de Derecho privadas sobre todo las de menos calidad, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la cual debe vigilar, pero lo hace mal, el comportamiento de los abogados y de todo el andamiaje político burocrático que se mueve alrededor. En este contexto, mantiene plena vigencia el debate acerca del perfil que queremos ver en el abogado, la preocupación por que sus actuaciones se ajusten a unas pautas éticas y la manera en que la política pública puede contribuir a ello, a través de reglas sobre la formación y el desempeño de quienes ejercen la profesión del Derecho. La función de la abogacía en este ámbito implica importantes desafíos académicos, porque el profesional del Derecho que demanda la moral a la que aspiramos no puede continuar siendo tan solo un depositario de un conjunto de leyes.

Las facultades de Derecho deben formar, y no limitarse a informar a los abogados. Los escenarios de práctica jurídica, como los consultorios, las pasantías y las clínicas, deben ser una tarea que genere una auténtica vocación de servicio, y no puede ser tratada de forma superficial, ni ser considerada como una “costura”. El estudiante debe poder aplicar los conocimientos adquiridos para dar soluciones prácticas a problemas concretos, y no para demostrar erudición ni para darse aires de superioridad. Las universidades deben dotar a sus estudiantes de las cualidades necesarias para representar los intereses de su cliente, pero también para ponerse en los zapatos de su contraparte. Un abogado, en efecto, debe identificar la raíz del conflicto y ayudar a resolverlo de tajo, y no puede ser ciego ni sordo ante los hechos, ni puede limitarse a dar la razón a su cliente. El profesional del Derecho debe ser un abanderado de la buena fe y debe perseguir la justicia por encima de sus propias “victorias”.

CONCLUSIONES Puede concluirse indicando que se alcanzaron los objetivos propuestos con la investigación sobre el perfil laboral y ocupacional de los abogados Se puede llegar a concluir que Debemos dejar de ver nuestros abogados como un personaje al que queremos evitar y, por el contrario, fortalecerlos como un factor clave en la articulación social. A esto contribuyen los controles disciplinarios y de acceso a la profesión, pero también el empoderamiento del profesional, que debe ser, por encima de todo, un motor de confianza y cohesión.

Una profesión que evite el conflicto, que brinde soluciones y que genere cohesión social es el reto que debemos asumir como abogados, para las futuras generaciones, pero también para nosotros mismos. Solo entonces lograremos contribuir efectivamente a la consolidación de un país con justicia, equidad social y en paz. También se puede concluir que a las facultades de derecho les falta más un ajuste a unas pautas éticas y la manera en que la política pública puede contribuir a ello, a través de reglas sobre la formación y el desempeño de quienes ejercen la profesión del Derecho. Se puede evidenciar el crecimiento que ha tenido esta profesión con el paso de los años, vemos un mayor número de abogados egresados, los cuales son de universidades privadas, y debido a esto el desempleo ha incrementado, ya que en la actualidad no basta solo un título de abogado. Exigen experiencia, maestrías, doctorados y no tenemos un fácil acceso a un empleo en el campo del derecho.

BIBLIOGRAFÍA

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AMBITO JURIDICO EL ESPECTADOR UNIVERSIDAD LIBRE UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA LEY 30 DE 1992 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR DE BARRANQUILLA UNIVERSIDAD COOPERATIVA