Jóvenes Y Toque De Queda

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Jóvenes, estigma, represión y políticas públicas SÁBADO, 21 DE MARZO DE 2009 15:36 LIBARDO SARMIENTO ANZOLA EDICIÓN 144

El mal ejemplo cunde. El Decreto 013 de 2009, por medio del cual se adoptaron medidas de policía que restringen el ejercicio de la libertad de los jóvenes menores de 18 años, en particular su derecho a la movilidad, el uso y goce de la ciudad en las noches –firmado por el Alcalde Mayor de Bogotá el 13 de enero de 2009– se han propagado por el país como una pandemia: 66 municipios de Cundinamarca las adoptaron, al igual que otros 11 departamentos y Bucaramanga. Más aun, un representante de Cambio Radical impulsa en el Congreso un Proyecto para que el “toque de queda” se convierta en ley nacional. Esta medida policial y autoritaria en contra de los jóvenes presenta cinco graves problemas: i) restricción a los derechos fundamentales de libertad y movilidad; ii) desarticulación entre las políticas de seguridad y la política pública de juventud; iii) violación al derecho constitucional que tienen los jóvenes de participar en la toma de decisiones que los afectan; iv) está en contravía de los procesos de formación de ciudadanía y pedagogía de lo público; v) limita su libre desarrollo de la personalidad. ¿Casualidad o coincidencia? El toque de queda es una medida de control que los paramilitares aplican de tiempo atrás en los territorios del país por ellos controlados, afectando principalmente a los jóvenes. En el Distrito Capital, las auc impusieron desde 2005 este control en Ciudad Bolívar, uno de los sectores más populares de la ciudad; al año siguiente, asesinaron 150 jóvenes en la zona por desobedecer la ‘norma’. Pese al miedo, los jóvenes, con el apoyo de la comunidad y las autoridades locales, volvieron a recuperar las calles en las noches mediante festivales de arte, cultura y promoción de los derechos

humanos. La generalización del toque de queda hace parte de la tendencia derechista que recorre al país. A continuación examinamos estas medidas en el contexto de la realidad que viven los jóvenes y de las políticas públicas que debieran contribuir a su promoción social, económica, cultural y política.

Corrientes ideológicas y políticas públicas

Las políticas públicas son producto de la correlación de fuerzas que se expresan en un espacio sociopolítico concreto y en un momento histórico específico. Por ello, son expresión de ideologías, intereses, cosmovisiones y hegemonías. El cuadro 1 expresa estas diferencias que animan las políticas públicas, según contextos dominantes de ideologías de derecha o de izquierda democrática, y su enfoque sobre la juventud.

Estigma, explotación y represión La juventud colombiana comparte el estigma, la exclusión y la explotación que padece este grupo etario en América Latina. En la encuesta de percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá, realizada en 2008, el 40 por ciento de los ciudadanos percibe a los jóvenes como potencialmente peligrosos. Debido a la histeria y la paranoia colectivas, el país aprobó en 2006 el Código de Infancia y Adolescencia, que penaliza conductas de los menores de edad. Producto de este código, en 2008, sólo en Bogotá, según cifras de la Policía Metropolitana, fueron capturados y privados de la libertad 3.594 menores de edad (90% niños y 10% niñas), equivalentes al 12 por ciento del total de capturas en el Distrito Capital (el total fue de 29.164). En los dos primeros meses de 2009, el número de capturas de adolescentes llega a 768 casos, esto es, un crecimiento del 29 por ciento respecto al promedio mensual de 2008. Todavía más dicientes son los resultados de la encuesta sobre la situación de los jóvenes en América latina, llevada a cabo en 2008 por la Cepal y la OIJ (se resalta los datos para Colombia): •

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120 millones de jóvenes entre 15 y 24 años en América Latina (en Colombia, cerca del 30 por ciento de los 45 millones de habitantes está en el rango de 14 a 29 años de edad). 60 millones forman parte de la fuerza laboral.

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30 millones en el sector informal (sin seguridad social ni garantía de derechos laborales; en Colombia, el 54 por ciento de los jóvenes que hacen parte de la población económicamente activa se encuentra en esta condición). 12,5% tasa de desempleo (en Colombia, el desempleo juvenil es cercano al 30%, con tendencia al aumento, producto de la crisis económica mundial). 35% vive en la pobreza y 11,4 en la indigencia (en Colombia, el índice de jóvenes bajo condiciones de pobreza es de 49%). 50% no termina la secundaria. Sólo el 8,2 ha culminado al menos 5 años de estudios superiores. 25% de las jóvenes ha sido madre antes de los 20 años de edad. La posibilidad de que un joven muera asesinado en Colombia es cinco veces más alta que el promedio de la región. 15,3% de los jóvenes colombianos ha pensado en suicidarse y 21% ha tenido una terapia psicológica. La causa principal de los suicidios en jóvenes está correlacionada con problemas de desempleo y exclusión. 80% cree que hay que desconfiar de los demás, producto de la cultura neoliberal y la corriente individualizadora de nuestro tiempo. Sólo 6% de los jóvenes colombianos participa en algún partido político y 3% en sindicatos. Dos terceras partes sienten discriminación. En Colombia, 28,8% se siente discriminado por falta de contactos o ‘palancas’. Sólo 25% de los jóvenes colombianos ha participado en una manifestación no autorizada (la media regional es 32%). 67% de los jóvenes colombianos se siente orgulloso de su país. 18% de jóvenes colombianos considera que en el país no hay igualdad de oportunidades, y por mucho esfuerzo que se haga no se puede surgir. 76% cree que con igualdad de oportunidades o sin ella, si uno se esfuerza, sale adelante. 66% de los jóvenes colombianos de 18 a 29 años cree que sus hijos vivirán mejor que ellos en el futuro. Estos tres últimos aspectos de la encuesta son relevantes por el cambio en la expectativa de los jóvenes frente a las políticas públicas. Contrario a las generaciones anteriores, que se acostumbraron al asistencialismo, el paternalismo unido al clientelismo, la mendicidad y las actitudes pasivas, los jóvenes de ahora son más conscientes de sus derechos y reclaman igualdad de oportunidades, así como programas que apoyen de manera participativa su creatividad y sus iniciativas empresariales, como fundamento de sus proyectos de vida autónomos y responsables.

¡Mirada tres cuartos! realidad de las políticas públicas de juventud En general, toda política pública de juventud comparte un enfoque de derechos y su desarrollo a través de nueve líneas estratégicas. Idealmente, estas son un desarrollo de la Constitución Política y de las obligaciones de todo Estado Social y Democrático de Derecho. En su plan de acción, se busca una armonía entre las ofertas institucionales y las demandas heterogéneas y legítimas de los

jóvenes. La garantía y la viabilidad de estas políticas descansan en las responsabilidades claras que adquieren las instituciones públicas y privadas que trabajan para jóvenes y con jóvenes, la sociedad civil y los movimientos sociales de jóvenes (ver diagrama 1).

En Colombia, como lo expresa un estudio adelantado por Colombia Joven, todos los planes de desarrollo departamental, para el período 2008-2011, han incorporado acciones a favor de la juventud. De los 32 departamentos del país, 27 cuentan con políticas públicas de juventud (si bien sólo cuatro están respaldadas con ordenanzas departamentales que institucionalizan las políticas de juventud territoriales: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca y Tolima). En ocho departamentos, la oferta institucional es integral (Antioquia, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander y Santander), al estar incluidos en sus planes de desarrollo todos los temas concernientes a Política Pública de Juventud, Consejos municipales de juventud, Fortalecimiento de la institucionalidad de juventud, Empleabilidad y emprendimiento, Salud sexual y reproductiva, Educación, Convivencia y participación, Cultura, Recreación y deporte, Consumo de sustancias psicoactivas, Violencia juvenil y otras temáticas, como medio ambiente y desarrollo (ver cuadro 2).

Es importante ir más allá de la lista de chequeo y comprobar si cada uno de estos temas cuenta con programas y proyectos específicos; si están los recursos financieros, técnicos y humanos requeridos para garantizar su viabilidad; si la población objetivo está identificada y la participación juvenil es un hecho; si se han establecido objetivos, metas cuantificables e indicadores de seguimiento y evaluación, y si se cuenta con un marco institucional de responsabilidades definidas. Este ejercicio complementario, para todo el país, fue realizado por la Gerencia de Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca. Los resultados globales son: • •

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No hay interés por articular la oferta sectorial a las estrategias definidas por las PPJ y por cooperar en la construcción de Sistemas de Juventud. No hay una identificación clara de las poblaciones hacia las cuales se orienta la oferta sectorial; por lo general son programas y proyectos caracterizados por una alta generalización, homogenización y abstracción de los sujetos, los contextos y las dinámicas socio-culturales, económicas y políticas. No todas las instituciones ni los programas y proyectos cuentan con una población juvenil focalizada, ni hay asignación de recursos presupuestales en todos los casos; por tanto, no hay definición cuantitativa de metas ni marcos institucionales con asignación de responsabilidades. Debido a que la oferta institucional no tiene en cuenta las demandas específicas de los jóvenes, ni la focalización y la cuantificación de las poblaciones juveniles, no existen metas cuantitativas, definición de indicadores, ni sistemas de seguimiento y evaluación. No hay publicidad de los programas o proyectos. O si la hay, se hace por medios de comunicación ajenos a la cultura informativa de los jóvenes. Los resultados específicos, respecto a las nueve líneas estratégicas que se encuentran en las Políticas Públicas de Juventud, registraron los siguientes resultados:

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La línea estratégica PPJDC más apropiada (con programas específicos, población objetivo, recursos financieros e institucionalidad) por parte de las entidades del nivel nacional, departamental y municipal corresponde a “Derecho a la Educación, a la Ciencia y la Tecnología para el desarrollo humano integral, la vida digna de los jóvenes y su formación para el emprendimiento”. La única excepción corresponde al Inpec, situación bastante problemática que en su Plan de Desarrollo institucional no se les ofrezca educación a los jóvenes en condiciones especiales o privados de la libertad. La segunda Línea estratégica en importancia de apropiación corresponde a “Reconocimiento de la Salud Integral como derecho fundamental de las y los jóvenes”. La Línea de “Derecho a la información, comunicación pública y a la visibilización de los jóvenes como seres en constante cambio, evolución y renovación a partir de procesos permanentes de investigación y estudio de la condición, situación y prospectiva juvenil” no cuenta con oferta alguna en las entidades examinadas, a pesar de ser uno de los temas más sensibles y de importancia en las políticas públicas de juventud. Diferentes estudios muestran que apenas un 2 por ciento de los jóvenes accede a la información institucional.

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La mayor precariedad en la oferta institucional se encuentra en las Líneas estratégicas “Derecho a la vida y a la convivencia pacífica en condiciones de dignidad, igualdad, justicia, libertad y solidaridad” y “Protección y restauración y ejercicio efectivo de los derechos colectivos de las comunidades étnicas y los derechos de la juventud en condiciones especiales de vulnerabilidad y discapacidad”. Las cuatro líneas estratégicas restantes (cultura, trabajo, medio ambiente y participación) registran globalmente un grado de apropiación incipiente o medio. Adicionalmente a este ejercicio adelantado por la Gerencia de Juventud de Cundinamarca, a finales de 2008, se llevaron a cabo estudios de caso sobre la real accesibilidad de los jóvenes a la oferta institucional. Para el desarrollo del ejercicio, se contó con la participación de jóvenes provenientes de provincia, quienes indagaron sobre las posibilidades de ser beneficiarios y los requerimientos exigidos en cada una de las instituciones que cuentan con proyectos para esta población, según identificación previa de la oferta. Se pudo constatar:

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Ningún funcionario cumple con el objetivo buscado por el artículo 42 de la Ley 375 de 1997 (Ley de la Juventud), en relación con “los aspectos que viabilicen una relación respetuosa y el conocimiento de las características particulares de la juventud”. El tratamiento fue despectivo y de “menores de edad ignorantes” y, como señalaron los jóvenes, la “mirada tres cuartos” caracterizó la comunicación (no los miraban de frente). La información fue lacónica: “Diríjanse a su municipio”. No se amplió la información de los programas, ni se indicó una oficina a la cual ir en el municipio ni los requisitos exigidos para acceder. Prevaleció la actitud de que los jóvenes estaban quitando el tiempo valioso de los funcionarios. Para “quitárselos de encima”, los enviaban a “cualquier dependencia” que no tiene que ver con la oferta concreta de programas orientados a los jóvenes, como la de “Talento humano”. En otras ocasiones, fueron desanimados sobre la viabilidad de acceder a los beneficios de los programas. En el caso de un proyecto productivo rural, les comunicaron que de no contar con una propiedad territorial o respaldo patrimonial para un préstamo bancario, “era mejor que no perdieran el tiempo iniciando trámites”. En general, el joven no es reconocido como ciudadano pleno y con derechos, y menos aún se conoce por parte de los funcionarios la Ley 375 de 1997 (Ley de la Juventud). Cuando la información es solicitada vía telefónica, la operadora los pasea por distintas extensiones hasta que al final se corta la comunicación. En resumen, en las propias palabras de los jóvenes que realizaron este estudio de cas, “esta es la travesía que deben enfrentar aquellos jóvenes que ante poco o ningún apoyo que reciben en su municipio deciden acercarse a la capital, para al final devolverse con las manos vacías”.

El reto: hacia un Sistema Nacional de Juventud

La materialización de toda política de juventud requiere la estructuración y puesta en marcha de un sistema territorial de juventud. Un sistema es un conjunto de objetos y de relaciones entre estos objetos y sus propiedades. En contra de los enfoques analíticos parciales, el enfoque sistémico se concentra, por el contrario, en establecer las relaciones de los elementos entre sí, y con su entorno y el papel específico que desempeñan en el conjunto. Este es el reto que tiene el país y la posibilidad de dar una respuesta democrática a la población juvenil colombiana. Pero, respuestas y acciones coyunturales –como el toque de queda– reducen la política de juventud a temas parciales, como seguridad y control social, desnudando el desconocimiento o desinterés que reina en el país ante los problemas estructurales que afectan a la juventud colombiana, así como sus expectativas y/o deseos. En consecuencia, y para obrar con mejor perspectiva, un sistema de juventud debe constituirse, entre otros, por el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que realizan trabajo con y en pro de la juventud (artículo 18, Ley de la Juventud, 1997), al igual que por las instancias de participación y coordinación, y por todos los mecanismos de implementación, gestión, información y comunicación. El diagrama 2 ilustra los diferentes elementos que debe articular todo sistema de juventud (se toma el ejemplo de la Política Pública Departamental de Juventud de Cundinamarca), el cual se constituye en una pista para complementarse.

Hay avances pero aún falta. Una revisión a fondo de este sistema, así como de las políticas de juventud que se han tratado de construir durante los últimos 20 años, permite detallar que falta decisión para atacar de manera radical los verdaderos problemas que mantienen al 50 por ciento de los jóvenes sumidos en la pobreza, y a porcentajes no despreciables de los mismos por fuera del sistema escolar, padeciendo relaciones injustas en el mundo del trabajo, o, como queda evidente con el toque de queda, sometidos al señalamiento, la criminalizacion y la exclusión.

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