HISTORIA DE AMÉRICA LATINA POLÍTICA Y SOCIEDAD DESDE 1930 CAPITULO 1 Y 5
ESTUDIANTE:
LIDA LUNA TORRES
PROFESOR:
TOMAS CABALLERO TRUYOL
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS PROGRAMA HISTORIA 2017
LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA DESDE 1930
En un inicio es importante destacar como el autor en su obra desde muestra que lo que en otros países en su mayoría del primer mundo creían acerca de américa latina no era la verdad absoluta y lo hace ver como una visión engañosa, y que la lucha de poderes por imponer regímenes y/o gobiernos existe y ha existido en cualquier lugar del mundo.
Por otro lado, los países latino americanos ya entrados en el siglo XX habían logrado establecer gobiernos democráticos de tipo oligárquico.
La democracia se encuentra visualizada en tres dimensiones la primera si apelamos a la idea de Roben Dahl llama «competencia».' En una democracia el gobierno lo constituyen los líderes que compiten con éxito por el voto de la ciudadanía en elecciones que se celebran con regularidad. La esencia de la competencia es la aceptación de la legitimidad de la oposición política; el derecho a enfrentarse a quienes se encuentran en el poder y sustituirlos en los puestos principales de la autoridad política. La competencia requiere que el estado proteja la libertad de expresión y de asociación y que se celebren elecciones regulares, libres y limpias por medio de las cuales la voluntad de la ciudadanía se traduzca en opciones de liderazgo. De importancia especial
para la competencia política es que se creen y consoliden sistemas de partidos en los cuales la interacción de éstos siga una pauta previsible a la vez que su fuerza electoral permanece dentro de unos parámetros estables. Los partidos defienden programas o ideologías distintos, patrocinan a los aspirantes a cargos electivos y sirven de vínculos importantísimos entre la sociedad civil y el estado.
Luego tenemos la segunda dimensión es el constitucionalismo, es decir, el respeto al orden constitucional
que
encarnan
unos
documentos
o
unas
prácticas
constitucionales
(o ambas cosas a la vez), lo cual con frecuencia es contrario a la aplicación estricta del principio del gobierno de la mayoría. Es en este sentido que las democracias contemporáneas deben interpretarse como «democracias constitucionales». Al tiempo que garantiza
el
derecho
de
la
oposición
a
enfrentarse
a
quienes están en el poder, para lo cual pedirá el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, una democracia
constitucional
define
y
restringe
los
poderes
de
las
autoridades gubernamentales. También fija los límites de la hegemonía de las mayorías electorales o
sus
representantes,
con
vistas
a
proteger
los
derechos
y
las
preferencias de los individuos y las minorías, las opciones de las futuras mayorías y las instituciones
mismas
de
la
propia
democracia.
Estas
instituciones
y
reglas varían e incluyen disposiciones tales como la restricción de la reelección presidencial y el aislamiento parcial de los órganos judiciales, electorales y de seguridad respecto del liderazgo electivo. También incluyen el uso de mayorías legislativas cualificadas y de complejos mecanismos de ratificación cuando están
en juego cambios fundamentales en la Constitución y las leyes
básicas de la
nación. Finalmente, toman las medidas necesarias para que se comparta el poder y para que las minorías estén representadas, lo cual es un elemento esencial para proteger a la oposición y fomentar el concepto de la oposición «leal». En la práctica, las democracias
constitucionales
divergen
en
el
grado
en
que
las
minorías
contingentes o sus representantes se ven supeditados a restricciones constitucionales y jurídicas.
Por último, la tercera dimensión es la inclusividad o participación. Las democracias se basan por definición en el concepto de la soberanía popular. A medida que las democracias evolucionan, las disposiciones constitucionales referentes a la ciudadanía se amplían para
dar
adulta,
para
cabida lo
cual
a se
proporciones eliminan
mayores
restricciones
que
de
la
pesaban
sobre
población el
sufragio
basándose en la propiedad, la capacidad de leer y escribir, el sexo, la raza o la etnicidad. En el transcurso del tiempo, se llega a la inclusividad plena por medio de cambios en las reglas oficiales, incluidos los requisitos de residencia e inscripción y la participación
efectiva
de
la
población
en
la
política
mediante
la
expansión de los partidos y movimientos.
Todo lo anterior nos indica que la operatividad de estas dimensiones se cumple en todos los países de América Latina y una democracia constitucional puede considerarse consolidada
cuando la competencia y el respeto al orden constitucional son aceptados por gran parte tanto de las élites como de las masas a la vez que la ciudadanía y la participación efectiva en las elecciones se han hecho extensivas a todos los adultos que reúnan un mínimo de condiciones.
Inclusive factores amplios de carácter cultural y económico, tales como la integración nacional efectiva, una sociedad civil vigorosa con una densa red de grupos y asociaciones, el desarrollo socioeconómico constante y la reducción de las desigualdades pueden facilitar la formación
de
instituciones
y
prácticas
democráticas.
Sin
embargo, al examinar la pauta de evolución de la democracia en América Latina, vemos que los factores
culturales
y
socioeconómicos
son,
en
el
mejor
de
los
casos, condiciones que contribuyen a ella, en lugar de ser condiciones necesarias. Estos factores no bastan para explicar las variaciones significativas que se observan en la experiencia
con
la
evolución
democrática
todo, no pueden explicar los casos notables de desviación.
CONSTITUCIONALISMO PRESIDENCIAL
en
el
hemisferio
y,
sobre
Cuando se da la ruptura de la América española con España durante el primer cuarto del siglo xix se caracterizó por el ascendiente de fuerzas entregadas a los principios del republicanismo y a la idea revolucionaria de que la autoridad política nace de la voluntad de la ciudadanía más que del derecho divino de los reyes. ¡Los principios
liberales
encontraron
cierta
acogida
en
América
Latina
antes
de
que
arraigasen en gran parte de Europa. Y el modelo más convincente para los reformadores latinoamericanos pacto
que
había
era
la
Constitución
proporcionado
a
las
de
los
Estados
Unidos
antiguas
colonias
británicas
de un
América, gobierno
novedoso pero estable durante una generación. En un período bastante corto, desde 1811 (Chile, Colombia,
Venezuela)
hasta
1830
(Uruguay),
diecisiete
países
promulgaron constituciones republicanas que en mayor o menor grado se inspiraban en el documento redactado en Filadelfia en 1787.3 Solamente Brasil conservó un sistema monárquico al
separarse
de
Portugal
en
1822.
E
incluso
Brasil,
después de abolir el imperio en 1889, adoptó una Constitución republicana (1891) que se parecía mucho a la estadounidense.
Se puede percibir que las constituciones latinoamericanas reflejaban la influencia de la declaración de derechos norteamericana y de la declaración de los derechos del hombre francesa y proclamaban la protección de los derechos, las libertades y las propiedades de los individuos, a los que se definía como «ciudadanos». El mejor ejemplo de Constitución «liberal» fue el documento argentino de 1853. La constitución mexicana de 1917, redactada en Querétaro durante la revolución, incorporó en las leyes fundamentales una amplia serie de derechos sociales
y laborales (por ejemplo, los artículos 27 y 123) cuyo propósito era subordinar los derechos del individuo a las necesidades colectivas.
PARTIDOS Y SISTEMAS DE PARTIDOS
Los partidos políticos desempeñan un papel de importancia fundamental en las
democracias
constitucionales
en
relación
tanto
con
la
competencia
como
con la participación. Son los encargados de organizar los embates electorales a la autoridad. Son también los vínculos entre las élites políticas y la ciudadanía y movilizan
la
participación,
expresan
las
reivindicaciones
y agrupan
los
intereses
políticos. El proceso de formación de los partidos, el papel que cada uno de los partidos interpreta en diferentes coyunturas y la fuerza y la viabilidad total de los partidos y el sistema de partidos son factores importantes para comprender el éxito o el fracaso de la democracia. Al empezar la segunda mitad del siglo xix los primeros partidos o proto partidos de la América Latina independiente ya habían cristalizado en redes nacionales agrupadas de manera poco rígida en conservadores y liberales que representaban a élites rivales formadas por terratenientes y comerciantes con sus respectivos seguidores. Los conservadores tendían a defender la centralización del poder y los privilegios de la Iglesia católica y a oponerse al libre cambio; los liberales aspiraban a un orden más secular, descentralizado y orientado al mercado.
Sin embargo, las luchas regionales, familiares y personalistas por el poder eclipsaban
las
diferencias
ideológicas
visibles.
Solamente
en
Chile,
Uruguay
y
Colombia se aproximaban estos «partidos de notables» a los partidos modernos al finalizar el siglo, cuando la competencia entre las élites se extendió desde el ruedo legislativo, por medio de las redes de las élites regionales y locales, y acabaron siendo partidos de masas. Aunque la división entre conservadores y liberales afectó a la mayoría de los países, en mayor o menor grado, posteriores oleadas de formación de partidos se vieron afectadas de forma mucho más profunda por las experiencias nacionales, incluidos la vía y el grado de industrialización y de urbanización y los consiguientes conflictos de clase,
el
grado
de
competitividad
del
sistema
político
en
el
momento de la expansión del sufragio de las masas, y la respuesta de los partidos y líderes tradicionales
a
la
difícil
tarea
de
crear
movimientos
políticos
que
fuesen algo más que camarillas de notables y diesen cabida a la clase media, y luego a la clase obrera, en el sistema político.
LOS MILITARES EN LA POLÍTICA LATINOAMERICANA DESDE 1930
En este periodo se inició una presencia militar en la zona politica. Durante este mismo periodo comienza a vislumbrarse un trastorno del orden económico y político mundial que causó la Depresión de 1929 fue el comienzo de un período de intensa turbulencia en la política
latinoamericana durante el cual hicieron su aparición irreversible en la escena política los ejércitos modernos, es decir, organizados y pertrechados a imitación de los modelos europeos más prestigiosos y mandados por oficiales de carrera, profesionales. Entre febrero y diciembre de 1930 los militares estuvieron envueltos en el derrocamiento del gobierno en no menos de seis naciones muy diferentes de América Latina: Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala. En aquel mismo año se produjeron también cuatro intentos fallidos de hacerse con el poder por la fuerza en otros países latinoamericanos. Durante los dos años siguientes Ecuador y El Salvador en 1931 y Chile en 1932 se sumaron a la lista de países donde los militares habían provocado cambios imprevistos en la política y en el ejecutivo.
Con todo, la diversidad de situaciones —de hecho, la heterogeneidad de las sociedades y los sistemas políticos de América Latina— no permite hacer generalizaciones fáciles. Siguiendo
la
lógica
del
propio
método
comparativo,
al
estudiar
el asunto desde una perspectiva continental hay que prestar la debida atención a los matices, las reservas y las excepciones. Tendencias que parecen darse en la mayoría de los países dejan otros países al margen, e incluso donde están presentes pueden tener resultados
distintos,
hasta
contradictorios.
Así,
Venezuela,
bajo la mano de hierro del «patriarca» Juan Vicente Gómez, se libró de la crisis política que sacudió al continente y parece que no entró en el siglo xx hasta la muerte del dictador en 1935. En la vecina Colombia la estabilidad institucional también perduró y se consolidó bajo la hegemonía liberal, debido en parte a la llamada «revolución en marcha» (1934-1938), amplio programa reformista dentro de un marco de
democracia
liberal
en
el
cual
los
militares
no
desempeñaron
ningún papel. De la misma manera, en México el orden revolucionario se fortaleció al desmilitarizarse
organizando
una
amplia
participación
popular
bajo
la
égida del estado. Además, si 1930 representa una línea divisoria mucho más clara para Argentina y Brasil que, para las otras naciones del continente, con un «antes» y un «después» definidos en gran parte por la magnitud de la intervención militar en la política, los resultados de las «revoluciones» del 6 de septiembre y del 3 de octubre parecen ser diametralmente opuestos. En Brasil los militares interpretaron un papel decisivo
en
el
movimiento
que
puso
fin
al
sistema
oligárquico
de la Primera República, mientras que en Argentina contribuyeron a devolver el poder
a
las
clases
tradicionalmente
dominantes
después
de
un
período
durante
el cual la política había estado abierta a una participación popular más amplia.
Sin embargo, es cierto que en el continente soplaba un viento militar. En vísperas de la segunda guerra mundial, la mayoría de las repúblicas de América Latina eran gobernadas por militares, a la vez que varias naciones que en apariencia eran controladas por civiles tenían a un general por presidente (Uruguay y México) o eran gobernadas por regímenes que eran fruto de «revoluciones» en las cuales los militares habían desempeñado un papel clave (Brasil y Argentina). Con todo, esta visión debe atenuarse, y no sólo porque ciertos países —por ejemplo, el Chile frente populista gobernado por el educador Pedro Aguirre Cerda, o la Colombia liberal presidida por el escritor Eduardo Santos— constituyeran claras excepciones de la regla. También deberíamos preguntarnos si la categoría «militar», cuando se emplea de esta manera, es
suficientemente homogénea o siquiera pertinente. De hecho, el mismo concepto o la misma graduación militar puede ocultar realidades profundamente distintas y sistemas políticos totalmente inconmensurables. Cárdenas en México, Baldomir en Uruguay, Ubico en Guatemala, Trujillo en la República Dominicana, Carias en Honduras, Benavides en Perú, López Contreras en Venezuela, Peñaranda en Bolivia y Estigarribia en Paraguay ostentaban la graduación de general. Sin embargo, llegaron al poder de forma muy diversa y también eran muy diferentes los regímenes que presidían. Un gobierno «militar» no puede definirse meramente por la profesión del jefe del ejecutivo.
LAS FUERZAS ARMADAS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y EXPERIENCIAS NACIONALES
En lo que respecta a estamentos militares cabe destacar que en los países suramericanos y en ciertos estados centroamericanos (al menos en Guatemala y El Salvador), se distinguen tres etapas principales en la evolución del estamento militar y su papel en la política. Sin embargo, dentro de cada una de estas etapas aparecen fluctuaciones que corren parejas con las vicisitudes de la diplomacia continental e importantes disparidades cuyas raíces están en las particularidades irreductibles de la historia de cada nación. El primer período, que va aproximadamente de 1860 al decenio de 1920, fue el de la creación de los ejércitos modernos. En el segundo período, que empieza alrededor de los años veinte o treinta, entramos en la era militar, en la cual las fuerzas armadas profesionales comenzaron a desempeñar un papel en la vida política. Durante el tercer período, que empezó en el decenio de 1960, el papel de los militares adquirió un
tono internacional, en el marco de la hegemonía de los Estados Unidos y bajo el efecto de la guerra fría. Esta última etapa puede a su vez dividirse en secuencias breves y contrastadas cuyos factores determinantes eran la situación mundial y la política de Washington.
Evidentemente las fuerzas armadas de un país son símbolos de su soberanía nacional. A finales del siglo pasado y comienzos del presente eran también emblemas de progreso tecnológico y de modernidad. La creación de fuerzas armadas permanentes y dotadas de una oficialidad profesional formaba parte de una modernización de cara al exterior vinculada de modo inseparable al crecimiento hacia afuera de las economías nacionales. No era una inconsecuencia que la modernización del aparato del estado empezara por su brazo militar. Es obvio que las fuerzas armadas de estas naciones dependientes y no industrializadas sólo podían transformarse y en particular, elevar su nivel tecnológico imitando prototipos extranjeros. Llevaron a cabo su modernización dependiente no sólo comprando armas a los países europeos, sino también adoptando los modelos de organización y formación, e incluso las doctrinas militares, de los países avanzados. A finales del siglo pasado y comienzos del actual existían sólo dos grandes ejércitos (que, además, eran enemigos), dos modelos militares universalmente válidos: el de Alemania con su tradición prusiana, y el de Francia.
REGÍMENES
MILITARES:
MODELOS
Y
MECANISMOS
DEL
MILITARISMO
CONTEMPORÁNEO
Si bien es cierto todos los regímenes militares se parecen, aunque sea solamente por la naturaleza de la institución que usurpa el poder, los regímenes militares latinoamericanos del período comprendido entre los años treinta y ochenta eran, de hecho, muy diversos. No obstante, es posible elaborar una útil tipología de los regí- menes militares, atendiendo a un reducido número de criterios clave, que tal vez nos ayudé a orientarnos en medio del gran número de casos empíricamente singulares. Al elaborar dicha tipología, dejaremos a un lado las dictaduras patrimoniales o sultánicas de América Central y el Caribe durante el período de entreguerras, ya que su naturaleza militar es como mínimo discutible. Aunque el primer Somoza, Trujillo y Batista dependieran de las guardias pretorianas bajo su mando para instaurar sus dictaduras personales, el origen militar de su poder no bastaba para conferirle una naturaleza rigurosamente militar. Los regímenes dominicano y nicaragüense en particular, con su práctica del «gangsterismo de estado» y el enriquecimiento familiar, están más cerca del caudillismo tradicional que del militarismo moderno.
Por otro lado, en su libro Historia contemporánea de américa latina el escritor e historiador Tulio Halperin Donghi refuerza lo anterior cuando expone lo siguiente: La
nueva
configuración
política
aparecía
caracterizada
no
sólo por el ya recordado predominio del ejército como institución, y no ya de un caudillo surgido
de sus filas, sino más aún por la construcción bajo égida militar de un aparato estatal organizado con criterios de eficacia tecnológica y administrativa, que aseguraba a expertos dotados de adecuada formación profesional, en campos que iban desde la economía hasta la física aplicada y la agronomía, un papel sin duda subordinado, pero una esfera de competencia mucho más vasta que en la etapa anterior. Ese Estado era expresión política del entendimiento entre la élite militar, la empresaria nacional y las firmas trasnacionales que deben tener papel principal en esa nueva etapa industrializadora; mientras cultivaba un controlado pluralismo en el manejo de las relaciones entre esos elementos a los que reconocía ciudadanía política, marginaba de la esfera de las decisiones a las clases subordinadas, mediante sus despolitización ideológica y su fragmentación y desarticulación, aseguradas por una vigilancia celosa de cualquier esfuerzo organizativo que aspirase a ir más allá de la élite económico-social; se advierte muy bien cómo tanto en sus relaciones con esa élite como con las masas el estado burocrático autoritario tenía muy poco en común con el estado fascista, que había sido a la vez totalitario y movilizador.
De esta forma queda más claro que el militarismo latinoamericano contemporáneo se ha caracterizado por el dominio estable que los militares han ejercido sobre el estado más que por golpesde estado aislados y devastadores. La hegemonía militar duradera, donde ha existido, databa en su mayor parte de los años treinta. La tutela militar, que duró medio siglo, quedó prácticamente institucionalizada y el «factor militar» consiguió la categoría de socio político casi legítimo. Este papel militar recurrente transformó tanto el estado como las fuerzas armadas y éstas, cuya participación ya era cosa corriente, constituían fuerzas verdaderamente políticas. Esta clase de
institucionalización no necesitaba seguir, como ocurrió en El Salvador después de 1948, el modelo canónico de «partido de los coroneles» que dominase la política y legitimase las ambiciones
corporativistas
de
los
militares.
Incluso
era
posible
que
los militares no ejercieran el poder directamente, como en Brasil antes de 1964, o que periódicamente devolvieran el gobierno a los civiles, como en Argentina entre 1930 y 1983.
En Argentina, la hegemonía militar adoptó muchas formas diferentes. El poder militar que tan brutalmente se instauró en marzo de 1976 no tuvo más de accidente imprevisible o infracción excepcional de las reglas que las dictaduras más benévolas que lo precedieron en 1943, 1955, 1962 y 1966. De los veintitrés presidentes, elegidos o no elegidos, que gobernaron Argentina entre 1930 y 1983, quince eran militares. Sólo dos presidentes elegidos concluyeron su mandato legal y ambos eran generales que jamás habrían alcanzado la presidencia de no haber sido por un oportuno golpe de estado: el general Agustín Pedro Justo, elegido en noviembre de 1931, después de que el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 derrocara al presidente radical Hipólito Yrigoyen; y el general Juan Domingo Perón, que fue elegido constitucionalmente en febrero de 1946 con el respaldo del movimiento obrero, pero que ya era el hombre fuerte del régimen militar instaurado por la «revolución» del 4 de junio de 1943. En todo este período ningún presidente
elegido
en
el
llegar hasta el final de su mandato.
marco
de
una
sucesión
normal
logró
jamás
En
definitiva,
se
ha
podido
ver
la
trayectoria
de
los
ocho
países
latinoamericanos con mayor experiencia democrática en el siglo xx en el contexto de dos ciclos históricos:
desde
finales
del
decenio
de
1920
hasta
finales
del
de 1950 (con un subciclo intermedio hasta los últimos años cuarenta) y desde las postrimerías del decenio de 1950 hasta las del de 1980. Los dos ciclos empezaron con el predominio
de
regímenes
civiles,
muchos
de
los
cuales
sucumbieron
al gobierno de los militares, pero luego volvieron a ser gobernados por civiles. Si en los años treinta desaparecieron numerosas democracias oligárquicas débiles, en
los
años
ochenta
se
reinstauraron
democracias
de
masas
igualmente
débiles
cuyo futuro seguía siendo incierto.
Asi pues américa latina tuvo periodos donde los civiles pudieron estar bajo el yugo militar en distintos regímenes que tenían el poder y algunos gobernaban con mano de hierro donde prevalecía la tiranía ante los derechos del pueblo. De esta manera estos mismos regímenes fueron evolucionando y la con el transcurrir del tiempo los golpes de estado eran comunes, por ende, este tipo de gobiernos no eran longevos. La aparición de nuevas formas de participación ciudadana luego de los distintos movimientos revolucionarios que tuvieron lugar en el continente fueron ganando puestos en el poder.
REFERENTE BIBLIOGRAFICO
Historia de América Latina. Política y Sociedad desde 1930, Tomo XII -1986 de Bethell, Leslie.
Historia Contemporánea de América Latina – 2005 de Tulio Halperin Donghi