Análisis-código-del-consumidor 12.docx

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COMENTARIO y ANÁLISIS DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR TITULO PRELIMINAR ARTÍCULO I.- Contenido El cual señala que el presente código establece las normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio rector de la política social y económicas del Estado la protección de los derechos de los consumidores dentro del marco del artículo 65 establece el Derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a disposición de los consumidores y usuarios en el mercado; de la constitución política del Perú y en un régimen de economía social del mercado, establecido en el capítulo 1 del título III, del régimen económico de la constitución política del Perú. Es decir, la presente ley admitido sus normas en base a la protección de la constitución política del Perú brinda a todo consumidor y usuario, respetando Además del Marco que el régimen económico le da al tipo de Mercado que prescribe

la

misma: Régimen Económico

social de Mercado. Entonces aquí encontramos dos puntos fundamentales: -

La protección que brinda la constitución política del Perú al consumidor (artículo 65 de la CPP). El régimen económico social de Mercado artículo 58 del CPP. La constitución política del Perú brinda protección al consumidor mediante el artículo 65 de la misma prescribiendo lo siguiente: “El estado defiende el interés de los consumidores y usuarios para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado Asimismo vela en particular por la salud y la seguridad de la población.” En los últimos años, el consumidor ha sido el centro de atención de las autoridades estatales, en vista de que sus derechos han sido restringidos, minimizados y odiados muchas veces, por los proveedores. Además, teniendo en cuenta de que se puede afirmar que la manutención del Estado depende de los consumidores, el estado se ha visto en la obligación de regular normas para su protección. Esta afirmación proviene de una lógica deducción. Pues, siendo los consumidores el último eslabón de la cadena de producción, son estos, sobre los cuales recae el pago de los impuestos, y

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siendo indispensable para la manutención del Estado el pago de impuestos, se puede afirmar tal mencionado. En base a ello, el estado se ha visto en la obligación de emitir una serie de normas, complementarias a la prescrita en el artículo 65 de la CPP, para que regulen la protección y defensa del consumidor y usuario. ARTÍCULO II.- Finalidad. El presente artículo establece qué es la finalidad del código recién aprobado es que los consumidores accedan a productos y servicios idóneo y que gocen de los derechos mecanismos efectivos

para su protección,

reduciendo

la

y los

asimetría informativa corrigiendo

previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afectan sus legítimos intereses. Además, agrega que en el régimen de economía social de Mercado establecido por la Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente código. Entonces la finalidad de la presente ley es que: -

Los consumidores accedan a productos y servicios idóneos; y gocen de los derechos y los mecanismos efectivos para su protección. ARTÍCULO III.- Ámbito de aplicación El presente artículo establece el

ámbito de aplicación del Código de protección y defensa

del

consumidor, de tal forma, establece los momentos fundamentales en los que el consumidor podrá hacer uso de las normas establecidas por la presente ley, para defender y hacer valer sus derechos eficientemente, gracias a la protección que brinda la Constitución y a la confirmación de tal derecho, mediante la presente ley. Sin embargo, nos preguntamos A quiénes se les considera consumidor. Anteriormente se le consideraba consumidor únicamente al destinatario final, entendido éste como la persona natural o jurídica que ocupa el último eslabón de la cadena producción consumo, luego

se

decidió

mediante jurisprudencia administrativa que el consumidor es la persona

natural o jurídica que adquiere, utiliza o disfruta un producto, ya sea un bien o un servicio para fines personales familiares o de su entorno social inmediato, y que las personas naturales y jurídicas pertenecientes a la categoría profesional de los pequeños empresarios son también sujetos afectados por la desigualdad informativa en la relación de consumo.

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En el literal 1 de la ley N° 19496, “Ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores legislación chilena Define a consumidor como”: Personas naturales o jurídicas que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso adquieran utilicen o disfruten como destinatario final es bienes o servicios En el Perú el decreto legislativo número 1045 que modificó el artículo 3 del decreto supremo N° 0062009-PCM que regulaba el TUO de la Ley de Protección al Consumidor derogado por la presente ley define como el consumidor a: Las personas naturales que en la adquisición uso o disfrute de un bien o contratación de un servicio actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y excepcionalmente a los microempresarios que evidencia una situación de asimetría informativa con el proveedor respecto de aquellos productos o servicios no relacionados con el giro propio del negocio la presente ley protege al consumidor que actuó en el mercado con diligencia ordinaria de acuerdo a las circunstancias. De esta manera, esta ley protege a los usuarios que la mayoría de las veces son discriminadas y Víctimas de una mala atención en muchas de las entidades estatales tales como el PODER JUDICIAL, ESSALUD, OSIPTEL, PNP, SUNAT, etc. Es el nombre de esos abusos que cometen las entidades estatales que esta ley protege al consumidor y usuario. ARTÍCULO IV.- Definiciones Este artículo del título preliminar, establece las definiciones básicas que nos van a ayudar a comprender mejor la presente Normativa. COMENTARIO Este artículo del título preliminar, establece las definiciones básicas que nos van ayudar a comprender mejor la presente normativa. El inciso primero del presente artículo establece la definición de consumidores o usuarios. Anteriormente se le consideraba consumidor únicamente al destinatario final, entendiendo éste como la persona natural o jurídica que ocupa el último eslabón de la cadena producción consumo luego se decidió mediante jurisprudencia administrativa que el consumidor es la persona natural o jurídica que adquiere utiliza o disfruta un producto, ya sea un bien o un servicio, para fines personales, familiares o de su entorno social inmediato y que las personas naturales y jurídicas

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pertenecientes a la categoría profesional de los pequeños empresarios son también sujetos afectados por la desigualdad informativa de la relación de consumo. Si analizamos la Jurisprudencia vinculante,

el fundamento 63 del Exp. N° 3330_2004_AA/TC,

define como consumidor aquella persona natural o jurídica que adquiere utiliza o Disfruta de determinados

productos

o servicios

que previamente han sido ofrecidos a fin de comparar las

definiciones de consumidor y usuario de otras legislaciones a continuación veremos las definiciones que está les dan al consumidor como: Las personas naturales o jurídicas, que en virtud de cualquier acto jurídico oneroso adquieran utilicen o disfruten como destinatario final es bienes o servicios. El código de los derechos de los consumidores de Brasil define el artículo 2 de su texto a consumidor Cómo: Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o disfrute bienes o servicios o bien recibo oferta para ello cuando la presente ley menciona al consumidor dicha denominación incluir al usuario. Artículo V.- Principios 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Principio de soberanía del consumidor. Principio pro consumidor Principio de transparencia Principio de corrección de la asimetría Principio de buena fe Principio de protección mínima Principio pro asociativo Principio de la primacía de la realidad ARTÍCULO VI. - POLÍTICAS PÚBLICAS CAPÍTULO I DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES

ARTÍCULO 1°. - Derechos de los consumidores El artículo en comentario establece los derechos mínimos que el Estado, mediante la presente ley, brinda a sus usuarios o consumidores. Con la finalidad de proteger a estos proveedores, y evitar que salgan perjudicados de la relación de consumo.

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Se puede determinar que desde Aristóteles hasta los planteamientos iusnaturalistas de Santo Tomás, se ha determinado que la causa final del Estado es el ´´bien común´´ que constituye una verdad firme y universal que todo Estado tiende a desarrollar. Por ello el Artículo 1° de la constitución Política del Perú contempla que el fin supremo del estado es el ciudadano: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.” El Artículo 57° de la Constitución contiene lo siguiente: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, por la salud y seguridad de la población.” A todo esto el consumidor tiene derecho a recibir bienes y servicios que no atenten contra su seguridad física y su salud, recibir información veraz, pertinente y oportuna para tomar decisiones informadas de consumo, y así mismo que el proveedor debe cumplir normativas internacionales regionales nacionales tendientes a garantizar condiciones adecuadas de los productos. CAPÍTULO II INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES SUBCAPÍTULO I INFORMCIÓN EN GENERAL ARTÍCULO 2°. - Información relevante El artículo en comentario establece la obligación que tiene el proveedor de brindar información rea, veraz y relevante al consumidor o usuario. La protección al consumidor se basa se basa en la asimetría existente entre proveedores y consumidores. Lo que se pretende en el fondo es que el consumidor este correctamente informado al momento de celebrar un contrato, al adquirir un producto o servicio, superando esta brecha informativa y actuando con la liberad suficiente para que su voluntad no sea viciada, por eso podemos afirmar que el derecho a la información es de los más importantes, ya que de la información que el proveedor brinde, depende la decisión del consumidor. ARTÍCULO 3°. - Prohibición de Información falsa o que induzca a error al consumidor El presente artículo establece la prohibición que de brindar al consumidor o usuario información falsa o que lo induzca a error.

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La falta de información en los productos o la publicidad engañosa son problemas muy serios que se han generado con frecuencia en los últimos tiempos. La letra d) del Artículo 59° del Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de la Competencia Desleal define como publicidad a toda forma de comunicación difundida a través de cualquier medio, y objetivamente apta o dirigida a promover, directa o indirectamente, la imagen marcas productos o servicios de una persona empresa o entidad en ejercicio de su actividad comercial; entonces el problema no sería la publicidad, sino con la misma se vuelve engañosa la cual contiene actos que tiene como efecto real o potencial, inducir a error a otros agentes. Los medios publicitarios distorsionan la verdad para que el usuario compre y consuma el producto publicitado pensando de distinta manera a la real. ARTÍCULO 4°. - INFORMACIÓN SOBRE LA INTEGRIDAD DEL PRECIO Este artículo establece la obligación de los consumidores, de informar adecuadamente acerca de los precios reales y totales de los productos o servicios ofertados, prescribiendo que cuando el proveedor exhiba precios de los productos o servicios o los consigne en su lista de precios, rótulos, envases u otros, debe indicar en forma destacada el precio total de los mismos, el mismo que debe contener los tributos, comisiones y cargos aplicables, además, los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas o recargos adicionales al precio fijado, salvo que se trate de servicios distintos como transporte o instalación, los cuales no se encuentren incluidos en el precio. El Artículo 1° de la Ley del IGV señala que el Impuesto General a las Ventas grava l venta en el país, de bienes muebles, la prestación o utilización de servicio en el país, los contratos de construcción, la primera venta que realicen los constructores de los mismos, la importación de los bienes. ARTÍCULO 5°. - Exhibición de Precios o Listas de Precios El presente artículo establece la obligación de los proveedores de exhibir los precios o listas de precios de los productos ofrecidos al público, como se mencionó en el artículo anterior, es obligación de los proveedores, informar a los consumidores de los precios de los productos en venta, debido a que esto permite mayor libertad para una mejor elección del producto que el consumidor va a adquirir, sin embargo establece de manera particular, obligaciones para el proveedor de establecimientos comerciales, de productos farmacéuticos y de establecimientos de comidas y bebidas y los servicios de hospedaje y hostelería. De tal forma el artículo en comentario, establece que los establecimientos comerciales están obligados a consignar de manera fácilmente perceptible para el consumidor los precios de los productos en los

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espacios destinados para su exhibición, y además, deben contar con una lista de precios de fácil acceso a los consumidores. ARTÍCULO 6°. - Información de Precios en Moneda Nacional y Extranjera El artículo en mención establece reglas que el proveedor se ve obligado a seguir, en caso de exhibir o vender precios en moneda extranjera. Estableciendo que en caso de que los precios de los productos o servicios se difundan o publiciten en moneda extranjera, deben ser consignados también en moneda nacional, en caracteres y condiciones iguales, y con la indicación del tipo de cambio aceptado para efectos del pago, todo esto se hace con el fin de que los consumidores no tengamos la obligación de tener en nuestra billetera el tipo de moneda en el que un proveedor vende su producto, por ello, estos deben de consignar el valor en soles de igual manera y deben de estar incluido en ambas monedas el impuesto de ley. ARTÍCULO 7°. - Medio de Pago El presente artículo establece que los consumidores podremos utilizar cualquier medio de pago permitido, hecho que no tendrá que ser motivo de aumento en el precio del producto o bien ofrecido, salvo que tal diferencia este plasmada de manera visible al público general. De tal forma, el presente artículo establece que en caso de que el proveedor diferencie el precio del producto o servicio en función del medio de pago, como tarjetas de crédito u otros, dicho información deberá ser puesta en conocimiento del consumidor, en forma visible y accesible en el local o establecimiento comercial, a través de carteles, avisos u otros similares, y establece que de no cumplirse dicha obligación, los consumidores no pueden ser obligados al pago de sumas adicionales, debiendo respetarse el precio fijado por el producto o servicio. ARTPÍCULO 8°. - Información sobre Productos Manufacturados Establece que el proveedor de productos manufacturados debe de brindar toda la información relevante acerca de este tipo de productos, tales como los ingredientes, componentes, las condiciones de garantías, los manuales de uso, las advertencias y los riesgos previsibles y así como los cuidados a seguir en caso se produzca un daño. La manufactura describe la transformación de materias primas en productos terminados para su venta, también involucra procesos de elaboración de productos semi-manufacturados, este término puede referirse a una la artesanía o la alta tecnología, pero es más comúnmente aplicado a la producción industrial, en la cual las materias primas son transformadas en bienes terminados a gran escala.

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La manufactura se ha convertido en una porción inmensa de la economía del mundo moderno. Según algunos economistas, la fabricación es un sector que produce riqueza en una economía, mientras que el sector servicios consume esa riqueza. ARTÍCULO 9°. - Información acerca de las limitaciones en el suministro de partes y accesorios Este artículo indica la obligación de los proveedores de informar a los consumidores acerca del suministro de las limitaciones en el suministro de partes y accesorio. El cual prescribe en el caso de fabricación, ensamble, importación, distribución y comercialización de productos respecto de los que no se brinde el suministro oportuno de partes y accesorios servicios de reparación y mantenimiento o en los que dichos suministros o servicios se brinden con limitaciones, los proveedores de tales circunstancias de manera clara e inequívoca al consumidor. De no brindar dicha información, quedan obligados y son responsables por el oportuno suministro de las partes y accesorios, servicios de reparación y de mantenimientos de los bienes que produzcan, fabriquen, ensamblen, importen o distribuyan, durante el lapso que los comercialicen en el mercado comercial nacional, y posteriormente, durante un lapso razonable en función de la durabilidad de los productos. La responsabilidad de probar la comunicación previa a la configuración de la relación de consumo sobre las limitaciones en el suministro de partes y accesorios, corresponde al proveedor. El cumplimiento de la obligación de informar a cargo del proveedor no debe implicar una afectación a sus derechos protegidos bajo las normas de la propiedad industrial. Es por ello que todo proveedor, tiene como obligación, suministrar a los consumidores partes y accesorios o servicios de reparación o mantenimiento del producto vendido al consumidor, en caso de que el proveedor, previamente, no haya informado a los consumidores de las limitaciones del caso. La mayoría de veces, son los consumidores quienes tienen que reparar el producto, o buscar el repuesto de la pieza faltante o llevarlo a mantenimiento por cuenta propia, ya que los proveedores no garantizan dicho servicio al consumidor, entonces este artículo establece que la responsabilidad de probarla comunicación previa a la configuración de la relación de consumo sobre las limitaciones en el suministro de partes y accesorios, corresponde al proveedor.

ARTÍCULO 10°. - Información acerca de los productos envasados Señala la obligación de los proveedores de colocar la información relevante de los productos envasados, por lo cual establece que los productos envasados ofrecidos al consumidor deben contener de manera visible y legible la información establecida en la norma sectorial de rotulado

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correspondiente, y en el caso de productos destinados a la alimentación y la salud de las personas, esta obligación se extiende a informar sobre sus ingredientes y componentes. El rotulado de un producto se encuentra constituido por toda indicación consignada por el proveedor, ya sea de manera obligatoria o facultativa, en la etiqueta o envase del producto, que provoca información sobre su naturaleza características, composición y origen y siempre que se halle expresada en términos neutros, descriptivos o meramente informativos, esto es, sin promover, de manera directa o indirecta, la contratación de un producto, es competencia del Indecopi fiscalizar el cumplimiento de los artículos 8°y 10° así como sancionar las infracciones, únicamente si el producto se encuentra en disposición del consumidor o hábil para su distribución en los puntos finales de venta, sin perjuicio de las competencias sectoriales que correspondan. ARTÍCULO 11°. - Información sobre productos no originales o con defectos Este artículo nos trata de decir que cuando se expende al público productos con alguna deficiencia o defecto, usados, reconstruidos, re manufacturados, debe informarse notoriamente esta circunstancia al consumidor, mediante mecanismos de información, haciéndolo constar indistintamente en los propios artículos, etiquetas, envolturas y empaques, y en los comprobantes de pago correspondientes, siendo su responsabilidad acreditar el cumplimiento de dicha obligación. Queda claro que la presente norma no solo protege a los consumidores o usuarios que adquieren productos o servicios nuevos sino también, los que adquieran productos usados o defectuosos, entonces este artículo señala que el incumplimiento de esta exigencia es considerada contraria a la buena fe en el comportamiento exigible al proveedor. SUBCAPÍTULO II PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR FRENTE A LA PUBLICIDAD ARTÍCULO 12°. - Marco legal El presente artículo establece el Marco Legal de la protección del consumidor frente a la publicidad. Estableciendo que la publicidad comercial de productos y servicios se rige por las normas contenidos en el Decreto Legislativo N. ° 1044 “Ley de Represión de la Competencia Desleal” o por aquellas normas que la modifiquen o sustituyan, y por las normas especiales del presente subcapítulo y las de publicidad de determinados productos y servicios contenidos en el presente Código. El mencionado Decreto Legislativo establece que la mencionada Ley reprime todo acto o conducta de competencia

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desleal que tenga por efecto, real o potencial, afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo. ARTÍCULO 13°. - Finalidad Este artículo establece que la finalidad de la protección del consumidor frente a la publicidad es proteger a los consumidores e la asimetría informativa y de la publicidad engañosa o falsa que de cualquier manera, incluida la presentación o en su caso por omisión de información relevante indican o puedan inducirlos a error sobre el origen, la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones de venta o adquisición y en general, sobre los atributos, beneficios, limitaciones, o condiciones que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el agente económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado, o que lo induzcan a error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial. Dicho artículo establece que tal protección se da, atendiendo al impacto que la publicidad puede generar en las conductas sociales, y porque la protección del consumidor frente a la publicidad persigue que los anuncios no afecten al principio de adecuación social, evitando que induzcan a cometer actos ilegales o antisociales o de discriminación. ARTÍCULO 14°. - Publicidad de promociones Este artículo establece las reglas que debe de cumplir el proveedor al publicitar promociones, se entiende por promociones a uno de los principales instrumentos del marketing con el que la compañía pretende transmitir a sus clientes las cualidades de su producto, para que estos se vean impulsados a adquirirlo. Conforme al Artículo 65° de la Constitución, el Estado mantiene con los consumidores o usuarios dos obligaciones, genéricas, que son: a)

Garantizar el derecho a la información sobre los bienes y servicios que estén a su disposición en el mercado. Ello implica la consignación de datos veraces, suficientes, apropiados y fácilmente

b)

accesibles. Velar por la salud y la seguridad de las personas en su condición de consumidoras y usuarias. El Estado está en la obligación de proteger a los consumidores o usuarios de los engaños, trabas o alguna artimaña que puedan utilizar los proveedores en el afán de promocionar, engañándolos, así

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como de verificar que los proveedores brinden la información relevante acerca de las promociones de los pr Productos, además, de asegurarse que la información brindada sea gratuita. ARTÍCULO 15°. - Sorteos, canjes o concursos El artículo en mención establece las reglas a seguir cuando se trate de sorteos, canjes o concursos. En el Artículo 23° del Decreto Legislativo N° 716 se establece que la publicidad comercial que se haga para el efecto de las rifas, concurso, canjes de envases u otros análogos, se deberá indicar la autorización obtenida para la promoción. Así la norma requiere que se informe a los consumidores, de una manera adecuada, sobre la existencia de la autorización para llevar a cabo la promoción, en la publicidad comercial que se haga para efecto. El artículo en comentario señala que en el caso de sorteos, canjes o concursos se procede de acuerdo con el “Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines Sociales”, aprobado mediante Decreto Supremo núm. 006-2000- IN o, con las normas que lo sustituyan. ARTÍCULO 16°. - Publicidad dirigida a menores de edad El presente artículo establece las reglas que debe seguir el proveedor cuando realice publicidad dirigida a menores de edad. Para lo cual, establece l publicidad dirigida a los menores de edad no debe inducirlos a conclusiones equívocas sobre las características reales de los productos anunciados o sobre las posibilidades de los mismos, debiendo respetar la ingenuidad, credulidad, la inexperiencia y el sentimiento de lealtad de los menores, dicha publicidad no debe generar sentimientos de inferioridad al menor que no consume el producto ofrecido. Los proveedores se ven en la obligación de verificar detalladamente el tipo de publicidad que utilizan para promocionar un producto, en especial cuando la publicidad va dirigida a menores de edad, en conclusión lo que el presente artículo trata de evitar que el menor de edad, el cual es el receptor del anuncio publicitario, se vea perjudicado por un producto publicitado, ya sea porque este no fue un producto idóneo para el menor o simplemente no lo pueda consumir, el fin, es evitar causar daño al consumidor menor de edad.

ARTÍCULO 17°. - Competencia

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El artículo en comentario, establece que la comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal del Indecopi es la autoridad encargada de forma exclusiva y excluyente para conocer para conocer en primera instancia la verificación del cumplimiento de las normas que regulan la publicidad en protección del consumidor. Además, señala que, las afectaciones concretas y específicas de los derechos de los consumidores a consecuencia de la publicidad comercial constituyen infracciones al presente Código y son de competencia de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, en conclusión, el Indecopi, es la entidad facultada para verificar en primera instancia el cumplimiento de las normas establecidas anteriormente. ARTÍCULO 18°. - Idoneidad El presente artículo establece que se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo las circunstancias del caso. El deber de idoneidad consiste en entregar el producto o brindar el servicio en función de lo que espera recibir el consumidor, quien espera lo que sabe del producto en base a la información que tenía disponible y si el proveedor no entrega el producto con las mismas características las señaladas, este tendría la responsabilidad de dicha insatisfacción del consumidor, debido a que no brindó la información suficiente o brindó información falsa. ARTÍCULO 19°. - Obligación de los proveedores El presente artículo establece la responsabilidad del proveedor frente a la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio; por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda. Además, el proveedor tiene la obligación de indicar los riesgos, puesto que dichos riesgos nacen de la naturaleza del producto, y aunque muchas veces, los consumidores, los consumidores conozcan de su peligro o riesgo, estos deben de señalarlo de igual manera, ya que cuando se trata de la salud de los consumidores se debe recalcar el peligro o riesgo posible a ocasionar por todos los medios posibles, exclusivamente antes de la compra del producto o servicio.

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ARTÍCULO 20.- Garantías El presente artículo establece que, para determinar la idoneidad de un producto o servicio, debe compararse el mismo con las garantías que el proveedor está brindando y a las que está obligado. La garantía es un medio que asegura y protege contra un riesgo o necesidad, es este caso, la garantía es un servicio que se realiza post venta materializado que asegura el buen funcionamiento del producto vendido durante un tiempo determinado, para que en caso de que el producto resulte defectuoso, la empresa encargada de cubrir dicha garantía puede arreglar dicho defecto o cambie el producto por uno nuevo. Agrega que las garantías son las características, condiciones o términos con los que cuenta el producto o servicio y que estas pueden ser legales, implícitas o explícitas, a todo esto el proveedor debe de brindar garantías del producto o servicio brindado al consumidor o usuario, para que, de esta manera, el consumidor tenga menos posibilidades de verse perjudicado por la relación de consumo. ARTÍCULO 21°. - Protección de las expectativas del consumidor Establece la protección de las expectativas del consumidor. El presente artículo establece tres incisos lo que indican que, al no haber una garantía explícita, la garantía implícita vincula al proveedor. La garantía explícita cuando se deriva de los términos y condiciones expresamente ofrecidos por el proveedor al consumidor en el etiquetado del producto, en la publicidad, en el comprobante de pago o cualquier otro medio por el que se pruebe específicamente lo ofrecido por el consumidor. Una garantía explícita no puede ser desplazada por una implícita. ARTÍCULO 22.- Garantía de buen uso o funcionamiento El presente artículo establece que el proveedor que consigne la leyenda ´´ garantizado´´ en las diferentes formas de presentación de un producto debe informar su alcance, duración y condiciones, así como la individualización de las personas que las extienden y los establecimientos en los que pueda hacerse efectiva. Además, agrega que la indicación de exclusiones o limitaciones al otorgamiento de una garantía no puede conllevar a limitaciones que no sean justificadas o que la desnaturalicen y por último que el tiempo que duran las negociaciones efectuadas al amparo de la garantía no es computable dentro del plazo de la misma. En el caso de reposición del producto, debe renovarse el plazo de la garantía.

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ARTÍCULO 23.- Servicios de reparación El presente artículo establece que el prestador

de servicios de reparación está obligado a brindar el

servicio diligentemente, y en caso de que se necesaria las sustituciones de componentes, a emplear componentes o repuestos nuevos y apropiados al producto que se trate, salvo que, en cuanto a esto último, el consumidor autorice expresamente y por escrito lo contrario. Este artículo indica que el proveedor no solo debe de cumplir con ofrecer el servicio y cumplir con dicha garantía sino que, el servicio de reparación y mantenimiento del producto que debe brindar el proveedor debe de ser de modo eficiente y debe de emplear componentes o repuestos nuevos y en buen estado. De lo que aquí se trata es de asegurar la prestación de un servicio de mantenimiento o reparación del bien, o la provisión de partes y repuestos. ARTÍCULO 24°. - Servicio de atención a reclamos Establece que, sin perjuicio del derecho de los consumidores de iniciar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, los proveedores están obligados a atender los reclamos presentados por sus consumidores y dar respuesta a los mismos en un plazo no mayor a los treinta días calendario. Además, tal plazo puede ser extendido por otro igual cuando la naturaleza del reclamo lo justifique, situación que es puesta en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial. Ante los abusos que se cometen en el mercado, tenemos derecho a reclamar estos en los servicios utilizados y los defectos en el consumo de productos. Los proveedores no pueden negarse a la atención de los reclamos realizados por los consumidores, ya que estos tienen derecho a ser informados y escuchados en caso de verse insatisfecho por dicho producto o servicio, previamente adquirido. CAPÍTULO IV SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES SUBCAPÍTULO I PROTECCIÓN A LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CONSUMIDORES ARTÍCULO 25°. - Deber general de seguridad

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El presente artículo establece que los productos que son ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores y sus bienes. Se entiende por productos, al conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos, por ejemplo, para un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engrandados de tal manera que ofrece al usuario posibilidades de utilización como empaque, precio, calidad, servicios, los cuales son capaces de satisfacer sus necesidades y deseos. Por otra parte se entiende por servicios a un conjunto de actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente. ARTÍCULO 26°. - Medidas de los proveedores frente a los riegos previstos El artículo en comentario establece que en caso de que, por la naturaleza o componentes del producto o del servicio que se comercialice, el riesgo sea previsible para el proveedor, este debe tomar las medidas necesarias para su adecuada conservación, manipulación, y transporte advirtiendo al consumidor de dicho riesgo, así como del modo correcto dela utilización del producto o la prestación del servicio, y las acciones a tomar en caso de producido un año, las acciones del proveedor no deben incrementar el riesgo previsible. La constitución Política del Perú en su Artículo 65° señala la importancia de proteger la salud y seguridad del consumidor, es por eso que el Estado defiende el interés y bienestar de los usuarios tomando las medidas necesarias dictadas por las autoridades competentes, se entiende por autoridades competentes a aquellas instituciones o autoridades designadas en cada Estado para velar por la correcta puesta en práctica de las normas y leyes. ARTÍCULO 27°. - Información de productos o sustancias peligrosas El artículo en comentario establece que la comercialización de productos químicos y de todos aquellos que en su composición lleven sustancias o elementos peligrosos debe efectuarse cumpliendo con las normas sectoriales pertinentes, empleando envases que garanticen la salud y seguridad de los consumidores, consignando de forma visible y destacada las indicaciones y destacada las indicaciones sobre su uso y las advertencias sobre su manipulación. Por tales razones constituye una tarea muy importante de parte del proveedor la adopción de un enfoque de seguridad en la utilización de este tipo de productos, requiere también contar con un

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adecuado flujo de información sobre sus peligros, medidas de seguridad y elementos de protección, así como también las actuaciones a realizar en caso de accidente de tales productos.

ARTÍCULO 28°. - Medidas de los proveedores para eliminar o reducir los peligros no previstos El presente artículo establece que, en caso de que se coloquen productos o servicios en el mercado, en los que posteriormente se detecte la existencia de riesgos no previstos con anterioridad o imprevisibles, el proveedor está obligado a adoptar las medidas razonables para eliminar o reducir el peligro en el plazo inmediato, entre ellas, notificar a las autoridades competentes esta circunstancia, retirar los productos o servicios, disponer su sustitución o reparación, e informar a los consumidores, a la brevedad, de las advertencias del caso. Las pruebas de las medidas adoptadas corresponden al proveedor. Es decir, en caso de que se detecte el riesgo o peligro de un producto, de manera posterior al lanzamiento al mercado, los proveedores se ven en la obligación de adoptar las medidas razonables para eliminar o reducir el peligro, tales como notificar a las autoridades competentes esta circunstancia, retirar los productos o servicios, disponer su sustitución o reparación e informar a los consumidores oportunamente con las advertencias del caso. Conforme a los Artículos 7° y 65° de la Constitución Política del Perú que respalda a la seguridad y bienestar de las personas, el proveedor está obligado a apartar o privar, los productos que se consideren dañinos para la salud de los usuarios, segundo siempre y cuando los procedimientos pertinentes, en consecuencia, los bienes o servicios puestos en el mercado deben ser seguros. ARTÍCULO 29°. - Criterios aplicables a la información y advertencia sobre el riesgo y la peligrosidad El presente artículo establece que la advertencia de los riesgos y peligros que normalmente tienen ciertos productos o servicios, o de los riesgos y peligros no previstos o imprevisibles que se detectan con posterioridad a la colocación de los productos o a la prestación de los servicios en el mercado, debe realizarse cumpliendo con criterios como que la advertencia debe ser difundida con la debida celeridad, debe usarse un encabezamiento o señal de advertencia adecuados, el tamaño y frecuencia de la advertencia deben ser adecuados, se debe especificar la naturaleza del riesgo o peligro, debe utilizarse un lenguaje accesible y entendible, se debe describir el nivel de certidumbre que rodea al

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riesgo o peligro previsible, deben explicarse las medidas que se adopten para evitar riesgo o daño o para mitigar los efectos que puedan producirse, se debe incluir un fuente de información alternativa, que sea gratuita y de fácil acceso para los consumidores. Por ello las entidades públicas están encargadas de realizar una adecuada vigilancia y control con el objeto de prevenir y sancionar la elaboración, utilización y circulación de productos, sustancias y servicios que se pongan en el mercado. Las entidades legitimadas para hacer defender intereses colectivos y difusos ante las vías administrativas, judiciales o de cualquier otra naturaleza son, el INDECOPI, las asociaciones de consumidores registradas conforme a esta ley, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, y los congresistas del República de manera individual y colectiva. SUBCAPÍTULO II PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LOS ALIMENTOS ARTÍCULO 30°. - Inocuidad de los alimentos El artículo en comentario establece que los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos, ahora el concepto de inocuidad de alimentos se refiere a, “La garantía de no hacer daño como una responsabilidad compartida, que agregue valor tanto al productor como al consumidor para que sea sostenible en el tiempo”.. Este concepto ha sido ejecutado por varios países, aunque son pocos los que tienen información al respecto. La inocuidad alimentaria es un proceso que asegura la calidad en la producción y elaboración de los productos alimentarios. Garantiza la obtención de alimentos sanos, nutritivos y libres de peligros para el consumo de la población. Los proveedores son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de conformidad con la legislación sanitaria ARTÍCULO 31°. - Calidad de alimentos Este artículo establece que los proveedores que alegan aspecto de calidad de sus productos, sea mediante uso de frases, expresiones o imágenes, deben estar en la normativa vigente. Los proveedores, que pueden ser un persona natural o jurídica que suministra productos o servicios en el mercado, son responsables de la idoneidad y calidad de los productos ofrecidos en el mercado ya que muchas de las veces, los proveedores con tal de vender o promocionar un producto o servicio,

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no divulgan características reales de los productos ofrecidos, de este modo en el momento de entrega de los productos a los consumidores y usuarios, estos quedan insatisfechos. Y tal y como lo establece este artículo, alegan algún aspecto de calidad de sus productos, sea mediante el uso de frases, expresiones o imágenes, deben estar en condiciones de probarlo.

ARTÍCULO 32°. - Etiquetado y denominación de los alimentos El artículo en comentario establece que el etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius. Los alimentos deben llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza, sin generar confusión ni engaño al consumidor. El Codex Alimentarius una Comisión creada en 1963 por dos agencias de Naciones Unidas: la de Agricultura (FAO) y la de Salud (OMS), como parte de un programa conjunto sobre Normas para alimentos. Desarrolla normas, reglamentos, códigos de prácticas y documentos afines destinados a proteger la salud de los consumidores, promover las buenas prácticas de comercio y facilitar el trabajo de organizaciones gubernamentales y no gubernamental. Los proveedores tienen la obligación de poner a disposición de los consumidores toda la información relevante respecto a los términos y condiciones de los productos o servicios ofrecidos, de manera tal que aquella pueda ser conocida o conocible por un consumidor razonable usando su diligencia ordinaria. Finalmente, se establece que las alegaciones saludables deben sustentarse de acuerdo con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo establecido en el Codex Alimentarius. ARTÍCULO 33°. - Alimentos modificados El presente artículo establece que los alimentos modificados por sustracción, sustitución o adición de ingredientes solo pueden utilizar la denominación de los productos originales cuando lo permita la legislación sobre la materia o en su efecto el Codex Alimentarius. Es decir, cuando un producto alimenticio es modificado por sustracción, sustitución o adición de ingredientes no puede ser relanzado al mercado con la misma denominación, sino por denominación distinta a la original, salvo que se los permita la legislación sobre la materia o en su efecto el Codex Alimentarius, pues, los consumidores tienen el derecho a saber que consumen, así como de la

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elaboración de un producto y aun más de los cambios o modificaciones de los ingredientes del producto a consumir. Además, de no ser así, se estaría engañando al consumidor o usuario, ya que este va a consumir o usar ese producto determinado pesando (por la denominación del producto) que se trata del mismo, cuan en realidad no es así. El artículo en comentario establece que en todos los casos en que en todos los casos en que el proveedor brinde información complementaria mediante sitios en internet u otras formas de difusión, la misma debe ser clara, comprensible, vera y fácilmente accesible, observando lo dispuesto en el presente Código y en la legislación de la materia. La remisión a esta fuente de información distinta debe ser clara y expresa. Es de gran importancia que antes de la realización de los contratos de consumo el empresario brinde al consumidor toda la información suficiente y relevante de forma clara acerca de las condiciones jurídicas y económicas, y de los productos servicios objeto del mismo. Ya que, nadie mejor que las partes para saber qué es lo que les conviene, y si el consumidor no tiene la información relevante de manera clara, es obvio que no va a elegir lo que más le convenga. Lo que se busca es que el consumidor no resulte perjudicado en la relación de consumo con información no nada de manera oportuna, haciendo idóneo el servicio o producto pactado mediante dicho contrato. ARTÍCULO 35°. - Alimentos orgánicos El artículo en comentario establece que los proveedores que ofrezcan alimentos orgánicos deben ser debidamente certificados y deben identificados claramente en las etiquetas, envases y los medios de información directos o indirectos. Los alimentos orgánicos nacen como respuesta a las nuevas necesidades y requerimientos de parte del consumidor moderno, que busca productos obtenidos desde la aplicación de métodos no contaminantes en la producción, sin aditivos químicos ni sustancias de origen sintético, pero, además, una producción en sintonía con el cuidado del medioambiente y el desarrollo sustentable. Los alimentos orgánicos son el complemento ideal de una vida sana y el cuidado de la salud. Entonces, por ello, es necesario que el proveedor oferte productos orgánicos de buena calidad, los cuales se ven en los certificados y deben identificarlos claramente en las etiquetas, envases y los medios de información directos e indirectos.

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ARTÍCULO 36°. - Etiquetado de grasas trans El artículo en comentario establece que cuando un alimento contenga un tipo de grasa considerada trans debe advertirlo en sus etiquetas, así como su porcentaje. Las grasas trans son ácidos grasos insaturados que se forman cuando los aceites vegetales se procesan y se transforman en más sólidos o en un líquido más estable. Este proceso se llama hidrogenación. Las grasas trans también se encuentran naturalmente en algunos alimentos, entonces en base a los porcentajes que este tipo de grasa puede afectar la vida de una persona, es que se debe de mencionar que un producto alimenticio tiene este tipo de grasa y el porcentaje este artículo, cuando un producto tenga. ARTÍCULO 37°. - Etiquetado de alimentos genéticamente modificados El artículo en comentario establece que los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas. Es decir, los alimentos que hayan sido modificados genéticamente deben de ser indicado en las etiquetas del producto. Para evitar que el consumidor sea engañado, sin embargo podríamos preguntarnos ¿Cómo se puede demostrar fehacientemente que un producto incorpora tal elemento? Demostrarlo sería muy difícil, pues en país no existen herramientas o laboratorios que permitan establecer y certificar si un producto es transgénico o no. Por lo tanto, solo nos queda confiar en la buena fe-lealtad rotulado de los proveedores y creer en el etiquetado y rotulado del producto, según lo que nos establece la buena fe creencia de los consumidores. Por ello, cabe agregar que nosotros “los consumidores”, generalmente, para comprar un producto solo nos guiamos por el rotulado o en la etiqueta del producto, por lo que tal información no debe de inducir a error en cuanto a sus características del producto o servicio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención. CAPÍTULO V PROTECCIÓN DE LOS INTERESES SOCIALES Y ECONÓMICOS ARTÍCULO 38°. - Prohibición de discriminación de consumidores El artículo en comentario indica que los proveedores se encuentran prohibidos de realizar actos discriminatorios a los consumidores o usuarios. Estableciendo que los proveedores no pueden

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establecer discriminación alguna por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, respecto de los consumidores, además, señala que está prohibida la exclusión de personas sin que medien causas de seguridad del establecimiento o tranquilidad de sus clientes u otros motivos similares, finalmente, establece que el trato diferente de los consumidores debe obedecer a causas objetivas y razonables y en caso de la atención preferente en un establecimiento debe responder a situaciones de hecho distintas que justifiquen un trato diferente y existir una proporcionalidad entre el fin perseguido y el trato diferente que se otorga. Entonces, este artículo, señala que están prohibidos los actos discriminatorios tales como los que suceden usualmente en los locales abiertos al público que ofrecen productos o servicios, en los cuales mediante cualquier pretexto, argumento o simulación se niegan a que un usuario o consumidor entre a dicho local, en conclusión, todos los consumidores somos personas, por tanto, somos iguales ante la ley, por consiguiente antes todos, por ende, todos merecemos un trato igual y no ser discriminados por cualquier motivo, y como establece el último inciso de este artículo, en caso de haber un trato diferente, este debe obedecer a causas objetivas y razonables. ARTÍCULO 39°. - Carga de la prueba El presente artículo establece que la carga de la prueba sobre la existencia de un trato desigual corresponde al consumidor afectado cuando el procedimiento se inicia por denuncia de este o a la administración cuando se inicia por iniciativa de ella. En este caso, se estaría determinando que la carga de la prueba recae en quien alegue un hecho o trato desigual, por ello, el presente artículo señala que cuando sea el consumidor quien alegue el trato desigual, sobre este recaerá la carga de la prueba. Sin embargo, señala que cuando el procedimiento se inicie por iniciativa de la administración, la carga de la prueba recaerá en ella. Sin embargo, como señala el presente artículo ´´para acreditar tal circunstancia, no es necesario que el afectado pertenezca a un grupo determinado´´, es decir, la persona afectada por el trato desigual puede realizar la denuncia individualmente, sin necesidad de pertenecer a un grupo determinado o asociación de consumidores determinada. ARTÍCULO 40°. - Obligación de informar sobre restricciones de acceso o Establecimientos El presente artículo establece que los establecimientos abiertos al público que establezcan restricciones objetivas y justificadas de acceso a sus instalaciones tienen la obligación de informar dichas restricciones a los consumidores, de manera directa, clara y oportuna, en forma previa al acto

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de consumo, mediante la ubicación de carteles o avisos, de manera visible y accesible en el exterior del establecimiento y complementariamente, a través de otros medios de información. Las restricciones no pueden ser redactadas de manera genérica o ambigua. En este artículo, no es que se permitan los actos discriminatorios, simplemente, se está permitiendo que cuando haya restricciones subjetivas y justificadas, estas se deben de informar de manera directa, clara y oportuna. Sin embargo, esto no da derecho a realizar actos discriminatorios, sino lo que se realizar son actos de diferenciación. Es decir, no están permitidos a poner carteles o anuncios discriminatorios que consignen frases como ´´ Nos reservamos el derecho de admisión´´, ´´ Buena presencia´´ y similares. ARTÍCULO 41°. - Trato preferente de gestantes, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad El artículo en comentario establece que el proveedor está en la obligación de garantizar la atención preferente, niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad, en todos los sistemas de atención con que se cuente, debiendo facilitar al consumidor todos los mecanismos necesarios para denunciar el incumplimiento de esta norma bajo responsabilidad. En función al artículo anterior, cabe señalar la diferencia entre discriminación y diferenciación, discriminar, es excluir a una persona por motivos de raza, sexo, nivel socioeconómico, idioma, nacionalidad, discapacidad, preferencias políticas, creencias religiosas, etc. En cambio, diferenciar, indica que, por motivos de edad, empleo, status, etc. Se cobren precios diferenciados, mas no impedir el ingreso al lugar o la obtención del servicio o producto requerido por el consumidor, otra diferenciación es que por motivos de edad no pueda entrar una persona a una discoteca, solo se permite el ingreso a mayores de edad, salvo aquellos lugares, los cuales se encuentran acondicionados para menores de edad. Estas son diferenciaciones mas no discriminación, son reglas establecidas por el establecimiento encaminadas a la seguridad y mejor funcionamiento del local y para el bienestar de todos los consumidores y usuarios. ARTÍCULO 42°. - Información sobre consumidores en centrales privadas de riesgo El artículo en comentario establece que la información sobre consumidores en centrales privadas de riesgo debe de ser conocida por todo consumidor, ya que este tiene derecho a conocer los datos, el contenido y las anotaciones de su historial crediticio registrado en las centrales de riesgo en forma gratuita mediante la visualización en pantalla y cuando lo considere necesario.

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Ley 27589, es la que regula las centrales privadas de información de riesgos y de protección al titular de la información, la ley mencionada define Centrales privadas de información de riesgo como las empresas que en locales abiertos al público y en forma habitual recolecten y traten información de riesgos relacionada con personas naturales o jurídicas, con el propósito de difundir por cualquier medio mecánico o electrónico, de manera gratuita u onerosa, reportes de crédito acerca de estas. No se consideran CEPIRS, para efectos de la presente ley, a las entidades de la administración que tengan a su cargo registros o bancos de datos que almacenan información con el propósito de darle publicidad con carácter general, sin importar la forma como se haga pública dicha información. La Ley tiene como objeto regular el suministro de información de riesgos en el mercado, garantizando el respeto a los derechos de los titulares de la misma, reconocidos por la Constitución Política del Perú y la legislación vigente, promoviendo la veracidad, confidencialidad y uso apropiado de dicha información, por consecuencia, lo que se busca es respeto a los derechos de los titulares de la misma, estos tienen el derecho de saber, gratuitamente, la información contenida en sus bancos de datos y más aún cuando estas hayan sido objeto de rectificación. ARTÍCULO 43°. - Constancia de cancelación de créditos El presente artículo establece que cuando los consumidores cancelan íntegramente una obligación en cualquier entidad financiera o de crédito, tienen derecho a obtener, a su solicitud, un crédito, tienen derecho a obtener, a su solicitud, una constancia de cancelación en forma gratuita por dicha entidad. Pues, el usuario de una determinada entidad financiera o de crédito tiene que tener alguna constancia física de la cancelación de la obligación con estas, pues de lo contrario, estas podría alegar que el usuario aún tiene una deuda con la misma, afectando tanto su economía como su dignidad e integridad, ya que aparecería en INFOCORP, afectando su credibilidad. ARTÍCULO 44°. - Redondeo de precios El presente artículo establece que se encuentra prohibido que los proveedores redondeen los precios en perjuicio del consumidor, salvo que este manifieste expresamente su aceptación al momento de efectuar el pago de producto o servicio. Por ejemplo, antes los supermercados redondeaban el precio y no devolvían los centavos, siendo a favor del supermercado 0.01centavo de sol, la acumulación de estos centavos generaba una gran suma extra a los supermercados, acción que no favorecía al consumidor ya que este tiene derecho a recibir su vuelto completo, sin disminución de este.

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Ahora bien, distinto es cuando se le pregunta al consumidor sí desea donar sus centavos, y si en este caso, el consumidor demuestra su aceptación se hará el donativo. Obstante a ello, para estos efectos, los establecimientos deben contar con carteles que informen en forma destacada el destino de esos donativos o la institución beneficiaria, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que establezca del Indecopi. TÍTULO II CONTRATOS CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 45°. - Contrato de consumo Antes de hablar de lo que implica un contrato de consumo tenemos que tener en claro lo que es una relación de consumo. Se denomina a consumidores o usuarios a las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios, materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional pero no solo debemos enfocarnos en el concepto del consumidor, se quedaría algo corto de contenido sino asociarlo con lo que implica

contrato de

consumo, un ejemplo, el contrato entre un consumidor y un empresario. El artículo establece que el contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestación económica. Entonces, la decisión tomada o pacto voluntario que se haga por dos o más personas, en este caso consumidor o proveedor, será reconocida como contrato porque va a existir una relación jurídica patrimonial. Legislativamente, jurisprudencial y doctrinariamente reconoce la contratación de consumo no como un tipo contractual, sino que tiene sus propias características. El problema radicaría en la asimetría informativa entre las partes. ARTÍCULO 46°. - Integración y vinculación de la oferta, promoción y publicidad El artículo en comentario, establece que la oferta, promoción y publicidad de los productos o servicios se ajusta a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad.

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La finalidad de estas acciones es el promover la contratación del producto. Esta promoción de contratación del producto que se realizar mediante la oferta, promoción y la publicidad del producto puede materializarse a través del simple hecho de destacar algún elemento de la composición del producto que el anunciante considere puede ser percibido como beneficio o ventajoso por el consumidor. Es decir, dicho promoción, oferta y publicidad realizada con el objetivo de que el consumidor o usuario elija dicho producto se adecuara a las características esenciales y distintivas de cada producto de acuerdo a su utilidad y finalidad, así como a las condiciones jurídicas o económicas de la contratación. Es por ello, que el artículo en comentario establece que el contenido de la oferta, promoción o publicidad, las características y funciones propias del producto o servicio y las condiciones y garantías ofrecidas obligan a los proveedores y son exigibles por los consumidores, aun cuando no figuren en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido. ARTÍCULO 47°. - Protección mínima del contrato de consumo Como podemos darnos cuenta la protección del contrato de consumo se inspira y no esta tan alejada de los que nos dice nuestro código civil. Con respecto a la responsabilidad de los proveedores a establecer en los contratos las restricciones o condiciones especiales del producto o servicios deben estar a disposición de los consumidores. El presente artículo establece que debe de existir conformidad en las características del producto comprado por el consumidor por alguna oferta, promociono y la publicidad que el proveedor de acerca del producto. Este artículo establece todas las reglas a seguir para la información de un contrato de consumo, y evitar que el consumidor salga perjudicado y afectado con la misma. Finalmente, se establece que no son exigibles las cláusulas, condiciones, estipulaciones y prácticas que infrinjan el presente artículo. ARTÍCULO 48°. - Requisitos de las cláusulas contenidas en un contrato de consumo por adhesión El artículo en comentario establece los requisitos de las cláusulas contenidas en un contrato de consumo por adhesión. Pero primero habría que entender ¿Qué es un contrato por adhesión? Pues el Código Civil peruano en su artículo 1390 nos dice claramente:

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´´El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por las otras partes, declara su voluntad de aceptar. Nuestro Código civil también contiene lo que son las cláusulas generales, es por eso, que en su Artículo 1392 señala que: “Las cláusulas generales de contratación son aquellas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos”.. Estas cláusulas regulan, principalmente, los contratos de adhesión, estos se dan cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar integrante las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar. CAPÍTULO II CLÁUSULAS ABUSIVAS ARTÍCULO 49°. - Definición de cláusulas abusivas Según la RAE cláusula es cada una de las disposiciones de un contrato, tratado, testamento o cualquier otro documento análogo, público o privado. La noción de cláusula abusiva procede del Derecho Francés y a través de este ha encontrado acogida en el vocabulario del Derecho comunitario, que titula la directiva correspondiente como directiva ´´ Sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores´´. Las cláusulas no negociables individualmente son aquellas cláusulas desequilibradas incluidas en un contrato de negociación individual, las cuales han sido predispuestas por el proveedor e incorporadas en el contrato sin participación del consumidor en el contenido de las mimas. Cláusula abusiva es aquella que se incluye en los contratos y es contraria a la buena fe y al justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes que da en perjuicio del consumidor y no ha sido negociada individualmente entre las dos partes. En las cláusulas o conductas abusivas, el proveedor toma provecho de la ventaja que tiene como tal, perjudicando al consumidor o usuario al causar un notable desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes. El carácter de abusivo de una cláusula hace referencia, no a su naturaleza, sino a su contenido. Larroumet, señala que las cláusulas abusivas son: “La falta de equivalencia entre las

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situaciones de las partes contratantes, una de las cuales se encuentran en una misma situación de desventaja frente a la otra”. ARTÍCULO 50°. - Cláusulas abusivas de ineficacia absoluta Se entiende como acto ineficaz, cuando no es capaz de producir los efectos que le son propios, y su ineficacia está dada por la producción de dichos efectos. Como concepto general, recordemos que los actos jurídicos tienen efecto relativo, o sea, entre las partes, y no afecta a terceros, a menos de las excepciones señaladas. El proveedor no puede unilateralmente, alterar las disposiciones del contrato, puesto que el consumidor firme el contrato con determinadas disposiciones contractuales, pues en su autonomía privada, el consumidor tiene el derecho a definir y aceptar las relaciones de consumo que considere convenientes para sus intereses, sin que medie coacción alguna por parte del proveedor. Finalmente, cabe destacar que el consumidor es libre y no puede ser obligado a realizar actos o cumplir con estipulaciones no acordadas o de las que no tenía conocimiento antes de la celebración del contrato, por lo que, todas las estipulaciones que se consideran cláusulas abusivas mencionadas en el presente artículo, son consideradas de ineficacia absoluta. Lo cual nos sugiere, que se van a tomar como no puestas. COMENTARIO DEL ARTÍCULO 51 Este artículo no detalla los supuestos dónde se aplica la ineficacia relativa de los contratos con cláusulas abusivas, la misma Norma nos dice que estos supuestos no son limitativos, pero son de vital consideración. En el primer compuesto el proveedor que ponga a título oneroso o que no se ajuste al ratón para el ejercicio de los Derechos reconocidos al consumidor en los contratos, será causales de anulabilidad. En el segundo supuesto, los contratos en donde las cláusulas caigan en un abuso donde se permita el proveedor modificar unilateralmente las condiciones y términos de un contrato de duración continuada, en perjuicio del consumidor, a menos que el proveedor obedezca a motivos expresados por él y que el consumidor goce del derecho a desvincularse del mismo sin estar bajo sanción alguna. La norma en este inciso nos dice que no son sujetos a ineficacia relativa las cláusulas de adaptación de los precios a un índice de ajuste legal, y la fijación de tarifas de los servicios públicos sujetos a regulación económica. En el tercer supuesto las cláusulas establezcan la prórroga automática del contrato fijando un excesivamente breve para que al consumidor manifiesta su voluntad de no prorrogarlo. En el cuarto

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supuesto las cláusulas que establezcan cargas económicas con procedimientos confuso y complejos para realizar la reparación del producto no idóneo, o se tenga que realizar algún acto previo con el cual genera alguna incomodidad al consumidor que imposibilite la debida protección y efectivo uso de sus derechos. En el quinto supuesto las cláusulas que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando fue elegido por sus cualidades personales. En el sexto supuesto las cláusulas que establezcan el proveedor pueden cambiar unilateralmente en perjuicio del consumidor el tipo de moneda con la que fue celebrado el contrato están violando claramente el derecho al consumidor. En este sentido el código civil peruano en su Artículo 222 nos da una definición; el acto jurídico anulable o nulidad relativa: es nulo desde su celebración por efecto, de la sentencia que lo declaré. Esta nulidad se pronunciará a petición de parte y no puede ser alegada por otras personas que aquellas en cuyo beneficio lo establece la ley. Son cláusulas abusivas el conjunto de estipulaciones redactadas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de empresas para aplicarlas a todos los contratos que aquella oeste celebren y cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el bien o servicio de que se trate. Con la inclusión de estas cláusulas el proveedor se beneficia por determinados motivos, los cuales no favorecen al consumidor. Cuando el proveedor establece un tiempo excesivamente largo al contrato de consumo, éste, se está asegurando el ingreso fijo de dinero por un determinado tiempo, el cual es pagado por el consumidor por causa del contrato de consumo hay que accedió, En dónde se ata al consumidor o usuario al cumplimiento de esa obligación por un excesivo tiempo. Con lo que el proveedor impide de facto separarse de esa contratación por mejores ofertas que surgen en el mercado y a las que el consumidor de no estar atado a esta contratación podría acceder. De igual manera, se abusa del Poder del proveedor al establecer, cláusulas que determinan que se fijará la prorrogación automática del contrato de consumo, estas se dan cuando el consumidor o usuario no manifieste su voluntad de no prorrogar el contrato mediante la fijación de una fecha límite de la contratación. Una cláusula no puede terminar que el proveedor tiene la facultad de interpretar y modificar unilateralmente un contrato, porque esta iría en contra de los derechos del consumidor ya que el

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proveedor estaría haciendo del contrato lo que a este más le convenga, perjudicando indubitablemente los derechos del consumidor o usuario. Además, en el literal de del artículo 62 de la presente ley, se dispuso que en caso de dudas sobre el sentido de una cláusula prevalezca la interpretación más favorable al consumidor o usuario. Por lo que el proveedor no puede interpretar las cláusulas del contrato según lo que más le favorezca porque la presente ley establece lo contrario. Por ello, también se prohíben aquellas cláusulas en la que establezca cargas económicas o procedimientos engorrosos para efectuar quejas ante el proveedor, así como las que establezcan procedimientos engorrosos para proceder a la reparación del producto no idóneos Supongo en cualquier acto previo o acción por parte del consumidor que imposibilita la debida protección de sus derechos. Pues, no se estaría ejerciendo justicia o ejerciendo un derecho claramente amparado para el consumidor, si se le ponen demasiados obstáculos u onerosidad al mismo. De igual manera, no se permitir a las cláusulas que permitan al proveedor delegar la ejecución de su prestación a un tercero cuando aquel fue elegido por sus cualidades personales. Pues, si una persona contrata los servicios de un proveedor por sus cualidades personales, este, unilateralmente no va a decidir enviar a un tercero para que realices tu trabajo. Ya que el consumidor, no hizo el contrato con el tercero, sino que un proveedor determinado, y más aún, religión por sus cualidades personales, no las cualidades personales del tercero. Lo que busco está artículo, es que no exista desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes y la inclusión de este tipo de cláusula produciría el desequilibrio de los derechos y obligaciones de ambos ya que el proveedor tendría la Facultad de Modificar el contrato unilateralmente, ya que este, no va a modificarlo en beneficio de ambas partes sino en beneficio de este. Estas son cláusulas que hacen notar claramente el desequilibrio en derechos y obligaciones de las partes, ya que, si el proveedor no cumple con sus obligaciones señaladas en el contrato, el consumidor tiene la potestad de mandarlo por incumplimiento de contrato y dar fin a la contratación con el proveedor además de aplicarle las cláusulas personales, en caso de que hubiera, y pedir una indemnización por daños y perjuicios. Por lo que el consumidor no tiene obligación de cumplir con este tipo de cláusulas. COMENTARIO DEL ARTÍCULO 52: En este artículo se establece la inaplicación de las cláusulas abusivas, es decir, establece que las cláusulas mencionadas anteriormente no serán aplicables, por lo que no tendrán validez en el contrato

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y no serán de obligatorio cumplimiento para el consumidor, puesto que limitan, omiten o disminuyen los derechos del consumidor. Por ello, el inciso 1 del presente artículo establece que las cláusulas abusivas ineficaces a qué se refiere el presenté Código son inaplicables por la autoridad administrativa. Entendiéndose por autoridad administrativa en este caso a Indecopi como tal se establecen el decreto 1033. “decreto legislativo que aprueba la ley de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual, Indecopi” CAPITULO 3 COMENTARIO ARTÍCULO 53 Las cláusulas generales de contratación van aquellas redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general o abstracta, con el objetivo de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con elementos propios de ellos. En conclusión, estas cláusulas generales de contratación, se regirán en base a las estipulaciones determinadas en la presente Ley o las del Código Civil. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 54 El artículo en comentario establece las reglas a seguir para la aprobación de cláusulas generales de contratación. El decreto de urgencia N° 061-2010, el cual determina los alcances de la Ley N° 29571 “Código de protección y defensa del consumidor”, establece que este inciso está referido únicamente a los contratos de consumo celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos sujetos a regulación económica. En el inciso 2, se establece que, en el caso de los contratos de consumo celebrados por empresas sometidas a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras privadas de fondos de pensiones, la aprobación administrativa de cláusulas generales de contratación corresponde a dicha entidad, conforme a la ley de la materia. La superintendencia es una institución autónoma y con persona jurídica de derecho público cuyo ámbito de acción, funcionamiento y atribuciones son establecidos por la Constitución Política del Perú, la Ley General, la Ley del Sistema Privado de pensiones y la ley que regula las competencias, atribuciones y funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Cuya finalidad es defender

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los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control; velando por que se cumplan las normas legales, reglamentarias y estatutarias que las rigen, ejerciendo para ello el más amplio control de todas sus operaciones y negocios, además de denunciar penalmente la existencia de personas naturales y jurídicas que, sin la debida autorización ejerzan las actividades señaladas en la Ley General y la Ley del Sistema Privado de Pensiones, procediendo a la clausura de sus locales y , de acuerdo a sus competencias específicas con el desarrollo del sistema de prevención de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como de regular, supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar a las Asociaciones de Fondos Contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT), a fin de garantizar el pago oportuno de las indemnizaciones, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Ley N° 27181 y en su reglamento. COMENTARIO ARTICULO 55 El artículo en comentario establece que la autoridad sectorial difunde en un lugar destacado de su portal institucional y, en su caso, a través de otros medios de difusión, las cláusulas generales de contratación aprobadas administrativamente y las cláusulas abusivas identificadas. El artículo 65 de la constitución política del Perú, prescribe que: El estado depende de intereses de consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho de información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población. Son las autoridades las que tienen el deber de orientar, ayudar e influenciar a los consumidores acerca de sus derechos, para que estos no sean vulnerados por los proveedores que se aprovechan de la falta de información de los consumidores. Es por ello que el presente artículo protege a los consumidores colocando mediante distintos medios, las cláusulas generales de contratación, así como las cláusulas abusivas. Estas autoridades, tienen que orientarnos e informarnos para lograr un equilibrio de la relación de consumo, en la cual, los consumidores salimos perjudicados, la mayoría de las veces. Y esto, debido a que no estamos adecuadamente informados acerca de nuestros derechos y las obligaciones y deberes que deben cumplir los proveedores en el momento ene l cual nos ofrecen un producto o servicio, en el momento en que se ejecuta la relación de consumo y posterior a esa. Por lo mismo, en el presente artículo, agrega que, el INDECOPI mantiene enlaces en su portal institucional con las direcciones electrónicas de las autoridades sectoriales competentes en donde publiquen esa información.

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TITULO III ARTÍCULO 56: MÉTODOS COMERCIALES ABUSIVOS Antes de habla en sí de medios comerciales coercitivos hay que tomar en cuenta que existe un derecho de libre elección del consumidor que a lo largo de la historia se ha venido desarrollando paulatinamente en un primer momento por el discurso del presidente de los EE.UU JOHN F. KENNEDY (15-03-62) en donde artículo el concepto de derechos de los consumidores en su mensaje histórico al congreso de su país donde exclamo: “derecho de elegir libremente entre una variedad de productos y servicios precios competitivos”. Posteriormente se dieron las matrices de las naciones unidas para la protección al consumidor. En nuestra legislatura en un primer momento se da la Ley de protección del consumidor (D.LEG 716) en su artículo 5: en los términos establecidos en el presente D.L, los consumidores tienen los siguientes derechos: (…) c) derecho a acceder a una variedad de productos y servicios, valorativamente competitivos, que les permitan libremente elegir los que deseen. Posteriormente se da en el código de protección y defensa del consumidor en el artículo 1: Derecho a elegir libremente entre productos y servicio idóneos y de calidad, conforme a la normativa persistente, que se ofrezcan ene le mercado, y a ser informado por el proveedor sobre los que cuenta. El derecho a la libre elección ha sido consagrado en diversas legislaciones e instrumentos internacionales con el trascurso de los años y reconocidos como no de los derechos básicos del consumidor. Por lo mismo se habla de este derecho y el rol activo del consumidor ene le mercado, consagra que son los propios consumidores quienes en virtud de su autonomía privada deciden: -

Que productos o servicios adquieren o contratan, y bajo qué términos.

-

Conforme a sus particulares intereses y necesidades.

-

Lo anterior genera que se adopten decisiones de consumo eficientes en el mercado. Afectaciones al derecho de libre elección, los proveedores no pueden:

-

Arrogarse entablar una relación de consumo que solo le compete al consumidor.

-

Obligar al consumidor a adquirir determinados servicios o productos.

-

Ejercer prácticas que mermen de manera significativa su libertad de elección, a través de figuras como el acoso, la coacción, la influencia indebida o el dolo.

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Cabe señalar que el consumidor es libre y no puede ser obligado a realizar actos o cumplir con estipulaciones no acordadas o de las que no tenía conocimiento antes de la celebración del contrato, por lo que, todas las estipulaciones que se consideren cláusulas abusivas mencionadas en el presente artículo, son consideradas de ineficacia absoluta. Lo cual nos sugiere, que se van a tomar como no puestas. CAPITULO II ARTÍCULO 58: MÉTODOS COMERCIALES AGRESIVOS O ENGAÑOSOS Se considera engañosa toda práctica comercial que contiene información falsa o que carezca de veracidad o si la información, aun cuando sea correcta en cuanto a los hechos, puede inducir a error al consumidor. Dicha información es la que afecta principalmente a: -

La existencia o la naturaleza del producto.

-

Las características principales del producto

-

El precio, el compromiso de los comerciantes, el precio de venta.

-

La necesidad de un servicio o de una reparación.

-

El comerciante

-

Los derechos del consumidor en venta de bienes de consumo Prácticas comerciales agresivas Las decisiones sobre transacciones de los consumidores deben ser libres. No pueden tomarse tras utilizar el acoso, la coacción o la influencia indebida…” Así deben tomarse en consideración varios elementos para determinar sanciones:

-

La naturaleza y la duración de la practica agresiva.

-

El posible empleo del lenguaje o un comportamiento amenazante o insultante.

-

La explotación de una circunstancia especifica que afecte al consumidor para influir en su decisión.

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Las condiciones no contractuales impuestas al consumidor para ejercitar sus derechos contractuales.

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ARTÍCULO 59: Este artículo establece que el consumidor tiene derecho a la restitución inmediata de las prestaciones materia del contrato de consumo en aquellos casos en que el proveedor haya incurrido en alguna de las prácticas indicadas en el artículo 58, cualquiera sea la modalidad de contratación empleada. El derecho de la restitución es el derecho que tiene todo consumidor de que se le restituya la contraprestación realizada por el contrato de un producto. Sin embargo, el presente artículo no establece que este derecho lo podrá ejercer el proveedor en todos los casos, sino únicamente cuando se cumplan los supuestos del artículo 58. Es decir, cuando el proveedor ejerza prácticas comerciales que importen crear la impresión de que el consumidor ya ha ganado, que ganará o conseguirá, si realiza un acto determinado, un premio o cualquier otra ventaja equivalente cuando, en realidad: (i) tal beneficio no existe o, (ii) la realización de una acción relacionada con la obtención del premio o ventaja equivalente está sujeta a efectuar un pago o incurrir en un gasto: las que el cambio de la información originalmente proporcionada al consumidor al momento de celebrarse la contratación, sin el consentimiento expreso e informado del consumidor. Cabe destacar, que el presente artículo establece que este derecho, se considera válidamente ejercido cuando el consumidor comunique fehacientemente al proveedor sobre ello y proceda a la devolución de os productos recibidos o solicite la interrupción de los servicios contratados. CAPITULO III ARTÍCULO 61: MÉTODOS ABUSIVOS EN EL COBRO El presente artículo establece que el proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes y que se prohíbe el uso de métodos de cobranza que afecten. a)

La reputación del consumidor

b)

Que atenten contra la privacidad de su hogar

c)

Que afecten en sus actividades laborales

d)

Su imagen ante terceros TITULO V

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RESPONSABILIDAD Y SANCIONES CAPITULO I RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR Derechos de los consumidores, derechos del consumidor frente a los defectos en la cantidad pagos en exceso ARTÍCULO 100°. - RESPONSABILIDAD CIVIL “El proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas, reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente código y otras normas complementarias de protección al consumidor.” COMENTARIO El presente artículo establece que el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del código civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas, reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente código y otras normas complementarias de protección al consumidor. La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño causado a otro, o sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, (normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios). Diez- Picazo define la responsabilidad como “la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido”. Aunque normalmente la persona que responde es la autora del daño, es posible que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, caso en el que se habla de “responsabilidad por hechos ajenos”, como ocurre, por ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños causados por sus hijos, o al propietario del vehículo de los daños causados por el conductor con motivo de circulación. ARTÍCULO 102°. - DEFINICIÓN DE PRODUCTO DEFECTUOSO “Definición de producto defectuoso Es producto defectuoso el que no ofrece la seguridad a la que las personas tienen derecho, tomando en consideración las circunstancias relevantes, tales como:

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a. El diseño del producto. b. La manera en la cual el producto ha sido puesto en el mercado, incluyendo su apariencia, el uso de cualquier marca, la publicidad referida al mismo y el empleo de instrucciones o advertencias. c. El uso previsible del producto. d. Los materiales, el contenido y la condición del producto.” COMENTARIO El presente artículo establece que es producto defectuoso el que no ofrece seguridad a la que las personas tienen derecho, tomando en consideración las circunstancias relevantes, tales como: -El diseño del producto. -La manera en la cual el producto ha sido puesto en el mercado, incluyendo su apariencia, el uso de cualquier marca, la publicidad referida al mismo y el empleo de instrucciones o advertencias. -El uso previsible del producto, -Los materiales, el contenido y la condición del producto ARTÍCULO 103° DAÑOS INDEMNIZABLES “La indemnización comprende todas las consecuencias causadas por el defecto, incluido el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral.” COMENTARIO El presente artículo establece que la indemnización comprende de todas las consecuencias causadas por el defecto, incluido el daño emergente, el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Se establecen disposiciones de responsabilidad civil, por los daños que el empresario proveedor causa a los consumidores en la comercialización de sus bienes y servicios. Existen tres clases de defectos en los productos: defectos de diseño, defectos de fabricación y defectos en la comercialización. Generalmente, la responsabilidad por producto defectuoso es considerada como un daño de “responsabilidad objetiva”. Los daños por responsabilidad objetiva no dependen del grado de descuido por parte del acusado. Traducido en los términos correspondientes a la responsabilidad por producto

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defectuoso, un acusado es responsable cuando se demuestra que el producto es efectivamente defectuoso. Es irrelevante el hecho que el fabricante o proveedor hubieran realizado sus tareas con extremo cuidado, si existe en el producto un defecto que causa daño, él o ella serán responsables por este último. En su mayoría, leyes relacionadas a la responsabilidad por producto defectuoso se pueden encontrar en el derecho consuetudinario relativo al derecho de responsabilidad civil (leyes estatales establecidas por el juez) y en el código Comercial Uniforme (UCC por sus siglas en inglés). El artículo 2 del UCC se relaciona a la venta de bienes y ha sido adoptado por la mayoría de los estados. En dicho artículo, las secciones de mayor importancia en relación a la responsabilidad por producto defectuoso constituyen las garantías de comerciabilidad implícitas y expresas relacionadas a la venta de bienes. CAPÍTULO III RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ARTÍCULO 104°. -RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROVEEDOR “El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.” COMENTARIO El artículo en comentario establece que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. ARTÍCULO 105°. - AUTORIDAD COMPETENTE

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“El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley. Para la cobertura a nivel nacional el Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, puede constituir órganos resolutivos de procesos sumarísimos de protección al consumidor o desconcentrar la competencia de la Comisión de Protección al Consumidor en las comisiones de las oficinas regionales que constituya para tal efecto; crear comisiones adicionales o desactivarlas conforme lo justifique el aumento o disminución de la carga procesal; o celebrar convenios con instituciones públicas debidamente reconocidas para, de acuerdo a sus capacidades, delegarle facultades o las de secretaría técnica. La delegación está sujeta a las capacidades de gestión requeridas para ello, la coparticipación en el desarrollo de las mismas, la factibilidad de la mejora en la atención y otros criterios relevantes sobre el particular.”

COMENTARIO El presente artículo establece que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente código, así como para imponer las sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo por norma expresa con rango de ley. La competencia, en derecho administrativo, es un concepto que se refiere a la titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee un órgano administrativo. Se trata, pues, de una circunstancia subjetiva del órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades públicas, será competente.

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ARTÍCULO 106°. - PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL INDECOPI “El Indecopi tiene a su cargo los siguientes procedimientos: a. Procedimientos sancionadores: (i) Por infracción a las normas de protección al consumidor. (ii) Por incumplimiento de acuerdo conciliatorio o de laudo arbitral. (iii) Procedimiento administrativo sancionador por: 1.- Proporcionar información falsa u ocultar, destruir o alterar información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido durante la tramitación de un procedimiento. 2. Negativa injustificada a cumplir un requerimiento de información efectuado. 3. Denuncia maliciosa. b. Procedimientos sancionadores por incumplimiento de mandatos: (i) Por incumplimiento de medidas correctivas. (ii) Por incumplimiento de pago de costas y costos del procedimiento. (iii) Por incumplimiento de mandato cautelar. c. Procedimiento de liquidación de costas y costos del procedimiento De manera supletoria, en todo lo no previsto en el presente Código y en las disposiciones especiales, es aplicable a los procedimientos administrativos anteriormente señalados, la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” COMENTARIO El procedimiento prevé dos fases: la instructora y la sancionadora. En la primera fase, la administración da audiencia a la persona interesada para que pueda alegar y proponer la práctica de aquellas pruebas que considere conveniente para su defensa, siempre en relación con los hechos que se le imputan. En la fase sancionadora (o más bien resolutiva, ya que el expediente puede acabar sin sanción), el órgano competente dicha resolución, sancionando, si han quedado acreditados los hechos imputados, o sobreseyendo y archivando el expediente en caso contrario.

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El presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los hechos que se le imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción. En todo el procedimiento, la persona imputada goza de la presunción de inocencia y es la administración la que tiene la carga de probar la comisión de la infracción, si bien es cierto que los hechos constatados por funcionarios tienen valor probatorio (pero no de carácter absoluto: se puede destruir dicha presunción con otras pruebas). Otra garantía del procedimiento es la caducidad del expediente administrativo: la administración ha de dictar la resolución que pone fin al expediente en un determinado plazo, fijado normalmente por la normativa sectorial. Si no lo hace, el expediente ha caducado y ya no puede dictar resolución sancionadora, si bien podrá iniciar otro expediente distinto si la infracción no ha prescrito. ARTÍCULO 107.- POSTULACIÓN DEL PROCESO “Los procedimientos sancionadores se inician de oficio, bien por propia iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del que potencialmente pudiera verse afectado, o de una asociación de consumidores en representación de sus asociados o apoderados o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores. En este último caso, la asociación de consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto. Tanto el consumidor constituido como parte como el tercero legitimado pueden participar en el procedimiento e interponer los recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra resolución impugnable que les produzca agravio.” COMENTARIO El presente artículo establece que los procedimientos sancionadores se inician de oficio, bien por propio iniciativa de la autoridad, por denuncia del consumidor afectado o del potencialmente pudiera verse afectado, o de una asociación de consumidores en representación de sus asociados o apoderados o en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores actúa como tercero legitimado sin gozar de las facultades para disponer derechos de los consumidores afectados, salvo de sus asociados o de las personas que le hayan otorgado poder para tal efecto. A demás, señala que tanto el consumidor constituido como parte como el tercero legitimado pueden participar en el procedimiento e interponer los recursos contra la resolución que deniegue el inicio del procedimiento y contra cualquier otra resolución impugnable que les produzca agravio.

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El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir unos cauces formales, más o menos escritos, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos. El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el ciudadano de que la Administración no va a actuar de modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto no va a general indefensión. ARTÍCULO 108.- INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS “Constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complementen o sustituya.”

COMENTARIO El presente artículo establece que constituye infracción administrativa la conducta del proveedor que transgrede las disposiciones del presente Código, tanto si ello implica violar los derechos reconocidos a los consumidores como incumplir las obligaciones que estas normas imponen a los proveedores. También son supuestos de infracción administrativa el incumplimiento de acuerdos conciliatorios o de laudos arbitrales y aquellos previstos en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, y en las normas que lo complemente o sustituyan, Una infracción supone una transgresión o incumplimiento de una norma legal, moral o convención, y puede referirse a: -

Infracción o multa de tránsito.

-

Delito

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Falta Las sanciones administrativas son una clase de acto administrativo que consiste en una privación de derechos como consecuencias de una conducta ilícita del administrado. Han sido definidas como cualquier mal infringido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a resultado de un procedimiento administrativo, y con una finalidad puramente represora. ARTÍCULO 109.- MEDIDAS CAUTELARES “En cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de parte, el Indecopi puede, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva: a. La cesación de los actos materia de denuncia. b. El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y de cualquier otro bien que sea materia de denuncia. c. La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia. d. El cierre temporal del establecimiento del denunciado. e. Cualquier otra medida que tenga por objeto evitar que se produzca algún perjuicio derivado del acto denunciado o que tenga como finalidad la cesación de este. El Indecopi puede, de considerarlo pertinente, ordenar una medida cautelar distinta a la solicitada por la parte interesada. En caso de existir peligro actual o inminente si es que no se adoptan las medidas cautelares correspondientes, el secretario técnico puede imponerlas, con cargo a dar cuenta inmediatamente a la comisión. La comisión ratifica o levanta la medida cautelar impuesta. El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos en materia de protección al consumidor goza también de la facultad de ordenar medidas cautelares.” COMENTARIO El presente artículo establece que, en cualquier etapa del procedimiento, de oficio o a pedido de la parte, el Indecopi pueden dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar una o varias de las mencionadas medidas cautelares destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Las normas del procedimiento establecen que, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello.

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Algunas legislaciones establecen que, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar las medidas correspondientes en los supuestos previstos expresamente por una norma con rango de Ley. En este caso, las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse dentro de un plazo posterior a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas. Por otro lado, no se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas provisionales podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento, de oficio o instancia de parte, en virtud de circunstancias sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción. En todo caso, se extinguirán con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. ARTÍCULO 110.- SANCIONES ADMINISTRATIVAS “El Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas a que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera: a. Infracciones leves, con una amonestación o con una multa de hasta cincuenta (50) UIT. b. Infracciones graves, con una multa de hasta ciento cincuenta (150) UIT. c. Infracciones muy graves, con una multa de hasta cuatrocientos cincuenta (450) UIT. En el caso de las microempresas, la multa no puede superar el diez por ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la resolución de primera instancia, siempre que se haya acreditado dichos ingresos, no se encuentre en una situación de reincidencia y el caso no verse sobre la vida, salud o integridad de los consumidores. Para el caso de las pequeñas empresas, la multa no puede superar el veinte por ciento (20%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, conforme a los requisitos señalados anteriormente. La cuantía de las multas por las infracciones previstas en el Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, se rige por lo establecido en dicha norma, salvo disposición distinta del presente Código. Las sanciones administrativas son impuestas sin perjuicio de

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las medidas correctivas que ordene el Indecopi y de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.” COMENTARIO El presente artículo estable que el Indecopi puede sancionar las infracciones administrativas que se refiere el artículo 108 con amonestación y multas de hasta cuatrocientos cincuenta (450) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), las cuales son calificadas de la siguiente manera: La sanción es un término, en Derecho, que tiene varias acepciones. En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas leves (por ejemplo, prohibiciones para ejercer cargos). Por el mismo motivo, comúnmente se suele relacionar la expresión sanción con la Administración Pública (sanciones y administrativas) y el término pena se deja para el ámbito del Derecho Penal. En segundo lugar, se llama sanción al acto formal mediante el cual el jefe de Estado se da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto.

ARTÍCULO 111.- RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES “Excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas que ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. En los casos referidos en el primer párrafo, además de la sanción que, a criterio del Indecopi, corresponde imponer a los infractores, se puede imponer una multa de hasta cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos de dirección o administración según se determine su responsabilidad en las infracciones cometidas.” COMENTARIO

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El presente artículo establece que excepcionalmente, y atendiendo a la gravedad y naturaleza de la infracción, las personas ejerzan la dirección, administración o representación del proveedor son responsables solidarios en cuanto participen con dolo o culpa inexcusable en el planeamiento, realización o ejecución de la infracción administrativa. En la economía moderna los administradores de sociedades son los principales agentes económicos; la racionalidad del sistema se encuentra hoy concentrada en lo que se ha denominado “tecno estructura”. Estos nuevos agentes que son los administradores intervienen en el mercado con un altísimo poder de decisión y con un extenso ámbito de influencia. Sus decisiones, en efecto, afectan no sólo sus propios intereses, sino a las sociedades donde se desempeñan, a los socios, a los trabajadores, y, en general, a todo el conglomerado social. Esta circunstancia, aunada a las gigantescas crisis empresariales de los últimos años, justifica que el ordenamiento jurídico establezca para ellos reglas especiales u estrictas de responsabilidad. A tal efecto, la Ley ha construido todo un “régimen de los administradores” que se encarga de definir quiénes pueden considerarse como tales, cuáles son sus deberes de conducta y cuáles los elementos especiales de la responsabilidad que los compromete. Igualmente, como mecanismo novedoso, la Ley ha consagrado la acción social de responsabilidad, como herramienta que permite la recuperación del patrimonio social cuando el mismo se ve afectado por la conducta negligente de un administrador. ARTÍCULO 113.- CÁLCULO Y REBAJA DEL MONTO DE LA MULTA CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Para calcularse el monto de las multas a aplicarse, se utiliza el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. Las multas constituyen en su integridad recursos propios del Indecopi, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156. La multa aplicable es rebajada en un veinticinco por ciento (25%) cuando el infractor cancele el monto de la misma con anterioridad a la culminación del término para impugnar la resolución que puso fin a la instancia y en tanto no interponga recurso alguno contra dicha resolución. El monto de las multas se va a calcular en base a la UIT. Según el Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias, entre otros, que asciende a la fecha es S/. 3800 con periodicidad anual, de acuerdo D.S. 304-2013 EF publicada el 12-12-2013. Este valor es referencia a la fecha de pago efectivo o en la fecha que se haga efectiva la cobranza coactiva. ARTÍCULO 114.- MEDIDAS CORRECTIVAS

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Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias. Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte. Las legislaciones establecen que los actos de las Administraciones Publicas sujetos al Derecho administrativo son inmediatamente ejecutivos. A tal fin las Leyes establecen distintos medios de ejecución forzosa cuando los particulares no cumplen voluntariamente lo establecido en el acto administrativo. APREMIO SOBRE EL PATRIMONIO. Es el procedimiento de cobro de la Administración de las cantidades liquidad adecuadas a la misma y que no han sido abonadas voluntariamente. Se trata de una situación que se aplica especialmente, aunque no exclusivamente, en materia tributaria. Requiere que se expida el certificado de descubierto, el embargo de los bienes del deudor y la subasta pública de los mismos. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA. Es la realización por la Administración, o a través de personas que se determinen por la misma, de actos que imponen obligaciones de hacer y que no sean personalísimos, ante el incumplimiento del sujeto obligado. Este procedimiento, concretamente se prevé para el restablecimiento de la legalidad urbanística, con la ejecución de una obra por parte de la Administración o de empresa contratada.

MULTA COERCITIVA. Que es la imposición de multas reiteradas en lapsos de tiempo para obligar a cumplir lo ordenado. Esta imposición de multas está reservada a los actos personalísimos en que no quepa la compulsión directa, o no sea conveniente o cuya ejecución el obligado pudiera encargar a un tercero. Las multas son compatibles con las sanciones administrativas. COMPULSIÓN SOBRE LAS PERSONAS.

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Es en los casos en los que se obliga a la realización física de un acto. Dado que roza los derechos constitucionales, la Ley impone que se respeten los mismos y que la compulsión esté autorizada por Ley. La obligación ha de ser personalísima de hacer o no hacer. ARTÍCULO 117.- MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO DE MANDATOS “Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.” ARTÍCULO 118.- MULTAS COERCITIVAS POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE COSTAS Y COSTOS “Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.” ARTÍCULO 119.- REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES “El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.” COMENTARIO El presente artículo establece que el Indecopi lleva un registro de infracciones sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transferencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los

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proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. Además, señala que la información de registro es de acceso público y gratuito. Mediante Decreto Supremo N° 029-2011 se aprueba el Reglamento del registro de Infracciones y Sanciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor en el cual nos dice: ARTÍCULO 120.- COMISO DE PRODUCTOS Y DESTINO DE LOS MISMOS “En el caso de que se ordene el comiso de productos, sea de manera provisional o definitiva, estos son depositados en el lugar que, para el efecto, señale el Indecopi, por cuenta, costo y riesgo del infractor, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la diligencia. El depositario, al aceptar el cargo, es instruido de sus obligaciones y responsabilidades. Los gastos incurridos por el accionante para el comiso de productos son considerados costas del procedimiento. Consentida la resolución de primera o segunda instancia, o confirmada esta por el Poder Judicial, los productos comisados son adjudicados por el Consejo Directivo del Indecopi a entidades estatales que desarrollan labores o programas de apoyo social, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sus unidades ejecutoras, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad o a instituciones privadas sin fines de lucro o a actividades benéficas, las que deben garantizar que dichos productos no sean comercializados. En caso de atentar contra la salud o el orden público, los productos deben ser destruidos.” COMENTARIO El presente artículo establece que en el caso de que se ordene el comiso de productos, sea de manera provisional o definitiva a, estos son depositados en el lugar que, para el efecto, el Indecopi, por cuenta, costo y riesgo del infractor, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la diligencia. El depositario, a las cargo, es instruido de sus obligaciones y responsabilidades. Los gastos incurridos por el accionante el comiso de productos son considerados costas del procedimiento. A demás, señala que consentía la resolución de primera o segunda instancia, o confirmada está por el Poder Judicial, los productos comisados son adjudicados por el Consejo Directivo del Indecopi a entidades estatales que desarrollan labores o programa de apoyo social, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sus unidades ejecutoras, el Consejo Nacional para la integración de la persona con Discapacidad o al de tu Sion es privada sin fines de lucro o actividades benéficas, las que deben garantizar que dichos productos no sean comercializados. En caso de atentar contra la salud o el orden público, los productos deben ser destruidos.

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La confiscación, comiso decomiso, en derecho, es el acto de incautar o privar de las posesiones o bienes sin compensación, pasando ellas al erario público. En sentido estricto o, por lo general se entiende que la confiscación es una pena principal consistente en la privación de bienes, mientras que el comiso o decomiso es la pena accesoria que supone la pérdida privación de los efectos o productos del delito y de los instrumentos con que éste se cometió. El término decomiso también se utiliza para designar las cosas que han sido objeto de comiso. Habitualmente, los artículos y legales, como los narcóticos o armas de fuego y las ganancias de la venta de este tipo de mercancías pueden ser confiscadas por la autoridad competente como la policía. ARTÍCULO 121.- PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA “Las infracciones al presente Código prescriben a los dos (2) años contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una infracción continuada. Código de Protección y Defensa del Consumidor Para el cómputo del plazo de prescripción o su suspensión se aplica lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.” COMENTARIO El presente artículo establece el plazo de prescripción de la infracción administrativa. Prescripción puede referirse a: Prescripción, en el Derecho, es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas. ARTÍCULO 122.- PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN “La acción para que la autoridad administrativa pueda exigir el cumplimiento de las sanciones impuestas por infracciones al presente Código prescribe a los tres (3) años contados desde el día siguiente a aquel en que la resolución por la que se impone la sanción queda firme. Interrumpe la prescripción de la sanción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución coactiva. El cómputo del plazo se vuelve a iniciar si el procedimiento de ejecución coactiva permanece paralizado durante más de treinta (30) días hábiles por causa no imputable al infractor. La prescripción se suspende cuando se haya dictado una medida cautelar o concurra cualquier otra situación equivalente que impida el inicio o suspenda el procedimiento de ejecución coactiva.”

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COMENTARIO El presente artículo establece la prescripción de la sanción. La prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos de las cosas ajenas. ARTÍCULO 123.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN POR LA AUTORIDAD “El secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi están facultados para reunir información relativa a las características y condiciones de los productos o servicios que se expenden en el mercado, con el objeto de informar al consumidor para permitirle tomar una adecuada decisión de consumo. Los procedimientos seguidos ante el Indecopi tienen carácter público. En esa medida, el secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi se encuentran facultados para disponer la difusión de información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente en atención a los intereses de los consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales.” COMENTARIO El presente artículo establece que este detalle técnico y la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi están facultados para reunir información relativa a las características y condiciones de los productos o servicios que se expande en el mercado con el objeto de informar al consumidor para permitirle a tomar una adecuada decisión de consumo. Además, agrega que los procedimientos seguidos ante le indicó pi tienen carácter público. En esa medida, el secretario técnico y la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi se encuentran facultados para disponer de difusión información vinculada a los mismos, siempre que lo consideren pertinente en atención a los intereses de los consumidores afectados y no constituya violación de secretos comerciales o industriales ARTÍCULO 124°. - ÓRGANOS RESOLUTIVOS DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “A efectos de establecer un procedimiento especial de protección al consumidor de carácter célere o ágil para los casos en que ello se requiera por la cuantía o la materia discutida, el Consejo Directivo del Indecopi crea órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, que se encuentran adscritos a las sedes de la institución a nivel nacional u oficinas regionales en las

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que exista una Comisión de Protección al Consumidor o una comisión con facultades desconcentradas en esta materia.” COMENTARIO Un procedimiento es el modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, investigación, o estudio correctamente. Y puede referirse a: -

Subrutina en programación. Procedimiento efectivo en teoría de la computación. Procedimiento administrativo. Procedimiento de gestión de calidad. Procedimiento judicial. Procedimiento pedagógico. Procedimiento médico. El presente artículo establece que a efectos de implementar un procedimiento que permita proteger al consumidor de forma rápida para los casos que ello se requiera por la cuantía o materia discutida, el Consejo Directivo del Indecopi crea órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, que se encuentran adscritos a las sedes de la institución a novel nacional u oficinas regionales en las que exista una Comisión de Protección al Consumidor o una comisión que tenga facultades desconcentradas en esta materia, aclarado el panorama de las competencia resulta necesario mencionar que mediante Decreto Supremo B°110-2010-PCM “Aumento del proceso sumarísimo en materia de protección al consumidor en el TUPA del Indecopi”. Se da la resolución de la presidencia del Consejo Directivo del Indecopi N.º 159-2010- Indecopi se aprueba N°004-2010/ DIRCOD-INDECOPI “Reglas Complementarias aplicables al Procedimiento sumarísimo en materia de protección al consumidor”. ARTÍCULO 125.- COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DE PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “Cada órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos de protección al Consumidor es competente para conocer, en primera instancia administrativa, denuncias cuya cuantía, determinada por el valor del producto o servicio materia de controversia, no supere tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); así como aquellas denuncias que versen exclusivamente sobre requerimientos de información, métodos abusivos de cobranza y demora en la entrega del producto, con independencia de su

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cuantía. Asimismo, es competente para conocer, en primera instancia, denuncias por incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e incumplimiento y liquidación de costas y costos. No puede conocer denuncias que involucren reclamos por productos o sustancias peligrosas, actos de discriminación o trato diferenciado, servicios médicos, actos que afecten intereses colectivos o difusos y los que versen sobre productos o servicios cuya estimación patrimonial supera tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o son inapreciables en dinero. La Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi o la comisión con facultades desconcentradas en esta materia, según corresponda, constituye la segunda instancia administrativa en este procedimiento sumarísimo, que se tramita bajo las reglas establecidas por el presente subcapítulo y por la directiva que para tal efecto debe aprobar y publicar el Consejo Directivo del Indecopi. Excepcionalmente, hay lugar a recurso de revisión ante la Sala competente en materia de protección al consumidor del Tribunal del Indecopi, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley núm. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Su finalidad es revisar si se han dejado de aplicar o aplicado erróneamente las normas del presente Código, o no se han respetado los precedentes de observancia obligatoria por ella aprobados. El plazo para formular este recurso es de cinco (5) días hábiles y su interposición no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que la Sala en resolución debidamente fundamentada disponga lo contrario.” COMENTARIO En este artículo se detalla la competencia con la cual se va a dar cada procedimiento sumarísimo que la presente ley señala, en razón de una multa si se haya culpable de la al código de protección y defensa del consumidor. También aplica para conocer, en primera instancia, denuncias por incumplimiento de medida correctiva, incumplimiento de acuerdo conciliatorio e incumplimiento y liquidación de costas y costos. Pero en primera instancia no se puede conocer denuncias que superen en patrimonio a 3 UIT. ARTÍCULO 126°. - REGLAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SUMARÍSIMO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “El procedimiento sumarísimo que establece el presente subcapítulo desarrolla su trámite de conformidad con las siguientes reglas: a. Debe tramitarse y resolverse en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles por instancia, en observancia de las normas que establece el presente Código, incluyendo las que prevén infracciones y habilitan la imposición de sanciones, multas y medidas correctivas siendo de aplicación supletoria

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las disposiciones del Procedimiento Único previsto en el Título V del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi en todo aquello que no contradiga su naturaleza y celeridad. b. Las partes únicamente pueden ofrecer medios probatorios documentales, sin perjuicio de la facultad de la autoridad para requerir, de oficio, la actuación de algún medio probatorio de naturaleza distinta. c. La resolución de la correspondiente comisión o, de ser el caso, del Tribunal da por agotada la vía administrativa.” COMENTARIO El artículo anterior establece Competencia de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, y el presente artículo establece las reglas para la tramitación del procedimiento sumarísimo de protección al consumidor. El procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento tiene por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir unos cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico y que esta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos. El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el ciudadano de que la administración no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, procedimiento que por otra parte del administrado puede conocer y que por tanto no va a general indefensión. ARTÍCULO

127.-

DESIGNACIÓN

DEL

JEFE

DE

LOS

ÓRGANOS

RESOLUTIVOS

DE

PROCEDIMIENTOS SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR “El Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentra a cargo de un jefe, que cuenta con autonomía técnica y funcional, que es designado por el Consejo Directivo del Indecopi y que resuelve en primera instancia administrativa los procedimientos sumarísimos iniciados a pedido de parte, de conformidad con la presente disposición. Para su

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designación y remoción son de aplicación las normas del Decreto Legislativo núm. 1033, que regulan la designación y vacancia de los comisionados. Las demás disposiciones procedimentales que resulten necesarias son aprobadas por el Consejo Directivo del Indecopi, quedando su presidente facultado para adoptar las acciones administrativas y de personal que se requieran para la implementación y funcionamiento de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, a nivel nacional.” COMENTARIO El presente artículo establece que el órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor se encuentra a cargo de un jefe, que cuenta con autonomía técnica y funcional, que es designado por el Consejo Directivo del Indecopi y que resuelve en primera instancia administrativa los procedimientos sumarísimos iniciados a pedido de parte, de conformidad con la presente disposición. Para su designación y remoción son de aplicación las normas del Decreto Legislativo Núm. 1033, que regulan la designación y vacancia de los comisionados. Y agrega que las demás disposiciones procedimentales que resultan necesarias son aprobadas por el Consejo Directivo del Indecopi, quedando su presidente facultado para adoptar las acciones administrativas y de personal que se requieran para la implementación y funcionamiento de los órganos resolutivos de procedimientos sumarísimos de protección al consumidor, a nivel nacional. En ese sentido los cargos quedan establecidos en base a su competencia por lo mismo se aprobó división temática de la competencia resolutiva de los Órganos Resolutivos de procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor de la sede Central del Indecopi.

TÍTULO VI DEFENSA COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES ARTÍCULO 128°. - DEFENSA COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES “El ejercicio de las acciones en defensa de los derechos del consumidor puede ser efectuado a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores. Para estos efectos se entiende por:

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a. Interés colectivo de los consumidores. - Son acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores que se encuentren ligados con un proveedor y que pueden ser agrupados dentro de un mismo grupo o clase. b. Interés difuso de los consumidores. - Son acciones que se promueven en defensa de un conjunto indeterminado de consumidores afectados.” COMENTARIO El presente artículo establece que el ejercicio de las acciones en defensa de los derechos del consumidor puede ser efectuado a título individual o en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores. Es decir, la defensa de los consumidores puede ser defendida a título individual, es decir, en beneficio de uno solo o en beneficio del grupo de consumidores sean estos difusos o colectivos. A demás, el presente artículo establece las definiciones de interés colectivo de los consumidores, así como interés difuso de los mismos, para un mejor entendimiento. ARTÍCULO 129.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN DEFENSA COLECTIVA DE LOS CONSUMIDORES “Las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas por el Indecopi están legitimadas para formular denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y ante los demás órganos funcionales competentes del Indecopi, en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores o de los potencialmente afectados. El órgano funcional competente del Indecopi califica la denuncia y otros elementos y decide el inicio del procedimiento administrativo en defensa colectiva de los consumidores. De igual manera, por propia iniciativa, puede iniciar este tipo de procedimiento o continuar de oficio cualquier otro cuando considera que puede estar afectándose el interés colectivo de los consumidores. Las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas están también legitimadas para formular denuncias en defensa de intereses difusos o colectivos ante los organismos reguladores de los servicios públicos.” COMENTARIO El presente artículo establece que las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas por el Indecopi están legitimadas para formular denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y

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ante los demás órganos funcionales competentes del Indecopi, en defensa de intereses colectivos o difusos de los consumidores o de los potencialmente afectados. El artículo 82° del código procesal civil, establece que el interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, respecto de bienes de inestimable valor patrimonial, tales como el medio ambiente o el patrimonio cultural o histórico o del consumidor. Es decir, las asociaciones de consumidores están facultadas para defender los intereses del conjunto de consumidores o usuarios determinados o no,, los cuales no son satisfechos por el proveedor, ya que estos no cumplen con sus obligaciones y vulneran los derechos de los consumidores y usuarios perjudicados por el producto o servicio defectuoso brindado por el proveedor en la relación de consumo. Cabe destacar el presente párrafo hace referencia a los consumidores POTENCIALMENTE AFECTADOS. A demás, el presente artículo establece que el órgano funcional competente del Indecopi puede iniciar un procedimiento de oficio o por denuncia de un tercero. Cuando se trata de una denuncia, el órgano no competente califica la denuncia y otros elementos y decide el inicio del procedimiento administrativo en defensa colectica de los consumidores. Y cuando el procedimiento se inicie por propia iniciativa puede iniciar este tipo de procedimiento o continuar de oficio cualquier otro cuando considera que puede estar afectándose el interés colectivo de los consumidores. Finalmente, establece que las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas están también legitimadas para formular denuncias en defensa de intereses difusos o colectivos ante los organismos reguladores de los servicios públicos.

ARTÍCULO 130.- PROCESOS JUDICIALES PARA LA DEFENSA DE INTERESES DIFUSOS DE LOS CONSUMIDORES “El Indecopi, previo acuerdo de su Consejo Directivo, se encuentra legitimado para promover de oficio procesos judiciales relacionados a los temas de su competencia en defensa de los intereses difusos de los consumidores, conforme al artículo 82 del Código Procesal Civil. Las asociaciones de

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consumidores debidamente reconocidas pueden promover tales procesos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 82 del Código Procesal Civil.” COMENTARIO En este artículo se aborda los procesos judiciales para la defensa de intereses difusos de los consumidores, pero para entender la extensión de la ley hay que definir o conceptualizar, lo que es un interés difuso; bueno el desarrollo de la ciencia tecnológica, industria y comercio, ha producido considerables afectaciones a los derechos e intereses de personas que se encuentran dispersas o grupos no organizados, pues el menoscabo no recae en grupos sociales identificados, sino en forma muy amplia en diversos sectores sociales, por ello, no resulta sencillo conocer a los lesionados en su esfera jurídica, en problemas como la prestación masiva de bienes y servicios, la alteración del medio ambiente, la marginación en las sobrepobladas zonas urbanas y la constante destrucción del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural. TÍTULO VII CAPÍTULO I SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. ARTÍCULO 132.- CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR “Créase el Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a armonizar las políticas públicas con el fin de optimizar las actuaciones de la administración del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país, en el marco de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus integrantes.”

COMENTARIO Por medio del presente artículo se crea el “sistema Nacional integrado de protección del Consumidor”. Este SNIPC contiene un conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos destinados a armonizar las políticas públicas con el fin de optimizar las actuaciones

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de la

administración del Estado para garantizar el cumplimiento de las normas de protección y defensa del consumidor en todo el país, en el marco de las atribuciones y autonomía de cada uno de sus integrantes. CAPÍTULO III ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES ARTÍCULO 153.- ROL DE LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES “153.1 Las asociaciones de consumidores son organizaciones que se constituyen de conformidad con las normas establecidas para tal efecto en el Código Civil. Su finalidad es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios. 153.2 Las asociaciones de consumidores reconocidas por el Indecopi están legitimadas para interponer reclamos y denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y los demás órganos funcionales competentes del Indecopi a nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder para tal efecto, así como en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores. 153.3 En la vía judicial pueden promover procesos en defensa de los intereses difusos o colectivos de los consumidores, sujetándose a lo previsto en los artículos 130 y 131. 153.4 La legitimidad de las asociaciones de consumidores se extiende también para actuar a nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder ante los organismos reguladores de los servicios públicos en los procesos en materia de protección al consumidor, así como en defensa de los intereses difusos o colectivos de los consumidores. 153.5 Mediante resolución de Consejo Directivo el Indecopi establece los órganos funcionales competentes a que se refiere el párrafo 153.2.” COMENTARIO El presente artículo establece que las asociaciones de consumidores son organizaciones que se constituyen de conformidad con las normas establecidas para tal efecto en el Código Civil. El Artículo 80° del Código Civil define a asociación como la organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que atreves de una actividad común persigue un fin no lucrativo.

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El inciso 1 del artículo en comentario establece que la finalidad de las mismas es proteger, defender, informar y representar a los consumidores y usuarios .En este sentido se da la RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INDECOPI N° 283-2013-INDECOPI-COD donde se aprueba

la

Directiva

N°009-2013/DIRCOD-NDECOPI

denominada

“Normas

sobre

Registro

,Reconocimiento y Participación de las Asociaciones de Consumidores en los Procedimientos sobre Defensa de los Derechos de los Consumidores” El inciso 2 del presente artículo establece que las asociaciones de consumidores reconocidas por el Indecopi están legitimadas para interponer reclamos y denuncias ante la Comisión de Protección al Consumidor y los demás órganos funcionales competentes de Indecopi a nombre de sus asociados y de las personas que les hayan otorgado poder para tal efecto, así como en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores. El artículo primero de la Ley 27846, el cual indicaba que solo las asociaciones de consumidores debidamente reconocida por el INDECOPI están legitimas para interponer denuncia por si mismas ante la Comisión al Consumidor y ante los demás órganos funcionales competentes del INDECOPI , en defensa de intereses colectivos y/o difusos de los consumidores afectados y/o potencialmente afectados y para presentar denuncias en representación de sus asociados y de los consumidores que le otorguen poder a su favor con ese fin, sin perjuicio de las denuncias y reclamos que puede interponer las autoridades competentes y a que se refiere el artículo 4 del TUO de la ley de Protección al Consumidor. El inciso 3 del presente artículo establece que, por medio de la vía judicial, de las asociaciones de consumidores pueden promover procesos en defensa de los intereses difusos o colectivos de los consumidores, sujetándose a lo previsto en los artículos 130°y 131°.

ARTÍCULO 154.- PROHIBICIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES “Para efectos de la independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores, estas no pueden: a. Incluir como asociadas a personas jurídicas con fines de lucro. b. Percibir financiamiento de los proveedores que comercializan productos y servicios. c. Dedicarse a actividades distintas a su finalidad o incompatibles con ella.

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d. Destinar los fondos públicos entregados por concepto de multas para una finalidad distinta a la asignada. e. Actuar con manifiesta temeridad presentando denuncias maliciosas debidamente sancionadas en la vía administrativa o judicial. f. Incumplir las disposiciones establecidas por el presente Código o las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del Indecopi sobre la materia. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones es sancionado por el Indecopi con la suspensión o la cancelación del registro especial hasta por un período de dos (2) años, previo procedimiento, teniendo en cuenta la gravedad o el reiterado incumplimiento de las disposiciones establecidas para estos efectos.” COMENTARIO El presente artículo establece las Prohibiciones para las asociaciones de consumidores, las cuales se establecen para efectos de la independencia y transparencia de las asociaciones de consumidores. Por ello, la presente Ley prohíbe que estas incluyan como asociadas a personas jurídicas con fines de lucro. Pues, las asociaciones se forman por la agrupación organizada de personas naturales o jurídicas que comparten similares intereses y valores, que a través de una actividad común persiga un fin no lucrativo. Y la persona jurídica lucrativa asociada a esta, puede distorsionar los fines de la misma, asociándose únicamente para buscar beneficiar y no para cumplir con la finalidad de la asociación no lucrativa. Así como percibir financiamiento de los proveedores que comercializan productos y servicios; pues, estas van a operaren función de los consumidores, por tanto en contra de los proveedores que comercializan productos y servicios, entonces al recibir este algún tipo de financiamiento por los proveedores, se podría cuestionar el pronunciamiento y la defensa de las asociaciones. También se les prohíbe dedicarse a actividades distintas a su finalidades o incompatibilidades con ella, las asociaciones de consumidores son organismos no gubernamentales dedicados a defender los intereses y derechos de los individuos como consumidores (295) y estas deben de cumplir únicamente con los establecidos en el estatuto de la misma, por lo que dicha asociaciones debe dedicarse exclusivamente al cumplimiento de dichos fines, y por más posibilitado que pueda encontrarse para proteger otros asuntos diferentes a la protección del consumidor, no lo puede hacer. Y si la asociación se dedicara a la defensa de asuntos distintos a la defensa y protección de los derechos de los

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consumidores y usuarios, no cumplirían eficientemente con la gran labor de protección a estos individuos. A demás de ello, se le prohíbe incumplir las disposiciones establecidas por el presente Código o las resoluciones emitidas por el Consejo Directivo del Indecopi sobre la materia. Finalmente, el presente artículo establece que el incumplimiento de cualquier de estas disposiciones es sancionado por el Indecopi con la suspensión o la cancelación del registro especial hasta por un periódico de dos (2) años, previo procedimiento, teniendo en cuenta la gravedad o el retirado incumplimiento de las disposiciones establecidas para estos efectos. ARTÍCULO

155.-

RECONOCIMIENTO

Y

REGISTRO

DE

LAS

ASOCIACIONES

DE

CONSUMIDORES “Para el reconocimiento de las asociaciones de consumidores, deben encontrarse inscritas en el registro especial a cargo del Indecopi, y cumplir los siguientes requisitos: a. Encontrarse inscritas en los registros públicos. b. Tener las finalidades señaladas en el artículo 153, bien sea de carácter general, bien en relación con productos o servicios determinados. c. Cualquier otra obligación que establezca el Indecopi sobre el particular o en coordinación con los organismos reguladores de los servicios públicos. El Indecopi establece mediante resolución de Consejo Directivo los mecanismos para la inscripción de las asociaciones de consumidores en el registro especial.” COMENTARIO El presente artículo establece los requisitos que se deben de cumplir para que una asociación de consumidores sea reconocida debidamente por el INDECOPI. Pues, las asociaciones de consumidores que quieren ser reconocidas por el INDECOPI deberían constar los requisitos previamente establecidos líneas arriba. En base de los señalado el artículo primero de la Ley 27846, el cual indicaba que solo las asociaciones de consumidores debidamente reconocida por el INDECOPI están legitimadas para imponer denuncias por si mismas ante la Comisión al Consumidor y ante los demás órganos funcionales competentes del INDECOPI, en defensa del interés colectivo y/o difusos de los consumidores afectados y/o potencialmente afectados y para presentar denuncias en representación de sus

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asociados y de los consumidores que le otorguen poder a su favor con ese fin, sin perjuicio de las denuncias y reclamos que puede interponer las autoridades competentes y a que se refiere el artículo 4 del TUO de la Ley de Protección al Consumidor. ARTÍCULO 156.- CONVENIOS DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL “156.1 El Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos pueden celebrar convenios de cooperación institucional con asociaciones de consumidores reconocidas y debidamente inscritas en el registro especial. La firma del convenio de cooperación institucional otorga la posibilidad de que el Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos puedan disponer que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por estas asociaciones de consumidores les sea entregado. En cada caso, dicho porcentaje no puede exceder el cincuenta por ciento (50%) de la multa impuesta y constituye fondos públicos. 156.2 Los porcentajes entregables a las asociaciones de consumidores deben ser utilizados a efectos de implementar acciones específicas de promoción y defensa de los intereses de los consumidores y un monto no mayor del cinco por ciento (5%) del porcentaje que se les entrega puede ser utilizado para su funcionamiento a efectos del desarrollo de su finalidad, en las condiciones que establece el reglamento. 156.3 Corresponde a la Contraloría General de la República supervisar que las asociaciones de consumidores destinen los recursos recaudados por concepto de multa para los fines señalados en el párrafo 156.2. El incumplimiento de dicha finalidad conlleva a resolver el Convenio de Cooperación Institucional e iniciar las acciones administrativas y penales que correspondan. 156.4 Los requisitos para la celebración de los convenios y para que la entrega de los fondos cumpla con la finalidad asignada son establecidos por el Indecopi y los organismos reguladores, respectivamente, mediante resolución de Consejo Directivo.” COMENTARIO El presente artículo establece que el Indecopi y el organismo regulador de los servicios públicos pueden celebrar convenios de cooperación institucional con asociaciones de consumidores reconocidas y debidamente inscritas en el registro especial. Como se puede observar, el artículo citado es más restrictivo debido a que señala que no todas las asociaciones inscritas pueden participar de dicho convenio, sino que podrán realizarlo las asociaciones

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de consumidores de reconocida trayectoria, por la cual, excluiría de la celebración de dicho convenio a las nuevas asociaciones debidamente inscritas en INDECOPI. A demás, agrega que la firma del convenio de cooperación institucional otorga la posibilidad de que el Indecopi y los organismos reguladores de los servicios públicos puedan disponer que un porcentaje de las multas administrativas impuestas en los procesos promovidos por esta asociación de consumidores les sea entregado. Como la señala el artículo en comentario, para que las asociaciones tengan acceso a este beneficio tienen que previamente escribirse en INDECOPI (procedimiento señalado anteriormente) y una vez inscrita la asociación en el registro correspondiente, podrá celebrar con el INDECOPI un Convenio de Cooperación Interinstitucional. Para ello, deberá presentar una solicitud dirigida al Directorio, con documentos que contengan lo siguiente: -Descripción de las actividades en beneficio de los consumidores desarrolladas en el último año. -Descripción de las actividades en beneficio de los consumidores que podrían ser financiadas por los fondos aportados en virtud del convenio. Y establece que dicho porcentaje puede exceder el cincuenta por ciento (50) de la multa. ARTÍCULO 157.- CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN DEL PORCENTAJE ENTREGABLE DE LA MULTA IMPUESTA “Al momento de determinar el porcentaje de las multas administrativas entregable a las asociaciones de consumidores en los procedimientos promovidos por éstas, la autoridad competente debe evaluar, como mínimo, los siguientes criterios: a. Labor de investigación desarrollada por la asociación de consumidores de forma previa a la presentación de la denuncia. b. Participación de la asociación de consumidores durante el procedimiento iniciado. c. Trascendencia en el mercado de la presunta conducta infractora denunciada, impacto económico de la misma y perjuicios causados en forma previa o que puedan ser causados de forma potencial a los consumidores con relación a la misma. d. Otros que se determinen en el análisis específico de cada procedimiento.”

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COMENTARIO El presente artículo establece la determinación del porcentaje de las multas administrativas entregable a las asociaciones de consumidores en los procedimientos promovidos por estas, la autoridad competente debe evaluar, como mínimo, los siguientes criterios -

Labor de investigación desarrollada por la asociación de consumidores de forma previa a la

-

presentación de la denuncia. Participación de la asociación de consumidores durante el procedimiento iniciado. Trascendencia en el mercado de la presunta conducta infractora denunciada, impacto económico de la misma y perjuicios causados en forma previa o que puedan ser causados de forma potencial a

-

los consumidores con relación a la misma. Otros que se determinen en el análisis especifico de cada procedimiento. Pues, así como pedir a las asociaciones de consumidores y usuarios ya inscritas toda la documentación e información que ellos encuentren necesaria para verificar el cumplimiento y mantenimiento de los requisitos exigidos en este Título. Asimismo, podrá analizar, por si o mediante la contratación con entidades externas e independientes, auditorias de cuentas con idéntica finalidad a fin de verificar y tener un control más exhaustivo de los fondos. La auditoría de cuentas es la actividad consistente en la revisión y verificación de documentos contables, siempre que aquella tenga a terceros. Y que consiste en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa o entidad auditada, así como el resultado de sus operaciones y los recursos obtenidos y aplicados en el periodo examinado, de acuerdo con el Código de Comercio y demás legislación que le sea aplicable, también comprenderá la verificación de la concordancia del informe de gestión con dichas cuentas. Y que esta tendrá necesariamente que ser realizado por auditor de cuentas, mediante la emisión del correspondiente informe y con sujeción a los requisitos y formalidades establecidas en la presente Ley y a las normas técnicas de auditoría.

ARTÍCULO 158.- RESPONSABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN Y SUS REPRESENTANTES LEGALES En caso de producirse daño al proveedor por denuncia maliciosa, son responsables solidarios del daño causado tanto la asociación como los representantes legales de esta que participaron con dolo

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en el planeamiento o realización de la denuncia. En caso de producirse daño a los consumidores por el mal accionar de la asociación, son responsables tanto la asociación como los representantes de ésta que participaron con dolo o culpa en ello, de acuerdo con las normas del Código Civil. FORMULA A APLICAR El porcentaje de la multa a ser asignado a la asociación de Consumidores será igual a la suma de las calificaciones asignadas por la Comisión para cada uno de los criterios descritos, ponderando por el peso que se presenta en la siguiente formula. Porcentaje de la multa a ser asignado= (Clasificación Criterio 1x0.25) + (Clasificación 2x0.25) + (Clasificación Criterio 3x0.5). COMENTARIO El presente artículo establece que, en caso de producirse daño al proveedor por denuncia maliciosa, son responsable solidario del daño causado tanto la asociación como los representantes legales de esta que participaron con dolo en el planeamiento o realización de la denuncia. Y en caso de producirse daño a los consumidores por el mal accionar de la asociación, son responsables tanto la asociación como los representantes de esta que participaron con dolo o culpa en ello, de acuerdo con las normas del Código Civil. Pues, finalidad de las asociaciones es la protección y la defensa la de los derechos de los consumidores, por tanto, las asociaciones de consumidores en complicidad con sus representantes no pueden valerse por medio de esta para perjudicar a algún proveedor por problema personas y no precisamente por defender aún consumidor o usuario. ARTÍCULO 159.- APLICACIÓN SUPLETORIA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS “Las reglas incluidas en el presente capítulo se aplican, de manera supletoria, a las disposiciones de los organismos reguladores de los servicios públicos.” COMENTARIO El presente artículo establece que las reglas incluidas en presente capítulo se aplican, de manera supletoria, a las disposiciones de los organismos reguladores de los servicios públicos.

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Es decir, primeo se aplicarán las disposiciones de los organismos reguladores de los servicios públicos y en caso de que estas no sean aplicables se aplicaran las disposiciones establecidas en el presente artículo. Como consecuencia de la reorientación del papel del Estado en la economía se crearon organismos reguladores de los servicios públicos (telecomunicaciones, electricidad, saneamiento) y de las concesiones de obras públicas de infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras, vías ferroviarias) claramente inspirados en los modelos de los países anglosajones, con el objeto de garantizar un tratamiento técnico de la regulación y supervisión de las actividades económicas calificadas como servicios públicos, o que se desarrollan en condiciones de monopolio natural o poco competitivas y las que requieren para su desarrollo la utilización de redes e infraestructuras

CAPÍTULO IV CALIDAD Y NORMALIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARTÍCULO 160.- PROMOCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS PERUANAS “El Estado promueve la calidad de los productos y servicios fomentando la estandarización a través de las Normas Técnicas Peruanas.” COMENTARIO El presente artículo establece que el estado promueve la calidad de los productos y servicios fomentando la estandarización a través de las Normas Técnicas Peruanas. Las Normas Técnicas Peruanas son aprobadas y publicadas por la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no Arancelarias. Con la finalidad de facilitar el acceso a la información, estas publicaciones están ordenadas de acuerdo con la clasificación internacional de Normalización (ICS), área temática y fecha de actualización.

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ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN Finalmente, podemos señalas que el Perú da protección a los Derechos del consumidor en el título III “Del Régimen Económico”- Capítulo I “Principios Generales”- Artículo 65° de la Constitución, el cual prescribe lo siguiente: El estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población. Sin embargo, cabe destacar que, nuestro País, desde 1983 (con el Decreto Supremo N°036-83-JUS) ha emitido una serie de normas que regulen la protección del consumidor y del Usuario. A pesar de ello, la protección que se le daba al consumidor no era suficiente, por ellos, con el fin de regular los intereses y derechos de los Consumidores de manera más sistemática, en 1992, se creó mediante el Decreto Ley N°25868 el Instituto Nacional de Defensas de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. El cual, estaba encargado, entre otros, de los temas de protección del consumidor. Después de ello, se puso en funcionamiento el Defensor del Pueblo, que ha tenido y tiene una actuación importante dentro de la protección de los derechos de los consumidores, Así como las Asociaciones protectores de Consumidores, las cuales tienen como deber hacer respetar los derechos de los consumidores y Usuarios y defenderlos en caso de conflicto de estos con proveedores, cuando estos últimos vulneren los derechos del consumidor o usuario antes, durante o después de la relación de consumo. Entidades como la comisión de defensa del consumidor y Organismos reguladores de Servicios Públicos y Medio ambiente, la intendencia para la Atención al Usuario de la SBS, los Tribunales Administrativos para la Atención de los Usuarios y Consumidores en el país se han creado con el fin de proteger a los consumidores y usuarios de toda vulneración de derechos de los que estos puedan ser víctimas como consecuencia de la relación de consumo

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Pese a ello, los derechos de los consumidores y usuarios se siguen vulnerando y no solo por empresas particulares sino también por entidades del estado. Además, es necesario reconocer que la realidad peruana aún está inmersa en un sistema informal de comercialización de productos y servicios de gran importancia. Esto, sumando a los índices de analfabetismo y al porcentaje de consumidores que integran las comunidades indígenas que hablan su propia lengua atentan contra una efectiva protección de los consumidores más pobres Por ello el estado tiene la obligación de idear y crear los mecanismos necesarios para proteger de manera eficaz los derechos de los consumidores y usuarios, sobre todo, aquellos que se encuentran desprotegidos por el nivel cultural o status social en el que se encuentran, ya que en nuestro país, siempre son estos los más afectados. En base a ello, después de la diferente normatividad que ha emitido el estado con el fin de proteger los derechos de los consumidores y usuarios, ha decidido emitir una norma con mayor fuerza que proteja de manera eficaz los derechos de todo consumidor y usuario. Por ello, el congreso de la republica mediante Ley No. 29571 ha sancionado el código de protección y defensa del consumidor, el cual, por ser de orden público, es de cumplimiento obligatorio. En vista de la importancia de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y con la finalidad de que estos comprenden con mayor facilidad la normativa recién implantada en la legislación peruano, es que se ha emitido el presente libro. Finalmente, cabe agregar que el Dr. Esteban Carbonell O’Brien, socio fundador del estudio Carbonell O’Brien Abogado es, a su vez, presidente de la asociación de Protección al Consumidor- APU, la cual fue inscrita el 21 de julio de 2009, teniendo en la actualidad Convenio con el INDECOPI, el cual le permite defender no solo los intereses individuales de los consumidores y usuarios, sino también los intereses y usuarios, sino también los intereses difusos y colectivos de estos.

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