Brígida García_1999_mujer, Género Y Población En México.pdf

BRÍGIDA GARCÍA (coordinatftrrii)

A/[ujer, género y población

Sito

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MUJER, GÉNERO Y POBLACIÓN EN MÉXICO

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y DE DESARROLLO URBANO

MUJER, GENERO Y POBLACION EN MÉXICO

Brígida García Coordinadora

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SOMEDE

EL COLEGIO DE MÉXICO

SOCIEDAD MEXICANA DE DEMOGRAFÍA

396 M953

Mujer, género y población en México / Brígida García, coordina­ dora.-- México : El Colegio de México : Sociedad Mexicana de Demografía, 1999. 544 p. ; 21 cm.

ISBN 958-12-0903-6

1. Mujeres-Problemas sociales y morales-México. 2. MujeresInvestigación. 3. Mujeres-Condiciones sociales. 4. Mujeres-Con­ diciones económicas. 5. Fecundidad humana-México. 6. Na­ talidad, Limitación de la-México. 7. Mujeres-Salud e higieneMéxico. 8. Mujeres en México-Emigración e inmigración. 9. Conferencia Mundial de la Mujer (4a : 1995 : Pekín) I. García Guzmán, Brígida, coord. O

La publicación de este libro fue en parte posible gracias al apoyo eco­ nómico brindado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (fnuap).

Foto de portada: Daniel Ángel Correa Rojo Diseño: María Luisa Martínez Passarge

Primera edición, 1999 D.R. © El Colegio de México Camino al Ajusco 20 Pedregal de Santa Teresa 10740 México, D.F. ISBN 968-12-0903-6 Impreso en México

ÍNDICE

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Presentación

I. Mujeres y relaciones de

género en los estudios

DE POBLACIÓN

Brígida García, Rosa María Camarería y Guadalupe Salas

Introducción Antecedentessobre la mujer y las desigualdades de género en los estudios de población La preocupación por la posición de la mujer y las desigualdades de género en los estudios de población en México El libro Mujer, género y población en México. El camino recorrido, las lecciones aprendidas, las prioridades futuras Bibliografía

II. Fecundidad,

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anticoncepción y derechos reproductivos

Juan Guillermo Figueroa Perea

Introducción Términos usados para analizar la regulación de la fecundidad Aproximaciones analíticas al estudio dela fecundidad La relación entre fecundidad y anticoncepción Temas emergentes a partir de los conceptos de género y derechos reproductivos Epílogo Bibliografía

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MUJER, GÉNERO Y POBLACIÓN EN MÉXICO

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III. Salud

materno-infantil y condición de la mujer

Carlos Javier Echarri Cánovas

Introducción La discusión en el plano teórico: ¿realmente hablamos de salud materno-infantil? Las estrategias de atención a la salud materno-infantil De la descripción a la explicación: los estudios sobre salud infantil en México El (re)descubrimiento de la mujer: la investigación sobre la salud femenina Aborto inducido, 136 Agresión y violencia doméstica, 137 Cáncer cérvico-uterino y mamario, 137 Enfermedades de transmisión sexual y sida, 138 Mortalidad general, 139 Mortalidad materna, 140 Nutrición, 141 Menopausia y climaterio, 142 Salud mental y adicciones, 142 Salud ocupacional, 144 Necesidades de la investigación Bibliografía IV La perspectiva de

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género en el estudio

DE LA MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

Ivonne Szasz Introducción 167 Propuestas conceptuales para el estudio de la migración femenina desde la perspectiva de género 168 La medición de las migraciones femeninas, 169 Las características particulares de las migraciones femeninas, 170 Las tipologías para el estudio de la migración femenina, 170 Desigualdades de género y motivaciones específicas de la migración femenina, 171 Mercados de trabajo y migraciones, 172 Migración y familia, 173

ÍNDICE

Cómo afectan las migraciones la condición de género de las mujeres , 175 El conocimiento de las migraciones femeninas en México Los estudios sobre la mujer rural y las migraciones, 178 La medición y la identificación de los flujos de migración femenina, 186 Participación de las migrantes en los mercados de trabajo, 192 Propuesta de líneas de investigación futuras Propuestas conceptuales y metodológicas, 197 Propuestas derivadas de las lagunas existentes en la investigación, 201 Bibliografía V. Familia y género en el análisis sociodemográfico Orlandina de Oliveira, Marcela Etemod y María de la Paz López Introducción Formación, disolución y estructura de las familias La formación de las familias, 215 La disolución de las uniones, 218 La estructura de los hogares, 220 Familia y trabajo Estrategias de sobrevivencia, 224 Participación económica familiar, 225 El trabajo femenino extradoméstico y sus condicionantes familiares, 226 Organización doméstica del consumo y el ingreso familiares, 228 La dinámica familiar: vivencias y representaciones La división sexual del trabajo, 231 Relaciones y conflictos entre géneros y generaciones, 236 Hogares con jefatura femenina Conclusiones y líneas de investigación Bibliografía

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VI. Género y trabajo extradoméstico Brígida García, Mercedes Blanco y Edith Pacheco Introducción Los trabajos de las mujeres Aumento de la ocupación y la desocupación femenina y masculina ¿Cuánto se ha ampliado la fuerza de trabajo femenina?, 278 ¿Qué sabemos del desempleo abierto femenino y masculino?, 280 Características sociodemográficas de las mujeres económicamente activas, 282 ¿Qué conocemos sobre la participación de hombres y mujeres en los distintos sectores de la economía? Distribución ocupacional de la mano de obra femenina y masculina Autoempleo y sector informal Condiciones del trabajo extradoméstico Niveles de ingreso, 297 Horas trabajadas y prestaciones, 298 Consideraciones finales y recomendaciones para la investigación futura El aumento de la actividad económica femenina y su significado, 300 Segregación ocupacional y discriminación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo, 302 Los efectos de la globalización y la restructuración de la economía en el empleo femenino y masculino, 302 Bibliografía

273 276 277

283 288 293 296

300

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VIL Trabajo

extradoméstico femenino y comportamiento reproductivo

Carlos Welti y Beatriz Rodríguez Introducción 317 Premisas básicas, 317 El contexto general 319 Una panorámica del conocimiento en esta área 323 Principales propuestas para el estudio de la relación trabajo extradoméstico-fecundidad, 323

ÍNDICE

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La relación trabajo extradoméstico femenino y fecundidad en la investigación empírica Trabajo extradoméstico y edad al inicio de la unión, 329 Intervalo protogenésico, 330 Anticoncepción, 330 Amamantamiento de los hijos ,332 La información sociodemográfica nacional en el análisis del trabajo extradoméstico femenino y la fecundidad Panorama nacional dela investigación Trabajo femenino, fecundidad y género Conclusiones Bibliografía

VIH.

Políticas

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334 339 347 349 354

de población, control de la fecundidad

Y DERECHOS REPRODUCTIVOS: UNA PROPUESTA ANALÍTICA

Alejandro Cervantes Carson

Introducción 363 Políticas de población 366 Políticas de población, fecundidad y anticoncep­ ción en la dinámica demográfica de México, 366 Perfil de la investigación, 370 Institucionalización y medicalización de las decisiones reproductivas 373 El control de la reproducción como centro de las políticas de población, 373 Instituciones médicas y decisiones acerca de la reproducción, 375 Derechos reproductivos 382 Diagramando un vínculo, 382 El componente de la reproducción, 385 El componente de los derechos, 391 El problema de la titularidad 393 Evolución de la titularidad, 394 Carácter social y el concepto de la responsabilidad, 396 Titularidad, desigualdad y ejercicio de los derechos, 401

MUJER, GÉNERO Y POBLACIÓN EN MÉXICO

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Decisiones reproductivas: lectura normativa y propuesta sociológica Sobre los supuestos, 405 Proceso ideal de la toma de decisiones reproductivas, 407 Perturbaciones en el proceso ideal de toma de decisiones reproductivas, 412 Conclusiones Bibliografía

IX. ¿Cargan las Puntos

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417 420

mujeres con el peso de la pobreza?

de vista de un debate

Vania Salles y Rodolfo Tuirán Algunas evidencias para introducir el tema El contexto y la evolución reciente de la pobreza Breve sistematización de tres vertientes conceptuales Pobreza absoluta y pobreza relativa, 440 La trampa de la privación y la teoría de las capacidades, 441 La pobreza vista a la luz de los determinantes de género, 444 La feminización de la pobreza: ¿una realidad ajena a México? Antecedentes para el estudio de la pobreza femenina en México, 451 Conclusiones: en la búsqueda de soluciones Líneas de investigación Bibliografía

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448 462 469 472

Sección especial. La experiencia de la participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Pekín

Clara Jusidman de B.

Introducción 1. La importancia de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 2. Las actividades preparatorias realizadas en México El Consejo Directivo, 490

483 486

490

ÍNDICE

El Secretariado Técnico y los grupos técnico-temáticos, 494 El Consejo Consultivo, 505 El informe de México, 505 3. La participación en las conferencias y reuniones previas Los temas del debate, 507 La posición de México en Mar del Plata y Santiago de Chile, 509 La experiencia obtenida en la Conferencia Preparatoria de Nueva York, 512 4. La delegación oficial 5. Los trabajos de la conferencia La posición de México, 521 El debate, 522 Algunos aspectos controvertidos, 524 Conclusiones La importancia de la IV Conferencia Mundial de la Mujer para el mejoramiento de la condición de la mujer en México, 527 Las lecciones aprendidas en el proceso preparatorio, 529 Anexo 1 Anexo 2 Bibliografía

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PRESENTACIÓN

En septiembre de 1995 se llevó a cabo, en Pekín, China, la IV Conferencia Mundial de la Mujer. En ocasión de esta con­ ferencia la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede) convo­ có a un esfuerzo plural entre los estudiosos de la población para que se efectuase un balance nacional del camino recorrido por la sociodernografía mexicana en cuanto a la incorporación de la situación de la mujer o de la perspectiva de género en el análisis de los diferentes fenómenos poblacionales. La convocatoria inicial dio paso a la constitución de un gru­ po de trabajo en el que se logró incorporar a algunas y algunos de los investigadores con mayor experiencia en el campo de la mujer o de la perspectiva de género en el contexto de los es­ tudios de población en México. Dicho grupo quedó finalmente conformado por Carlos Echarri, Juan Guillermo Figueroa, Brígida García, Edith Pache­ co e Ivonne Szasz, del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano (ceddu) de El Colegio de México; Orlandina de Oliveira y Vania Salles, del Centro de Estudios Socio­ lógicos (ces) de El Colegio de México; Mercedes Blanco, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro­ pología Social (ciesas); Rodolfo Tuirán, del Consejo Nacional de Población (Conapo); Alejandro Cervantes Carson, del De­ partamento de Sociología y el Centro de Investigación en Po­ blación de la Universidad de Texas en Austin; Rosa María Camarena y Carlos Welti, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (psuNAM); Marcela Eternod, del Instituto Nacional de Estadís­ tica, Geografía e Informática (inegi); Clara Jusidman y Paz López, del Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y

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MUJER, GÉNERO Y POBLACIÓN EN MÉXICO

Pobreza (Gimtrap); Guadalupe Salas, de la Sociedad Mexicana de Demografía (Somede), y Beatriz Rodríguez, de la Univer­ sidad Veracruzana. La tarea inicial del grupo fue la asignación de los trabajos, cada uno de los cuales se discutió varias veces de manera ex­ haustiva en el transcurso de un año. Se trató de una experiencia única, tanto debido al entusiasmo de las y los participantes, como a la diferente percepción que tenía cada quien del sig­ nificado y avance de los estudios de la mujer o de la perspectiva de género en la sociodemografía. Este libro es el resultado de tal esfuerzo y muestra tanto el vigor como la debilidad de los estudios realizados en los dife­ rentes campos temáticos. En él se da cuenta de los adelantos obtenidos y de las posibilidades de realización, pero también de las lagunas que hay que llenar y de los problemas por resol­ ver. El propósito global es analizar y sistematizar el camino recorrido y, sobre todo, impulsar el desarrollo de la perspectiva de género en la sociodemografía: un eje de diferenciación so­ cial entre hombres y mujeres que es importante articular con otros ejes de diferenciación de mayor tradición dentro de la disciplina, como es el caso de las clases o grupos sociales. Es­ peramos que este reto sea recogido por las investigaciones que en el futuro se realicen en cada una de las diferentes áreas temáticas que conforman este libro. La Somede desea agradecer de manera muy especial al Fondo de Población de las Naciones Unidas (fnuap), y en parti­ cular a Rainer Rosenbaum y Alfonso Sandoval, el apoyo finan­ ciero para la realización de todo el proyecto. También nuestro reconocimiento, tanto al fnuap como a la Fundación MacArthur, por el apoyo prestado para el viaje de varios de los in­ tegrantes del grupo a Pekín, China, en ocasión de la IV Con­ ferencia de la Mujer. Deseamos asimismo hacer patente nues­ tro agradecimiento al ceddu, y en especial a Gustavo Cabrera y Manuel Ordorica, por el respaldo que le dieron al proyecto y por el apoyo brindado para la publicación de sus resultados por parte de El Colegio de México. Nuestras más expresivas gracias a Guadalupe Salas, coordinadora técnica de la Somede, quien impulsó de manera decidida las diferentes etapas de es­ ta aventura intelectual. Asimismo, expresamos nuestra gratitud a Alma Barba, quien desempeñó múltiples tareas secretariales

PRESENTACIÓN

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relacionadas con este libro, y a Coral Chamúl, quien completó durante varios meses una extensa y compleja bibliografía. Por último, queremos dejar constancia del esmero y la cuidadosa labor de edición realizada por Rafael Becerra, con la supervi­ sión del Departamento de Publicaciones de El Colegio de Mé­ xico. Brígida García (coord.) Presidenta de la Somede (1994-1996) Septiembre de 1997

I. MUJERES Y RELACIONES DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE POBLACIÓN1

Brígida García Rosa María Camarena Guadalupe Salas

Introducción

El análisis de los fenómenos demográficos diferenciados me­ diante el sexo constituye una parte fundamental del quehacer de la demografía y de los estudios sociales de población. Así, los estudios realizados en muchos países del mundo han de­ mostrado que las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, y en el caso de México es conocido que las mujeres jóvenes han formado parte significativa, y a veces mayoritaria, de algunos flujos migratorios entre el campo y la ciudad en los años de mayor industrialización del país. Asimismo, la po­ blación femenina ha constituido hasta ahora el principal ele­ mento de referencia en él estudio de la fecundidad, procedi­ miento que se ha justificado porque permite obtener medicio­ nes más precisas y porque las mujeres son las principales actoras en la reproducción y la crianza de los hijos. Se podría deducir de lo anterior que las mujeres, al igual que los hombres, siempre han estado presentes como objeto de estudio en los análisis poblacionales. No obstante, hasta hace poco las investigaciones en el campo se limitaban a señalar las1 1 Deseamos agradecer la lectura cuidadosa de este texto, así como las atinadas sugerencias de Orlandina de Oliveira y Edith Pacheco.

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BRÍGIDA GARCÍA, ROSA MARÍA CAMARENA, GUADALUPE SALAS

diferencias de comportamiento o de tendencias entre los sexos, sin profundizar en los condicionamientos sociales y culturales que daban cuenta de dichas diferencias. Era también frecuen­ te que se emplearan los mismos marcos teóricos e interpreta­ tivos, supuestos, metodologías, categorías e instrumentos de análisis para examinar a hombres y mujeres, sin considerar el papel de la diferenciación social existente entre ellos. Es posible argumentar en contra que los estudios de pobla­ ción en los contextos nacional e internacional generalmente se han referido a la escolaridad de las mujeres y a su partici­ pación en la actividad económica como factores que influyen en el logro de niveles reducidos de fecundidad y de mortalidad infantil. Sin embargo, como bien plantea Masón (1984), el hecho de que las mujeres más educadas y económicamente activas tengan menos hijos o que estos hijos sobrevivan en mayor medida puede deberse a muchas razones (mayor infor­ mación, más recursos, actitudes más innovadoras, conflictos de tiempo), pero no necesariamente a que hayan logrado acor­ tar la distancia que las separa de los hombres. A diferencia de lo anterior, los estudios de población preo­ cupados por el estatus, la posición o situación de la mujer, y más propiamente aquellos orientados por una perspectiva de género buscan demostrar la importancia de las diferencias construidas socialmente entre hombres y mujeres —en términos de poder, acceso a todo tipo de recursos y control de los mis­ mos— para explicar los fenómenos sociodemográficos. Este tipo de estudios puede partir de las características de escola­ ridad y participación laboral de la mujer, pero procura incor­ porar aspectos relacionados más directamente con la es­ tratificación de género, como serían el control diferencial de los recursos materiales y simbólicos por parte de las muje­ res, su mayor o menor autonomía para tomar decisiones en las esferas domésticas y extradomésticas, y el grado de libertad de que disponen para moverse y participar social y polí­ ticamente fuera de sus hogares. Adicionalmente, un aspecto importante de los estudios poblacionales con una perspectiva de género es que hacen explícita la necesidad de articular la estratificación de género con otros sistemas de estratificación social como serían el de clase, que tiene mayor tradición en la disciplina demográfica, tanto en el ámbito nacional como en

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el internacional (véanse Przeworski, 1982; Masón, 1984, 1993, 1995; Federici y Fong, 1985). El interés por el tema de la situación de la mujer en el ám­ bito de la demografía surgió a raíz de la aparición de los llama­ dos estudios sobre la mujer en el campo más amplio de las ciencias sociales, los cuales pueden situarse a su vez como parte de la expresión académica de la segunda ola de los movimientos feministas iniciados en Estados Unidos y en Europa a finales de los años sesenta.12 Dichos movimientos luego se extendieron a otros países, entre ellos los latinoamericanos, desde principios de los años setenta (De Barbieri y Oliveira, 1986; Bellucci, 1992; Lamas, 1996a). De manera simplificada puede decirse que los estudios so­ bre la mujer se orientaron, en su mayoría y al menos en sus inicios, a hacer visibles las desiguales condiciones de vida de la mujer frente al varón en los diversos ámbitos de la vida so­ cial, y a destacar la importancia del papel que aquélla desem­ peña en los procesos sociales. Dichos estudios también cuestio­ naron la visión biologicista y determinista de la desigualdad entre los sexos, la cual planteaba que la subordinación y opre­ sión de las mujeres era un hecho natural y universal, y de esa manera abrieron un espacio en las ciencias sociales para el estudio de la situación y la problemática femeninas (Goldsmith, 1986; Bellucci, 1992; De Barbieri, 1992). El primer impulso dado por los movimientos feministas a los estudios sobre la mujer fue retomado, reforzado y a la vez aprovechado por los gobiernos y las agencias internacionales, los cuales, preocupados por los problemas del desarrollo, mostraron interés y asignaron recursos para la realización de mvestigaciones sobre el tema.3 Aparte de las presiones ejercidas Por los movimientos feministas, entre los factores subyacentes al interés por la mujer estuvieron, según algunas autoras, la Preocupación por controlar la explosión demográfica en los Países del Tercer Mundo y el reconocimiento de las mujeres 1 El feminismo de los años sesenta y setenta es denominado por algunas autoras como segunda del feminismo o nuevo feminismo, para diferenciarlo del que surgió a principios de siglo en diferentes países, incluido México.

3 Dicho interés dio paso a la realización de la primera Conferencia Internacional Sobre la u)er en 1975, a la declaración de ese año como el Año Internacional de la Mujer, y al periodo f975-i9g5 como la Década de la Mujer.

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como pa$te de los grupos más vulnerables y con mayores ca­ rencias, pero también como agentes de cambio social dignos de serconsiderados por las políticas de desarrollo social (Vega, 1991). Surgen así programas encaminados a la incorporación de la mujer al desarrollo, mediante los cuales se buscaba la modificación de los comportamientos de las mujeres, a la vez que el mejoramiento de las condiciones de vida femeninas, tanto en la esfera social como, más específicamente, en la re­ productiva (Bellucci, 1992). Es importante hacer hincapié en que dichos programas pasaron a formar parte, al menos en el caso de México, de las acciones oficiales en materia de po­ blación.4 Si bien el interés de las agencias y los gobiernos constituyó un elemento que alentó la realización de investigaciones sobre la mujer, también contribuyó a desatar serias críticas contra los enfoques economicistas e instrumentalistas que conside­ raban a la mujer como un objeto pasivo del cambio deseado. Esas críticas se levantaron también contra las investigaciones que se concretaban a mostrar la situación de desventaja de la mujer respecto del hombre y a presentar a las mujeres como víctimas y sujetos pasivos, sin profundizar en los orígenes de la desigualdad y subordinación que las aquejaban ni en las estrategias desplegadas por ellas para hacer frente a su si­ tuación. De Barbieri (1992) menciona también la existencia paralela de otra corriente desde el surgimiento de los estudios de la mujer, la cual no se limitaba al análisis empírico de la situación femenina, sino que visualizaba la subordinación de las mujeres como producto de determinadas formas de organización y funcionamiento de las sociedades. De esta forma se señalaba la necesidad de estudiar contextos concretos en tanto gene­ radores de dicha subordinación y, dentro de ellos, no sólo a las mujeres, sino a las relaciones sociales existentes entre los individuos o grupos de diferente sexo y del mismo sexo. De esos planteamientos emerge más tarde precisamente el concepto de “género”. 4 En México, la Ley General de Población de 1974 abrió un apartado especial para las mujeres, y en los programas de población elaborados desde entonces ha existido siempre, bajo diferentes nombres, uno enfocado específicamente a la mujer.

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El concepto de género fue acuñado por las académicas fe­ ministas de habla inglesa a mediados de los años setenta, cuando existía ya un cuerpo de conocimientos sobre la con­ dición de la mujer (De Barbieri, 1996), pero continuaba en el aire la pregunta acerca del origen de la diferencia social entre hombres y mujeres y su relación con la diferencia biológica de sexo. El concepto de género surge como respuesta a la ne­ cesidad de distinguir las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres de aquellas que son de orden estric­ tamente biológico, estableciendo de paso el deslinde con el pensamiento denominado esencialista, que ubica a los procesos de diferenciación, dominación y subordinación entre hombres y mujeres como derivados naturalmente del sexo biológico (Lamas, 1996b). En lo fundamental, se entiende por género la construcción sociocultural de la diferencia sexual, aludiendo con ello al con­ junto de símbolos, representaciones, reglas, normas, valores y prácticas que cada sociedad y cultura elabora colectivamente a partir de las diferencias corporales de hombres y mujeres.5 El sistema sexo/género establece las pautas que rigen las re­ laciones sociales entre hombres y mujeres, las cuales gene­ ralmente sitúan en desventaja a estas últimas, definen lo con­ siderado masculino y femenino y establecen modelos de com­ portamiento para cada sexo en los diferentes planos de la realidad social. Algunas autoras han establecido —de manera muy acer­ tada, desde nuestro punto de vista— que el género se construye Y reproduce no sólo mediante símbolos y elementos norma­ tivos, sino también por medio de instituciones y organizaciones sociales —como el mercado de trabajo, la educación, la políti­ ca—-, así como por el sistema de parentesco y la familia (Scott, 1^86). Para esta autora, el género es también una forma pri­ maria de relaciones significantes de poder. No es el género el tínico campo dentro del cual o por medio del cual se articula el poder, pero sí uno de los más persistentes en la historia de *a humanidad (Scott, 1986).6 3 Retomando el concepto original de G. Rubin (1975), pionera en el desarrollo del concepto e género, diversos autores hacen referencia a ese conjunto de prácticas, símbolos, representaciones y normas como sistema sexo/género. * Para una discusión amplia acerca del concepto de género, así como de sus diferentes

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Cada día se reconoce más el género como una categoría útil y necesaria para la lectura, interpretación y explicación de los comportamientos poblacionales, abriendo de esa manera nuevos cauces ala investigación (De Barbieri, 1996). La intro­ ducción de dicha categoría en los estudios de población sig­ nifica la superación del análisis de los comportamientos sociodemográficos de los hombres y las mujeres solamente a partir de sus atributos personales, para pasar a pensar, por un lado, en los factores que subyacen a esos atributos más allá de lo que puede ser atribuible a la pertenencia a una clase social o grupo étnico, y a considerar, por otro, que no hay un mundo de las mujeres aparte del mundo de los hombres y que las experiencias y comportamientos de un sexo tienen que ver con las experiencias y comportamientos del otro (véase Scott, 1986). Si bien en México la realización de investigaciones sociodemográficas según este enfoque es reciente, también re­ sulta muy prometedora como los y las lectoras tendrán opor­ tunidad de evaluar a lo largo del libro. Esta obra busca ofrecer un panorama global de la inves­ tigación realizada en México desde la perspectiva de la situación de la mujer y las relaciones de género en las temáticas demográficas y sociales que se abordan en cada uno de los capítulos: fecundidad, anticoncepción y derechos reproduc­ tivos, salud materno infantil, migración, familia, participación laboral, trabajo extradoméstico y comportamiento reproduc­ tivo, políticas de población y pobreza. Asimismo, se incluye una sección especial sobre la participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer llevada a cabo en 1995, en Pekín, China, acontecimiento que dio lugar a la elaboración de este libro, como se especifica en la presentación. Antes de entrar a considerar el contenido, expondremos algunos ante­ cedentes sobre la mujer y las relaciones de género en la investi­ gación sociodemográfica realizada en los contextos interna­ cional y nacional.

acepciones y de los problemas que su uso y aplicación han tenido en la práctica de los hablantes del español, véanse Lamas (1986, 1996a y 1996b), Benería y Roldán (1987) y De Barbieri (1992 y 1996).

RELACIONES DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS DE POBLACIÓN

Antecedentes

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sobre la mujer y las desigualdades de género EN LOS ESTUDIOS DE POBLACIÓN

Desde los primeros años ochenta en varios países desarrollados se realizaron esfuerzos para especificar y sistematizar los distintos planteamientos teóricos y la evidencia empírica existente sobre la importancia de la posición o el estatus de la mujer en la explicación de los fenómenos sociodemográficos (principalmente fecundidad y mortalidad infantil) (véanse Masón, 1984; Federici y Fong, 1985). Hacia finales de la déca­ da, la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Po­ blación (iussp, por sus siglas en inglés) convocó a un importante seminario en Oslo, Noruega, con el fin de conjuntar todos los esfuerzos existentes en este campo y de crear un núcleo de re­ flexión y trabajo científico.7 Entre los trabajos que se pre­ sentaron en djcho seminario es importante mencionar el de Masón (1993), en el cual la autora recopiló las hipótesis exis­ tentes que relacionaban la posición de la mujer y el cambio demográfico.8 En el caso de la mortalidad, Masón (1993) plantea que generalmente se ha postulado que la autonomía y el control de los recursos materiales por parte de las mujeres pueden contribuir a incrementar la habilidad de la madres para proveer a sus hijos de la nutrición adecuada y cuidado médico. Asi­ mismo, la independencia económica de las mujeres puede llevar a aumentar el valor social y económico de las hijas —que en muchos países en desarrollo tiende a ser menor que el de los hijos varones— así como la calidad de la alimentación y del cuidado médico que sejes ofrece. En lo que respecta a la fecundidad, existe un rango más amplio de hipótesis. Una de las más conocidas es la que se refiere al retraso de la edad considerada como apropiada para 7 De dicha conferencia surgió el Comité de Género y Población de la russr que, en principio, estará funcionando hasta 1999. * La síntesis de las hipótesis que se realiza a continuación se basa en los trabajos de K. Masón (1984, 1993 y 1995). Véase también Federici y Fong (1985). Al igual que en otros campos disciplinarios, en el sociodemográfico el énfasis ha ido cambiando paulatinamente de los estudios sobre la posición o el estatus de la mujer a los de relaciones o sistemas género. Muchas de las Primeras investigaciones sólo se referían a las mujeres y buscaban hacer visible su situación; otras, s>n embargo, ya incorporaban el interés por estudiar las relaciones socialmente construidas entre hombres y mujeres (véase Lamas, 1996b, que relata una situación similar en otras disciplinas sociales).

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la unión conyugal o el matrimonio a medida que aumenta la independencia económica de las mujeres. Otra serie de plan­ teamientos concierne a las motivaciones para limitar la fecun­ didad dentro de la unión conyugal. Se considera que en las fa­ milias patriarcales las recompensas que proporcionan los hijos son principalmente para los padres —que por lo tanto desean tener un número elevado de ellos—, mientras que el esfuerzo de la crianza recae mayormente sobre las madres; familias más igualitarias facilitarían entonces que se equilibraran las venta­ jas y desventajas de la reproducción, lo cual llevaría al descenso de la fecundidad. Asimismo, la independencia de las mujeres reduciría tanto su dependencia exclusiva de la maternidad pa­ ra su seguridad, satisfacción y legitimidad como la preferencia por los hijos varones. Finalmente, se plantea que la autonomía de la mujer le permite acceso más amplio a la información y al control de la fecundidad, y que la igualdad y mayor intimidad entre los cónyuges facilitan el uso y la efectividad de los anti­ conceptivos. Es importante hacer notar que la mayoría de estas hipótesis supone que la autonomía de la mujer operaría junto con otros cambios socioeconómicos (aumentos en la educación, en la proporción de empleos asalariados, en la introducción de programas de planificación familiar) que facilitarían o acele­ rarían el descenso de la fecundidad. En lo que toca a la evidencia empírica existente sobre las hipótesis arriba planteadas, un número importante de investi­ gaciones apoya el planteamiento de que la posición social de la mujer juega un papel directo e indirecto en el logro de bajos niveles de mortalidad infantil. En contraste, los hallazgos en el caso de la fecundidad son mixtos o más bien muestran efectos indirectos, excepto en el caso de la edad a la unión conyugal. La evaluación en este campo se complica porque muchas in­ vestigaciones no toman en cuenta variables directamente rela­ cionadas con la estratificación de género o no tienen en consi­ deración el hecho de que la investigación sobre las desigual­ dades entre hombres y mujeres no se agota con la medición individual y que es preciso comparar comunidades, estados o regiones que difieran en cuanto a las relaciones establecidas entre los sexos. A pesar de las dificultades mencionadas, es importante destacar que las investigaciones que sí incorporan elementos

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directos sobre estratificación de género en sus diseños (la mayoría de ellos realizados en los años noventa y referidos al Sur de Asia) efectivamente apoyan la idea de que la fecundidad es más baja o desciende más rápidamente allí donde la autonomía femenina prevalece más (véanse Balk, 1994; Schuler y Hashemi, 1994; Morgan y Niraula, 1995, según el análisis realizado por Masón, 1995). En lo que respecta a migración, algunos estudios pioneros en el ámbito internacional (véase Lim, 1993) plantean que el estatus o posición de la mujer puede en algunas instancias propiciar y en otras frenar la movilidad territorial femenina. La consideración del contexto es crucial también en lo que con­ cierne a la migración, por lo que, de la misma manera que se planteó con anterioridad, el posible efecto del estatus de la mu­ jer sobre los desplazamientos poblacionales se plantea como condicionante de la influencia de otras variables socioeconó­ micas. En todo caso, Lim (1993) sostiene que lo que resulta más claro es que la posición relativa de las mujeres determina los motivos, la composición y las características de las corrientes migratorias femeninas, no sólo en términos de la selectividad por edad, sino en lo que concierne al carácter independiente o asociado de este desplazamiento territorial, entre otros aspectos. A medida que nos alejamos de las variables demográficas tradicionales de fecundidad, mortalidad y migración es mucho más difícil intentar ofrecer una visión sintética de la im­ portancia de considerar la posición de la mujer o de la perspec­ tiva de género en otras áreas temáticas esencialmente inter­ disciplinarias como son las de familia, participación laboral femenina y pobreza, o en la reflexión sistemática sobre las po­ líticas de población (que también se incluyen en este libro). No obstante, es importante hacer algunas consideraciones pre­ liminares en esa dirección. La primera es la relevancia global de estas temáticas para los estudios de género, razun principal por la que fueron esco­ gidas para ser incluidas en el libro. Muchas dimensiones de la realidad social que necesariamente están presentes en los estudios sociodemográficos sobre familia y participación económica y doméstica de hombres y mujeres (por ejemplo, la ^visión social y sexual del trabajo, el matrimonio, las relaciones

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de parentesco) siempre han tenido un papel fundamental en la búsqueda de explicaciones sobre la propia subordinación de las mujeres (véanse G. Rubin, 1975; De Barbieri, 1996; Lamas, 1996cyArizay Oliveira, 1996, para una comparación de diferentes posiciones en este sentido). Asimismo, para aquellas autoras que conceden menos importancia a la bús­ queda de los orígenes de la subordinación femenina —y que más bien hacen aportaciones importantes a la definición de género y sus elementos constituyentes—, una temática como la segregación por sexos en el mercado de trabajo forma parte fundamental de la construcción del género en las sociedades contemporáneas (véase Scott, 1986). Por último, en el campo de las acciones tendientes a superar la posición subordinada de las mujeres respecto de los hombres, el logro de políticas de po­ blación que garanticen el derecho para decidir libremente cuán­ do y cómo tener hijos siempre ha sido una de las demandas más importantes de los movimientos feministas y ha recibido atención especial en los estudios de género. Otra consideración relevante es que la introducción de la perspectiva de género en el estudio científico de muchas de estas áreas temáticas ha llevado —como en otros casos— no sólo a modificaciones en la conceptuaáón y en las metodo­ logías, sino a producir un tipo de conocimiento distinto de as­ pectos poco conocidos con anterioridad. Un ejemplo en esta dirección lo constituye el caso de los estudios de familia, en los que se observa el cuestionamiento y abandono de la supo­ sición de que sus integrantes actúan como parte de un todo armónico y solidario, punto de partida de importantes tradi­ ciones de investigación, tanto en la sociología, la economía y la historia como en la demografía. Otro ejemplo lo podemos encontrar en las investigaciones sobre la pobreza, en las cuales la introducción de una perspectiva de género ha llevado a mostrar lo insuficiente que resulta centrar las estimaciones de la cantidad de pobres en los ingresos del hogar o en los ingresos de los jefes (mayoritariamente varones), sin tener en conside­ ración la distribución de los recursos o la división del trabajo doméstico y extradoméstico entre hombres y mujeres y la ca­ lidad de vida diferencial que generalmente favorece a los primeros (véase Basu, 1994). Los lincamientos anteriores constituyen un punto de

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partida para poder evaluar con mayor precisión la importancia del recorrido que se intenta llevar a cabo en cada uno de los capítulos de este libro. No obstante, desde aquí es posible apre­ ciar la heterogeneidad prevaleciente en las diferentes áreas te­ máticas y los distintos retos que se plantean en cada una de ellas, situación que adquiere matices específicos en el caso me­ xicano que se analiza en las páginas que siguen.

La PREOCUPACIÓN POR LA POSICIÓN DE

LA MUJER

Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LOS ESTUDIOS

DE POBLACIÓN EN MÉXICO

El interés por explorar la influencia de la posición de la mujer o de las desigualdades de género sobre las tendencias demo­ gráficas en el país es relativamente reciente. Lo más frecuente es que en las investigaciones se haya tenido en cuenta la esco­ laridad de la mqjer o su participación en el mercado de traba­ jo; sin embargo, como se destacó con anterioridad, detrás de la elección de estos atributos personales no necesariamente subyace una preocupación por entender las desigualdades entre hombres y mujeres y su influencia sobre las tendencias demo­ gráficas. Por ejemplo, ante el hallazgo común de que las mujeres con mayor escolaridad tienden a tener menor número de hijos, en México se interpreta de manera frecuente que esto se debe a que la escolaridad contribuye a cambiar las expectativas en torno de la descendencia y a que se deseen hijos de mayor ca­ lidad, es decir, mejor preparados para enfrentar las crecientes demandas que impone la modernización de la sociedad. Asi­ mismo, se ha argumentado de manera repetida que una mayor escolaridad permite mayor información y acceso al uso de an­ ticonceptivos (véase J. Rubin, 1989, para una síntesis de los Primeros estudios de fecundidad en México). Mayor escolaridad de la madre y menor mortalidad infantil también es una asociación conocida en México como en otros Países. En este caso, una interpretación frecuente ha sido que las madres con mayor educación pueden realizar mejores diag­ nósticos de síntomas de enfermedades y una más apropiada selección de cursos de acción cuando los hijos enferman (véase Gómez de León, 1988). Como es posible deducir, tanto en es­

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te caso de la mortalidad infantil como en el de la fecundidad, las mujeres y sus características constituyen la población de referencia, pero en las investigaciones no necesariamente se ha indagado sobre la distancia que las separa de los hombres —o su subordinación a ellos— y cómo influye esto en los fenómenos poblacionales. También es relevante mencionar las investigaciones sobre la mortalidad diferencial por sexo. A diferencia de lo que ocurre en otros contextos nacionales, en el nuestro no ha sido fre­ cuente que se exploren en profundidad las diferencias en las condiciones de vida de hombres y mujeres y sus distintas actitudes frente al cuidado de la salud y a los riesgos de en­ fermedad y muerte, los cuales pueden explicar parcialmente la mayor esperanza de vida femenina. Ha sido más común que los esfuerzos de los investigadores se centren en la evaluación de la información y en la estimación de los diferenciales que en su explicación desde una perspectiva de género. Lo que se hace en algunas investigaciones es apenas mencionar los dife­ rentes estilos de vida de mujeres y hombres y la mayor parti­ cipación laboral de estos últimos como una posible explicación de su mayor mortalidad por causas violentas (véanse Hernán­ dez, 1989, y las anotaciones de García y Oliveira, 1984, sobre el particular). Con base en lo anterior es posible concluir que la preocu­ pación por la posición de la mujer o las desigualdades de gé­ nero y su influencia sobre la mortalidad y la fecundidad era incipiente en México antes de los años noventa, tal y como ocurría en un buen número de países. Ésta fue una de las prin­ cipales conclusiones a las que llegaron García y Oliveira (1984) en uno de los primeros estudios llevados a cabo para evaluar la presencia del tema de la mujer en los estudios de población en el país. Siguiendo una tradición muy arraigada en los estu­ dios sociodemográficos latinoamericanos, la principal dimen­ sión de diferenciación social que se tenía en cuenta en México eran las diferencias de clase, grupo o sector, y se han llevado a cabo numerosas investigaciones para cuantificar los efectos de este tipo de pertenencia o posición sobre diversos fenómenos sociodemográficos (véanse Arizpe, 1980; Garda, Muñoz y Oli­ veira, 1982; Bronfman y Tuirán, 1984; Mier y Terán y Rabell, 1984; Ojeda, 1989, y Bronfman et al., 1990). Muchos de los

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estudios actuales que están orientados por una perspectiva de género buscan rescatar esta tradición y articular las distinciones entre sectores sociales con las diferencias entre hombres y mujeres pertenecientes a dichos sectores. La trayectoria de los estudios de migración, familia y par­ ticipación femenina en el mercado de trabajo ha seguido un curso un tanto distinto en lo que concierne al tema de la mujer o las relaciones de género, porque se trata de campos esen­ cialmente interdisciplinarios, en los que, en el caso de México, han convergido la sociología y la antropología, además de la demografía.9 Por lo que respecta a los estudios sociodemográficos, ya en los años setenta se desarrollaron investigaciones clave que hacían hincapié en la especificidad de las migraciones feme­ ninas o de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Sin embargo, sería difícil establecer hasta qué punto también se tenían sistemáticamente en cuenta en esos estudios las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, las condiciones sociales que les daban origen, o en qué medida el reconocimiento de la asimetría del ejercicio del poder entre los sexos llevaba a redefinir las temáticas que eran el objeto de su atención, como sucede claramente en la actualidad en los es­ tudios orientados por una perspectiva de género. Por lo pronto, resulta relevante destacar algunos de los principales hallazgos de estos trabajos realizados antes de los años noventa.10 La importante presencia de las mujeres en los desplaza­ mientos poblacionales ocurridos en México fue oportuna­ mente señalada en algunos de los primeros estudios demográ­ ficos que se realizaron sobre el tema (véanse Cabrera, 1970; Ordorica, 1976; Goldani, 1977). A mediados de los años ochenta, Oliveira (1984) realizó un primer esfuerzo para iden­ tificar y sistematizar los factores pertinentes que explicaban en esos años la migración femenina en el país. Entre los más Aportantes estaban: el incremento de oportunidades laborales * Véanse, por ejemplo, algunas de las primeras publicaciones del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (mem) de El Colegio de México, como sería el caso del libro Thibajo, poder y sexualidad (1989), coordinado por Orlandina de Oliveira.

0 La síntesis que presentamos a continuación sobre los estudios de migración y de participación Menina en el mercado de trabaio , hasta mediados de los años ochenta se basa en los trabajos de oweira (1984) y García y Oliveira (1984).

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específicas para las mujeres en algunas áreas urbanas (por ejemplo, el empleo doméstico en la Ciudad de México y otras ciudades, el empleo en las maquiladoras en el Norte del país, y las ocupaciones no manuales en algunas áreas urbanas cuyo crecimiento respondía a las necesidades de la explotación pe­ trolera en el Sureste mexicano), la penetración del capitalismo en la agricultura y la destrucción de formas artesanales de producción, lo cual muchas veces convertía a la mano de obra femenina joven en excedente, y los cambios en los patrones culturales y niveles educativos de la población rural, y en es­ pecial de la femenina.11 En lo que concierne a la participación femenina en los mercados de trabajo, desde principios de los años ochenta se realizaron trabajos que indicaban el tipo de ocupaciones pre­ dominantes entre las mujeres económicamente activas —a diferencia de lo que ocurría entre los hombres— y su estrecha vinculación con los roles maternos y domésticos —princi­ palmente ocupaciones de secretarias, enfermeras, maestras y empleadas domésticas, en el sector terciario de la economía (véase Pedrero y Rendón, 1982). Asimismo, se incorporó de manera relativamente temprana en las encuestas de ocupación en el país (principios de los ochentas) la preocupación por captar de la mejor manera posible la participación económica de las mujeres, lo cual sabemos se dificulta por los prejuicios existentes en torno de los roles sociales más apropiados para el género femenino (véase Pedrero, 1994). Además de las investigaciones relacionadas con los grandes agregados poblacionales, el estudio de la migración y la parti­ cipación laboral femenina en el contexto de las familias o uni­ dades domésticas tiene una importante tradición en México, pues es conocido que estos fenómenos forman parte de las estrategias de sobrevivencia que ponen en marcha los hogares ante situaciones económicas difíciles. En los primeros estudios realizados en México desde esta perspectiva en los años setenta, la familia u hogar rural o urbano se concebía como una unidad solidaria —en la que todos acataban las relaciones de autoridad “ Véanse también Arizpe (1978) y Espinoza (1978), trabajos de investigación pioneros sobre el papel de la mujer en los flujos migratorios desde las áreas rurales, o en la medición de dichos flujos a partir de diversas fuentes de información sociodemográficas.

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en beneficio del colectivo— de la misma manera que ocurría en muchos campos disciplinarios en el ámbito internacional. Se documentaba que los comportamientos de hombres y mujeres, padres e hijos (o hijas) eran distintos, pero no se hada suficiente hincapié en la posibilidad de conflictos de intereses o en la desigualdad de derechos y obligaciones entre los distintos inte­ grantes de las familias (véanse Arizpe, 1980; Margulis, Rendón y Pedrero, 1981; García, Muñoz y Oliveira, 1982; Margulis y Tuirán, 1986; Pepin-Lehalleur y Rendón, 1983; Zúñiga et al., 1986; Giner de los Ríos,, 1989; Oliveira, Salles y Pepin-Lehal­ leur, 1989). Esta visión comenzó a cambiar en las investigacio­ nes sobre la familia llevadas a cabo años después y, como se mencionó, constituye uno de los principales aportes de la pers­ pectiva de género. Los antecedentes sobre la introducción de la perspectiva de género en los estudios de la pobreza realizados en los años setenta y ochenta en México son mucho más escasos que en las demás áreas temáticas consideradas. Como es conocido, en esos años más bien prevalecía el interés por medir ade­ cuadamente los niveles de pobreza individual o familiar sin entrar a considerar la posible desigual distribución de los re­ cursos, oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres —dentro y fuera de sus unidades domésticas— o la preocupación prevaleciente en los años noventa por analizar la manera específica en que las mujeres viven la pobreza debido a su condición de género (véanse Salles y Tuirán, 1995, y Alatorre et al., 1994). Finalmente, en lo que concierne a las políticas de población, es conocido que hasta hace poco habían prevalecido en la in­ vestigación sobre este tema los recuentos históricos y el análisis del posible impacto de los diferentes programas sobre el des­ censo de la fecundidad (véase Tuirán, 1988). No obstante, es Aportante mencionar que, desde inicios de los años ochenta se comenzaron a desarrollar trabajos que hacían hincapié en los derechos humanos o en los derechos de la mujer frente a la Puesta en práctica de las políticas de población (véanse De fcarbieri, 1982, y Miró, 1982). Los desarrollos anteriores constituyen el trasfondo en el cual se inserta el presente libro, Mujer, género y población en México. Cada capítulo está concebido para ser leído de manera

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independiente, y no se sigue necesariamente en ellos un for­ mato uniforme previamente establecido, dada la distinta naturaleza de cada área del conocimiento y la evolución par­ ticular de la investigación en cada una de ellas. Los estudios realizados en cada caso muestran un desarrollo y un grado de avance diferentes, reflejando, en alguna medida, la trayectoria que ha seguido la investigación sobre la mujer en otros cam­ pos de las ciencias sociales. Se ha evolucionado desde los tra­ bajos que se limitaban a hacer patente la diferencia de compor­ tamientos y condiciones de vida entre los sexos, o desde los análisis que centraban su atención en la mujer y buscaban la explicación de sus comportamientos en sus atributos persona­ les y en factores de índole socioeconómica, hasta aquellos es­ tudios en los que se intenta dilucidar cómo opera la lógica de género en los fenómenos poblacionales. El libro Mujer,

género y población en México.

El camino

RECORRIDO, LAS LECCIONES APRENDIDAS Y LAS PRIORIDADES FUTURAS

El propósito general de los diferentes capítulos es destacar las contribuciones que en el plano de lo teórico, lo metodológico y lo empírico han hecho los estudios de la mujer y la perspecti­ va de género para acrecentar el conocimiento, la comprensión, interpretación y explicación de los fenómenos sociodemográficos. En algunos casos, dado lo reciente de algunos desarro­ llos, el objetivo más específico es señalar las posibilidades que ofrece esta perspectiva centrada en la situación de la mujer o en las relaciones de género para la evolución científica de un área particular, y la manera en que se encuentra presente, así como también implícita o ausente. En otros casos, interesan de manera especial las relaciones de poder entre hombres y mu­ jeres en distintos ámbitos sociales y su vinculación con el ejer­ cicio de derechos ciudadanos en general, y reproductivos en particular. En el capítulo II, “Fecundidad, anticoncepción y derechos reproductivos”, Juan Guillermo Figueroa lleva a cabo una re­ flexión sobre la forma en que se ha enriquecido la investigación sobre fecundidad y an ti concepción en México a partir de la introducción de la categoría de género y la perspectiva de los

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derechos reproductivos. Tras la lectura de este capítulo se puede concluir que, hasta ahora, en los análisis sobre el descenso de la fecundidad mexicana no se ha otorgado una importancia central al posible papel de la autonomía femenina. No obstante, la dimensión del poder ha sido introducida de diferentes ma­ neras en algunas investigaciones sobre fecundidad y anti­ concepción. Varios trabajos han incursionado en las formas de adaptación individual, resistencia y transgresión de las normatividades institucionales en el caso de la salud; otros han privi­ legiado la reconstrucción de los procesos de normatividad institucional, y finalmente estarían diversas investigaciones que enfatizan las transacciones entre las personas y las instituciones de salud, y aquellas que indican el carácter sexista de la práctica médica, la medicalización de la reproducción y las contradic­ ciones en la normatividad jurídica. Este capítulo.consta de cuatro apartados. En el primero de ellos se hace una revisión de los términos utilizados para ana­ lizar la regulación de la fecundidad con el fin de identificar los supuestos ideológicos subyacentes. Así, se analizan críticamente los términos de “control de la fecundidad” y “planificación familiar”, en contraposición a los de “salud” y “derechos reproductivos”. Es importante hacer notar que tanto en los movimientos feministas como en los programas gubernamen­ tales se utiliza el mismo término para proponer el “control natal o de la fecundidad”, pero su significado es distinto en cada contexto. Para los movimientos feministas el control natal es un medio para transformar las relaciones de poder en el es­ pacio de la reproducción; en cambio, las acciones gubernamen­ tales están encaminadas a.disminuir el número de hijos, sin cuestionar las relaciones de poder. Con el surgimiento del tér­ mino “planificación familiar” se redujo el carácter radical de la propuesta feminista inicial, al restringir conceptualmente el uso de los anticonceptivos al ámbito de las relaciones familiares. Por su parte, con los conceptos de “salud” y “derechos repro­ ductivos”, se intenta recuperar el proceso de la reproducción de una manera integral, aunque el primer término se refiere más al ámbito de la medicalización, en tanto que el segundo hace referencia al ejercicio ciudadano para construir el espacio reproductivo. En la segunda sección, el autor repasa las diversas apro­

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ximaciones analíticas que se han utilizado en el estudio de la fecundidad en México con el fin de ilustrar la forma en que fi­ nalmente se ha recuperado la dimensión del poder. Se revisa el enfoque de las variables intermedias, la vertiente teóricoanalítica de la reproducción social, la aproximación psicosocial, y, por último, aquella corriente que más interesa a los fines del capítulo sobre normas institucionales, género y derechos reproductivos. El tercer apartado constituye un esbozo de algunos elemen­ tos críticos en torno de la experiencia de la población en el uso de anticonceptivos, la lectura de las políticas que buscan satis­ facer las demandas poblacionales y la propuesta feminista de autodeterminación reproductiva. Finalmente, la última sección se refiere a los temas emergentes que se han hecho presentes en el estudio actual de la fecundidad a partir de la introducción de la perspectiva de género y de los derechos reproductivos. Estos son: la sexualidad, la población masculina y el ejercicio ciudadano de la reproducción. Se propone que en el estudio de la sexualidad, entendida como una práctica que rebasa las meras relaciones coitales, se analicen los espacios de poder que se dan en las negociaciones, así como su significado para la construcción de las identidades masculina y femenina, entre otros aspectos. Asimismo, se señala la importancia de los es­ tudios de la población masculina que consideran a los varones como actores dinámicos en el proceso reproductivo. Para ello es preciso establecer marcos analíticos y propuestas de indi­ cadores que incorporen de manera explícita a la población masculina. Respecto al ejercicio ciudadano de la reproducción, se puntualiza que las categorías de género y de derechos re­ productivos permiten recuperar el concepto de ciudadanía en su sentido más amplio, al explicitar la posibilidad de que los hombres y las mujeres participen en la construcción de su entor­ no reproductivo y en la desmistificación de los estereotipos de género. En las consideraciones finales se contempla la necesidad de que la demografía avance más allá del análisis de la fecun­ didad y sus determinantes, para sistematizar el estudio de las relaciones de poder subyacentes a las decisiones reproductivas y la transformación de las normatividades. Otras necesidades de investigación son los cambios en las políticas, la manera en

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que las construcciones sociales de la sexualidad y la reproduc­ ción dan dimensiones específicas a los procesos demográficos, y la vinculación del ejercicio ciudadano de la reproducción con las acciones específicas de los agentes institucionales. En el capítulo III, “Salud materno-infantil y condición de la mujer”, Carlos Echarri hace un recorrido por las estrategias de salud emprendidas en el mundo en torno de la salud ma­ terno-infantil, y revisa la investigación nacional sobre el tema con el objeto de indagar si efectivamente se habla de salud ma­ terno-infantil y la medida en que el enfoque de género se ha incorporado en el estudio del tema. El autor señala que si bien los programas de salud maternoinfantil surgieron en el ámbito internacional como respuesta a la necesidad de poner al alcance de la mujer los medios para mejorar su salud y aumentar la sobrevivencia de sus hijos, en la práctica la atención se enfocó a lo segundo, especialmente a la mortalidad infantil y a los efectos que en ésta tuvo el cam­ bio de la fecundidad, lo cual significó que se considerase a la madre tan sólo en su papel de agente en el cuidado de la salud infantil. La atención a la salud de la madre comenzó a darse en fechas recientes, aunque al principio sólo estuvo di­ rigida a atender los problemas que se presentan en torno del embarazo, para luego ampliarse a otros problemas de salud de la mujer. En México, la investigación sobre el tema ha seguido un camino similar y, a juicio de Echarri, no ha logrado afianzarse como un campo de investigación que responda realmente al Nombre que se le ha dado. Al respecto, menciona la dificultad teórica y metodológica qué encierra el término salud maternomfantil, ya que involucra a dos sujetos y procesos distintos Pero interactuantes entre sí: la mujer y los problemas de salud relacionados con la maternidad, por un lado, y la salud del ni­ ño, por otro, lo que en la práctica se ha traducido en la sepa­ ración del estudio de cada uno de ellos y la ausencia de trabajos 9Ne los consideren en forma conjunta; son escasos, además, qne se ocupan de la salud de la madre. Aún más; en estos últimos, el énfasis se ha puesto en los factores considerados úe riesgo para el niño, y sólo recientemente se han producido acercamientos a las condiciones de salud de la mujer como °bjeto de estudio en sí mismo.

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Por otro lado, en este tercer capítulo se apunta que, en México, la investigación sociodemográfica de la salud maternoinfantil apenas empieza a incorporar el enfoque de género. Si bien algunos intentos de aproximación al conocimiento de los factores que intervienen en la mortalidad infantil consideran la condición de la mujer en forma indirecta—al analizar varia­ bles tales como la escolaridad o la participación económica de la madre—, rara vez se cuestionan los determinantes de géne­ ro que hacen recaer en la madre la responsabilidad de la aten­ ción de la salud de los hijos o, bien, que pueden afectar la salud de ambos. A lo largo del capítulo se plantea la necesidad de incluir en el análisis de la salud materno-infantil algunos aspectos de la condición social de la mujer que, al afectar su participación en la toma de decisiones y el acceso a los recursos —y el control de los mismos— dentro del hogar, pueden incidir en la salud de la madre y el hijo, tales como la sumisión, las relaciones de po­ der, el altruismo, las inequidades en la educación y el énfasis que suele ponerse en la maternidad como medio de realización de las mujeres. Se señala, asimismo, la necesidad de considerar el estatus de la mujer en el interior del hogar no sólo en relación con el hombre, sino también con otras mujeres y en diferentes momentos de su vida, y se sugieren dos dimensiones de análisis del impacto de la desigualdad de género sobre la salud infantil. La primera referida a las diferencias en el acceso y la provisión de cuidados a la salud de niños y niñas; la segunda, a los efectos de la condición social de la mujer sobre las características de la madre y la repercusión de éstas en la salud de sus hijos. Res­ pecto de esta última dimensión, el autor da cuenta de inves­ tigaciones recientes que estudian el cuidado y la salud de los hijos en relación con ¡aposición de la madre dentro del hogar, de su actividad laboral, o del conflicto de roles que enfrenta al tratar de compaginar las actividades intra y extradomésticas. Finalmente, por lo que toca a la salud de la mujer, se señalan los intentos realizados —sobre todo por las organizaciones de mujeres—, para desvincular la salud de la mujer de sus funcio­ nes reproductivas y abarcar así un espectro de temas más am­ plio que, además de los relacionados más directamente con la salud materna, incluya otros como el aborto inducido, la agre­ sión y violencia domésticas, el cáncer cérvico-uterino y ma­

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mario, las enfermedades de transmisión sexual y el sida, la mortalidad general, la nutrición, la menopausia y el climaterio, la salud mental y ocupacional y las adicciones, de cada uno de los cuales el autor ofrece un panorama del conocimiento que actualmente se tiene y del grado en el que la perspectiva de género ha sido incorporada en su estudio. Según se anunció en páginas anteriores, la preocupación por la situación de la mujer se introdujo de manera más tem­ prana en el estudio de la migración en México de lo que ha ocurrido en el caso de las temáticas analizadas en los capítulos precedentes. En el capítulo IV, “La perspectiva de género en el estudio de la migración femenina en México”, Ivonne Szasz sis­ tematiza el camino recorrido en el país y enmarca su exposición con una síntesis previa de los principales aportes que los es­ tudios de la mujer y la perspectiva de género han hecho al co­ nocimiento y la comprensión de la migración femenina en el ámbito internacional. La autora identifica siete líneas que sin­ tetizan la riqueza de dichos aportes: i) el desarrollo de inno­ vadores métodos de recolección de datos y formas de medir que han permitido hacer visible la importancia de la migración femenina y su creciente volumen y complejidad; ii) los señala­ mientos sobre la particularidad de las migraciones de mujeres V sus características, así como de los procesos que conducen a ellas, los cuales han permitido constatar que existen tipos de corrientes migratorias específica o predominantemente feme­ ninas; iii) la puesta en evidencia de que los marcos conceptuales desarrollados para estudiar la migración masculina son inade­ cuados para abordar la femenina, así como la necesidad de elaborar tipologías para identificar los desplazamientos poblacionales donde las mujeres desempeñan un rol particular y es­ tablecer las tendencias diferenciadas entre hombres y mujeres Para involucrarse en movimientos migratorios específicos; iv) e| señalamiento de que la construcción social de lo masculino y 1° femenino afecta las motivaciones, los incentivos, las limitaciones y posibilidades de las mujeres para migrar, así como su participación en la decisión de hacerlo. La condición social eiuenina puede restringir o promover la movilidad espacial de as mujeres,así como circunscribirla a ciertas etapas de la vida, cjr instancias y tipos de actividad; v) la propuesta de analizar Papel de las políticas de desarrollo en la configuración de

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mercados de trabajo segmentados por sexo, las características que éstos adoptan en los lugares de origen y de destino, la atracción que ejercen sobre las mujeres y la manera como éstas se insertan en ellos; vi) el énfasis en la necesidad de ver las migraciones femeninas en relación con la familia, considerán­ dolas primero como parte de las estrategias desplegadas en función del interés del grupo doméstico, para luego recono­ cerlas como una manifestación de la capacidad de los inte­ grantes de los hogares en la toma de decisiones propias y la negociación de sus intereses; vii) finalmente, la atención puesta en los efectos de la migración sobre las mujeres —tanto mi­ grantes como esposas de varones migrantes—, en aspectos ta­ les como la autoestima, la capacidad de tomar decisiones y de negociar y disponer de recursos económicos, así como en las relaciones de poder dentro y fuera de la familia, el tipo de ac­ tividad que desempeñan las mujeres, su carga de trabajo y sus posibilidades de experimentar y ejercer deseos personales. En la segunda parte de este cuarto capítulo se ofrece un amplio panorama de la evolución de los estudios de migración femenina en México, distinguiendo dos grandes corrientes: la derivada de los estudios sobre la mujer rural y aquella propia­ mente sociodemográfica. A decir de la autora, los primeros rescataron dimensiones socioculturales específicas en las motivaciones y características de la migración femenina y de la inserción laboral de las migrantes, y mostraron la necesidad de considerar aspectos tales como la unidad doméstica, las rela­ ciones de parentesco, el control de la sexualidad femenina, la importancia de la conyugalidad en la vida de las mujeres y los cambios en los mercados matrimoniales. Asimismo, las inves­ tigaciones sobre la mujer rural más directamente orientadas por una perspectiva de género han hecho hincapié en otras dimen­ siones al estudiar la migración, tales como las relaciones de poder y los conflictos de intereses dentro de los hogares, los cambios en la autonomía femenina y en la división del trabajo, así como los efectos de la migración masculina en la vida de las mujeres. Por su parte, los estudios sociodemográficos mostraron desde su inicio la importancia de las migraciones femeninas en el país, así como su heterogeneidad y las diversas modalidades que han asumido en distintos momentos históricos, ámbitos

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espaciales y grupos sociales. Aun cuando, a decir de la autora, la mayoría de estos estudios no ha incorporado explícitamente Una perspectiva de género, ha dado cuenta sin embargo de as­ pectos tales como las características que diferencian la movi­ lidad espacial femenina y masculina, la diversidad de las migra­ ciones de mujeres, sus cambios en el tiempo, la existencia de comportamientos diferenciales de las migrantes en fenómenos tales como la nupcialidad y la fecundidad, y las características de su inserción en los mercados de trabajo. Es en el rubro de los mercados de trabajo donde se ubican las mayores contri­ buciones que dichos estudios han hecho para la comprensión de las relaciones entre migración y género. Por último, la autora concluye su contribución con una se­ rie de propuestas tanto de orden conceptual y metodológico relacionadas con la perspectiva de género, como de orden te­ mático derivadas de las lagunas de investigación que hasta ahora existen y que requieren ser incorporadas en el desarrollo futuro sobre el tema. En el capítulo Y “Familia y género en el análisis sociodemográfico”, cuyas coautoras son Orlandina de Oliveira, Marcela Eternod y María de la Paz López, se^naliza en qué medida la Perspectiva de género ha sido introducida en los estudios sobre ramilia en México y hasta qué punto dicha introducción ha conducido a una redefinición de las temáticas estudiadas y a Una revisión de los acercamientos metodológicos utilizados, ^egún las autoras, en los estudios de familia realizados con una Perspectiva de género se hace hincapié en los siguientes aspec­ tos: i) se busca redefinir la visión del ámbito doméstico como Privado y propio de las mujeres, en contraposición al ámbito extradoméstico como público y espacio masculino por exceencia-, ii) se critica la visión de la familia como una unidad con Un interés común, cuyos integrantes comparten en forma arurónica y solidaria derechos y responsabilidades; iii) se cues°na la familia nuclear con jefe varón como el único modelo debe ser aceptado socialmente; iv) se pone en duda el ^puesto de que la división sexual del trabajo es algo natural, erivado de la capacidad reproductiva de las mujeres y, por es lrn°j 0 se afirma que la valoración social de la maternidad Un aspecto central para el entendimiento de las formas que Unie la subordinación femenina.

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En este quinto capítulo se analizan primero los estudios propiamente sociodemográficos sobre los procesos de forma­ ción y disolución de las familias, la estructura de los hogares, y las investigaciones sobre familia, trabajo y presupuesto fa­ miliar. En lo que respecta a las pautas de nupcialidad, solamente en años recientes las investigaciones sociodemográficas inda­ gan la influencia que aquéllas tienen sobre la dinámica fami­ liar y la condición de las mujeres. El acercamiento multidisciplinario y la introducción de la perspectiva de género han permitido impulsar el estudio de los valores y costumbres del matrimonio, el noviazgo y la elección del cónyuge, los motivos para casarse, las expectativas en relación con la vida en pareja y el significado del matrimonio o de la unión consensual para hombres y mujeres. Por lo que toca a los estudios sobre familia y trabajo, éstos tienen una importante tradición en el caso de México y han abordado muy diferentes temas: las estrategias de sobrevivencia, la participación económica familiar, el traba­ jo femenino doméstico y extradoméstico y la organización del consumo y el ingreso familiar. No obstante, es importante de­ jar claro que, sobre todo en décadas pasadas, el eje de mu­ chos de estos análisis era la reproducción de las unidades do­ mésticas más que las relaciones de género que se gestan en su interior. En un segundo momento, Oliveira, Eternod y López exa­ minan las temáticas de dinámica familiar y hogares con jefatu­ ra femenina, que surgen como resultado del desarrollo de la perspectiva de género, y en las cuales se conjugan los aportes de la sociodemografía, la sociología y la antropología. El aná­ lisis de la dinámica familiar permite identificar dimensiones clave de la vida en familia y conocer los factores que pueden propiciar u obstaculizar cambios en las relaciones entre géneros y generaciones. Bajo este rubro se analiza la división sexual del trabajo y las relaciones de poder presentes en el ámbito doméstico. Varios estudios han hecho hincapié en la modifi­ cación del rol masculino de proveedor económico exclusivo, así como en las consecuencias de dicha transformación para el cambio de las creencias y los comportamientos tradicionales, los cuales son más visibles en el caso de los sectores medios. En lo que toca a las relaciones de poder, además de la actividad económica femenina se han identificado los siguientes factores

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que atañen a la mujer y que pueden contribuir a transformar la dinámica familiar: mayor edad al momento de casarse, ma­ yor escolaridad, participación política o comunitaria, el carác­ ter asalariado del trabajo extradoméstico, el control de los re­ cursos económicos, el compromiso asumido con la partici­ pación laboral y, por último, el tener que hacerse cargo de la manutención familiar cuando los hombres emigran. Finalmente, en lo que respecta a los hogares con jefatura femenina, se han identificado varios factores que han con­ tribuido a su crecimiento en el caso de México: el aumento de la disolución conyugal por viudez o por separaciones y divor­ cios, la maternidad en soltería, la emigración masculina y el abandono de los hogares por parte de los hombres debido a Problemas de diversa índole. Las diferentes investigaciones han documentado que los hogares con jefatura femenina son más Pequeños que las unidades con jefes hombres —debido a la casi universal ausencia del cónyuge— y que se trata, en im­ portante medida, de hogares extensos y en etapas avanzadas del ciclo vital. Los problemas de manutención cotidiana y la dinámica familiar prevaleciente en las unidades con jefatura ^menina continúan atrayendo la atención de los estudios de c°rte más interdisciplinario, y en particular destacan las inves­ tigaciones sobre pobreza, patrones de autoridad y organización doméstica, así como las referentes a la violencia que puede o no imperar en los hogares con este tipo de jefatura. De manera análoga al recorrido que se lleva a cabo en el capítulo sobre familia, en el capítulo VI, “Género y trabajo extradoméstico”, de Brígida García, Mercedes Blanco y Edith acheco, se sistematiza la evolución reciente de los estudios soC’odemográficos sobri : la incorporación de la mujer al mercado ne trabajo en México y se señala la medida en que han sido o no orientados por una perspectiva de género. Según García, Blanco y Pacheco, la perspectiva de género en el análisis de la participación laboral femenina tiene que te­ ner en cuenta los siguientes aspectos: i) abordar el problema de a ^suficiente visibilidad de la actividad económica de las mu'e^cs', ii) señalar las diferencias entre la participación masculina emenina en el mercado de trabajo, y la medida en la que ésse han convertido en desigualdades y discriminación ejeras en contra de las mujeres; iii) relacionar el trabajo extra-

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doméstico con el doméstico, dado que el ejercicio de este último condiciona de manera decisiva el tipo y las características de las ocupaciones que llevan a cabo las mujeres. El recuento que se hace en este sexto capítulo permite apun­ tar que, en el caso de México, se han logrado avances impor­ tantes en la introducción de una perspectiva de género en la captación de la actividad económica, especialmente en las en­ cuestas nacionales y urbanas de ocupación. El hecho de tornar visible la actividad económica femenina más marginal no ha dejado de causar inquietudes por el incremento que de esta manera se produce en el número de personas económicamente activas; no obstante, se reconoce cada vez más la necesidad de registrar todo tipo de actividad económica que realizan tanto hombres como mujeres en una etapa de reestructuración eco­ nómica en la que, desafortunadamente, los empleos asalariados de tiempo completo constituyen una porción decreciente en el mercado de trabajo. También se han realizado avances en el análisis del posible impacto que el trabajo extradoméstico tiene en la autonomía femenina, y se han señalado los tipos de ocu­ pación y factores involucrados que con mayores probabilida­ des podrían llevar a un mejoramiento de la condición de las mujeres. En lo que respecta al estudio de la incorporación de hom­ bres y mujeres en los distintos sectores de la economía (agri­ cultura, industria, servicios) y categorías ocupacionales (asala­ riados y no asalariados) han sido más frecuentes las investi­ gaciones que señalan las diferencias entre la mano de obra masculina y femenina que aquellas que intentan dar cuenta de los condicionamientos sociales y de género que responden por dichas diferencias. No obstante, existen algunas líneas de in­ vestigación en las que la introducción de una perspectiva de género ha dado frutos muy importantes. Los estudios sobre la maquila es una de ellas. Allí se hace hincapié en aspectos cen­ trales de la socialización femenina que son aprovechados por las empresas (destreza manual, docilidad), así como en la vin­ culación entre el nacimientos de los hijos o la responsabilidades domésticas y las entradas y salidas de las mujeres de la fuerza laboral. Asimismo, los estudios de caso sobre el trabajo a do­ micilio han permitido plantear la asociación entre la ideología de la domesticidad, que restringe las metas e impone límites a

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las mujeres, con el desarrollo de este tipo de actividad econó­ mica en el propio hogar. El fenómeno de la segregación ocupacional (concentración de hombres y mujeres en diferentes ocupaciones) ha sido poco estudiado en el país, y sólo muy recientemente se comienza a explorar la vertiente de la construcción de índices sobre este fenómeno que en los países desarrollados cuenta con una importante tradición. La perspectiva de género ha sido más bien introducida en los estudios microsociales sobre grupos ocupacionales específicos, como los de las obreras de las ma­ quiladoras, las maestras, las trabajadoras domésticas y las ad­ ministrativas. Por último, también la discriminación laboral ejercida en contra de las mujeres ha sido una temática insuficientemente atendida. Tradicionalmente se conoce que, en la mayoría de los casos, las mujeres obtienen más bajas remuneraciones que los hombres, pero sólo hasta muy recientemente se han llevado a cabo estudios metodológicamente más refinados que incor­ poran el efecto de aspectos tales como las horas trabajadas y la calificación con que cuentan hombres y mujeres que desem­ peñan ocupaciones específicas. A diferencia de los capítulos anteriores, en el capítulo VII, Trabajo extradoméstico femenino y comportamiento repro­ ductivo”, Carlos Welti y Beatriz Rodríguez abordan una te­ mática más específica, la cual ha sido de gran importancia en el diseño de las políticas de población. Se trata de la relación eutre la actividad económica femenina y la transformación en °s patrones reproductivos. En este capítulo se dedica mayor atención que en los anteriores a las premisas teóricas y a la mvestigación internacional, con el fin de ilustrar las posibles c°ntribuciones de una perspectiva de género y el estado de los avances en el caso de México. De conformidad con lo anterior, en una primera parte del Capítulo Welti y Rodríguez sistematizan los resultados de una 8ran cantidad de estudios que han identificado factores clave Para entender el sentido y la intensidad de la relación entre actividad económica femenina y fecundidad, la cual, sabemos, n° siempre se presenta en una sola dirección. Revisan los as­ pectos más conocidos, como el papel que juega la ocupación mas calificada en los sectores modernos de la economía y su

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influencia sobre una fecundidad reducida, el efecto de un nivel de escolaridad elevado, y el grado de incompatibilidad exis­ tente entre la actividad económica y el cuidado de los hijos. Pero también los autores de este capítulo hacen hincapié en la importancia de factores que operan en regiones, países o co­ munidades —el grado de desarrollo alcanzado, la estructura de clases, el régimen de alta o baja fecundidad prevaleciente, la oferta de anticonceptivos— para que la influencia de la ac­ tividad económica se presente en diferentes direcciones. Por último, también indican la necesidad de incorporar la presencia de factores culturales y de explorar el significado que las mu­ jeres atribuyen a su participación en el mercado de trabajo y a la maternidad. Además de la identificación de los ejes anteriores que estruc­ turan muchas investigaciones, Welti y Rodríguez subrayan que la perspectiva de género en el análisis de la participación laboral femenina y su influencia sobre la fecundidad tiene que tomar en cuenta la división del trabajo que se establece en el interior de las familias y las relaciones de poder que se entablan en ese ámbito. La participación laboral no conduce necesariamente a la modificación de estas relaciones de poder, pero se indican los hallazgos de diferentes estudios que identifican la con­ tribución monetaria de las mujeres al presupuesto familiar como un factor clave capaz de modificar la toma de decisiones y los patrones reproductivos. En el caso de México, en este capítulo, dedicado al trabajo femenino extradoméstico y al comportamiento reproductivo, se analizan de forma pormenorizada las fuentes existentes para estudiar la actividad económica de las mujeres en relación con su fecundidad, así como los tipos de investigaciones que han sido llevados a cabo y su evolución en el tiempo. La informa­ ción con que se cuenta en lo que concierne a censos y encuestas para el desarrollo de una perspectiva de género es escasa, y el sentido de la relación que ha sido más explorado es el efecto del número, y la edad de los hijos en el desempeño de la acti­ vidad económica remunerada; los estudios dedicados a la di­ ferenciación de roles en el interior de los hogares y a los aportes de hombres y mujeres al presupuesto familiar se refieren prin­ cipalmente a pequeñas muestras y son casi inexistentes para los grandes agregados poblacionales.

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A pesar de las limitaciones de las fuentes, hay que destacar que en el país se cuenta con estudios que han abordado la in­ fluencia de la participación laboral antes de la unión conyugal sobre la fecundidad posterior, así como las diferencias que se presentan según los tipos de ocupación, las diferentes gene­ raciones y los momentos históricos. Por último, en México también comienza a ser estudiado, mediante aproximaciones cualitativas, el significado del trabajo extradoméstico y la ma­ ternidad para mujeres de diversos sectores sociales. La revisión de las políticas de población en México y las investigaciones en este campo, así como la presentación de una propuesta analítica sobre el concepto de los derechos repro­ ductivos y sus implicaciones sociológicas y políticas, es el obje­ tivo del capítulo VIII, de Alejandro Cervantes Carson, titulado “Políticas de población, control de la fecundidad y derechos reproductivos: una propuesta analítica”. La tesis que se desa­ rrolla en este capítulo es que el análisis de las políticas de po­ blación desde una perspectiva crítica de las relaciones de poder transforma no sólo la interpretación y la forma de leer el fenó­ meno, sino las propias preguntas de la investigación y las for­ mas de justificación cognoscitiva. El capítulo consta de cinco apartados. En los primeros dos se presenta una revisión general de la política de población en México y su relación con la evolución de la fecundidad y la anticoncepción, así como de la investigación desarrollada en este campo. Así, se describe el proceso de centralización de las Políticas demográficas en el control de la fecundidad y se reconstruye la historia de la medicalización y la institucionalización de las decisiones reproductivas. Destaca en esta primera Parte del capítulo el análisis que hace Cervantes Carson de las mstituciones de salud. Puntualiza que independientemente de la buena o mala voluntad de los prestadores de servicios, de su calificación y preparación formal, así como de los errores que Puedan cometer, la estructura y el sistema de las instituciones tienden más bien a propiciar relaciones autoritarias que rela­ ciones de consideración y respeto por las necesidades y los de­ techos de los individuos. Es en este contexto que resulta evi­ dente la necesidad de profundizar en el concepto de derechos reproductivos. En la segunda parte de este octavo capítulo, donde se ex­

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pone la propuesta analítica sobre los derechos reproductivos, primero se presenta un ejercicio de interpretación de los con­ tenidos sociológicos del discurso, comenzando por sus compo­ nentes fundamentales, es decir, reproducción y derechos. Aquí se clarifica que, si bien tanto la sexualidad y la procreación como la crianza forman parte del proceso de reproducción humana, es la posibilidad de decidir sobre la procreación —es decir, sobre la concepción, el embarazo y el parto— lo que esencialmente es considerado y protegido por los derechos re­ productivos. En seguida, el autor incursiona en el interesante problema de la titularidad de estos derechos, de su evolución histórica, de su carácter social, del concepto de responsabilidad y de la desigualdad social para las posibilidades de ejercerlos. Un aspecto importante de este recorrido es el señalamiento que hace el autor de las consecuencias no anticipadas de atribuir a las mujeres la titularidad de los derechos reproductivos. Dado que atribución de derechos también significa atribución de obligaciones, al privilegiar a la mujer en la titularidad implí­ citamente también se le hace responsable principal de la pro­ creación. Finalmente, se presenta en este capítulo una lectura nor­ mativa y una propuesta sociológica del proceso de toma de decisiones reproductivas. El derecho de decidir con libertad y conocimiento sobre la descendencia presupone dos condiciones simultáneas: libertad y acceso a la información. Es decir, la toma de decisiones debe producirse sin coerción alguna, y el Estado es responsable de crear las estructuras y los sistemas necesarios para que la información relevante se encuentre dis­ ponible y al alcance de los ciudadanos que la requieran. En un esfuerzo por clarificar toda esta serie de supuestos, Cervantes Carson propone la reconstrucción del marco normativo de los derechos reproductivos como un proceso ideal de toma de de­ cisiones y, una vez establecido este ideal, identifica y analiza el tipo de perturbaciones que el proceso sufre o a las cuales podría estar expuesto o sometido. Así, las fuentes de las perturbaciones son las relaciones de poder y los sistemas de diferenciación social que devienen en desigualdad social. Entre éstas destacan en el terreno privado las relaciones de género y generacionales y, en lo que respecta a la dimensión pública, la lógica y dinámica de las relaciones

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médicas y burocráticas, y el sistema de clases y de la estructura de oportunidades. La pobreza y la falta de oportunidades para una parte importante y creciente de la población de México y de otros países es precisamente el centro de atención del capítulo IX, titulado “¿Cargan las mujeres con el peso de la pobreza? Puntos de vista de un debate”, de Vania Salles y Rodolfo Tuirán. En este capítulo, los autores reflexionan sobre la pobreza a la luz de los determinantes de género. Teniendo como telón de fondo una síntesis de la evolución de la pobreza en América Latina y México que muestra su incremento en la región y el país, rea­ lizan una revisión bibliográfica en la que identifican tres ver­ tientes teóricas para dar contenido a una propuesta concep­ tual que permita el estudio empírico de la pobreza con enfoque de género. Esas vertientes se refieren a: i) el carácter absoluto y relativo de la pobreza; ii) la trampa de la privación y la teoría de las capacidades, donde la pobreza es vista no sólo como la carencia de recursos materiales, sino de los ingredientes y recursos ne­ cesarios para desarrollar las capacidades de la persona, y iii) las especificidades de la pobreza femenina desde la perspectiva de género, referente tanto a los resultados como a los procesos que la generan. Salles y Tuirán sostienen así que el análisis y la comprensión de la pobreza femenina desde un enfoque de género requieren la consideración de: i) la pobreza absoluta, que alude a los es­ tados de privación e insatisfacción de las necesidades univer­ sales que hombres y mujeres, en tanto seres humanos, tienen el derecho de satisfacer, y la pobreza relativa, referida a los estados de privación que son específicos de las mujeres y están tegidos por el género. Anotan que si bien la pobreza femenina tiene matices particulares derivados de la condición de género, Se inscribe en un fenómeno mayor que afecta a ambos sexos, P°r lo que resulta necesario emprender su estudio a partir de u°a reflexión general sobre el tema, pero considerando, a la Vez, que aquélla no puede ser comprendida según el mismo en­ foque que estudia la pobreza en general, y ii) las desigualdades oe género —que colocan a las mujeres en posición de desventaja en aspectos tales como el acceso al poder, a la toma de de­ cisiones y a los recursos— inhiben el desarrollo y ejercicio de

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sus capacidades y derechos y las exponen y hacen más vul­ nerables a condiciones de privación, lo que provoca a menudo que la mujer pobre permanezca atrapada en círculos de pre­ cariedad difíciles de romper. Para dar visibilidad a la pobreza femenina y profundizar en el conocimiento de la misma y en las situaciones específicas que viven las mujeres en sus relaciones con los hombres, Salles y Tuirán plantean la necesidad de tomar en cuenta el papel que ellas juegan en la división sexual del trabajo, las desigual­ dades entre hombres y mujeres en el acceso y la utilización de recursos familiares e institucionales y en las oportunidades de educación, empleo y atención de la salud, así como en la dis­ tribución de las recompensas económicas y sociales, en el ejercicio del poder y en la toma de decisiones en todos los as­ pectos, incluidas las relacionadas con el cuerpo y la sexualidad. En este noveno capítulo se discute también en torno de la “feminización de la pobreza”, concepto que supone que las mujeres en situación de precariedad son cada vez más nume­ rosas que los hombres y que suele estar vinculado con la vul­ nerabilidad y desventaja económica de los hogares monoparentales dirigidos por mujeres. En el país, la literatura existente acerca de la pobreza a partir del enfoque de género confirma la importancia relativa de dichos hogares y —si bien en este punto no existe pleno consenso— su tendencia a ser más pobres que los de jefe varón y a favorecer la transmisión intergenera­ cional de la pobreza. No obstante, los autores advierten acerca del riesgo que se corre al establecer vínculos mecánicos y di­ rectos entre pobreza y jefatura femenina, dado que los hogares dirigidos por mujeres no son siempre y necesariamente más pobres que los encabezados por hombres. Según los autores, la perspectiva de género ha provisto indicios de los condicionamientos sociales y las tendencias socioeconómicas que inciden en forma negativa sobre las mujeres jefas y, asimismo, apuntado temas clave para el estu­ dio de la feminización de la pobreza, tales como la transmisión intergeneracional de las pautas que la generan y reproducen, la vulnerabilidad de ciertos tipos de hogar, y el riesgo de consi­ derar el espacio doméstico como unidad homogénea —de co­ munidad de intereses entre todos sus miembros y que supone que cada uno de ellos recibe una dotación similar de los recur­

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sos familiares, sin considerar que las desigualdades de género provocan un acceso diferenciado a dichos recursos. En este capítulo, los autores plantean también la necesidad de estudiar en detalle las relaciones intrafamiliares con el fin de precisar las desventajas que recaen en algunos de los miembros de un mismo hogar, sobre todo las mujeres, y de considerar que el estudio de la pobreza femenina no se agota con la comparación entre hombres y mujeres ni con el examen de los hogares dirigidos por mujeres, puesto que existen distintas maneras de ser pobre y de vivir la pobreza aun entre las propias mujeres, y debido a que la pobreza ésta presente en hogares de diversos tipos, incluidos por supuesto aquellos que cuentan con la presencia de ambos cónyuges. El libro Mujer, género y población en México termina con un apartado especial que incluye un documento elaborado por Clara Jusidman sobre la experiencia de la participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer, realizada en Pekín. Se trata de un texto de naturaleza distinta de la de los demás que se incluye en esta obra por la importancia que ha tenido la Conferencia de Pekín para el desarrollo de acciones tendientes a lograr la equidad de género. Asimismo, fue con motivo de esta conferencia que surgieron la idea y el financiamiento para la realización de este libro. El propósito del trabajo es dejar un testimonio de los trabajos preparatorios, del proceso que tuvo lugar en el país, así como de la posición que México adoptó en la citada con­ ferencia mundial. El texto es de gran utilidad, tanto para poder interpretar los acuerdos finales que conformaron la Platafor­ ma de Acción y la postura y el papel que jugó la representación mexicana, como para aprender de los aciertos y errores co­ metidos en el proceso, mediante una reflexión crítica de lo ocurrido, según la propia autora. En este texto, Clara Jusidman hace una pormenorizada narración de la ubicación histórica de la IV Conferencia Mun­ dial de la Mujer, de los trabajos preparatorios de la misma, del tipo y la estructura del documento que se llevó a China Para su aprobación y de las tareas y conferencias regionales Previas, entre las cuales destaca la celebrada en Mar del Plata, Argentina, en el caso de América Latina. En México, a pesar de dificultades y confusiones, se realizó

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un esfuerzo serio y plural en lo que respecta a los trabajos pre­ paratorios y a la conformación de la Delegación Oficial. Se estableció un Comité Nacional Coordinador que se apoyó en un Consejo Directivo, otro Consultivo, y en Grupos de Trabajo Técnico. En los grupos de trabajo participaron de forma con­ junta integrantes de la academia, organismos sectoriales y ci­ viles, partidos políticos, funcionarías y funcionarios de la administración pública y representantes de Organismos No Gubernamentales (ong). En dichos grupos se analizaron temas tales como derechos humanos, educación, salud, participación laboral, capacitación, actividades empresariales y profesionales, desarrollo sustentable y combate a la pobreza, mujer rural, mujer indígena, mujer joven, mujer de la tercera edad, familia, violencia, deporte y recreación, arte, vida pública y acceso a la toma de posiciones, medios de comunicación, crecimiento económico y equidad social y aspectos sociodemográficos. Estos análisis constituyeron antecedentes importantes para conformar la posición de México en Pekín. La conferencia gubernamental se realizó del 4 al 16 de septiembre de 1995 en Pekín, China, y el Foro No Guberna­ mental se llevó a cabo en Huairou, una ciudad cercana, y se inició una semana antes. Las negociaciones de la Plataforma de Acción y de la Declaración Política se organizaron en torno de dos bloques de países: por un lado, el Grupo de los 77 (g77) y China; por el otro, la Unión Europea (ue). A las in­ tervenciones de estos dos bloques se sumaron las de los países independientes, entre los que estaban los industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega, Japón y México por haber entrado a formar parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde). La Unión Europea fue la más liberal en el tratamiento de los temas de género y la más conservadora, junto con Estados Unidos y Ja­ pón, en lo tocante a los recursos financieros, las estrategias de desarrollo y los programas de ajuste estructural; por su parte, el Grupo de los 77 y China tenían posiciones más divididas en torno de temas sobre derechos reproductivos, sexualidad, anticoncepción y aborto, pero estaban unificados en la inten­ ción de lograr el compromiso de los países desarrollados de au­ mentar los recursos destinados a apoyar sus programas de de­ sarrollo y de poner en operación las acciones que se derivaran

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de los acuerdos de la conferencia. De hecho, uno de los prin­ cipales acuerdos logrados fue la incorporación de la perspecti­ va de género en el diseño de las políticas macroeconómicas, sociales y sectoriales, y en los programas de ajuste estructural y de combate a la pobreza. Los temas más debatidos fueron los conceptos de género y familia, la sexualidad, la orientación sexual y los derechos reproductivos. También se discutieron de manera especial las acciones que promueven la igualdad en el acceso de las mujeres a la herencia y la propiedad, así como el equilibrio que debe existir entre el derecho a la información y la educación de los menores, particularmente en materia sexual, y la autoridad de los padres. Esta sección especial del libro finaliza con una serie de re­ flexiones y sugerencias útiles para futuras conferencias, además de señalamientps sobre algunas de las tareas que conviene realizar para cumplir con los acuerdos alcanzados en la IV Conferencia de la Mujer. Para concluir, es importante mencionar que los capítulos en que se analizan los estudios sociodemográficos y este último, referente a la Conferencia de Pekín, muestran que se ha avan­ zado con rapidez, pero en forma necesariamente desigual en la introducción de una perspectiva de género, tanto en lo que toca a la disciplina sociodemográfica como en la propuesta mternacional de acciones encaminadas al logro del desarrollo socioeconómico global y el combate a la pobreza. Este libro se ha centrado en el análisis de las trayectorias en diferentes cam­ pos de estudio y acción, pero también contiene numerosas pistas que nos indican las fprmas de acción en el futuro cercano. Esperamos que en las investigaciones futuras se retome este Punto de partida y se potencie el legado que aquí se ha buscado Slstematizar y ofrecer.

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II. FECUNDIDAD, ANTICONCEPCIÓN Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Juan Guillermo Figueroa Perea

Introducción Este trabajo parte del reconocimiento de los importantes cam­ bios globales que se han presentado en México en los niveles de fecundidad y en el uso de métodos anticonceptivos durante las últimas tres décadas: la tasa global de fecundidad ha descendi­ do a menos de la mitad y el uso de anticonceptivos es actual­ mente una práctica de dos de cada tres parejas mexicanas, a diferencia de hace 25 años cuando ello estaba restringido por el Código Sanitario. Para entender esta transformación es im­ portante destacar algunos hechos relevantes ocurridos entre 1965 y 1975 en los ámbitos nacional e internacional, ya que, además, ello constituye una referencia básica de las siguientes reflexiones. Nos referimos, entre otros, a: i) los cambios observados en el comportamiento reproductivo de algunos grupos de la población mexicana desde mediados de los años sesenta y las demandas (y sugerencias) de algunos académicos y estudiosos de la población en el sentido de que se modificaran las políti­ cas gubernamentales pronatalistas (véase Brachet, 1984); ii) U Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968, en la cual se reconoció como un derecho humano básico la libertad de las personas para decidir el núrricro de hijos que deseen tener y el momento para tenerlos; la Primera Conferencia Internacional de Población, celebra­ da en Bucarest en 1974, en la qüe tal derecho se incorporó a las discusiones sobre políticas de población y programas de ¿i

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JUAN GUILLERMO FIGUEROA PEREA

planificación familiar; iv) el reconocimiento, en 1974, dentro de la Constitución mexicana, del derecho en cuestión, así como de la igualdad jurídica de hombres y mujeres; v) la celebración, en México, de la primera Conferencia Internacional sobre la Mujer en 1975 (en el marco del Año Internacional de la Mujer), la cual sintetizaba una larga búsqueda de los movimientos fe­ ministas, una de cuyas demandas era el control de la capacidad reproductiva y, vi) el inicio de programas de planificación fami­ liar en instituciones gubernamentales de salud y la eliminación de las restricciones para el ofrecimiento de métodos anticon­ ceptivos. En este capítulo se proponen algunas reflexiones sobre el conocimiento generado por la investigación de la relación en­ tre fecundidad y anticoncepción, y se identifican vertientes de investigación demográfica que se vislumbran a partir de la ca­ tegoría derechos reproductivos. En el surgimiento y la difu­ sión de este término existe la inquietud de replantear el sig­ nificado de la reproducción en los proyectos personales de hombres y mujeres, a partir de las condiciones en que ejercen sus roles de género y ocupan diferentes posiciones en el entra­ mado de relaciones sociales e institucionales. Se reconoce que el concepto de derechos reproductivos sigue en proceso de definición, en especial a partir de su práctica social, ya que aún no hay consenso sobre las características del entorno repro­ ductivo que pueden englobarse con dicho término.1 Sin em­ bargo, la referencia al mismo permite ilustrar algunas de las variantes que se abren para interpretar la realidad repro­ ductiva.2 En el debate actual se reconoce la necesidad de explicitar las condiciones de posibilidad para ejercer la capacidad de decidir si, cuándo y cómo tener hijos, sin limitar su sentido a la * Un ejemplo de ello son los replanteamientos que aparecieron durante las conferencias de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y de la Mujer, en Rskín (1995), sobre los componentes que deben ser incluidos en su definición. La definición original de derechos reproductivos —propuesta por la Red Internacional por los Derechos Reproductivos de las Mujeres— hacía referencia al derecho a decidir si tener hijos, cuántos tener y el momento para ello, y se destacaba que no se puede hacer diferencia en el ejercicio de tales derechos en función de sexo, etnia, nacionalidad o alguna otra característica de la persona. 2 Para una revisión detallada de los componentes incorporados en el debate nacional e internacional sobre derechos reproductivos, así como de las necesidades de investigación en el contexto mexicano, véanse Figueroa (1995a) y Cervantes (1995a).

FECUNDIDAD, ANTICONCEPCIÓN Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

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definición de un nivel de fecundidad determinado, logrado con ayuda de la anticoncepción. Dado que una de las condi­ ciones que posibilitan el ejercicio de los derechos reproductivos es el replanteamiento de las relaciones de género, selecciona­ mos estos derechos como parámetro de referencia para el pre­ sente trabajo. Las categorías de género y derechos reproductivos han sido defendidas más denodadamente por los movimientos fe­ ministas, ya que éstos reconocen que el replanteamiento de los roles que desempeñan los miembros de uno y otro sexo y la resignificación de las valoraciones subliminales relacionadas con las diferencias existentes entre ellos (Lamas, 1995a) son condiciones indispensables para el ejercicio de los derechos in­ corporados en algunas políticas de población. Como contra­ parte, dichas políticas han privilegiado el discurso de la salud, asumiendo la existencia de un estándar ideal y sin hacer explí­ cita la forma en que la población participa en el proceso de de­ finición de las normatividades institucionales sobre la repro­ ducción. Uno de los aportes de los derechos reproductivos es redefinir el papel que juega la población en la construcción del entorno reproductivo. Existen encuentros y desfases entre los movimientos fe­ ministas y las políticas de población, y se han generado espacios de discusión e intercambio de propuestas (como en las confe­ rencias internacionales sobre población y desarrollo y sobre la mujer) con el argumento de que hay coincidencia en la inten­ ción de beneficiar a la población. Este proceso no es sencillo Pues los medios propuestos para asegurar que las personas ejerzan sus derechos y consigan ciertos niveles de salud no siem­ pre coinciden. Freedman e Isaacs (1993) destacan la exigencia de libertad como la propuesta central de los movimientos fe­ ministas, a la par que reconocen que la responsabilidad, ambi­ guamente definida, es el punto de apoyo a partir del cual se construyen las propuestas de las políticas.31 * En este capítulo se recuperan algunos componentes de las historias subyacentes al análisis de la fecundidad y la anti­ 1 Debe tenerse presente que en la mayor parte de las declaraciones internacionales se habla del derecho a decidir de manera libre y responsable sobre el número de hijos que se desea tener y del ■fomento de tenerlos.

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concepción, a la luz del surgimiento de nuevas categorías, como la de derechos reproductivos. Ello queda más claro si se con­ sidera que la forma de incidir sobre la fecundidad tiene con­ notaciones distintas para tres actores sociales relevantes (aun­ que no excluyentes): la población que tiene hijos y usa anti­ conceptivos, los movimientos feministas que defienden el derecho de las mujeres de manejar su actividad reproductora, y los agentes institucionales que definen, organizan e instru­ mentan políticas y programas para incidir sobre la fecundidad de la población, imaginada como un colectivo humano. El tipo de interacción que se establece entre estos actores sociales sirve de trasfondo para la elaboración del presente trabajo; en él, más que intentar una revisión del estado del co­ nocimiento, se presenta una reflexión sobre la forma en que se ha enriquecido la investigación sobre fecundidad y anti­ concepción, al explicitar las contradicciones e inequidades que se presentan en la experiencia de la reproducción. Los indicadores demográficos desarrollados para el análisis de la fecundidad y la anticoncepción, así como los supuestos de sus modelos de interpretación no cuestionan la visión sexista de los procesos reproductivos ni las responsabilidades dife­ renciales asignadas a hombres y mujeres en dicho ámbito; con­ trariamente, la fecundidad y la anticoncepción se analizan tomando a la mujer como población de referencia y al varón como variable independiente de dichas prácticas reproductivas. De los tres componentes de la dinámica demográfica, la fe­ cundidad es el único para el cual sus indicadores excluyen a los varones: los hombres migran y se mueren pero no sabemos cómo se reproducen (Watkins, 1993 y Figueroa, 1995b). Dado el lugar tan relevante que ocupa el estudio de la fe­ cundidad en el análisis demográfico, así como el auge que han tenido las investigaciones sobre anticoncepción al tratar de dar cuenta de los cambios en el comportamiento reproductivo, es comprensible la existencia de trabajos y reuniones nacionales e internacionales interesados en la revisión de los hallazgos generados en la investigación.4 Algunos de estos resultados se han utilizado para definir políticas públicas que difícilmente ^Véanse Miróy Pbtter (1983), Welti (1984,1988 y 1989), Figueroa Campos(1989), y Ross y Frankenberg (1993), entre otros.

FECUNDIDAD, ANTICONCEPCIÓN Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

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contribuyen a replantear las relaciones de género, ya que consi­ deran a las mujeres como los personajes que engendran hijos y que, por ende, están obligados a hacer algo para evitar tener­ los. Es cierto que las intervenciones gubernamentales no pue­ den interpretarse como actividades equivalentes del quehacer demográfico, aunque se alimenten de sus resultados; sin embar­ go, el conocimiento de los procesos demográficos conlleva una responsabilidad con su objeto de estudio, que incluye una crítica constante de la aplicación que se hace de sus hallazgos, así como una documentación de las acciones gubernamentales y sociales que modifican los componentes de la dinámica po­ blación al. Es evidente que hay dificultades para ubicar la investigación demográfica en alguno de los tres actores (la población, los movimientos feministas y los agentes institucionales), además de que se corre el riesgo de vincularla de manera unilateral con los agentes institucionales que definen las políticas de población; por ello debemos destacar que existen políticas y programas en este ámbito, cuyas acciones no se derivan del co­ nocimiento sistemático y crítico que se ha generado en el con­ texto de la demografía, sino que utilizan de manera frag­ mentada algunos de sus resultados. Además, la investigación demográfica ha generado información de gran utilidad para fortalecer las demandas del movimiento feminista, así como Para conocer algunas necesidades específicas de la población: Por ejemplo, la práctica anticonceptiva y las preferencias re­ productivas de la población, los beneficios y riesgos derivados de la regulación de la fecundidad y los conflictos vinculados con inserción en el mercado laboral por la ausencia de modifi­ cación de las relaciones existentes entre los individuos de uno Y otro sexo. Optamos por no incluir la investigación demográfica como Un actor más; preferimos recuperar algunos elementos de su Proceso de generación e interpretación de la información, con el fin de identificar nuevas vertientes de investigación demo­ gráfica. El trabajo contempla inicialmente una revisión de los carn­ es en la terminología relacionada con el proceso de incidir sobre la fecundidad; se identifican supuestos ideológicos en ’sputa, al interactuar con uno de los dinamismos básicos del

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ser humano, como es el caso de la reproducción. Los derechos reproductivos permiten reinterpretarla como un espacio de ejercicio de poder, con elementos de negociación, transacción y resistencia entre actores sociales, agentes institucionales y personas de uno y otro sexo. La segunda sección analiza algunas aproximaciones al estudio de la fecundidad y ejemplifica con modelos de inter­ pretación de la fecundidad y la anticoncepción, las cuales se vuelven más dinámicas en su dimensión relacional de poder; ello genera cambios en las propuestas de investigación, en los instrumentos utilizados para reunir la información y en la teo­ ría subyacente a ello. En la tercera sección se esboza una reflexión a partir de referencias empíricas generadas para dar cuenta de los cambios en la fecundidad y la anticoncepción, destacando en particu­ lar, por lo que implica para los derechos reproductivos, las experiencias en la anticoncepción, la fecundidad no deseada y el aborto. En la última sección se sugieren elementos que deben ser considerados por los procesos de investigación demográfica y por la reflexión colectiva sobre la fecundidad cuando se intente explicitar las categorías de género y de derechos reproductivos. Se hace una lectura en función de algunas de las temáticas que han reaparecido en el análisis de la fecundidad a partir del debate sobre derechos reproductivos y la categoría de género, más allá de las variables tradicionalmente privilegiadas en la reflexión demográfica y en la planeación de las acciones gu­ bernamentales que pretenden incidir sobre los procesos re­ productivos. Se concluye con una propuesta de lectura ética del entorno reproductivo, ya que a partir de ello se reconoce la posibilidad de construir una agenda de investigación sobre reproducción. Términos usados

para analizar

LA REGULACIÓN DE LA FECUNDIDAD

Tuirán (1988) hace un recuento de los términos utilizados en relación con la regulación de la fecundidad e ilustra la presencia de personajes desde diferentes posturas políticas e ideológicas:

FECUNDIDAD, ANTICONCEPCIÓN Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

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el autor señala que la anticoncepción ha sido utilizada en tanto recurso para separar el sexo de la reproducción, como derecho para promover la autodeterminación de las mujeres y la igual­ dad entre los sexos, como instrumento para promover la es­ tabilidad de la familia, como una medida de salud, como un mecanismo de control social o eugenésico y como instrumento para ajustar el crecimiento poblacional con el sistema eco­ nómico y el medio ambiente. El autor destaca que una de las riquezas de la propuesta feminista desde principios de siglo era la búsqueda del dominio de su actividad reproductora, lo que socialmente se ha convertido en. fuente de opresión y limitación de las opciones de las mujeres. A pesar de que control natal es un concepto utilizado desde hace varias décadas, trae implícitas, sin embargo, importantes similitudes y analogías con el enfoque de género (desarrollado en la segunda parte de este siglo), al poner en evidencia las re­ laciones inequitativas y los derechos diferenciales entre hom­ bres y mujeres. La riqueza del enfoque reciente es que hace más explícitos los conflictos existentes en el espacio repro­ ductivo e incorpora la referencia a transformaciones sociales necesarias para el ejercicio de la autodeterminación reproduc­ tiva. Todo esto lo sugería el término control natal, pero se desvirtuó con las prácticas gubernamentales que lo tomaron como referente para influir —a veces arbitrariamente— en la reproducción de la población. A partir de ese momento se enfrentaron propuestas políticas diferenciales, con lo que la in­ terpretación original de un control individual sobre la propia natalidad se tradujo en un control de los gobiernos sobre la na­ talidad de los individuos. Al mismo tiempo se institucionalizó un control del cuerpo y lá sexualidad de las mujeres, contra­ diciendo así la propuesta original. La reproducción, identificada por los movimientos femi­ nistas como punto de partida de procesos de discriminación ejercidos en contra de las mujeres, se constituyó en un factor privilegiado por los definidores de políticas y programas para h moldeando los procesos demográficos. Los movimientos feministas y las políticas de población han promovido que las Personas incidan en su fecundidad; sin embargo, la justificación de ambas prácticas no es la misma e, incluso, aunque coinciden en uno de los medios para alcanzarla (la anticoncepción), los

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supuestos de ambas lecturas proceden de ámbitos diferentes. En el caso del feminismo, la propuesta implica transformar las relaciones de poder en el espacio de la reproducción, con el propósito de que las personas, mujeres en particular, decidan sobre su proceso reproductivo como un recurso fundamental para transformar las desigualdades de género (aunque no siempre se haya usado esta terminología). En el caso de las pro­ puestas de políticas y programas, no necesariamente se piensa en dicho supuesto; existen aproximaciones en las que se afirma que “basta” con disminuir la fecundidad y que intentan con­ vencer, en especial a las mujeres, de los beneficios implícitos en la reducción del número de hijos que se piensa tener, sin cuestionar las relaciones de poder existentes en el espacio de la reproducción.5 Con el surgimiento de) término planificación familiar se diluyó aún más el carácter radical de la propuesta feminista inicial, ya que se restringió el uso de anticonceptivos al ámbito de las relaciones familiares (y en particular al caso de las mujeres que viven en unión), lo cual supone una sola forma de rela­ ciones sexuales y conyugales, así como un ámbito específico para el ejercicio de la sexualidad. Los programas de plani­ ficación familiar se centraron en la anticoncepción, buscando controlar el cuerpo, la sexualidad y la fecundidad de las mujeres. Desde los años ochenta se utilizan dos categorías para repensar las relaciones existentes en torno de la reproducción: la salud y los derechos reproductivos.6 En ambos casos se in­ tenta recuperar una visión integral de la reproducción en sus dimensiones biológica, psicológica y social. En su sentido más amplio se reconoce que la reproducción hace referencia a las 5 De Barbieri (1982) cuestiona ese proceso reduccionista, ya que se le pide a la mujer que disminuya sus niveles de fecundidad, pero no se replantean las relaciones sociales que dificultan sus decisiones reproductivas. ‘ La salud reproductiva se limita originalmente a cuatro elementos fundamentales: “[•••] A1*6 los individuos tengan la capacidad de reproducirse, así como de regular su fecundidad; que las mujeres tengan embarazos y partos seguros; que los resultados de los embarazos sean exitosos en

cuanto a la sobrevivencia y el bienestar materno e infantil; y que las parejas puedan tener relaciones libres del miedo a embarazos no deseados o a enfermedades” (Fathalla, 1988, y Ford Foundation, 1990). En la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo se enfatizó además la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y la libertad para decidir procrear o no, a la vez que se acordó que los derechos reproductivos incluyen entre sus componentes el derecho de alcanzan el nivel más elevado de salud reproductiva (Alcalá, 1994).

fecundidad, anticoncepción y derechos reproductivos

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dimensiones de organización genérica, de identidades mascu­ lina y femenina, de roles de género y de ejercicio de la sexua­ lidad, entre sus condicionantes más relevantes. En la actualidad, los programas gubernamentales han adop­ tado parcialmente el concepto de salud reproductiva, pero no han ido tan lejos en la discusión ni en la aceptación de la ter­ minología de los derechos. Con el primer término se sigue ha­ ciendo hincapié en el ámbito medicalizado, mientras que con el segundo se privilegia el ejercicio ciudadano pará construir el espacio reproductivo. A pesar de las posibilidades semánticas se reconocen sus limitantes, por ser términos de sentido amplio (Salles y Tuirán, 1995; Figueroa, 1995a). La lectura feminista propone que la responsabilidad sea una toma de posición ante el entorno reproductivo, previo aseguramiento de que existen las condiciones sociales para decidir en dicho ámbito y más allá de un número determinado de hijos, como* parecieran promover algunos programas gu­ bernamentales al utilizar de manera reduccionista datos de­ mográficos diversos. Los movimientos feministas, al enfatizar la necesidad de que las mujeres potencien su fuerza interna y se apoderen de su espacio vital (empowerment), han aportado la categoría de género a la discusión sobre la reproducción, cuestionando las desigualdades asociadas a la misma y pro­ moviendo el análisis de las acciones gubernamentales, muchas Veces limitadas a la incidencia sobre la anticoncepción. Dütting (1993) interpreta la lucha por los derechos re­ productivos como una crítica radical a la sociedad patriarcal y al modelo de desarrollo; por ello, los derechos se constituyen en lucha política con vistas a conseguir logros para las mujeres mediante la búsqueda del poder político, lo cual permitirá Cambiar las injustas condiciones de vida y democratizar las relaciones sociales. La reproducción se constituye así en una Opción para la toma de conciencia y de poder para las mujeres. °rrea y Petchesky (1994) consideran que los derechos re­ productivos constituyen un recurso crítico en contra de las c°erciones sociales que inhiben las decisiones reproductivas. La categoría de género ha sido interpretada como la expli­ cación de filtros de poder subyacentes a las relaciones entre o ombres y mujeres (Lagarde, 1994), las cuales se añaden a as relaciones que permean el ámbito de la reproducción, co-

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mo el papel de las instituciones y el proceso de transacción con las mismas. Para Lamas (1986) la interpretación sobre el origen de la opresión de la mujer se centra en la expresión máxima de la diferencia biológica: la maternidad. El problema político subyacente radica en que la diferencia biológica se interprete culturalmente como algo que marca el destino de las personas, con una moral diferenciada para hombres y mujeres (Hierro, 1990). Rubin (1986) propuso la categoría analítica del sistema de sexo-género en tanto conjunto de disposiciones mediante el cual una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. De Barbieri (1992) lo reco­ noce como una ruptura epistemológica, ya que la perspectiva de género remite al concepto de sistema de poder; a través de relaciones inestables e inseguras, se busca controlar el cuerpo y algunas de sus capacidades. Por ello los espacios de control so­ bre las mujeres son contradictorios y siempre están en tensión (Lagarde, 1994 y Lamas, 1994). Nos interesa retomar a Foucault (1988), para quien el po­ der “se ejerce, no se posee”, de ahí que siempre está en peligro y amenazado de perderse. Por ello se elaboran complejos pro­ cesos de racionalización, tanto en los que ejercen el poder co­ mo en aquellos sobre los que repercute. Ahora bien, Foucault aclara que el poder se ejerce únicamente sobre “sujetos libres” y sólo en la medida en que son libres, ya que donde las de­ terminaciones están saturadas no hay relaciones de poder. Por tanto, la libertad aparece como condición de existencia del poder, pero a la vez como aquello que brinda la posibilidad de oponerse a un ejercicio unilateral del mismo. La propuesta de Freire (1971) sobre la educación como práctica de la liber­ tad y la lectura del poder de Foucault generan interesantes analogías para el discurso de los derechos en el ámbito de la reproducción. Son muy variadas las posibilidades para la lectura demo­ gráfica de la fecundidad tras incluir la referencia de género, por su interés en deconstruir las relaciones de poder subyacentes a la vivencia de la reproducción, y de los derechos reproductivos, por su connotación de buscar la libertad en el ejercicio de la reproducción misma.

FECUNDIDAD, ANT1CONCEPCIÓN Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

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Aproximaciones analíticas al estudio de la fecundidad

En este apartado se comentan algunos elementos relevantes de las aproximaciones al estudio de los procesos reproductivos, a la vez que se ilustra la forma en que se ha recuperado la di­ mensión del poder. a) De acuerdo con una de las interpretaciones demográficas los niveles de la fecundidad, un papel muy importante lo representan las variables intermedias (Davis y Blake, 1956), las cuales se proponen como mecanismos a través de los que Se presenta la influencia de las características personales y Aciales sobre la fecundidad; es decir, las características sociales, culturales y económicas influyen a través de la exposición a Jas relaciones coitales, a la concepción y al término de un em­ barazo.7 Se reconoce que las variables socioeconómicas permiten mcntificar de manera más directa la relación del individuo con e contexto en el que se desarrolla, en el que se ha estructurado como persona y a partir del cual construye sus referentes indi­ viduales para participar en la conformación de su espacio re­ productivo: a partir de esto, algunos autores han buscado operacionalizar las dimensiones sociales que consideran influyen °bte la fecundidad, mediante la forma en que modifican las variables intermedias. Entre las características socioeconómicas más documentadas están la escolaridad, el tamaño del lugar e residencia y de socialización,, así como el grupo social de Pertenencia,8 el tipo de unidad doméstica9 y la participación emenina en el mercado laboral (García y Oliveira, 1988). id . emás, se han desarrollado estimaciones estadísticas para entificar cuáles variables intermedias dan cuenta, en mayor se h 1° qUe Pasa con Ia fecundidad: en el caso mexicano la 1 3 encontrado que son la edad a la unión, la anticoncepción, actancia y el aborto;10 por medio de ellas se han identificado 7

a

proc Part’r de este modelo se han desarrollado diferentes estudios para tratar de entender los (l98t\ ^Productivos de la población; así en Carleton (1970), Freedman (1975), Hollerbach OJjyBuiatao(1984) (1984) ^roe Porras, Zúñiga y Hernández (1982), Miery Terán y Rabel! (1984), López y Tuirán i^ronfman, López y Tuirán (1986).

10 Vfe* l"erner y Quesnel (1982), Figueroa, Grobet, Nájera et al. (1993), entre otros. (1989) vx.|llSÍ Pbrras <1978), Potter (1982), Pullum.ef al. (1986), García y Garma (1989), Welti ■ «lma y Suárez (1991) y Palma y Echarn (1992 y 1995).

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JUAN GUILLERMO FIGUEROA PEREA

prácticas sobre las cuales se puede incidir, a veces de manera directa, para modificar la fecundidad. Algunas interpretaciones identifican los programas de planificación familiar con los de promoción de la anticoncepción, ya que ésta es la variable que aparece como más significativa en los diferentes análisis. Este tipo de análisis ha mostrado ciertas bondades en la identificación de características relacionadas con la reproduc­ ción, en algunos casos mediante elementos que predicen con un buen rango de confiabilidad las variaciones en la paridad y en las tasas de fecundidad de ciertos grupos poblacionales. La principal restricción de estos modelos es su dificultad para in­ terpretar los casos atípicos que quedan fuera de las regulari­ dades relacionadas con tales esquemas de interpretación y sus supuestos teóricos. b) La vertiente teòrico-analitica de la reproducción social reinterpreta lo biológico como parte de un proceso social, al tornar explícitas las dimensiones sociales de los procesos reproductivos.11 Zemelman (1982) destaca la importancia de la ubicación histórica del problema que se quiere analizar, con el fin de captar el movimiento de la realidad sociohistórica con sus particularidades e indeterminaciones. Por ello comenta que la explicación del comportamiento reproductivo en general es insatisfactoria, ya que no determina las dimensiones de la re­ lación causal, y porque (en muchos casos) enfatiza la impor­ tancia de los factores psicobiológicos sin que éstos aparezcan lógicamente incluidos en esquemas más comprensivos.11 12 Zemelman comenta que “entre el comportamiento repro­ ductivo y los factores económicos más generales, existe una serie de estructuras intermedias, en la cual la familia ocupa un lugar importante como centro de reproducción biológica y social ’ (pp. 127-128); por ello vincula el análisis de la familia con las clases sociales. En esta línea de enfoque, diferentes au­ tores realizan un análisis de los procesos reproductivos en su relación con los grupos sociales, intentando dar cuenta de la

11 Véanse Zemelman (1982), Lerner y Quesnel (1986), Torres (1986) y Margulis y Tuirán (1986), entre otros. 11 García (1982) destaca la limitación de los modelos interpretativos que se centran en lo* mecanismos psicológicos como condiciones para asegurar cambios en el uso de los anticonceptivos, al margen de los cambios ocurridos en el orden económico-social.

FECUNDIDAD, anticoncepción y derechos reproductivos

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reproducción biológica en el marco de los procesos de repro­ ducción social.13 De acuerdo con Oliveira y Salles (1988) el análisis de la dinámica demográfica debe ser abordado en tanto componente estructurante y constitutivo de las condiciones de reproducción de la sociedad, y en tanto aspecto estructurado de las prácticas sociales de los individuos, sometidos a condiciones sociales globales. Para ello se requiere subrayar la importancia de la reproducción de la población en el contexto de la reproducción de la sociedad y la reproducción de los individuos en sus de­ terminaciones estructurales. Son enfoques que se presentan en función de las diferentes perspectivas de análisis, ya que la Pernera privilegia los aspectos macrosociales y la segunda las Aciones individuales y familiares. Las autoras sugieren redefinir el concepto de población c?mo conjunto de individuos involucrados en diferentes rela­ jones sociales de producción y reproducción. Para ellas el pro­ ceso de reproducción social en su sentido más amplio implica a recreación de las estructuras e instituciones que fundan una organización social adecuada para cada tipo específico de sociead, donde la familia es una pieza clave para el establecimiento p a transmisión de las prácticas de producción y reproducción. °r ello proponen que el concepto de comportamiento repro. Activo se reformule de manera más compleja, con el fin de lnc°rporar los comportamientos posibles que incluyen aspectos Materiales y simbólicos de la sexualidad y la procreación. Esta aproximación enriquece la interpretación de los eleMentos del proceso que lleva a las personas a reproducirse; sin Mbargo, no es clara la forma de incorporar las dimensiones Psicológicas, con el fin de entender valoraciones reproductias diferenciales en contextos socioeconómicos específicos, • ?,Ue no es unívoca su influencia sobre las denominadas vaables intermedias. to aproximación psicosocial pretende identificar aspeere j a tOma de decisiones que permitan entender el proceso las roductivo de la población, al incorporar de manera explícita Motivaciones de las personas, la valoración que hacen de ^Pezy T^-JÍII1¿neZ López y Tuirán (1984), Mier y Terán y Rabell (1984), Bronfman, Ulfán (1986), Margulis y Tuirán (1986) y Bronfman et al. (1990), entre otros.

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algunas conductas alternativas e, incluso, la consistencia entre las intenciones declaradas y el comportamiento realizado.14 Algunos autores han tratado de conciliar las características de la lectura psicosocial con los enfoques económicos de costos y beneficios relacionados con los eventos reproductivos; se trata de sistematizar valoraciones vinculadas con las diferen­ tes microdecisiones que van hilándose en el proceso reproduc­ tivo, con el fin de recuperar elementos y sin restringirlos a los procesos racionales. Se explicitan elementos que una persona tiene como referencia al ir reproduciéndose, además de que en algunos casos se esquematizan las diferentes formas y estra­ tegias para tomar decisiones: activas, pasivas y nulas, entre otras (Bulatao, 1984). En el caso mexicano, Figueroa, Cervantes, Palma y Aparicio (1988) incursionan en el estudio de la toma de decisiones re­ productivas; para ello recuperan las categorías de oferta y de­ manda propuestas en otros marcos analíticos, pero intentando darles una connotación más amplia que la puramente econó­ mica: incorporan lo social y lo psicológico con la intención de recuperar la complejidad de los procesos en estudio. Esta aproximación pretende superar una visión reduccionista de dichos procesos, asumiendo que la reproducción no es mera­ mente racional, sino que incorpora deseos, ambigüedades y ambivalencias que pueden tornarse más complejos en los momentos de cambio cultural y demográfico de una población como la mexicana. A pesar de ello, su puesta en operación es limitada por el instrumento al que se recurre y por la falta de desarrollos teóricos para vincular las dimensiones institucio­ nales con los niveles microsociales y macrosociales.15 Figueroa y Liendro (1995) sistematizan las limitaciones de algunas de estas investigaciones por no haber explicitado el sentido de las

14 Para una revisión del tipo de investigación psicosocial que se ha llevado a cabo en esta vertiente, pueden verse Shedlin y Hollerbach (1981), Westoff y Ryder (1981), Hollerbach (1983), Hull (1983), Bogue (1983), Bulatao (1984), Zúñiga y Hernández (1986), Medina Pichardo (1988)

y Figueroa «t al. (1988). 11 Un aporte en este sentido es el trabajo de Camarena y Salas (1988), y posteriormente la

especificación de necesidades y de preguntas de investigación en diferentes niveles analftico® macrosociales, institucionales y microsociales: Salas (1995), Kanter (1995) y Poncey Mena (1995). Un documento que esclarece la interpretación social de la reproducción es el de Salles y Tuirán (1995).

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relaciones genéricas en el marco conceptual y en el instrumento de recolección de información. En el enfoque psicosocial las desigualdades de género no siempre son mencionadas, pero pueden considerarse como un costo adicional cuando las personas las perciben en el proceso de toma de decisiones reproductivas. En la reproducción soClal dichas desigualdades pueden ser leídas como condicionan­ tes culturales y estructurales, las cuales se concretan en la Valoración social diferencial de la escolaridad y el trabajo de nombres y mujeres, y en los diferentes contenidos de su sociabzación, entre otros factores. d) La lectura analítica de los procesos reproductivos cen­ trada en las normas institucionales, el género y los derechos reproductivos deriva de considerar la reproducción como un espacio de permanentes relaciones de poder. El conocimiento demográfico, enriquecido con el análisis feminista de las polítlCas de población, ha puesto en evidencia procesos que entran en interacción, en negociación o en enfrentamiento, al ir mol­ dando el entorno reproductivo de personas y grupos poblac,°nales. Algunos autores han incursionado en el análisis de los pro­ cesos individuales y sus formas de adaptación y resistencia a ^normatividades que afectan la reproducción o de transgre­ dan de las mismas (Ortiz Ortega, Amuchástegui y Rivas, 1995), °tros privilegian la reconstrucción de los procesos de noratividad institucional, con el fin de identificar cambios tem­ porales y formas alternativas de vinculación con las decisiones e as personas (Figueroa, 1994a). En esta vertiente, Cervantes (1995b) ha sistematizado forde democratización del quehacer de las instituciones mem reconocimiento de los procesos sociales que las van o deando y transformando, mientras que Figueroa (1995c) ti ?Puso una metodología para identificar a los actores que parsitj5 en Ia construcción de normatividades, con el propóáe de sistematizar supuestos subyacentes a tales procesos j^i^tHtatividad y esbozar posibilidades para incidir sobre los Ce¿7er Quesnel (1994,1992) han documentado los pro­ salud dC Fransacción entre las personas y las instituciones de ’ Centras que Castro y Bronfman (1993) han docu­

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mentado el carácter sexista de la práctica médica; Figueroa (1991) y Cervantes (1993) han evidenciado formas de medi­ cación de la reproducción. Pérez Duarte (1991,1993) ha docu­ mentado algunas contradicciones de la normatividad jurídica en particular, por su carácter sexista y discriminativo de la mujer. Es muy reciente el esfuerzo de sistematizar la propuesta de organizaciones no gubernamentales que trabajan con mu­ jeres en su búsqueda de influir sobre las acciones y las polí­ ticas gubernamentales vinculadas con la reproducción.16 Como parte de los debates previos a la Conferencia sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, se con­ vocó a una reunión de expertos de diferentes países para explicitar supuestos éticos básicos que pudieran conciliar las diferentes lecturas de la realidad en el espacio de la salud, la reproducción y las políticas de población. En esa ocasión se subrayó la necesidad de recurrir al supuesto ético de la to­ lerancia para poder negociar, entre diferentes cosmovisiones, la recreación del espacio reproductivo (véase onu, 1994a y 1994b). En el caso de la Iglesia católica, Múnera (1996), Figueroa (1995e) y Mejía (1995a y 1995b) han documentado las nuevas alternativas para la autodeterminación reproductiva que se han generado en el interior de la misma. Todo ello ha servido para reinterpretar la reproducción como un espacio donde se efectúa el ejercicio de la ciudadanía, con titulares de derechos y con actores e instancias sociales ante los cuales se pueda demandar el cumplimiento de responsabilidades y cuestionar y replantear el funcionamiento de las normatividades ins­ titucionales, lo cual ha permeado diferentes investigaciones demográficas.17 A la luz de estos cuatro modelos de la interpretación demo­ gráfica de la reproducción pueden observarse algunas variantes en las aproximaciones, las cuales, al combinarse, enriquecen las posibilidades del conocimiento demográfico: documentar qué variables dan cuenta del nivel de fecundidad dé las personas y cuáles influyen en los procesos de toma de decisiones de las 14 Véanse Solimano y Salinas (1995), Tarrés (1995) y Figueroa (1995d). 17 Véanse \&ldés (1988), Aramburú y Arias (1994), García y Oliveira (1994), Figueroa (l994b)t González (1994) y Nehmad (1996), entre otros.

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ntujeres, para continuar con un análisis de cómo se toman de­ cisiones y cuáles son las condiciones de posibilidad para que las mujeres participen activamente en el ámbito de su repro­ ducción; este proceso concluye con el análisis de las relaciones de poder en la reproducción.

La relación entre

fecundidad y anticoncepción

L°s cambios en la terminología y el avance en las aproxima­ ciones analíticas para el estudio de la reproducción no son in­ dependientes de las historias que se han ido documentando a Partir de los datos demográficos: en este apartado esbozamos aJgunos elementos críticos de la experiencia de la población en el uso de anticonceptivos, la lectura de las políticas diseñadas Para satisfacer las demandas poblacionales y la propuesta femiuista de autodeterminación reproductiva.18 a) La anticoncepción se ha interpretado como un recurso e* Que disponen las personas para espaciar sus embarazos o Para limitarlos de manera definitiva. La idea central es que ésPuedan concretar sus preferencias reproductivas; en ese Seutido, es un recurso que puede transformar de manera radia *as características de la vida de la persona: lo que haga de yida personal, por tener un número determinado de hijos, Puede variar enormemente. Las evidencias empíricas generadas por la investigación ática muestran una compleja relación entre el discurso bj Os agentes institucionales y las motivaciones de la poación; la experiencia anticonceptiva que han tenido las perci?as a Partir de que la misma se ha difundido entre la pobla,n m ex i can a está permeada por la presencia de efectos i aterales y fallas en el uso de los métodos, a lo cual se añaden Petantes deficiencias en la calidad de los servicios de salud.19 sistem

'•h>r

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razones de espacio y por el tipo de lectura que el texto implica no pretendimos 'nf°rmac’ón que se ha generado sobre el tema, sino reflexionar suponiéndola conocida.

Cabrer COnsultarsc AH53 (1977), Urbina et al. (1984), Figueroa Campos (1989 y 1993a), Alba y

i, ^criliz Cotnbira

^onaP° (1994a, 1994b), entre otros. ■ ^xico> cerca de la mitad de las usuarias de anticonceptivos han recurrido a la lcmen'nai a la cual, más que declararla como su mejor opción, se refieren como una n de decisiones unilaterales tomadas por los proveedores de servicios de salud (Figueroa,

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Se ha generado una falsa disyuntiva entre métodos modernos y tradicionales, la cual repercute además en las relaciones de poder existentes entre los agentes institucionales de la salud y las personas usuarias de sus servicios: los primeros promo­ viendo la anticoncepción moderna y los segundos deseando usar métodos sin efectos colaterales, como los espermicidas, el condón, el ritmo y el retiro.*20 Se observa una actitud de su­ bestimación de las usuarias de los servicios de salud por parte del personal de las instituciones que prestan dichos servicios, cuando deciden no informarles de los riesgos vinculados con el uso de anticonceptivos. Si dicho personal supone que tal información va a originar la no aceptación de los métodos, lo cierto es que, en la práctica, los tiempos de uso se incrementan cuando la persona está mejor informada acerca de los riesgos. Se han documentado las desventajas de las mujeres en su relación con los hombres cuando se trata de negociar dedsiones y preferencias vinculadas con el encuentro coital, el número ideal de hijos y las responsabilidades en la regulación de la fe­ cundidad. Se observa una promoción de la anticoncepción al margen de la prevención de enfermedades de transmisión se­ xual, con lo que se genera una confusión en cuanto al valor del uso del condón. Son ambiguas las referencias institucionales a los varones en tanto corresponsables de los procesos repro­ ductivos, ya que se pretende incorporarlos a los programas de planificación familiar a la vez que se desestimula el uso de anti­ conceptivos, actividad en la que ellos están presentes de una manera más evidente. Estos elementos se suman al argumento de una alta demanda insatisfecha de la población para usar an­ ticonceptivos. b) Otra historia que es importante recuperar incorpora las acciones gubernamentales en interacción con las preferencias y los deseos e ideales reproductivos de la población. En el dis­ curso de los programas vinculados con la anticoncepción se afirma que uno de sus objetivos es ayudar a evitar embarazos no deseado?; sin embargo, a veces ese no deseo se confunde 1994a) o como un refugio para la mala experiencia obtenida con otros métodos anticonceptivo*

(Figueroa, Siasi, Aguilar y Rivera, 1994). 20 Véanse, en especial, Palma y Suárez (1991), Figueroa (1993a), Figueroa y Liendro (1995) y Palma y Echarri (1995).

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con la falta de planeación y, además, se da poca importancia a las ambivalencias y los cambios de opinión en los diversos momentos de la vida reproductiva. Teórica, práctica y meto­ dológicamente no son claros la forma en que se construyen tales categorías ni el papel que juega la población.21 Las evidencias empíricas muestran una serie de confusiones analíticas y prácticas en la interpretación del deseo reproduc­ tivo, errores en la forma de preguntar acerca de las preferencias reproductivas, intereses de los proveedores de servicios de salud para encontrar una preferencia reproductiva definitiva en mo­ mentos críticos para las personas, cambios de opinión en las mujeres al pasar la etapa de posparto o al presentarse otros acontecimientos durante su vida reproductiva. Ello tiene im­ plicaciones para las acciones programáticas que pretenden incidir en las decisiones reproductivas de las personas, ya que existe el riesgo de no satisfacer una demanda real, pero también de imponer una lógica racionalista en poblaciones con un pro­ ceso de construcción del entorno reproductivo que responden a otros modelos interpretativos. A ello se añade el énfasis pues­ to en las mujeres como población reproductora y la ignorancia del manejo de las discrepancias en la negociación de las pre­ ferencias reproductivas con los hombres y con los proveedores de servicios de salud, lo cual refuerza el poder de decisión de dichos agentes institucionales en relación con las personas con Quienes interactúan. c)El caso del aborto es otra temática con una complejidad específica en la discusión vinculada con la reproducción. Son tuás las situaciones en que se sabe que las personas recurrirán a esta práctica que las que la ley contempla como opciones vá­ lidas para acceder a ella. Su carácter legal, la discusión miral, sus componentes de salud y justicia social, además de la in­ certidumbre sobre su incidencia, lo convierten en un tema complejo para el análisis demográfico. Diferentes autores22 han llegado a la conclusión de que, en la medida en que la transición de la fecundidad avanza y la motivación para limitar el tamaño de la familia se extiende, ias personas recurren en mayor medida a la anticoncepción y, u Véase Figueroa (1995Í), para una discusión al respecto. “Como Núñez y Palma (1990, 1991), Mundigo (1993) y Welti (1993).

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en caso necesario, al aborto inducido, con el fin de evitar em­ barazos no deseados. En un estudio realizado en el Instituto Alan Guttmacher (1994) se encontró que una de cada seis mujeres que recurren al uso de anticonceptivos temporales se embaraza durante el primer año de uso: el problema es que no se prevén opciones razonables y saludables para estas mu­ jeres, a pesar de conocerse la compleja realidad que segura­ mente vivirán. Welti (1993) estima una tasa global de aborto inducido que representa aproximadamente 20% de la fecundidad to­ tal, mientras que Núñez y Palma (1990,1991) encuentran que los hombres declaran con mayor facilidad que las mujeres un aborto inducido, probablemente “porque ellos no se exponen al rechazo social, no abrigan sentimientos de culpa como la mujer e incluso, no son sujetos de persecución por parte de la ley” (p. 32). Con ello confirman una de las desigualdades so­ ciales y legales existentes entre mujeres y varones vinculadas con la reproducción.23 Las inquietudes derivadas de esta información son de di­ ferente índole: una gira en torno de la diferente penalización moral y jurídica de los actores que intervienen en el aborto en función del sexo de la persona y al margen de que sean co­ rresponsables del embarazo; otra es la persistencia en mantener inalterada la situación legal del aborto, a pesar de su alta in­ cidencia, su importante impacto demográfico, las opiniones favorables de la población para transformar la normatividad (gire, 1994) y la certeza de que se lleva a cabo en situaciones riesgosas para la salud de las mujeres. Una última complicación se deriva de propuestas simplistas que suponen que el aborto se eliminaría si hubiese “una mejor planeación” de los embarazos y “un buen uso” de anticonceptivos, ignorando con esto las condiciones en que se define el entorno reproductivo. En este apartado hemos ilustrado tres formas complejas de relación entre la fecundidad y la anticoncepción, cada una

u Ortiz Ortega (1993) llama la atención sobre la urgencia de incorporar la salud de las mujeres al debate sobre el aborto, ya que “e, riesgo mayor de esta práctica proviene de la falta de apoyo para que las mujeres enfrenten, elaboren y practiquen la interrupción del embarazo, pues la decisión del aborto pertenece al Estado y a la sociedad, mientras que las mujeres absorben las consecuencias de su práctica" (p. 27).

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con problemáticas específicas, algunas de las cuales se in­ corporaron en esta breve reflexión. La inquietud central con­ siste en vislumbrar cómo será el panorama futuro, cuando se han creado tantas expectativas alrededor de la an ti concepción en tanto factor que moldea a la fecundidad, cuando al mismo tiempo se ha cuestionado la lógica de planeación de los pro­ gramas de planificación familiar (Figueroa, 1994a) y cuando actualmente se pretende definir programas más integrales a la luz de las conferencias de El Cairo y de Pekín. Es indudable el aporte de las instituciones de salud al proceso por el cual las personas se han, ido haciendo de recursos para moldear su espacio reproductivo; sin embargo, al mismo tiempo son muchas las carencias y limitaciones del quehacer institucional en este ámbito y existen aún interrogantes de mucha importancia que la investigación demográfica podría ayudar a contestar: ¿qué tanto pueden reducirse los embarazos no deseados sin documentar el contexto de las relaciones coitales forzadas?; ¿cuál es el efecto de que la legislación y los Programas ignoren el hecho de que las fallas en el uso de los an­ ticonceptivos se conviertan en motivo de aborto y que a la larga ello incida en la morbimortalidad materna?; ¿cómo po­ drían recuperarse las opiniones de la población al reconstruir la normatividad sobre el tema?; ¿hasta dónde es incuestionable la autoridad médica como para planear, de manera unilateral, el uso de anticonceptivos en la población?; ¿puede transfor­ marse la experiencia reproductiva de las mujeres sin replantear su autoridad moral en la vinculación con los varones?; ¿es ob­ jeto de investigación demográfica la negociación existente entre los actores sociales que intervienen en la reproducción?

Temas emergentes

a partir de los conceptos de género

Y derechos reproductivos

Las variaciones en la terminología y en las aproximaciones analíticas para el estudio de la reproducción, así como los da­ tos derivados de la investigación han mostrado la necesidad de explicitar la dimensión del poder y los derechos involu­ crados en los procesos reproductivos. Con ello se han hecho Presentes tres temáticas estrechamente vinculadas con las

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categorías de género y derechos reproductivos: la sexualidad, la población masculina y el ejercicio ciudadano en la reproduc­ ción. A partir de estas temáticas es factible construir nuevas propuestas de investigación. a) En la discusión demográfica ha empezado a cobrar im­ portancia el tema de la sexualidad, más allá de la referencia a la frecuencia de las relaciones coitales o a los tiempos en que una persona está expuesta a tenerlas (Davis y Blake, 1956); se ha reconocido la necesidad de analizar las negociaciones realizadas en este espado, su significado para construir las iden­ tidades masculina y femenina, y lo que representa para la defi­ nición de derechos en los procesos reproductivos y en la va­ loración de la maternidad y la paternidad. En el ejercicio de la sexualidad confluyen diferentes as­ pectos relacionados con la condición de la mujer. Basaglia (1978) señala que el cuerpo femenino ha sido considerado co­ mo “cuerpo para otros”, por lo que plantea que las fases de la historia de la mujer pasan por las modificaciones y alteradones de su cuerpo. Eisenstein (1984) señala que lacarenda de poder que padece la mujer en nuestra sociedad está basada en las re­ laciones de producción y de reproducción, en la sexualidad y en la sodalización de los niños; de ellas, es en la sexualidad femenina donde existen más prohibiciones sociales. Por lo mismo, el resurgimiento de la sexualidad en la investigación sobre reproducción no es irrelevante y menos inocua. Las encuestas demográficas han generado información con el propósito de interpretar los procesos reproductivos, y ello ha mostrado la complejidad de pensar que las mujeres en rea­ lidad sienten que tienen derecho a vivir la relación sexual como algo placentero; este aspecto, así como el decidir sobre su fe­ cundidad indican, al menos en parte, el grado en que las mu­ jeres han logrado apropiarse de su cuerpo, en tanto proyecto personal. Los datos presentados por Figueroay Rivera (1993) mues­ tran que las mujeres mexicanas declaran que el varón es quien decide en mayor medida el momento de tener las relaciones coitales y que muchas veces las mujeres reconocen tener rela­ ciones coitales a pesar de no desearlas ni disfrutarlas, ya que de otra forma su pareja amenaza irse con otra mujer, además de que el hombre necesita más de las relaciones coitales que ellas,

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debido a que “ellos son de naturaleza más fuerte y las mujeres como quiera se desahogan con la menstruación”. Una de las limitantes en la investigación de la fecundidad ha sido, por una parte, el no incorporar explícitamente la re­ lación del poder subyacente a los procesos reproductivos en sus diferentes componentes, entre los cuales está la sexualidad como el entorno en el que se mueven las personas vinculadas con la reproducción. Dicha sexualidad no ha sido trabajada sistemáticamente por la demografía, y menos aún la investi­ gación sobre el cuerpo, las percepciones acerca del mismo y las construcciones simbólicas generadas alrededor de él. Esto repercute en la definición de las identidades genéricas y en la forma en que las personas se vinculan con su capacidad re­ productiva, pensada a título individual, a título de relación de pareja o, incluso, como atributo personal. Se ha generado información con la intención de documen­ tar la incidencia de embarazos no deseados; sin embargo, poco se ha analizado la relación que tales acontecimientos tienen con los coitos forzados, incluso en el interior de una relación de pareja, así como la dificultad para negociar el momento de tenerlos. Suele suponerse que una decisión implica situarse ante dos o más opciones, pero poco se ha investigado lo que sucede cuando el abanico de posibilidades está permeado por Una multiplicidad de coacciones o bien cuando es muy reducido ° nulo; ¿qué sucede cuando el hecho de limitar la fecundidad no significa un cambio en la negociación de las relaciones sexuales y menos en los roles de género? Todavía son muchos los interrogantes que podría ayudar a esclarecer la investigación demográfica.24 b)El término derechos reproductivos ha sido usado en su vinculación con los derechos de las mujeres, para demandar resP°iisabilidades por parte de las instituciones gubernamen­ tales. En cuanto a los varones, actualmente se discute lo que Para ellos puedan significar la salud y los derechos repro­ ductivos, más allá de su participación en los procesos de reProducción que recaen sobre las mujeres.25 La discusión act Cma

Un ejemplo de la forma de replantear la lectura de la información demográfica sobre este ve«e en Figueroa (1993b). Figueroa y Liendra (1995), De Keijzer (1995), y Castro, Liendra y Guanteros (1995).

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tual propone la necesidad de superar una lectura unilineal de la influencia de los varones en la fecundidad de la mujer, pa­ ra convertirlos en actores más dinámicos, que han visto cuestionadas las formas tradicionales de su masculinidad más allá de la reproducción y de la paternidad, con el fin de re­ plantearse la vinculación con sus hijos, con su pareja y con otros hombres. A pesar de ello, la información que existe sobre la forma en que los varones viven los diferentes momentos de la repro­ ducción es poco sistemática, además de que buena parte de lo que se sabe refleja tensiones, negociaciones y relaciones de poder, documentadas en las declaraciones de las mujeres; sin embargo, se reconoce la urgencia de desarrollar marcos analí­ ticos para interpretar de una manera no maniquea su presencia en los procesos reproductivos, reconociendo experiencias al­ ternativas en la vivencia de la masculinidad y negociaciones de pareja en el proceso de la reproducción. Actualmente se cuestiona el papel secundario atribuido a los varones que sólo permitía dar cuenta de los niveles de fe­ cundidad, o su carácter de simples observadores con opiniones que favorecían o dificultaban las decisiones reproductivas de las mujeres. Empiezan a desarrollarse propuestas para iden­ tificar indicadores de fecundidad y de an ti concepción que in­ corporan de manera más explícita a la población masculina (Figueroa, 1995b). La dimensión relacional de la reproducción hace alusión al hecho de que los varones son personajes co­ rresponsables de la crianza de los hijos, de la vivencia de la sexualidad y del desarrollo del embarazo, ya sea que éste se vea interrumpido por un aborto o que llegue a término con el parto. La investigación demográfica necesita desarrollar in­ dicadores y modelos de interpretación para poder explicar la actividad reproductora de los varones y su relación con las mujeres. El análisis de la reproducción se ha enriquecido después de mostrar que las contradicciones sociales prevalecientes en dicho ámbito afectan tanto a hombres como a mujeres en su capacidad de moldear su espacio reproductivo de la manera menos tensionante y más equitativa posible (De Keijzer, 1995)No obstante, falta desarrollar teórica y metodológicamente esta vertiente para que recupere la especificidad masculina,

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pero sin perder el sentido relacional de la reproducción y de las identidades masculina y femenina. c) El cuestionamiento de la normatividad institucional mediante el ejercicio ciudadano de la reproducción ha permi­ tido reconsiderar el sentido de autoridad en la construcción del deber ser en diferentes momentos de la reproducción, al hacer explícito que hombres y mujeres tienen la posibilidad de participar en la construcción de su entorno reproductivo. Las categorías de género y derechos reproductivos pretenden dar a toda persona un papel protagónico mediante el recono­ cimiento de su autoridad moral (Petchesky, 1990) para deconstruir los estereotipos masculino y femenino, y para des­ mistificar las especializaciones genéricas y las valoraciones diferenciales. Se recupera así la noción de ciudadanía, en su sentido más amplio, como la capacidad que tiene todo indi­ viduo (hombre o mujer) de construir la sociedad y de participar en este procesó. El concepto de derechos reproductivos se ha incorporado como referente teórico al promover la participación de las Personas en su reproducción y al cuestionar normatividades de instituciones como las de salud y las religiosas. Esto ha per­ mitido avanzar en el estudio de las relaciones de poder moldea­ das y reproducidas por la compleja dinámica social; lo que to­ davía es incipiente es la tarea de documentar lo que ello implica Para la investigación demográfica. En esta relectura se ha replanteado el papel de las institu­ ciones en tanto autoras, vigilantes y reproductoras de normas, Pero sin limitarse a la forma en que influyen sobre los procesos reProductivos, sino tratando de entender el proceso por el las personas (hombres y mujeres) negocian, reaccionan, asumen o se resisten a dicha normatividad. Para ello ha sido Necesario incorporar las nociones de respeto y de tolerancia al análisis social de la reproducción y la sexualidad, enriqueClendo así las vertientes de la investigación demográfica.26 En cuanto al “ejercicio ciudadano de la reproducción”,27 la 24 Véan« Cervantes (1995c y 1996), Figueroa y Fuentes (1995) y Lamas (1995b). Parafraseando a Rosalind Petchesky, coordinadora del Proyecto Internacional de c VesHgación y Acción sobre Derechos Reproductivos, del que son parte los siguientes textos, 'tados en este documento: De Barbieri (1993), Figueroa (1994a), Ortiz Ortega et al. (1995) y

rez Duarte (1993).

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información que se ha generado es limitada. Por lo general no se documenta la forma en que los hombres y las mujeres se re­ conocen con titularidad y autoridad moral (y jurídica) para construir su espacio reproductivo y cuestionar las normas ins­ titucionales y sociales subyacentes a la reproducción, las cuales muchas veces contradicen sus expectativas sobre proyectos personales y relaciones sociales. En este sentido, es necesario documentar cómo las personas van apoderándose de su espacio reproductivo, hasta dónde ló perciben como un ámbito de ne­ gociaciones y si se viven moldeando, resistiendo y transforman­ do las normas y las políticas a partir de las cuales se construye su reproducción. De Barbieri (1993) comenta que los derechos reproducti­ vos parecen emerger inicialmente como medio de defensa en contra de las situaciones contradictorias que rodean el espa­ cio de la reproducción, más que como el derecho para cons­ truir un proyecto personal en el ámbito de la reproducción: por ello han sido considerados básicamente como derechos de las mujeres. En tal sentido he propuesto (Figueroa, 1995c) que los de­ rechos reproductivos se redefinan a partir de la capacidad de toda persona para participar en la construcción de su entorno reproductivo, y que, dada la variedad de actores vinculados con dicha reproducción, su defensa se interprete como el pro­ ceso democrático a partir del cual se resuelven los dilemas éticos en el espacio de dicha reproducción: con ello es factible determinar la forma en que hombres y mujeres participan en la vigilancia, construcción y transformación de las normas que moldean su espacio reproductivo y, por otra parte, es posible identificar procesos de interacción que pueder ser documen­ tados por la demografía y por otras disciplinas.

Epílogo

Es muy prometedora la experiencia de documentar cuál es la vivencia relacional de las mujeres y hombres vinculada con la construcción de su entorno reproductivo en un contexto de desigualdades sociales e inequidades genéricas; este enfoque ha sido recuperado en reflexiones teóricas y estudios de caso, pe­

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ro no en la generación de fuentes de información que sirvan de base para el análisis demográfico. Es probable que ello se deba a que, para incorporarlo, ha­ ya que replantear la intención misma del análisis: no puede li­ mitarse a analizar el nivel de fecundidad y sus determinantes, sino que debe avanzar en el estudio de las relaciones de poder subyacentes a las decisiones reproductivas, documentando cómo aquéllas se resisten, cómo se adaptan y cómo pretenden transformar las normatividades del entorno contradictorio en el que se define la reproducción, incursionando en el signifi­ cado de la misma en las historias e identidades personales, así como deconstruyendo normatividades sociales e institucionales definidas muchas veces de forma unilateral. Es necesario investigar los cambios ocurridos en las polí­ ticas que se vinculan con los espacios de la reproducción a partir del proceso que pretende superar visiones reduccionis­ tas mediante el uso y la interpretación de la información deri­ vada de la investigación demográfica. A esto se añade la ne­ cesidad de documentar las condiciones de posibilidad para que se reduzcan las coacciones que rodean el espacio reproductivo, biológica y socialmente imaginado. Con ello se podría avanzar en la documentación de las inequidades genéricas que dificultan las decisiones reproductivas y que, a la vez, impiden la igualdad de hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos. Una necesidad de la investigación consiste en analizar la forma en que las construcciones sociales erigidas en torno de la sexualidad y la reproducción dan dimensiones específicas a los procesos demográficos, a la vez que estudiar la forma en 9ue la masificación del uso de los anticonceptivos ha permiti­ do replantear los proyectos individuales de las personas. Esto ha sido más claro en el caso de las mujeres, pero es necesario documentar también las contradicciones experimentadas por la población masculina. Otra necesidad de la investigación es vincular el ejercicio ciudadano de la reproducción con las acciones específicas de Jus agentes institucionales, instrumentadores de políticas de po­ blación, educación, salud y planificación familiar (y ahora de salud reproductiva), quienes se vinculan en lo cotidiano con as Personas. En este sentido, una aproximación analítica que resulta de gran utilidad para reubicar sexualidad, población

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masculina y el ejercicio ciudadano en la reproducción es la de­ rivada de la ética.28 En una reflexión de carácter ético, identificamos tres com­ ponentes básicos: i) las temáticas que dan forma al entorno de la reproducción; ii) las normas, supuestos y principios que entran en conflicto, y iii) los personajes que participan o que potencialmente podrían participar en el análisis y la solución de los dilemas que se generan. Entre los actores involucrados en los dilemas y que parti­ cipan (o podrían participar) en su solución, se reconocen los definidores de políticas institucionales, los agentes institucio­ nales, las personas reconocidas como autoridades en el tema, las personas reconocidas constitucionalmente como ciudada­ nos, las organizaciones que pretenden dar voz a dichos ciu­ dadanos, y los estudiosos de los procesos de normatividad del comportamiento humano. Es cierto que se mueven en contex­ tos diferentes, que asumen modelos de comportamiento que es­ tán en constante tensión (explícita o potencial) y, algo que re­ sulta muy importante, que no todos se consideran titulares en la misma medida como para participar en la solución de los conflictos que llegan a surgir en el espacio de la reproducción. Por ello, una sistematización de los actores activos y pasivos en la reproducción, de su forma de participación y de los su­ puestos que entran en juego puede servir para repensar la dis­ cusión sobre el entorno de la reproducción en tanto objeto de derechos y en su vinculación con la sexualidad, la población masculina y las normatividades social e institucional. Algunas de las propuestas anteriores pueden contribuir a releer el alcance de las variables intermedias, las cuales han sido el referente obligado de diferentes ejercicios de análisis demográfico desde hace cuatro décadas. Es cierto que las dife­ rentes lecturas analíticas esbozadas en el segundo apartado las replantean de alguna forma; sin embargo, es factible enrique­ cerlas a partir del concepto de derechos reproductivos y de la perspectiva de género. a Se entiende por “ética” la reflexión sistemática acerca de los procesos de normatividad mediante la identificación de autores y supuestos en la definición de normas, personas presentes y ausentes en este proceso, la forma en que hombres y mujeres son afectados por la normatividad social, y las condiciones de posibilidad para transformar el entorno de la reproducción (Figueroa, 1995c).

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A pesar de que desde los orígenes de la demografía el estu­ dio de la mortalidad ha sido una de sus primeras preocupa­ ciones, la interacción con otras disciplinas, con el fin de ampliar el rango de fenómenos que conviene analizar, es relativamente reciente. En los estudios demográficos se privilegió el estudio de los niveles y tendencias de la mortalidad y el escrutinio de las causas de muerte, antes de considerar los niveles de salud de la población aún sobreviviente; al inicio interesó la inciden­ cia y prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas y des­ pués de las crónico-degenerativas. La investigación en México no ha sido ajena a este proceso: en un principio, el interés fundamental consistió en conocer los niveles de la mortalidad general, primero mediante estimadores como la tasa bruta de mortalidad —número de fallecimientos por cada mil habitantes— y luego refinando estos estimadores para establecer tablas de mortalidad, más con el propósito de determinar los componentes del crecimiento poblacional, que con otros objetivos referidos al estado de salud de la población. Posteriormente empezaron a considerarse las tendencias, los diferenciales, así como las causas de estos fallecimientos; pero para seguir avanzando en la comprensión de los factores rela­ cionados con los procesos que desembocaron en estos decesos, se hizo necesario contar con la colaboración de otras disci­ plinas, colaboración de la cual han surgido numerosos e im­ portantes frutos. En este contexto, la mortalidad infantil ha sido privilegiada como objeto de estudio desde las primeras etapas, debido, de manera importante, al gran peso que tenían proporcionalmente las defunciones de menores de un año en la mortalidad gene­ ral y a su utilización como indicador del nivel de desarrollo del país o de una región. Por otra parte, en el marco de los esfuerzos para reducir el crecimiento de la población, se dio un gran impulso a la plani* ficación familiar, tanto en el aspecto operativo de planes y programas como en el de la investigación. De forma paralela, y como respuesta a la necesidad ética y práctica de poner al al* canee de la mujer los medios para mejorar su salud y aumentar las probabilidades de su propia sobrevivencia y la de sus hijos, surgen programas de salud materno-infantil y de sobrevivencia en la infancia (Langer, Tolbert y Romero, 1996). Uno de los

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objetivos de estos programas era precisamente el efecto bené­ fico de la planificación familiar en la salud de las madres y de sus hijos, aunque en la práctica se privilegiara el impacto de la modificación de los patrones reproductivos en la sobreviven­ cia infantil. La salud de la mujer era considerada entonces de manera sumamente restringida, esto es, en tanto contribuía a la salud infantil. A pesar de la repetida legitimación —no sólo como objeto de estudio en términos académicos, sino también en tanto prioridad de las políticas públicas— que de ella se hace en distintos foros, tanto nacionales como internacionales, la salud materno-infantil no ha logrado afianzarse como un campo de investigación que responda realmente al nombre que se le ha dado y ha terminado por convertirse en una jus­ tificación de los programas de an ti concepción.1 Por otra parte, el estudio de la salud materno-infantil es relevante puesto que permite dar cuenta de importantes con­ tradicciones en las sociedades, como la mexicana, que dan una alta valoración a la maternidad —la cual otorga gran prestigio a las mujeres multíparas—, a la vez que responsabilizan a las r^ujeres de la salud de los miembros del hogar, pero, al mismo tiempo, les niegan el acceso a otros dos elementos creadores fie estatus: el poder y el control de los recursos económicos Masón, 1985). A mediados de los años ochenta comenzó a gestarse un cambio en el ámbito internacional, y tanto el sector público como el académico coincidieron en la necesidad de considerar a salud de las madres como un fin en sí misma, sin soslayar la Urgencia de seguir mejorando los niveles de salud y bienestar e los niños ni la importancia de los efectos del crecimiento Poblacional en la satisfacción de necesidades básicas de la so­ ciedad. Los conceptos de planificación familiar, salud maternolnfantil y sobrevivencia infantil dieron paso al de maternidad riesgos, primero, y al de salud reproductiva, después, éste mas amplio y abarcador; por otro lado, grupos académicos y infan -i^0 “ manifiesta en la ausencia de sesiones dedicadas al tema específico de la salud materno-

SQjjf . Cri ’as diferentes reuniones académicas o científicas. Por ejemplo, en las reuniones nacionales

los F lnvcstigación demográfica en México se han dedicado sesiones a la Mortalidad, en 1977; a l986aCt7CS Determinantes la Mortalidad, en 1980; a Mortalidad y Condiciones de Vida, en Repr¿j 3 Mortal'dad Infantil, en 1990, y en la última, realizada en 1995, a la Sexualidad y Salud Uc':'Va> a la Fecundidad y Salud Reproductiva y, finalmente, a Salud, Morbilidad y Mortalidad.

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de acción —fundamentalmente de feministas— comenzaron a cuestionar el estereotipo imperante en muchas sociedades según el cual la construcción de la identidad femenina se basa en la reproducción y especialmente en la maternidad. De manera re­ lativamente reciente, cada vez se presentan mas estudios sobre aspectos de la salud de la mujer que no están directamente re­ lacionados con su función procreadora, que resaltan la impor­ tancia de otras esferas de la vida de la mujer, lo cual está rela­ cionado de manera importante con los cambios que ha tenido la participación de la mujer en la sociedad. Estas propuestas pretenden identificar separadamente tres dimensiones —re­ producción, sexualidad y salud—, vinculándolas con los dere­ chos de los individuos en el concepto de derechos sexuales y reproductivos (Salles y Tuirán, 1995; Langer y Tolbert, 1996). Es sorprendente la ausencia de trabajos que consideren conjuntamente a la madre y al hijo y más aún, que incorporen una perspectiva de género en su planteamiento: los estudios revisados se refieren sobre todo a la mortalidad infantil, y sóla algunos abordan ciertas cuestiones de la salud de la madre. En general, la atención se centra en los niños, y los escasos tó­ picos acerca de la madre que se toman en consideración se refie­ ren a características que son consideradas factores de riesgo para la salud de los hijos y que tienen que ver casi siempre con atributos de la madre presentes antes del momento del parto. Una excepción notable es el reciente interés por la relación en­ tre la actividad extradoméstica de la madre y la salud infantil, además de algunos otros temas, como el cáncer cérvico-uterino, las enfermedades de transmisión sexual y el sida, y la morbi­ lidad materna. En este capítulo abordaremos la evolución que ha tenido el estudio de la salud materno-infantil (smi) desde las primeras formulaciones que se referían únicamente a la sobrevivencia infantil, hasta las más recientes que intentan acercarse a las condiciones de salud de madres e hijos. Es necesario precisar que esta línea de investigación en vez de una unidad concep' tual, ha presentado en los últimos años múltiples bifurcaciones, lo cual dificulta enormemente su análisis; esto ha provocado que tengamos que dar mayor peso a los aspectos que han sido abordados con mayor frecuencia —los relacionados con U mortalidad infantil— en demérito de otros, como serían l°s

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casos del aborto o de las enfermedades de transmisión sexual y el sida. Comenzaremos por la presentación de los elementos teórico-metodológicos presentes en la discusión, tanto en el ámbito nacional como en otros países, que sustentan la nece­ sidad de incluir una perspectiva de género en el análisis de la salud materno-infantil. Posteriormente se hace una revisión de las estrategias públicas de atención a la salud maternomfantil, puesto que la investigación no ha sido independiente de la acción gubernamental y, de hecho, los fondos disponibles Para desarrollarla han dependido de la evolución de tales estra­ tegias. En la tercera parte se hace una revisión de los trabajos sobre la smi en México para hacer evidente que rara vez se incorpora un enfoque de género en la generación de información y en su análisis. De ahí pasamos a hacer un breve repaso de la inves­ tigación sobre la salud de la mujer en México, para terminar sugiriendo algunas necesidades de investigación. La DISCUSIÓN EN EL PLANO TEÓRICO: ¿REALMENTE HABLAMOS DE SALUD MATERNO-INFANTIL?

n primer aspecto que debe considerarse es el semántico; antes Que nada, tenemos que referirnos a lo que usualmente se ?ntiende por salud materno-infantil: bajo este término suelen ucluirse todos aquellos problemas de la mujer relacionados ^°n el embarazo, parto y puerperio (o los esfuerzos para eviaf °,s mediante la planificación familiar) y las condiciones de ud del niño pequeño, generalmente hasta antes del quinto estud™3™0 Tánger y Lozano, 1998). Definir así el objeto de dio acarrea problemas teóricos y metodológicos que no es d • ° S3t*sfactoriamente resueltos. La disociación del sujeto, bar CClr’ SU evoluc»ón desde estadio de mujer antes del emy el320’ P35311^0 por el momento de la concepción, la gestación rec.’Parto’ hasta tener por un lado a la madre y por el otro al ló • n nacido, pero manteniendo una interacción tanto bioc°mo social, ha dificultado, por ejemplo, que se disponque la lactancia lería el máximo exponente.

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ga de un marco conceptual comprensivo que abarque en su to­ talidad la salud materno-infantil. Esto nos lleva a establecer claramente las diferencias entre salud de la mujer, salud reproductiva y salud materno-infantil, términos que a menudo son usados como sinónimos, ya que existen comparativamente pocas expresiones explícitas en la literatura de lo que se entiende por cada uno de estos términos.3 Los servicios de salud ofrecidos a las mujeres se basan ge­ neralmente en acontecimientos tales como el alumbramiento o los episodios de enfermedad, más que en la consideración de las mujeres como individuos. Caracterizar a la mujer esen­ cialmente por sus funciones reproductivas —esto es, consi­ derarla esencialmente en tanto madre— puede llevar a la conclusión de que todos los aspectos de la salud de la mujer tienen que ver con la reproducción y, por lo tanto, que son es­ pecíficos de las mujeres; sin embargo, esta visión es peligrosa en tanto que distrae la atención de otros elementos de dis­ criminación y desventaja y puede incluso promover un mayor sexismo en la distribución de recursos y la investigación (Graham y Campbell, 1991). Lo anterior se refleja en el hecho de que la mayor parte de la investigación sobre la salud de la mu­ jer en América Latina y en el resto de los países en vías de desarrollo se haya enfocado en las consecuencias de la alta fecundidad sobre la salud (Browner, 1989). Así, la salud materna suele ser delimitada por el intervalo de tiempo transcurrido entre el embarazo (o el reconocimiento médico del embarazo) y el final del puerperio, cualquiera que sea su definición, periodo que abarca el cuidado prenatal, el parto y la atención posnatal. El dominio de la salud materna también puede ser definido en función del periodo en que una persona del sexo femenino es considerada como expuesta al riesgo de concebir, ya sea a partir de elementos biológicos co­ mo la menarca, o bien con base en aspectos socioculturales, como el matrimonio o la unión conyugal. Dado que la salud reproductiva se relaciona también con el periodo reproductivo, puede que se le haga coincidir con esta última acepción de salud materna. En ocasiones la salud reproductiva abarca tam*

3 Algunas de estas definiciones pueden ser consultadas en Graham y Campbell (1991).

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bién mujeres posmenopáusicas, pero este periodo mejor podría ser considerado en el concepto de salud de la mujer. Otro problema es la frecuente utilización de indicadores negativos de la salud, aun en el caso de programas preventivos de salud. Esto se complica, además, por la medicación de las funciones reproductivas —menstruación, embarazo, parto, lactancia—, lo cual es producto de su conceptualización como entidades patológicas: las mujeres están enfermas cuando menstrúan, se alivian cuando dan a luz, etcétera. En otro orden de consideraciones, en el análisis de la salud rnaterno-infantil es necesario tomar en cuenta una serie de características: i) algunos aspectos de la condición femenina, como la sumisión, el altruismo —el cuerpo-para-otros del que habla Basaglia (1985)—, las inequidades en la educación o el énfasis que se pone en la maternidad como único medio de realización y Legitimación de las mujeres, conducen apatrones de comportamiento que pueden resultar nocivos para la salud: edades muy tempranas para el matrimonio y el primer parto, falta de acceso a la información y a los servicios de planificación familiar —con las secuelas de breves intervalos intergenésicos, embarazos no deseados, abortos peligrosos o exposición a enfermedades de transmisión sexual— el dar prioridad a la Cimentación y la salud de los demás miembros del hogar, Principalmente de los hombres, por encima de las de ella mis^a, lo que se traduce en mala nutrición y falta de cuidados adecuados durante el embarazo; ii) resulta muy difícil aplicar a l°s niños la concepción integral de la salud propuesta por la °Ms- ¿Cómo considerar el aspecto social que hace referencia a cumplimiento de roles sociales?, ¿cómo medir su salud menal si su aparato psíquico está en plena constitución?; iii) un r. e.mento muy importante es la neotenia, esto es, la prematurez biológica de los bebés humanos respecto de la mayoría de los LCci^n nacidos de otras especies, lo cual se traduce en una de­ pendencia total de los niños pequeños respecto de sus madres, Primer lugar, y a su familia, en general; iv) finalmente, una Do UnStancÍa fundamental es que los niños disponen de muy deC°í rnedios para intervenir en la modificación de su estado ,a i Ia Persona que se ocupa de él, generalmente su Po dC’ a qUe decide si los signos que presenta el niño corresen a una alteración de su estado de salud; asimismo, es 'i

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esta persona, normalmente en interacción con otros miembros de la familia y de otras redes sociales, pero sobre todo con los demás miembros del hogar, quien decidirá qué acciones seguir; por ejemplo: buscar ayuda médica, pedir el consejo de otras personas, recurrir a la automedicación, etcétera. Por lo que toca a los marcos conceptuales utilizados en la literatura, tenemos las propuestas de Mosley y Chen (1984) pa­ ra salud infantil, de McCarthy y Maine (1992) para la morta­ lidad materna, de Sai y Nassim (1989) para la salud repro­ ductiva y de Leslie (1992) para la salud de la mujer. En todos estos trabajos se incluyen elementos tales como la condición social de la mujer, las desigualdades de género o las relaciones de poder que aparecen como determinantes sociales que in­ ciden en las variables intermedias de morbilidad y mortalidad infantiles y maternas, en la salud de la mujer, en anticoncepción y aborto y en el uso de medidas preventivas contra el sida y otras enfermedades de transmisión sexual (Szasz, 1998). Tal vez el más conocido de estos marcos sea el de Mosley y Chen (1984); estos autores plantean —basándose en el esquema de variables intermedias de la fecundidad desarrollado por Kingsley Davis y Judith Blake (1956)— que existe una serie de macrovariables que provoca efectos en otra serie de factores que afecta directamente la salud de los niños. Según este marco conceptual es posible considerar el estado de salud de un niño como la relación entre su desarrollo y un desarrollo óptimo. Las medidas antropométricas (talla, peso y circun­ ferencia del brazo) y sus desviaciones respecto de las medidas estándar están entre los mejores indicadores del estado nutricional de los niños y pueden servir de índices de su estado de salud.4 Marcos conceptuales como el anterior clasifican los factores involucrados en la explicación de un fenómeno —en este caso la salud o la mortalidad infantil, pero también la salud de las

* Rara tomar en cuenta la multidimensionalidad del concepto de salud, además de la ausencia de enfermedades —incluidas malformaciones congénitas y secuelas de accidentes o de

enfermedades—, de un buen estado nutritivo y un crecimiento y desarrollo normales, pueden considerarse como elementos de un buen estado de salud infantil, un adecuado seguimiento médico del embarazo, del parto y del recién nacido, es decir, comportamientos preventivos y curativos apropiados de parte de las madres o de otros miembros del hogar.

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mujeres— en varios niveles: un nivel individual, otro familiar o del hogar y finalmente un macronivel, referido a variables de la comunidad o de la sociedad, aunque frecuentemente se dan confusiones entre el nivel individual y el familiar. Por lo que toca al nivel individual, es un hecho reconocido que en los países en vías de desarrollo el valor que asignan la familia y la comunidad a la mujer es francamente menor que el que otorgan al hombre. Esto se puede expresar simplemen­ te como una preferencia por los hijos varones —lo que se ha llamado una inversión diferencial en cuanto a instrucción for­ mal, nutrición y atención a la salud (Caldwell, 1986; MacCormack, 1988; Simons, 1989; Khan et al., 1989; Tabutin, 1991)—, pero puede llegar a extremos como el infanticidio o el feticidio selectivo. El sometimiento de la mujer y la valo­ ración negativa de su sexualidad conducen a un amplio rango de manifestaciones, desde las dificultades que encuentran las mujeres para negociar y poner sus propias condiciones en las re­ laciones sexuales que emprenden, lo que les dificulta el prote­ gerse contra enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, hasta el extremo de la mutilación genital feme­ nina. Al hacer referencia a las diferencias entre los sexos, se ha visto que las mujeres sufren enfermedades agudas e incapa­ cidades por un periodo más largo que los hombres y que consultan al médico con más frecuencia (Graham, 1984), sin embargo, tienen mayores esperanzas de vida y presentan menos enfermedades crónicas (Nathanson, 1977; Browner, 1989). Los hombres son hospitalizados en mayor medida, sufren de mscapacidades más gr.aves y tienen una mayor mortalidad en todos los grupos de edad. Estas diferencias se han atribuido a os perfiles de morbilidad de cada sexo, a ventajas biológicas de *a mujer y al entrenamiento que la mujer recibe a lo largo de su vida para detectar signos y síntomas y buscar ayuda, en su Papel de cuidadora de su propia salud y la de su familia (Langer V Lozano, 1998). Respecto al nivel del hogar, si bien se ha escrito mucho acerca de las variaciones de la morbilidad y la mortalidad entre del h°gares (L>a Vanzo, 1984; Desai, 1991) y sobre el papel hogar como mediador en la estructuración de las relaciones cíales (Harris, 1981; García, Muñoz y De Oliveira, 1982;

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García, 1984; De Oliveira y Salles, 1989; Lloydy Desai, 1991), generalmente estas investigaciones describen las diferencias que existen entre los roles y las responsabilidades de hombres y mujeres.5 Las variaciones de estatus entre diferentes mujeres en el interior de los hogares, junto con sus consecuencias en los comportamientos de atención a la salud y sus resultados en la salud misma, tienen aún que ser exploradas con mayor profundidad (Browner, 1989; Écharri, 1994, 1995). Debido a que la identificación y los primeros tratamien­ tos de las enfermedades infantiles normalmente caen en el do­ minio de las mujeres, como parte de las responsabilidades liga­ das a la reproducción que les son socialmente atribuidas, las distinciones relativas a su estatus son importantes para com­ prender la manera en que los niños pueden estar sujetos a ma­ yores riesgos—o a tener ventajas relativas—, dependiendo del estatus social de sus madres. Los estudios sobre la mujer y la atención a la salud se han ocupado principalmente de su papel de curadoras especializa­ das o de clientes o consumidoras, especialmente en el ámbito de la reproducción. Sin embargo, las mujeres son proveedoras de cuidados a la salud tanto en la vida cotidiana como en el ámbito profesional, especializado, aunque se ha prestado me­ nor atención al primero de estos sectores y a la participación de la mujer en el cuidado de la salud familiar (Bender y Cantlay, 1983; Mellado, Zoila y Castañeda, 1989). También actúan indirectamente como proveedoras de cuidados a la salud una vez que encuentran la forma de utilizar otras alternativas de tratamiento para ellas y para los miembros de su hogar (Zoila y Mellado, 1995). En estudios de campo, Menéndez (1987) encontró que en más de 95% de los casos las madres son quienes tratan en primera instancia los problemas de salud de sus hijos; Kleinman (1978) estima que entre 70 y 90% de los episodios de enfermedad son manejados exclusivamente en el ámbito familiar; además, la mayor parte de las decisiones rela­ cionadas con otras opciones de cuidados a la salud son hechas en el mismo ámbito. 5 En el caso de África, las diferencias de poder social, económico y político en los hogares son más importantes entre personas del mismo género que entre individuos de géneros diferentes; en este contexto, la separación de presupuestos y de roles domésticos masculinos y femeninos ha sido ampliamente documentada (Caldwell y Caldwell, 1987).

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La antropología médica ha mostrado que, si bien las nor­ mas socioculturales responsabilizan al hombre, en su papel de jefe de familia, como proveedor de los insumos económicos básicos para el mantenimiento de la salud, la mujer, en su de­ sempeño del rol social de madre, se convierte en el centro donde se articulan, operativamente, los recursos para la salud (organización del gasto familiar, preparación de alimentos, hervido del agua, quema de desperdicios) y aquellos dirigidos a atender la enfermedad. Simultáneamente, su función de curadora aglutina la prescripción y qormatividad médicas, la aplicación privada de esa prescripción normatizadora y los recursos caseros, tradicionales, empíricos o mágico-religiosos provenientes de otros ámbitos de la vida pública, pero for­ malmente ajenos a la esfera pública del Estado. Sin embargo, para continuar conservando su rol de curadora y su poder so­ bre la salud en el ámbito doméstico, privado, la mujer tiene que someterse a la prescripción médica, reconocer implícita y explí­ citamente la eficacia terapéutica, gestada e indicada por el mo­ delo médico, y asumirla, reproduciéndola en otras circunstan­ cias o con otros miembros de la familia (Módena, 1989). Aparte de las vacunaciones y la hospitalización, son las ma­ dres quienes administran a los niños los tratamientos prescri­ tos por los médicos: en general, ellas prescriben y administran también los remedios caseros o tradicionales, deciden en qué etapa de una enfermedad se debe buscar ayuda externa al hogar 0 a la red social inmediata y qué tipo de ayuda buscar. La apli­ cación correcta de la terapia de rehidratación oral en el caso de la diarrea, por ejemplo, exige mucho más de las madres y de la familia que de los.médicos o las enfermeras (Weiss, 1988). general en todas las culturas, el cuidado de la salud es una tarea reservada a las mujeres y especialmente a las madres.6

‘ En la mitología griega, Esculapio, dios de la salud (o de la medicina), tenía dos hijas: Panac«a e Hygeia. Panacea, la divinidad curadora, indicaba la utilización de remedios obtenidos de r antas y minerales; su culto, representado por la búsqueda de la panacea universal, no ha

parecido. Su hermana Hygeia, la divinidad de la salud entendida como el orden normal de las Cosas» enseñaba que se podía permanecer en buena salud viviendo de forma razonable y con Moderación. Hygeia es aún honrada a través de la higiene. Hablar hoy de la prevención evoca nvar’ablemente esta antigua alternativa (Deschamps, 1992). Igualmente, entre los mayas era una la' ad femen*na> I*chel, la diosa de la medicina, y, entre los nahuas, Cipactónatl era la patrona de a medicina herbolaria y de los procedimientos mágicos y terapéuticos ancestrales (Zoila y Carrillo,

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Como veremos más adelante, esto es reconocido por los orga­ nismos internacionales, como la oms o la unicef, cuyas estra­ tegias sanitarias están dirigidas principalmente a las madres. Pero al responsabilizarlas así de la salud de sus hijos, además de culpabilizarlas y de ignorar las responsabilidades de otros miembros del hogar y de la sociedad en general (Brachet-Már­ quez, 1992), se está trabajando con una hipótesis subyacente no sólo a las estrategias sanitarias, sino también a buena parte de la investigación sobre el tema: el altruismo materno (Whitehead, 1994). Este concepto se refiere a un conjunto de valores que hacen que los comportamientos de hombres y mujeres en el hogar y la familia sean diferentes. La característica principal de esta ideología es la construcción de la responsabilidad de la madre de ubicar la alimentación y el bienestar de sus hijos por enci­ ma de toda otra consideración.*7 Esto supone que la salud in­ fantil es el objetivo prioritario de las madres, y que está por encima de todos los demás. El altruismo materno es una ideología (culturalmente construida) que opera como un freno sobre los propios intereses de las mujeres, al dictarles las maneras de ser una buena madre. Algunos autores proponen que los comportamientos re­ lacionados con los cuidados de la salud pueden comprenderse mejor si se establecen las maneras en que las mujeres difieren unas de otras —más que cómo difieren de los hombres—, en función del poder socioeconómico y político que ejercen en el interior de su medio ambiente doméstico (Castle, 1993). Los derechos y las responsabilidades relacionados con las catego­

1998). Es interesante ver cómo aun en la mitología el cuidado de la salud es un atributo femenino, aunque en el caso de los griegos —y recordemos aquí la etimología griega de tantas enfermedades y medicamentos de la biomedicina— estos elementos femeninos están sometidos a lo masculino7 Es necesario anotar que el sentimiento materno sólo se generalizó en Europa hacia fines del siglo xix, acompañado de la aparición de una actitud moderna de la familia y la sociedad hacia el niño. Al analizar el nacimiento de la familia moderna en el contexto de la Europa occidental,

Shorter (1977, p. 20 y, en general, el capítulo 5) afirma que “la buenas madres son una invención de la modernización. En la sociedad tradicional, las madres eran indiferentes al desarrollo y a U

felicidad de sus hijos menores de dos años. En la sociedad moderna, ellas ponen el bienestar de sus bebés por encima de todo” (trad. mía). Otros autores, como Philippe Ariés (1975) y Jean-Louis Flandrin (1973), han sostenido que la sociedad tradicional (europea) se caracterizaba por la indiferencia de la madre hacia sus bebés.

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rías específicas de estatus pueden cambiar durante la vida re­ productiva de una mujer. Esto hace que pueda estar sujeta a diferentes obligaciones y tener acceso a diferentes recursos a lo largo de su carrera reproductiva, dada la naturaleza cambian­ te de su poder e influencia en su medio ambiente doméstico. Estudios realizados tanto en México (Echarri, 1994,1995) como en comunidades africanas (Castle, 1993; Whitehead, 1994) o en el Magreb (Makhlouf Obermeyer, 1993) han mos­ trado la importancia de la posición o situación social de las mu­ jeres en el interior de sus hogares -t—en su relación con las demás mujeres y con los hombres, en la determinación de su acceso a los recursos del hogar para la atención de los niños, así como en la influencia que esto tiene sobre su necesidad y capacidad para ejercer sus actividades económicas extrado­ mésticas de manera independiente. Aunque las creencias influyen sobre los comportamientos en materia de salud, tales comportamientos se rigen tanto por el acceso a los recursos necesarios como por el control sobre los mismos, la información específica, el tiempo, el trabajo y el dinero, así como por la percepción de las situaciones de de­ manda y las nociones de qué acciones son requeridas o apro­ piadas. En este sentido, Masón (1988), al plantear la vinculación entre la transición de la fecundidad y de la mortalidad, define & situación de la mujer en términos tridimensionales, los cuales Se identifican con el control que tiene la mujer de los recursos del hogar en contraposición con el control de los mismos por el hombre, la autonomía de la mujer respecto del poder y la autoridad del hombre; y aquellos aspectos relacionados con Ja opresión y los privilegios propios de las instituciones socia­ les prevalecientes en una sociedad estratificada por el género, l °r su parte, al hacer una propuesta conceptual para el exa­ men de la interdependencia entre la situación de la mujer y el eambio de la mortalidad, Nathanson (1977) utiliza nociones laboradas por otros autores, quienes identifican tres ejes coí*10 elementos definitorios del concepto: i) división del trabafiv ^^idad-control-coerción Y pautas de elección obje-

todas las sociedades, las mujeres conocen diferentes & ados de discriminación por su pertenencia al sexo femenino;

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en ningún país gozan de igualdad con los hombres (Population Crisis Commitee, 1988). Como ya se indicó, la hipótesis más frecuente en la literatura pone en relación la posición o situación de la mujer con la salud infantil, mediante el altruismo materno', se sugiere que dos aspectos de la posición de la mujer con respecto al hombre —su autonomía en la toma de deci­ siones y su independencia económica— ayudan a mejorar la sobrevivencia infantil, al aumentar la capacidad de las mujeres de asegurarse que sus hijos reciban una nutrición y unos cui­ dados médicos adecuados (Caldwell, 1979 y 1986). La premisa básica es que, dado que son las mujeres las que paren y las responsables de los cuidados cotidianos de los niños pequeños en todas las culturas, normalmente están muy mo­ tivadas para asegurar la sobrevivencia de sus hijos y son más sensibles y se preocupan más por los primeros síntomas de enfermedad que los hombres. Entonces, se supone que cuando tienen la capacidad de mejorar la nutrición infantil (porque ganan dinero y pueden comprar alimentos para sus hijos, por ejemplo), o de beneficiarse de servicios médicos (porque tienen la libertad de tomar decisiones por ellas mismas, sin tener que consultar a sus maridos o a sus suegras), ellas actuarán de acuer­ do con sus capacidades, lo cual incidirá positivamente en la salud de sus hijos (Masón, 1993). La estructura familiar tiene una influencia muy importante en la situación de la mujer; esta influencia se manifiesta a través de dos grupos de factores: la restricción de las actividades de la mujer y el control ejercido por su parentela, ya sea corresi­ dente o no, por un lado, y por el otro, hasta dónde sus respon­ sabilidades en el cuidado diario y la atención a sus hijos y otros dependientes pueden limitar sus posibilidades de acción (Ware, 1993). Sin embargo, y para finalizar este apartado, conviene preci­ sar que existen ciertos problemas en la utilización de definicio­ nes de la posición o situación social de la mujer que satisfagan a todos. Gran parte de la confusión existente en torno de este concepto tiene su origen en la ausencia de una definición clara de los términos utilizados. Asimismo, se utilizan indicadores de índole diversa para referirse a la posición social de la mujer, tales como: la autonomía, el control de las propiedades., la educa­ ción, la movilidad, el parentesco, el poder de la mujer en el con­

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texto familiar, el trabajo femenino extradoméstico y sus ingresos, el estatus social, el valor asignado a la vida de las mujeres y a su trabajo, la separación ritualizada de los sexos, el control de la vida sexual de las mujeres o bien el nivel de participación con­ junta de los dos sexos en las actividades básicas (Ware, 1984, 1993; Caldwell y Caldwell, 1993). En particular, en algunas culturas, dos de estos aspectos pueden entrar en contradicción: por un lado el estatus social, el cual connota prestigio, conside­ ración, respeto, influencia y poder sobre el entorno doméstico, y, por otro, la autonomía, que hace referencia al control sobre los recursos, a su capacidad de tomar decisiones por ella misma y de actuar de acuerdo con estas decisiones, de manipular su entorno personal. Ésta se relaciona también con la capacidad —técnica, social y psicológica— de obtener información y usar­ la como base para la toma de decisiones, con lo que otros miembros debhogar le permiten hacer o bien si es tratada con indulgencia o igualdad. Caldwell (1986, p. 202) lo dice clara­ mente: “[...] la autonomía femenina ciertamente no es lo mis­ mo que el estatus femenino, al menos tal y como es medido por el potencial de respeto o reverencia; de hecho, puede acer­ carse a lo opuesto” (trad. mía). Como veremos más adelante, la investigación en México no ha ido a la par de los desarrollos teóricos mencionados arri­ ba, y aunque éstos brindan pistas de hacia dónde dirigir los esfuerzos, apenas se empieza a recorrer el camino. Como ha­ bíamos mencionado en la introducción, la mayor parte de los estudios se refieren a la mortalidad infantil, y solamente los más recientes incorporan en su formulación ciertos aspectos de la situación de la mujer. Veamos entonces cuál ha sido la evolución de las estrategias de atención a la salud materno-infantil, an­ tes de referirnos a la manera en que la sociodemografía mexiCaua ha abordado el tema de la salud de los niños. ÉAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA SALUD MATERNO-INFANTIL

^na vez presentados los elementos más importantes planteados en la literatura internacional sobre la salud materno-infantil, suportante detenerse en las estrategias que han seguido los Países en vías de desarrollo para conservarla y mejorarla, para

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entender la manera en que se dio el surgimiento y la pre­ ponderancia de los programas de salud materno-infantil en las actividades de los sistemas nacionales de salud. En los años setenta se hizo evidente que los enfoques de programas verticales basados en la transferencia de tecnología8 no permitirían alcanzar el objetivo de mejorar rápidamente la salud en los países pobres, independientemente del desarrollo económico o de la erradicación de la pobreza. Además de ser demasiado costoso, no alcanzaba a cubrir al conjunto de la población, sobre todo en el medio rural. La experiencia lati­ noamericana —de campañas masivas basadas en el empleo de tecnologías realmente apropiadas para satisfacer las nece­ sidades y en la participación activa de las comunidades— y de otros países (China e India) contribuyó a la aceptación de la Atención Primaria a la Salud (aps) en la Conferencia de AlmaAta, promovida por la oms y la ünicef. En ella se reconoció, por un lado, que la salud era un derecho fundamental del ser humano y un fin social universal y, por otro, que la atención a la salud debía ser accesible, en términos económicos y geo­ gráficos, y social y culturalmente apropiada. Una característica básica de un programa de aps debía ser la atención especial puesta en la salud materno-infantil, incluida la planificación familiar. Pero muy pronto, en la práctica, otros enfoques cambiaron la orientación de las políticas sanitarias en el Tercer Mundo, tras el cuestionamiento del carácter utópico y el costo prohi­ bitivo de la aps. De esta manera, Walsh y Warren (1979) pro­ pusieron que un enfoque selectivo de los problemas de salud pública más severos sería el que tendría mejores oportunidades de mejorar la salud y la atención médica en los países en desa­ rrollo. Las intervenciones debían orientarse a la prevención y el tratamiento del pequeño conjunto de enfermedades respon­ sables de la mayor parte de las defunciones en el Tercer Mundo y para las cuales existen intervenciones que han demostrado gran eficacia. ’ Como la utilización masiva de

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de los antibióticos. Por otra parte, estos programa®

frecuentemente estaban estructurados según un modelo militar, sobre una infraestructura hospitalai ia altamente tecnificada {generalmente urbana) y sobre la formación de médicos altamente calificados, a expensas de las actividades de salud pública, de prevención y de la formación de personal paramèdico que pueda trabajar en la base (Bell, 1985).

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La población objetivo de esta propuesta9 estaba compuesta de niños menores de tres años y mujeres en edad de procrear, pero los autores no consideraban siquiera en su totalidad el Programa Ampliado de Inmunizaciones (pai) que la oms había puesto en marcha desde 1974.10 El enfoque tecnocrático de la propuesta de Walsh y Warren —según el cual la aps se reducía a un problema logístico— tuvo, a pesar de sus limitaciones y del debate que suscitó,11 una gran influencia en la planificación y en la puesta en marcha de las políticas sanitarias. Su papel fue incluso más decisivo por la situación de crisis a escala mun­ dial que se presentó a inicios de los años ochenta; así, a finales de 1982, la unicef y otras instituciones internacionales (oms, Banco Mundial, fao) se comprometieron en la promoción de ciertos elementos de los servicios básicos y de la estrategia de la aps, particularmente de la terapia de rehidratación oral (tro). Desarrollaron de esta manera la estrategia llamada gobi (ulte­ riormente gobi-fff),12 presentada en el informe La situación de los niños en el mundo, 1982-1983 (Grant, 1982), como “una revolución en beneficio de la supervivencia y el desarrollo de los niños”. Esta estrategia había sido elaborada de tal manera que de­ pendía más de las familias —particularmente de las madres— que de las instituciones médicas para su éxito. Para llegar a concretar lo que en ese momento no eran más que potencia­ lidades, la unicef estimaba que debía considerarse a la madre como el elemento central de los cuidados a la salud infantil. ’ Propuesta que consistía en 5 elementos, los cuales serCn ejecutados por unidades fijas o móviles, con visitas que debían efectuarse cada 4 o 6 meses: la vacunación contra el sarampión y el D|>T a niños de 6 meses y más; la aplicación del toxoide tetánico a las mujeres encintas; la Promoción del amamantamiento de larga duración; el aprovisionamiento de cloroquinina para los timos de menos de 3 años en las regiones palúdicas (para ser ingerido durante los episodios de le re). y, finalmente, la dotación de sobres de sales de rehidratación oral y el adiestramiento en el 1150 adecuado de los mismos. Walsh y Warren consideraban la poliomielitis como una enfermedad de baja letalidad y la erculosis como otra de difícil control, por lo que las clasificaron como de prioridad media.

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Vían&e> Por ejemplo, las ponencias presentadas en el seminario organizado por el Institut Cecine Tropicale Prince Léopold, de Amberes, Bélgica, en 1985, y publicadas posteriormente i“1 Sc*nce and Medicine (vol. 26, núm. 9, 1988). ,

^°r SU acrón'mo en inglés: Grou/th monitoring and promotion of child growth, Oral

Lfntn atÍ°n tfwapy to ta¿kle dehydratation from diarrhea, Breastfeedtng and better weaning and l9g, ntZaí*on. Después se le agregaron dos efes: de £amily planmng y Food supplementation, y, en > una tercera, de Fetnale education.

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Ella era considerada como “el agente de salud por excelencia, no en función de formación o de calificación, sino en cuanto a tiempo y amor, por el conocimiento íntimo que tiene de sus propios hijos, así como por la diversidad de servicios integrados que les ofrece y la presencia permanente que les aporta en su vida” (Grant, 1984, p. 21). Al mismo tiempo que se hacía res­ ponsable a la madre de la supervivencia de sus hijos, se hacía un llamado a su sostén familiar y social, tanto en la forma de coo­ peración de su esposo y familia política, de solidaridad de ami­ gos y vecinos, de consejos de personas calificadas, como de un acceso más fácil a la educación, a las actividades remunerativas y a las tecnologías básicas que la liberasen de sus tareas per­ mitiéndole conservar su energía y su tiempo; la mujer debería también tener injerencia en la repartición de los alimentos, los ingresos y el trabajo de la familia. En los siguientes informes de la unicef, este llamado en favor del apoyo social a las madres13 desapareció; en su lugar, eran ahora familias y comunidades las que eran reconocidas como la primera línea de defensa de la salud infantil, justo antes del agente de salud comunitario (Grant, 1989, p. 21). La crisis y los efectos de las políticas de ajuste estructural se convirtieron en las preocupaciones principales; la instrucción y la actividad extradoméstica de las madres, así como su par­ ticipación en la repartición de los recursos familiares, venían siendo reemplazadas por la educación en salud14 como único elemento necesario para asegurar el éxito de los programas de salud. Por otra parte, en 1987 fue lanzada la Iniciativa para una maternidad sin riesgos (hasta ese momento, la salud de la mujer era concebida esencialmente como un vehículo para controlar el crecimiento demográfico y mejorar la salud infantil), la cual ponía especial énfasis en la madre al fijarse como objetivo la reducción de la morbimortalidad materna, es decir, del efecSe pedía este apoyo no sólo de parte de personas e instituciones que constituían su entorno, sino también “del conjunto de los medios de comunicación, de todos los servicios gubernamentales! de las políticas financieras y de desarrollo de su país, así como de las adoptadas por los países industrializados mismos en materia de ayuda, de comercio y de economía de las tecnologías básicas que la descargan de sus tareas y le permiten preservar su energía y su tiempo" {Grant, 1984). Información sobre algunas enfermedades infantiles, especialmente diarrea, l°s

requerimientos nutricionales de los ñiños y la aplicación de la terapia de rehidr3tación oral.

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to de los problemas de salud que se presentan como consecuen­ cia del embarazo (incluido el aborto), las complicaciones secun­ darias por el uso de métodos anticonceptivos, el parto y el puerperio (Starrs, 1987). Esta iniciativa reconoce la atención obstétrica universal y de buena calidad, así como la prevención y detección oportuna de las complicaciones, como derechos de todas las mujeres y obligaciones de los servicios de salud. Sin embargo, tiene una limitación importante: se dirige úni­ camente a las mujeres que desean tener hijos o que están em­ barazadas, y sólo toca indirectamente otros problemas repro­ ductivos. En 1993 se realizó en México la Conferencia Na­ cional sobre Maternidad sin Riesgos, en la que participaron legisladores, instituciones públicas y privadas, investigadores, grupos de mujeres, periodistas, organismos internacionales y agencias donantes. Al término de la misma se emitió la De­ claración de*México para una Maternidad sin Riesgos y se es­ tableció una comisión que continúa reuniéndose regularmente Para impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos (Langer, Tolberty Romero, 1996). Para resumir, podemos decir que, a pesar de la retórica oficial, tanto en los países en desarrollo como en los organismos internacionales, la formulación y la puesta en marcha de las estrategias sanitarias se ha caracterizado en general por el de­ seo de copiar el modelo occidental de sistemas de salud. Puede observarse que frecuentemente se ha dado prioridad a los cui­ dados secundarios, y aun terciarios (las actividades curativas del hospital), que se concentran en las ciudades, privilegiando así a ios médicos y las tecnologías sofisticadas importadas a ex­ pensas de los servicios preventivos de primer orden. Otro rasgo característico es el énfasis puesto en el papel de la madre como agente de salud de sus hijos a manera de sustituto de los costosos centros de salud y del personal médico. Las madres eran vistas como socias comprometidas, con ventajas muy importantes: Una presencia constante junto a los enfermos, una capacidad de actuar inmediatamente y sin retraso y, sobre todo, un costo muy ajo para los programas de atención a la salud.15

En el artículo de Walsh y Warren (1979, apéndice B) el amamantamiento era la única

medid a (para prevenir la diarrea) cuyo costo era nulo.

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Finalmente puede decirse que las estrategias sanitarias de los países en desarrollo se han caracterizado por el énfasis pues­ to en la reducción de la mortalidad infantil,16 más que sobre el mejoramiento de la salud, no digamos del conjunto de la po­ blación, ni siquiera de las madres y sus hijos. Esto se expresa también en los indicadores utilizados para su evaluación, los cuales frecuentemente se limitan a medidas tales como la es­ peranza de vida al nacer, las tasas de mortalidad infantil o en la niñez, o bien indicadores de cobertura o de utilización de servicios de salud, como el porcentaje de cobertura de vacu­ naciones, o la proporción de partos atendidos por personal médico;17 no encontramos indicadores globales o de bienestar, sino parciales o indirectos y, sobre todo, negativos de la salud. De la descripción a la explicación:

los estudios SOBRE SALUD INFANTIL EN MÉXICO

Por lo que respecta al estado de la investigación sociodemográfica en México sobre la salud materno-infantil, apenas co­ mienzan a producirse estudios en los que se incorpora un en­ foque de género. En general, se ha privilegiado el análisis de un indicador negativo extremo, la mortalidad infantil, para el que se han obtenido avances considerables en lo que concierne a sus niveles, tendencias y diferenciales; sin embargo, por lo que toca a los determinantes, aún falta mucho camino por re­ correr. Lo anterior puede deberse a varios motivos, uno de los cuales es que frecuentemente la investigación se ha desarrollado para evaluar los programas de salud puestos en marcha por la administración pública. Como hemos visto anteriormente, di­ chos programas se concentraban en actividades de planificación

16 Aunque cada vez más los programas sanitarios consideran la reducción de la mortaltddd

materna como una prioridad en los países en desarrollo, algunos autores se preguntan dónde está lo materno en la atención a la salud materno-infantil (Graham y Campbell, 1991). 17 En los reportes de unicef sobre la situación de los niños en el mundo, los indicadores de

salud presentados son: acceso a agua potable y servicios de salud, inmunización de niños y mujeres embarazadas, producción de sobres para tro, atención médica del parto y tasa de mortalidad

materna.

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familiar y de sobrevivencia infantil. Por otra parte, las estadís­ ticas vitales adolecen de múltiples problemas que dificultan la elaboración de estimaciones adecuadas, no digamos de los nive­ les de morbilidad, sino simplemente de la mortalidad. Además, los productores de información apenas comienzan a considerar la perspectiva de género, por lo que simplemente es difícil en­ contrar tabulaciones por sexo en muchos casos.18 Así, las fuen­ tes de datos de muchos de estos trabajos han sido las encuestas de fecundidad por muestreo, cuyo objetivo fue principalmente la evaluación de los programas de planificación familiar. En México se ha avanzado mucho más en la descripción del fenómeno de la mortalidad infantil que en su explicación: se han dirigido mayores esfuerzos hacia la medición de los niveles y los diferenciales que hacia la construcción de marcos teóricos capaces de establecer relaciones causales o simplemente dotados de cierta fuerza explicativa (Cervantes, 1989). En un contexto de grave subregistro de las defunciones—asunto que tampoco ha sido solucionado—, el primer problema que con­ viene enfrentar es el del acopio de mediciones adecuadas de los niveles de mortalidad infantil, para lo cual resulta indispen­ sable la evaluación de la información de base proveniente de las actas y certificados de defunción, por un lado, y de los cen­ sos, por otro (Ordorica, 1978; Aguirrey Camposortega, 1980; Mina, 1981). Ésta ha sido una vertiente que ha recibido espe­ cial atención de parte de los investigadores, por lo que en la actualidad se cuenta con un conjunto considerable de medi­ ciones de los niveles y las tendencias de la mortalidad infantil Y durante la niñez, que siguen diferentes metodologías y esta­ blecen diferenciales según variables geográficas. Ejemplos de 1° anterior —estimaciones que utilizan métodos indirectos a partir de censos y encuestas de fecundidad—, son los trabajos de Mina (1982, 1988, 1989 y 1992), Gómez de León y Partida U"2), Medina (1994), Monterrubio y González (1995) y, Para la población indígena, de Fernández Ham (1993); otros

" Por ejemplo, en el reporte de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, levantada 'a Secretaría de Salud en 1994, no hay mención alguna de la atención recibida por niños y 'úñas. Dc la misma manera, en la serie Cuadernos de Salud o en el libro La salud de los niños (cifras

^• l°nales)í editados por la misma secretaría, no es posible determinar si se da una discriminación “asada en el sexo.

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trabajos se han dedicado al refinamiento de los métodos indi­ rectos utilizados paralas estimaciones (Camposortega, 1989).19 También se ha avanzado en el conocimiento de la morta­ lidad intrauterina (Rabell y Mier y Terán, 1982) y perinatal (Rábago y Sánchez, 1991), de la mortalidad materna (Aguirre, 1982; Mojarro y Hernández, 1991; Langer, Lozano y Her­ nández, 1993) o acerca de la estructura de las causas de de­ función (Bobadilla y Langer, 1990; Hernández y Jiménez, 1994). Estas investigaciones han mostrado que los niveles de mor­ talidad infantil han presentado importantes descensos: desde valores de alrededor de 112 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos a principios de los años cincuenta, pasando por 71 de cada 1000 al inicio de los setenta, hasta llegar a 30 de­ funciones por cada 1000 nacidos vivos en 1994; sin embargo, los diferenciales entre grupos sociales no han seguido la misma suerte, pues en algunos casos incluso se han incrementado. Así, la mortalidad infantil en las áreas rurales era 38% supe­ rior a la de las urbanas a inicios de los setentas, mientras que para finales de los ochentas la sobremortalidad llegaba a 5 9 por ciento. Las investigaciones citadas arriba muestran desigualda­ des similares en lo que se refiere al nivel de escolaridad de la madre, pues la mortalidad de los hijos de mujeres sin escolari­ dad, durante los años setenta, pasó de representar alrededor de 2.2 veces la de los hijos de mujeres con estudios de secun­ daria o más a niveles de 2.9 en la década siguiente. Las tradicionalmente llamadas variables socioeconómicas han sido utilizadas en diferentes intentos de aproximación al conocimiento de los factores que intervienen en la determi­ nación de los niveles de mortalidad, sin embargo, su uso se ha limitado a la construcción de diferenciales. Algunas investiga­ ciones que se inscriben en esta vertiente son las de García y Garma (1982), García España y Mojarro (1982), Jiménez, Vera y Ruiz (1989). Otros trabajos, como el de Gómez de León (1988), representan un avance en la utilización de nuevas inetoEstos trabajos utilizan metodologías desarrolladas a partir de los trabajos de Wtlliam Brass, las cuales transforman la proporción de hijos fallecidos de mujeres de diferentes grupos de edades en estimaciones de las probabilidades de fallecer antes de varias edades. La estimación directa de la mortalidad, infantil o general, relaciona los fallecimientos registrados en las estadísticas vitales o declarados en encuestas con la población expuesta al riesgo.

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dologías para afinar los conocimientos acerca de las relaciones entre tales variables y los niveles de mortalidad. De estas variables, una de las más usadas es el nivel de escolaridad; sin embargo, a pesar de que en la literatura se encuentran de manera frecuente asociaciones fuertemente significativas entre la escolarización de las mujeres y fenómenos demográficos como la fecundidad o la mortalidad infantil, el sentido de estas relaciones sigue siendo ambiguo. Si bien la in­ vestigación ha mostrado que estas asociaciones no sólo reflejan su ocurrencia conjunta con otras variables socioeconómicas, aún no han sido identificadas las vías de influencia específicas o los procesos involucrados, es decir, frecuentemente se sigue utilizando el nivel de escolaridad como una aproximación del nivel socioeconómico. Algunos aspectos que no han sido resuel­ tos son la contribución relativa de los factores económicos y los referidos aádeales en la relación escolarización-fecundidad, así como la importancia relativa del uso de servicios de salud y prácticas de cuidado infantil en el hogar. Utilizando los datos de la Encuesta Mexicana de Fecun­ didad (emf) de 1976, Hobcraft, McDonald y Rutstein (1984) encontraron que cuando se controlaban la ocupación y el nivel de instrucción del padre, el tamaño de la localidad, y la con­ dición de actividad de la madre, la mortalidad infantil después del primer año seguía estando fuertemente asociada con el ni­ vel de instrucción de la madre. Asimismo, al analizar la infor­ mación sobre atención a la salud en la misma fuente, Cleland y Van Ginneken (1988) encontraron que los porcentajes de mujeres que recibieron atención prenatal de un médico o una Partera, de partos atendidos por un médico o una partera y de niños que recibieron atención médica presentaban una re­ lación positiva con los años de escolarización de la madre, aun después de controlar la edad de la madre, la paridad, el lugar de residencia y la ocupación del padre. LeVine y colaboradores (1991), en un estudio realizado en zonas urbanas y rurales del estado de Morelos, encontraron que el uso de servicios de salud curativos durante episodios mórbi­ dos de los hijos se veía afectado por el nivel de escolarización de la madre. Asimismo, esta variable resultaba ser un factor de pre­ dicción muy significativo de la utilización de cuidados preña­ dles, si se controlaba la edad de la madre, el estatus socio­

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económico de la familia y la instrucción del padre. Estos re­ sultados apoyan otros obtenidos en América Latina y otras regiones (Cleland y Van Ginneken, 1988), en el sentido de que la escolarización materna es un factor importante en la utili­ zación de servicios de salud materno-infantil. En este trabajo, más que utilizar simplemente la escolaridad como otra varia­ ble de control del nivel socioeconómico, se intenta explicar los procesos involucrados. De esta manera, los autores hallaron que las mujeres con mayores niveles de instrucción refirieron con mayor frecuencia que no esperaban ayuda de sus hijos durante su vida adulta, una vez que hubieran salido del hogar. De manera similar, la escolarización estaba inversamente rela­ cionada con la expectativa de pasar la vejez con un hijo o una hija, lo cual apoya las hipótesis de los flujos intergeneraciona­ les de riqueza propuestas por Caldwell (1979, 1986), según las cuales la escolarización erosiona las expectativas paren tales de retribuciones materiales por parte de los hijos. Las madres con mayor grado de escolarización expresan mayores deseos de educación, actitudes familiares más igualitarias, mayores as­ piraciones ocupacionales para sus hijos, menores expectativas de retribuciones materiales de parte de ellos, mayor exposición a los medios de comunicación y una mayor tendencia a consi­ derar a los niños menores como capaces de comunicarse. Los autores encontraron evidencia que apoya la hipótesis de que las mujeres con mayor grado de escolarización adquieren una concepción del cuidado infantil como una tarea que demanda trabajo de manera intensiva durante los primeros años, lo cual puede contribuir al incremento de la sobrevivencia infantil y a reducir sus deseos de tener muchos hijos. Sin embargo, se encontró que las variables de atención materno-infantil, no estaban relacionadas con la escolarización de los padres varones, a pesar de estarlo fuertemente con la instrucción materna, lo que refleja una división cultural de la­ bores en la que los hombres no están involucrados en el cuida­ do de los hijos. El estudio de los procesos involucrados en la relación entre la instrucción de las madres y los acontecimientos demográficos indicó que el mayor uso de la anticoncepción y los servicios de salud era facilitado y complementado por una amplia gama de cambios psicosociales —en los ideales de la madre y las prácticas de cuidado infantil, en su grado de alfabe­

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tización y sus habilidades lingüísticas y en su exposición a los medios masivos de comunicación. La evidencia puede interpre­ tarse en el sentido de que apoya las teorías relativas al mejo­ ramiento del estatus, a la modernización y al cambio de las relaciones económicas intergeneracionales, las cuales conceptualizan la escolarización como un elemento que altera los motivos, valores e ideologías de aquellos que la experi­ mentan. También en México se han producido trabajos que cons­ tituyen reflexiones sobre las necesidades de investigación y la forma en que ésta se ha llevado a cabo. Algunos trabajos de este tipo se presentaron en un seminario organizado por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la unam Giménez, 1989). Al revisar en esa ocasión el uso de variables socioeconómicas para la explicación de la mortalidad en la ni­ ñez, Cervantes (1989) resalta el marco de referencia—explícito o implícito— de los análisis realizados según esa perspectiva: la teoría de la modernización, de la que se desprende una idea central que organiza este tipo de pensamiento; esto es, el de­ sarrollo y, consecuentemente, las diferencias en sus niveles. De esta forma, se ha conceptuado que las tasas de mortalidad in­ fantil (mi), las probabilidades de sobrevivencia y de muerte se convierten en indicadores muy sensibles de los niveles de de­ sarrollo social y económico de un país o de una población es­ pecíficos. En suma, en el desarrollo de la investigación se dieron pro­ fundos cambios—al abandonar ciertos paradigmas y al oponer a los conceptos de desarrollo y de atraso los de desigualdad social y marginación. Los análisis dejaron de basarse en los ni­ veles de desarrollo de la población para buscar la explicación de las condiciones materiales de existencia. Los primeros inten­ tos realizados en este sentido tomaron la ruta de la ocupación. Pretendía, por medio de la información recopilada de distin­ tas fuentes, construir un esquema de ocupaciones como forma Pomológica del esquema de clases. Los ejemplos más claros los trabajos de Jiménez y Minujin (1982) y de Bronfman y ülrán (1984). Para Cervantes (1989), sin embargo, no se tardó uuicho tiempo en descubrir que la vertiente era equivocada, jUe más que acercarse al encuentro con la clase social, se alejaba de ella.

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Menéndez (1989), por su parte, hace hincapié en el hecho de que la investigación sobre mortalidad infantil y preescolar ha sido menor que en otros campos (fecundidad y migración, por ejemplo), lo cual para él no puede ser explicado en función de prioridades académicas ni del sector salud; el autor destaca, además, la casi inexistente producción teórica sobre morta­ lidad, así como el dominio de estereotipos no sometidos a ve­ rificaciones sobre los factores que inciden en la mortalidad in­ fantil. Es claro que si, de entrada, los marcos analíticos no incor­ poran un enfoque de género, sólo pueden considerar la con­ dición de la mujer —u otros elementos de diferenciación, socialmente construidos, entre hombres y mujeres— indirec­ tamente, por ejemplo al analizar la participación económica de la madre o su nivel de instrucción; pero la mayoría de las veces no lo hacen explícitamente. Un ejemplo de ello es el estudio de las causas de muerte en la infancia; las principales —ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, anomalías congénitas, neumonía e influenza, enfermedades infecciosas y pa­ rasitarias, deficiencias de la nutrición y accidentes (González Vilchis, 1994)— están ligadas de manera estrecha con la condi­ ción de la mujer, y de manera más específica con la situación de las madres: algunos componentes de las afecciones perinatales, como la hipoxia y el trauma al nacimiento, están relacio­ nados con la disponibilidad y la calidad de la atención del em­ barazo, del parto y del recién nacido.20 Sin embargo, los trabajos se centran en los beneficios de la atención prenatal, los cuales se traducen no solamente en el abatimiento de las defunciones maternas e infantiles sino en la mejor calidad de vida de la madre y del niño al reducir se­ cuelas invalidantes (Torres Palacios, 1994); se centran también en la descripción de patrones de utilización de servicios, el estudio de obstáculos tales como la disponibilidad y accesi­ bilidad —geográfica, económica y organizacional—y el análisis de los componentes p si coso cíales, como las redes sociales (InEsta relación es más directa conforme se llega al término del embarazo y, entonces, cuando no hay algún otro factor agregado, prácticamente la salud de la madre y del niño dependen de una buena atención. Pero todavía durante la gestación es posible disminuir la mortalidad, mediante el

cuidado prenatal y la detección y control oportunos de los riesgos y las complicaciones recurrentes.

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fante, 1988, 1990) o la influencia del tipo de hogar (García et al., 1993), pero rara vez se hace mención de las desigualdades sociales de género que podrían afectar la atención a la salud prenatal o posnatal (Mellado, Zoila y Castañeda, 1989). Entre estas desigualdades sociales de género, Szasz (1998) menciona la menor atención dedicada a la formación escolar de las mujeres; las desventajas en el acceso y la calidad de la atención a la salud; la discriminación en el acceso al empleo, los ingresos, las condiciones de trabajo y la seguridad social; la escasa participación en la definición de políticas, programas y normas que las afectan, y la mayor sobrecarga de trabajo pa­ ra las mujeres, incluidas las tareas domésticas. Otras cons­ trucciones de género, de carácter cultural, se refieren al con­ trol social y masculino de la sexualidad femenina y a las normas que proscriben la sexualidad no procreativa de las mujeres solteras—es decir, que impulsan la maternidad temprana, que promueven el silencio y el desconocimiento de las mujeres so­ bre su cuerpo y su sexualidad, que valoran la maternidad como único canal de satisfacción para las mujeres y que legitiman socialmente el ejercicio de la poligamia, de la violencia sexual y de la violencia doméstica. De acuerdo con estas normas, la procreación constituye un medio de legitimación social, un símbolo de adultez, una afir­ mación de la femineidad y de la masculinidad, y un camino Para formar y afianzar uniones conyugales. Estas normas de género desalientan, al mismo tiempo, la autonomía femenina, su movilidad extrahogareña, su participación en espacios públi­ cos y su inserción laboral por motivos de satisfacción perso­ nal. Limitan severamente las posibilidades de usar añticonceptovos, sobre todo si se trata de jóvenes solteras o si los métodos ^quieren la participación o aceptación del varón. También mhiben el uso de medidas preventivas de ets y de métodos anticonceptivos que requieren la exhibición y el tacto de los genitales femeninos, y procuran la demora en el uso de los serVlcios de salud para corregir daños que expresan infracción al recato sexual o al deber maternal femenino, como las ets y las c°nsecuencias del aborto. ton embargo, tales normas sociales no son incluidas en el y e,mento anaiiz*r Ia relación entre la salud materno-infantil nso de métodos anticonceptivos (Rábago y Sánchez, 1991;

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Palloni, Pinto y Lastiri, 1994) o los patrones reproductivos (Bo­ badilla, 1987; Bobadilla, Schlaepfer y Alagón, 1989; Schlaepfer y Bobadilla, 1990), a pesar de la importancia que se da a la sa­ lud en el momento de ponderar las ventajas y los inconvenien­ tes de la planificación familiar. Existen dos dimensiones en las que puede analizarse la in­ cidencia de las diferencias de género en la salud materno-infantil: una se refiere a las diferencias en el estado de salud o en el acceso a y provisión de cuidados a la salud entre niños y niñas-, la otra se refiere al efecto causado por la condición social de la mujer en las características de la madre y su repercusión en la salud de sus hijos. Por lo que se refiere a la primera dimensión, la discrimina­ ción ejercida en contra de la mujer se expresa en el estado de nutrición de niñas y adultas. En los países en desarrollo se ha observado que los niños reciben mejores dietas y mayor can­ tidad de alimento que sus hermanas (Waldron, 1987). Sin em­ bargo, en México, los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Nutrición (enn, 1988), referentes al peso en fun­ ción de talla y edad, no muestran evidencias de una discri­ minación ejercida en contra de las niñas. Según datos arrojados por el primer censo nacional de talla en escolares de primer grado (levantado en 1992-1993 por lasEPy el dif), los varones presentan un déficit de talla 1.3 veces más elevado que las niñas: la prevalcncia del retraso en el crecimiento era de 20.4% en los varones contra 16.3% en las mujeres (Wong y Vega, 1994; dif, 1994). De hecho, al analizar la información de la Encuesta Nacional de Salud (ens) sobre prevalencia de diversos problemas de salud (caídas, diarreas, infecciones respiratorias agudas y bronquitis) y utilización de servicios de salud en me­ nores de cinco años, se observa sistemáticamente un patrón desfavorable para el sexo masculino: mayor morbilidad, acom­ pañada de menor utilización de los servicios. Los datos recien­ tes sobre mortalidad por sexo en menores de 5 años, en cuanto a niveles y causas, permiten plantear que en México, a diferen­ cia de otros países (Tabutin, 1991), no existe una discrimina­ ción franca en contra de las niñas, a pesar de que en estudios de campo se ha observado que el subregistro de nacimientos y defunciones afecta en mayor medida a las niñas (Wong y Vega, 1994) y que la preferencia por los varones es frecuente en los

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estudios antropológicos (véanse, por ejemplo, Menéndez, 1987; Zollay Mellado, 1995 y Zoila y Carrillo, 1998). Si bien es cierto que la situación de la mujer en México, especialmente la referente a la discriminación de las niñas, no es tan mala co­ mo la de otros países, esto no debe tomarse como justificación para restar importancia al problema de la situación de la mujer y sus efectos en la smi. Por lo que toca a la segunda de las dimensiones consi­ deradas —la influencia de la condición social de la mujer en las características de la madre y su repercusión en la salud de sus hijos—, recientemente comienza á observarse un interés en la sociodemografía mexicana por incorporar en los marcos analíticos diversos aspectos de la condición de la mujer. Algu­ nos ejemplos son, por lo que toca al análisis de datos, los trabajos de Echarri (1994, 1995); en el plano de la reflexión teórica, los libros La condición de la mujer en el espacio de la salud (Figueroa, 1998) Las mujeres y la salud (González Mon­ tes, 1995), y, especialmente, los trabajos de Langer y Lozano (1998), Bronfman y Gómez Dantés (1998), Castro y Bronfman (1998) y Ravelo (1995a y b). Otras disciplinas, como la antro­ pología, con base en investigaciones de corte cualitativo, han mostrado avances importantes en la explicación de la manera en que la condición de la mujer afecta la salud materno-infantil (Menéndez, 1987 y 1989; Zoila y Mellado, 1995; Zoila y Carrillo, 1998). Echarri (1994, 1995) considéralos cuidados a la salud co­ mo un elemento central de la salud materno-infantil y afirma que la oferta de estos cuidados se ve afectada por, además de as características individuales y familiares, la posición de la madre en el interior del hogar. Basándose en la información arr°]ada por dos encuestas realizadas a escala nacional, postula que una posición dependiente se traduce en una autonomía reducida y una restringida participación en la toma de decisiones’ y demuestra que trae consigo consecuencias desvaforables

Otra línea de investigación que parece ser bastante pro­ na es la que se refiere al conflicto que enfrentan las mujeres

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al intentar compaginar las funciones socialmente asignadas de mantenimiento de la salud de los miembros de su familia con otras, especialmente el trabajo extradoméstico. Recien­ temente, el Population Council convocó a la realización de un conjunto de investigaciones que contribuyeran al debate sobre el papel del trabajo materno en la salud infantil; los resultados de dichas investigaciones se reunieron en un volumen (Stern, 1996). Estos trabajos constituyen un avance muy importante en el conocimiento del tema; destacan no sólo la complejidad de las relaciones existentes entre el trabajo materno y la salud infantil, sino también los requerimientos teóricos y metodo­ lógicos necesarios para su análisis, y sientan además las bases para la elaboración de propuestas que permitan establecer mejores condiciones para la salud infantil. La riqueza de los resultados, no obstante, también hace evidentes las limitaciones de las investigaciones. Estas se re­ fieren básicamente a tres aspectos. Por un lado, a la cobertura de la población, puesto que se trata básicamente de mujeres ur­ banas, principalmente de la Ciudad de México. En segundo lugar, llama la atención que, en general, los trabajos desarrollan más los aspectos relacionados con el trabajo femenino que con la salud infantil, lo cual ciertamente constituye una limitación importante. Una tercera limitación es que sólo se tomó como informantes y como sujetos de investigación a las madres, cuando uno de los resultados de las investigaciones es la con­ sideración tanto del trabajo materno como de la salud infantil como procesos construidos social e históricamente, en los que intervienen otros actores además de las madres. Si bien ello no aparece explícitamente en los textos, el libro aludido constituye un aporte sustancial al conocimiento de la condición de la mujer en México. Sin embargo, en muchas ocasiones los autores no cuestionan el hecho de que socialmente se asigne a las madres el papel de cuidadoras de los hijos, sino que lo toman como algo dado y natural. En los planteamientos de los diferentes trabajos, los autores dan como un hecho el que la madre deba buscar quién la reemplace en el cuidado cotidiano de sus hijos, en vez de analizar otras estrategias seguidas en los hogares para el cuidado infantilSituándose en el plano de la discusión teórico-metodológi" ca, Brachet-Márquez (1993) sintetiza el estado de la cuestión

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de la investigación sobre la relación entre el trabajo materno y la salud infantil para proponer un modelo integrado que per­ mitiría avanzar en su explicación. Por su parte, el trabajo de Cortés, Menéndez y Ruvalcaba (1996), al revisar las aproxi­ maciones estadística y cualitativa seguidas en investigaciones sociológicas y sociodemográfícas sobre esta misma relación, desmitifican los enfoques metodológicos estadístico y cualita­ tivo como parcelas excluyentes a las que sólo pueden acceder algunos, sin posibilidades de intercambio y a veces ni siquiera de diálogo. En lo que podríamos llamar un análisis indirecto, Figueroa, Nájera, Grobety Vázquez (1996) analizan el vínculo entre la experiencia laboral de las mujeres con hijos menores de cinco años y sus patrones reproductivos, considerando éstos como Posibles factores de riesgo para la salud infantil. Por otra parte Y de manera complementaria, Figueroa, Grobety Ortiz (1996) abordan la magnitud y las características de la actividad laboral de las mujeres con hijos menores de cinco años, a partir de la rmsma fuente de datos del trabajo anterior, la Encuesta Na­ tional sobre Fecundidad y Salud (Enfes) de 1987. Aun cuando en el análisis se incluyen las características del trabajo materno, su gran aporte lo constituye, por una parte, la documentación de las estrategias de cuidado infantil seguidas por las madres ^abajadoras en el ámbito nacional y, por otra, el estudio de la actividad laboral en el contexto de sus propios hogares. Este trabajo confirma la tendencia creciente de la partiClPación laboral femenina y la existencia de una relación inVersa entre ésta y el número de hijos; sin embargo, las tasas de actividad de las mujeres, van en aumento de conformidad con la ad del último hijo, lo que implica que las tareas socialmente asignadas a las madres (crianza y cuidado infantil) siguen limi_ llío su participación en la fuerza de trabajo. Las razones ex’’esadas para ello por las mujeres son un ejemplo del altruismo ■a mencionado en la literatura sobre la condición femelQna: SOn más frecuentes las razones ligadas con los otros, que cseos y aspiraciones personales. Qrü ? investigación realizada por Mendoza, Nájera y De la bil d JL ^6) sobre la relación entre el trabajo materno y la mormo h r l°s niños —referida esta última a tres aspectos: r tildad general, gastroentérica y lesiones accidentales—,

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lo que se pretende averiguar es otro aspecto de la hipótesis de la incompatibilidad de roles, referida no a la fecundidad, sino a la responsabilidad de la mujer como encargada de la salud de sus hijos y de los demás miembros del hogar. Híjar, Lozano, Tapia y López (1996) intentan averiguar la relación entre el trabajo materno y la gravedad de las lesiones accidentales de los niños, al tiempo que hacen referencia ex­ plícita a la culpabilización que se hace de la madre trabajadora de los accidentes que sufren sus hijos. Los resultados indican que el trabajo materno no es un factor de riesgo para la gra­ vedad de las lesiones accidentales; de hecho, los autores en­ cuentran indicios de un posible efecto protector generado por el trabajo materno, sobre todo cuando éste se realiza en condi­ ciones adecuadas. Lara, Acevedo y Fernández (1996) se ocupan de un elemen­ to de la salud infantil raramente analizado: el aspecto emocio­ nal, al que consideran de manera conjunta con la salud emo­ cional de la madre. Recurren a la técnica de casos y controles tras la elección de un grupo profesional, las enfermeras, que se distingue por sus altos niveles de enajenación y estrés, y al cual comparan con el de las amas de casa no empleadas. Este trabajo aborda de manera específica el efecto que tiene en las mujeres que trabajan el conflicto originado por la multiplicidad de roles sociales que deben desempeñar, al tiempo que mide su incidencia en la salud emocional de las mujeres. Es impor­ tante destacar la escasez de desarrollos teóricos al respecto, en el contexto mexicano o latinoamericano, que esta investigación puede ayudar a subsanar. Hernández y Zetina (1996) abordan un grupo específico, el de las vendedoras ambulantes de la Ciudad de México, en el que intentan estudiar las alternativas de cuidado infantil y sus repercusiones en la salud del infante. En ese trabajo se preten­ dió verificar dos hipótesis, una relacionada con el papel de la composición del hogar en la determinación del tipo de cuidado infantil al que se recurre, y otra con los riesgos para la salud del niño generados por su permanencia en la vía pública junto a su madre. Misawa e Ixtacuy (1996) estudian el efecto del empico ma­ terno sobre el estado nutricional de los niños menores de cinco años, específicamente la incidencia del aporte monetario de

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la madre en la distribución del gasto familiar, de la ausencia de la madre en la alimentación de los niños, y del cuidado al­ ternativo en la modificación de la desnutrición infantil. Riquer (1996) busca identificar los factores operantes en el interior de los hogares que condicionan el trabajo remu­ nerado de la mujer, así como reconstruir los conocimientos y las prácticas relacionadas con el cuidado de la salud infantil y las estrategias seguidas con este mismo fin. Su acercamiento no considera el trabajo materno como un elemento aislado o solamente como un proceso que depende de los determinan­ tes macrosociales; incorpora también la historia personal de la ntujer y, de manera muy importante, las características del ho­ gar en que creció. Finalmente, y en esta misma línea, Denman (1994) se plan­ tea como objetivo de investigación la existencia de diferencias cuantitativas-y cualitativas, en la distribución del peso al nacer de los hijos de las trabajadoras de la industria maquiladora de exportación y la de servicios. La revisión de estos trabajos nos permite afirmar que co­ mienzan a ser incorporados en la investigación elementos re­ lacionados con la construcción social del género que pueden ayudar a comprender mejor el fenómeno de la salud maternomfantil en México. Una vez hecho este recorrido por los aspeejos más importantes de la investigación sociodemográfica sobre la salud infantil, veamos qué se ha hecho respecto de la otra mitad de la salud materno-infantil.

El (re)descubrimiento de

la mujer:

LA INVESTIGACIÓN DE LA SALUD FEMENINA

^1 campo de conocimiento de la enfermedad y la salud femenmas ha sido recientemente explorado en México por las ^encías sociales: los enfoques feministas o de corte especiajZa.d° en estudios de género surgen en nuestro país a mediados e los setentas y tienen su principal efervescencia durante los c entas. Uno de sus principales aportes es la construcción de alegorías de análisis sobre la salud femenina que incidan en /n rec°nocimiento de un campo específico de conocimiento lávelo, 1995a). Así, Castro y Bronfman (1998) señalan que

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una de las contribuciones de la teoría feminista en este campo es la insistencia en cuestionar los conceptos mismos de salud y enfermedad. Sin embargo, se ha avanzado más en las áreas de denuncia y de acción o de conceptuadón teórico-metodológica que en laproducdón de datos empíricos, pues los trabajos exis­ tentes en este terreno son de corte exploratorio, sin que por es­ to desmerezca la importancia de esfuerzos como los realizados por el Programa Nacional Mujer y Salud (Pronamusa, 1990) y el trabajo de López y Rico (1994). Precisamente la importanda de estos trabajos es dar un panorama de la situación de la sa­ lud de la mujer mexicana en diversos campos, lo cual es un prerrequisito para poder avanzar tanto en el plano teórico de la investigación como en la proposición y puesta en marcha de los programas. Muchos de estos trabajos se caracterizan por desvincular la salud de la mujer de sus funciones reproductivas; un rasgo común a la mayoría de ellos es que los planteamientos que surgen como un cuestionamiento de las prácticas médicas hegemónicas provienen frecuentemente de grupos organizados de mujeres, a diferencia de las investigaciones sobre la salud infantil, las cuales muy a menudo constituyen respuestas a programas gubernamentales o internacionales de atención a la salud, generalmente enmarcados dentro de la puesta en marcha y la evaluación de la política poblacional. No quisiéramos terminar este capítulo sin antes hacer una breve descripción —que, si bien es somera y superficial, también es necesariade algunos aspectos de la salud de la mujer.

Aborto inducido La Oficina Sanitaria Panamericana (ops) reconoce —entre las causas definidas— al aborto como la primera causa de mortal i dad materna en la región, a pesar de los problemas de sub­ registro que implica su ilegalidad. Sin embargo, la investigación de este fenómeno por parte de la sociodemografía ha sido es­ casa y a través de acercamientos indirectos—mediante las h¡storias de embarazos de las encuestas nacionales de fecundidad (Rabell y Mier y Terán, 1982; Núñez y Palma, 1990). Por su parte, los movimientos organizados de mujeres han pugnado

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por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo; Ortiz Ortega (1993) reúne en un volumen, además de la his­ toria política del aborto en México, los puntos de vista de los principales participantes en un debate continuo sobre su condi­ ción legal, mientras que Tarrés (1995) analizad escenario polí­ tico del debate.

Agresión y violencia doméstica

Los grupos feministas, principalmente, han sacado a la luz pú­ blica un asunto que antes se consideraba restringido al ámbito cerrado de la unidad doméstica. Muchos de los avances iniciales se dieron alrededor de la celebración en México de la Con­ ferencia Internacional sobre la Mujer, organizada en 1975 por fes Naciones Unidas. El movimiento feminista conceptuó que fe agresión cómo una forma colectiva de actuar parte de la re­ lación jerárquica entre los sexos; además, vinculó la constitu­ ción individual y social de la masculinidad con la agresión y la violencia ejercidas en contra de las mujeres, haciendo hinca­ pié en la dimensión social del fenómeno (Riquer, Saucedo y Redolía, 1996). La mayor parte de la información disponible sobre el tema proviene de la labor de organismos no guberna­ mentales, a pesar de que la violencia como causa de la mor­ bilidad y mortalidad femeninas ha ocupado un lugar relevante a lo largo de este siglo y su importancia ha aumentado en el Periodo reciente (Hernández Bringas, 1989). C' » an.cer cérvico-uterino y mamario La trascendencia del cáncer cérvico-uterino y mamario como Ptoblema de salud pública llevó a la instauración, en 1974, del i °nsejo Técnico de Lucha contra el Cáncer y, poco después, a a Puesta en marcha de un programa de control del cáncer por Parte de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. A artir de 1985 existe un Registro Nacional de Cáncer, el cual etmite conocer diversos aspectos de las características per°uales de los afectados, de su tratamiento y sobrevida. Estos r°8rarnas oficiales de control se dirigen a las mujeres que han

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iniciado su vida sexual y a todas aquellas que sean mayores de 35 años; sin embargo, la capacidad real de detección sólo es suficiente para atender a una mujer de cada cinco, por lo que buena parte de los esfuerzos han sido dirigidos a actividades de educación. Por lo que toca a la investigación, ésta ha sido abordada a partir de un enfoque epidemiológico, privilegiando la técnica de casos y controles para identificar factores de riesgo$ evaluar la calidad de los servicios y para estimar el impacto de las estrategias específicas de control y prevención (López Carrillo et al., 1996). Enfermedades de transmisión sexual y sida

En los últimos años se ha puesto en evidencia que las enfer­ medades de transmisión sexual (ets) no son exclusivas de grupos con prácticas sexuales riesgosas y que su prevalencia entre la población general femenina es elevada; además, ahora se incluye entre las ets otros tipos de infecciones (herpes, vi­ rus del papiloma humano, clamidia, tricomonas, hepatitis B), en adición a las ya clásicas sífilis y gonorrea. La irrupción en escena del sida y su evolución en función de los grupos de in­ cidencia ha significado una nueva forma de atención a las ets y sobre todo a sus consecuencias, tanto en las mujeres como, en el caso de las embarazadas, en sus hijos. Esto ha despertado también un gran interés en el campo de los estudios del comportamiento sexual. Algunos datos relevan­ tes en cuanto a las tendencias en los casos de sida reportados entre 1983 y 1993 son los siguientes: i) la relación hombremujer ha disminuido de 9:1 a 6:1; ii) se ha observado un ligero incremento (de 0 a 3.2%) en los casos de sida pediátrico; üi) se aprecia un ligero incremento en el promedio de edad de los hombres que padecen sida; iv) se han incrementado los casos reportados en el medio rural de 0 a 4.1%; v) el periodo de so­ brevida se ha incrementado de 12 a 36 meses; vi) los casos re­ lacionados con transfusión sanguínea en mujeres han disminuí' do de 68.8% en 1988 a 40.7% en 1993; vii) los casos entre mujeres heterosexuales se han incrementado de 0 a 61.8%, en tanto que los casos de hombres heterosexuales han aumentado de 0 a 10% (López y Rico, 1994).

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En su informe de 1993, el Banco Mundial reconoció a las ets como un problema prioritario para la asignación de recursos destinados a la salud. Al hacer un cálculo sólo para las mujeres latinoamericanas de 15 a 44 años sobre los años de vida saludables perdidos a causa de diferentes enfermedades, las ets se convirtieron en la segunda causa de pérdida de años, sólo por debajo de las complicaciones derivadas de la mater­ nidad, que, por lo demás, también se relacionan con las ets. En México, el Population Council y otras instituciones co­ laboradoras están realizando un programa de investigación so­ bre ets en Chiapas, Guerrero y Oaxaca para determinar la prevalencia de infecciones comunes del tracto vaginal, así como la de otras ets en grupos de mujeres que acuden a centros hos­ pitalarios urbanos, con el fin de contrarrestar el hecho de que la mayor parte de la información disponible sobre ets proviene de los llamados grupos de alto riesgo. Estos estudios demues­ tran que una mujer no clasificada como de alto riesgo puede sufrir una infección que le ocasiona muchas molestias o bien una muy seria para su salud reproductiva. Las condiciones sociales incrementan la vulnerabilidad de las mujeres a las ets, ‘ocluido el sida, por lo menos en dos formas diferentes: i) por sus conocimientos y creencias en relación con su propio cuerpo Y su salud y las barreras propias de los servicios de salud, y ii) P°r su posición desventajosa para la negociación sexual (Lan8er> Tolberty Romero, 1996).

Mortalidad general En México, el conocimiento de los diferenciales de mortalidad e las mujeres según características socioeconómicas es prác­ ticamente inexistente; las evidencias disponibles se refieren a as diferencias de los niveles de mortalidad por edad, sexo y Causas de muerte. Los hallazgos muestran: /) que las mujeres ^1Ven más que los hombres; ii) que las diferencias en la espenza de vida al nacer indican que las mujeres han aumenta0 sus expectativas de vida en una proporción mayor que los Un 1Tj)res entre 1950 y 1980; en 1985, el diferencial registró a disminución en relación con el valor de 1980; iii) un patrón uar al anteriormente descrito exhibe las diferencias en los

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valores de la esperanza de vida a los 15 años, y iv) en cuanto a los diferenciales según causas de muerte, García y De Oliveira (1987) encuentran que la sobremortalidad masculina en los grupos de causas I, IV y V21 se aprecia tanto en 1950 como en 1980 y que las diferencias son más marcadas en este último año. Pese a las limitaciones referidas a la confiabilidad de las estimaciones de las tasas de mortalidad de mujeres en edades reproductivas, se puede adelantar que la escolaridad (o la opor­ tunidad de acceso a la misma) es una de las variables determi­ nantes de la desigualdad existente entre las propias mujeres. En la misma dirección apuntan los diferenciales según estado civil. Estas consideraciones sugieren la existencia de una asociación estadística entre la edad, el estado civil y el grado de bienestar o desarrollo y, asimismo, entre la edad, la escolaridad y el grado de desarrollo (Morelos y Ehrenfeld, 1994). Para el estado de Jalisco, en el trienio 1985-1987, Ramírez (1995) analiza la mortalidad por sexo, desagregándola por edad y causa específica de defunción; encuentra mayor morta­ lidad para el sexo masculino, con una acentuación de tales diferencias en el grupo de edad 5-14 y que luego se prolongan a lo largo de la vida. En su análisis, el autor hace intervenir factores biológicos, de conducta, así como los relacionados con las diferencias de género en la explicación de la exposición a riesgos; destaca el hecho de que las explicaciones ofrecidas en la literatura internacional sobre las diferencias en las causas de muerte por sexo aún no son lo suficientemente claras. Mortalidad materna

Una característica sustantiva de la mortalidad materna es su evitabilidad: la gran mayoría de los decesos debidos a complica" ciones del embarazo, parto y puerperio no ocurrirían si las mu­ jeres contaran con atención y cuidados médicos oportunos, accesibles y de calidad. Otra característica que hace que la mot' talidad materna sea especialmente importante es su impacto 21 Grupo I: enfermedades infecciosas y parasitarias, influenza, neumonía y bronquitis en niños menores de 5 años y otras enfermedades de las vías respiratorias; Grupo IV: accidentes y muertes violentas, y Grupo V: todas las demás causas.

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en la mortalidad general, puesto que constituye en su conjunto la primera causa de muerte para las mujeres de 15 a 49 años de edad. Los niveles actuales oscilan alrededor de 4.5 defun­ ciones maternas por cada 10 000 nacidos vivos, lo cual significa una disminución importante desde los niveles de 53.0 pre­ valecientes en 1940 (Langer, Tolbert y Romero, 1996), de 14.3 en 1970 (Ordóñez, 1985) y de 9.0 en 1980 (Pronamusa, 1990). Estos niveles nacionales esconden, además de los problemas del subregistro inherentes a las estadísticas vitales, importan­ tes desigualdades geográficas, de tal manera que en los esta­ dos del Norte se observa un menor índice de mortalidad, mien­ tras que Oaxaca tiene los niveles más altos, alrededor de 26.8, lo cual representa 14 veces la mortalidad registrada en Nuevo León. Hasta fechas relativamente recientes, el estudio de la mor­ talidad materna se reducía a los fallecimientos que ocurrían en ámbitos hospitalarios y era realizado por comités médicos fld hoc. Lo anterior tiene que ver con el relativa y afortunada­ mente escaso número de defunciones maternas, lo cual dificulta la incorporación de diferentes variables en su análisis si se si­ guen las metodologías de la demografía formal. Se ha investi­ gado el nivel de la mortalidad materna en función de sus dife­ renciales geográficos (Pronamusa, 1990) y según variables de­ mográficas como edad y paridad (Ordóñez, 1985) o causas específicas de mortalidad (Langer, Tolbert y Romero, 1996), si bien son también importantes las investigaciones antropo­ lógicas realizadas en medios rurales (Elu, 1993).

Nutrición Ea buena nutrición de la mujer es importante no sólo para ella misma, sino por su responsabilidad —socialmente asignada— e procurar la nutrición de los demás miembros de la familia; eu esta responsabilidad destacan su papel reproductivo, la he­ rencia nutricia que otorga a su descendencia y los hábitos a jmenticios que transmite a sus hijos (López y Rico, 1994). Igunos estudios han mostrado la importancia del mejoraUuento del estado nutricio de las niñas en momentos de estrés ^utricional, puesto que es posible inducir efectos sobre el ere-

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cimiento que pueden transferirse a la generación siguiente, en función del peso al nacer de los infantes (Rivera et al., 1996). En nuestro país, las estadísticas del estado nutricional de la po­ blación son escasas, no sólo por los altos costos que implica su medición, sino por las dificultades técnicas que ésta conlleva. La encuesta de nutrición más reciente al momento de escribir este trabajo (1996) es la Encuesta Nacional de Nutrición de 1988-, según sus resultados, casi la mitad de las mujeres mexi­ canas se encuentran por debajo (29%) o por arriba (24.8%) del peso ideal,22 en tanto que 13.8% de las mujeres de 12 a 49 años tienen concentraciones de hemoglobina que sugieren algún tipo de anemia (Sepúlveda, 1993). En varias investigaciones reali­ zadas en el medio rural por el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán se ha comprobado que la deficiente alimen­ tación retrasa la menarca, además se ha encontrado que la mujer es la que peor come, después del hombre, los hijos va­ rones y las niñas, en orden descendente (Chávez, 1995)

Menopausia y climaterio

La menopausia constituye el paso a la etapa no reproductiva de las mujeres; los cambios que se producen en el organismo durante este periodo generan a su vez trastornos que pueden desembocar en padecimientos como la osteoporosis, la hiper­ tensión arterial e incluso el cáncer. La II Encuesta Nacional de Salud (1994) reporta que, en México, 1.4% de las mujeres pa­ decen artritis y osteoporosis; de acuerdo con las estadísticas de egresos hospitalarios, 12.4% de las mujeres de 60 años o más han sido hospitalizadas a causa de fracturas (López y Rico, 1994).

Salud mental y adicciones La mayor parte de los estudios sobre salud mental femenina han abarcado aspectos relacionados con hábitos sociales y cul­ 22 De acuerdo con el índice de masa corporal, que es el cociente del peso entre el cuadrado de la talla.

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turales, trabajo, organización social, vida cotidiana, etcétera. Sin embargo, todavía son pocos los estudios que tratan los efectos del trabajo asalariado y doméstico en la salud mental de las mujeres, principalmente el estrés y la fatiga mental que generan las condiciones en las que se realizan el trabajo feme­ nino y la doble jornada. Además, falta profundizar ejes teóricos, conceptuales y metodológicos. Para Ravelo (1995), la salud mental —desde la perspectiva de género— es una dimensión amplia que incorpora la sexua­ lidad, la maternidad, la reproducción, el trabajo y la enferme­ dad, entre otros factores. Basaglia (1985) ha desarrollado una propuesta conceptual que parte de caracterizar la condición femenina por la subordinación y la opresión. El concepto cen­ tral de su propuesta es el cuerpo con el cual ha sido identificada la mujer y del cual se desprende una serie de cuestiones: mater­ nidad, an ti concepción, aborto, sexualidad, lesbianismo, viola­ ción y estupfo; la autora ubica en este marco la relación entre el disturbio psíquico y la rigidez de las reglas de comporta­ miento femenino. En su propuesta desarrolla tres nociones pa­ ra entender el contexto en el que se manifiesta la locura: la mu­ jer como naturaleza, la mujer como cuerpo-para-otros y la mujer rnadre sin madre, las cuales en su conjunto conformarían la condición femenina. Es poco lo que se conoce sobre las adicciones, no sólo de las mujeres, sino de la población en general. Según los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones de 1988 (Tapia, 1993), entre los 18 y los 65 años de edad, los bebedores frecuentes alcanzan 31.1% entre los hombres contra 5% entre las mujeres, mientras que los abstemios de sexo masculino son 26.6% y las mujeres 63.5%; por otra parte, la dependencia del alcohol se encontró en 12.5% de los hombres y 0.6% de las mujeres. Los efectos del consumo de alcohol son también diferentes entre .s sexos: 27.5% de los hombres se vieron involucrados en ac­ cedentes o hechos violentos por sus hábitos de consumo de c°hol, 24.2% tuvieron problemas en su núcleo familiar y °.3%, problemas de salud, contra 2.7%, 4.1% y 5.6% de las mujeres, respectivamente. Algo semejante ocurre con el hábito el tabaco: 38.3% de los hombres y 14.4% de las mujeres 9 rnjentras que l°s porcentajes de exfumadores son de ¿6-90/0 y 16>8O/O> respectivamente; entre los fumadores

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hombres, 19.5% consumen 16 o más cigarrillos diarios, contra 10.1% de las fumadoras. Por lo que toca al consumo de otras drogas, 7.6% de los hombres las han probado alguna vez, principalmente mariguana, contra 2.1% de las mujeres, que optan por estimulantes o tranquilizantes (Tapia, 1993). Por lo que toca a las consecuencias de estas adicciones en la salud, en 1992 la tasa de mortalidad femenina por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado fue de 9.6 por cada 100 000 habitantes, mientras que la tasa masculina fue de 34; esto es especialmente relevante porque se le ha prestado poca atención al alcoholismo femenino (López y Rico, 1994). Estu­ dios realizados por el equipo de antropología médica del ciesas han encontrado datos sobre la ingesta de alcohol en mujeres, incluso de grupos infantiles, que suponen un incremento de hábitos culturales de alcoholización femenina. Estos estudios sugieren que existe una producción y reproducción de patrones de comportamiento alcohólico masculino entre las mujeres, de los cuales el maltrato a menores realizado por mujeres es un claro ejemplo (Ravelo, 1995a)

Salud ocupacional Es posible observar prometedores indicios de acercamientos a la salud ocupacional femenina desde la perspectiva de género, entre los que destacan las investigaciones realizadas en grupos de obreras, principalmente de la industria maquiladora, la cual se caracteriza por el empleo mayoritario de mano de obra fe­ menina. Puede notarse de manera especial la preocupación y el interés por el estudio de las repercusiones de las condiciones de trabajo en la salud de las mujeres ocupadas en los sectores dirigidos a la exportación, sobre todo en el Norte del país, tan­ to desde enfoques sociológicos y económicos, a partir del aná­ lisis social y económico de la fuerza de trabajo femenina (Ca­ rrillo y Hernández, 1986), como desde la antropología médica, mediante el análisis de los riesgos reproductivos de las obreras (Denman, 1994). La propuesta teórica de Teixeira (1989) consiste en abordar el estudio de la salud a partir de los riesgos y las características específicas del trabajo de la mujer, tomando como especifici­

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dades femeninas el hecho de que la mujer está sujeta a presiones psicológicas de discriminación, menor remuneración o inesta­ bilidad en el trabajo por las posibilidades de embarazo y aun las reconocidas alteraciones cíclicas asociadas con la menstrua­ ción. Las líneas de investigación privilegiadas son las referidas a las condiciones de trabajo, el proceso de trabajo, los factores de riesgo, los procesos de desgaste, la organización de la pro­ ducción, el trabajo doméstico, la doble jornada y los procesos de explotación, así como los problemas derivados de la conta­ minación industrial y de la reglamentación sobre el medio am­ biente. También ha habido estudios centrados en las costureras, campesinas, alfareras, amas de casa, especialmente por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, así como otros referentes a maestras (Márquez et al., 1995), enfermeras (Lara, Acevedo y Fernández, 1996), trabajadoras del sector servicios, como secretarias, operadoras telefónicas, taquilleras del Metro o trabajadoras domésticas, pero hay au­ sencias importantes, como la de las mujeres indígenas que se dedican a la producción de artesanías o agropecuaria (Ravelo, 1995a, 1995b). Como hemos visto, los acercamientos a la salud de la mujer Que rebasan la maternidad como característica definitoria de la femineidad difieren de las aproximaciones habituales realizadas en los ámbitos de la salud materno-infantil y la supervivencia infantil, los cuales hasta fechas recientes han estado dominados Por una perspectiva biomédica. La influencia de las ciencias sociales y de los grupos organizados de mujeres ha sido decisiva en la definición de objetos de estudio, de instrumentación de acciones y, sobre todo, para la incorporación de la categoría de género en el análisis de los diferentes problemas de salud de las mujeres. Sin embargo, aún hay que avanzar tanto en la des­ cripción de los problemas de salud de las mujeres, como en de­ sarrollos teóricos que ayuden a explicar la influencia de dife­ rentes factores, especialmente las desigualdades de género.

Necesidades de

la investigación

Para terminar, en este apartado se abordan algunos aspectos de a investigación sociodemográfica que, a nuestro parecer, re­

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querirían un mayor desarrollo. Esto trae también aparejados elementos de orden institucional, como producción de infor­ mación, planteamiento, puesta en funcionamiento y evaluación de políticas y programas sociales, a los que la inclusión de un enfoque de género —desde la etapa de la planeación— ayuda­ ría a tener un mejor panorama de la salud, tanto de los niños como de las mujeres; tales elementos deben incluir tanto as­ pectos de salud en los que factores culturales indudablemen­ te representan un papel muy significativo, pero que no ha sido descrito adecuadamente, como problemas para los que la dis­ posición de mejor información ayudaría a la formulación de planes y desarrollo de programas. Un requerimiento que aparece recurrentemente a lo largo de la revisión realizada es el de elaborar marcos analíticos a partir de una cuidadosa reflexión teórica basada en el cono­ cimiento generado por diferentes disciplinas—la epidemiolo­ gía, la sociodemografía, la antropología, la psicología social, etcétera— que deberán incluir las dimensiones socioeconómica y cultural de la condición de la mujer. Además, el marco ana­ lítico debe precisar sus postulados sobre la articulación entre las diversas dimensiones pertinentes y la investigación debe complementarse con los hallazgos obtenidos por otras disci­ plinas, especialmente las de tipo cualitativo. Esto va aparejado con la necesidad de definir claramente, con una sólida fundamentación teórica, el campo de la salud materno-infantil. Si esto no es posible, la investigación sociodemográfica debería explicitar y justificar el abandono de este campo, así como su sustitución por otros objetos de estudio y de atención, cuya existencia esté justificada con argumentos teóricos y empíricos, y no por inercias, modas, ni por la existencia de fondos y de programas internacionales. Siguiendo con el plano teórico, aún tiene que desarrollarse —de manera local, para tomar en cuenta las especificidades del contexto mexicano— la investigación de conceptos tales como salud reproductiva o salud de la mujer\ lo que va aparejado con mejores definiciones de la condición o situación de la mu­ jer, que puedan ser usadas por investigadores de diferentes disciplinas en la creación de una base común de conocimientos. La investigación social —con el concurso e interacción de dife­ rentes disciplinas— debería, idealmente, identificar y explicar

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IV LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

Ivonne Szas*

Introducción El inicio de los estudios sobre la migración femenina en México fue más o menos coincidente con el desarrollo de los estudios sobre la condición social de la mujer en el país. Este trabajo tiene por finalidad revisar los estudios que se han hecho sobre las migraciones de mujeres en México con el fin de señalar los aportes de los estudios de la mujer y de la perspectiva de género Para el conocimiento y la comprensión de la especificidad de a migración femenina en el país. El concepto de migración utilizado en este trabajo incluye »versas formas de la movilidad geográfica de las mujeres. ReVlsamos los estudios sobre cambios de residencia que traspasan Clei‘tos límites geográficos y se prolongan por más de seis meses, Pero incluimos también las investigaciones sobre otras formas e movilidad, como los traslados temporales, los desplazamiens de corta duración a lugares cercanos, la migración itinerante a situación de las mujeres que se quedan en el lugar de orija n *Vlentras sus esposos migran. No incluimos en esta revisión migraciones de los varones, pero consideramos que sería imneJQante analizar su movilidad desde un punto de vista de géCi ?n ^a primera parte de este trabajo sintetizamos los prin¿e a,es aportes conceptuales que ha hecho la perspectiva mié enCr° en contexto internacional para el estudio de las con aClo”es* En la segunda sección se presenta una revisión del Clmiento sobre la migración femenina en México, en la 167

168

IVONNE SZASZ

que se señalan los aportes provenientes de los estudios de la mujer y de la perspectiva de género a la investigación mexicana. Finalmente, en la tercera parte del trabajo se plantean seña­ lamientos sobre algunas dimensiones que no han sido abor­ dadas y se proponen líneas de investigación para futuros es­ tudios. Propuestas

conceptuales para el estudio de la migración

FEMENINA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El desarrollo de los estudios sobre la mujer en los años setenta y el desarrollo de la perspectiva de género desde los años ochen­ ta llamaron la atención sobre la especificidad de las migracio­ nes femeninas. Los estudios sobre la mujer incluyeron investigaciones so­ cio demográficas y socioantropológlcas de las migraciones, que permitieron percibir características particulares en las migra­ ciones femeninas y otorgaron visibilidad al protagonismo de las mujeres en la reproducción social, al considerar las migra­ ciones como un componente de procesos más amplios. La perspectiva de género, desarrollada en años recientes, permitió entender la migración de las mujeres como un fenóme­ no social diferente de la movilidad espacial de los varones. Tal perpspectiva ha propuesto que la migración de mujeres res­ ponde a influencias económicas, sociales y culturales vinculadas con la construcción social de lo masculino y lo femenino, y que afecta y es afectada por las relaciones de género. En el contexto internacional se han emprendido algunos esfuerzos para desarrollar enfoques y marcos conceptuales que permitan comprender las migraciones femeninas. En este apar­ tado se examinan brevemente algunas de estas propuestas para compararlas con el desarrollo de los estudios sobre la migración femenina en México, con la finalidad de rescatar las propuestas de investigación que emanan de ellas. Los marcos conceptuales se refieren a las formas particu­ lares que ha asumido la movilidad espacial femenina en las úl­ timas décadas, como parte de los profundos cambios estruc­ turales que ha experimentado el mundo en desarrollo y de las transformaciones relacionadas con ellos en la distribución ue

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

169

poder económico, institucional y simbólico entre hombres y mujeres. Las construcciones de género y las relaciones de poder aparecen como mediadoras entre las transformaciones politico­ económicas macroestructurales y las migraciones. Afectan las motivaciones e incentivos para migrar, la habilidad de las muje­ res para hacerlo, su protagonismo en la toma de decisiones, los patrones y tipos de migración en los que se involucran, y las consecuencias de la migración para su autonomía. Los aportes conceptuales de los estudios de la mujer y de la perspectiva de género se refieren a diversos problemas que se sintetizan a continuación. La medición de las migraciones femeninas Una de las primeras inquietudes surgidas del estudio de la mi­ gración femenina consistió en el cuestionamiento de la dificul­ tad para hacerla visible debido a problemas conceptuales en la medición y la construcción de los datos sobre migración. En algunos contextos, estos problemas llevaron a minimizar o ne­ gar la importancia de la migración femenina, y en casi todos ocultaron su especificidad, de manera semejante a lo que ocu­ rrió con la participación femenina en la actividad económica. Entre los problemas conceptuales que dificultaron la me­ dición, las propuestas feministas mencionan el carácter mas­ culino del concepto de migrante, la noción indiferenciada de amilia como mujeres y niños dependientes, el desarrollo de inicadores y cuestionarios basados en la experiencia masculina, ,as normas culturales que subordinan las motivaciones de las mujeres a las del esposo o el padre, la invisibilidad del trabajo Remunerado femenino y el extremo énfasis puesto en sus roles e reproductoras y amas de casa. Para hacer visibles las migraciones de las mujeres se propuso esarrollo de métodos innovadores de recolección de datos, ^Ue desplazaron la unidad de medición del individuo al hogar. r nuevas formas de medir vincularon al migrante con las ca­ racterísticas de las familias y con la situación conyugal y laboral Ca^a miembro del hogar antes y después de la migración Ug°’ 1991; Tienda y Booth, 1991, y Ariza, 1997).

170

IVONNE SZASZ

Las características particulares de las migraciones femeninas

Junto con el mejoramiento de la medición de las migraciones de mujeres, se intentó la identificación de las similitudes y di­ ferencias entre las migraciones masculinas y femeninas y los procesos que conducen a ellas. El estudio diferenciado de las migraciones femeninas permitió apreciar su creciente volumen y complejidad, así como el predominio femenino en algunas co­ rrientes. Permitió constatar, además, que existen diversos tipos de migraciones femeninas, que no pueden insertarse en las ti­ pologías y conceptualizaciones clásicas sobre la migración. Fi­ nalmente, permitió identificar que las relaciones de género dan lugar a motivaciones para la migración, a tipos de corrientes y limitaciones para la movilidad o a la participación en las deci­ siones que son específicamente femeninas (Hugo, 1991; Tienda y Booth, 1991; Lim, 1993, y Ariza, 1997). Las tipologías para el estudio de la migración femenina La especificidad de las migraciones de mujeres y la inadecuación de los marcos conceptuales elaborados desde la perspectiva de la migración masculina para estudiarlas condujeron al intento de desarrollar tipologías que permitieran identificar las co­ rrientes migratorias en las que las mujeres desempeñan un rol particular y establecer las tendencias diferenciadas entre hom­ bres y mujeres para involucrarse en tipos de movimientos espe­ cíficos (Hugo, 1991 y Lim, 1993). Además de desarrollar tipologías orientadas a superar la invisibilidad de la migración femenina mediante mejores ins­ trumentos de medición, este desafío consistió en desarrollar ti­ pologías y conceptos que permitan comprender la especifici­ dad de las migraciones femeninas, por ser sensibles a la forma en que los contextos sociales y culturales afectan a las mujeres (Hugo, 199.1 y Lim, 1993). La necesidad de construir tipologías específicas a manera de herramientas para una mejor comprensión de esos procesos ha llevado a distinguir principalmente entre las migraciones autónomas y las asociativas (aquellas en las que existe un protagonismo individual y aquellas en que las mujeres forman

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

171

parte de un movimiento familiar en el que ocupan una posición dependiente) y entre las migraciones con fines matrimoniales y las migraciones laborales (Hugo, 1991 y Lim, 1993).

Desigualdades de género y motivaciones específicas de la migración femenina La construcción cultural diferenciada de lo femenino y lo mas­ culino, así como los roles y la condición social de las mujeres en contextos particulares inciden en las migraciones. Estos condicionamientos restringen o promueven la movilidad espa­ cial femenina o generan patrones específicos de movilidad para ellas. Las normas sociales que determinan los espacios propios para hombres y mujeres, el tipo de actividades que deben y no deben desarrollar y el control de la sexualidad femenina, así como las particularidades de inserción en sistemas familiares donde operan obligaciones recíprocas y estructuras de auto­ ridad, afectan las posibilidades de migración femenina de una manera no experimentada por los varones. Estos efectos son semejantes a los que ocurren con los con­ dicionantes comunitarios y familiares para la participación fe­ menina en los mercados de trabajo. En especial, las normas sobre el control social de la sexualidad, las reglas sobre el pa­ rentesco y la composición genérica de los mercados de trabajo inhiben las posibilidades de desplazamiento femenino extrahogareño. Por medio de estas construcciones culturales, instituciones sociales y relaciones de poder, la movilidad femenina está cir­ cunscrita a ciertas motivaciones, a ciertas etapas en la tra­ yectoria de vida, a ciertos tipos de actividad y a determinadas formas de residencia que no afectan la condición de casaderas de las mujeres solteras, y la fidelidad de las casadas sin que existan formas de control semejante respecto de la sexualidad 11nmovilidad masculina (Arizpe, 1985; Jones, 1991; Hugo, y Lim, 1993). t , Algunas motivaciones para migrar aparecen como caraceristicamente femeninas y vinculadas con las desigualdades ^utre hombres y mujeres; así la movilidad para escapar de ontextos culturales excesivamente restrictivos o la migración

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IVONNE SZASZ

por motivos de matrimonio. Son fuerzas que impulsan la movi­ lidad femenina especialmente en sociedades de residencia patrilocal, en las cuales las mujeres tienen escaso acceso a los re­ cursos y control sobre los mismos (Hugo, 1991 y Lim, 1993). Las migraciones motivadas por el matrimonio se han rela­ cionado con las especificidades de la movilidad social femenina, puesto que las construcciones sociales del género limitan el acceso de las mujeres a los mercados de trabajo y las impulsan a esperar la subsistencia y la adquisición de estatus social me­ diante el matrimonio. Alentar la migración matrimonial de las hijas, vinculándolas con redes sociales y de parentesco en los lugares de destino, puede formar parte de estrategias familiares de asignación de recursos. La posición relativa de las mujeres en el contexto de origen y los cambios operados en los patrones de nupcialidad y en la capacidad de las mujeres para decidir sobre el matrimonio afectan sus pautas de migración de manera diversa de la experiencia masculina (Thadani y Todaro, 1984; Hugo, 1991, y Lim, 1993). Mercados de trabajo y migraciones

Otras dimensiones de las migraciones aparecen menos vin­ culadas con la subordinación de las mujeres en los contextos de origen de los desplazamientos. Se relacionan principalmente con la configuración de los mercados de trabajo y la atracción particular que ejercen los segmentos femeninos de esos mer­ cados sobre las mujeres. Este aspecto de las migraciones tam­ bién ha requerido un análisis de género, puesto que existen de­ sigualdades entre hombres y mujeres en los mercados de tra­ bajo, y esas desigualdades se relacionan con la configuración de segmentos diferenciados por sexo en esos mercados. La vulnerabilidad económica de las mujeres, derivada de su desigual acceso a poder y recursos, las impulsa a aceptar em­ pleos de menor prestigio y remuneración que aquellos ocupa­ dos por varones de calificación semejante, y esto ocurre con particular intensidad cuando se trata de mujeres migrantes. A su vez, la capitalización de las zonas de agricultura de sub­ sistencia ha afectado de manera particular las actividades de las mujeres en los contextos de origen, pues las ha impulsado

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

173

a la migración (Arizpe, 1985; Hugo, 1991; Arias, 1992, y Lim, 1993). El enfoque de género ha propuesto analizar el papel que juegan las políticas de desarrollo en la configuración de las mi­ graciones femeninas, así como las características de empleo que promueven en los contextos de origen y destino. Las par­ ticularidades de la actividad económica femenina, el acceso de las mujeres a la escolaridad, la segmentación por sexo de los mercados laborales y la vulnerabilidad relativa de las mujeres migrantes en esos mercados han sido objeto de los estudios sobre migraciones de mujeres (Recchini, 1990; Hugo, 1991; Jones, 1991, y Lim, 1993). Entre los tipos de inserción de mujeres migrantes en los mercados de trabajo, han recibido especial atención concep­ tual el servicio doméstico urbano, la participación en la indus­ tria maquiladora de exportación, las labores en la agroindustria y ^n la agricultura de exportación y la participación en la in­ dustria del sexo comercial. En el estudio de estos fenómenos, los análisis de genero se han referido a diversos problemas, tales como: i) las relaciones entre división genérica del trabajo y destrucción de las econo­ mías campesinas; ii) los vínculos entre la construcción cultu­ ral de la sexualidad femenina y la inserción de jovencitas en el servicio doméstico; iii) las relaciones entre la particular vul­ nerabilidad económica femenina y la inserción de migrantes en a Prostitución, y iv) la explotación de atributos culturales de 0 femenino en la organización del trabajo en las industrias y cultivos de exportación intensivos en mano de obra, entre ?*os (Jelin, 1976; Arizpe, 1985 y 1989; Hugo, 1991, y Lim, 1993). ^S^ación y familia

h) estudio de las relaciones entre migración y familia ha estado Jnculado con los conceptos de reproducción social y reproi^cción doméstica, así como con los conceptos de ciclo de via amiliar y trayectoria de vida, y con los desarrollos teóricos y^c Pensarniento feminista sobre las relaciones de cooperación c°nflicto en el interior de los hogares.

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IVONNE SZASZ

En las propuestas conceptuales sobre la migración femeni­ na han recibido particular atención el papel de la familia y de la unidad doméstica y, en años más recientes, la perspectiva del curso de vida y el análisis de las relaciones de poder en los ho­ gares. Los estudios pioneros sobre el papel de la mujer en la re­ producción social destacaron su protagonismo en la reproduc­ ción doméstica e identificaron las migraciones laborales de jovencitas como parte de las estrategias familiares de asignación de la fuerza de trabajo. La asignación diferenciada de tareas por género, las normas sobre la formación de parejas, la resi­ dencia, el parentesco y la organización doméstica se estudiaron como mediaciones entre los procesos macroeconómicos y la migración de mujeres (Oliveira, 1984 y Tienda y Booth, 1991). Los estudios de género han incorporado recientemente la perspectiva de la trayectoria de vida y de sus cambios como condicionante de las migraciones. Esta perspectiva permitió visualizar a la familia como una entidad que cambia a lo largo del curso de vida de sus miembros, y a las migraciones como eventos que dependen de.diversas configuraciones familiares y que se vinculan con otros, como la salida del hogar paterno, el ingreso al mercado laboral, el matrimonio o el fallecimiento del cónyuge. Las diferencias de género en la propensión a mi­ grar aparecen muy ligadas a estos eventos de la trayectoria de vida (Lim, 1993). El enfoque de las estrategias familiares se relacionó, en una primera etapa, con la idea del hogar como unidad, con la co­ munidad de recursos domésticos y con la toma de decisiones colectivas. Enfoques más recientes consideran los hogares como lugares de coexistencia de múltiples intereses y jerarquías de poder, de distribución desigual de recursos, y ponen mayor énfasis en las capacidades de los individuos para tomar decisio­ nes y negociar sus intereses en el grupo doméstico (HondagneuSotelo, 1994, y Donato y Kanaiaupuni, 1994). El contexto familiar de las migraciones permite vincularlas con otros procesos sociodemográficos. Los desarrollos concep­ tuales sobre las migraciones femeninas proponen que las transformaciones en la estructura y funciones de la familia, en los patrones de nupcialidad, en la formación y disolución de uniones, en las pautas de procreación y de crianza y en las es­

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

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tructuras de autoridad influyen de manera decisiva en la movi­ lidad espacial femenina (Hugo, 1991). En un nivel micro, se ha propuesto que el orden del naci­ miento, el estado civil, la situación familiar y marital, la pre­ sencia y el número de hijos, el tipo de estructura familiar, las líneas de autoridad, las relaciones de poder intergenéricas e in­ tergeneracionales y la etapa en la trayectoria de vida son dimen­ siones necesarias para entender la especificidad de las migracio­ nes femeninas (Oliveira, 1984; Tienda y Booth, 1991; Chant, 1992, y Lim, 1993).

Cómo afectan las migraciones la condición de género de las mujeres

Hasta aquí hemos reseñado las propuestas conceptuales que se refieren a los efectos de las relaciones de género sobre las mi­ graciones femeninas. Otra vertiente se refiere a la relación opuesta: el análisis de los efectos de la migración sobre la con­ dición genérica de las mujeres. Los estudios de género han propuesto que las migraciones alteran la capacidad de las migrantes —y de las esposas de varones migrantes que se quedan a cargo del hogar— para to­ mar decisiones, para negociar y para disponer de recursos eco­ nómicos. Otras consecuencias de las migraciones que afectan a las mujeres son las modificaciones en el tipo de actividades y la carga de trabajo de las mujeres (Findley y Williams, 1991; Hugo, 1991, y Tienda y Booth, 1991). Para analizar las consecuencias de las migraciones en la au­ tonomía de las mujeres y las relaciones genéricas se ha pro­ puesto estudiar diversas dimensiones de las migraciones. Entre ellas destacan: los cambios que desencadenan las migraciones en la actividad económica; el cambio en el tipo de contexto so­ cial de residencia (de rural a urbano, por ejemplo); el cambio en el tipo de redes sociales, y el cambio en el tipo de contexto fa­ miliar (de casa de los padres a casa de los suegros o a casa de l°s patrones o de familiares o a su propia casa) (Tienda y Booth, 1991). Se refieren también a los cambios que desencadena la mi­ gración masculina o femenina en la autoestima de las mujeres,

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IVONNE SZASZ

en su capacidad de tomar decisiones y en las relaciones de po­ der dentro y fuera de la familia (Mummert, 1992 y Hondagneu-Sotelo, 1994). Estas elaboraciones conceptuales han incorporado la pers­ pectiva de género en el estudio de los procesos de toma de de­ cisiones previos y posteriores a las migraciones, en el análisis de la negociación intrafamiliar de las decisiones sobre la mi­ gración, y en el estudio de las relaciones de poder intergenéricas en las familias de migrantes y en las redes migratorias. Señalan la capacidad de tomar decisiones, de negociar en el interior de la familia y de insertarse en redes de mujeres como indica­ tivos de grados de autonomía femenina en las relaciones in­ tergenéricas. Proponen que no existe una relación directa y me­ cánica entre mayor autonomía femenina e incremento de la migración ni entre migración femenina y mejor posición rela­ tiva de las mujeres. Pero los cambios en la autonomía de las mujeres modifican las motivaciones para migrar, el tipo de mo­ vimientos en que se involucran, su participación en las deci­ siones y la potencialidad del cambio de residencia para mejorar su posición relativa (Lim, 1993 y Hondagneu-Sotelo, 1994). En síntesis, son dos las preguntas centrales que ha intro­ ducido el enfoque de género en el estudio de la migración fe­ menina: a) Cómo moldean a las migraciones femeninas la cons­ trucción social de lo femenino y lo masculino y la desigualdad social entre hombres y mujeres, promoviendo o limitando tipos de movimientos, definiendo fuerzas de atracción o de expulsión específicas para las mujeres, permitiendo a las protagonistas participar o no en las decisiones, o atribuyendo características específicas a la movilidad femenina. b) Cómo influyen las migraciones en la desigualdad social entre hombres y mujeres y cuáles son las dimensiones de la migración que influyen en ella. Las migraciones pueden modi­ ficar positiva o negativamente las relaciones de intercambio —en el hogqr, en las redes sociales y en los mercados de tra­ bajo— que definen la autonomía femenina. Estos cambios in­ fluyen en la autopercepción de las mujeres, las actividades que desempeñan, su acceso a los recursos, su capacidad de nego­ ciación, su posición en las relaciones de poder y sus posibili­ dades de experimentar y ejercer los deseos personales.

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y MIGRACIÓN FEMENINA EN MÉXICO

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EL CONOCIMIENTO DE LAS MIGRACIONES FEMENINAS EN MÉXICO

El origen de los estudios sobre la migración femenina en Mé­ xico se vincula con los estudios socioantropológicos sobre el campesinado y la reproducción de las unidades domésticas desde comienzos de los años setenta, a los que se añadieron en la misma época los estudios sociodemográficos, que permitie­ ron identificar particularidades en las migraciones femeninas y en la inserción de las migrantes en los mercados de trabajo. Los estudios microsociales sobre migraciones de mujeres rurales relacionaron las migraciones femeninas con cambios en la división genérica del trabajo y cón la crisis de las economías de subsistencia, y las investigaciones sociodemográficas per­ mitieron vincular esas migraciones con la expansión de los mercados de trabajo femeninos en zonas urbanas y con las características de los modelos de desarrollo. Tanto el enfoque socioantropológlco como las investigaciones sociodemográfi­ cas sóbrelas migraciones de mujeres coincidieron en la impor­ tancia de privilegiar el estudio de la unidad doméstica para vincular los fenómenos macro con las características de los in­ dividuos. Los estudios sociodemográficos evidenciaron el predomi­ nio o la importancia de las mujeres en algunas corrientes mi­ gratorias, como las migraciones de origen rural hacia las áreas metropolitanas o las migraciones desde diversas zonas del país hacia las ciudades de la frontera norte de México. En años re­ cientes se han establecido las relaciones que guardan esas migra­ ciones con los cambios en los modelos de desarrollo y las carac­ terísticas de los mercados de trabajo femenino en las zonas de origen y destino. Se han estudiado también las características diferenciales de la' inserción de las mujeres migrantes en los mercados de trabajo, en comparación con las de la inserción de las mujeres no migrantes y de los migrantes varones. Finalmente, algunos estudios recientes sobre mujeres ru­ rales han analizado los efectos de las migraciones femeninas y de las migraciones de varones en las mujeres que se que­ dan— en la autonomía de las mujeres, las características de su Participación económica y su capacidad para tomar decisiones.

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Los estudios sobre la mujer rural y las migraciones Los estudios sobre el campesinado se empezaron a ocupar de la situación de la mujer en los años setenta. Las primeras refle­ xiones sobre las migraciones femeninas en México estuvieron orientadas a comprender las migraciones independientes de jovencitas de origen rural que se dirigían a los grandes centros urbanos, cuya participación económica era elevada y sus opcio­ nes laborales escasas. En el ámbito sociodemográfico, los estudios sobre la situa­ ción de las mujeres cuestionaron la insuficiencia de los modelos económicos para explicar el predominio de aquéllas en algunas corrientes migratorias, la menor edad de las migrantes respecto de los varones y las particularidades de su inserción en el mer­ cado laboral. Señalaron que los paradigmas neoclásicos e histórico-estructurales no permitían profundizar en la especificidad de la condición femenina y que, además de las motivaciones económicas para la migración, era indispensable considerar di­ mensiones socioculturales (Oliveira, 1984). Entre esas dimensiones, los trabajos sobre la mujer rural propusieron el estudio de las normas culturales que determinan la división del trabajo entre hombres y mujeres, los patrones de autoridad intrafamiliar, las reglas diferenciadas sobre la heren­ cia de hijos e hijas, las modificaciones del mercado matrimo­ nial en las zonas rurales y el mayor desarrollo de un segmento femenino del mercado de trabajo en las urbes—el servicio do­ méstico— (Elton, 1978;Young, 1978; Oliveira, 1984; Arizpe, 1985, y Goldsmith, 1990). Los estudios sobre la mujer campesina arrojaron una serie de hipótesis relativas a las migraciones femeninas rural-urbanas que se desarrollaron de manera multitudinaria desde los años cuarenta. La división del trabajo por sexo en las zonas campesinas, unida a la penetración capitalista y a las características del mo­ delo de industrialización sustitutiva de importaciones, significó la importante destrucción de las actividades desarrolladas por las mujeres, sin que se crearan formas alternativas de empleo para ellas en el medio rural (Elton, 1978; Arizpe, 1985, y Arias, 1991). Esa misma división genérica del trabajo, la abundancia de

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mano de obra masculina rural y las normas sobre la sexualidad y la residencia femenina situaban a las mujeres en condiciones desventajosas de competencia por los empleos agrícolas, al tiempo que eran orilladas a dedicarse al servicio doméstico y al pequeño comercio, disponibles en las ciudades (Elton, 1978 y Arizpe, 1989). Sobre los patrones de autoridad familiar, algunas propues­ tas señalaron que junto con el debilitamiento de las formas campesinas de producción se produjo la disminución de los lazos de familia extensa y la disipación de la autoridad del je­ fe del hogar. Estos cambios, junto con la escasez de tierras, las normas de herencia que excluyen a lás hijas casadas y los pa­ trones de residencia patrivirilocal, significaron falta de incenti­ vo de los padres para controlar a sus hijas (Elton, 1978). Otras autoras estimaron que las decisiones relacionadas con la emigración de las hijas correspondieron al control autoritario del jefe de familia, quien consideraba más útil la asignación de las hijas al trabajo asalariado, disponible para ellas en los me­ dios urbanos, ya que les resultaba más fácil ejercer control so­ bre los ingresos de éstas que sobre los de los hijos varones (Arizpe, 1985 y Goldsmith, 1990). Estas autoras consideraron que las posibilidades de auto­ nomía de las mujeres como migrantes individuales eran muy bajas y que sus migraciones correspondían a estrategias grupales. Los empleos eran conseguidos o mediados por parientes y las jóvenes tenían prohibido vivir fuera del ámbito de una fa­ milia, por lo que los hogares de desempeño del servicio domés­ tico eran, además de espacios laborales, espacios sociales ade­ cuados para las jovencitas (Arizpe, 1985). Los estudios sobre la mujer campesina y los conceptos sociodemográficos sobre la migración de mujeres señalaron el mercado matrimonial como un condicionante específico de las migraciones femeninas. Las posibilidades de movilidad social Por medio del matrimonio eran más reducidas para las jóvenes en los medios rurales, mientras que en los centros urbanos po­ dían casarse con un miembro del proletariado urbano, cuyos lngresos serían más seguros y estables que entre los jornaleros agrícolas (Elton, 1978). Además, era posible iniciar noviazgos '-mu ios jóvenes del lugar de origen en la Ciudad de México, debido a la importante migración temporal masculina hacia

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las ciudades y la cohesión de las redes migratorias (Arizpe, 1985). Estos estudios fueron decisivos para la comprensión de las relaciones entre género y migraciones femeninas, ya que desta­ caban aspectos tales como la división desigual del trabajo do­ méstico y extradoméstico entre hombres y mujeres, el ejercicio diferenciado de controles autoritarios en el hogar según se tra­ te de hijos o hijas, el control social de la sexualidad femenina y la importancia de la conyugalidad en la vida de las mujeres, todos los cuales imprimen particularidades a la movilidad espacial de las mujeres y a la inserción laboral de las migrantes. Algunos estudios señalaron que las divisiones genéricas del trabajo y los espacios deben analizarse conjuntamente con las restricciones impuestas a la sexualidad femenina. Las normas de comportamiento estipuladas para las jovencitas, mujeres ca­ sadas, separadas, abandonadas y viudas las sitúan en condicio­ nes desventajosas de competencia en el mercado laboral y en las opciones de residencia. La importancia que se otorga al comportamiento social y sexual de las mujeres tiene más im­ portancia en la configuración de sus migraciones que las con­ sideraciones económicas (Arizpe, 1989). Otra contribución importante de los estudios sobre la mujer campesina fue destacar la importancia de la unidad doméstica en la investigación de las migraciones femeninas. Los estudios sobre la mujer rural mexicana propusieron que, para explicar la selectividad femenina en las migraciones rural-urbanas, además de los procesos macroeconómicos era necesario analizar las unidades domésticas de procedencia de los migrantes, que eran, además, las unidades de producción en las sociedades campesinas. Propusieron que las unidades do­ mésticas campesinas desarrollaban la migración como parte de sus estrategias de sobrevivencia y reproducción social. Señala­ ron que en ellas no se actuaba según criterios individualistas, sino en función del grupo doméstico, sometido a la autoridad patriarcal ejercida a través del terror supersticioso, la exaltación de la virilidad y las prohibiciones sexuales (Arizpe, 1985 y Oli' veira, 1984). Estos estudios y enfoques conceptuales señalaron que para entender las migraciones femeninas y la posición de las mi­ grantes en el mercado de trabajo no procedía estudiar sus pre­

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ferencias personales, sino las condiciones económicas del grupo doméstico, la composición del hogar, la posición de la migrante en la estructura de parentesco, la etapa del ciclo vital familiar, la división de tareas en el hogar y las normas comunitarias sobre la sexualidad y el comportamiento de las mujeres (Young, 1978; Arizpe, 1985, y Goldsmith, 1990). Estas autoras documentan la forma en que la monetarización de actividades en el medio rural y la introducción de productos industriales de consumo disminuyó la carga de tra­ bajo de las amas de casa y aumentó la necesidad de mayores ingresos. La emigración de las hijas y su inserción en el mercado de trabajo asalariado sé estimuló más que la de los hijos varo­ nes, tanto porque su trabajo podía ser realizado por la madre, como por la mayor limitación de actividades remuneradas para mujeres en el medio rural (Elton, 1978; Young, 1978; Oliveira, 1984; Arizpe, 1985, y Arias, 1991). A la inversa, para los varones era más difícil que para las Joven citas acceder al empleo urbano, debido a la considerable demanda de servicio doméstico, la cual no tenía paralelo en el frabajo asalariado formal (Young, 1978). Otras consideraciones se referían a las mayores posibilidades de control de los ingresos de las hijas (Elton, 1978; Young, 1978; Arizpe, 1985, y Gold­ smith, 1990).1 Las remesas procedentes del trabajo de las mi­ gantes se usaban para la sobrevivencia del hogar, la adquisición e bienes de consumo, el sostenimiento de la educación de los ^rmanos menores y, eventualmente, la compra de tierras ^Arizpe, 1985 y Goldsmith, 1990). La literatura disponible soj re migraciones femeninas no ha documentado casos en que s envíos o los ahorros de las migrantes se usaran o sé intentara üsarlos para facilitar su propio retorno al lugar de origen. La etapa en la trayectoria de vida, la posición en la estruc^ra de parentesco e incluso el orden que ocupaba la migrañentre sus hermanos fueron considerados por estas autoras, e ’enes distinguieron entre las fuerzas que impulsaban a la n *8ración a jovencitas hijas de familia y a mujeres abandoas> separadas y viudas, por un lado, y las que retenían a las ^atTl>lia ^elauney

en *a m’6rac'ón a Estados Unidos, Delauney reporta que el envío de remesas a la

° ” ProPorc'ona‘mente mayor entre las mujeres migrantes que entre los hombres

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esposas en la unidad familiar, por otro (Young, 1978 y Arizpe, 1985). La emigración de las hermanas mayores era más esti­ mulada y abría el camino para las que les seguían, y la obliga­ ción de las madres solteras jóvenes y de las hijas mayores en hogares matrifocales era diferente en cuanto a la obligatoriedad de las remesas (Goldsmith, 1990). La elevada demanda de tra­ bajo en el servicio doméstico permitía que las jovencitas re­ gresaran al medio rural cuando lo requerían las tareas de la uni­ dad familiar, sin temor de no encontrar un nuevo empleo en el futuro (Arizpe, 1985 y Goldsmith, 1990). Las colaboraciones económicas de las emigrantes a la unidad doméstica de origen reafirmaban su condición de hijas de familia, y cesaban cuando la joven formaba su propio hogar (Goldsmith, 1990). En años más recientes, los estudios de género hicieron otra contribución a la comprensión de las relaciones entre la con­ dición femenina y la migración: el efecto de la migración mas­ culina en la situación de las mujeres que permanecen en las zonas rurales. Algunos estudios sobre la condición de la mujer en las zo­ nas rurales, que se caracteriza por la emigración temporal de los varones hacia Estados Unidos, han señalado que se trata de contextos en los que la separación de esferas y actividades masculinas y femeninas y el control de la sexualidad femenina son particularmente intensos (Rosado, 1990; Mummert, 1992, y Trigueros, 1994). Estos rasgos de las desigualdades de géne­ ro han dificultado la migración de las mujeres en estas zonas y —dadas las ausencias masculinas, las costumbres de residencia patrivirilocal y de sometimiento de las mujeres jóvenes a sus suegras— permitido mantener las jerarquías entre hombres y mujeres. Sin embargo, estos estudios documentan también cam­ bios en las relaciones de género originados en parte por las ausencias masculinas. Tales estudios se refieren, principalmente, a que mientras se mantiene la estricta división de esferas y aC' tividades y el control de la sexualidad para las mujeres casadas, estos mecanismos adquieren nuevas formas en el caso de las jo­ venes solteras (Mummert, 1992). Las limitaciones impuestas a la movilidad de las mujeres han significado el predominio masculino de la migración tem­ poral a Estados Unidos, la configuración de situaciones domes­ ticas caracterizadas por largos periodos de ausencia del esposo

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y de la figura paterna, de desprotección económica para las mujeres y niños y de frecuentes abandonos familiares (Velasco, 1995 y D’Aubeterre, 1995). Situaciones semejantes se han ob­ servado en el caso de la emigración de trabajadores guatemal­ tecos a México, referentes a los temores y la falta de protección de la familia que se queda en el lugar de origen (Castillo, 1995 y Nolasco, 1995). Entre las generaciones más jóvenes, estos patrones de mo­ vilidad masculina y permanencia femenina se están modifican­ do, pues en el caso de las parejas jóvenes el tiempo transcurrido entre la primera salida del esposo y su regreso es menor, y empiezan a darse casos de migraciones de ambos cónyuges (D’Aubeterre, 1995 y Velasco, 1995). En el caso de las jóvenes casadas, las motivaciones parecen vincularse con el temor del abandono por parte del esposo, con el rechazo de la situación de mujeres que deben hacerse cargo solas del hogar y la crian­ za de los hijos durante la ausencia masculina, o con la negati­ va de residir en casa de la suegra (Hondagneu-Sotelo, 1994; D’Aubeterre, 1995, y Delauney, 1995). Estos estudios reportan que las negociaciones familiares so­ bre las migraciones de mujeres no son armoniosas, ya que in­ variablemente incluyen grados de regateo, persuasión y ame­ nazas, mientras que a las migraciones de los varones jefes de familia corresponden decisiones unilaterales (Hondagneu-So­ telo, 1994). También empiezan a documentarse migraciones de jóvenes solteras a Estados Unidos, y en este caso las motivaciones se vinculan con la intención de evitar su falta de participación en las decisiones relacionadas con su sexualidad y el matrimonio, la ampliación del espectro del mercado matrimonial, el deseo de escapar del desempeño de tareas domésticas monótonas y de la falta de estímulos en la vida propios de los poblados ru­ rales y, en ocasiones, apartarse de un ambiente familiar opresi­ vo o afirmar su independencia respecto de los padres. Se han señalado motivaciones similares para la incorporación laboral de jovencitas en talleres y plantas empacadoras en estos con­ textos de emigración masculina (Arizpe y Aranda, 1986; Mumniert, 1992; Hondagneu-Sotelo, 1994, y Delauney, 1995). Estos estudios sobre contextos de emigración internacional Masculina indican situaciones extremas, aunque cambiantes, de

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división de esferas, actividades y controles de la movilidad de hombres y mujeres, que proporcionan indicios sobre los lazos entre las formas concretas de construcción de lo masculino y lo femenino en contextos específicos y la configuración y ca­ racterísticas de las migraciones de mujeres. A diferencia de los estudios que suponían la primacía de los intereses del grupo doméstico y la falta de autonomía de las migrantes, las discusiones más recientes incorporan la di­ mensión del poder y los intereses individuales en conflicto en el análisis de las migraciones femeninas. Sin embargo, desde los estudios pioneros sobre la condición de la mujer en el campo mexicano y las migraciones en los años setenta, algunas autoras señalaban la presencia de conflictos de intereses entre padres e hijos y entre varones y mujeres en el interior de los hogares; entre las motivaciones que las mujeres tenían para migrar, di­ chas autoras mencionaban la intención de evitar un matrimonio que ellas no habían decidido o situaciones de desaveniencia conyugal, así como una búsqueda de subsistencia socialmente aceptable para mujeres solteras, abandonadas o viudas (Young, 1978). A pesar de que la mayor parte de estos estudios afirmaban que en las sociedades rurales no se actúa según normas indi­ vidualistas sino en función del grupo doméstico —por lo cual no tendría sentido analizar las preferencias personales sino las circunstancias y propósitos del grupo como tal—, estudios realizados más recientemente por las mismas autoras empiezan a documentar condiciones específicas de las jovencitas —no necesariamente coincidentes con los intereses del grupo domés­ tico— que se vinculan con su condición genérica. Señalan que muchas jóvenes trabajan o emigran para salir de sus casas y pueblos, evitar ser “robadas” o tener que aceptar un matrimo­ nio no deseado, más que por razones estrictamente económicas (Arizpe, 1985 y Arizpe, 1989). En los estudios más recientes, el reconocimiento del con­ flicto motivado por la desigualdad existente en los hogares de origen de las migrantes es más frecuente, así como el señala­ miento de una permanente tensión entre los intereses de las mujeres como individuos y su carácter de sujetos que actúan en función de los demás (Hondagneu-Sotelo, 1994; Velasco, 1995, y Ruiz, 1995).

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Un estudio reciente sobre migraciones femeninas a Estados Unidos afirma que los hogares de las migrantes, en lugar de ser espacios de estrategias solidarias, se encuentran cargados de relaciones de poder asimétricas a través de las cuales los esposos y las esposas, los padres y los hijos buscan y expresan simul­ táneamente intereses divergentes y agendas en competencia. Señala que si bien la autoridad moldea las migraciones y orga­ niza los recursos, ésta no es rígida ni infranqueable y que las decisiones suelen ir precedidas por un periodo de negociación. Al mismo tiempo señalan diferencias en este proceso de toma de decisión entre jóvenes solteras y rnujeres casadas con hijos, pues mientras que para las primeras la decisión sobre la mi­ gración se caracteriza por la ocasionalidad y el surgimiento de una oportunidad concreta para viajar, lo cual las hace negociar rápidamente la decisión con sus padres, para las segundas la migración es largamente preparada y planeada, con una con­ cepción de largo plazo. Para ambos tipos de mujeres, la posi­ bilidad de migrar está mediada por la presencia de redes socia­ les femeninas en los lugares de destino que apoyen su migración (Hondagneu-Sotelo, 1994 y Delauney, 1995). Para Hondagneu-Sotelo, las migraciones no son el resulta­ do de estrategias familiares ni de adaptaciones unívocas de los hogares a las presiones macroestructurales, sino del ejercicio de múltiples intereses y jerarquías de poder que coexisten en los hogares. En especial, afirma que las jóvenes no emigran como emisarias familiares sino motivadas por una búsqueda personal (Hondagneu-Sotelo, 1994). Esta breve reseña de los estudios sobre la migración de las mujeres del campo nos muestra que muchos de los conceptos señalados en el primer apartado se han incorporado en la in­ vestigación sobre México. En particular, los estudios sobre la mujer rescataron dimensiones socioculturales específicas en las motivaciones y características de la migración femenina y de la actividad laboral de las migrantes de origen rural, tales como la división del trabajo en el hogar, los patrones de autoridad, el control de la sexualidad femenina, los cambios acaecidos en e mercado matrimonial y las diferencias en los mercados de ^abajo para hombres y mujeres en los contextos de origen y cstino. Los estudios sobre la mujer enfatizaron la importancia e la unidad doméstica y las relaciones de parentesco en el

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estudio de las migraciones de jóvenes rurales, y los estudios de género agregaron otras dimensiones, como las relaciones de poder y los conflictos de intereses en el interior de los hogares, así como los cambios relacionados con la autonomía femenina, la división del trabajo y las relaciones intergenéricas que resul­ tan de las migraciones.

La medición e identificación de los flujos de migración femenina Los estudios sociodemográficos sobre las migraciones fe­ meninas se desarrollaron también a partir de los años setenta. Mostraron la importancia de las migraciones femeninas en México, pero también la heterogeneidad del fenómeno, que asumió modalidades diversas en diferentes momentos histó­ ricos, ámbitos espaciales y grupos sociales.. La medición de las migraciones interestatales y hacia las grandes ciudades en di­ versos periodos reveló la presencia de distintos flujos, los cuales se vinculan a su vez con diferentes procesos sociales (Oliveira, 1984). Entre los años treinta y setenta, las políticas de desarrollo incentivaron en México un acelerado proceso de industrializa­ ción sustitutiva de importaciones, acompañado por una intensa redistribución de la población desde zonas rurales hacia áreas urbanas. Desde los años sesenta, las mediciones de la migración interestatal, basadas en los censos, y de la inmigración hacia las tres principales ciudades del país, basadas en grandes encues­ tas, señalaron la selectividad positiva de la migración femenina en la corriente migratoria rural-urbana, que era mayoritaria en esos años, y especialmente en la migración hacia la Ciudad de México (Ordoricaeí al., 1976 y Oliveira, 1984). Las áreas de expulsión eran principalmente zonas del Cen­ tro y Sur del país con importantes proporciones de población rural vinculada con la agricultura de subsistencia. En menor medida también migraban mujeres desde los centros urbanos menores hacia las metrópolis, hacia las ciudades del Norte y hacia Estados Unidos. Las migrantes eran principalmente jó­ venes solteras que tenían entre 10 y 19 años. Las diferencias respecto de la migración masculina eran la mayor proporción

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de mujeres jóvenes en la corriente orientada hacia la Ciudad de México, la mayor proporción de solteras y de jovencitas menores de 16 años entre las mujeres, y el origen más rural de la corriente femenina. La supremacía femenina en este tipo de migraciones fue decreciendo con el tiempo hasta hacerse apenas un poco superior a la migración masculina hacia los años ochenta (Oliveira, 1984 y Corona, Chávez y Hernández, 1989). A partir de esos años se inició también un cambio en el mo­ delo de desarrollo mexicano, que orientó, y orienta actualmen­ te, al país hacia el comercio internacional, modificando con ello los patrones migratorios. Estos cambios fueron precedidos, desde los años sesenta, por una orientación de la agricultura comercial hacia la exportación y por la instalación de industrias ensambladoras de productos para exportación en las cuidades de la frontera norte. Los cambios acacecidos en las migraciones se vincularon con la reorientación económica y con la pro­ gresiva urbanización del país. La corriente migratoria femenina predominante en la actualidad es de origen y destino urbanos, y las tres principales ciudades del país han perdido fuerza como centros de atracción de población; ha aumentado la migración hacia otros centros urbanos y hacia ciudades intermedias, así como la migración intrarregional en las zonas de agricultura e industria de exportación, y la emigración internacional. Las migrantes interestatales actuales son principalmente de origen urbano, de escolaridad semejante o superior a la de las mujeres de los lugares de destino, y un poco menos jóvenes que en dé­ cadas anteriores (Corona, Chávez y Hernández, 1989; López, Izazola y Gómez de León, 1991;Szasz, 1992;Riquer, 1995, y Delauney, 1995). Desde mediados* de los años setenta aumentaron las mi­ graciones de mujeres hacia las ciudades de la frontera norte del país —donde se localizan las principales plantas ensam­ bladoras de productos de exportación—, ciudades intermedias Y zonas de desarrollo turístico. Aumentaron también los flujos mtrarregionales vinculados con la agroindustria y la agricultura de exportación y empezaron a documentarse los desplaza­ mientos femeninos de corta duración. La migración hacia las ciudades de la frontera norte del país se ha transformado en a c°rriente de migración femenina más importante del país.

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En los años ochenta comenzó a aumentar también la emigra­ ción de mujeres a Estados Unidos, fenómeno que antes era ca­ si inexistente. Las nuevas migrantes se han caracterizado por su procedencia urbana, principalmente del Centro y Norte del país, por tener mayor escolaridad que en décadas anteriores, y aunque entre ellas siguen teniendo una presencia destacada las jóvenes y solteras, las proporciones son menores que en la antigua corriente rural-urbana; en el caso de la emigración a Estados Unidos, las jóvenes solteras son minoritarias (Oliveira, 1984; Carrillo, 1988; Tánori, 1989; Corona, Chávez y Her­ nández, 1989; Cornelius, 1990; López, Izazola y Gómez de León, 1991; Szasz, 1992, y Delauney, 1995), La emigración de mujeres mexicanas a Estados Unidos au­ mentó en los años noventa hasta representar entre una cuarta parte y un tercio de ese flujo, y su origen es más urbano que el de la emigración masculina. Aquélla aparece más fuertemente condicionada por la presencia de redes sociales del mismo se­ xo que ésta y constituye un movimiento decidido principalmen­ te por las mujeres, quienes, al trasladarse, desplazan el espacio familiar hacia el país de destino y transforman movimientos masculinos eventuales en permanentes (Hondagneu-Sotelo, 1994 y Delauney, 1995). La migración femenina hacia las grandes ciudades, en es­ pecial a la Ciudad de México, respondió principalmente a la demanda de servicios domésticos remunerados generada por la ampliación de los sectores urbanos de ingresos medios. En mucho menor medida, las inmigrantes trabajaron también en el comercio ambulante y en la industria, y aquellas de origen urbano y con mayor escolaridad respondieron a la expansión de los servicios de salud y educación y del comercio. A pesar de la composición diferenciada de los flujos urbanos y rurales y de la presencia de migrantes rurales con mayor escolaridad y recursos, la corriente más importante de migración hacia la Ciudad de México en 1970 estaba constituida por mujeres solas que migraban para trabajar como empleadas domésticas y vivían en las casas de los patrones (Oliveira, 1984). En 1990, las migrantes urbanas hacíala Ciudad de México y otras ciudades del país tenían una inserción en el mercado de trabajo mucho más diversificada, con mayor proporción de trabajadoras no manuales que en años anteriores, y con una

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estructura de ocupaciones más semejante a la nativa, pero la concentración de jovencitas en los servicios personales y do­ mésticos seguía siendo importante (Szasz, 1996; Cruz y Zenteno, 1989; Cruz, 1990; Corona y Rodríguez, 1991, y López, Izazola y Gómez de León, 1991). Entre las trabajadoras no manuales destacaban las activi­ dades en el comercio y los servicios de salud y enseñanza, y entre las trabajadoras manuales, además del servicio doméstico, era importante la inserción en la industria del vestido y en ac­ tividades realizadas por cuenta propia. En las ciudades de la frontera norte, la inserción de mujeres migrantes en la industria manufacturera es superior que en otras ciudades del país, y en algunos casos la inserción de mujeres inmigrantes en la indus­ tria maquiladora de exportación superaba al comercio y los servicios (Oliveira, 1984; Cruz y Zenteno, 1989; Cruz, 1990; Corona y Rodríguez, 1991; López, Izazola y Gómez de León, 1991, y Szasz, en prensa). Uno de* los flujos importantes de migración femenina ha sido estudiado de manera muy parcial. Se trata de las migracio­ nes intrarrurales. La movilidad de origen y destino rural fue conceptuada inicialmente como una forma de movilidad tem­ poral o estacional típica de los varones que trabajaban como jornaleros agrícolas. Sin embargo, algunos estudios sociodemográficos documentaron una importante movilidad femeni­ na intrarrural hacia mediados de los años setenta (Espinoza, 1978). Parte de esa movilidad corresponde a movimientos tem­ porales de mujeres y niñas que se desplazan junto con sus espo­ sos y padres para trabajar en las faenas agrícolas, y parte co­ rresponde al aumento del trabajo asalariado femenino en la agricultura y en la ag'roindustria de exportación, que se inició en los años sesenta y se intensificó en los ochenta (Roldán, 1982; Arizpey Aranda, 1986; Arias y Mummert, 1987; Pache­ co, 1992, y Guidi, 1994). Sin embargo, existen indicios de una mayor retención de mujeres en algunas zonas rurales y semirrurales del Centro y Accidente del país en los últimos años, vinculada con la ex­ pansión de segmentos femeninos de trabajo asalariado, como ms talleres de ropa y la manufactura domiciliaria, y no toda la migración intrarrural femenina se puede explicar por el trabajo

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agrícola (Arias, 1991 y 1992). Parte importante de esa movili­ dad puede deberse a uniones de jovencitas rurales con varones de localidades diferentes de las de su familia de origen, debido a la persistencia de los patrones de residencia patrilocal.1 2 A pe­ sar de su aparente importancia, la migración por causa de ma­ trimonio no ha sido estudiada en México.3 Otro flujo migratorio femenino que tampoco ha sido do­ cumentado es la inmigración de mujeres centroamericanas, principalmente guatemaltecas, por la frontera sur del país. Se han identificado diversos tipos de corrientes de inmigración en los que participan mujeres centroamericanas. Unas son las mujeres que trabajan junto con los varones, en labores agrícolas estacionales, y su desplazamiento temporal no se registra o se subregistra porque únicamente se considera a sus esposos o padres como jornaleros. Otras son las mujeres refugiadas que se desplazaron junto con su familia desde fines de los años se­ tenta, motivadas por los riesgos que representaba sobrevivir en regiones campesinas e indígenas sometidas a la violencia contrainsurgente en varios países centroamericanos. Otro flu­ jo creciente consiste en mujeres que emigran solas en búsque­ da de mejores oportunidades de trabajo. Finalmente, existe la transmigración de mujeres que se internan de manera indocu­ mentada en territorio mexicano con la intención de cruzar la frontera con Estados Unidos. A pesar de la discriminación que pueden experimentar por su condición étnica, de clase, de gé­ nero y por tratarse de una movilidad mayoritariamente indocu­ mentada, las migraciones de estas mujeres no han sido estudia­ das. Sin embargo, su magnitud puede ser considerable porque los municipios de la frontera sur han crecido demográficamente a pesar de ser zonas expulsoras, y el índice de masculinidad indica un crecimiento especialmente importante de la pobla­ ción femenina en los años ochenta (Castillo, 1995 y Nolasco, 1995). 1 En un estudio sobre migraciones realizado en hogares rurales del Centro del país a mediados de los años ochenta, encontramos que la emigración de hijas de familia superaba la de los hijos varones. Además, las motivaciones de las hijas fueron principalmente matrimoniales: mientras la mayor parte de los hijos había emigrado por motivos laborales, más de dos tercios de la joven población femenina lo había hecho para unirse con jóvenes de otras localidades (Szasz, 1993). 3 Delauney propone que la reunificación con el esposo entre las mujeres casadas y la búsqueda

de pareja entre las solteras constituye una motivación mayoritaria de la migración femenina a Estados Unidos (Delauney, 1995).

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Además de la identificación de diversos flujos migratorios femeninos y de sus características, los estudios sociodemográficos han señalado un comportamiento diferente respecto de la nupcialidad y la fecundidad en las mujeres migrantes, así como diferencias entre las migrantes según el carácter urbano o rural de los lugares de origen y destino. En el medio rural, las mujeres se casan más jóvenes y tienen más hijos que las que migran al medio urbano y que las nativas urbanas (Brambila, 1985; Quilodrán, 1990, y Riquer, 1995). Las mujeres que migran de un medio rural a contextos urbanos contraen matrimonio más tarde y tienen menos hijos que las mujeres que permanecen en su lugar de origen, aunque su fe­ cundidad sigue siendo mayor que la de las nativas urbanas. A la inversa, las migrantes intrarrurales se casan aún más tempra­ no y tienen más hijos que las no migrantes rurales (Brambila, 1985). En la emigración a Estados Unidos, las migrantes tienen menor fecundidad que las mujeres que permanecen en México (Delauney, 1995). Aunque no se ha hecho un análisis de género sobre las consecuencias de diferentes tipos de migración femenina en la fecundidad, estos indicios parecen señalar mayor subordina­ ción femenina en los contextos rurales respecto de los urbanos y en México respecto de Estados Unidos, en términos de menor control sobre las decisiones relacionadas con su cuerpo, su se­ xualidad, la vida conyugal y la procreación. La mayor fecundi­ dad de las migrantes intrarrurales se puede relacionar con los patrones de residencia patrivirilocales, la migración por matri­ monio y las situaciones de escaso control femenino sobre las decisiones vinculadas con su vida conyugal. A la vez, la menor fecundidad de las migrantes urbanas y de quienes emigran a Estados Unidos puede vincularse con un inicio más tardío de la reproducción debido a la posposición de la unión. En síntesis, si bien los estudios sociodemográficos sobre las migraciones no incorporaron explícitamente una perspectiva de género, permitieron sin embargo identificar la importancia de la presencia femenina en diversas corrientes migratorias, las características que diferenciaban la movilidad espacial feme­ nina y masculina, la diversidad de las migraciones de mujeres, sus cambios en el tiempo y algunos efectos demográficos de la migración en los lugares de destino. Estas mediciones permi­

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tieron a Orlandina de Oliveira incorporar una visión de género y establecer vínculos teóricos entre los modelos de desarrollo, los cambios en la estructura de clases del país, la reproducción de la fuerza de trabajo y las migraciones femeninas (Oliveira, 1984). Los estudios sociodemográficos han permitido analizar la contribución de las mujeres migrantes a los cambios demográ­ ficos en los lugares de origen y destino y a la formación de los sectores asalariados urbanos en el país, y muestran además que ha existido una diversidad de flujos migratorios y característi­ cas de las migrantes en diversos periodos históricos, regiones y grupos sociales (Oliveira, 1984). Las mayores contribuciones de estos estudios sociodemográficos para la comprensión de las relaciones entre migración y género se refieren a las carac­ terísticas de la inserción de las migrantes en los mercados de trabajo, las cuales se sintetizan en el apartado siguiente.

Participación de las migrantes en los mercados de trabajo Las dimensiones de género que se han analizado en los estudios mexicanos en relación con la participación económica de las mujeres migrantes se refieren a las elevadas tasas de participa­ ción en la economía, las particularidades de la estructura ocupacional de las inmigrantes, las desventajas derivadas de su condición genérica y migratoria y la explotación de atributos femeninos en ciertos empleos con elevadas proporciones de mujeres migrantes. En 1970, las migrantes a la Ciudad de México mostraban tasas de participación en la actividad económica más elevadas que las de las mujeres nativas, mayor concentración en las ac­ tividades manuales y mayores proporciones de trabajadoras en el área de servicios. El tipo de actividades en las que se con­ centraban las trabajadoras migrantes eran las de menor pres­ tigio y remuneración. No se observaron diferencias de magni­ tud semejante en las tasas de participación y en la estructura ocupacional de los varones migrantes y no migrantes (Leff, 1976, citada por Oliveira, 1984). Los estudios sobre la mujer mostraron que detrás de las mayores desventajas de las migrantes para su inserción ocupa-

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cional urbana se encontraban su menor escolaridad, la ausencia de redes sociales en el medio urbano, la falta de capacitación previa y de socialización urbana. Sin embargo, las mismas con­ diciones de menor escolaridad y capacitación, ausencia de redes y de socialización urbana existían para los migrantes varones, pero las características de su inserción en el mercado de trabajo era muy semejante a la de los varones urbanos (Oliveira, 1984). El enfoque de género ha considerado que el grado extremo de desigualdad que afecta únicamente la inserción de las mujeres migrantes en el mercado de trabajo se vincula con el control de la sexualidad femenina, lo cual convierte al servicio doméstico residente en una de las pocas actividades socialmente aceptables para las jóvenes sin familia en el lugar de destino, por el tipo de arreglo residencial que implica. Los migrantes varones, aunque sean solteros, tienen más posibilidades de negociar arreglos re­ sidenciales, porque no están sujetos al mismo control de la se­ xualidad (Elton, 1978; Young, 1978; Arizpe, 1985, y Hondagneu-Sotelo, 1994). La estructura ocupacional más diversificada para las mi­ grantes que se observaba.en 1990 puede vincularse con la ma­ yor escolaridad y el origen más urbano de las mismas, y también con una consolidación de las redes migratorias que amplía las posibilidades de arreglos residenciales alternativos para el ser­ vicio doméstico. Sin embargo, la estructura de las ocupaciones sigue siendo más concentrada en los servicios personales y do­ mésticos para las mujeres migrantes, sobre todo entre las jó­ venes, y esta desigualdad sigue siendo exclusiva de las mujeres migrantes y no de los varones, lo cual señala la necesidad de profundizar en un análisis de género sobre la inserción de las migrantes en el mercado de trabajo (Szasz, 1996). En la industria maquiladora de exportación de las ciudades de la frontera norte del país, las migrantes jóvenes, con mayor grado de escolaridad y de origen urbano, participan en condi­ ciones semejantes a las de las mujeres nativas. Sin embargo, las migrantes experimentan mayor rotación en el trabajo, y la ines­ tabilidad en el empleo puede ser particularmente grave para las mmigrantes recientes (Oliveira, 1984 y Canales, 1995). Además, las migrantes mayores de 25 años, las mujeres no solteras y las mujeres con hijos tienen menor acceso a las ramas mdustriales mejor remuneradas y se concentran en la industria

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del vestido, donde las remuneraciones y las condiciones de tra­ bajo son inferiores y la rotación en el empleo es mayor (Tánori, 1989; Cruz, 1990, y Canales, 1995). Estas desigualdades indi­ can que la distribución de las tareas derivadas de la reproduc­ ción —en México asignadas exclusivamente a las mujeres—, son una limitante que las sitúa en desventaja para competir en los mercados de trabajo, y que puede ser más intensa en el ca­ so de las migrantes por su menor acceso a las redes familiares de apoyo. En el creciente flujo migratorio femenino hacia Estados Unidos se ha reportado el incremento de mujeres solas que emigran para trabajar, así como el aumento de su participación económica. Se ha vinculado parte de este aumento de mujeres migrantes a las transformaciones que han experimentado la distribución de los ingresos y los mercados de trabajo en Esta­ dos Unidos. Los cambios observados en ese mercado de traba­ jo han dado origen a la expansión de segmentos femeninos de esos mercados que prefieren mano de obra migrante, porque permite eludir más fácilmente el pago de los beneficios de se­ guridad social, así como la rotación del personal. Esos segmen­ tos laborales femeninos, cómo el servicio doméstico, los servi­ cios de limpieza, algunas tareas de oficina, el trabajo en la industria del vestido y ciertas faenas en las industrias enlatadoras y empacadoras, se caracterizan por su bajo prestigio y exiguas remuneraciones (Kossoudji y Ranney, 1984; Cornelius, 1990, y Delauney, 1995). Otros estudios han señalado que si bien la situación laboral de la mano de obra migrante, en especial la indocumentada, es menos ventajosa que la de la población nativa, el desfase entre calificación, tipo de ocupación e ingresos es aún mucho mayor para las mujeres migrantes, lo cual indica una situación adversa derivada de su condición genérica (Kossoudji y Ranney, 1984, y Delauney, 1995). Algunos estudios se han ocupado de la preferencia de la agricultura comercial, la agroindustria y la industria ensambladora de exportación por el uso de mano de obra femenina en algunas actividades intensivas en trabajo, y señalan que al­ gunos atributos de la construcción social del género femenino se encuentran en la raíz de esta preferencia. Entre ellos destacan la docilidad, la adaptación a patrones autoritarios, la sociali-

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zación en tareas repetitivas y rutinarias y la tendencia a aceptar ingresos bajos debido a su condición de dependientes económi­ cas en el hogar (Roldán, 1982; Arizpe y Aranda, 1986; Tánori, 1989; Mummert, 1992, y Canales, 1995). Aunque estas dimensiones de género pueden operar de ma­ nera semejante para mujeres migrantes y no migrantes, numero­ sos estudios documentan la forma en que afectan de manera particular a las migrantes itinerantes en la agricultura y los cambios que han ocasionado en los patrones de movilidad fe­ menina en el Norte, Occidente y Sur del país (Arias, 1991 y 1992; Mummert, 1992: Szasz, 1994, y González et al., 1995). Una parte de las migraciones femeninas intrarrurales co­ rresponde a la participación de mujeres en las labores agrícolas vinculadas con algunos cultivos que hacen uso intensivo de mano de obra, y en particular en algunas faenas que requieren de mucha paciencia, cuidado y minuciosidad. Se trata de mu­ jeres que forman parte de familias de migrantes estacionales y de migrantes itinerantes que proceden de las zonas rurales más pobres del país, con importante presencia de grupos indígenas, y entre ellas se han documentado las peores condiciones de trabajo, de vivienda y de explotación. Aunque los varones se ven afectados por esas mismas condiciones, para las mujeres se agregan los problemas relacionados con el cuidado de los hi­ jos pequeños, la sobrecarga de trabajo correspondiente a la preparación de comidas y conservación de la higiene, las malas condiciones de trabajo y la baja remuneración de sus servicios (Roldán, 1982; Pacheco, 1992, y Guidi, 1994). Algunos de los cambios observados en la movilidad intrarregional de las mujeres se vinculan con el trabajo en plantas empacadoras de productos agrícolas de exportación. Diversos estudios indican que el trabajo femenino en la agricultura de exportación y la agroindustria se inició en los años sesenta y se intensificó en los ochenta (Arizpe y Aranda, 1986; Arias y Mummert, 1987; Mummert, 1992). El establecimiento de estas plantas en el Occidente y Noroeste del país, junto con el desa­ rrollo de segmentos femeninos del mercado de trabajo manuacturero, como los talleres y la industria domiciliaria de ropa, han significado mayor permanencia de mujeres en las regiones de origen, pero también aumentos de la movilidad femenina mtrarrural e intrarregional. Las plantas empacadoras y los ta­

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lleres contratan preferentemente a jovencitas solteras, quienes se trasladan cotidianamente o son transportadas en grupo desde lugares cercanos (Roldán, 1982; Rosado, 1990, y Mummert, 1992). En este tipo de empleos, también se ha documen­ tado la desventaja salarial y la segmentación ocupacional de las mujeres (Arizpe y Aranda, 1986). Los estudios de género, al reexaminar la expulsión de la población femenina rural en diversos periodos y contextos, han destacado el desarrollo de segmentos femeninos en los merca­ dos de trabajo como un importante factor de retención o ex­ pulsión de las mujeres jóvenes (Arias, 1991 y 1992). Los tra­ bajos que retienen a las mujeres o que impulsan sus traslados cotidianos a lugares cercanos son actividades que, por el des­ prestigio que tienen de ser ocupaciones propias de mujeres y, además, mal remuneradas, no atraen a los varones ni producen efectos semejantes sobre la movilidad masculina (Arias, 1991 y 1992). De esta manera, en el análisis de las relaciones entre migra­ ciones femeninas y mercados de trabajo, la incorporación de la perspectiva de género ha permitido comprender importantes vínculos de articulación entre la desigualdad social que enfrenta a hombres y mujeres y las características de los modelos de de­ sarrollo. Los análisis reseñados muestran que las mujeres traba­ jadoras se encuentran en una situación de particular desventaja, en especial cuando se trata de mujeres migrantes, en cuanto a la diversidad de empleos a los que pueden acceder, al prestigio social y las remuneraciones asociadas a esos empleos y al des­ fase entre la calificación, el tipo de ocupación y los ingresos. También se han documentado desventajas relacionadas con el tipo de faenas que se prefiere y la menor tendencia de las mu­ jeres trabajadoras, en especial si son migrantes, a la organi­ zación colectiva y la reivindicación de mejoras laborales, así como su mayor aceptación de relaciones autoritarias en el trabajo.

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Propuesta de

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líneas de investigación futuras

Propuestas conceptuales y metodológicas

La revisión de los estudios sociodemográficos sobre la migra­ ción femenina en México revela que la perspectiva de género ha sido escasamente incorporada por esos estudios, mientras que otros trabajos han hecho evidente cómo actúan las rela­ ciones de género en la configuración y las consecuencias de las migraciones, lo cual sería necesario indagar para los pro­ cesos sociales más amplios que estudia la sociodemografía. Los estudios pioneros sobre las mujeres migrantes de origen rural pusieron de relieve la importancia de la unidad doméstica, su estructura interna y las etapas en la trayectoria de vida para entender las migraciones femeninas. La preferencia por la mi­ gración de las hijas en ciertos contextos y circunstancias, su mayor constancia en conservar los vínculos económicos y de control con el hogar de origen y los mecanismos que se desa­ rrollan para conservar el carácter de hijas de familia a pesar de la distancia, revelan relaciones importantes entre la con­ dición genérica y las características de las migraciones, que hacen diferentes a los movimientos masculinos y femeninos. Una primera propuesta se refiere al desarrollo de formas de medición de las migraciones que vinculen a cada migrante con las características de su familia, con su propia situación conyugal y laboral antes y después de la migración, y con la situación conyugal y laboral de cada miembro del hogar antes Y después de la migración.4 Otra propuesta consiste en incorporar a la investigación ^ciodemográfica tipologías para el análisis de la migración que correspondan específicamente a las características de la migra­ ción femenina en el país. Se requiere ir más allá de la compa­ sión del volumen, las características y los tipos de corrientes .

i'as encuestas sobre migración hacia las grandes ciudades del país, levantadas a fines de los

scxenta, contaban con algunos de estos indicadores, pero el enfoque de género no se había di$arr° ’ad° Para Permhir un análisis como el que ahora se propone. En la actualidad, está a 11 0nS'C'^n 'os investigadores mexicanos una base de datos apoyada en encuestas realizadas en j 0 hogares del Occidente de México vinculados con la migración a Estados Unidos, la cual fue ]Qs h r°"ada por Douglas Massey y Jorge Durand, con el fin de realizar un análisis en el ámbito de

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migratorias en que se involucran hombres y mujeres migrantes, desarrollando tipologías que permitan comparar la diversidad de motivaciones para la migración, las limitaciones diferencia­ les a la movilidad y la actividad laboral en los lugares de origen, las diferencias en las condiciones de residencia y trabajo en los lugares de destino, y la distinta participación de hombres y mujeres en las decisiones sobre la migración, en los aportes para la reproducción de los hogares y en las perspectivas de retorno al lugar de origen o de integración en el contexto de destino. Desde un punto de vista de género, el estudio de la migra­ ción femenina en México requiere del desarrollo de tipologías que permitan distinguir las migraciones autónomas de las aso­ ciativas, y en lo que respecta al objetivo de los desplazamientos poblacionales, aquellos que se realizan con fines matrimoniales o laborales y los que tienen otros propósitos (como en el caso de las jóvenes que intentan abandonar un contexto opresivo determinado por las relaciones de género). Otras propuestas se refieren al análisis de los vínculos entre migraciones femeninas y mercados de trabajo en los contextos de origen y destino de las migraciones. Las investigaciones que se refieren a la inserción de las migrantes en los mercados de trabajo indican la importancia de incorporar también las di­ mensiones de clase y etnia en los estudios de género. En cuanto a los lugares de origen, los estudios de caso recientes sobre con­ figuración y cambios de los mercados de trabajo femeninos en zonas rurales y semirrurales aportan pistas muy importantes para emprender estudios que consideren las condiciones de género en los lugares de origen de las migraciones, su relación con los cambios macroestructurales, y su papel como condi­ cionantes de las migraciones femeninas y sus características. Los estudios sociodemográficos sobre la migración femenina pueden vincular esta movilidad con el desarrollo o la desapa­ rición de segmentos femeninos en los mercados de trabajo de los lugares de origen, así como con los condicionamientos de género que operan sobre el carácter femenino de esos segmen­ tos del mercado de trabajo. En los lugares de destino, los análisis de la inserción de las mujeres migrantes en los mercados de trabajo muestran particu­ lares desventajas de estas trabajadoras respecto de las mujeres

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no migrantes y los varones migrantes. Sin embargo, falta anali­ zar de manera más sistemática las desigualdades entre hombres y mujeres migrantes y no migrantes en los mercados de traba­ jo de los lugares de destino. Estos estudios se han desarrollado muy poco en México y se trata, en la mayor parte de los casos, de estudios fragmentarios que documentan algunos de los ele­ mentos señalados o que desarrollan hipótesis sobre los vínculos entre las condiciones de trabajo de algún grupo de mujeres en particular y su condición de género. Aunque hay indicios de que a la desigualdad en la estructura ocupacional, en las posi­ ciones de prestigio y dirección y en lqs salarios entre hombres y mujeres se añade una desigualdad mayor entre las mujeres migrantes —que no se presenta de la misma forma en el caso de los hombres migrantes—, esta posible desigualdad no se ha estudiado de manera sistemática. Al comparar se requiere con­ trolar, por ejemplo, las diferencias en la estructura ocupacional, y los ingresos por diferencias de escolaridad y número de horas trabajadas. Finalmente se requiere analizar las particularidades Que introducen en esta diferente inserción de hombres y mu­ jeres migrantes en el mercado de trabajo las características familiares y residenciales de las mujeres, para lo cual se propone nuevamente la consideración de los hogares como unidad de análisis. En la relación específica entre migración y reproducción doméstica, los estudios micro sobre mujeres rurales mostraron dimensiones que pueden ser incorporadas en los estudios soClodemográficos sobre género y migración femenina. La invesügación sobre mujeres campesinas sugiere que la asignación diferenciada por género del trabajo y de las normas sobre la se­ xualidad, el matrimonio, el parentesco y la residencia median entre las condiciones estructurales y la migración de las mujeres. Los estudios sociodemográficos pueden contribuir a este análiSls vinculando las migraciones femeninas con el orden que una Persona ocupa entre sus hermanos, el estado civil, la situación amiliar y marital, la presencia y el número de hijos, el tipo de estructura familiar y las líneas de autoridad. La perspectiva del curso de vida permite al análisis sociodemográfico visualizar a la familia como una entidad cambiante y analizar las migraciones en su vínculo con diversas configuraCl°nes familiares y con otros acontecimientos como la salida

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del hogar paterno, el ingreso al mercado de trabajo o el matri­ monio. Esta propuesta de vincular el análisis de la migración con las características del hogar desde una perspectiva de curso de vida puede combinarse con análisis históricos que relacionen los cambios observados en las migraciones femeninas con las transformaciones sucedidas en otros procesos sociodemográficos, como la estructura y las funciones de la familia, los pa­ trones de nupcialidad, las pautas de disolución de uniones, los cambios en las prácticas sexuales y los patrones de procreación y crianza. Otra propuesta se refiere a incorporar el estudio de la in­ fluencia de las redes sociales de mujeres en la migración feme­ nina. La función de las redes migratorias ha sido reiteradamente destacada en los estudios sobre migración, pues se trata de un factor que influye en el volumen, la dirección y las caracterís­ ticas de los flujos, adicionalmente a los condicionantes estruc­ turales. Sin embargo, no ha sido analizado para el caso especí­ fico de las migraciones femeninas en México. En investiga­ ciones recientes hay indicios que sugieren que la migración de mujeres requiere la configuración previa de redes sociales formadas por otras mujeres, y que la presencia o ausencia de estas redes influye en la capacidad de decisión y negociación de las migrantes y en las relaciones intergenéricas existentes en los hogares. En el análisis microsocial, la sociodemografía de la familia está incorporando el estudio de las situaciones de conflicto generadas por la desigualdad existente en los hogares. Estos nuevos estudios, que consideran los hogares como espacios de poder e intereses en conflicto, pueden aportar importantes ele­ mentos para el conocimiento de las relaciones que se establecen entre el género y las características de las migraciones feme­ ninas. La revisión de las investigaciones recientes sobre la mi­ gración de mujeres en México indica la existencia de tensiones entre los intereses individuales y familiares y, por ello, la ne­ cesidad de estudiar las relaciones entre estructuras de auto­ ridad, negociaciones y decisiones individuales en la migración. Se requieren propuestas de investigación creativas que busquen comprender el juego de múltiples intereses y jerarquías de poder que intervienen en la migración de las mujeres y sus ca­

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racterísticas, o bien en su ausencia de movilidad, de manera que no sean estudiadas únicamente como emisarias familiares o personas completamente autónomas en la toma de deci­ siones. Una dimensión que apenas ha sido insinuada en México es la relación entre la construcción cultural de la sexualidad fe­ menina y las particularidades de las migraciones de mujeres. Existen indicios de que el control social de la sexualidad feme­ nina afecta las motivaciones para migrar, la capacidad de las mujeres para hacerlo, la dirección de los flujos, la inserción de las mujeres en redes migratorias y redes sociales, el tipo de ho­ gar de residencia y el tipo de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, y sus perspectivas matrimoniales. A la in­ versa, el abandono del hogar y el cambio de contexto social pueden modificar sustantivamente las formas de control de la sexualidad, la autonomía y la condición social de las mujeres, así como promover su acceso a la información, su sentimiento de autoestima y su capacidad para tomar decisiones. Estos cambios pueden tener consecuencias importantes para la anti­ concepción, la fecundidad y los patrones de prevención y con­ tagio de enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, parece muy relevante estudiar los cambios acaecidos en la autonomía femenina, la división del trabajo y •as relaciones intergenéricas que resultan de las migraciones, así como las modificaciones que operan las migraciones en las relaciones familiares, laborales y comunitarias y en la estructu­ ra social de las mujeres. Esta importante dimensión de la rela­ ción entre migración y género únicamente se ha empezado a analizar en estudios de caso relativos a esposas de emigrantes a Estados Unidos. Son indicios que permiten apreciar que las púgraciones introducen modificaciones importantes en las re­ laciones de género, por lo que debe buscarse su incorporación en los estudios sociodemográficos.

r°puestas derivadas de las lagunas existentes en investigación Además de las propuestas que se derivan de los aportes concepales de la perspectiva de género al estudio de la migración

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femenina, la revisión de los estudios que se han hecho en el país permitió apreciar que la investigación se ha limitado a ciertas zonas y ciertos tipos de migración, de manera que pare­ ce pertinente proponer que se estudien otras regiones y formas de movilidad para construir un panorama más completo de la diversidad de manifestaciones del género y la migración en México. Los estudios sobre la migración femenina deben con­ siderar la incidencia de las dimensiones de clase, etnia y género en los diversos tipos de corrientes migratorias, realidades socioculturales y espacios geográficos del país. En particular, la perspectiva de género debe extenderse al estudio de regiones geográficas, tipos de migración y dimen­ siones de la migración que son prácticamente desconocidos. El caso más notorio se refiere a la mayoritaria corriente de origen y destino urbano de mujeres con cierto grado de escola­ ridad. No existen estudios que analicen desde una perspectiva de género los condicionantes de estas corrientes en los espacios urbanos de origen, ni los cambios que acarrean en la vida de las mujeres, ni su dimensión familiar. Las investigaciones actuales se limitan al estudio de la mi­ gración a Estados Unidos y al análisis de censos y encuestas pa­ ra estimar los volúmenes y la dirección de las migraciones y para analizar la inserción de los y las migrantes en el mercado laboral de los lugares de destino. El espectro geográfico de los estudios sobre migraciones femeninas se ha concentrado en unas pocas zonas del país: la Ciudad de México, las ciudades de la frontera norte, algunas ciudades intermedias y el Occidente de México. Muy poco se conoce de las migraciones femeninas sucedidas en otros con­ textos. Ciertas corrientes importantes no han sido medidas ni analizadas, como las migraciones femeninas hacia la mayor parte de las ciudades intermedias y aquellas que ocurren en la frontera sur y en el Sureste del país. En cuanto a los tipos de migración que se requiere estudiar, es notoria la ausencia de estudios sociodemográficos sobre las migraciones de origen y destino rural, en particular cuando el motivo o la finalidad del traslado es el matrimonio. Únicamente existen estudios microsociales sobre algunos tipos de migración de las jornaleras agrícolas. Sin embargo, existen indicios de que la migración de mujeres por causa de matrimonio y las pautas

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de residencia patrivirilocal son muy frecuentes en el medio rural mexicano, y que afectan otras dimensiones del compor­ tamiento demográfico, como la fecundidad. De igual manera, se conocen muy poco, desde un punto de vista de género, las migraciones temporales protagonizadas por mujeres. Aunque el crecimiento y enriquecimiento de los estudios sobre la participación laboral de las mujeres en el campo mexicano ocurrida desde los años ochenta ha permiti­ do tener indicios de la importancia de la movilidad espacial y temporal de las mujeres, los estudiosos de la migración no han abordado el tema ni se han hecho intentos para estimar sus dimensiones y características, su distribución geográfica y su especificidad genérica. Por último, aunque está fuera del alcance de este trabajo, es conveniente pensar en la posibilidad de analizar las migra­ ciones de varones desde una perspectiva de género. Si bien no encontramos antecedentes en la bibliografía internacional ni en la revisión de investigaciones realizadas en el país, es perti­ nente preguntarse sobre la forma en que la construcción so­ cial de la masculinidad y las relaciones hombre-mujer en dis­ tintos contextos de México influyen en las motivaciones, ca­ racterísticas y consecuencias de las migraciones de varones.

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1982

V. FAMILIA Y GÉNERO EN EL ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

Orlandina de Oliveira Marcela Eternod María de la Paz López

Introducción En este texto hacemos una revisión de los estudios sociodemográficos que se han ocupado en estudiar la familia en México. Nuestro propósito es analizar en qué medida la perspectiva de género —la cual se desarrolló en los estudios de población a partir de los años ochenta y cada vez adquiere más relevan­ cia analítica— ha conducido a una redefinición de las temáticas analizadas y a una revisión de los acercamientos metodológicos utilizados. La sistematización de lo hecho nos permite detectar aquellos aspectos que requieren mayor estudio, ya porque se necesita profundizar en ellos, ya porque son temas emergen­ tes que permiten avanzar en el conocimiento de las vincula­ ciones que se dan entre familia y condición femenina. En este trabajo, al igual que en muchos de los estudios sociodemográficos que'se han revisado, se utilizan los conceptos de familia, unidad doméstica y hogar para hacer referencia a las unidades residenciales conformadas por un conjunto de per­ sonas —ligadas o no por lazos de parentesco—1 que comparte Una vivienda y un gasto, principalmente destinado a la alimen­ tación.2 Aunque también se tiene presente la importancia de h

1 En la mayor parte de las fuentes regulares de información (censos y encuestas realizadas en

gares) el parentesco se capta en relación con el |efe del hogar. Aunque se reconoce que familia, hogar y unidad doméstica son conceptos diferentes.

211

212

O. DE OLIVEIRA, M. ETERNOD, M. R LÓPEZ

las redes de relaciones familiares que rebasan la unidad residen­ cial.3 Existe un amplio consenso en torno de la idea de que las familias residenciales o unidades domésticas constituyen una organización social fundamental que desempeña un papel cen­ tral en la reproducción cotidiana y generacional de los indivi­ duos. Se trata de los espacios primarios e íntimos de convi­ vencia —fundados en valores, expectativas y creencias— donde se establecen relaciones de género y entre generaciones, car­ gadas de ambivalencias, solidaridades y conflictos. En el ámbito doméstico tienen lugar tanto la procreación, la crianza y la socialización de los hijos como la reproducción de la fuerza de trabajo; se lleva a cabo la organización de las actividades para la obtención y distribución dé los recursos, monetarios y no monetarios y para el consumo. En muchos casos, dentro del espacio doméstico se transforman recursos y se producen servicios. Además, la familia, en tanto institución social, cris­ taliza el conjunto de normas que pautan los “modos adecua­ dos” de interacción entre individuos unidos por lazos de pa­ rentesco. Es importante destacar que la adopción de un enfoque de género ha introducido cuestionamientos importantes en los estudios de la familia, tanto desde la perspectiva sociológica como a partir de la demográfica:4 a) Se busca redefinir la visión del ámbito doméstico como espacio privado y propio de las mujeres y opuesto a la esfera de lo público, espacio masculino por excelencia. Se hace hincapié en que las familias no son unidades aisladas y que lo social permea lo doméstico en diferentes aspectos: i) la presencia de redes de relaciones sociales que trascienden el espacio residen­ cial; ii) la existencia de políticas públicas orientadas hacia los hogares, y iii) la organización y movilización vecinal para pre­ sionar al gobierno con miras a la obtención de bienes y ser­ vicios. Se pone de relieve el papel central de las mujeres en la 3 Rara una revisión de los estudios sociodemográficos sobre la familia, véanse Oliveira y Salles (1989), García y Oliveira (1994) y Quesnel y Lerner (1989), sobre todo en relación con el enfoque de las familias como grupos de interacción. 4 La perspectiva de género considera las desigualdades entre hombres y mujeres como productos de una construcción sociocultural e histórica que transforma las diferencias sexuales en diferencias jerárquicas. Lo femenino se subvalora frente a lo masculino y las mujeres, por su propia naturaleza,

son sujetas a una condición de subordinación, segregación y discriminación social.

4 FAMILIA Y GÉNERO EN EL ANÁLISIS SOC1ODEMOGRÁF1CO

213

organización de las redes de apoyo y en el establecimiento de demandas a diferentes esferas del poder público? b) Se subraya la diversidad de arreglos familiares existentes y se cuestiona la familia nuclear con jefe varón como el único modelo que debe ser aceptado socialmente. En México, este tipo de familias es mayoritario, pero los hogares extensos y compuestos y los dirigidos por mujeres representan una pro­ porción significativa. Además, las familias residenciales pre­ sentan importantes diferencias entre sectores sociales y grupos étnicos, entre regiones y áreas rurales y urbanas.6 c) Se critica la visión de la familia como unidad con un in­ terés común, cuyos integrantes comparten en forma armónica y solidaria derechos y responsabilidades. Se enfatiza el carácter asimétrico de las relaciones intrafamiliares, el ejercicio del po­ der en general, pero particularmente el masculino, y las jerar­ quías que se establecen, de acuerdo con la condición de hombre o mujer, la edad, las relaciones de parentesco entre los inte­ grantes de las familias, y el papel de proveedor de ingresos, en­ tre otros. d) Se intenta dar visibilidad al trabajo doméstico femenino, a la vez que se pone en duda el supuesto de que la división se­ xual del trabajo es algo natural, derivado de la capacidad re­ productora de las mujeres. Asimismo, se señala que la valo­ ración social de la maternidad, como un aspecto central de la identidad social femenina, es un elemento importante en el Entendimiento de las formas que asume la subordinación de *as mujeres (De Barbieri, 1984; Oliveira y Gómez Montes, 1^89 y Sánchez Gómez, 1989). Este artículo está organizado en cuatro apartados que in­ cluyen aquellos aspectos que consideramos más relevantes para el análisis de las familias desde una perspectiva de género. En d primero se lleva a cabo una revisión de los análisis sobre los Procesos de formación y disolución de las familias y se hace, además, una somera incursión en el terreno de la estructura de

1 Pa*-3 una revisión de las críticas a la dicotomía público-privado, véanse Collier y Yanagixako 87). Jclin (1984) y Tarrés (1989). ^ara una discusión acerca de la diversidad de las familias campesinas, véanse Salles (1991)

de la'*e,ra y Sal,es (1989); y García y Oliveira (1994) y Salles y McPhail (1994) para una revisión a* rcflexiones sobre las familias desde una perspectiva de género.

214

O. DE OLIVEIRA, M. ETERNOD, M. P LÓPEZ

los hogares, de acuerdo con el tamaño, la composición de pa­ rentesco y el ciclo de vida. En el segundo apartado se analizan las investigaciones sobre familia, trabajo y presupuesto fami­ liar y se destaca la importancia del trabajo doméstico y extra­ doméstico en la reproducción de las unidades domésticas. Esths dos primeras secciones reúnen los estudios de carácter propia­ mente sociodemográfico. En los siguientes apartados se examinan temáticas que sur­ gen como resultado del desarrollo de la perspectiva de género en los estudios de las familias y muestran la importancia de los análisis interdisciplinarios en este campo de estudio. En la tercera sección nos referimos a los estudios sobre dinámica fa­ miliar que se centran en las experiencias de los individuos y en sus representaciones sobre la vida familiar. Se trata sobre todo de investigaciones basadas en datos cualitativos, a partir de entrevistas realizadas con profundidad, sobre pequeñas muestras de carácter no probabilístico y sin representación es­ tadística; sus resultados no son generalizables más allá de los casos analizados, pero son cruciales para especificar o cuestio­ nar generalizaciones existentes y sugerir hipótesis que orienten estudios futuros. Por último, en la cuarta sección se estudian las familias con jefatura femenina, arreglo familiar que ha recibido especial atención en años recientes, en parte como resultado de ia con­ solidación de una perspectiva de género en el campo de los es­ tudios de la familia. Para concluir se sugieren algunas líneas de investigación que permitirán profundizar en el conocimiento de las familias mexicanas y de la condición femenina. Formación, disolución y estructura de las familias

Estos temas cuentan con una larga tradición en la sociodemografía mexicana. Sin embargo, generalmente se han desarrolla­ do en forma relativamente independiente mediante el estudio de aspectos concretos de la formación familiar, de su estructu­ ra o de su disolución. En general se carece de estudios que den cuenta de la evolución familiar y expliquen trayectorias fami' liares; además, sólo en años recientes se plantea la importancia de investigar en forma sistemática las interrelacionesy las con*

FAMILIA Y GÉNERO EN EL ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

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secuencias existentes entre formación, estructura y disolución familiar y la condición femenina.

La formación de las familias Esta línea de estudio se ha orientado básicamente al análisis de las pautas de nupcialidad y de procreación. El matrimonio y las uniones consensúales son conceptuadas como institucio­ nes reguladoras del proceso de reproducción biológica y so­ cial, y como vínculo que une a dos personas y establece sus derechos y obligaciones. Los estudios acerca de la nupcialidad tratan preferentemente los siguientes temas: la prevalencia de la soltería en diferentes edades; el carácter legal, religioso o con­ sensual de las uniones conyugales; la legalización de las uniones a lo largo de la vida en pareja; la edad al casarse, y el número de uniones.7 Los trabajos sobre nupcialidad realizados en el país permiten subrayar varias de sus principales características: i) la ocurrencia de la unión marital a edades tempranas, aunque con un ligero aumento de la edad de la primera unión de las mujeres;8 ii) la reducción del intervalo de edades entre los cónyuges; iii) el predominio de las uniones legales (civiles y/o religiosas) sobre las consensúales, aunque las segundas tienen un peso significativo; iv) la legalización de las uniones con­ sensúales en algún momento de la vida en pareja;9 v) el carácter más temprano, inestable y de menor fecundidad de las uniones consensúales en comparación con las legales,10 *y vi) la diver­ sidad por regiones, áreas rurales y urbanas, y entre mujeres con distintas características sociodemográficas.11 7 En este apartado se brinda una atención especial a la nupcialidad. En trabajos de corte demográfico se estudia la frecuencia, el momento de ocurrencia, la duración y el tipo de las uniones

conyugales. Además, se considera a la nupcialidad como una variable intermedia que influye en la fecundidad (Pulum, Casterline y Juárez, 1985); o como variable dependiente, como es el caso de

a contribución de la fecundidad premarital al incremento de los matrimonios (Goldani, 1988). 1 La edad a la primera unión en las mujeres se retrasó entre 1960 y 1990 de 20.7 a 22.0 años y a de los varones se mantuvo alrededor de los 24 años (Quilodrán, 1996). ’ Véanse Ftebley y Goldman (1986), Ojeda (1989), Quilodrán (1996), Ariza, González de la ocha y Olivara (1994). Cifras nacionales indican que casi 5 0% de las primeras uniones consensúales ** egalizan después de, por lo menos, 5 años de duración (Ojeda, 1989). 10 Véanse Quilodrán y Potter (1981), Quilodrán (1982b) y Potter y Ojeda (1984).

Las uniones consensúales son más frecuentes en las áreas rurales que en las urbanas, y Ctltrc las mujcres con un menor nivel socioeconómico y grado de escolaridad. Las legalizaciones de

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O. DE OLIVEIRA, M. ETERNOD, M. E LÓPEZ

Solamente en años recientes ha surgido en la sociodemografía el interés por preguntarse acerca de las consecuencias de las pautas de nupcialidad prevalecientes en diferentes sectores sociales sobre la dinámica familiar y la condición de las mujeres en el hogar. El acercamiento interdisciplinario ha permitido avanzar en esta dirección al impulsar el estudio —desde una perspectiva de género— del influjo que los valores subyacentes y las costumbres imperantes tienen en el matrimonio, el noviaz­ go y la elección del cónyuge, así como en los motivos para ca­ sarse, las expectativas en relación con la vida en pareja y el sig­ nificado del matrimonio o de la unión consensual para hombres y mujeres. No obstante, este es un campo todavía poco explo­ rado. Las evidencias disponibles se refieren a estudios de casos en áreas rurales y a pequeñas muestras de mujeres y hombres en los sectores medios y populares urbanos.* 12 Sin embargo, los resultados que arrojan algunos de ellos ilustran la pertinencia de los estudios que vinculan el proceso de formación y la di­ námica familiar con los cambios sucedidosen la condición de subordinación femenina. Acerca de los sectores campesinos, González Montes (1991) destaca que sólo recientemente se observan cambios en las pautas matrimoniales. Hasta hace pocos años la elección de la pareja y las prácticas del cortejo y el matrimonio de los miembros del hogar eran decisión del jefe del hogar. Sin embar­ go, la contribución de las mujeres jóvenes al ingreso económico familiar les ha dado un mayor poder de decisión en la elección del cónyuge. Los estudios realizados sobre los motivos para contraer matrimonio sugieren que, en las áreas urbanas, las mujeres, en especial en los sectores medios, asumen un papel más activo en la formación de sus familias. Así, por ejemplo, las mujeres

las uniones son más reducidas entre los grupos de más bajo nivel socioeconómico (Ojeda, 1989, Ojeda y González, 1994; Samuel, 1990y Quilodrán, 1989, 1991 y 1996). En lo referente a la edad al casarse, ésta es más reducida en el medio rural y entre los grupos con menor grado de escolaridad y niveles socioeconómicos bajos (Ojeda, 1989; Oliveira, 1996 e iNEGi/Unifem, 1995). 12 Varios autores han analizado las pautas de nupcialidad y las concepciones y rituales del

matrimonio en México. Véanse, entre otros, Aranda (1989), Ojeda (1989), Quilodrán (1993a, 1993b y 1996), González Montes (1994), Mummert (1996), Samuel, Lerner y Quesnel (1993) y Samuel (1996).

FAMILIA Y GÉNERO EN EL ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

217

entrevistadas en la Ciudad de México, hace más de veinte años, mencionaban que se casaron principalmente por afecto y cariño, por el deseo de tener hijos, y, en tercer lugar, para lo­ grar seguridad económica (Elú de Leñero et al., 1971). Un estudio reciente (Oliveira, 1996) sugiere que los motivos para casarse varían de acuerdo con el sector social de pertenencia: solamente las mujeres de familias con recursos económicos, estables y poco conflictivas, y que se casan después de los 20 años, lo hacen porque están enamoradas. En situaciones de pobreza e inestabilidad, las mujeres con frecuencia se unen o contraen matrimonio a edades muy tempranas para huir de la pobreza y de los conflictos familiares (Oliveira, 1996 y Samuel, Lerner y Quesnel, 1993). En lo que se refiere a las expectativas y percepciones en relación con el matrimonio, Benería y Roldán (1992) muestran la importancia que las mujeres dedicadas al trabajo a domicilio —en la Ciudad de México— otorgan al matrimonio para esta­ blecer los derechos y obligaciones de los cónyuges. García y Oliveira (1994), a partir de un análisis de la situación de muje­ res residentes en Tijuana, Mérida y la Ciudad de México, reali­ zado en los noventas, encuentran que las entrevistadas —sin importar el sector social de pertenencia— perciben el matri­ monio como un cambio central en la vida, al cual no siempre es fácil adaptarse o ajustarse. La comparación entre sectores po­ bres y sectores con recursos muestra que para las entrevistadas de origen pobre el matrimonio significa sobre todo apoyo mo­ ral o económico y la posibilidad de ser madres y de contar con compañía. Para aquellas provenientes de familias con re­ cursos económicos, la comprensión ocupa el lugar central; el apoyo moral o económico pasa asegundo plano. Asimismo, en los sectores más privilegiados generalmente se valora a la fa­ milia y a la pareja y no sólo a los hijos, como ocurre entre los sectores más pobres (García y Oliveira, 1994; Oliveira, 1996). Entre las campesinas, el matrimonio se percibe también como algo muy importante en sus vidas, que les permite cumplir su Papel de esposas y madres (González Montes, 1991). En suma, en las representaciones femeninas sobre el significado del mafrimonio adquieren gran importancia las nociones de compro«Eso, comprensión, respeto y protección entre los cónyuges. °r otro lado, los hijos representan un elemento fundamental

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O. DE OLIVEIRA, M. ETERNOD, M. R LÓPEZ

para la conservación de la relación conyugal y la satisfación marital (Elú de Leñero etal., 1971; Quilodrán, 1993a; García y Oliveira, 1994; Oliveira, 1996). Acerca de las visiones masculinas se conoce mucho menos. Profesionistas entrevistados por Vivas Mendoza (1996), en la Ciudad de México, destacan que el matrimonio es un proceso de construcción emocional y material de la propia vida que conlleva una pérdida de individualidad y de libertad. Asimis­ mo, mencionan que mantienen la vida en pareja no tanto por afecto y enamoramiento, sino por los logros económicos alcan­ zados, los hijos y la infraestructura material que les otorga es­ tabilidad en la vida cotidiana y les permite llevar a cabo sus proyectos profesionales individuales. Desde una perspectiva de género, todavía hacen falta aná­ lisis de los rasgos que asumen el noviazgo y las relaciones pre­ maritales, y de la manera en la que estos aspectos inciden sobre la edad al casarse y el tipo de unión. Esta serie de elementos, au­ nada a las diferencias de edades entre los cónyuges, contribuye a configurar distintos patrones de formación de uniones rele­ vantes para el estudio de las relaciones de pareja y del grado de autonomía femenina respecto del cónyuge (véase Samuel, Ler­ ner y Quesnel, 1993). Asimismo, se requiere examinar las con­ secuencias de los diferentes patrones de formación de las uniones conyugales en la dinámica intrafamiliar y la condición social de las mujeres (Ariza y Oliveira, 1995 y Ariza, González de la Rocha y Oliveira, 1994).

La disolución de las uniones Esta vertiente del análisis se ha circunscrito básicamente a es­ tudios de corte demográfico que examinan los rasgos caracte­ rísticos de la disolución de las uniones conyugales. Hasta ahora, la mayor parte de los trabajos realizados se ha centrado en la ocurrencia de las denominadas rupturas “voluntarias” —se­ paraciones y divorcios— (Quilodrán, 1991). Los hallazgos más relevantes de las investigaciones recientes permiten dibujar las principales características que adopta la disolución conyugal en el país: i) la separación, más que el di­ vorcio, como forma preferente de la disolución conyugal, in­

FAMILIA Y GÉNERO EN EL ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

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dependientemente del tipo de unión marital;13 ii) el notable aumento de las separaciones y los divorcios de primeras unio­ nes entre las generaciones más recientes, ocurridos en parejas jóvenes que formaron su familia antes de cumplir 21 años; iii) la mayor propensión a la ruptura de las uniones en los primeros años de vida conyugal entre las parejas formadas a edades muy tempranas (Ojeda, 1986a y Quilodrán, 1991).14 Además de cuantificar la intensidad y ubicar el momento de ocurrencia de las disoluciones en la vida de la pareja, se ha puesto énfasis en el estudio de la relación entre disolución conyugal y fecundidad, mediante el análisis de la influencia de las disoluciones sobre el tiempo de exposición al riesgo de em­ barazo.15 También se mencionan los efectos del alargamiento de la esperanza de vida de la población sobre el incremento de la duración de la vida potencial en pareja (Ojeda, 1986a y 1986b). Se argumenta que las probabilidades de ruptura por separación y divorcio aumentan en la medida en que la viudez es despla­ zada como causa primordial de la disolución de las uniones. Los factores sociales que conducen a las rupturas conyu­ gales han sido insuficientemente abordados en la demografía mexicana. Este escaso interés se deriva, en parte, de los resul­ tados de análisis históricos sobre la estabilidad conyugal, aun­ que también puede atribuirse al hecho de la insuficiencia de la información, sobre todo en los últimos años.16 Ojeda (1986a) —en uno de los primeros estudios realizados sobre determi­ nantes de la disolución de uniones en México— considera co­ mo factores de ruptura conyugal varios rasgos relativos a la ” La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica reporta que, de la población de 12 años y más, 2.4% se encuentra separada y sólo 0.7% divorciada, lo cual muestra la mayor propensión de la población a la separación. Aunque seguramente también influyen los costos legales que implica

un divorcio.

14 Ojeda y González (1992) encuentran que estas tendencias se exacerban en la región norte del país. Ahí, las tasas de divorcio y separación son más altas y la proporción de divorciadas y

separadas a edades más jóvenes y entre generaciones de parejas más recientes es mayor que en el resto del país. 15 Véanselos trabajos de Quilodrán (1974), Quilodrán y Potter (1981), Pottery Ojeda (1984) 7 Suárez (1988). 14 Las estadísticas vitales sólo registran los divorcios. La información relacionada con las se­ paraciones (tanto de uniones consensúales como de matrimonios) sólo es posible obtenerla de tas encuestas realizadas en hogares. A este respecto cabe mencionar que las dos últimas encuestas

^etnográficas —la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud de 1987 y la Encuesta Nacional de la mica Demográfica de 1992— no contienen historias de las uniones.

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condición femenina: el grado de escolaridad, la experiencia la­ boral prematrimonial y la condición rural o urbana que subyace al ambiente de socialización de la mujer. Si bien este trabajo no adopta en forma explícita un enfoque de género, sus resul­ tados sugieren la pertinencia del estudio de las interrelaciones entre los cambios operados en la condición femenina y la pro­ liferación de las disoluciones conyugales. Desde una perspectiva de género, se requiere analizar las repercusiones que podrían tener la mayor individuación y au­ tonomía femeninas sobre la estabilidad de las uniones. En este sentido, hace falta examinar los efectos de la creciente in­ corporación de las mujeres al mercado de trabajo y de su mayor autonomía económica sobre las decisiones de rompimiento o conservación de los vínculos conyugales conflictivos. Se ad­ vierte, asimismo, la necesidad de realizar estudios acerca de las vinculaciones existentes entre el incremento de divorcios y separaciones y las modalidades que asumen las relaciones de género en diferentes tipos de familias. Así, por ejemplo, es pre­ ciso estudiar en qué medida la búsqueda de relaciones de pareja más igualitarias puede reforzar la estabilidad de la familia o incrementar la propensión a la disolución marital. De igual forma, hace falta profundizar en la investigación de los procesos de recomposición familiar que provocan la conformación de nuevos núcleos conyugales o la proliferación de hogares monoparentales (López e Izazola, 1994 y Ojeda, 1989). . Por último, es preciso destacar lo poco que se conoce acer­ ca de los costos sociales, psicológicos y emocionales —entre otros— de la separación, tanto para las parejas como para su descendencia. A esta necesidad se suma la de estudiar en qué medida la percepción de dichos costos, por parte de la pareja, puede inhibir la disolución de la unión, por insatisfactoria o conflictiva que ésta sea. La estructura de los hogares

Los estudios sobre la demografía de la familia—que se centran en el análisis del tamaño, la composición del parentesco y el ciclo vital de los hogares— en general no han sido realizados

FAMILIA Y GÉNERO EN EL ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

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desde una perspectiva de género. Sin embargo, los rasgos sociodemográficos de las familias, aunados a la condición de hombre o mujer del jefe del hogar, adquieren gran relevancia desde es­ ta perspectiva, ya que permiten analizar arreglos familiares que presentan diferentes formas de organización doméstica y que, por ende, pueden implicar distintas consecuencias sobre la con­ dición femenina. El estudio del tamaño de los hogares no presenta grandes dificultades: con frecuencia se analiza su tamaño medio y el ta­ maño de su componente nuclear y no nuclear. El análisis de la composición de parentesco se ha sustentado en la construcción de tipologías—sencillas o complejas— con componentes de as­ cendencia, descendencia o colateralidad (o con combinaciones de ellos) que permitan captar la heterogeneidad de las familias residenciales. En la literatura sociodemográfica que utiliza las fuentes regulares de información estadística, es frecuente encontrar a los hogares familiares clasificados en nucleares y no nucleares; o en nucleares, ampliados o extensos, y compuestos, depen­ diendo básicamente del tipo de relaciones de parentesco que se tejen en su interior. La construcción de las diferentes tipolo­ gías incluye criterios como el de la emancipación de los hijos y el de la existencia de núcleos conyugales secundarios, entre otros. En dichas tipologías se aprecian diferencias (ya sean de orden metodológico o técnico-operativas) que, en muchos ca­ sos, impiden la comparación directa entre las fuentes. Algunos trabajos apuntan hacia la necesidad de revisar los conceptos en que se basan las diversas tipologías para dar cabida a los arre­ glos familiares emergentes. Las tipologías más frecuentes tien­ den a ocultar organizaciones familiares y domésticas complejas (López e Izazola, 1994 y Eternod y López, 1995). La incorporación del ciclo vital en el análisis que se basa en las fuentes regulares de información está limitado por la misma naturaleza de los datos. Los intentos más comunes, por su sencillez y operatividad, se han hecho a partir de la edad del jefe del hogar. En general, se han criticado los estudios del ci­ clo de vida por referirse, casi siempre, a los hogares nucleares y a los núcleos principales de hogares extensos y compuestos. Estas limitaciones se deben a la falta de información y a la complejidad analítica de combinar, en una sola clasificación,

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ciclos vitales distintos. Otro punto cuestionado se relaciona con las interpretaciones que atribuyen dinamismo a datos trans­ versales y que consideran las etapas de la vida familiar como secuenciales cuando no necesariamente lo son. Es evidente que para ahondar en las interrelaciones entre tiempo familiar y tiempo individual se requieren datos longitudinales que per­ mitan examinar los cambios en el curso de la vida familiar y de sus integrantes. Los estudios realizados desde mediados de los años setenta coinciden en señalar algunos cambios importantes observados en las características de los hogares mexicanos.17 Se observa un descenso en el tamaño medio de las familias que se explica por la trayectoria descendente de la fecundidad, lo cual es re­ sultado de los programas de planificación familiar que se pu­ sieron en funcionamiento a partir de los años setenta (Oliveira et al., 1994 y López e Izazola, 1994).18 La composición de parentesco de los hogares familiares si­ gue siendo predominantemente nuclear, pero el peso relativo de las unidades domésticas no nucleares (hogares ampliados o extensos y compuestos) se ha incrementado de manera impor­ tante.19 Algunos autores interpretan este aumento como una respuesta de las familias a las crisis económicas.20 El argumen­ to central sostiene que ha habido una mayor incorporación de miembros en los hogares de escasos recursos, ya para que algu­ nos de ellos se inserten en el mercado de trabajo, ya para eco­ nomizar en los gastos de infraestructura básica: vivienda, agua, 17 Este tipo de análisis por lo general se ha realizado a partir de fuentes censales, de encuestas sociodemográficas y de encuestas en hogares. Cuando la información es de carácter nacional casi siempre es posible establecer diferencias regionales, por entidad federativa y entre áreas rurales y urbanas. 11 En’re 1960 y 1992 las fuentes regulares de información muestran que el tamaño medio de los hogares descendió de 5.4 a 4.7 miembros. ** En 1976, los hogares no nucleares representaban 29%, mientras que en 1990 ascendían a alrededor de 35 por ciento. Estos datos provienen de reprocesamientos de la Encuesta Mexicana de Fecundidad de 1976 (De Vos, 1987) y del Censo de Población de 1990. Con el propósito de hacer comparables los datos, para este último se incluyó el criterio de hijos solteros para la configuración de los hogares nucleares, a diferencia de los datos publicados que incluyen a los hijos sin considerar su estado civil (López e Izazola, 1994). 20 Desde principios de los años ochenta, las crisis económicas en México han sido recurrentes y en 1995 se enfrentó una de las más graves. En todo este periodo, el país ha tenido un crecimiento demográfico superior al crecimiento económico, con el consecuente efecto sobre el bienestar dé las

familias y los hogares.

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electricidad, etcétera (Selby et al., 1990; González de la Ro­ cha, 1993; luirán, 1993ay 1993b e iNEGi/Unifem, 1995, entre otros). El cambio operado en la dinámica demográfica también incide en el ciclo vital-, la transformación más importante se refiere al incremento relativo de hogares cuyos jefes tienen edades superiores a los 30 años y, en particular, de aquellos con jefes ancianos. Esto ha sido explicado básicamente por dos factores: el aumento de la edad a la primera unión y la dismi­ nución de la mortalidad; esto último trae como consecuencia una mayor duración del matrimonio y provoca que la so­ brevivencia en pareja se haga más larga (Oliveira et al., 1994 y López e Izazola, 1994). Un avance importante observado en este campo ha sido la caracterización de hogares pertenecientes a diferentes sectores sociales y la búsqueda de explicaciones de la diversidad en­ contrada.21 Sin embargo, es notoria la ausencia de estudios sobre las repercusiones de diferentes arreglos familiares en la dinámica familiar y la mayor o menor autonomía femenina. Habría que preguntarse, por ejemplo, en qué medida las fa­ milias extensas son más o menos propensas que las nucleares a establecer relaciones igualitarias entre hombres y mujeres y entre generaciones.

Familia y trabajo En el terreno sociodemográfico, los estudios de las interre­ laciones entre familia y trabajo cuentan con una gran tradición. La consolidación de la perspectiva de género en este campo ha contribuido a destacár el papel de la mujeres en las estrategias familiares de obtención de recursos monetarios y no moneta­ rios. Además, ha estimulado los análisis del trabajo doméstico Y los condicionantes familiares de las actividades femeninas extradomésticas.22 Por último, la participación femenina ha .

11 Véanse García, Muñoz y Oliveira (1982), Margulis y Tuirán (1986), Lerner y Quesnel ®2), Quesnel y Lerner (1989), González Montes (1991) y Tuirán (1993a y 1993b), entre otros.

Los análisis del trabajo'doméstico son revisados en el próximo apartado, cuando nos erim°* a la división sexual del trabajo en el interior de las familias.

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destacado en la organización del consumo y en la conformación del ingreso familiar.

Estrategias de sobrevivencia En los años setenta, ante los síntomas de agotamiento del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importacio­ nes23 y la exclusión de amplios sectores de la población de los beneficios del crecimiento económico, las investigaciones sobre la población en América Latina enfatizan la importancia de las estrategias de sobrevivencia familiar para lograr la manutención cotidiana de amplios sectores de la población empobrecida.24 Entre los elementos constitutivos de dichas estrategias se en­ cuentran: la participación en la actividad económica, lá pro­ ducción de bienes y servicios para el mercado o para el autoconsufno, la migración para encontrar trabajo y la utilización de redes familiares de apoyo. El debate que se ha dado alrededor de la noción de estra­ tegias de sobrevivencia ha sido sistematizado por varios autores (Oliveira y Salles, 1989; González de la Rocha et al., 1990; Selby et al., 1990; García y Oliveira, 1994). En este capítulo nos interesa destacar las críticas hechas a esta postura a partir de una perspectiva de género. Un primer señalamiento crítico alude a la no incorporación del trabajo doméstico como una actividad fundamental para la manutención y reposición diaria de la fuerza de trabajo, la crianza y socialización de los hijos, y el cuidado de la salud de los miembros del hogar.25 Otro cuestionamiento concierne al énfasis que se ha otor­ gado a la convivencia familiar caracterizada por la armonía y la solidaridad, y a la no consideración explícita de las tensiones, 23 Este agotamiento y el provocado por las crisis económicas posteriores se manifiestan en elevados niveles de inflación, contracción salarial, reducción de las oportunidades de empleo asalariado, aumento del desempleo y subempleo, disminución del gasto público destinado a la

seguridad social y recorte de subsidios a los productos básicos. 24 Un estudio pionero sobre el tema, realizado desde una perspectiva antropológica, es el trabajo de Lomnitz (1975b) sobre la sobrevivencia de los marginados. En el campo de la

sociodemografía, véanse los artículos que integran el número 46 (1981) de la revista Demografía y Economía-, además, Oliveira y Salles (1989) y García y Oliveira (1994). 25 Este último aspecto ha sido muy poco estudiado en México. Rara el análisis del cuidado de la salud infantil, véase Echarri (1994).

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los conflictos y la violencia existentes en el seno familiar, los cuales son inherentes a las estrategias propias de dicha insti­ tución (González de la Rocha, 1986; González de la Rocha et al., 1990). Según esta perspectiva, se pone de relieve que la organización de los procesos de reproducción generacional y cotidiana se basa en lazos de afecto y solidaridad; pero también, genera tensiones y conflictos que pueden desencadenar dife­ rentes formas de violencia física o psicológica entre los cón­ yuges, entre padres e hijos, y entre otros miembros del hogar.26 Se argumenta que las decisiones importantes que se toman en el seno de las unidades domésticas no siempre son producto de una responsabilidad compartida, y que los derechos y las obligaciones no necesariamente se asumen de igual forma por los integrantes de las familias.

Participación económica familiar En los años setenta se llevaron a cabo en México los primeros estudios sobre la participación económica familiar.27 García, Muñoz y Oliveira (1982) analizan la forma en que las carac­ terísticas de las unidades domésticas actúan como una instancia mediadora entre la dinámica de los mercados de trabajo y la participación de los individuos en la actividad económica. Se­ gún este enfoque, la oferta de mano de obra deja de observarse como un fenómeno relacionado con un agregado de personas aisladas para ser analizado como la situación experimentada por un conjunto de individuos que, al compartir un hogar, or­ ganizan su reproducción cotidiana y generacional en forma c°njunta. Asimismo, las familias, más que objeto de estudio en si mismas, pasan a ser vistas como unidades de análisis en el examen de las diferentes formas de utilización de la mano de obra de sus integrantes. Los estudios sobre participación económica familiar abar­ can una amplia cobertura geográfica, desde aquellos que muesLomnitz y Pérez-Lizaur (1984) analizan las relaciones de cooperación y conflicto en familias eS27^nerac’ones de las clases alta y baja en México.

Tuirí

¿anse Margulis* Rendón y Ffedrero (1981), García, Muñoz y Oliveira (1982), Margulis y " 0986) y Zúñlga et al (j 9g6)( cntrc ouos

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tran las diferencias en áreas rurales y urbanas, hasta los regio­ nales, los fronterizos y los ubicados en localidades específicas; también se cuenta con análisis de los hogares pertenecientes a diferentes sectores sociales, según sean el tipo de ocupación del jefe y la posesión de recursos productivos, entre otras carac­ terísticas laborales. Esta línea de estudio establece diferencias entre la mano de obra masculina y femenina y destaca los factores familiares que propician o facilitan la participación de las mujeres en los mercados de trabajo. No obstante, el eje de los análisis es la reproducción de las unidades domésticas^ más que las diferencias de género existentes en su interior.28 Estudios recientes (Tuirán, 1993b y López e Izazola, 1994) muestran que el trabajo realizado en el seno familiar por los miembros del hogar que no son jefes es muy común y segu­ ramente fundamental para la reproducción de las unidades domésticas, especialmente las dirigidas por mujeres (Cortés y Rubalcava, 1994).29 El trabajo femenino extradoméstico y sus condicionantes familiares El trabajo femenino extradoméstico asume diversas modalida­ des: trabajo asalariado, trabajo realizado por cuenta propia y trabajo familiar no remunerado.30 La creciente participación de las mujeres casadas y con hijos en las actividades realizadas por cuenta propia ha recibido gran atención en años recientes (García y Oliveira, 1994; iNEGi/Unifem, 1995). Se argumenta que, ante la reducción del empleo en el sector formal de la eco­ nomía, las mujeres han dirigido sus esfuerzos a la creación de sus propios trabajos, situación que ha llevado a la proliferación 28 Para una revisión de las relaciones entre familia y trabajo, véanse Oliveira y Salles (1989) y García y Oliveira (1994). Acerca de las unidades domésticas campesinas y las que tienen negocios familiares están, entre otros, los trabajos de Ffepin-Lehalleur y Rendón (1983), Giner de los Ríos (1989), Cortés (1990) y Cortés y Cuéllar (1990). 13 De acuerdo con las cifras del censo de 1990, sólo en 46% de las unidades domésticas mexicanas el jefe es el único miembro económicamente activo. En el caso de los hogares dirigid05 por hombres, esta proporción asciende a 52% y entre los comandados por mujeres alcanza 18%

(López e Izazola, 1994). 30 Para una amplia revisión de este tema, véase el capítulo “Género y trabajo extradoméstico en México" en este mismo volumen.

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de negocios informales en el pequeño comercio y en los servi­ cios.31 Las actividades asalariadas han sido las más estudiadas a partir de los años setenta32 y, desde una perspectiva de género, en esos estudios se discute la influencia de los diversos tipos de trabajo extradoméstico sobre las condiciones de trabajo y la autonomía de las mujeres. Pero hacen falta análisis de la in­ fluencia que ejercen las distintas actividades extradomésticas sobre la organización y la dinámica familiares, y aún queda por revisar la hipótesis de que las actividades realizadas por cuenta propia son más compatibles con el desempeño de las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Los estudios existentes sobre los condicionantes familiares que inciden en el trabajo femenino extradoméstico subrayan la necesidad de considerar —además del estado civil, la edad y el número de hijos— el abanico de estrategias que las mujeres casadas pueden utilizar para combinar sus papeles de ama de casa, madre y trabajadora: i) apoyo de los hijos e hijas ado­ lescentes u otros familiares que viven en el hogar; ii) búsqueda sistemática de apoyo no residencial: familiar, de amigos y ve­ cinos; ii¡) utilización de guarderías y servicio doméstico remu­ nerado, cuando están disponibles y se cuenta con los recursos para cubrir sus costos, y iv) adaptación del horario de trabajo y del tipo de actividad extradoméstica realizada con las respon­ sabilidades domésticas (García y Oliveira, 1994). Asimismo, se ha hecho hincapié en la utilidad analítica de otros rasgos fa­ miliares, entre los que destacan: la composición de parentesco e la familia, la condición o no de la mujer como jefa del ho­ gar, la actividad laboral del jefe o la jefa, la presencia de otra mujer en el hogar además de la esposa o jefa, y los ingresos de °s otros miembros de la familia.33 Adicionalmente se señala a necesidad de examinar el papel de diversas acciones y per­ cepciones, tales como: la contribución del cónyuge al presu31 La tiene 1 rnay°ría de los negocios familiares no cuenta con trabajadores asalariados y tampoco Veáse el”3 estab'ec’do (Oliveira, 1991; García y Oliveira, 1994; García, Pacheco y Blanco, 1995). ■ j2 capítulo Género y trabajo extradoméstico en México”, en este mismo libro. ntán los ntrp 1°S Fr*meros trabajos sobre e¡ tema de las mujeres en las industrias maquiladoras Maquila

'Zad°s Por Fernández Kelly (1982) e Iglesias (1985). Para aquellos que tratan de la

benerfa °® Procesos de subcontratación, véanse Alonso (1984), Arias (1985, 1986 y 1988) y cria y Roldán (1992).

33 \rx

(1994)

'*

3nSe ^on8 y Invine (1988), Christenson, García y Oliveira (1989) y García y Oliveira

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puesto familiar y su actitud frente al trabajo de la esposa, y la percepción de la mujer sobre la legitimidad de su propio traba­ jo (Chant, 1991 y García y Oliveira, 1994).

Organización doméstica del consumo y el ingreso familiares A partir de los años ochenta, con el agravamiento de la crisis económica resurge el interés por analizar la manutención co­ tidiana de los hogares y las formas de organización doméstica de las actividades de producción y consumo. Por un lado están los estudios que abordan los cambios acaecidos en los patrones de consumo de los sectores populares urbanos y de los sectores medios en situaciones económicas de crisis. Se señala la nece­ sidad que han tenido los miembros de los hogares de adaptar el consumo familiar a los recursos disponibles. Se argumenta que, ante la pérdida del poder adquisitivo del salario, los hoga­ res en general, pero con mayor razón los más vulnerables, han modificado sus patrones de consumo debido a la imposibilidad de acceder a recursos monetarios adicionales con la incorpora­ ción de nuevos miembros al mercado de trabajo y por no contar con el apoyo que proporcionan las redes familiares. En estos hogares, los escasos recursos se utilizan básicamente para la compra de alimentos, ropa y calzado (González de la Rocha, 1993; Tuirán, 1993b). Desde una perspectiva de género se analizan el papel de las mujeres en la organización del consumo familiar y los conflictos que se generan por la distribución desi­ gual del poder de decisión sobre el uso de los recursos econó­ micos y la organización del consumo en el interior de las uni­ dades domésticas (González de la Rocha, 1993). Por otro lado encontramos las investigaciones que se ocu­ pan de la contribución de los miembros del bogar al presupuesto familiar, las cuales documentan la importancia de las contribu­ ciones de las mujeres que trabajan a dicho presupuesto, a la vez que analizan diversos aspectos vinculados con la adminis­ tración y el control del mismo. El estudio de Beneríay Roldán (1992) sobre las trabajadoras a domicilio —realizado en la Ciudad de México a mediados de los ochenta— es uno de los primeros en este campo. Estas autoras, en su análisis de la asig­ nación de recursos para el hogar, diferencian entre el fondo

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común para el cual contribuyen el marido y la esposa, y el gasto que da el esposo para el manejo de la casa.34 Asimismo, examinan las diferentes formas de control que los esposos ejer­ cen sobre el flujo de recursos que entran al hogar.35 García y Oliveira (1994) —con datos levantados en los noventas— ana­ lizan el tipo de gastos que cubre la aportación económica fe­ menina en sectores medios y populares urbanos en diferentes ciudades del país. Dentro del presupuesto familiar, distinguen entre los gastos considerados básicos (renta, servicios, alimen­ tación, vestido, educación, salud) y los personales o más o me­ nos superfluos. De igual forma, examinan el destino de la apor­ tación masculina y el control que las mujeres ejercen sobre el presupuesto familiar. Los estudios que cuantifican la aportación de hombres y mujeres a la manutención de las familias son todavía escasos en el país y con frecuencia locales.36 Cortés y Rubalcava (1994), con los datos arrojados por el censo de 1990, analizan el ingre­ so promedio per cápita de los hogares. Comparan las familias con jefatura masculina y femenina, y establecen diferencias entre los hogares de acuerdo con la composición del ingreso fa­ miliar; es decir, si cuentan con ingresos exclusiva o predominantemente masculinos o femeninos. Encuentran que los ho­ gares con condiciones más desfavorables, los más pobres, son «os dirigidos por hombres y con ingresos exclusivamente femenin°s; les siguen los encabezados por mujeres y con ingresos exclusivamente masculinos. Desde una perspectiva de género, este tipo de estudio puede ser de gran utilidad para hacer visi­ te la contribución pecuniaria de las mujeres al ingreso famijar. Asimismo, una comparación sistemática de los hogares ‘rígidos por hombres y mujeres en cuanto a sus niveles y fuens de ingresos podrá arrojar elementos adicionales que en­

34 p

este ultimo caso, las esposas utilizan sus ingresos para cubrir las necesidades que rebasan uto de la contribución garantizada por el esposo. Proporc^35 autoras se,lalan las siguientes modalidades de control: la disposición del esposo de

e|

hogar° no información sobre sus percepciones; su decisión acerca de cuánto aportar al sobre cóm °rma en ^ue as*8nan su aportación (conjunta o fraccionada), y la toma de decisiones M 0 se utilizan los recursos ya asignados al fondo común o al gasto, ingresota_ esúm

de sus u H

3 (3990), por ejemplo —con datos obtenidos a partir de una encuesta de rea*’za^a en 'a Delegación Xoclúmilco del Distrito Federal, a fines de los años ochenj UC 44°/o <‘e 'as mujeres que trabajan contribuyen con entre 25 y 50% de los ingresos 3 cs domésticas, y que aproximadamente 30% aportan el ingreso principal.

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riquezcan el debate sobre los niveles de pobreza de los hogares encabezados por mujeres. La dinámica familiar:

vivencias y representaciones

En este apartado nos referimos a las vivencias y representacio­ nes de la vida familiar. En la sociodemografía es reciente el in­ terés por el estudio de la dinámica familiar. Dicha dinámica es conceptuada como el conjunto de relaciones de cooperación, intercambio, poder y conflicto que hombres y mujeres y ge­ neraciones establecen en el seno de las familias, en torno de la división del trabajo y los procesos de toma de decisiones. La preocupación por esta línea de esttídio surge, en cierta medida, a partir de las críticas hechas —desde la perspectiva de géne­ ro— a algunos supuestos de unidad, interés común y armonía presentes en las investigaciones sobre estrategias de sobrevi­ vencia. Asimismo, la participación creciente de las mujeres en los mercados de trabajo y en la manutención de sus familias ha generado inquietudes acerca de los efectos de estos procesos en las relaciones intrafamiliares.37 En lo que se refiere a las re­ presentaciones de los individuos de sus experiencias familiares, ha sido a partir de mediados de los ochentas que se percibe su importancia, como un aspecto clave en la comprensión de la dinámica familiar.38 Las investigaciones que se ocupan de la división sexual del trabajo y de las representaciones de los papeles masculinos y femeninos son más numerosas que aquellas que abordan las relaciones de poder y autoridad en los hogares. Ambas líneas de estudio arrojan resultados de gran importancia para enten­ der las modalidades que asume la condición femenina. En cuan­ to a las cuestiones relativas a la sexualidad, solamente en años 17 Rara un análisis de las relaciones de pareja en diferentes sectores sociales, véanse, entre otros, los trabajos de De Barbieri (1984), Roldán (1984), González de la Rocha (1986), González e Iracheta (1987), Riquer (1991), Benerfa y Roldán (1992) y García y Oliveira (1994). También

existen investigaciones sobre las relaciones que se establecen entre suegras y nueras, y padres e

hijos, aunque son más escasas (González Montes, 1991; Mummert, 1992). ” Véanse, entre otros, De Barbieri (1984), González de la Rocha (1986), Benería y Roldán (1992), Cano y Radkau (1991), Aranda (1989), Lailson (1990), Elú de Leñero y Leñero Otero (1992), González Montes (1991), Castañeda Salgado (1993), Leñero et al. (1993), Quilodrán

(1993a), Figueroa (1993), Riquer (1994), García y Oliveira (1994) y Ariza (1996).

familia y género en el análisis sociodemográfico

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recientes ha surgido un interés sistemático por su análisis, pre­ dominantemente en el marco de los estudios sobre salud y de­ rechos reproductivos.39 Es importante reiterar que la gran mayoría de los trabajos sobre dinámica familiar se basa en datos obtenidos mediante entrevistas realizadas con profundidad en pequeñas muestras sin representación estadística. La importancia analítica de estos estudios cualitativos consiste en distinguir diversas dimensiones de la vida familiar, sugerir factores que pueden propiciar u obs­ taculizar cambios en las relaciones entre géneros y generacio­ nes, caracterizar las formas que pueden asumir dichas relacio­ nes e identificar las esferas de la vida familiar que son más re­ sistentes al cambio. Además, el acercamiento cualitativo hace más factible analizar las percepciones de los actores sobre sus vivencias sin imponerles de antemano las categorías de análisis del investigador.40

Lfl división sexual del trabajo Desde una perspectiva de género, el estudio de la división se­ xual del trabajo en el interior de las familias permite vincular las labores productivas —orientadas a la obtención de recursos monetarios— con las reproductivas, que abarcan las tareas de la casa y la crianza de los hijos. En este apartado presentamos una serie de estudios que se ocupan del trabajo doméstico y de las representaciones de los papeles masculinos y femeninos.

El trabajo doméstico 1 os análisis sobre trabajo doméstico han recibido un gran im­ pulso a partir del trabajo elaborado por De Barbieri (1984). A Partir de una investigación de sectores obreros y de clase me. la balizada en la Ciudad de México en los años setenta, esta mvestigadora cuantifica el número de horas que las mujeres 3í i . C rev,si6n de los estudios de sexualidad rebasa los objetivos de este trabajo. Para ello nseBS««(1995)yRgueroa(ig95).

véan

y García (199 03 rcvisión de los «»odios que tratan varios de estos aspectos, véanse Oliveira (1996)

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dedican a las tareas de la casa y, a partir de ello, discute la im­ portancia teórica de introducir el trabajo doméstico en el pro­ ceso de producción de valor. Estudios posteriores se han cen­ trado en reflexiones teóricas sobre el tema, en la medición del presupuesto-tiempo y en la participación masculina en los tra­ bajos reproductivos.41 Los resultados disponibles muestran que en diferentes sectores sociales casi siempre es la esposa la res­ ponsable de la ejecución o supervisión de las actividades do­ mésticas. La participación de los varones en estas tareas es esca­ sa y no sistemática-, y, con frecuencia, asume la forma de ayuda o colaboración en ocasiones particulares (los fines de semana, en las vacaciones, en casos de enfermedad) y, con mayor regula­ ridad, cuando las esposas desempeñan actividades extrado­ mésticas.42 Estudios basados en entrevistas hechas a hombres de dife­ rentes sectores sociales también ponen de manifiesto que la participación masculina en las labores domésticas asume la for­ ma de ayuda, sobre todo en situaciones críticas. Algunos de los profesionistas entrevistados por Vivas Mendoza (1996), en la Ciudad de México, afirman que “ayudan” pero no necesaria­ mente “comparten” las responsabilidades domésticas, aunque sus esposas también desempeñen actividades remuneradas.43 En los sectores populares, los cónyuges sienten que han tenido que cooperar en los trabajos de la casa y en el cuidado de los hijos porque sus esposas se incorporaron a la actividad económica debido a las presiones generadas por la crisis económica (Gutmann, 1993a y 1993b). En lo que se refiere a la participación de hijos e hijas en las actividades domésticas se ha encontrado un patrón más igualitario, en especial en los sectores populares.44

41 Véanse Michel (1980), Bolton y Marín (1983), Chant (1985), Selva (1985), Goldsmith (1986), Btanco(1986), Hidalgo (1988), Villanueva (1986) y Sánchez y Martini (1987). Una revisión de los estudios realizados sobre trabajo doméstico se encuentra en Sánchez (1989). 42 Véanse De Barbieri (1984), Benería y Roldán (1992), Rubalcava y Salles (1992) y García y Oliveira (1994). Hallazgos similares han sido reportados en otros países de América Latina (P°’’ lack y Villarreal, 1991 y García, 1995). 43 Los entrevistados justifican su comportamiento a partir de la creencia de que las mujeres tienen una mayor calificación para la realización del trabajo doméstico, debido a su aprendizaje previo y a la actitud femenina de mayor disponibilidad para prestar servicios. 44 Véanse Benería y Roldán (1992), Rubalcava y Salles (1992) y García y Oliveira (1994).

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Las representaciones de los roles masculinos y femeninos Los estudios realizados sobre las representaciones de la vida familiar se refieren fundamentalmente a los papeles conside­ rados como propiamente masculinos o femeninos; sin embar­ go, debido a la importancia que tiene el trabajo extradoméstico femenino en la reestructuración de los papeles familiares y en la reasignación de responsabilidades en el interior de la familia, el significado del trabajo ha asumido una importante conno­ tación, al igual que el de la maternidad, en la vida de las muje­ res. Cabe destacar la escasez de análisis existentes sobre la Paternidad. De Barbieri (1984), en su estudio sobre obreras y trabaja­ doras de clase media en la Ciudad de México, encuentra que las mujeres perciben una clara división entre espacios femeninos y masculinos, consideran que la responsabilidad masculina es la de llevar el dinero a la casa, y la femenina, el trabajo domés­ tico. De igual forma, Benería y Roldán (1992) destacan que las mujeres de sectores populares —también entrevistadas en la Ciudad de México— piensan que los cónyuges deben cumplir su papel de proveedores; y, como contraparte, consideran que °s deberes de las esposas abarcan la realización del trabajo oméstico y la responsabilidad en la crianza de los hijos. Los escasos estudios basados en entrevistas a varones proesi°nistas y de sectores populares de la Ciudad de México Permiten sugerir que, también en la visión masculina, el ámbito e lo doméstico se concibe' como femenino y que el papel de Proveedor es visto como típicamente masculino. En los sectores P°pulares, los hombres verbalizan que cuando las mujeres traen ?n Cn act*vidades extradomésticas, lo hacen para colaborar _ as tareas de la casa y no porque les corresponda hacerlo ^utmann, 1993a y 1993b). obr ,^Ueroa y Liendro (1994), por su parte, destacan que los c|Useros asignan a las mujeres un papel de dedicación casi extrakVa al hogar y a los hijos, y que con frecuencia se oponen al cuj ,al° extradoméstico de las esposas porque ellas podrían desr Ja casa y los hijos y, además, ser infieles. ba: n ° ^Ue se refiere a las representaciones femeninas del tra¿e dtfXtrad°méstico, De Barbieri (1984) señala que las mujeres erentes sectores sociales perciben su actividad remunerada

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como una ayuda familiar. Para las entrevistadas de clase me­ dia, el trabajo extradoméstico es, además, un factor de satis­ facción personal, una forma de reafirmar la identidad y de ob­ tener reconocimiento. En los sectores populares, las mujeres que trabajan por necesidad consideran que —además de los beneficios económicos— la actividad extradoméstica les trae cierta independencia económica y una valoración de su propia imagen (Beneríay Roldán, 1992 y Lailson, 1990). En un estudio reciente sobre el significado del trabajo ex­ tradoméstico, García y Oliveira (1994) ponen de manifiesto —mediante la construcción de una tipología sobre el grado de compromiso asumido con el trabajo— importantes diferencias entre sectores sociales y en el interior de los mismos. Entre las mujeres de sectores medios se encuentran situaciones que involucran un compromiso con el trabajo porque es concebido como una carrera, un proyecto familiar para mantener el esta­ tus social o una actividad suplementaria. Entre las mujeres de los sectores populares, el compromiso con una actividad ex­ tradoméstica también está presente, pero asume diferentes mo­ dalidades: algunas mujeres perciben el trabajo como una acti­ vidad útil y satisfactoria que les permite el desarrollo personal; otras lo viven como parte de un proyecto familiar necesario para la educación de los hijos, y otras más lo conciben como una actividad secundaria en sus vidas; por último, están las je­ fas económicas que no tienen más alternativa que trabajar por­ que sus cónyuges no hacen una aportación económica regular para la manutención de sus familias. Acerca de las representaciones femeninas de la maternidad, pocos son los estudios disponibles. Uno de los primeros trabajos realizados sobre la percepción del valor de los hijos (Palma et al., 1992) muestra diferencias importantes entre regiones, aun­ que la gran mayoría de las mujeres valora positivamente la con­ dición de madre. En el Sureste de México, un mayor porcentaje de mujeres expresa sentimientos positivos hacia la ausencia de maternidad en comparación con las demás regiones. Para anali­ zar el valor de los hijos, los autores —que siguen los plantea­ mientos de Bulatao y Arnold (1977) y Fawcett (1983)— pro­ ponen las siguientes categorías: ayuda material, compañía, in­ teracciones gratificantes y beneficios psicológicos. La mayoría de las mujeres entrevistadas por Palma et al. (1992), considera

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que los hijos otorgan gratificación emocional, ya que refuerzan el vínculo matrimonial y proporcionan compañía. Este análisis muestra también que entre los grupos con menor grado de escolaridad y que habitan en áreas rurales se valora más a los hijos por la ayuda material que puedan dar a los padres. Otros aspectos tratados en la literatura reciente aluden a la maternidad como un elemento fundamental en la construc­ ción de la identidad femenina y como una fuente de poder de las mujeres. González Montes (1994) encuentra en una comu­ nidad campesina que la maternidad es el valor más importante para las mujeres porque da sentido a sus vidas, las reivindica frente a la comunidad y les permite ejercer control e influencia sobre los hijos y las nueras. Estudios realizados en la Ciudad de México también muestran que las mujeres perciben la mater­ nidad como un medio para intervernir en las decisiones de su Pareja, lograr aceptación en la familia y afianzar su relación conyugal (Elú de Leñero, 1992). Garcíay Oliveira (1994), por su parte, al estudiar el significado de la maternidad en la vida de las mujeres de diferentes sectores sociales—en la Ciudad de México, Mériday Tijuana— subrayan que, independientemen­ te del compromiso asumido con el trabajo extradoméstico, las entrevistadas de los sectores populares consideran la materni­ dad como el eje ordenador de sus vidas; los hijos cumplen un Papel económico y moral fundamental y otorgan sentido al matrimonio. Mientras que en los sectores medios se observan situaciones contrastantes al comparar a las mujeres que asumen Un proyecto individual de desarrollo personal con las amas de casa. Las primeras consideran la maternidad como un factor de realización entre otros; para las segundas, la maternidad es el factor más importante o, incluso, el único. Cano y Radkau U“9l) han encontrado, en el caso de mujeres con carreras proesionales exitosas, que ni el matrimonio ni la maternidad las an desviado de sus actividades profesionales, sobreponiendo cstas y asumiéndolas como su primer compromiso, por encima e matrimonio y la maternidad.45 45 Est profes 3S auloras señalan las contradiciones observadas en el discurso de las mucres concibe*"18135 entrev’sta<^as en relación con su experiencia de la maternidad. Así, las entrevistadas los hechos"" a^Stracto 'a maternidad como la máxima realización de la mujer; pero, en concreto, en no asumen la carga de los hijos y éstos, al igual que el trabajo doméstico, son encomendados

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Las concepciones de los hombres sobre la paternidad caen en un campo prácticamente inexplorado. Uno de los pocos es­ tudios diponibles muestra cambios entre las nuevas genera­ ciones de padres con respecto a las generaciones anteriores, y marca el carácter más activo de la paternidad en las genera­ ciones más jóvenes (Gutmann, 1993b). Relaciones y conflictos entre géneros y generaciones Desde una perspectiva de género, las relaciones intrafamiliares se conceptúan como relaciones de poder asimétricas, en las que las esposas y los hijos e hijas son más propensos a ocupar po­ siciones de subordinación. Es común que los hombres, jefes de familia, impongan su autoridad a las mujeres, y que los padres y las madres hagan lo mismo con los hijos; en todas las in­ teracciones de imposición, el uso de la violencia —física o psi­ cológica— es frecuente. En este apartado hacemos referencia básicamente a las relaciones entre cónyuges, pero en la medida de lo posible mencionamos las relaciones entre padres e hijos, y entre suegras y nueras. Revisamos los estudios que muestran diferencias entre sectores sociales, señalan cambios en las rela­ ciones intrafamiliares y sugieren algunos factores que contri­ buyen a dichos cambios. El dominio masculino y los espacios de poder femeninos

En un contexto de dominio masculino, los primeros análisis sobre el tema se centran en la búsqueda de espacios de poder femeninos que se manifiestan en la existencia de ámbitos dife­ renciados de toma de decisiones en el interior de las familias. Se ha encontrado que algunas decisiones familiares sobre el nu­ mero y la educación de los hijos, o la administración del presu­ puesto familiar, por ejemplo, pueden ser tomadas en forma compartida por los cónyuges o ser de injerencia exclusivamen­ te femenina; y en otras esferas, tales como la adquisición de biea otras mujeres. García y Oliveira (1994) también encuentran una mayor ambivalencia frente a la maternidad entre las mujeres de carrera.

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nes de consumo durables y propiedades, trabajo de la esposa o de los hijos y migraciones, con frecuencia el jefe varón tiene la última palabra.46 García y Oliveira (1994), además de estudiar la participa­ ción de las mujeres en la toma de decisiones relativas al presu­ puesto familiar, a la fecundidad y la educación de los hijos, identifican cuándo se cuestiona al esposo como jefe único del hogar. Asimismo, analizan el control masculino ejercido sobre la libertad de movimiento de las mujeres, y abordan las dife­ rentes formas de resistencia al dominio masculino, así como las de negociación y eventual enfrentamiento con el mismo. La consideración de estos diferentes aspectos ha permitido avanzar en el conocimiento de las relaciones entre los cónyuges y en las formas del ejercicio del poder masculino. Análisis emprendidos entre los sectores campesinos señalan que, hasta muy recientemente, se asumía en forma legítima el orden patriarcal, entendido como la autoridad del padre sobre los demás miembros del grupo familiar, básicamente mujeres e hijos. Dicha autoridad consiste en tomar decisiones y aplicar sanciones y castigos en prácticamente todos los aspectos de la vida de los individuos: control de los recursos materiales, asiguación del trabajo, control de las relaciones sociales y de la se­ xualidad de los integrantes del grupo familiar. Las diferencias de género se asumen aún hoy como legítimas por parte de las ujujeres. En su casa, los hombres campesinos son los patrones; ahí ellos mandan y las mujeres tienen la obligación de obede­ cerlos y servirlos (González'Montes, 1991). Resultados de in­ stigaciones realizadas en las ciudades entre los sectores po­ pulares no se apartan mucho de lo señalado para los sectores campesinos; esto es,, las mujeres casadas —en especial las de *uayor edad, con escasa escolaridad y que no desempeñan acti1 ades extradomésticas— conciben como legítima la posición subordinación que se les asigna, aceptan obedecer al cónyuge Pedirle permiso para salir de la casa (De Barbieri, 1984; GonQl-ez de la Rocha, 1986; Benería y Roldán, 1992 y García y eira, 1994, entre otros).

(1984\ p^unSe l°S traba¡os de Elú de Leñero (1975a y 1975b), Leñero (1983 y 1988), De Barbieri ’

1 e'ro (1989) y Benería y Roldán (1992).

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Los estudios disponibles también sugieren la existencia de aspectos que pueden contribuir a cambios en la dinámica fami­ liar hacia relaciones de género igualitarias y mayor autonomía de las mujeres respecto de sus cónyuges; a saber: la edad al ca­ sarse, la escolaridad y la condición de actividad de las mujeres, así como el carácter salarial de la actividad realizada, el con­ trol de los recursos económicos y el compromiso asumido con el trabajo (García y Oliveira, 1994). Asimismo se ha encontrado que la migración masculina puede traer modificaciones en las relaciones de poder en el interior de las familias, al igual que la participación política o comunitaria de las esposas.47 Acerca de las relaciones existentes entre padres e hijos, los resultados procesados para los sectores campesinos sugieren cambios significativos en las nuevas generaciones, tendientes a crear relaciones menos asimétricas en el seno de la familias. La participación económica de los jóvenes ha permitido a éstos llevar un ingreso a casa, en muchas ocasiones superior que el devengado por el jefe de la familia, aspecto que les ha permitido mayor participación en las decisiones familiares (González Montes, 1991 y Mummert, 1996).

Los conflictos intrafamiliares Estudios de caso realizados en diferentes contextos —sectores populares urbanos, medios o campesinos— muestran las diver­ sas facetas de los conflictos intrafamiliares y tratan, en algunos casos, de explicitar sus causas. En general, los análisis señalan que los conflictos se generan por no cumplir con las responsa­ bilidades asignadas o por la imposición de ciertos comporta­ mientos a los miembros de la familia (Elú de Leñero, 1971; Gutmann, 1993c y García y Oliveira, 1994, entre otros). En lo que se refiere a los conflictos existentes entre los cón­ yuges, García y Oliveira (1994) encuentran algunas diferencias entre sectores sociales urbanos. En los sectores populares el al­ coholismo, la falta de responsabilidad, la infidelidad y los celos de los esposos constituyen fuentes importantes de confictos, 47 Véanse, entre otros, los trabajos de De Barbieri (1984), Benería y Roldán (1992), Mummert (1992), García y Oliveira (1994), García (1995) y Oliveira (1996).

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al igual que la prohibición de salir de casa que ellos imponen a sus esposas. Estudios previos apuntan en la misma dirección.48 Este tipo de conflictos también está presente en los sectores medios, aunque en este caso surgen otras cuestiones proble­ máticas vinculadas con la búsqueda de mayor autonomía por parte de las esposas, la exigencia de sus cónyuges acerca del cuidado de los hijos y la administración del presupuesto fa­ miliar. La falta de entendimiento entre suegras, nueras y cuñadas por lo general tiene su origen en el hecho de que el varón, en sectores campesinos y populares urbanos, lleva a su mujer a residir con la familia de sus padres; la esposa, entonces, tiene que plegarse a la autoridad de sus suegros y, en ocasiones, de los cuñados (González Montes, 1991; Selva, 1991 y García y Oliveira, 1994). El conflicto familiar y de pareja con frecuencia aparece vin° lado con la violencia verbal y la agresión física ejercidas por los hombres en mujeres y niños, pero también es frecuente la agresión física de las madres sobre sus hijos. Este mecanismo es eficaz sobre todo cuando los controles ideológicos se debilitan (González e Iracheta, 1987). Las estadísticas disponibles no perunten analizar las formas que asume la violencia en los diferen­ tes sectores sociales y regiones del país. La escasa evidencia disponible sugiere que los relatos de violencia doméstica son utas recurrentes en el discurso de las mujeres de los sectores populares urbanos y campesinos, aunque también están pre­ sentes en las verbalizaciones de mujeres de los sectores me­ dios.49 Por último, queremos reiterar que una contribución impor­ tante de los estudios sobre la dinámica familiar se refiere a la discusión acerca de las interrelaciones entre desigualdad so­ cial y desigualdad de género. Los análisis que comparan en for013 sistemática diferentes sectores sociales muestran que la vul­ nerabilidad y subordinación de las mujeres se acentúan en los

Véanse De Barbieri (1984), Massolo y Díaz Ronner (1985), González de la Rocha (1986),

a LRoldán (1992) ySelva o"1)-e,ltre otros-

Oon ál ta estud’° de diferentes aspectos relacionados con la violencia doméstica, véanse Olivei eZe^ac^eta (1987), Selva (1991), González de la Rocha (1991a), García y Oliveira (1994), ra eta ‘ (I"4), Yllan (1994) y Riquer, Saucedo y Bedolla (1996).

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sectores más pobres (De Barbieri, 1984; García y Oliveira, 1994; García, 1995 y Oliveira, 1996). Hogares con jefatura femenina En los estudios de población se advierte un interés creciente por el estudio de las unidades dirigidas por mujeres, debido, en gran parte, a la adopción de un enfoque de género. Esta perpectiva, como ya hemos señalado, ha conducido a destacar la diversidad de arreglos familiares al poner en tela de juicio el modelo con­ yugal familiar comandado por un jefe varón como un patrón con validez universal. En este contexto, los hogares con jefatura femenina reciben una mayor atención; además, su análisis re­ sulta crucial para evidenciar los cambios sucedidos en los roles tradicionales asumidos por los miembros de la familia, hacer visible el papel central de las mujeres en la organización y ma­ nutención del grupo doméstico y enfatizar la posibilidad de patrones alternativos de autoridad familiar. Otra contribución importante de la perspectiva de género ha sido la crítica sistemática del concepto de jefe del hogar uti­ lizado en las fuentes estadísticas, que se restringe al reconoci­ miento que de él hacen los miembros del hogar (Folbre, 1991; Buvinic, 1990; Rosenhouse, 1988). Se argumenta que esta acepción de la jefatura está permeada por sesgos genéricos, da­ das las pautas culturales que reconocen en los varones los pa­ peles de proveedor económico y autoridad moral en el hogar. Estos sesgos provocan una subestimación del número de ho­ gares dirigidos por mujeres debido a que suele declararse a las mujeres como jefas sólo en los casos en que el cónyuge no es un residente habitual de la unidad o no hay un adulto varón en ella. La jefatura de mujeres que sostienen sus hogares y vi­ ven con su cónyuge permanece invisible en los datos provenien­ tes de las fuentes regulares de información. Algunos trabajos sugieren la revisión del concepto de jefatura definido de esta manera, y proponen la consideración del jefe económico.50 Los estudios realizados sobre la jefatura femenina en Mé­ xico han sido en parte incentivados por los análisis realizados 30 Para esta acepción de |efatura, véanse Rosenhouse (1988) y García y Oliveira (1994).

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en América Latina desde mediados de los años setenta. Desde su inicio, las investigaciones revelaron importantes hallazgos en torno de las diferencias en la composición y el tamaño de los hogares de acuerdo con el sexo del jefe; se destaca ahí que las familias dirigidas por mujeres se concentran en las etapas más avanzadas del ciclo vital familiar y en su mayoría son ampliadas o extensas, además de tener un menor tamaño promedio. Este último hecho se atribuye a la ausencia sistemática de cónyuges de las jefas en las unidades analizadas.51 En gran parte de los trabajos sociodemográficos, basados en estadísticas regulares (censos y encuestas en hogares), no se concibe el tema de la jefatura femenina como objeto de inves­ tigación en sí ni se explícita un enfoque de género en su análisis. Sin embargo, en algunos de ellos se evidencian los condicionarnientos de género que conducen a la formación de hogares con jefatura femenina. Asimismo, sus hallazgos han alentado el de­ sarrollo de nuevas vertientes de investigación y han propiciado un creciente interés por el tema en México, no sólo debido a la presencia cada vez mayor de las jefas de hogar —lo cual cons­ tatan diversas fuentes estadísticas—,52 sino por su relevancia Para el análisis de la condición femenina. Los estudios de carácter interdisciplinario (sociodemográ­ ficos y antropológicos) se han orientado no sólo al análisis de los rasgos de las familias y sus jefas y de los factores que con­ ducen a su formación, sino también al examen de los mecanis­ mos que instrumentan para su reproducción cotidiana y su di­ námica familiar. El acercamiento cualitativo, basado en entre­ vistas realizadas con profundidad, ha permitido vincular las características socioeconómicas y demográficas de este tipo de unidades con factores que inciden en su formación y dinámi31 Para América Latina, véanse Van der Tak y Gendell (1976), Lira (1976), Lópes (1976), ^ntelides (1976), Barroso (1978), Merrick y Schmink (1983), Jelin (1978), Recchini, (1979) y 7arcía> Muñoz y Oliveira (1983). Para el caso de México están; García, Muñoz y Oliveira (1982), ^Spez (1986, 1989), Margulis y Tuirán (1986), Echarri (1988) y López e Izazola (1994). Acosta

az (1991) realizó una cuidadosa revisión de estudios sobre el tema, distinguiendo los trabajos de c°rtc sociodemográfico de carácter cuantitativo de los de carácter antropológico. En un periodo de casi 25 años —entre 1976 y 1990—, la jefatura femenina se incrementó en el país cn alrededor de 22% (de 13.5 a 17.3%). Su volumen se estima en casi 3 millones de ades, que albergan a cerca de 10 millones de personas; en poco más de 9 de cada 10 de este P° de hogares, la jefas no tienen pareja residiendo en la unidad (Oliveira et al., 1994; López e «azola, 1994).

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ca interna. Sus resultados han sido de suma utilidad para avan­ zar en el conocimiento del tema.53 Acerca de los factores que conducen a la constitución de los hogares dirigidos por mujeres, las evidencias disponibles nos llevan a hacer hincapié en la necesidad de considerar una serie de aspectos de carácter demográfico, socioeconómico, y cultural que aparecen entremezclados. Estas interrelaciones se hacen visibles cuando se analiza, por ejemplo, la importancia de la disolución conyugal por motivos de viudez o ruptura de las uniones. Por un lado, el ensanchamiento de la brecha en la es­ peranza de vida entre hombres y mujeres, aunado a la menor proclividad de éstas a contraer segundas nupcias, las expone a pasar un mayor número de años sin cónyuge y como jefas del hogar; seguramente cuando la viudez ocurre entre mujeres que viven en condiciones económicas menos favorables, la jefatura del hogar se asume con mayores dificultades. Por el otro, la bús­ queda de relaciones de pareja más equilibradas —como resul­ tado de una mayor independencia femenina—, la violencia doméstica y la irresponsabilidad masculina para asumir las obli­ gaciones familiares pueden contribuir al incremento de divor­ cios y separaciones y a la conformación de este tipo de hogares. Como vimos, estos aspectos varían entre sectores sociales. La mayor autonomía femenina se vincula con niveles más ele­ vados de escolaridad, el desempeño de actividades extradoinésticas, y mejores condiciones económicas; mientras que la vio­ lencia doméstica se vincula, en forma más frecuente, con la prevalencia de condiciones materiales precarias y el arraigo del alcoholismo y el machismo. También se señalan como causas de abandono del hogar las dificultades que enfrentan los hombres para asumir su papel de proveedores en condiciones de pobreza extrema y desempleo. Los análisis de la maternidad en soltería y la migración (tanto femenina como masculina) temporal o definitiva, moti­ vos frecuentes que orillan a las mujeres a asumir la responsa­ bilidad de sus hogares, también ponen de manifiesto la rele­ vancia de considerar en la explicación de la jefatura femenina el efecto conjunto de aspectos demográficos, socioeconómi' 13 Véanse, entre otros, Chant (1988), González de la Rocha (1986), 1988), Riquer y Charles (1989), Riquer (1989), Mumtnert y Arias (1989) y García y Oliveira (1994).

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eos y culturales.54 Así, por ejemplo, el estudio realizado por Mummert y Arias (1989) muestra la influencia de la migración —tanto interna como a Estados Unidos— sobre la organiza­ ción y composición familiares y sobre las condiciones materia­ les de vida de los miembros en un contexto de asunción de la jefatura femenina en ausencia del cónyuge migrante. Consideramos importante reiterar que si bien la jefatura femenina suele darse en condiciones desventajosas para las mujeres —como una situación generalmente impuesta y con una fuerte carga de desaprobación cultural—,55 no hay que des­ cartar que su presencia puede, en ocasiones, ser más el resultado de una elección individual que de una imposición social o fa­ miliar. También puede deberse a la conquista del espacio do­ méstico en términos de autoridad en fases avanzadas del ciclo vital (Riquer, 1991). Éste es un tema polémico que, al igual que otros —vinculados con la pobreza de estos hogares, la violencia doméstica y el bienestar de los miembros—, requiere ser es­ tudiado con mayor profundidad. Por lo general, los resultados encontrados dependen del concepto de jefatura utilizado o de las características socioeconómicas y demográficas de las uni­ dades analizadas. En los últimos años ha habido un interés creciente por mostrar la vulnerabilidad y sujeción de las unidades encabeza­ das por mujeres a situaciones de incertidumbre y riesgo. Di­ versas investigaciones han intentado dar visibilidad a procesos que se dan en su interior y han enfatizado aspectos relativos a ^feminización de la pobreza y su transmisión intergeneracional. Análisis de la organización doméstica, desplegada en este tipo de unidades para lograr la manutención cotidiana de los miem­ bros de la familia, han destacado su carácter vulnerable frente ? la prolongada crisis y los programas de ajuste estructural que ban propiciado un marcado deterioro de los ingresos familia­ res, fundamentalmente en los hogares con menores recursos.56 54 Véanse Chant (1988). Buvinic (1990), García y Oliveira (1994), Oliveira (1994) y Ariza Ol'veira (1995).

m

Véase Buvinic (1990). Para México, García y Oliveira (1994), al analizar la situación de la

n

res ec°nómicamente activas —las cuales soportan la carga económica de la unidad, pero n

que la ?amente se cons’deran jefas en el sentido de ejercer la autoridad en el hogar— encuentra ^ormacióri de estas unidades es percibida por sus entrevistadas como uiva imposición. (1992) ^UV'n'C U990), Acosta Díaz (1994), González de la Rocha (1986 y 1988) y Salles et a

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Algunos de estos estudios sugieren que las familias comandadas por mujeres podrían ubicarse en los niveles más elevados de po­ breza, debido al efecto conjunto del deterioro de los niveles salariales, la precariedad del sistema de seguridad social y la au­ sencia de otros mecanismos de apoyo institucional a estas fa­ milias para hacer frente a sus necesidades. Otros análisis sugieren que los hogares dirigidos por muje­ res presentan tasas de participación económica familiar más elevadas y un mayor número promedio de perceptores de in­ gresos que los hogares con jefes varones, con todo y que los primeros puedan ser de menor tamaño. Además, subrayan que, a medida que se avanza en el ciclo vital familiar, la presencia de perceptores en el hogar se incrementa, lo cual remite a la mayor vulnerabilidad de este tipo de unidades en los ciclos fa­ miliares tempranos, es decir, cuando carecen de mano de obra para enviar al mercado de trabajo.57 En este mismo sentido, Rubalcava (1995) sostiene que a pesar de que en las familias dirigidas por jefas hay en promedio un mayor número de perceptores que en las dirigidas por hom­ bres, aquéllas suelen tener menores ingresos per cápita. Estos aspectos evidencian de alguna manera la mayor vulnerabilidad de los arreglos encabezados por mujeres. Sin embargo, para llegar a conclusiones contundentes sobre sus mayores niveles de pobreza, es preciso llevar a cabo análisis adicionales que consideren un conjunto de variables relativas a las caracte­ rísticas de los jefes —hombres y mujeres— y de sus hogares. En términos de las relaciones intrafamiliares también se llega a resultados polémicos, en parte debido a los factores ya señalados: definición de la jefatura y características de los ho­ gares. Así, por ejemplo, según la definición utilizada de jefe de hogar se encuentran o no elevados niveles de violencia en los hogares. Cuando se trata de jefas económicas y los cónyuges están presentes, la violencia doméstica es frecuente (García y Oliveira, 1994). En contraste, otras autoras (González de la Rocha, 1988 y Chant, 1988) detectan menores índices de vio­ lencia en los hogares cuando la jefatura de los mismos es asu­ mida por las mujeres en ausencia del cónyuge u otro varón 57 Véanse García, Muñoz y Oliveira (1983), González de la Rocha (1986) y Rubalcava (1995)-

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adulto integrante de la unidad familiar. Asimismo, se ha seña­ lado que la organización del trabajo doméstico difiere entre ho­ gares dirigidos por hombres y los encabezados por mujeres; en éstos se observan relaciones más igualitarias entre los miembros del hogar (Chant, 1988). Por último, es importante destacar el interés creciente por estudiar en qué medida los hogares con jefas se caracterizan por la presencia de una mayor autoridad femenina, o más bien subyacen en este tipo de unidades modelos implícitos de poder masculino ejercido por el padre o el hijo mayor (Duarte et al., 1991; González de la Rocha, 1988 y Arizay Oliveira, 1995). Conclusiones y líneas

de investigación

En este capítulo se ha realizado una revisión de la literatura sociodemográfica reciente que aborda el tema de la familia en México con el propósito de sugerir líneas de investigación Que permitan un mayor conocimiento de las vinculaciones en­ tre familia y condición femenina. Aunque las diversas temáti­ cas de análisis que han predominado en distintos momentos del desarrollo de este campo de estudio han sido examinadas de lanera sucinta, se ha intentado sistematizar el conocimiento acumulado con el interés de identificar los aspectos que requie­ ten ser tratados con mayor profundidad a partir de la pers­ pectiva de género. En términos generales se puede decir que existe una amplia Sama de estudios sobre la familia que cubren múltiples aspectos relevantes; no obstante, la revisión realizada permitió identi*car una serie de lagunas en el conocimiento de la familia y el Señero. Es conveniente subrayar la necesidad de que las inves­ tigaciones futuras integren diferentes enfoques y metodologías e análisis para lograr un conocimiento más acabado de los cambios que están ocurriendo en la formación, estructura y diinterna de las familias y su influencia sobre la condición .e a niujer. Desde una perspectiva global, para los diferentes en7ías tratados, se requieren: i) análisis comparativos basados ti\ a diferenciación de sectores sociales y de cohortes; ii) esios que comparen distintos contextos geográficos, y iii) aná1S1S •ongitudinales.

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A continuación señalamos las ausencias más notorias de investigación para cada una de las áreas temáticas consideradas, y destacamos las interrelaciones entre líneas de estudio que per­ mitirían tener una visión más comprensiva de la problemática analizada. La formación y disolución familiares constituyen impor­ tantes temas de estudio, ya que abarcan las pautas de nupcia­ lidad, de procreación y residenciales, así como los procesos que conducen a la inestabilidad de las parejas y a la ruptura de las uniones. Las necesidades de investigación en el área de la for­ mación de uniones se centran en las interrelaciones y repercu­ siones existentes entre las características sociodemográficas de las mujeres y sus familias de origen, y, posteriormente, en las re­ percusiones que éstas tienen sobre las pautas de la nupcialidad y las modalidades del noviazgo, los tipos de unión y las prác­ ticas de la sexualidad premarital. Respecto a la disolución de las uniones es necesario contar con trabajos que relacionen los procesos de ruptura de las uniones con los distintos procesos de formación familiar. Tam­ bién se observa la necesidad de llevar a cabo investigaciones que aborden los costos —económicos, sociales, psicológicos y emocionales, entre otros— de la separación, tanto para los cónyuges como para los otros miembros del hogar; asimismo, se requiere conocer en qué medida la percepción de dichos costos, por parte de la pareja, puede inhibir la disolución de la unión, por conflictiva e insatisfactoria que ésta sea. Los estudios sobre demografía de la familia que abordan aspectos tales como su tamaño, la composición del parentesco y el ciclo de vida familiar han sido numerosos y han dado cuen­ ta de cuestiones fundamentales. Sin embargo, persisten obstácu­ los en torno de dos cuestiones que pueden sintetizarse como sigue: i) dificultades teóricas y metodológicas relacionadas con la generación de información y con la falta de comparabilidad de los esquemas conceptuales y de las clasificaciones utilizadas, y ii) vacíos de información que impiden realizar estudios pro­ fundos de los cambios ocurridos en la composición del paren­ tesco y en el ciclo de vida familiar. Por otro lado, las formas usuales del acopio de información —en las fuentes regulares— sobre el parentesco en el interior de las familias mediante la relación con el jefe del hogar difi-

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cuitan la realización de análisis adecuados de las estructuras familiares. Sería de gran utilidad analítica la tarea de homogeneizar la información sobre las características sociodemográficas de los hogares. Para ello es necesario llevar a cabo investi­ gaciones que sustenten los cambios requeridos en las fuentes regulares de información. Además, se advierte la ausencia de investigaciones que aborden la relación existente entre los procesos de formación y disolución de uniones con la configuración de las estructuras familiares. Así, por ejemplo, interesa conocer la influencia del tipo de unión sobre la estructura familiar y si las familias ex­ tensas y de gran tamaño son más o menos propensas a la di­ solución familiar. La diversidad de los estudios realizados sobre trabajo y fatnilia., los cuales tocan diferentes temas (estrategias de sobre­ vivencia, participación económica familiar, trabajo femenino doméstico y extradoméstico, organización del consumo e ingre­ so familiar), dan cuenta del importante papel que juegan los miembros del hogar en la reproducción de la familia. No obs­ tante el gran número de trabajos realizados, hay campos poco explorados, sobre todo en lo referente a la integración del en­ foque de género. En este terreno es particularmente relevante ampliar la investigación sobre los siguientes aspectos: i) la importancia del trabajo doméstico, sus características y cuantificación; ii) las situaciones de inequidad y asimetría en cuanto al tipo de trabajo que se realiza, tanto en el hogar como fuera de él; iii) las res­ ponsabilidades y derechos familiares que se asignan y asumen los miembros del hogar respecto de la división sexual del tra­ bajo, y iv) los cambios que, durante la crisis, han experimentado los hogares en relación con las formas de organización ideadas Para generar ingresos adicionales. Tampoco existe información de cobertura nacional y regional sobre las redes sociales de apo­ yo (familiares y comunitarias) que pueden ser cruciales para explicar la aparición de situaciones y estrategias familiares en os tiempos de crisis y para conocer cómo se optimiza la uri­ nación de los recursos disponibles en el ámbito familiar. Acerca de la dinámica familiar es necesario ampliar el co­ nocimiento sobre la división intrafamiliar del trabajo, y las reaciones de género y entre generaciones, sobre todo en lo

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relativo a los patrones de autoridad prevalencientes y los con­ flictos familiares. Los datos disponibles sobre estos aspectos se basan en estudios de caso que sólo cubren ciertas áreas del país. Las formas que asumen las relaciones de género y genera­ cionales constituyen una veta de investigación de gran interés. Se sugiere abordar las desigualdades que se observan en el se­ no de las familias, tanto entre diferentes generaciones de muje­ res (suegras, madres, esposas, hijas, hermanas, nietas) como en lo que atañe a las relaciones entre hombres y mujeres de dis­ tintas generaciones. En este terreno importa conocer si el do­ minio masculino se impone mediante la violencia —física o psicológica— o es asumido y aceptado como legítimo por los miembros de la familia. También es necesario promover el es­ tudio de las modalidades que los miembros del hogar desa­ rrollan para convivir y, en su caso, enfrentar la autoridad. La violencia intradoméstica ha sido escasamente estudiada, por lo que se desconocen las formas que asume entre distintos grupos sociales y las repercusiones de su práctica en otras esferas del comportamiento de los individuos. Además del análisis de las vivencias familiares, es funda­ mental conocer cómo se perciben a sí mismos los actores socia­ les, qué esquemas psicosociales incorporan en su interacción y qué valores y pautas socioculturales asimilan y reproducen en su ámbito familiar. El estudio de la subjetivad de los actores ha sido tema de interés en diversas disciplinas; en el caso de la sociodemografía ha propiciado nuevas investigaciones, las cua­ les se han ocupado de manera fundamental en el conocimiento y la explicación de las representaciones que sobre la vida en familia tienen los integrantes de la célula familiar, aspecto que permite un conocimiento más adecuado de algunos compor­ tamientos analizados. Es preciso profundizar en el conocimien­ to de las representaciones familiares mediante el estudio de valores, percepciones, deseos, expectativas, significados y sentimientos de hombres y mujeres pertenecientes a diversos grupos sociales y étnicos y de diferentes edades. También es importante mostrar la congruencia o incongruencia existente entre el discurso y las prácticas, entre lo deseable, lo normativo, lo ideal y lo real. En relación con la investigación sobre las familias encabe­ zadas por mujeres, se ve claramente la necesidad de revisar el

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concepto de jefe para diferenciar entre la jefatura económica, la que se asocia con la edad y aquella que es fruto del reco­ nocimiento por parte de los miembros del hogar. Estas pre­ cisiones conceptuales permitirían modificar los procedimientos de recolección de información y, en consecuencia, conllevarían una mejor apreciación de la jefatura femenina. Adquiere interés, también, el deslinde de los múltiples factores de carácter sociodemográfico, económico y cultural que han contribuido en años recientes al incremento del número de familias dirigidas por mujeres. Se requieren, asimismo, estudios que profundicen en el entendimiento de la vulnerabilidad de estos hogares en aspectos vinculados con los niveles de ingreso económico, la escasez de mano de obra familiar y las relaciones intrafami­ liares. Otro tema poco explorado se refiere a la percepción, por parte de las propias mujeres, de su condición de jefas del hogar. Las investigaciones que se ocupan de las repercusiones de los cambios sociales sobre las familias y las interrelaciones entre los diversos aspectos considerados son sumamente escasas. Las transformaciones demográficas y los cambios de las pautas culturales y de los valores seguramente inciden en la formación de los hogares y en las características y la dinámica intrafami­ liares. Se observa, por ejemplo, la ausencia de estudios que vin­ culen los cambios operados en la fecundidad, en la esperanza de vida y en las prácticas de la sexualidad con la formación y disolución de las uniones. De igual forma, poco se conoce acer­ ca de los vínculos existentes entre la ruptura de las uniones, la recomposición familiar —en distintos grupos sociales y con­ textos socioculturales— y las modalidades que asumen las re­ laciones de pareja. Hace falta, asimismo, indagar en qué contex­ tos familiares se están dando los cambios hacia relaciones de género más igualitarias. Además de los ya señalados, se requieren estudios de otros aspectos más específicos; a saber: i) la influencia de las pautas diferenciales de noviazgo, la selección de la pareja, la edad a Ia primera unión, el tipo de unión y la diferencia de edades en­ tre los consortes sobre la dinámica intrafamiliar, la autonomía femenina y las representaciones de hombres y mujeres acer­ ca de la vida conyugal; ii) la distribución inequitativa del poder de decisión y de la autoridad en las familias y su vinculación

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con los conflictos y las negociaciones que se dan entre los in­ tegrantes de los hogres; iii) los efectos de distintas composi­ ciones familiares sobre la dinámica interna de los hogares. Así, por ejemplo, habría que examinar en qué medida la presencia de otros parientes (suegras, padres, etcétera) o de varios núcleos familiares que residan en la misma unidad doméstica incre­ menta los conflictos familiares, y iv) los cambios operados en la dinámica familiar generada por la incursión de las madres ingresan en el trabajo extradoméstico o cuando tienen hijos adolescentes. Por último, es importante explicar cómo los cam­ bios acaecidos en la situación social de las mujeres modifican las relaciones de pareja, permean las relaciones entre hijas e hijos y qué consecuencias tienen sobre la formación de las nuevas ge­ neraciones. Para concluir, queremos reiterar que la comprensión de las condiciones de desigualdad, inequidad, discriminación, exclu­ sión social y desvaloración que afectan a las mujeres en su re­ lación con los hombres en muchas ocasiones sólo es posible si se considera el espacio privado e íntimo que les da origen y las sustenta. En consecuencia, el conocimiento detallado del entor­ no familiar posibilita no sólo la explicación de las variaciones en la condición de la autonomía femenina, sino también la ac­ ción que permita romper las pautas tradicionales que norman el comportamiento familiar e individual, mediante la puesta en marcha de políticas y programas dirigidos a la familia.

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VI. GÉNERO Y TRABAJO EXTRADOMÉSTICO

Brígida García Guztnán Mercedes Blanco Sánchez Edith Pacheco Gómez Muñoz

Introducción La incorporación de la mujer al mercado de trabajo recibe ca­ da día atención creciente en los estudios sociodemográficos me­ xicanos. En este capítulo nos interesa sistematizar la evolución reciente de estos análisis, señalar la medida en que son orien­ tados por una perspectiva de género, y proponer algunas líneas futuras de investigación que busquen avanzar en esta dirección y consolidar lo ya alcanzado. El análisis de la participación económica desde una pers­ pectiva de género debe tener en cuenta los siguientes aspectos, c-n primer lugar, abordar el problema de la insuficiente visi­ bilidad de la actividad económica de las mujeres, ya que tanto °s productores de información como los analistas del tema y mujeres mismas tienden a subestimar su contribución a la estera productiva. En segundo lugar, importa establecer las dierencias entre la actividad económica masculina y la femenina, y señalar —como en otros campos— en qué medida dichas dieteiicias se convierten en desigualdades. En lo que toca al mer­ cado de trabajo, esto significa profundizar en las causas y con­ secuencias de la concentración o segregación de las mujeres en gunas actividades u ocupaciones, así como en la discriminaes°n que sufren debido a su condición femenina. Por último, ^«cia! re^aCK)nar el trabajo extradoméstico con el domésde ’ Cí>rno se sabe, las mujeres que participan en el mercado rabajo también realizan tareas domésticas en un número 273

274

B. GARCÍA GUZMÁN, M. BLANCO SÁNCHEZ, E. PACHECO GÓMEZ M.

importante de casos, y esto influye de manera decisiva en el tipo y las características de las ocupaciones que llevan a cabo.1 Debido a la amplitud del tema que nos ocupa, el capítulo está restringido al análisis de los estudios sobre el trabajo ex­ tradoméstico no agrícola.12 Hasta el momento las actividades no agrícolas son las que desempeña en mayor medida la fuerza de trabajo femenina, debido en parte a las normas sociales y cul­ turales que rigen el ejercicio del trabajo agrícola en México, pero también, sin duda, debido a los problemas de captación que presenta esta actividad en el caso de las mujeres. La etapa histórica que cubrimos es la que comprende los años ochenta y noventa.3 Este periodo es particularmente im­ portante para la historia económica y laboral de México; hacia 1982-1983 terminó por agotarse una etapa del desarrollo económico del país, basada en la estrategia de sustitución de importaciones. A partir de entonces, México no ha logrado re­ cuperar el ritmo de crecimiento económico que experimentó en los años sesenta y setenta. Entre los años 1982y 1986, el país enfrentó una crisis eco­ nómica muy severa, caracterizada por un crecimiento muy re­ ducido del producto intérno bruto, devaluación de la moneda y altos niveles de inflación. Se buscó paliar esta crisis con medidas de estabilización y ajuste que se encaminaron a la disminución del déficit fiscal, a la promoción de las exportaciones, y a la contención salarial como una medida de control de la inflación. A partir de 1986 se dieron pasos más sistemáticos para ins­ taurar un modelo de desarrollo orientado hacia el exterior. Ha­ cia finales de los años ochenta se habían saneado las finanzas 1 El trabajo extradoméstico comprende las actividades remuneradas y no remuneradas que' contribuyen a producir bienes o servicios para el mercado. El trabajo extradoméstico incluye la actividad económica asalariada realizada por cuenta propia, así como aquella llevada a cabo por patrones y trabajadores familiares no remunerados. En contraste, el trabajo doméstico es aquel encaminado a la producción de bienes y servicios para el consumo privado de los integrantes de los hogares. 1 Una sistematización reciente de la evolución del trabajo femenino agrícola en el país puede encontrarse en Pedrero, Rendón y Barrón (1995). 3 Existen importantes estudios realizados en el país sobre la evolución y las características del trabajo femenino y masculino hasta los años setenta. En los diversos apartados de este capítulo retomamos algunas de sus principales conclusiones y establecemos las diferencias más importantes respecto del periodo más reciente, que es nuestro objeto de estudio (véase Secretaría de Programación

y Presupuesto, 1982; García, 1975; Rendón y Pedrero, 1975 y 1976; fcdrero y Rendón, 1982; Rendón, 1982 y 1990; De Riz, 1986; Gregory, 1986; Oliveira, 1989a; Oliveira y García, 1990).

GÉNERO YTRABAJO EXTRADOMÉSTICO

275

públicas y controlado moderadamente la inflación; asimismo, es importante mencionar que el producto interno bruto creció por encima de 3% entre 1989 y 1992. La corta etapa de recu­ peración parcial terminó en diciembre de 1994; el año de 1995 se caracterizó nuevamente por una profunda recesión, creci­ miento negativo del producto y un repunte de la inflación, to­ do lo cual hizo que se postergaran las posibilidades de un cre­ cimiento económico sostenido en el corto y mediano plazos. Para los fines de este trabajo es importante mencionar que, aun en los años en los que los indicadores macroeconómicos fueron positivos, el crecimiento de los empleos asalariados y mejor remunerados fue muy reducido y el nivel de vida de la población permaneció rezagado. Existen diferentes explicacio­ nes de la evolución de la pobreza en esos años, pero las eva­ luaciones más cuidadosas y confiables señalan que la población Pobre aumentó en los años ochenta en comparación con lo ocurrido en los años sesenta y setenta.4 A partir del conjunto de consideraciones anteriores, estruc­ turamos este capítulo de la manera siguiente.5 Primero abor­ damos de forma somera los diferentes tipos de trabajos rea­ lizados por las mujeres mexicanas, y las distintas trayectorias Seguidas por los estudios que se ocupan del trabajo doméstico V del extradoméstico. En otra sección analizamos las investi­ gaciones existentes sobre tendencias recientes de aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo, y nos dete­ nemos en los esfuerzos realizados para hacer visibles los cam­ bios que han tenido lugar en la ocupación y la desocupación. En Seguida pormenorizamos los análisis realizados sobre transfor­ maciones sectoriales, ocupacionales, del autoempleo y el sec­ tor informal, haciendo hincapié en la segregación entre homres y mujeres y en el tipo de conocimiento existente acerca úe este fenómeno. En el caso de las condiciones de trabajo exis­ tentes para hombres y mujeres, intentamos dar cuenta de lo que y el

éanse Lustis (1992), Hernández Laos(1992), Boltvinik (1995), Oliveira y García (1996), capftu]° sobre pobreza, de Salles y Tuirán, en este volumen.

Slobal ° en*

^artlITlOs análisis de los acercamientos macrosociales, que buscan ofrecer panoramas S°^re 'a act’v>dad económica de la población, basados en censos demográficos y económicos

>mportnCUeStas l’r°t'abilísticas de ocupación. No obstante, en ocasiones también señalamos las n»rc antes contribuciones hechas por estudios cualitativos o de caso, realizados desde una Pectivasocioantropológica.

276

B. GARCÍA GUZMÁN, M. BLANCO SÁNCHEZ, E. PACHECO GÓMEZ M.

se sabe sobre las diferencias entre los sexos y la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo. Por último, se ofrecen algunas consideraciones finales y se identifican en este tema, al igual que en los otros trabajos del libro, las necesidades de investigación. LOS TRABAJOS DE LAS MUJERES

Las importantes contribuciones de las mujeres a la producción económica y a la reproducción social se basan tanto en su tra­ bajo doméstico como en el extradoméstico. El empleo de una perspectiva de género en el análisis de la fuerza de trabajo tie­ ne que partir de esta consideración esencial, y gradualmente se ha llegado al consenso de que los trabajos productivos y re­ productivos tienen que ser analizados de forma conjunta (Bruschini, 1994; Elson, 1994). No obstante, en el caso de Mé­ xico, con pocas excepciones hasta ahora, el estudio del trabajo doméstico femenino se ha llevado a cabo de manera indepen­ diente al del trabajo extradoméstico. En el caso del trabajo doméstico, los diversos estudios con­ firman que éste es realizado mayoritariamente por mujeres, durante jornadas más largas que las que rigen en el mercado laboral; esto ha sido señalado con base en encuestas probabi­ lísimas de ocupación y estudios de caso. Por ejemplo, la En­ cuesta Nacional de Empleo (ene) de 1993 permite puntualizar que más de 80% de las mujeres de 12 años en adelante realizan algún tipo de labor doméstica, en contraste con 25% de los hombres (iNEGi/Unifem, 1995). Los estudios cualitativos han permitido señalar que las mu­ jeres se consideran a sí mismas socialmente responsables de la realización o supervisión del trabajo doméstico; en cambio, los hombres llevan a cabo este trabajo en forma de ayuda o cola­ boración. Ellas realizan o supervisan las labores del hogar de manera permanente; ellos de forma esporádica. En lo que res­ pecta al tipo de tareas que desempeñan hombres y mujeres en la esfera doméstica, la evidencia es mixta. Algunos estudios señalan que los hombres llevan a cabo las labores externas, me­ nos rutinarias y monótonas, menos tipificadas como femeninas; sin embargo, otras investigaciones no han encontrado este tipo

GÉNERO YTRABAJO EXTRADOMÉSTICO

277

de diferencias entre hombres y mujeres. Poco se sabe de las transformaciones que han ocurrido en el ejercicio del trabajo doméstico. No obstante, en algunos estudios de caso realizados en áreas urbanas se ha señalado que en los hogares con mujeres que participan en el mercado de trabajo hay un patrón más equitativo de división de las tareas domésticas. Asimismo, otros trabajos permiten suponer que el patrón de ayuda doméstica entre hijos e hijas en el medio urbano es más igualitario que entre los adultos, y que las expectativas de las mujeres madres se encaminan en esta dirección en relación con las futuras ge­ neraciones (véanse De Barbieri, 1984; Beneríay Roldán, 1987; Blanco, 1989; Goldsmith, 1989; Ramírez, 1990; Sánchez, 1989; Rubalcava y Salles, 1992; Garda y Oliveirá, 1994; inegi/ flnifem, 1995, y el capítulo “Familia y género en el análisis sociodemográfico”, en este mismo volumen). Los resultados de estos estudios constituyen importantes antecedentes para nuestro análisis del trabajo extradoméstico. Hay que apuntar que gran parte de las mujeres que realizan alguna actividad económica, también desempeña tareas do­ mésticas.6 Esto incide directamente sobre el tipo de ocupación que se realiza en el sector productivo, así como en las condi­ ciones en que se lleva a cabo. Por lo tanto, resulta sumamente importante señalar la medida en que el ejercicio del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos se toma en cuenta en los análisis de la participación femenina en el mercado de trabajo. Aumento

de la ocupación y la desocupación FEMENINA Y MASCULINA

H incremento de la participación económica femenina, en com­ paración con la masculina, es un hecho conocido en el caso de México. Sin embargo, uno de los centros de interés de la in­ vestigación y la acción en este campo ha sido precisamente la evaluación del monto de dicho aumento y la especificación de as características de las mujeres que se incorporan 4 la fuerza . conformidad con la ene (1993), 62% de las mujeres, y sólo 18% de los hombres cuya 2o , ' a° económica era de tiempo completo, realizaban también quehaceres del hogar por más de

°ras amánales (tNEGi/Unifem, 1995);

278

B. GARCÍA GUZMÁN, M. BLANCO SÁNCHEZ, E. PACHECO GÓMEZ M.

de trabajo. Hay que apuntar que, en muchas ocasiones, el in­ cremento en los indicadores estadísticos se debe a un creci­ miento real de la actividad económica femenina, pero que recientemente también se han llevado a cabo numerosos es­ fuerzos para hacer visible dicha actividad en las encuestas de ocupación. Asimismo, es útil recordar que en las definiciones tradicionales de fuerza de trabajo se incluye a las personas ocupadas y a las desocupadas, y que la evolución de ambos universos presenta importantes diferencias para ambos sexos.

¿Cuánto se ha ampliado la fuerza de trabajo femenina?

En los estudios de género y en las organizaciones de mujeres se ha insistido de manera frecuente en la necesidad de hacer visi­ ble la participación económica femenina. Los trabajos extra­ domésticos que realizan las mujeres son a veces precarios, es­ porádicos, de tiempo parcial, y ciertamente no son registrados adecuadamente en las fuentes estadísticas más globales como son los censos de población. Se necesitan preguntas específicas en estos censos, o instrumentos especialmente diseñados, como las encuestas de ocupación, que den cuenta de manera cabal de la actividad económica femenina. Además, no hay que ol­ vidar que en este contexto muchas veces son las propias mujeres las que privilegian su rol familiar y tienden a menospreciar la actividad económica que desempeñan (véanse Wainerman y Recchini de Lattés, 1981; Dixon-Mueller y Anker, 1988). México cuenta ya con una rica tradición de encuestas de ocupación urbanas y nacionales, en las cuales se ha hecho un esfuerzo especial para captar la actividad económica marginal y no remunerada.7 Estas encuestas de ocupación indican que el porcentaje de mujeres económicamente activas se elevó de 21% en 1979 a 31% en 1991, 33% en 1993 y 34% en 1995. Algu­ nos análisis permiten afirmar que las estimaciones basadas en la ene se apegan más a la realidad del trabajo extradoméstico 7 El país cuenta con encuestas de ocupación desde el inicio de los años setenta. En los ochentas dio comienzo un complejo y rico sistema de encuestas urbanas, la Encuesta Nacional de Emple° Urbano (eneu). En lo que respecta a encuestas nacionales, se relizaron Encuestas Nacionales de Empleo (ene) en 1988, 1991, 1993 y 1995, así como encuestas estatales en 1996.

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femenino en México, dado que toman en cuenta las actividades precarias y que se desempeñan durante pocas horas, las cuales se han hecho más necesarias a medida que han empeorado las condiciones de vida (Pedrero, 1995; García, 1994). En contraste con los cálculos arrojados por las encuestas, los censos poblacionales indican que el aumento de la pobla­ ción activa femenina ha sido mucho más gradual. Según esta fuente, en 1950 13% de las mujeres de 12 años y más se regis­ traron como económicamente activas; 17% en 1970 y 19% en 1990. Esta modesta tendencia de aumento se debe en gran medida a que los censos de población no captan de manera adecuada los datos relacionados con las ocupaciones no asa­ lariadas, en especial las familiares no remuneradas, en estable­ cimientos que no sean fijos y con horarios variables.8 Este problema afecta de manera primordial la captación de la información relacionada con la actividad económica de mujeres y jóvenes dedicados a la agricultura, el comercio y algunos ti­ pos de servicios (véanse García, 1992 y 1994; Jusidman y Eternod, 1994; Pedrero, 1995; Pedrero, Rendón y Barrón, 1995). En México, las discrepancias entre censos y encuestas pro­ dujeron en sus inicios, entre los estudiosos del tema, inquie­ tudes y desconciertos que persisten en cierta medida en la actua­ lidad. Estos desacuerdos demuestran que los cambios que trae 9na perspectiva de género en torno de la captación de la in­ formación relacionada con la actividad económica pueden no Ser fácilmente aceptables. En el caso de México se temía que as encuestas de ocupación, en su esfuerzo por hacer visible la actividad económica femenina, pudiesen registrar como eco­ nómicamente activas a personas que realizan exclusivamente tareas para el consumo privado, en vez de trabajos destinados a Ia producción y el intercambio. Esto puede suceder especial­ mente en el caso de las áreas rurales, donde es más difícil trazar una línea divisoria entre actividades domésticas y extrado­ mésticas. 1990

^esde este punto de vista, no todos los censos de población son iguales. En el Censo de

as I SC un cuestionario muy escueto que permitió captar de mejor manera las ocupaciones am a.nadas en establecimientos fijos; en cambio, en el Censo de 1980 se intentó captar con mayor ’tu el trabajo extradoméstico, pero las preguntas fueron muy largas y confusas.

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En realidad, detrás de los desacuerdos se encuentran dos perspectivas de análisis. Por un lado, una perspectiva de género interesada en hacer visible todo tipo de contribución de las mujeres a la esfera económica, la cual coincide con el tradicio­ nal interés demográfico por dar cuenta de la totalidad de las actividades existentes en el mercado de trabajo. Por otro, una visión generalmente sostenida por economistas, la cual consi­ dera que sólo aquellas actividades que contribuyan de manera significativa e inequívoca a la producción de mercado deben ser registradas como actividad económica.9 ¿Qué sabemos del desempleo abierto femenino y masculino?

Los niveles de desocupación abierta en países como México son indicadores indirectos de los problemas que se enfrentan en términos de absorción laboral. Dado que no existe seguro de desempleo, la población no puede permanecer mucho tiempo sin ocupación, salvo en el caso de los sectores más privilegiados; en la mayoría de las ocasiones más bien se recurre a estrategias generadoras de ingresó, entre las cuales el autoempleo ocupa un lugar destacado. De esta suerte, el análisis del desempleo abierto ha recibido tradicionalmente poca atención en el caso mexicano, excepto para años de crisis y recesión acentuadas, como el periodo 1982-1983, y, especialmente, el año 1995. En estos años ha sido claro que las actividades realizadas por cuen­ ta propia no han podido seguir expandiéndose de manera in­ definida y el desempleo abierto ha comenzado a crecer en for­ ma sistemática. Hasta mediados de 1995, la estimación oficial del desem­ pleo abierto en México había alcanzado niveles relativamente bajos, pero en ascenso. Un análisis somero de las fluctuaciones ocurridas en las tasas de desempleo urbano durante los años ochenta y noventa indica que éstas alcanzaron el nivel de 4.9°/o en 1987, descendieron hasta 2.9% en 1991, y a partir de allí crecieron sistemáticamente hasta alcanzar un histórico nivel

’Véanse Rendón y Salas (1992), Rendón (1993), García (1994), García y Oliveira (1994),

Jusidman y Eternod (1994), stts (1994), Pedrero (1995), Pedrero, Rendón y Barrón (1995).

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de 7.6% en agosto de 1995 (véase inegi, Cuadernos de Infor­ mación Oportuna, varios meses).10 * Los estudios del desempleo son escasos en México y por ello merece mayor atención el análisis de este fenómeno desde una perspectiva de género. Se ha señalado que la desocupación es un fenómeno mucho más importante entre las mujeres que entre los hombres. Ésta es una tendencia sistemática que mues­ tran las encuestas de ocupación urbanas, y los datos aislados que indican una situación contraria, como es el caso del Censo de 1990, son considerados menos confiables en este particu­ lar. Una causa de la mayor desocupación femenina puede ser el hecho de que, en situaciones difíciles y de aumento impor­ tante del credencialismo (requisitos formales para participai en el mercado de trabajo), los empresarios prefieran emplear a los varones por asumir que son los principales proveedores de los hogares (véanse, Jusidman y Eternod, 1994; García, Pa­ checo y.Blanco, 1995). A la mayor desocupación femenina se añade el hecho de que las mujeres desempleadas presentan características distin­ tas de las de los hombres. Ellas están mas homogéneamente repartidas que los varones en los distintos grupos de edad y niveles de escolaridad (Parker y Pacheco, 1998).11 Estos hallaz­ gos sugieren de manera elocuente que las mujeres de bajos y altos niveles educativos enfrentan por igual dificultades en el mercado de trabajo a lo largo de su ciclo de vida. También Pueden estar asociados al hecho de que muchas mujeres per­ ciben como secundaria o complementaria su participación eco­ nómica, aun cuando ésta no lo sea. De esta suerte, pueden buscar empleo en circunstancias muy disímiles y permanecer niayor tiempo en esa búsqueda hasta que se satisfagan sus Posibilidades de tiempo o sus aspiraciones. Sin embargo, hacen taita más estudios que exploren la validez de estas conjeturas. 10 Estas cifras se refieren a la tradicional medida de la tasa de desocupación, la cual relaciona t ?>Crsonasi tlue buscan activamente una ocupación con el total dé la fuerza de trabajo. El inegi e m. '¿n publica sistemáticamente una serie de medidas alternativas de ocupación y desocupación n Jas cua1« se combina la información sobre ocupación voluntaria e involuntaria con horas Faba'^as Y niveles de ingreso.

Ios

contraste, los hombres desocupados están más concentrados en las edades jóvenes y en n,Vele8 elevados de escolaridad. Se trata entonces de un sector más privilegiado que puede *n,tirse el lu,o de estar en la situación de desocupación (Parker y Pacheco, 1998).

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Características sociodemográficas de las mujeres económicamente activas

Es conocido que son las mujeres de mayor edad, casadas o en unión libre y con responsabilidades familiares (trabajo domés­ tico y/o cuidado de los hijos), las que más han acelerado su in­ corporación a la actividad económica en los últimos lustros. Esto ha sido demostrado utilizando las más variadas fuentes de información disponibles, desde censos poblacionales, hasta encuestas de ocupación y de fecundidad (véanse García y Oliveira, 1994; García, Pacheco y Blanco, 1995, y Pedrero, Rendón y Barrón, 1995). En los años setenta, la mayor proporción de mujeres econó­ micamente activas se ubicaba en el grupo de edad de 20-24 años; en cambio, en los años ochenta y noventa esto ocurre después de los 25 años. De manera más específica, la informa­ ción de las ene para 1991,1993 y 1995 muestra que el grupo de mujeres que tiene 35-39 años de edad es el que ahora pre­ senta mayor incorporación relativa al mercado de trabajo.12 Este es un hecho muy significativo para la vida femenina y pa­ ra el análisis del mercado de trabajo desde una perspectiva de género. Las mujeres no están abandonando la actividad eco­ nómica conforme aumenta su edad, se casan o unen y tienen sus primeros hijos, sino todo lo contrario; tal vez en respuesta a las necesidades familiares, las mujeres andan en busca de una ocupación determinada que les permita contribuir a solventar las necesidades de sus unidades domésticas. ¿Cómo ha sido analizada la mayor presencia de mujeres mayores en el mercado de trabajo? Por un lado están las inves­ tigaciones que documentan los cambios ocurridos con base en el estudio de características tales como la edad, el estado civil y el número y la presencia de hijos (Pacheco, 1988; García y Oliveira, 1994 y 1996; Tánori, 1995). Otros análisis señalan las diferencias entre grupos sociales en función de la partici­

12 Con variaciones, en el caso de la eneu la mayor participación económica femenina durante los ochentas y noventas se observa antes de los 35-39 años de edad. No obstante, también en esta fuente se observa el desplazamiento señalado respecto del grúpo de edad 20-24 en los años setenta

(véanse Pedrero, 1990 y 1995; Pedrero, Rendón y Barrón, 1995; Oportuna, varios años).

inegi,

Cuadernos de Información

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pación económica de las mujeres con responsabilidades fami­ liares (casadas y con hijos) (García y Oliveira, 1994). Además de las investigaciones anteriores, también se ha incursionado propiamente en una perspectiva de género para analizar el impacto del trabajo extradoméstico sobre la división del trabajo y las relaciones entre hombres y mujeres en las uni­ dades domésticas. Algunos estudios cualitativos o de caso, lleva­ dos a cabo según dicha perspectiva, apuntan el hecho de que las ocupaciones menos calificadas y realizadas por las mujeres en el hogar no permiten replantear las relaciones entre sexos de manera significativa. Otros análisis realizados en esta línea de interés más bien señalan que es el compromiso con el trabajo, tanto en los sectores medios como en los populares, lo que pue­ de llevar a mayor autonomía femenina.13 Finalmente, otros au­ tores hacen hincapié en el importante papel que pueden jugar ios trabajos asalariados con horarios establecidos, en compa­ ración con los no asalariados, en las transformaciones de las asimetrías de género en el interior de los hogares (véanse De Barbieri, 1984; Benería y Roldán, 1987; García y Oliveira, 1994; Rojas, 1994).

¿Qué

conocemos de la participación de hombres y mujeres EN LOS DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMÍA?

Uno de los aspectos más estudiados sobre el mercado de trabajo en México son las transformaciones sectoriales que han acom­ pañado los cambios económicos. Las investigaciones realizadas antes de los años ochenta intentaban entender los procesos macroestructural^s fundamentalmente mediante el señalamien­ to de la dinámica y las características del empleo en el sector mdustrial y la heterogeneidad ocupacional del terciario. Como consecuencia, los diferenciales por sexo eran sólo una preocu­ pación subyacente en los estudios sobre dinámica laboral. A partir de la crisis de los años ochenta, las investigaciones an tomado una orientación distinta en cuanto a las temáticas ” según García y Oliveira (1994), las mujeres que desempeñan el trabajo extradoméstico

co,ttPr'°tniso lo consideran como algo legítimo, algo que les corresponde ejercer además de la

Maternidad.

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que interesa tratar y, particularmente, en cuanto a la preocu­ pación por incorporar en los análisis los diferenciales entre hombres y mujeres. Se han subrayado los efectos de la crisis económica, especialmente su impacto negativo en la generación de empleos en la industria y su incidencia en el autoempleo, principalmente en el comercio y la prestación de algunos servi­ cios. Además, se ha hecho hincapié en el proceso de apertura al mercado externo, en las consecuencias de dicho proceso en la dinámica agrícola, en la restructuración industrial, en la impor­ tancia creciente de la industria maquiladora y en la terciarización de la economía. Las temáticas señaladas han sido es­ tudiadas con diferentes intensidad y profundidad, como a continuación se podrá constatar; son más frecuentes, por cier­ to, los análisis que señalan las diferencias entre la mano de obra femenina y la masculina que aquellos que intentan dar cuenta de los condicionamientos sociales de la ubicación de las mujeres y los hombres en los diferentes sectores de la eco­ nomía. La pérdida de importancia de la absorción de mano de obra en la industria mexicana es probablemente el tema que más atención ha recibido por parte de los estudiosos del trabajo extradoméstico. En un primer momento, la investigación se ocupó principalmente en dar cuenta del descenso de la pobla­ ción activa en este sector, indicando, con base en encuestas de ocupación, que el porcentaje de mujeres económicamente activas en el secundario pasó de 22.3% en 1979 a 19.1% en 1991, mientras que el de los hombres sufrió un descenso mayor en términos relativos al pasar de 29.2% a 24.8% en dicho pe­ riodo (Pacheco, 1988; Pedrero, 1990; Rendón, 1993; García y Oliveira, 1996). Durante los ochentas y primeros años de los noventa, otro aspecto que ha llamado la atención es el hecho de que las mu­ jeres han perdido menos espacios laborales que los hombres en la industria de transformación. Al respecto, la literatura re­ visada señala que una de las causas es que las mujeres estaban menos representadas en las industrias que sufrieron los mayores efectos de la restructuración. Otra de las razones es que la in­ dustria maquiladora de exportación —con creciente impor' tancia en el periodo— se caracteriza por una elevada participa­ ción de las mujeres.

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La feminización de la fuerza de trabajo industrial ha sido analizada desde diversas perspectivas, en distintos momentos y con base en diferentes fuentes de información (Rendón, 1993; García, Pacheco y Blanco, 1995; Pedrero, Rendón y Barrón, 1995; Tánori, 1995). Por ejemplo, Rendón (1993), con base en la información de los censos económicos, encuentra que el modesto aumento del empleo en la industria entre 1985 y 1988 fue acompañado de una feminización de la fuerza de trabajo en el sector manufacturero, fundamentalmente en lo que res­ pecta al contingente obrero y no al administrativo. No obstante la posible tendencia a una feminización de la industria, la inves­ tigación apunta al hecho de que en general persiste en la ma­ nufactura la separación entre industrias de mujeres e industrias de hombres.14 La presencia femenina en la industria ha sido también es­ tudiada según distintos ejes de análisis, tomando en cuenta su ubicación regional. Algunos autores estudian las características socioeconómicas y sociodemográfícas de las mujeres que tra­ bajan en este sector en varias ciudades del país (Pacheco, 1988; Cruz Piñeiro y Zenteno, 1989; Pedrero, 1990; Oliveiray Gar­ cía, 1996). Otros analizan las características de la ocupación en distintos tipos de industrias; reciben así atención la pequeña industria en la región central del país, la industria maquiladora en la región fronteriza, el sector industrial en la Ciudad de Mé­ xico y el impacto de la restructuración industrial en distintas regiones mexicanas (Arias, 1985; Escobar, 1986; Zenteno, 1993; Pacheco, 1994; OÍiveira y García, 1996). Por último, en contextos regionales específicos se ha estudiado el efecto de la fenología en la ocupación del sector industrial (Fernández KeUy, 1989; Carrillo, 1993; Lara, 1995). La participación femenina en la industria maquiladora con­ tinúa atrayendo la atención de numerosos especialistas y, en especial, se ha mencionado que éste es el fenómeno que mayor lrnportancia tiene para explicar la feminización de la industria (veáse, por ejemplo, Rendón, 1993).15 Desde sus inicios, la pre.

En este contexto, la industria textil continúa siendo un lugar privilegiado para el empleo

^nano de obra femenina (véanse Alonso, 1982 y 1989; Castilla et al., 1989; Martínez, 1994). en 1 Cabe mencionar que la maquila ha sido más importante en términos de exportaciones que n lo que respecta al personal ocupado. No obstante, la cifra de empleos generados por dicha

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sencia de las mujeres en esta industria ha sido estudiada como una de las características esenciales de dicho sector. Muchos trabajos llevados a cabo en los años ochenta hacían hincapié en que, desde el punto de vista de los empresarios, aspectos tales como la docilidad y destreza manual de muchas mujeres las hacían especialmente aptas para este tipo de industrias (Fernández Kelly, 1983; Carrillo y Hernández, 1985; Iglesias, 1985). No obstante, hay que señalar que en los últimos años se ha documentado ampliamente el incremento de la par­ ticipación de los hombres en la maquila (Carrillo, 1993; Rendón, 1993; García, Pacheco y Blanco, 1995; Pedrero, Rendón y Barrón, 1995; Tánori, 1995; Oliveiray García, 1996). Los autores explican este fenómeno como una consecuencia de la diversificación acaecida en dichas industrias, especialmente en lo que toca a la construcción, la reparación y el ensamble de equipo de transporte. Sin embargo, Rendón (1993) señala que para explicar la incorporación de hombres en la maquila tam­ bién es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: i) la relativa escasez de la fuerza de trabajo femenina joven en las ciudades donde se instalan las empresas maquiladoras; ii) la adopción de procesos tecnológicos más sofisticados para los que se prefieren jóvenes varones, y iii) la reducción de oportunidades de empleo para los hombres en la industria no maquiladora. Podemos decir que, actualmente, la investigación sobre la maquila es una de las líneas en las que se encuentran más ele­ mentos que apuntan hacia una perspectiva de género, en razón de que intentan dar cuenta de los condicionantes sociales de la ubicación de hombres y mujeres en dicho sector (veánse Alonso, 1991; Barajas y Sotomayor, 1995; De la O, 1995; Ló­ pez Estrada, 1995). Al respecto, trabajos como los de Cruz Pi' ñeiro (1995) y Cerruti y Roberts (1994) son bastante sugerentes. Estos autores, en su intento de explicar la participación fe­ menina en la maquila, concluyen que las mujeres con fuertes responsabilidades domésticas son las que comúnmente par­ ticipan de manera intermitente. En esta misma línea, Canales industria se incrementa año con año. Durante el primer trimestre de 1997, el personal ocupado por la industria maquiladora de exportación superó las 800 000 personas (periódico Reforma, con datos del inegi, 30 de junio de 1997).

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(1995) agrega que las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a rotación de personal en la maquila se explicarían por el impacto diferencial en cada sexo de los distintos condicio­ nantes sociodemográficos vinculados a la evolución de sus ci­ clos vitales; es decir, las pautas de inserción de las mujeres en el mercado de trabajo son mucho más sensibles a los cambios demográficos impuestos por su ciclo de vida (la presencia de hijos, la edad, la formación del hogar, etcétera).16 Otro de los fenómenos relevantes que han tenido lugar en lo concerniente a los cambios ocurridos en la estructura secto­ rial del país y de muchos otros países, en los últimos años, es el fuerte proceso de terciarización de la mano de obra. No obs­ tante, es preciso reconocer que este proceso se ha estudiado con menor profundidad que los cambios operados en el sec­ tor industrial, a pesar del importante volumen de mano de obra Que labora en el comercio y los servicios.17 En relación con los niveles de participación en dicho sec­ tor, García y Oliveira (1996) sostienen que el peso relativo del terciario en la población económicamente activa se incremen­ tó de manera especial en el caso de los hombres: pasó de 34% en 1979 a40.7% en 1991; mientras que, paralas mujeres, las cifras respectivas fueron 71.6% en 1979 y 69.7% en 1991. Este aspecto conduce a algunos autores a sugerir la existencia de un proceso de masculinización del comercio y los servicios, de sentido contrario al del proceso de feminización observado en ^industria(Pacheco, 1988; Rendón, 1993; Pedrero, Rendón y Carrón, 1995). Además del estudio de los niveles de participación en el sec­ tor terciario, el fenómeno al que se le ha puesto más atención es el de la realización de actividades en dicho sector para poner en marcha estrategias generadoras de ingresos en un contexto 16 Estos trabajos no sólo representan un avance en la incorporación de una perspectiva de 6 nero, sino también en el aspecto metodológico, ya que rompen con la tradición de los análisis

fansversales mediante el uso de información continua en el tiempo y relacionada con las trayectorias de vida, 17105 análisis tradicionales sobre la división sexual del trabajo ya señalaban este sector como espacio privilegiado para el desarrollo de las ocupaciones femeninas. Es decir, las mujeres realizan s^ idadCS Cn d terciario como una extensión del trabajo doméstico resultado de las construcciones es referentes a hombres y mujeres (por ejemplo, secretarias, maestras, enfermeras y trabajadoras páticas). (Véanse, entre otros, Rendón y Pedrero, 1975; Secretaría de Programación y

un

Supuesto, 1982.)

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de recesión económica. Sin embargo, en la investigación tam­ bién se reconoce que la ampliación de las oportunidades econó­ micas en el comercio y los servicios se debe a los movimientos de capitales dirigidos hacia este sector con la finalidad de en­ contrar espacios más rentables y al proceso de restructuración de la economía (Rendón, 1993; Pacheco, 1994; Oliveira y García, 1998). La diferenciación regional de las actividades terciarias ha sido escasamente analizada. Sin embargo, Oliveira y García (1998) encuentran que, entre 1986 y 1992, las mujeres aumen­ tan su participación en el terciario en las grandes áreas metro­ politanas, en ciudades fronterizas y en algunos centros regio­ nales. En cambio, los hombres lo hacen en áreas urbanas con mucha presencia industrial o también en ciudades tradicional­ mente caracterizadas por la existencia de servicios, además de las grandes áreas metropolitanas. En síntesis, el estudio de la fuerza de trabajo femenina y masculina en los distintos sectores de la economía se ha ca­ racterizado por especificar detalladamente los diferenciales de hombres y mujeres en la participación económica en función de distintos ejes de investigación; los más importantes entre éstos son: el proceso de feminización, la industria maquiladora y las diferencias regionales. Sin embargo, no sólo se ha puesto atención a las diferencias entre mujeres y hombres, sino que algunas explicaciones recientes están apuntando a los condi­ cionantes sociales que hacen que hombres y mujeres participen en el mercado de trabajo.

Distribución

ocupacional de la mano de obra

FEMENINA Y MASCULINA

Una visión necesariamente complementaria del análisis por sectores de actividad es el estudio de la distribución ocupacio­ nal de la fuerza de trabajo femenina y masculina; es decir, del tipo de trabajo, oficio o tarea específica que desempeñan los distintos grupos de hombres y mujeres de la población ocupada. En comparación con las investigaciones dirigidas al estudio de los sectores de actividad, en México existen menos trabajos de nivel macroestructural que emprenden el estudio de la ocu­

GÉNERO YTRABAJO EXTRADOMÉSTICO

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pación y su evolución en el tiempo. Asimismo, son pocos los análisis existentes que combinan la información sobre ocupa­ ción con otros aspectos como la posición ocupacional y los sectores económicos (véanse García y Oliveira, 1994; Jusidman y Eternod, 1994). Los estudios realizados sobre distribución ocupacional, pa­ ra el conjunto de la población trabajadora, destacan algunos aspectos que caracterizan este proceso claramente diferencial por sexo. Se señala la persistencia de rasgos ampliamente co­ nocidos, como la concentración de hombres y mujeres en acti­ vidades diferentes, lo cual tradicionalmente se conoce como el fenómeno de la segregación ocupacional. Un ejemplo de este tipo de estudios lo conforma la monografía referida al XI Cen­ so poblacional en relación con el tema de la participación eco­ nómica (Jusidman y Eternod, 1994); ahí queda claramente establecido que hombres y mujeres se distribuyen de manera diferencial en cuanto a la ocupación principal que ejercen. Así, del total de la población femenina ocupada, el grupo que aglutina al contingente mayoritario es el de las trabajadoras administrativas y oficinistas con 21.2%; le sigue el de las mu­ jeres dedicadas al comercio y empleadas o dependientas con 13.4%, y en tercer lugar las trabajadoras domésticas con 11.3 por ciento.18 Por su su parte, en el caso de los hombres y en el ámbito nacional, la actividad agropecuaria sigue represen­ tando el principal grupo ocupacional con 27.9%; le siguen el fie artesanos y obreros con 18.7% y, en tercer lugar, el de co­ merciantes y empleados con 9.4 por ciento. Exiten otros aspectos que se revelan como hallazgos recien­ tes; entre ellos puede destacarse la tendencia hacia la pola­ rización de la presencia femenina en el mercado de trabajo. Es fiecir, en los años ochenta, signados por la crisis y la recesión, se incrementan las ocupaciones manuales de muy baja califi­ cación, pero también se presenta una cierta expansión de las actividades profesionales y técnicas con alta calificación (in­ cluidas las labores de oficina).19 11 Es necesario destacar que la presencia de las trabajadoras domésticas ha disminuido en los ‘«nos años, ya que en décadas anteriores los censos poblacionales ubicaban a este grupo ocupacional

quc concentraba más mano de obra femenina (véansc ptdrero>1990 yGarcía y O,iveira>

Esto último se refiere sobre todo a la velocidad de crecimiento y no a las magnitudes

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Así, teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos afirmar que el fenómeno de la concentración de la mano de obra fe­ menina en algunos puestos de trabajo es conocida globalmen­ te con base en estudios sobre distribución ocupacional y por­ centajes de incremento; sin embargo, es preciso apuntar que dicha segregación puede variar, entre otros, por los siguientes factores: nivel de escolaridad, sectores económicos, regiones geográficas y en función del tiempo. Por todo ello resulta im­ portante basar los análisis en índices que muestren esta diver­ sidad ya que, como es sabido, con un índice se pretende dar cuenta, de manera sintética y con una sola cifra, de un fenóme­ no multidimensional. A diferencia de lo que sucede en otros países, en el caso mexicano existen pocos estudios que utilizan índices de se­ gregación ocupacional y analizan su evolución en las últimas décadas. Apenas en algunos estudios recientes, que tienen como trasfondo una perspectiva de género interesada en analizar los fenómenos del empleo en sus procesos diferenciados para hom­ bres y mujeres, se han comenzado a aportar elementos sobre este particular. Por ejemplo, Rendón (1993) y Pedrero, Rendón y Barrón (1995) han calculado índices de segregación ocupa­ cional para hombres y mujeres con base en información pro­ veniente de los Censos Económicos levantados en los años ochenta y de la ene de 1991. Estos índices fueron calculados por ramas de actividad, por ocupaciones, por posiciones en la ocupación y por ingresos. Como tendencia general, Rendón (1993) observa que existe un mayor índice de segregación (importante presencia de hombres) en actividades que suponen alguna destreza ma­ nual como los oficios y el trabajo industrial. Una excepción la constituye el conjunto de la industria maquiladora que prác­ ticamente desde su inicio se caracterizó por ser un mercado de trabajo altamente feminizado; sin embargo, como ya hemos mencionado, en los últimos años ha presentado una cierta masculinización de su fuerza de trabajo. Como contraparte, dentro del terciario, es en el comercio no asalariado donde el índice de segregación es menor, no sólo porque se considera de absolutas y relativas, sobre todo si se hace la comparación entre las actividades profesionales y las

no asalariadas.

GÉNERO Y TRABAJO EXTRADOMÉSTICO

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entrada como una actividad mixta, sino porque, ante la crisis de los ochentas, tanto hombres como mujeres parecen haber encontrado en este tipo de actividad un espacio para la so­ brevivencia. De esta manera, afirman Pedrero, Rendón y Barrón (1995), esta aparente igualdad es más un producto del deterioro generalizado del empleo que de una mejoría en la situación laboral de las mujeres. No ocurre lo mismo en el co­ mercio formal y asalariado, donde se mantienen enclaves cla­ ramente masculinos y femeninos, por ejemplo, vendedores de vehículos hombres y empleadas mujeres en supermercados y tiendas de departamentos (Rendón, 1993). En síntesis, los estudios sobre ocupación referentes a toda la población se han centrado en el análisis de los diferenciales por sexo y recientemente han empezado a explorar la vertiente de los índices de segregación. Este tipo de investigación es cier­ tamente indispensable; sin embargo, desde esta perspectiva no es posible abordar otra serie de aspectos —más específicos o cualitativos— sobre el fenómeno de la ocupación. Los estudios microsociales que adoptan una perspectiva de género aportan elementos que enriquecen el análisis, tanto en lo tocante a temáticas generales (por ejemplo, las diversas for­ mas de actividad laboral de la mujer) como para profundizar en el caso de ocupaciones específicas. Entre los principales li­ bros que contienen este tipo de trabajos —en la modalidad de obra colectiva— se encuentran: Gabayet et al. (1988), CooPer et al. (1989), Oliveira (1989b), Ramírez y Dávila (1990), Salles y McPhail (1991 y 1994) y Tarrés (1992). Así, durante los años ochenta, los estudios microsociales compilados en estas obras, y en algunos otros trabajos (por ejemplo, Mercado, 1992), fueron generando una buena canti­ dad de información sobre la participación económica femenina en diversos tipos de ocupaciones.20 Al igual que en los análisis sectoriales, al principio los estu­ dios microsociales dedicaron más atención a las ocupaciones en la industria, sobre todo a las de empresas maquiladoras. 1 ara el caso de las obreras que trabajan en las empresas de la ,

Welti y Rodríguez (1994), en su revisión de la investigación realizada en México sobre la

•pación de la mujer en la actividad económica, ofrecen amplia información sobre esta

Perspectiva.

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frontera norte, algunos estudios se dedicaron a la elaboración de perfiles sociodemográficos, entre los que destaca la partici­ pación de mujeres jóvenes y solteras, inducida, entre otras co­ sas, por las políticas de contratación de las propias empresas (Cruz Piñeiro y Zenteno, 1989; Jiménez Betancourt, 1989). Algunas de las ocupaciones tradicionalmente femeninas, como las de trabajadora doméstica y maestra de primaria, tam­ bién han sido objeto de estudios de caso. De las primeras, se han destacado aspectos conocidos tales como las condiciones de trabajo especialmente precarias que caracterizan el desem­ peño de esta ocupación (Goldsmith, 1989). En las segundas, a veces se ha puesto más atención en fenómenos como el de la participación sindical y la existencia de obstáculos objetivos (entre otros, la realización del trabajo doméstico) y subjetivos (ideológicos y culturales) para llevarla a cabo (Valdés, 1989; Sandoval, 1992). Por otro lado, se ha investigado sobre grupos de mujeres que también se desempeñan en el magisterio, pero a nivel universitario; en este caso se ha privilegiado el análisis de la vinculación entre los ámbitos laboral y familiar (Garro y Barrientos, 1990). En lo que respecta a las trabajadoras administrativas y ofi­ cinistas, hay algunos estudios de caso exploratorios (Blanco, 1989). Asimismo, es relevante mencionar por lo menos una in­ vestigación ubicada en el nivel macro estructural que da cuenta de la importante participación de las mujeres en el empleo público o burocrático, precisamente como trabajadoras admi­ nistrativas de niveles medios e inferiores; este hecho remite, nuevamente, a la segregación ocupacional observada en los más diversos ámbitos laborales (Blanco, 1992). Por último, una temática relativamente nueva, que ha sido abordada por algunas autoras con énfasis en el sector de tele­ comunicaciones, es la que se refiere al impacto diferencial por sexo en la introducción de nuevas tecnologías (Cooper, 1989 y 1990; Cortés, 1989; Mercado, 1992). Varios puntos pueden destacarse en el análisis del proceso de modernización de la telefonía nacional, entre ellos cabe mencionar para el caso es­ pecífico de las mujeres que se desempeñan como telefonistas, también la tecnológica, que crea nuevas actividades y elimina otras, a las trabajadoras muchas veces se les reubica en los puestos que requieren de menor calificación y que son, por lo

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taño, los peor remunerados. De ahí que el problema de la des­ calificación y la necesidad de nueva capacitación se vuelva central en los procesos de modernización. Para terminar puede decirse que, si bien se ha dado una inserción incipiente de mano de obra femenina en una varie­ dad de ocupaciones cada vez más amplia, esto no necesaria­ mente ha implicado la desaparición o, por lo menos, una sensi­ ble disminución de la segregación ocupacional en aquellas ac­ tividades consideradas tradicionalmente como femeninas o masculinas. Autoempleo y sector informal

Más allá de los sectores económicos y las ocupaciones, en el mercado de trabajo mexicano coexisten grandes y medianas empresas con actividades económicas organizadas en pequeña escala, que utilizan escasa tecnología y tienen muy baja pro­ ductividad. Estos últimos sectores han sido denominados como marginales, no capitalistas, informales de distintos tipos, pre­ carios y/o no estructurados. Cada concepto responde a pers­ pectivas teóricas distintas, las cuales se ven reflejadas en los indicadores empíricos. Sin embargo, la división entre trabaja­ dores asalariados y no asalariados frecuentemente se toma en cuenta como una aproximación, punto de partida o eje impor­ tante en el estudio de esta heterogeneidad del mercado de tra­ bajo en México. En los años ochenta y noventa ha persistido el interés por análisis conceptual de la heterogeneidad productiva, de for*Ta paralela a la preocupación por documentar el incremento de los sectores no asalariados e informales en estos años de tecesión económica. Todas las fuentes de información, desde censos económicos hasta encuestas de ocupación y de fecundiaa, indican esta tendencia en aumento, aunque la magnitud e los cambios y las herramientas metodológicas utilizadas en aaa investigación son distintas. Dicha ampliación de los secd res no asalariados y/o informales ha ocurrido fuera de la inla> en especial en el comercio y los servicios personales.21 Análisis de los sectores no asalariados y/o informales en México pueden

encontrarse en

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El incremento de los sectores no asalariados y/o informales puede deberse a distintas causas. Una de ellas es la subcontra­ tación de pequeños negocios o de individuos en hogares par­ ticulares por parte de grandes empresas, como una manera de abaratar costos y así hacer frente a las presiones para competir y elevar la productividad. No obstante, la información propor­ cionada por las encuestas de ocupación, que permiten estable­ cer tendencias para el conjunto de la población trabajadora, no nos lleva a corroborar un incremento importante de la sub­ contratación; probablemente sea todavía prematuro pretender captar con este tipo de datos un fenómeno de naturaleza mu­ chas veces clandestina.* 22 Otra razón frecuentemente mencionada para explicar la expansión de los sectores no asalariados y/o informales es la re­ novada importancia de las estrategias de sobrevivencia de la población frente al deterioro del nivel de vida. En el caso del México de los noventas, todo parece indicar que ésta es la ra­ zón de mayor peso; esto es, la población recurre a este tipo de ocupaciones como una respuesta a la contención salarial y a las difíciles condiciones de vida. No sólo se trata de trabajos marginales —desempeñados por pocas horas y sin estableci­ miento fijo—, sino de actividades comerciales y de servicios que pueden ser organizadas con cierto éxito en establecimientos de pequeña escala (véanse Benites, 1990; Cortés y Cuéllar, 1990; Chant, 1991; Lezama, 1991; Tuirán, 1993; González de la Rocha, 1994; Pacheco, 1994). ¿Cómo ha sido analizada la actividad de hombres y mujeres en los sectores informales y/o no asalariados? De la misma ma­ nera que en los estudios sobre sectores económicos y ocupa­ ciones, gran parte de las investigaciones principalmente in­ tentan detectar las diferencias entre sexos. En lo que respecta al sector informal, los trabajos realizados con base en encuestas Márquez (1988), Oliveira (1989c), Rendóny Salas (1990), stps (1993), Roubaud (1991), Jusidman y Eternod (1994), Pacheco (1994), Pedrero, Rendón y Barrón (1995), Tánori (1995) y Oliveira y García (1998). 22 No obstante, existen estudios realizados en ciudades específicas que permiten documentar algunos tipos de conexión entre actividades formales e informales, de grande y pequeña escaJ^

(véase, por ejemplo, Escobar, 1986). Análisis cualitativos o de caso sobre pequeños talleres, s contratación y trabajo a domicilio en áreas urbanas y rurales durante los años ochenta pueden encontrarse en Alonso (1988), Benería y Roldán (1987), Arias (1988 y 1992) y Wilson (1990).

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respaldan plenamente que las mujeres mexicanas estaban más representadas en dicho sector de la economía hacia finales de los ochentas (stps, 1993).23 Sin embargo, no se han realizado estudios que partan de información comparable y que docu­ menten el incremento diferencial de hombres y mujeres en el sector informal durante los años ochenta y noventa. La oposición asalariados-no asalariados permite llevar a ca­ bo más fácilmente estudios en el tiempo, aunque se reconoce que es muy heterogénea y que hay que combinarla con in­ formación sobre otras características de la fuerza de trabajo. La ene de 1993 indica que la proporción de mujeres no asa­ lariadas (trabajadoras por cuenta propia y en actividades fa­ miliares no remuneradas) en la fuerza de trabajo femenina no agrícola era de 40%; en el caso de los hombres la proporción era muy similar y alcanzaba 41.2 por ciento. No obstante, el Incremento de la participación masculina en los sectores no asalariados es un fenómeno más reciente que el caso femenino, Y esto ha ocurrido sobre todo en las principales áreas urbanas del Centro del país (Oliveira, 1989c; Oliveiray García, 1998). A partir de estos trabajos es posible plantear que la magnitud de las crisis económica y social, así como la severidad de las Políticas de contención salarial, han llevado a hombres y muje­ res a buscar refugio, alternativas de sobrevivencia u opciones ocupacionales en la actividad no asalariada. Sin embargo, los bpos de ocupación no asalariada que desempeñan ambos sexos s°n diferentes y proporcionan muy diferentes niveles de ingreso (véase la sección dedicada a las condiciones de trabajo). Más allá de la documentación de las diferencias existentes entre hombres y mujeres, en algunos estudios de caso se abor­ nan, desde una perspectiva de género, algunas de las razones qne dan cuenta de la presencia femenina en las actividades no asalariadas y en el trabajo a domicilio (véanse Benería y Roldán, 19®7; Arias, 1988 y 1992; Lezama, 1991). En el caso del trabajo a domicilio, Benería y Roldán (1987) P antean que responde tanto a una estrategia de acumulación est,

'formación del Censo de Población de 1990 no permite corroborar que las mujeres

el $ reVresenta<^as 01d sector informal, pero esto se debe a la subestimación que, precisamente, 1994)P trabaÍ° femenino y las ocupaciones más precarias, presenta el XI Censo (Jusidman y Eternod,

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como a una estrategia de generación de ingresos. Para el capi­ tal, las mujeres adultas y madres que trabajan en sus hogares representan la fuerza de trabajo menos costosa y más abun­ dante, lo cual es resultado de la ideología de la domesticidad que restringe las metas y opciones e impone límites; para las mujeres, esta alternativa es conveniente a pesar de saberse ex­ plotadas, ya que permite generar algún ingreso que controlan y que las hace menos dependientes de otros miembros del hogar. , En este mismo orden de ideas, Arias (1992) afirma que el trabajo a domicilio es una fórmula que ha permitido —mejor que otras— mantener la visión del trabajo femenino como ayu­ da. Asimismo, en este caso los costos conyugales y sociales pue­ den ser menores, pero los desgastes personales son mayores. Este razonamiento podría extenderse en alguna medida a otros tipos de trabajos no asalariados y/o informales, los cuales per­ miten la combinación de tareas domésticas y extradomésticas (por su flexibilidad y facilidad de horario), pero traen como consecuencia una doble jornada de trabajo particularmente intensa y poco reconocida como tal. Condiciones

del trabajo extradoméstico

Al hablar de condiciones de trabajo se está haciendo referencia a un conjunto de factores que abarca desde las relaciones con­ tractuales hasta las prestaciones que otorga la ley, pasando por indicadores tales como el nivel de ingresos y la duración de la jornada laboral. El principal aspecto que la investigación sociodemográfica ha tomado en cuenta sobre las condiciones de trabajo en los análisis macroestructurales es el de los ingresos percibidos por los trabajadores. En cambio, la duración de la jornada laboral y las prestaciones sociales a las que se tiene derecho han sido mucho menos estudiadas, a pesar de que se cuenta con dicha información en las encuestas de ocupación. Por lo que respecta específicamente a las condiciones de trabajo de las mujeres, es hasta hace relativamente poco que se ha hecho hincapié en esta problemática (véase Mercado, 1992). Como se expondrá a continuación, además de los aná­ lisis de tipo macroestructural existe un conjunto de estudios

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microsociales, a los cuales ya nos hemos referido en las sec­ ciones anteriores, que también ha aportado elementos que en­ riquecen el conocimiento de las condiciones de trabajo que enfrentan las mujeres. Niveles de ingreso

Una primera perspectiva que ha orientado el estudio de las re­ muneraciones es el análisis de las distribuciones de trabajadores según estratos de salarios mínimos en uno o más momentos en el tiempo. De esta manera, se reitera constantemente la existen­ cia de un gran número de mujeres que recibe remuneraciones más bajas que los hombres, lo cual constituye una de las situa­ ciones más claras de desventaja femenina en el mercado de trabajo. La distribución de trabajadores y trabajadoras según estratos eje salarios mínimos también se ha estudiado según sec­ tores económicos en un intento por explicar cuál es el papel del mercado en la determinación de los ingresos (Martínez Jasso, 1989; Rendón, 1993; García, Pacheco y Blanco, 1995; Pedre­ ro, Rendón y Barrón, 1995; Tánori, 1995; Oliveira y García, 1996). Recientemente, una preocupación fundamental de los estudios sobre condiciones de trabajo ha sido puntualizar las semejanzas y diferencias en las remuneraciones en lo que con­ cierne a las actividades asalariadas y no asalariadas. Una pre­ sunta central al respecto és la siguiente: ¿es posible seguir aso­ ciando el trabajo no asalariado de hombres y mujeres con ni­ veles más bajos de ingreso frente a las actividades asalariadas? Todo parece indicar que la respuesta puede ser negativa. Pa­ checo (1994), al estudiar la heterogeneidad del trabajo para el caso de la Ciudad de México, hacia fines de los años ochenta, ua llegado a conclusiones importantes en este sentido: los horn­ ees pueden lograr buenas opciones de remuneración en ocupa­ ciones no asalariadas en los pequeños establecimientos; en cambio, para las mujeres las ocupaciones no asalariadas en ge­ neral significan opciones de remuneración muy reducidas. Una de las explicaciones más frecuentes en relación con as diferencias existentes entre las remuneraciones de hombres y mujeres es el hecho de que éstas trabajan menos horas que

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aquéllos de manera extradoméstica y que, por lo tanto, les co­ rresponde un menor ingreso.24 Análisis recientes, que apuntan más hacia una perspectiva de género, intentan dar cuenta de es­ ta situación mediante el cálculo de promedios salariales de hombres y mujeres por horas trabajadas para investigar de ma­ nera más precisa la discriminación ejercida en contra de las mu­ jeres (véanse Parker, 1994 y 1998). Los resultados obtenidos señalan que en México sí existe una brecha de ingresos entre hombres y mujeres en años recientes, pero que esta brecha es menor que en otros países, tanto para asalariados como para trabajadores por cuenta propia.25 Sin embargo, Parker (1998), al realizar un análisis que toma en cuenta la variable ocupación, encuentra que la discriminación es mayor en ocupaciones más calificadas para el caso mexicano. En lo que respecta al análisis de las remuneraciones según ramas de actividad económica, se ha encontrado que, aun en las más modernas (la fabricación de equipo eléctrico, por ejemplo), las mujeres tienden a concentrarse en los estratos de más bajo ingreso. Al interpretar estas tendencias se establece el papel de fuerza de trabajo secundaria que la sociedad confiere al género femenino (véanse Macías, 1989-, Cooper, 1989; Rendón, 1993; Pedrero, Rendón y Barrón, 1995). Horas trabajadas y prestaciones

Como se señaló al inicio de esta sección, los aspectos relacio­ nados con el número de horas trabajadas y las prestaciones han sido los temas menos analizados en la investigación sociodemográfica. Algunos estudios han puesto de manifiesto que el número de horas trabajadas puede ser una elección del pro­ pio trabajador o trabajadora, o puede estar vinculado con los tipos de empleos existentes en el mercado de trabajo. Por ejem­ plo, el trabajo de tiempo parcial puede indicar escasez de empleos de tiempo completo y, en parte, estar haciendo refe-

14 Por cierto, este tipo de argumentos no toma eti cuenta el trabajo doméstico y la crianza de los hijos, que impiden a muchas mujeres laborar durante más horas en el mercado de trabajo. 23 La comparación entre países se realiza utilizando las mismas técnicas de medición.

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rencia a la precariedad de los empleos disponibles (Oliveira y García, 1996). Algunos estudios han verificado, con base en distintas fuen­ tes de información, el conocido planteamiento de que las muje­ res trabajan de manera extradoméstica menos horas que los hombres. En particular, Jusidman y Eternod (1994) señalan que, en las catorce ramas de actividad consideradas en el Censo de 1990, los hombres trabajan aproximadamente dos horas más que las mujeres en el promedio semanal, con excepción del rubro de servicios prestados en restaurantes y hoteles, donde prácticamente se equipara el número de horas trabajadas. Al igual que lo mencionado en el caso de los estudios sobre ingre­ sos, para un análisis completo de la duración de la jornada la­ boral es imprescindible tener en cuenta la necesaria relación entre el trabajo doméstico y el extradoméstico. Es decir, la aceptación de jornadas parciales es a veces la única alternativa 9ue tienen las mujeres que necesitan compatibilizar la percepción de algún ingreso con las labores del hogar y el cuidado de ios hijos. El último aspecto tomado en cuenta en el análisis sociodemográfico de las condiciones de trabajo sé refiere al acceso, £po y cumplimiento de las prestaciones sociales. Bajo este ru­ bro se incluye una variedad de elementos a la que el trabaja­ dor puede acceder conjunta o selectivamente; entre otros, están aguinaldo y las vacaciones con goce de sueldo, el derecho a Réditos de diferentes tipos y, de manera destacada, la afilia­ ron a algún sistema de seguridad social (básicamente imss e Issste).

El derecho a las prestaciones sociales sólo se adquiere si se a establecido alguna forma de contrato asalariado, o si se es Patrón o profesionista que trabaja por cuenta propia y desea autoafiliarse a los sistemas de seguridad social; de ahí que todo e trabajo no asalariado menos calificado quede proscrito de estos beneficios. 1 k Aunque la legislación existente en torno de las prestaciones en ?ra . es Una’ también en este caso se presentan diferencias »náón sexo. Contrariamente a los resultados arrojados - gunas investigaciones microsociales (por ejemplo, Dávila baanfZ’ 1990), estudios sobre el conjunto de la población tra°ra han encontrado que el número de mujeres que cuenta

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en la actualidad con este tipo de beneficios supera el de los hombres (Rendón, 1993, Pacheco, 1996). Rendón (1993) atribuye la diferencia en favor del sexo fe­ menino al hecho de que, en gran medida, las mujeres desem­ peñan ocupaciones asalariadas en el sector de servicios y en el gobierno que cuentan con las prestaciones de ley. Asimismo, en algunos trabajos se apunta la hipótesis de que en muchas familias se ha puesto en marcha una estrategia que combina posiciones asalariadas, bajos ingresos y existencia de presta­ ciones (en el caso de las mujeres), con trabajos por cuenta pro­ pia, mejores ingresos y ausencia de prestaciones (en el de los hombres) (véase, Oliveira y García, 1996). Sin embargo, con la información de las encuestas de empleo no se ha podido constatar esta hipótesis. En este sentido, Pacheco (1996) señala que los rasgos individuales (edad y escolaridad) y de la empresa o el mercado (ingresos, tamaño del establecimiento y horas trabajadas) son fundamentales para explicar la probabilidad de tener seguridad social; en contraste, las características del contexto familiar (estado civil y número de hijos), en términos generales, no son significativas en cuanto a la posibilidad de tener acceso a prestaciones tales como el imss o el issste. Consideraciones finales y recomendaciones PARA LA INVESTIGACIÓN FUTURA

En este capítulo hemos intentado sistematizar, en el caso de Mé­ xico, el conocimiento existente sobre género y trabajo extradoméstico, para los años ochenta y noventa. Detallamos en esta última sección los hallazgos más relevantes, así como las líneas de investigación futura que se perfilan como prioritarias.

El aumento de la actividad económica femenina y su significado

Con base en la revisión llevada a cabo es posible concluir que el aumento del trabajo femenino extradoméstico en México es un hecho incuestionable, cuya magnitud y características es im portante seguir precisando de manera continua.

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Un aspecto relevante que señalan diversos estudios es que las mujeres con mayores responsabilidades familiares (casadas y con hijos) tienen ahora mayor presencia en el mercado de tra­ bajo que en décadas pasadas, y que esto representa en la ma­ yoría de los casos una sobrecarga de trabajo; sin embargo, también existen bases para plantear la hipótesis de que la incor­ poración femenina a la actividad económica lleva al logro de una mayor autonomía relativa, especialmente cuando el trabajo extradoméstico es calificado, mejor remunerado, asalariado y desempeñado con compromiso. A partir de estos hallazgos es importante insistir en la ne­ cesidad de seguir analizando de manera sistemática las diferen­ tes modalidades de incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo. En este contexto, una línea de inves­ tigación que se perfila como indispensable es el análisis con­ junto del trabajo doméstico y extradoméstico, lo cual permitirá Profundizar en las opciones y los límites que se enfrentan y señalará los cauces posibles para la modificación de la división del trabajo existente entre los sexos. En lo que respecta a la información estadística, no sólo es relevante evaluar los datos que generan las fuentes con las que actualmente contamos; la sociodemografía tiene mucho que aportar al diseño de nuevos instrumentos para captar la infor­ mación relacionada tanto con la actividad económica femeni­ na como con el trabajo doméstico, dada la necesidad perma­ nente de hacer visible la contribución de las mujeres a las esferas Productiva y reproductiva. Además de cuantificar los trabajos que realizan las mujeres, ay que profundizar en su significado, lo cual sólo se ha hecho ^ta ahora en estudios cualitativos o de caso. Es necesario lle­ gar a cabo un mayor número de investigaciones sobre este parcu*ar, que involucren a diferentes grupos poblacionales y re8lones del país. Es crucial verificar en estos estudios de mayor loí ’aS c^rcunstancias específicas en las que el ejercicio de s distintos tipos de trabajo conlleva una ineludible sobrecary/o permite el logro de una mayor autonomía en el caso fe­ menino.

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Segregación ocupacional y discriminación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo

El recorrido realizado a través de los estudios recientes sobre la participación económica femenina y masculina en México nos lleva a concluir que la segregación ocupacional y la discri­ minación laboral han sido temáticas insuficientemente aten­ didas. En lo que se refiere a la segregación ocupacional, se co­ noce que las mujeres tienden a concentrarse en unas cuantas ocupaciones, pero no se ha profundizado en la evolución de este fenómeno a lo largo de diferentes momentos históricos. Consideraciones análogas pueden hacerse sobre la discrimina­ ción, entendiendo por esto el hecho de que las mujeres reciban menores salarios y estén sujetas a condiciones de trabajo menos favorables por el solo hecho de su condición femenina. Asimis­ mo, la segregación y la discriminación generalmente se infieren a partir del análisis de las distribuciones porcentuales de hom­ bres y mujeres en las distintas ocupaciones y diferentes niveles de remuneración. Es importante realizar un esfuerzo metodo­ lógico de mayor alcance en torno de la construcción y el análisis de los índices de segregación e indicadores de discriminación más refinados a lo largo del tiempo. Además, una línea de investigación importante y perma­ nente es el estudio de los factores que inciden en la segregación y la discriminación, así como sus consecuencias más relevantes. En este sentido hay que tener en cuenta no sólo lo que sucede en el mercado de trabajo sino los factores culturales, familiares y subjetivos que llevan a la perpetuación de roles diferenciados para hombres y mujeres.

Los efectos de la globalización y la restructuración de la economía en el empleo femenino y masculino

La incidencia de los cambios económicos recientes en el mer­ cado de trabajo es mejor conocida para el caso de la industriaNo obstante, aun en este caso es preciso reconocer que los es­ tudios globales han señalado más las diferencias entre hombres y mujeres que intentado explorar los condicionamientos socia­ les de la participación femenina y masculina. Una excepción

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la constituyen los estudios sobre la industria maquiladora, algu­ nos trabajos enfocados al estudio de sectores específicos, como la industria del vestido, y los análisis existentes sobre el trabajo a domicilio. En contraste con el sector industrial, el terciario ha sido me­ nos estudiado, a pesar de concentrar una creciente proporción de la mano de obra femenina y masculina en las ocupaciones no agrícolas. Se trata de un sector bastante heterogéneo, ya que abarca desde actividades que descansan en la tecnología más avanzada hasta ocupaciones con remuneraciones muy preca­ rias. La investigación futura debe hacer hincapié en el estudio del terciario en un contexto de globalización desde una pers­ pectiva de género. Es importante documentar la medida en la cual la expan­ sión del capital en el sector terciario permite la incorporación de mano de obra masculina y femenina de manera diferencial, y hasta qué punto esto redunda en condiciones de trabajo más precarias o benéficas para uno u otro sexo. Asimismo, es rele­ vante señalar los límites que tarde o temprano presentará dicho sector para la ampliación de actividades económicas generadas como parte de las estrategias de sobrevivencia de la población. Desde la perspectiva individual, las ocupaciones no asalariadas y/o informales han permitido a las mujeres desarrollar de ma­ nera conjunta sus tareas domésticas y extradomésticas; sin embargo, como han sugerido algunas investigaciones, esto im­ plica una doble jornada de trabajo y conlleva, además, costos personales y familiares sumamente elevados que tendrán que Ser mejor conocidos y precisados.

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VIL TRABAJO EXTRADOMESTICO FEMENINO Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

Carlos Welti Beatriz Rodríguez Introducción

Premisas básicas

Los procesos que han transformado a las sociedades en desa­ rrollo en los años recientes involucran directamente a la pobla­ ción femenina y se caracterizan por la incorporación creciente de las mujeres a las actividades productivas para el mercado, por el acceso a mayores niveles de escolaridad y por el descenso de su fecundidad. Estos procesos son manifestaciones de las relaciones entre determinaciones estructurales y comportamientos individuales que, al mismo tiempo que muestran modificaciones del estatus femenino, hacen evidente la limitación de opciones a las que se han enfrentado históricamente las mujeres a quienes se les asigna en forma prioritaria el papel de madres y esposas como funciones inherentes a su condición de individuos genéricamen­ te subordinados, subordinación que permea la estructura de clases y que, a través de ésta, afecta la situación de las mujeres en forma diferencial. En este capítulo se analiza la relación entre actividad ecouómica de la mujer para el mercado de bienes y servicios y su comportamiento reproductivo desde una perspectiva de géner°, a partir de la experiencia de la investigación sociodemográfica realizada en México y en otros países. El objetivo es escribir cuál ha sido la evolución de las propuestas teóricas y 317

318

CARLOS WELTI, BEATRIZ RODRÍGUEZ

la investigación en este tema, con el propósito de que sirva de referencia para proponer nuevas líneas de investigación que en el corto plazo contribuyan a enriquecer el análisis y arrojen luz sobre la naturaleza de esta relación. Hasta muy recientemente, el interés de la sociodemografía estuvo concentrado en establecer el sentido y la intensidad de la relación entre actividad económica femenina y fecundidad por la importancia que dicho vínculo tiene para la puesta en operación de políticas de población, las cuales reconocen el efecto que tiene la incorporación de las mujeres al mercado la­ boral sobre sus condiciones de vida. La introducción de una perspectiva de género en la investigación muestra la comple­ jidad de esta relación y hace evidente la necesidad de tomar en cuenta elementos tradicionalmente ignorados, como son las relaciones de poder dentro de la unidad doméstica. Aunque el comportamiento reproductivo comprende acti­ tudes y prácticas diversas, en este capítulo el análisis se restringe a la fecundidad y sus variables intervinientes. Esto se justifica en la medida en que es con el nacimiento de los hijos cuando se concreta el resultado de toda una serie de acciones directamen­ te relacionadas con éste: la formación y naturaleza de las unio­ nes conyugales, el espaciamiento de los embarazos y la limita­ ción de los nacimientos. Por lo tanto, no se hace referencia a las prácticas sexuales o al sistema de valores que las rigen ni a situaciones de otro orden, como son el acceso a los servicios de salud, la morbilidad y la mortalidad maternas o el efecto de la mortalidad infantil en la historia reproductiva, que sin duda a su vez tienen efectos sobre los niveles de fecundidad y que en sí mismos reflejan situaciones en las que las condiciones de género están presentes, pero cuyo tratamiento analítico está fuera del alcance de este capítulo. Para aprovechar la experiencia acumulada en la investi­ gación de este tema se ha hecho una revisión bibliográfica de materiales en los que se aborda esta relación entre trabajo ex­ tradoméstico femenino y fecundidad a partir de diferentes mát­ eos conceptuales y en diversos contextos sociales y geográficos. Se presta especial atención a la investigación desarrollada en México con la intención de hacer evidentes los hallazgos que han permitido tener un mayor conocimiento de las condiciones sociales que enfrentan las mujeres en este país.

TRABAJO EXTRADOMÉSTICO Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

319

En otro nivel de análisis, esta revisión muestra los avances y las limitaciones originadas en el conocimiento por los proble­ mas que la información existente plantea y por la forma en que se aborda. Una de las dificultades para estudiar y explicar la relación entre actividad económica femenina y fecundidad es que involucra procesos estructurales y al mismo tiempo aspectos individuales de la mujer, de su relación de pareja y de su familia. Pensamos que analizar los procesos demográficos desde una perspectiva de género supone considerar lo genérico co­ mo una característica social de los propios individuos y no como algo ajeno o externo, impuesto por las teorías o corrien­ tes en boga actualmente. La mujer y los roles derivados de su situación genérica no pueden ser sólo “añadidos” a las teorías existentes, lo que empieza a ser común en los estudios en que aparece la perspectiva de género, aunque el análisis se reduzca a la simple clasificación de la población en sus grandes conjun­ tos: masculino, femenino. Las aportaciones de la teoría sociológica a este respecto (Acker, 1992) señalan que si bien sexo y género son interdePendientes, están claramente diferenciados: mientras el género es social, por lo tanto variable y sujeto a cambios, el sexo re­ presenta diferencias físicas. Existe un nexo causal implícito entre sexo y género. Los procesos reproductivos y la sexualidad —esta última pocas veces tomada en cuenta en el análisis cuantitativo— son experimentados y se vuelven comprensibles a través de los Procesos y prácticas sociales concretas, son definidos por sidaciones de género y, al mismo tiempo, construyen el género. Hay necesidad de integrar en el análisis la multiplicidad de roles y funciones que la mujer desempeña cotidianamente y Que confieren un carácter particular a su actividad económica Productiva. En el análisis de la relación entre trabajo extradodéstico y fecundidad, esto es prioritario. El CONTEXTO GENERAL

íj°? grandes procesos en los que se inserta la relación entre acVldad extradoméstica femenina y fecundidad y que se reflejan

320

CARLOS WELTI, BEATRIZ RODRÍGUEZ

en lo microsocial son: el crecimiento del empleo femenino y el descenso de la fecundidad. Los datos disponibles indican que, en años recientes y en la mayoría de los países del mundo, las mujeres constituyen, para la economía, una parte cada vez más importante de la población empleada, tanto en el sector formal como en el in­ formal. Estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (orr) confirman que, para finales de los años ochenta y prin­ cipios de los noventa, una tercera parte de la mano de obra mundial era de sexo femenino; alrededor de 40% en los países desarrollados y de 30% en los países en desarrollo. En América Latina, 27% de la mano de obra contabilizada estaba integrada por mujeres (onu, 1993). Al revisar los datos proporcionados por la Encuesta Mun­ dial de Fecundidad (Lloyd, 1990) —que explora las variaciones en los patrones laborales de las mujeres y la relación entre el trabajo extradoméstico de la mujer y la fecundidad—, se ob­ serva que éstos difieren considerablemente de las estimaciones generadas con las estadísticas tradicionales que maneja, por ejemplo, la oit. Esta comparación entre las dos fuentes no es gratuita. La concepción más amplia del trabajo extradoméstico utilizada por la Encuesta Mundial de Fecundidad permitió cap­ tar niveles de empleo más altos en la mayoría de los países que los registrados por la orr. Es importante mencionar que el hecho de poner especial cuidado en obtener información detallada sobre la actividad de la mujer en las encuestas especializadas de fecundidad ha permitido identificar con mayor claridad la actividad produc­ tiva que ésta desempeña y que no necesariamente se logra con­ tabilizar en otras fuentes de datos.1 La información reciente (onu, 1994) confirma las tenden­ cias en el crecimiento de la fuerza de trabajo según sexo es­ tablecidas en proyecciones funcionales realizadas hace una 1 La Encuesta Mundial de Fecundidad incluyó un módulo constituido por 22 preguntas so la actividad de la mujer, pero lo más importante es que la pregunta inicial permitía conocer si mujer desempeñaba una actividad productiva, independientemente de que recibiera algun remuneración por esta actividad. En el caso de México, la pregunta específica era la siguieti^

“Ahora, quisiera saber si usted trabaja; ya sea que gane dinero u otras cosas o que trabaje en tierras (el rancho o la huerta) de la familia."

TRABAJO EXTRADOMÉSTICO Y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

321

década; en éstas se esperaba que la fuerza laboral femenina aumentara más rápidamente que la masculina —entre 1985 y el año 2000— en las regiones más industrializadas de América Latina. Un aspecto que ha llamado la atención, al observar las ten­ dencias en la participación económica de las mujeres, es que mientras las variaciones en las tasas de participación masculina en la fuerza de trabajo entre diferentes naciones son pequeñas, las diferencias en las tasas de participación femenina son muy grandes. Standing (1982) supone que esto se relaciona tanto con factores estructurales como super estructural es que pro­ mueven o inhiben la participación de las mujeres en la actividad económica y plantea que probablemente las diferencias son originadas por situaciones relacionadas con el género, sin que en su momento, en las investigaciones, se hayan hecho explí­ citas. En cada contexto, si bien hay una multiplicidad de factores que afectan por el lado de la demanda el nivel y la evolución de las tasas de actividad económica de las mujeres, la oferta de mano de obra femenina está determinada no sólo por su vo­ lumen y capacitación, sino también por la duración y las etapas del ciclo de vida, que se ven influidas a su vez por las carac­ terísticas de la unidad doméstica, la asignación de roles y la división del trabajo dentro de dicha unidad. El crecimiento del empleo femenino, en los países en de­ sarrollo, en los últimos años, sin duda se relaciona con otros Procesos sociales, entre lós que sobresalen la caída de la fe­ cundidad y la ampliación de la autonomía femenina como Producto de una modificación de su estatus, debido á un incre­ mento del nivel de,escolaridad; esto, a su vez, transforma los roles desempeñados por las mujeres al margen de la materni­ dad. Esta autonomía se manifiesta en tres dimensiones difetentes: la que se relaciona con la actividad laboral y tiene que ^er con su autonomía económica; la que se refiere a la toma de decisiones y, por lo tanto, a su poder en el interior de la Unidad doméstica, y la que alude a su desarrollo personal fuera del ámbito familiar. . Una serie de hipótesis posibles puede relacionar estos tres niveles con el comportamiento demográfico de tal manera que Sea legítimo suponer que la edad de inicio de la unión conyugal

322

CARLOS WELTI, BEATRIZ RODRÍGUEZ

se relacionaría con la autonomía económica, así como la auto­ nomía femenina en la toma de decisiones en la familia posi­ bilita el control de la fecundidad y, a su vez, retroalimenta la autonomía para desempeñar funciones distintas de las que de­ fine la maternidad. Como afirma Lloyd (1990), el papel que juega la mujer en la toma de decisiones en el hogar es una im­ portante variable independiente que define las diferentes for­ mas en que se relacionan la participación económica de las mujeres y la fecundidad. La correlación entre las tasas de participación económica femenina y la edad, el estado conyugal y la fecundidad es de muy distinta magnitud en diferentes contextos, y requiere una explicación más detallada que incorpore las variaciones acae­ cidas en la estructura familiar. Finalmente, diversos autores (Stitcher, 1990; Hein, 1986; House, 1986) coinciden en afir­ mar que las diferencias observadas en la participación femenina en la fuerza de trabajo se ven afectadas por prácticas culturales que, agregaríamos, tienen que ver con cuestiones de género. Además de considerarla como parte de todo un proceso de cambio social, la disminución de la fecundidad merece una re­ ferencia puntual porque sus efectos adquieren cada vez mayor relevancia para entender las transformaciones de la condición femenina que se observan en años recientes. En una proporción importante de los países en desarrollo se ha producido una caída acelerada de la fecundidad en las dos décadas más recientes; ahora bien, si ésta constituye un rasgo diferencial entre las regiones y los países, puede decirse también que ahí en donde la fecundidad ha disminuido, el número de hijos se ha reducido a la mitad entre 1975 y los primeros años noventa (Greenhalg et al., 1992; Caldwell, 1994). En el caso de México, en un periodo de casi 20 años, el promedio de hijos que tiene una mujer al llegar al final de su vida reproductiva pasó de 5.7 en los años setenta a 3.2 en los noventa (iNEGi, 1993; Welti, 1994). Explicar la relación trabajo-fecundidad hace necesario pr°' fundizar en el análisis de la incorporación de la mujer en la ac­ tividad económica extradoméstica y de los cambios observados en la fecundidad y sus variables intervinientes: la formación de las uniones, la edad al inicio del matrimonio, la edad al engcn* drar el primer hijo, los espacios genésicos, la salud reproductiva

TRABAJO EXTRADOMÉSTICO y COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO

323

y el uso de anticonceptivos, como partes de un proceso de transformación del comportamiento reproductivo. Una PANORÁMICA DEL CONOCIMIENTO EN ESTA ÁREA

Principales propuestas para el estudio de la relación trabajo extradoméstico-fecundidad

Desde hace varias décadas, los análisis centrados en la evalua­ ción del efecto del desarrollo económico sobre la fecundidad permitieron establecer que la relación entre trabajo extra­ doméstico femenino y fecundidad es una de las más fuertes y persistentes a través del tiempo y en diferentes espacios geo­ gráficos (Blake, 1965; Groat et al., 1976). De manera introductoria puede adelantarse que la inves­ tigación empírica ha establecido que la relación entre trabajo extradoméstico femenino y fecundidad puede darse en un do­ ble sentido: i) la mayor participación de las mujeres en la ac­ tividad económica remunerada conlleva la reducción de la fe­ cundidad en la medida en que el trabajo incide sobre los fac­ tores directamente relacionados con ésta, especialmente la edad al matrimonio y el uso de anticonceptivos; ii) la reducción de la fecundidad permite a las mujeres participar en la fuerza la­ boral. Gran parte del debate ha tratado de establecer el sentido de esta relación, si bien la discusión en torno de ella no ha sido su­ perada; lo importante, en todo caso, es conocer su naturaleza Y sólo si definimos el papel de las mujeres en la reproducción del sistema social,, podremos entender de qué manera se re­ lacionan trabajo extradoméstico y fecundidad. Es aquí donde la perspectiva de género enriquece el análisis. La revisión de las propuestas teóricas y los hallazgos de la mvestigadón empírica muestran la necesidad de investigar ade­ más la actividad económica de la mujer y su fecundidad, in­ corporando el papel de la diferenciación de los roles y las re­ laciones de poder en el interior de la unidad doméstica, como Cemento central en el que se concretan las relaciones de género. Esto supone explicar la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad mediante la aportación de elementos útiles que

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permitan entender el papel que desempeña la mujer en los procesos de producción y reproducción de la sociedad. En términos estructurales, las relaciones observadas pueden originarse en factores que influyen tanto en la fecundidad co­ mo en el trabajo extradoméstico femenino y la evidencia con­ tradictoria responde en gran parte a la dificultad que ha exis­ tido para que las investigaciones tomen en cuenta aspectos valorativos de la función de la mujer en la sociedad. Desde el punto de vista sociológico, el problema es que no siempre se incorpora el significado del trabajo extradómestico, de la maternidad o del valor de los hijos en el ámbito indivi­ dual, ni la función del trabajo femenino en la acumulación ca­ pitalista, en el nivel macroestructural. Una perspectiva utilizada en los estudios que abordan la relación entre el empleo femenino y la fecundidad es la que privilegia los efectos de la estructura familiar y de los roles que, en la familia, asume la mujer. Así, un número cada vez ma­ yor de autores ve la organización de la unidad doméstica, las estrategias de sobrevivencia y los niveles de fecundidad como factores determinantes de la extensión y el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo femenina a lo largo de su vida activa (García y Oliveira, 1994). Autores como Scott (1990) argumentan en favor de pro­ fundizar en el análisis de la estructura familiar como generadora de situaciones de desigualdad de género y como causa de la desigualdad social en el mercado de trabajo. Destacan también la contradicción y variedad de los patrones normativos de la ideología de género y la disyuntiva entre ideología y práctica, por lo que sus efectos en la participación de las mujeres en el mercado laboral no son fácilmente predecibles. Sheridan (1991) alerta contra el riesgo de sobrestimar el pa_ peí de la unidad doméstica como mediadora frente al mercado de trabajo y que sea ésta la que en gran proporción determine la oferta. En todo caso es necesario considerar la complementariedad de los condicionantes internos y externos de la unidad doméstica, especialmente porque muchos estudios hacen referencia a los factores que permiten a las mujeres de unidades domésticas de trabajadores salir al mercado de trabajo a poner en venta su mercancía, pero partiendo de una concepción de la mujer, madre y/o esposa que trabaja fuera de la unidad, co­

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mo comodín. Es decir, se define la participación femenina en actividades extradomésticas remuneradas a partir del análisis de condicionantes internos prioritariamente, restando impor­ tancia o haciendo caso omiso de la dinámica del mercado de trabajo. Así puede llegar a afirmarse que el hecho de que la mujer participe depende del ingreso del marido, de su situación en el empleo, de la etapa del ciclo doméstico, de la presencia de hijos pequeños, etcétera. Lo que destaca Sheridan es el supues­ to de que, según esta perspectiva, la actividad prioritaria de la mujer es el trabajo doméstico-, su actividad productiva adquiere, por lo tanto, un carácter de excepcionalidad y complementariedad absolutamente dependiente de las necesidades internas de la unidad. A pesar de que las diferencias entre el empleo masculino y femenino se encuentran doblemente afectadas, tanto por las prácticas culturales como por la valoración del trabajo feme­ nino, no es posible afirmar que esos factores den cuenta de todos los diferenciales observables entre las naciones. Tampo­ co pueden dar cuenta de la brecha existente entre los promedios salariales de hombres y mujeres en la mayoría de los países del mundo ni de la segregación ocupacional observable en el mer­ cado. Coincidimos con Safa (1990) cuando sugiere que el hecho de que las mujeres hayan sido explotadas como fuerza de tra­ bajo barata y vulnerable se debe a su forzada especialización en la reproducción biológica dentro de la unidad doméstica, conforme el capitalismo movilizó la producción fuera de esta unidad.

La RELACION

TRABAJO EXTRADOMÉSTICO FEMENINO Y FECUNDIDAD EN LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

b-os especialistas en sociología de la población centran sus análiSls en el impacto del empleo en la fecundidad. Los economistas P°t su parte, afirman que los niveles salariales de las mujeres 9Ue trabajan son los factores determinantes y que el costo°Portunidad del tiempo de la mujer es el que determina la de£1Slón de trabajar para el mercado o dedicarse a las tareas del u°gar (Stitcher, 1990).

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Al hacer referencia a investigaciones desarrolladas en déca­ das pasadas, hay necesidad de recordar uno de los estudios más conocidos acerca de la fecundidad de las mujeres económica­ mente activas en Estados Unidos, el de Kupinsky (1977). En él afirma su autor que el dramático incremento de la fuerza de trabajo femenina, en particular de mujeres casadas y con hijos, refleja un drástico cambio operado en el contexto sociocultu­ ral y en la estructura ocupacional de ese país. Los cambios sucedidos en la estructura ocupacional vol­ vieron más atractivos, para las mujeres casadas, los modelos de comportamiento no familiares que el rol tradicional de ama de casa. El autor concluye que si bien no existe un patrón do­ minante para todas las mujeres en todas las circunstancias, la evidencia es contundente en el sentido de que, para una pro­ porción importante de mujeres, es el empleo el que influye so­ bre la fecundidad. Destaca, en la perspectiva del autor, el esquema para analizar el mecanismo mediante el cual se rela­ cionan el empleo femenino y la fecundidad y que debe incor­ porar las dimensiones psicológica, sociológica y económica (Kupinsky, 1977, p. 222). Los análisis concentrados en los aspectos económicos esta­ blecen que la fecundidad se relaciona inversamente con la opor­ tunidad de ingreso de la mujer, quien, al evaluar sus alterna­ tivas, puede decidir entre invertir su tiempo en el cuidado de los hijos o en el trabajo extradoméstico (Becker, 1976). Así, una evaluación positiva de la utilidad de realizar una actividad económica para el mercado junto con la expansión de oportu­ nidades económicas, ya sea en el sector formal o informal de la economía, tendrá como efecto una reducción de la actividad reproductiva (Zsembik, 1990). Los análisis más limitados consideran la situación laboral de la mujer según un corte transversal y no toman en cuenta sus antecedentes, tanto en el trabajo como en la educación. Al con­ tar con mayor información, estudios más elaborados (Groat et al., 1976) incorporan la historia ocupacional e, incluso, la historia educativa y la historia genésica de las mujeres para mos­ trar que el trabajo extradoméstico, antes e inmediatamente des­ pués de la unión y antes del nacimiento del primer hijo, se rela­ ciona con niveles bajos de fecundidad; en gran medida también la escolaridad explica la relación entre el trabajo actual y la fe'

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cundidad acumulada, lo que sin duda se relaciona con la con­ dición social femenina, que refleja la estructura de oportu­ nidades de la mujer en el mercado y su desarrollo en otras es­ feras de actividad. El inicio de una tendencia descendente de la fecundidad en los países en desarrollo o su continuación en las sociedades desarrolladas reafirmó este interés por analizar las relaciones entre el trabajo extradoméstico femenino y la fecundidad por medio de modelos econométricos cada vez más complejos (Rosenzweig, 1976; Smith-Lovin y Tickmayer, 1978). Es importante mencionar que conforme el estudio de la relación entre trabajo femenino y fecundidad se volvió más relevante, la generación de información permitió que se rea­ lizaran numerosos trabajos; sin embargo, éstos frecuentemen­ te no controlaron factores tales como la clase social y, por lo tanto, el complejo asunto de la dirección del impacto causal entre dos importantes roles —trabajadora y madre— fue mera especulación (Smith-Lovin y Tickmayer, 1982). Un estudio que aporta información relevante respecto de esta relación es el que se refiere al análisis del comportamiento de la fecundidad en el contexto del desarrollo (onu, 1987). En éste, a partir de un análisis multivariado de la relación entre trabajo femenino extradoméstico y fecundidad, se concluye Que, en muchos países de Asia, América Latina y el Caribe, las mujeres ocupadas en el sector moderno de la economía tenían en promedio menos hijos que aquellas que no declararon una actividad económica remunerada, y que la existencia de una fuerte relación entre ocupación y fecundidad está claramente vinculada con el nivel de desarrollo socioeconómico. En este estudio multinacional se observó una consistente relación ne­ gativa entre el comportamiento del empleo (en los sectores modernos de la economía) y el de la fecundidad en los países más desarrollados, no así en los países más pobres. Al ubicar el análisis de la relación trabajo-fecundidad en el contexto más amplio del desarrollo se llega a proponer que otras características —como, por ejemplo, la educación— afecconsiderablemente el acceso de la mujer a los buenos em­ pleos, y que quizá son más importantes que el empleo en sí como origen de una relación entre el empleo y la fecundidad (onu, 1993).

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Las discrepancias en cuanto a la naturaleza de la relación entre trabajo extradoméstico femenino y fecundidad obedecen a que, además de que se privilegian los aspectos puramente eco­ nómicos, se considera a la población femenina como un todo indiferenciado en el que la estructura de clases no aparece. Tal como lo señala un grupo de expertos (onu, 1993), hay que ser cuidadosos en algunas generalizaciones porque existen factores que juegan un papel muy importante y acerca de los cuales falta información puntual o de carácter cualitativo. La generación de información más detallada y el uso de aproximaciones analíticas adecuadas al estudio de situaciones sociales específicas han mostrado que la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad puede estar vinculda con el ré­ gimen de fecundidad de la población. Se entiende por éste una situación demográfica en la que el nivel de fecundidad se expli­ ca por una combinación de los valores que asumen las varia­ bles intermedias entre ésta y la estructura social, así como la mortalidad infantil, en la cual el valor asignado a los hijos re­ sume las condiciones individuales de los padres en relación con la paternidad. Al respecto, las propuestas hechas originalmente por Caldwell (1977) y reelaboradas en años posteriores ilustran esta posición. Así, en regímenes de fecundidad elevada es posible suponer que es la actividad de la mujer la que afecta su fecundidad, mientras que en sociedades de baja fecundidad es el número de hijos el que influye en la participación de la mujer en la acti­ vidad económica. En la actualidad, en aquellas investigaciones en que se pri­ vilegia la perspectiva económica, el objetivo es la identificación de elementos que puedan ser el eje de políticas de población que incidan directamente sobre la fecundidad sin que, desde nuestro punto de vista, necesariamente una mejora en la condición so­ cial de la mujer sea el objetivo de más largo plazo. En el análisis de la relación entre actividad extradoméstica y fecundidad que incorpora una perspectiva de género, el efecto tiene que ser evaluado por medio de variables vinculadas con el reconocimiento de la significación que tiene para las mujeres en condiciones de desigualdad genérica.

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Trabajo extradoméstico y edad al inicio de la unión Uno de los efectos más importantes del trabajo femenino es el que se deja sentir sobre la edad al inicio de la unión. La edad al matrimonio tiene por lo general una relación inversa con la fecundidad, fundamentalmente porque influye en la propor­ ción de los años reproductivos en que la mujer está expuesta al riesgo de concebir. Se considera que la variable intermedia mediante la cual el trabajo de la mujer afecta directamente la fecundidad es precisamente la edad de inicio de la unión con­ yugal, en la medida en que la participación en la actividad económica remunerada puede posponer el inicio de la unión e, incluso, incrementar la proporción de mujeres célibes al hacer­ las independientes del ingreso económico de una pareja con­ yugal que en ciertas condiciones puede significar la sobrevi­ vencia. En el. mundo en desarrollo se identifican algunos factores en los cuales se concreta el grado en que la libertad de acción de las mujeres y la toma de decisiones influyen en la edad al matrimonio y cuya importancia varía de acuerdo con el con­ texto social respectivo: el monto de la dote, los matrimonios ^reglados, la habilidad de las mujeres para trabajar o el deseo de hacerlo, y la decisión de los padres de alargar el periodo de empleo de las hijas, entre otros. De aquí que sea importante analizar lo que representa el trabajo femenino en relación con la posposición del inicio de las uniones. Incluso las tendencias reflejadas en diversas fuentes de datos, en especial los censos y jas encuestas especializadas, podrían llevarnos a plantear que la incorporación creciente de las mujeres al trabajo remunerado explica de manera importante el aumento del celibato. Además, el control de los recursos materiales por parte de las mujeres puede estar relacionado con la incidencia de la disolución de Uniones, que se incrementa también y se vincula en términos uegativos con la fecundidad. Al analizar la posposición de la edad para contraer matri­ monio, lo interesante es profundizar en las causas de esa pos­ tergación. En este sentido, no sólo es importante su análisis en relación con el inicio del periodo en que la mujer incrementa su ¡?esgo de concebir, sino por las consecuencias del aplazamiento e la unión sobre los patrones de formación familiar.

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Intervalo protogenésico

En una visión secuencial, el trabajo después de la unión afecta la duración del intervalo protogenésico y el espaciamiento de los hijos. Lo relevante es que la influenda está marcada en gran medida por el tipo de ocupación y la situación socioeconómica de las mujeres. En el caso de las mujeres que han logrado estabilidad en el empleo no necesariamente se percibe un efecto del trabajo so­ bre la amplitud del intervalo protogenésico y los intervalos genésicos sucesivos.2 * Anticoncepción Estudios realizados hace ya algunas décadas cuando aún el control de la fecundidad mediante la anticoncepdón moderna no se generalizaba en nuestros países, muestran que cuando las mujeres entran al mercado laboral el poder de sus decisiones en el hogar se incrementa; llama la atención que fue precisa­ mente la anticoncepción una de las primeras formas con las que ejercieron su poder (Weller, 1968). Scanzoni (1976) examina el impacto de los roles de género y las conductas relacionadas con el empleo sobre el control de la fecundidad. El planteamiento inicial es que las normas re­ lacionadas con los roles de género influyen en los niveles de fecundidad en una primera etapa por medio de las decisiones que atañen al matrimonio. Si el análisis se ubica entre los cón­ yuges, el proceso de adopción de la práctica anticonceptiva aparece ligado al estatus de igualdad o subordinación de la mujer respecto de su cónyuge, lo cual lleva a definir las inten­ ciones de tener hijos o no. El esquema que utiliza el autor ubica en el centro de las decisiones un análisis de costo-beneficio: en él, la recompensa 2 Esto llevaría a suponer que allí en donde las mujeres cuentan con prestaciones social65'

como licencias de maternidad y alimentación de los hijos, no se pospone el nacimiento del hijo. Como ilustración de esta percepción hay que recordar que, en los años ochenta, el director 6 Instituto Mexicano del Seguro Social propuso la reducción de las prestaciones relacionadas con maternidad entre la población asegurada, ya que, consideraba, éstas tenían un efecto pronatal¡sta

La propuesta no prosperó.

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que lleva implícita la igualdad en la relación de pareja —igual­ dad originada en la definición de las funciones— reduce el in­ terés de procrear hijos, lo que constituye una motivación para usar eficazmente anticonceptivos. A su vez, contar con empleo y mayor nivel de escolaridad permiten a la mujer estar en mejor posición para negociar po­ siciones de igualdad y la realización de actividades que en lo personal le satisfacen y que no necesariamente están relaciona­ das con la maternidad. Este autor utiliza una visión funcionalista en la que la igual­ dad y la subordinación están vinculadas con la modernidad y el tradicionalismo, respectivamente, mientras que, desde nues­ tro punto de vista, tendrían que ser explicadas en relación con las condiciones de igualdad y explotación que se originan en otros espacios de la estructura social y que se reproducen en las relaciones conyugales. Aunque una interpretación funcionalista no necesariamente da cuenta de los orígenes estructurales de la desigualdad ge­ nérica, la aportación del autor es fundamental para desarrollar una metodología que permita medir los roles vinculados con el género y llevar a cabo un tipo de análisis de la práctica an­ ticonceptiva poco explorado hasta la fecha y que, incluso, pudo ser utilizado para justificar la incorporación de preguntas en ios cuestionarios utilizados en las encuestas de fecundidad que en gran número de países se llevaron a cabo a finales de los años setenta. Las relaciones entre el desarrollo, el ingreso salarial de las mujeres y la fecundidad, estudiadas por Kusterer, Estrada de Ba­ tos y Cuxil (1981), mostraron que allí donde las satisfacciones Proporcionadas por el trabajo y el salario eran considerable­ mente grandes, se percibieron los primeros signos de mujeres que tomaban el control de su fecundidad. Los hallazgos de Roldán (1988) acerca de la fecundidad, Para la Ciudad de México, apoyan también estas ideas. Un mejor estatus y mayores ingresos para las mujeres no se tra­ dujeron necesariamente en mayor poder en todos los aspectos del matrimonio, pero sí, conforme sus contribuciones eran más significativas para el total de los gastos del hogar, más gran­ de era su capacidad de dominio sobre las decisiones relaciouadas con su fecundidad.

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Amamantamiento de los hijos Aunque la alimentación de los hijos a través del seno materno tiene un claro efecto anovulatorio, el amamantamiento de los hijos no constituye en la actualidad una práctica que influya de manera decisiva en el espaciamiento de los nacimientos, co­ mo lo fue en otra época en que los anticonceptivos modernos no estaban disponibles. Las encuestas han mostrado la tendencia en el tiempo hacia la disminución del periodo de amamantamiento de los hijos y las grandes diferencias en la duración media de este periodo según características socioeconómicas.3 La información que permitió realizar análisis comparativos que intentaban evaluar la relación entre la incidencia, duración e intensidad de la alimentación a través del seno materno y la fecundidad a partir de sus determinantes socioeconómicos es­ tablece que tanto el grado de escolaridad como el trabajo ex­ tradoméstico de la mujer se consideran frecuentemente factores importantes que determinan su conducta en relación con la alimentación del recién nacido (Bongaarts, 1982). El signifi" cado de estos comportamientos en lo que se refiere a la auto­ nomía o dependencia femeninas, permanece aún sin escla­ recerse. Sin embargo, las relación estadística entre el grado de escolaridad de las mujeres y el amamantamiento parece ser consistentemente negativa, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Debe decirse que, ante la ca­ da vez mayor prevalencia de la anticoncepción, los efectos del amamantamiento de los hijos sobre la fecundidad son peque­ ños, es decir, que las diferencias en la práctica del amaman­ tamiento explicarían una proporción reducida de la varianza en las tasas de fecundidad. Sin embargo, son necesarios aún más estudios que exploren la relación existente entre la situación de las mujeres en el tra­ bajo y el amamantamiento; es decir, hasta qué punto la au­ tonomía de las mujeres se manifiesta en una reducción del ’Según información proporcionada por la Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud e 1987 realizada, las mujeres que no asistieron a la escuela amamantaron al hijo o los hijos nacido* en los 5 años anteriores a la encuesta 17.8 meses en promedio, mientras que para las mujeres con secundaria esta cifra fue de sólo 6.6 meses (Secretaría de Salud e Institute for Resource Development, 1989).

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amamantamiento de los hijos, o bien, ante las campañas re­ cientes que promueven esta forma de alimentación, ¿puede el amamantamiento ser una forma de conducta que las mujeres que gozan de mayores libertades estén dispuestas a adoptar? Debemos aceptar que todos estos planteamientos sólo han sido escasamente explorados y seguimos reproduciendo es­ quemas de análisis que no necesariamente explican la relación entre trabajo extradoméstico femenino y reproducción si no se toman en cuenta las condiciones de desigualdad genérica. La relación entre la distribución del poder en el interior de las unidades domésticas, los ingresos y la fecundidad puede ser explicada más ampliamente al investigar la distribución de po­ der en la pareja conyugal que incorpora la visión de género, ya que no es sólo la generación de recursos la que da el poder a cada uno de los miembros, como la investigación empírica originalmente proponía (Blood y Wolfe, 1960). En la actualidad hay cada vez mayor evidencia para afirmar que el trabajo remunerado de la mujer no necesariamente le da mayor poder, y que el significado que se asigna tanto a éste como al trabajo doméstico es una dimensión importante que afecta las relaciones entre recursos económicos y poder con­ yugal (Pyke, 1994; véase también García y Oliveira, 1994). Para la mujer, el hecho de considerar el trabajo como una opor­ tunidad para realizarse o como una carga define en gran medida su poder conyugal. (Para las mujeres de determinados sectores, el trabajo adquiere una connotación de bendición o castigo.) Blumberg (1991), en un estudio que pretende vincular las hipótesis de la teoría de la estratificación de género y las es­ tadísticas para el Tercer Mundo, documenta las relaciones exis­ tentes entre el control del ingreso, el poder marital y el género, Y afirma que conforme aumenta la proporción del ingreso controlado por las mujeres, esto tiene un efecto directo en la fecundidad, la toma de decisiones en el hogar y su propia au­ toestima. Lo cual no quiere decir que la fecundidad disminuya necesariamente con el mayor ingreso económico de las mujeres. Blumberg asegura que las mujeres del Tercer Mundo no siempre desean el prototipo propuesto por los planificadores: i* familia pequeña formada por los padres y dos hijos. Sobre todo cuando estas mujeres ven a los hijos como un recurso laboral insustituible, como una ayuda futura en épocas de cri­

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sis, como seguridad para la vejez, lo que las lleva a desear un mayor número de hijos. Sin embargo, con mayor poder econó­ mico, la mujer, independientemente de sus preferencias o idea­ les de fecundidad, estará en mayores posibilidades de realizar sus planes si controla el ingreso económico suficientemente co­ mo para influir en las decisiones maritales. La información SOCIODEMOGRÁFICA NACIONAL EN EL ANÁLISIS

DEL TRABAJO EXTRADOMÉSTICO FEMENINO Y LA FECUNDIDAD

En el momento actual (1996) y a partir de la división tradi­ cional de las fuentes de información para el análisis sociodemográfico que considera tres grandes grupos —censos, regis­ tros administrativos y encuestas—, es posible observar que existen en México grandes limitaciones para incorporar una perpectiva de género en el estudio de la relación existente en­ tre el trabajo extradoméstico de la mujer y su fecundidad. En el caso de los censos de población es difícil suponer que una información tan general y que se limita a captar las ca­ racterísticas básicas de los individuos pueda incorporar una perspectiva de género en el análisis; sin embargo, debe subra­ yarse que las limitaciones para incorporar enfoques explicati­ vos se originan, entre otras cosas, en el gesto de suponer a la población como un todo indiferenciado, pues, de esta manera, lo más que se ha logrado es enfatizar el tamaño de la localidad de residencia como elemento clasificatorio. El estado conyugal de la población y el número de hijos que han tenido las mujeres son las variables directamente relacio­ nadas con la fecundidad que han sido incluidas en los censos de población; la segunda de estas variables, vale la pena seña­ larlo, ha permitido generar tabulaciones dedicadas exclusiva­ mente a la población femenina. En el censo de población más reciente (1990), esta in­ formación dio lugar a la publicación de un volumen temático dedicado a la fecundidad (inegi, 1993). En dicho volumen se incluyen precisamente tabulaciones que relacionan las con­ diciones de actividad de la mujer y el número de hijos nacidos vivos; no obstante, dichos parámetros sólo permiten inferir —después de largas operaciones aritméticas, ya que, a dife'

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renda de la publicadón básica del censo, en ésta no se presentan los promedios del número de hijos— que las mujeres que tra­ bajan tienen menos hijos que las que no trabajan, mediante el enlace de dos procesos temporalmente diferenciados: la ac­ tividad económica de cada mujer en la semana anterior al cen­ so y la experiencia acumulada a lo largo de su historia repro­ ductiva. Con esta información es posible calcular probabilidades de crecimiento de las familias según la condición de la acti­ vidad, índice mediante el cual se puede inferir una conducta reproductiva que incorpora el control de la fecundidad. Lamentablemente, en las tabulaciones publicadas, el análisis no incluye variable alguna de control —como lo es, si bien mínimamente, el estado conyugal. Sin embargo, si se utiliza la muestra del Censo de Población generada por el Instituto Na­ cional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), la infor­ mación contenida en la boleta censal permite estimar las diferencias de la fecundidad —en función de que las mujeres trabajen o no— con mayores elementos que los presentados en las publicaciones oficiales. Así, por ejemplo, en virtud de que se ha supuesto que las diferencias registradas en el número de hijos según actividad económica dependen en una gran medida de las diferencias observadas en los niveles de escola­ ridad, es posible realizar un análisis que evalúe el impacto de esta variable sobre la fecundidad. Las encuestas especializadas en el tema de la fecundidad que tienen cobertura nacional, como las realizadas en 1976, 1982, 1987 y 1992, generaron información sobre el trabajo extradoméstico de la mujer; dicha información permite cono­ cer su actividad económica tanto en el momento de la entrevista como en un periodo determinado, lo cual ofrece la posibilidad de relacionarla con algunos aspectos de su historia genésica. Con excepción de la encuesta de 1992, en las otras tres encuestas mencionadas se cuenta con información del trabajo extradoméstico antes de la unión y en el intervalo protog'enés»co, con la que es posible establecer el efecto producido por U actividad económica de la mujer sobre la edad a la primera Unión y sobre la duración de este intervalo. Los análisis realizados en este sentido son escasos y se han Centrado en aspectos relacionados con el impacto de la ac­

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tividad femenina sobre la morbimortalidad infantil (Figueroa et al., 1996) Es más bien mediante encuestas de cobertura geo­ gráfica limitada que se estudia el efecto del trabajo extra­ doméstico de la mujer sobre las variables intermedias de la fecundidad. De esta manera se establece el claro efecto del tra­ bajo realizado previamente a la unión conyugal sobre la edad en que ésta se inicia; se observan diferencias de casi 5 años en­ tre las mujeres que no trabajaron (16.7) y las que trabajaron entre 8 y 9 años (21.1) antes de unirse, diferencias que resultan ser tan importantes como las observadas según el nivel de escolaridad, si no es que más (Welti y Paz, 1994). No obstante, poco se ha analizado en relación con el signi­ ficado que esta situación tiene para las condiciones de desa­ rrollo de la mujer en su familia de origen y en su familia con­ yugal; es decir, no se ha determinado si el trabajo extradomés­ tico efectuado previamente al momento de la unión contribuye al mejoramiento de la condición de las mujeres y la ampliación del abanico de opciones laborales contribuye a modificar su fecundidad o si, por el contrario, su incorporación al trabajo es el resultado de una situación de precariedad económica que las ata a la familia de origen y que, por lo tanto, en la medida en que su trabajo es vital para la sobrevivencia de los padres y hermanos, se ven imposibilitadas para iniciar su unión conyugal y, en el extremo, hace que permanezcan célibes. En todas las encuestas nacionales de fecundidad se ha ob­ tenido información sobre el tipo de actividad económica que realiza la mujer entrevistada, así como del lugar donde la rea­ liza, las horas que dedica al trabajo extradoméstico y al cuidado de los hijos. Como es fácil suponer, con esta información se pretende evaluar en qué medida la existencia de hijos pequeños y la solución de su cuidado afectan la posibilidad de que la mujer trabaje. Es decir, la hipótesis subyacente de la incompa­ tibilidad de roles ha guiado durante mucho tiempo, en este país, la generación de datos y su interpretación. En realidad, el efecto del trabajo extradoméstico de la mujer sobre su fecundidad, al menos en México, con la información arrojada por las encuestas nacionales, ha sido poco explorado. Una de las encuestas nacionales más recientes (enadid, 1992) —aunque dedica una parte importante del cuestionario a captar la historia de los embarazos de mujeres de entre 15 y 54 años

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residentes en cada uno de los hogares visitados— sólo registra información sobre el trabajo extradoméstico actual de la mujer, por lo que el análisis que es posible realizar se limita a relacionar esta actividad con el número de hijos, la existencia de hijos en edad preescolar y la duración media del intervalo abierto. La información muestra resultados que por su simplicidad no son suficientes para establecer relaciones de causalidad. Se constatan las diferencias ya observadas en el censo de población y el efecto de la escolaridad, que reduce la magnitud de las di­ ferencias en el número de hijos. Si el interés.es la evaluación del efecto de la fecundidad sobre la actividad actual, esta encuesta permite calcular la par­ ticipación económica de las mujeres de conformidad con el número de hijos en edad preescolar que tengan y, en el caso de las mujeres que trabajan, el número de horas de trabajo a la semana. Los datos proporcionados por la enadid (1992) mues­ tran, como era de esperar, un mayor porcentaje de mujeres en unión conyugal que trabajan entre las que no tienen hijos en edad preescolar. Con excepción de los grupos ubicados en las edades extremas del periodo reproductivo, las mujeres que no tienen hijos menores de siete años trabajan en porcentajes claramente superiores a las mujeres con hijos. En el caso de las mujeres adolescentes es probable que el trabajo extradoméstico sea una necesidad impostergable en la medida en que una proporción importante de ellas a pesar de que se ha declarado en unión conyugal, específicamente en Una convivencia, en realidad son madres solteras que tienen que trabajar por ser el sostén de sus hijos. Consideramos que son todavía escasos los datos que per­ miten aproximaciones más precisas al conocimiento relacio­ nado con la influencia de variables como la definición de las funciones en el interior de la familia, las aportaciones econó­ micas de la mujer al núcleo familiar en los diferentes grupos socioeconómicos y el sistema de valores que opera en torno del matrimonio, la maternidad y el valor de los hijos. Y, por lo tanto, hasta el momento la información resulta insuficiente Para establecer si estas variables dan origen a diferencias en la relación entre actividad económica de la mujer y su fecundidad. Contar con esta información permitiría analizar las ten­ dencias de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo

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en relación con las tendencias en la fecundidad, con otros fac­ tores adicionales a los ya conocidos como variables intermedias o intervinientes. Entre estos factores adicionales tenemos que, en primer lugar, hay que conocer más específicamente los tipos de trabajo extradoméstico que con mayor frecuencia realizan las mujeres en los países en desarrollo, ya que se ha visto que tales tipos no están uniformemente relacionados con una me­ nor fecundidad. Por el contrario, mujeres pobres con familias numerosas podrían verse impulsadas a buscar trabajo y aceptar cualquier tipo de tarea para conseguir el sustento básico, inde­ pendientemente de la aceptación del trabajo de la mujer entre su grupo social y del número de hijos que tenga. En segundo lugar, la incompatibilidad existente entre las ocupaciones del sector moderno y el cuidado de los niños, considerada razón fundamental para suponer que las mujeres que trabajan tendrían menos hijos, no siempre será un factor definitivo, en virtud de las condiciones en que se asume el cui­ dado de los hijos con la participación de otros miembros de la familia. Existen diversos factores que hacen complejo el análisis y vuelven problemático atribuir la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad a un único factor; sobre todo cuando están presentes situaciones sumamente difíciles de medir y cuantificar, como el hecho de que en muchos casos el empleo significa un logro personal que brinda a la mujer posibilidades de elevar su autoestima y, en algunos casos, su estatus social. En la práctica resulta difícil separar los efectos del empleo de otras características personales, sociales y culturales que in­ fluyen tanto sobre la fecundidad como sobre la propensión de la mujer a ingresar al mercado laboral y algunas de éstas se orig’nan en una diferenciación genérica. Se conoce compara­ tivamente poco acerca del efecto de la actividad económica en la vida personal de las mujeres y en su posición dentro de la unidad doméstica y en la familia.4 Generalmente se supone, por ejemplo, que el acceso a un empleo remunerado elevará el estatus de las mujeres dentro y fuera de la unidad doméstica, y automáticamente provocará una disminución de la fecundidad.

4 Existen algunas aproximaciones cualitativas a esta relación (véase García y Oliveira, 1

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En este sentido valdría la pena profundizar en el análisis para dilucidar hasta qué punto las diferencias de género, sub­ yacentes en la mayoría de las situaciones que enfrentan las mujeres al incorporarse al mercado de trabajo, obedecen más a fenómenos estructurales que ideológicos o cuál es el peso re­ lativo de cada uno de ellos. Panorama nacional de

la investigación

El panorama nacional de la investigación interesada en diluci­ dar la relación existente entre la participación laboral de la mu­ jer y su comportamiento reproductivo permite afirmar que el mayor énfasis se ha puesto en investigar de qué manera el es­ tado conyugal y el número y la edad de los hijos afectan el tra­ bajo femenino, más que los efectos del trabajo femenino sobre el comportamiento reproductivo, y sólo muy recientemente es­ ta relación se analiza con nuevas perspectivas, como se podrá constatar en los párrafos que siguen. Alonso (1984) —con base en el análisis de datos propor­ cionados por el Censo General de Población de 1970, es decir, con información que en la fecha de redacción de este capítulo tiene ya un cuarto de siglo—llama la atención sobre la influen­ cia del número de hijos y el estado civil en la participación femenina entre la población económicamente activa (pea). Independientemente de su nivel de escolaridad, la mujer mexicana, casada, que deseaba incorporarse a la pea debía pri­ meramente superar la oposición tenaz del marido. Las limi­ taciones eran mayores con la presencia de los hijos en edad escolar. El autor concluye que el ciclo familiar, específicamente la presencia del esposo y de los hijos, parecía ser el responsable de la caída de la tasa específica de actividad femenina que se observaba a partir de los 25 años de edad. Desde la fecha en que se generó esta información, ¿qué cambios se han experimentado en los ámbitos nacional y regio­ nal y a qué se pueden atribuir esos cambios? La respuesta puede encontrarse en la información más reciente. Las encuestas nacionales de fecundidad permitieron la elaboración de análisis más detallados de esta relación, que sin embargo se ven limitados, en otras cosas, por el carácter trans­

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versal de la información. Así, por ejemplo, Welti (1989) iden­ tifica un importante efecto del trabajo extradoméstico feme­ nino previo al matrimonio sobre la fecundidad, sin que se ex­ plique si este efecto se produce por medio de la edad a la pri­ mera unión. Una situación interesante es que la magnitud de las dife­ rencias observadas en la fecundidad es mayor entre mujeres que trabajan según el tipo de ocupación que desempeñan, que entre mujeres que trabajan y mujeres que no trabajan; para el autor, esto refleja la situación socioeconómica familiar, lo cual obliga a la mujer a trabajar independientemente de su nivel de fecundidad. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres ocupadas en el sector servicios, que tienen el mayor nivel de fecundidad de la población analizada. Además es la etapa de su historia gené­ sica en que se incorporan a la práctica anticonceptiva lo que explica las diferencias en el número de hijos y no simplemente la prevalencia del uso de anticonceptivos. Al relacionar en términos macroeconómicos el trabajo femenino extradoméstico y la fecundidad, Oliveira y García (1990) establecen que hasta principios de los años setenta, la mayoría de las mujeres que trabajaban fuera del hogar eran jóvenes y solteras o sin hijos. Durante las dos décadas siguientes esa situación se modifica y se registra un importante incremento en la participación eco­ nómica de mujeres en unión conyugal y de mayor edad, situa­ ción claramente relacionada con la recesión económica de los años ochenta y que se convierte en factor determinante para movilizar una oferta potencial de mano de obra constituida principalmente por mujeres en unión conyugal y con hijos; pa­ ralelamente se registra también un aumento en la participación económica de mujeres sin escolaridad o con primaria incom­ pleta. Las autoras encuentran que la influencia inhibidora de los hijos sobre el trabajo femenino extradoméstico es clara, aunque de cualquier forma hay un importante aumento en la partici­ pación económica de las mujeres con hijos. Consideran que la magnitud del descenso de la fecundidad en México pudo haber liberado tiempo usualmente dedicado a la crianza de los hijos; por lo observado en la evolución de las tasas de actividad p°r edad, estado conyugal y número de hijos, establecen que la in'

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fluencia de la fecundidad sobre el trabajo femenino depende, en gran parte, de la dinámica del mercado de trabajo. Por otro lado, en un análisis de carácter microsocial, García y Oliveira (1994) concluyen que, en gran parte de los casos es­ tudiados, es la maternidad la que influye en el trabajo femeni­ no. Las madres buscan el trabajo que mejor se ajuste a sus res­ ponsabilidades familiares o, en todo caso, trabajan en función de esas responsabilidades. Al analizar la forma en que el tipo de hogares y su organi­ zación influyen en la participación de las mujeres en la actividad económica y en el cuidado de los hijos, Wong y Levine (1992) concluyen que el tamaño de los hogares está relacionado con el empleo. Ello sugiere que, ante las condiciones de deterioro económico observadas en las áreas urbanas del país, la for­ mación de hogares extendidos se convirtió, cada vez en mayor medida, en una estrategia de apoyo a la participación de las mujeres ■en el empleo remunerado, permitiendo así, entre otras cosas, contar con ayuda para el cuidado de los niños. Para Mier y Terán (1992), el descenso de los índices de fe­ cundidad en México está asociado a un incremento sustancial de la participación de las mujeres en la actividad económica. Muchas mujeres de las generaciones que inician el descenso de la fecundidad (1942-1947) se incorporan al trabajo después del nacimiento de su último hijo; en cambio, las generaciones más jóvenes aumentan también su participación después de haber completado su descendencia, pero, debido a la caída del salario del cónyuge, desempeñan cada vez con mayor frecuencia y en forma simultánea la crianza de los hijos pequeños y el trabajo remunerado. La estructura de los hogares también juega un papel impor­ tante en la participación laboral femenina entre las mujeres que han iniciado la formación de su familia dado que la presencia de una mujer adulta posibilita el cuidado de los hijos. Entre las generaciones más recientes, la tendencia a una mayor partici­ pación económica de la mujer después del matrimonio y del nacimiento de los primeros hijos, así como después del naci­ miento del último hijo, se espera que continúe. Mier y Terán (1992) subraya el hecho de que sólo se ha dedicado a evaluar el posible efecto del descenso de la fecun­ didad sobre la participación laboral de las mujeres y ha dejado

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de lado el análisis de la influenda del trabajo extradoméstico sobre sus pautas reproductivas. Se ha planteado que la ocurrencia de nacimientos en las primeras etapas del ciclo de vida desalienta la partidpación la­ boral en el corto plazo, en particular si no se tiene resuelto el cuidado de los niños o éste no es de la calidad deseada (Lloyd, 1990). En una etapa posterior, sin embargo, la existencia de una familia numerosa puede alentar a las madres a incorporar­ se al mercado de trabajo para suplir las demandas de aumento del ingreso. Como se ha mencionado, detrás de las interpretaciones ori­ ginales de la relación trabajo-fecundidad se encuentra la conoci­ da hipótesis de la incompatibilidad de roles que se expresa en las consideraciones hechas por las propias mujeres, quienes en algunos casos aceptan la dificultad de trabajar y dedicarse si­ multánea y adecuadamente al cuidado de los hijos. Las investi­ gaciones en las que se capta información a partir de las historias de vida de las mujeres ilustran claramente estas situaciones. Sin embargo, la incompatibilidad existente entre los roles de madre y trabajadora extradoméstica resulta irrelevante para algunos sectores de la población mexicana que tienen la necesi­ dad de trabajar. Desde otra perspectiva, ¿hasta qué punto no es ésta una incompatibilidad generada por las propias relaciones que en la sociedad se establecen, por un lado, entre la unidad doméstica y el mercado de trabajo y, por otro, entre los miembros de la propia unidad? El padre no aparece, aunque sea parcialmente, para asumir el cuidado de los hijos ni se cuenta con apoyo ins­ titucional para garantizar el desarrollo adecuado de los hijos en edad preescolar. Estudios como los realizados por Standing (1983) de­ muestran que no siempre puede hablarse de incompatibili" dad de funciones; entre otras razones porque ha sido recono­ cido desde hace mucho tiempo que algunos tipos de trabajo son más compatibles que otros con la gestación y la crianza de los hijos. Para muchos autores quedó superada ya la visión de la in­ compatibilidad de roles, y la realidad es que, en países como México, esta incompatibilidad se resuelve con la familia am­ pliada o los hijos “mayores” (a veces sólo unos cuantos años

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mayores), que cuidan a sus hermanos pequeños, especialmen­ te en los sectores de más bajos ingresos. Se ha observado también que, en presencia de un proyecto de vida distinto del de la maternidad como única ocupación, las mujeres defienden su derecho de trabajar sin tener que ele­ gir entre el trabajo extradoméstico y la maternidad como si fueran actividades mutuamente excluyentes (García y Oliveira, 1990). A pesar de que se reconocen las diversas situaciones que se viven en una sociedad como la mexicana, la generación de in­ formación y la investigación sociodemográfica siguen poniendo énfasis en el análisis del efecto depresor de los hijos pequeños sobre el trabajo extradoméstico de la mujer. Así, para Mier y Terán (1992), el efecto producido por la composición de la descendencia sobre el trabajo femenino es sustancial y confirma la influencia decisiva de la edad del hijo menor en la participación laboral de las madres. Un efecto del trabajo femenino sobre la fecundidad mari­ tal está relacionado con las tasas de continuidad en el empleo entre las mujeres que trabajaban antes de unirse. Las mujeres que trabajaban antes de la primera unión y si­ guen trabajando después de ésta deciden posponer el nacimien­ to del primer hijo hasta en tanto no hayan consolidado un proyecto de vida matrimonial en el que la planeación del futuro juega un papel importante. Un interrogante que constantemente aparece en las in­ vestigaciones incluidas en esta revisión es el siguiente: el he­ cho de que exista o no continuidad de la actividad económica remunerada después del matrimonio ¿tiene relación con la si­ tuación económica o tiene que ver más con la realización per­ sonal? Necoechea (1984), en su estudio sobre mujeres trabajado­ ras en Río Blanco, Veracruz, observó que la vida laboral se in­ terrumpe para casi todas las mujeres con el matrimonio y los hijos. Para aquellas que al casarse y tener hijos no abandona­ ron la actividad laboral por completo, sí cambió el carácter de esta actividad. Durante ese lapso las mujeres trabajaron irregu­ larmente, utilizando su ingreso para complementar el gasto familiar y satisfacer las necesidades extras. La posibilidad de regresar a una vida laboral plena no estaba descartada.

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Hace más de una década, en el estudio realizado en las in­ dustrias maquiladoras de la frontera norte de México, Fernán­ dez (1983) encuentra que las causas más frecuentes de aban­ dono del empleo, expresadas por las propias mujeres, son: la intención de tener un hijo y el deseo de dar mejor atención a los hijos en el hogar. En ambos casos, las mujeres, casi sin ex­ cepción, se inclinan por alguna de estas opciones como res­ puesta a las presiones de la pareja que las orilla a dejar sus em­ pleos para dedicarse de tiempo completo al hogar, es decir, para dedicarse a las funciones consideradas como apropiadas y normales para las mujeres. Estas mujeres pocas veces per­ manecen en un empleo el tiempo suficiente para obtener de éste beneficios. Benería y Roldán (1987), en su investigación realizada en el Distrito Federal, encuentran que el matrimonio y las uniones consensúales han significado la interrupción del trabajo remu­ nerado para 80% de las mujeres que habían trabajado cuando eran solteras. Welti y Paz (1994) hacen un análisis del tipo de ocupación y estatus socioeconómico de la mujer para tratar de establecer alguna relación entre la continuidad laboral y la satisfacción y/o gratificación obtenida en el desempeño del trabajo extra­ doméstico. El análisis cuantitativo de las tasas de continuidad en el trabajo hace evidente que las mujeres en mejor situación económica tienen tasas mayores que las mujeres que pueden considerarse pobres, por lo que no necesariamente son las ne­ cesidades económicas las que hacen que las mujeres continúen trabajando después de unirse. Otras condiciones se perciben a partir de la descripción que hacen las mujeres de las limitaciones que les impone el marido, de la satisfacción que les brinda el trabajo extradoméstico y de aquellas que quieren dejarlo porque no les aporta ninguna sa­ tisfacción. La valoración del trabajo extradoméstico en sí mismo es importante porque ello las retendrá muchas veces en la esfera productiva, independientemente de la necesidad que teng&u o no de trabajar y esto afectará su comportamiento repro­ ductivo. Una hipótesis plausible para explicar la continuidad en el trabajo extradoméstico y su relación con la fecundidad es su­

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poner que el trabajo femenino se relaciona con el estatus fami­ liar (Safilios-Rothschild, 1988). Esto significa analizar la in­ fluencia de la actividad económica sobre la estructura de po­ der familiar y sobre la toma de decisiones de las mujeres que trabajan. Si esto se relaciona con la posición de clase y la segu­ ridad económica del esposo, es posible que mientras menos re­ cursos tenga para garantizar el abasto y la sobrevivencia fami­ liar, aumente su tendencia a sentirse amenazado por el ingreso económico de su esposa. Por el contrario, cuando el esposo tie­ ne un empleo estable y recursos suficientes, es factible que la esposa pueda incorporarse o continuar en la actividad econó­ mica con mayor facilidad, ya que no representa una compe­ tencia para él. Se ha mencionado que la hipótesis más general sobre la forma en que el trabajo afecta la fecundidad es por medio de la edad a la primera unión; sin embargo, otro mecanismo tan importante como éste es el control de la fecundidad y su in­ cidencia sobre la amplitud de los intervalos genésicos y, final­ mente, sobre el número total de hijos. Una hipótesis sugerente es aquella que plantea que el acceso a la anticoncepción hace que la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad cam­ bie de sentido. Es decir, en ausencia de la práctica anticoncep­ tiva es la fecundidad la que determina la participación de la mujer en la actividad económica, mientras que, cuando se in­ corpora el control de la fecundidad en el comportamiento re­ productivo, es el trabajo extradoméstico de la mujer el que in­ fluye sobre la fecundidad (Stycos, 1967; Welti, 1989). Birsdall y Chester (1987) afirman que el acceso a la plani­ ficación familiar es un factor esencial de la estructura de opor­ tunidades para las mujeres en términos de la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad. Mientras las oportuni­ dades de empleo puedan mejorar el estatus de las mujeres y mo­ tivarlas para efectuar una reducción de la fecundidad, el con­ trol efectivo de la fecundidad es importante para las mujeres que quieran hacer uso de una ventaja absoluta en el aprove­ chamiento de las oportunidades de trabajo disponibles. Esto llevaría a suponer que la incorporación femenina al bubajo extradoméstico reforzaría el proceso de disminución de *a fecundidad por medio de la an ti concepción. Pero esto no es necesariamente así, ya que hay que tener en cuenta que las

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condiciones en que la mujer se incorpora al trabajo, el tipo de ocupación y el grupo social de pertenencia facilitarán o limi­ tarán tanto la participación de la mujer en el trabajo como el control de su fecundidad. Es aquí precisamente que las rela­ ciones genéricas juegan un papel importante, en la medida en que definen el rol de la mujer en cada una de las instituciones en que concreta sus acciones. En el caso de muchas mujeres que trabajaron antes del matrimonio, la experiencia laboral afecta sus aspiraciones y actitudes en relación con la reproducción. Es ésta una situación que debe analizarse, ya que constituye hasta ahora una línea de investigación poco explorada. Una visión sistemática sobre el significado del trabajo extradoméstico en relación con el comportamiento reproduc­ tivo la ofrecen García y Oliveira (1994), quienes, a partir de una tipología de lo que denominan “vivencias del trabajo” o compromiso con el trabajo, exploran las relaciones existentes entre trabajo extradoméstico, valoración de la maternidad y número de hijos (García y Oliveira, 1994). Es probable que, en la actualidad, adquiera mayor signifi­ cado la hipótesis que hemos sostenido: cuando la disponibili­ dad de anticonceptivos modernos permitió que las mujeres, independientemente de la intervención de su pareja, pudieran controlar su fecundidad, se inició un proceso acelerado de descenso de la fecundidad, relativamente independiente de los cambios socioeconómicos; especialmente cuando ya no sólo es la píldora anticonceptiva o las inyecciones los recursos que permiten a las mujeres decidir cuántos hijos tener y en qué mo­ mento. Ser madres es una aspiración de prácticamente la totalidad de las mujeres mexicanas; sin embargo, los recursos que obtiene de su participación en la actividad económica y el control de su fecundidad pueden hacer que el riesgo del embarazo deje de ser un mecanismo de control de sus acciones y, en especial, del li­ bre ejercicio de su sexualidad.

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Trabajo femenino,

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fecundidad y género

A lo largo de la historia, en la naturaleza se ha encontrado la justificación del orden social. Así, el embarazo y todo lo que gira en torno de él ha servido para limitar la actividad de la mujer al espacio doméstico y destinar al hombre al desempeño de las actividades que tienen como finalidad la producción de bienes económicos para el intercambio. La maternidad es el origen de la división sexual del trabajo, pero ésta constituye no sólo un fenómeno natural; es en sí mis­ ma un fenómeno social, ya que, al asumir su papel de madres, las mujeres ocupan un lugar en el proceso de reproducción social y es éste el que permite explicar su subordinación, incluso en acciones que tienen que ver con su reproducción biológica. Es probable que la percepción de la maternidad y las tareas relacionadas con ésta exclusivamente como hechos naturales justifiquen la falta de interés para explicar su efecto sobre la condición femenina. Lo que nos interesaría destacar es hasta qué punto las afirmaciones expresadas acerca de las diferencias de género, muchas veces basadas en estudios de carácter más bien con­ ceptual y teórico, pueden ser comprobadas en la realidad me­ diante el análisis de la relación entre trabajo femenino y fe­ cundidad. Para el caso de México habría que buscar datos que sus­ tenten las particularidades de esta relación; es decir, en un es­ fuerzo de imaginación sociológica aprovechar la información que dé cuenta de los eslabones más sutiles que vinculan el em­ pleo femenino y la fecundidad entre mujeres mexicanas de di­ ferentes estratos sociales y condiciones de vida. Otra línea de análisis que resulta fructífera es aquella que explora las ideas imperantes en la cultura, relativas a los papeles considerados como aceptables para las mujeres, que limitan so­ bremanera las opciones para el empleo, incluso de mujeres bien instruidas. En este sentido, estudios como los realizados por Elizabeth Kuznesof (1992), quien establece una interrelación entre ,a familia, el proceso de industrialización y la historia laboral de las mujeres, permiten comprender mejor la vinculación tan estrecha que existe entre las funciones que desempeñan las mujeres en la sociedad y su curso de vida.

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Generalmente los aspectos más subjetivos son aquellos que tienen que ver con el género y los roles asumidos por las mu­ jeres en nuestra sociedad: la maternidad, el valor de los hijos, el costo de los hijos, etcétera. Aunque a primera vista pareciera poco sensato extrapolar situaciones que se presentan en otros países, la experiencia de la investigación en esta área permite afirmar que el simple análisis, en términos cuantitativos, de la relación entre las ta­ sas de participación femenina y la fecundidad puede ser rele­ vante para mostrar situaciones que van más allá de lo econó­ mico; sin embargo, se requiere interpretar lo que significa determinado número de hijos para las mujeres económicamen­ te activas y para las mujeres que no tienen un trabajo remune­ rado, incorporando a la vez su ciclo de vida familiar y sus con­ diciones de género. Es ilustrativo hacer referencia a la forma en que analistas de América Latina interesadas en esta temática, como De Riz (1986), abordaron desde la perspectiva de género la relación entre el trabajo extradoméstico y la fecundidad. Al examinar las características de la inserción de la mujer en el mercado la­ boral y al destacar su participación en las actividades impro­ ductivas o mal remuneradas, esta autora señala que la condición femenina afecta el trabajo de la mujer, en especial la materni­ dad y el estado civil; en consecuencia propone la creación de empleos que permitan que la mujer rompa con su condición de dependencia y subordinación, a la vez que genere condi­ ciones para que la sociedad asuma el cuidado de los hijos pe­ queños. Aunque se ha escrito mucho en torno de la idea de que la fecundidad está, al menos en parte, determinada por el grada en que las mujeres en edad reproductiva sean capaces de actuar por sí mismas, sean económicamente independientes de los hombres o busquen un estatus de igualdad con ellos, las ideas más específicas acerca del posible efecto de la autonomía feme­ nina o su estatus sobre la fecundidad han sido escasas en la literatura producida en la región y en México (Masón y Kuhlthau, 1987). Quienes han intentado explicar el papel de las instituciones que reproducen las desigualdades de género frecuentemente han señalado el papel desempeñado por los patrones demográ-

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fíeos en sí mismos en la determinación de las influencias entre trabajo femenino y fecundidad (Smith, 1986). El desacuerdo general acerca de si las instituciones —más que la posición individual, la clase social, el tipo de familia o la posición socioeconómica de la mujer— influyen en la fe­ cundidad tiene implicaciones importantes para el análisis y el diseño de políticas públicas. Por ello, entonces, los estudios em­ píricos que se ocupan de la posición de las mujeres y la fe­ cundidad deben intentar, primordialmente, la determinación del impacto particular de cada uno de estos factores y sus in­ teracciones. En el análisis de la relación entre actividad económica de las mujeres y su fecundidad puede aceptarse que las relaciones de género definen comportamientos e influyen en los resultados de la reproducción; en este caso particular, el número y el espaciamiento de los hijos a través de su efecto sobre la edad al inicio de la unión conyugal y el control de la fecundidad. Conclusiones

En un periodo en el que la sociedad civil y la mayoría de los gobiernos del mundo han incorporado en sus agendas la ela­ boración de planes y programas de acción en diferentes áreas y mediante los cuales habrá de integrarse a la mujer al desa­ rrollo, se hace cada vez más necesaria la investigación sobre la condición social femenina en relación con diversos procesos. Entre éstos destaca el comportamiento reproductivo de las mu­ jeres en la medida en que no es posible sostener la idea de que sólo transformaciones funcionales de su condición repercutirán en su fecundidad y, por lo tanto, en su nivel de vida. Las transformaciones generalmente propuestas é instru­ mentadas mediante políticas o programas de acción particu­ lar -—pOr ejemplo para elevar su nivel de escolaridad o incor­ porarla al mercado de trabajo— no necesariamente van a cam­ biar su condición social mientras no se modifique su condición de subordinación y explotación, la cual ha sido justificada al signársele el papel central de madre y/o esposa y, sólo de manera marginal, el de trabajadora para la producción (para el mercado).

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El objetivo de mejorar la condición social de la mujer podrá lograrse cuando se reconozcan las contribuciones productivas y reproductivas de las mujeres y se hagan explícitas sus inter­ relaciones. Esta es la perspectiva que nos interesa destacar para el caso de la relación existente entre trabajo extradoméstico y fecundidad. La relación que se establece en la mayoría de los trabajos revisados es aquella en la que el tipo de empleo está determi­ nado por las condiciones y el apoyo que pueda encontrar la mujer en su contexto familiar para incorporarse a la actividad productiva remunerada, y son estas condiciones las que en gran medida definen la naturaleza de la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad. Al analizar esta relación faltan precisamente las investigaciones que den cuenta de cómo las relaciones de género dan forma a los acontecimientos que de­ finen la historia reproductiva de las mujeres. Los estudios analizados nos permiten afirmar que es pre­ cisamente esa perspectiva la que está aún ausente en los datos y no es con la generación de estadísticas que permitan clasificar a la población según sexo como se enfrentará esta carencia. Lo realmente característico del trabajo de las mujeres es que tanto el trabajo no remunerado (doméstico) como el remune­ rado están estrechamente entretejidos, y resulta insuficiente hablar de uno sin mencionar el otro. Las mujeres que trabajan para el mercado, aun en el caso de contar con ayuda doméstica, siguen siendo las responsables del trabajo doméstico, que se asume como función exclusiva de éstas. Si los cambios ocurridos en la producción capitalista han generado una fuerte demanda de fuerza de trabajo femenina en ciertos sectores, esto ha obligado a la unidad doméstica, a la familia, a adaptarse a las condiciones económicas cambiantes. Sin embargo, no parece que esto haya repercutido en un cambio significativo de la conducta masculina. La fecundidad sigue siendo asunto de las mujeres. Resulta por demás importante retomar algunas de las líneas de investigación abordadas en este capítulo que hacen referen­ cia a otros países, pero documentándolas para el caso específico de México. Y, al mismo tiempo, conviene profundizar en el análisis de otros aspectos que aún quedan sin explorar, pero que son fundamentales para comprender mejor las complejas

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relaciones existentes entre actividad económica extradoméstica y fecundidad. Estos análisis son importantes tanto para la definición de una teoría social del comportamiento reproductivo, como para la implementación de políticas públicas que pretendan incidir sobre los niveles de fecundidad de una población. La debilidad metodológica de muchos estudios es que no consideran el significado de la actividad económica de la mujer más allá de su contribución económica, lo cual ha reducido con­ siderablemente la utilidad de gran parte de la investigación rea­ lizada en esta área. De los planteamientos que parten de la hipótesis de que la fecundidad está inversamente relacionada con la participación económica de la mujer, se desprende que los niños pequeños reducen las posibilidades de las mujeres casadas, madres y espo­ sas para participar en el mercado laboral o las limitan conside­ rablemente, a no ser que la mujer desarrolle toda una serie de estrategias (domésticas, familiares, personales, psicológicas) que la apoyen para no considerar estas actividades como excluyentes, sino complementarias. Es a partir de esta consideración que debe transformarse el sentido genérico de las obligaciones; mientras tanto, la sociedad tiene la obligación de ofrecer opcio­ nes prácticas a las mujeres que trabajen y tengan hijos. La respuesta a la situación económica por parte de las fa­ milias ha sido en el corto plazo una reducción de la fecundidad. Los programas de planificación familiar han incidido en esta coyuntura, al permitir que las mujeres ejerzan el control de su fecundidad y participen en otras esferas ubicadas más allá del trabajo doméstico; no obstante, es difícil suponer que la mujer haya mejorado su nivel de vida. La caída del ingreso y de los niveles de empleo asalariado ha hecho que más de un miembro de la familia tenga que buscar formas de solventar el gasto, si­ tuación que ha impulsado a un número cada vez mayor de mu­ jeres a trabajar, independientemente de sus responsabilidades en el cuidado de los hijos. El papel que desempeña la disponibilidad de métodos anticonceptivos en esta relación entre trabajo extradoméstico Y fecundidad es una variable cuyo peso se ha hecho recaer en ¡a población femenina, pues no se considera la posibilidad de meorporar a los hombres en la participación de la misma,

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debido a que la reproducción sigue considerándose un asun­ to exclusivamente femenino. Por otra parte, si bien se han analizado las marcadas varia­ ciones que presenta la participación económica femenina en diferentes contextos regionales, poco es lo que se ha estudiado acerca de las variaciones regionales de la fecundidad en relación con la ocupación. Incluso existe la necesidad de evaluar hasta dónde el peso de los patrones culturales acerca de la reproduc­ ción y el cuidado de los hijos está por encima de otros pro­ cesos de carácter más bien estructural —como serían las carac­ terísticas de la economía regional—, que probablemente estén relacionados con la definición del papel asignado a la población femenina como productora para la economía de bienes y servi­ cios y reproductora de la población y los patrones ideológicos de una sociedad. La investigación futura debe encaminarse a explicar no sólo la forma en que determinadas modalidades de crecimiento económico han llevado a la incorporación creciente de la mano de obra femenina; hay también necesidad de incorporar un análisis de la manera en que los diferentes niveles de fecundi­ dad, afectados a su vez por otros factores como el estado con­ yugal y la anticoncepción, juegan un papel determinante en la disposición de mano de obra femenina para el mercado laboral y cómo esto a su vez afecta a la fecundidad, con diferencias marcadas entre los grupos sociales. En algunos casos es necesario generar, o utilizar con otra perspectiva, información que permita evaluar el peso de la uni­ dad doméstica, de las relaciones de poder dentro de la unidad, de las negociaciones con la pareja, los hijos y otros familiares como factores que inciden en el comportamiento reproductivo y en la actividad económica femenina. De esta forma, es posible incorporar una visión que analice el trabajo femenino con ele­ mentos concretos que cuantifiquen las diferencias de género presentes en estos procesos. El estudio de la relación entre el trabajo extradoméstico de la mujer y su reproducción en el sentido más amplio del térmi­ no sirve también para mostrar que una política de población no sólo debe concentrarse en programas destinados a reducir la fecundidad, ya que tales programas tienen una incidencia que rápidamente llega a sus límites entre ciertos grupos de la pobla­

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ción —las adolescentes o los grupos indígenas. Por ello, lo que debe promoverse es el acceso a las expectativas de desarrollo personal, como la educación, el empleo y un salario suficiente que garantice la sobrevivencia y el desarrollo del individuo o de su núcleo familiar —sin que discriminación genérica alguna lo limite—, ya que éstas inciden directamente en la fecundidad. Un análisis de la relación entre trabajo extradoméstico y fecundidad muestra que el doble papel de la población feme­ nina como directamente reproductora y productora de bienes, que en una proporción importante no son contabilizados por la estadística, ha servido paradójicamente para justificar su se­ gregación más que para garantizarle un estatus de igualdad. Una consideración final es que, desde nuestro punto de vis­ ta, el análisis de la relación entre el trabajo extradoméstico de la mujer y la fecundidad, desde una perspectiva de género, no puede sustituir al análisis que reconoce las diferencias entre las clases sociales; más bien lo complementa.

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VIII. POLÍTICAS DE POBLACIÓN, CONTROL DE LA FECUNDIDAD Y DERECHOS REPRODUCTIVOS: UNA PROPUESTA ANALÍTICA1

Alejandro Cervantes Carson A Ron Angel, que en momentos de absoluta obs­ curidad me recordó el significado del trabajo aca­ démico.

Introducción Desde finales de los años sesenta o principios de los setenta hasta nuestros días, dos eventos han tenido un efecto particu­ lar en la dinámica de la población en México. Primero, un cam­ bio radical de la manera en que el Estado percibe la relación entre crecimiento de la población y desarrollo socioeconómico tiene como resultado una política orientada al control más que a la estimulación del cfecimiento poblacional. Segundo, una dramática reducción de las tasas globales de fecundidad, acom­ pañada por un incremento significativo de la prevalencia anti­ conceptiva, redicen los niveles nacionales del crecimiento po­ blacional. Respecto de la relación existente entre fecundidad y an­ ticoncepción, una diversidad de estudios han sido capaces de 1 Hay trabajos que tienen historias complicadas y dolorosas; éste es uno de ellos. Sin la infinita paciencia y la profunda empatia de Brígida García, este trabajo no hubiera podido ser. Me siento emocional y profesionalmente endeudado con ella; espero algún día tener el privilegio de corresponder. Además, quisiera agradecerle la invitación a participar en este volumen, su trabajo editorial y sus observaciones a mis textos. La elaboración de la versión final se benefició notablemente con los comentarios críticos y atinados de Juan Guillermo Figueroa, Guadalupe Salas e Ivonne

^asz> quisiera agradecerles su interés y entusiasmo. Por supuesto, la responsabilidad por el contenido

y °s argumentos del texto es totalmente de quien esto escribe.

363

364

ALEJANDRO CERVANTES CARSON

describir su evolución, sus niveles y sus tendencias; algunos incluso han avanzado en el terreno de la explicación cultural y sociológica de este fenómeno. A su vez, una gran parte de la literatura producida sobre políticas de población consiste en recuentos historiográfícos concentrados en los efectos demo­ gráficos y en la evaluación del éxito de ciertos programas gubernamentales, al tiempo que ha ignorado el estudio funda­ mental de las consecuencias sociales y políticas que la puesta en operación de estos programas ha tenido. En contraste con esa orientación, otras investigaciones han intentado el estudio de la política de población mediante el análisis de las desigual­ dades sociales y de las relaciones de poder, en general, y de las de género, en particular, de la crítica a la institucionalización y medicalización de la reproducción, así como desde la pers­ pectiva del debate de las responsabilidades y los derechos re­ productivos (véase el “Capítulo II. Fecundidad, anticoncepción y derechos reproductivos”, de Juan Guillermo Figueroa, en este mismo volumen). El trabajo que a continuación se expone está construido sobre la siguiente tesis: el análisis de las políticas de población desde una perspectiva crítica de las relaciones de poder no só­ lo transforma la interpretación y la forma de leer el fenómeno, sino las propias preguntas de investigación y las formas de justificación cognoscitiva. Así, la justificación del estudio de las políticas de población deja de ser la evaluación de los logros programáticos y el alcan­ ce de las metas fijadas; deja de ser la contrastación entre lo pronosticado y lo alcanzado por las acciones del Estado y sus instituciones operativas; deja de ser el descubrimiento de los problemas en el diseño y la ejecución de los programas, así co­ mo las razones por las cuales la población no responde a la incentivación y a los estímulos de las acciones del gobierno o presenta resistencias a campañas publicitarias y a procesos de reeducación demográfica. La entrada analítica al fenómeno deja de ser la preocupación por justificar la existencia de la políti­ ca de población desde la lógica del desarrollo socioeconómico de la nación y de las necesidades políticas del Estado. La en­ trada analítica, en cambio, se transforma y ahora se interesa en preguntar sobre las necesidades de los ciudadanos, de las mu­ jeres y los hombres, de las parejas y sobre las posibilidades del

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365

ejercicio de sus derechos, así como de las condiciones en las cuales éstos se objetivan. Es en este último sentido que el presente trabajo realiza una lectura de la relación entre el componente central de las po­ líticas contemporáneas de población, el control de la fecun­ didad, y la atribución constitucional y legislativa de los de­ rechos reproductivos en México, relación social compleja y conflictiva entre la razón del Estado y la necesidad de los ciu­ dadanos de ejercer el control de la reproducción y la toma de decisiones fundamentales relacionadas con ella. El objetivo central, entonces, es presentar el desarrollo teó­ rico de una propuesta de interpretación del concepto de los derechos reproductivos y de sus implicaciones sociológicas y políticas, con la intención cognoscitiva de contribuir a la ex­ pansión y consolidación de la comunidad académica que se interesa por esta perspectiva y esta temática; también con el interés político de que toda aportación realizada con miras a la clarificación analítica pudiera ser de utilidad para las orga­ nizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos re­ productivos y para los procesos individuales y grupales de apoderamiento (empowerment) de las ciudadanas y los ciudadanos en México. Este capítulo se encuentra dividido en cinco secciones. En Ia primera se presenta una revisión general de la política de Población y de su relación con la evolución contemporánea de !a fecundidad y la anticoncepción en México, así como de la investigación que se ha desarrollado al respecto. La segunda sección describe el proceso de centralización de las políticas demográficas en el control de la fecundidad. Asimismo, re­ construye la história, en las últimas tres décadas, de la institncionalización y la medicalización de las decisiones repro­ ductivas. Las tres últimas secciones del capítulo desarrollan el objetivo fundamental del trabajo. La tercera sección presenta un ejercicio de interpretación de los contenidos sociológicos el discurso comenzando por sus componentes fundamentales: reproducción y derechos. La cuarta sección, por su parte, ana1Za el problema de la titularidad en la definición internacional y en contextos nacionales; es decir, de su evolución histórica, e su carácter social, del concepto de la responsabilidad y la esigualdad social para las posibilidades de su ejercicio. Final­

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366

mente, en la quinta sección, se presentan una lectura normativa y una propuesta sociológica del proceso de toma de decisiones reproductivas. Por una parte se revisa el complejo de supuestos que subyacen a la definición de los derechos reproductivos y, por otra, se expone la serie de perturbaciones sociales a las que están expuestas las decisiones de los individuos y de las parejas en las diferentes dimensiones de sus vidas.2 Políticas

de población

En esta primera sección presentaré una panorámica de las po­ líticas demográficas y de sus vínculos con el comportamiento de la fecundidad y su regulación en el México contemporáneo, así como un perfil general de la investigación que se ha pro­ ducido sobre estos fenómenos. En esencia, la función de esta sección es introducir los elementos contextúales del trabajo. Políticas de población, fecundidad y anticoncepción en la dinámica demográfica de México Con base en el paradigma que defiende que la fuerza de un go­ bierno y de una nación residen en el tamaño de su población, en el año de 1936 fue aprobada la primera Ley General de Po­ blación. Su concepción puede entenderse claramente como estimulacionista, en la medida en que su objetivo central consis­ tió en procurar el aumento de la población por medio del cre­ cimiento natural, la repatriación y la inmigración (Secretaría de Gobernación, 1938 y Cabrera, 1989). Después del proceso qué condujo a la sustancial caída de las tasas de mortalidad gene­ ral y específicas en la tercera y cuarta décadas del presente siglo, la fecundidad se convirtió en la variable que en mayor medida explica o da cuenta del crecimiento poblacional que ha vivido 2 Algunos de los argumentos desarrollados aquí han sido expuestos en forma germinal o más

incipientemente en otros lugares. Rara los apartados “Diagramando un vínculo”, “El componente de la reproducción" y “El componente de los derechos” el antecedente es Cervantes (1995b)Asimismo, para los apartados “El control de la reproducción como centro de las políticas de población", “Instituciones médicas y decisiones acerca de la reproducción”, “Evolución de Ia titularidad” y “Carácter social y el concepto de la responsabilidad” es Cervantes (1996).

CONTROL DE LA FECUNDIDAD Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

367

México (Alba, 1982; Sandoval, 1988, y Miery Terán, 1991). A partir de esas fechas, la evolución de la fecundidad se caracte­ rizó por elevados y crecientes niveles que se mantuvieron du­ rante poco más de cinco lustros. Es alrededor de los años de 1966 y 1967 que el país experimenta las más altas tasas de fe­ cundidad de su historia (Juárez et al., 1989, y Juárez y Quilodrán, 1990). Hacia principios de los años setenta, el Estado mexicano abandonóla concepción poblacionista. Una serie de cambios drásticos ocurridos en los ámbitos político y legislativo condu­ ce a la política de población de una posición estimuladora del crecimiento demográfico a una posición preocupada por el control de los elementos determinantes de la dinámica poblacional para reducir el incremento de la población. En corres­ pondencia, el objetivo principal de la Ley General de Población de 1974 (aún hoy vigente) es regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y equitativamente de los beneficios del desarro­ llo económico y social (Secretaría de Gobernación, 1974, art. 1°). Por ser la reducción del crecimiento poblacional la modi­ ficación central que se persigue, la regulación de la fecundidad es concebida como la herramienta fundamental para alcanzar este propósito. Por ello es que, en 1976 y en el contexto nacio­ nal, la promoción del uso de métodos anticonceptivos se con­ vierte en tema predominante de la política demográfica y la planificación familiar en el centro de los esfuerzos progra­ máticos y de instrumentación de estas políticas (Warwick, 1982; DeBarbieri, 1985; Aparicio, 1988a; Cervantes, 1989 y 1990, y Llera, 1-991). Si bien es cierto que los cambios ocurridos en la política demográfica no fueron obligados por la presión acumulada de movimientos sociales organizados y de grupos políticos de la sociedad civil (como ocurrió en otros países), sino propiciados Por el Estado y abanderados por el ejecutivo federal (Luis Eche­ verría) y el gobierno en turno, las modificaciones legislativas, orientación política y las iniciativas de creación de servicios Públicos de planificación familiar y acceso generalizado a la anticoncepción se encontraron con la aprobación de ciertos grupos sociales y con una gran receptividad de parte de algunos

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sectores de la población mexicana. Efectivamente, fueron esca­ sas las organizaciones sociales (fundamentalmente la Iglesia ca­ tólica) que se opusieron frontal y abiertamente a esas ini­ ciativas; en cambio, éstas contaron con el apoyo de diferentes grupos sociales organizados (feministas, académicos, organis­ mos privados de investigación, consultoría y servicios) que in­ terpretaron, desde diversas posiciones y por distintas razones, como positivos los cambios realizados (Warwick, 1982, y lui­ rán, 1988). Asimismo, el aumento generalizado en el uso de la anticoncepción (pero en particular por parte de sectores socia­ les urbanos con altos niveles de escolaridad y de clases medias), durante los primeros años de legalidad anticonceptiva y de iniciación de los programas gubernamentales de planificación familiar, señalan el nivel de receptividad y apoyo que la pobla­ ción ofreció a esas iniciativas estatales (Juárez y Quilodrán, 1990). En 1973, poco menos de 12% del total de mujeres en unión conyugal y en edad fértil recurrían al uso de métodos anticon­ ceptivos modernos, mientras que para 1976 y 1982 el por­ centaje de uso de cualquier método (tradicional o moderno) se incrementó a 30.2 y 47.7, respectivamente. En 1987, el valor observado fue de 52.7% y en cinco años éste se incrementó a 63.1%, es decir, cerca de dos terceras partes de las mujeres en unión conyugal, en 1992, hacían uso de algún método para regular su fecundidad (Figueroa et al., 1988; Aparicio, 1988a; Palma etal., 1990, y Consejo Nacional de Población, 1995). De los altos niveles observados hacia finales de los sesentas, la tasa global de fecundidad3 ha venido descendiendo año con año (primero rápidamente), pasando de un registro de 7.5 a otro de 4.3 para 1982, y de ahí (a menores ritmos) a 3.8 para 1986 y a un nivel de 3.2 para 19924 (Juárez et al., 1989; Zavala, 1989; Juárez y Quilodrán, 1990; Figueroa, 1992a). De esta manera, en los últimos 25 o 30 años, el nivel de fe­ cundidad ha disminuido a la mitad y la prevalencia de métodos

1 Indica el número promedio de hijos que tendrían las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) al final de su vida reproductiva, con los itiveles observados de procreación por edad. 4 Las fuentes de datos son: para los sesentas, Encuesta Mexicana de Fecundidad (emf, 1976), para 1986, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud (enfes, 1987); para 1992, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (enadid, 1992).

CONTROL DE LA FECUNDIDAD Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

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anticonceptivos se ha cuadruplicado. Estos importantes cam­ bios demográficos han ocurrido estrechamente vinculados con una activa política estatal de control de la fecundidad y en el marco de un dinámico programa de planificación familiar, que ha sido diseñado, dirigido y puesto en operación por insti­ tuciones gubernamentales de servicios de salud (De Barbieri, 1982; Warwick, 1982 y 1990; Cervantes, 1990; Llera, 1991, y Figueroa, 1991a). La reducción dramática de la fecundidad durante este pe­ riodo y el iilcremento en el uso de métodos anticonceptivos con ella relacionado han presentado, sin embargo, una desacelera­ ción de sus ritmos desde 1982. La disminución de la tasa glo­ bal de fecundidad es menos acentuada; sólo se logra abatir en 0.76 este indicador, lo que significa menos de la mitad de lo ocurrido entre 1974 y 1982. A la vez, la velocidad de aumento del uso de métodos anticonceptivos es sensiblemente menor; el incremento es sólo de 10.5%, poco más de una quinta parte de lo registrado en la etapa anterior (Zavala, 1989 y Palma et al., 1990). El comportamiento de tales indicadores en estos últimos años generó, como era de esperarse, diferentes interpretacio­ nes. Para las instituciones gubernamentales esto significó la necesidad de redoblar esfuerzos en sus programas de regulación de la fecundidad y de aumentar la cobertura en zonas del país que permanecían aún sin acceso a los servicios de planificación familiar (Consejo Nacional de Población, 1990 y 1991). Algu­ nos investigadores sugerían, en cambio, diagnósticos más com­ plejos y preguntas que, aunque no pudieran contestarse en el corto plazo, podrían convertirse en proyectos de investigación, rutas de análisis y perspectivas críticas. ¿Hasta qué punto se Pueden interpretar estos datos como síntomas de un proceso ue desencuentro entre el Estado y la sociedad civil, entre el de­ seo de la racionalidad estatal en materia demográfica y las ne­ cesidades de la población respecto de su fecundidad y su prác­ tica anticonceptiva? (Cervantes, 1990 y 1993). ¿Qué tipo de Procesos ocurrieron en los órdenes social y cultural para que se generaran estos cambios en la tendencia de la relación entre as d°s variables? (Figueroa et al., 1988; Figueroa, 1990b, y Lerner y Quesnel, 1994). Y, por otro lado, ¿qué clase de efectos 1117o en la vida de las mujeres y en la capacidad real para to­

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mar decisiones concernientes a la reproducción, a la descen­ dencia, a su propio cuerpo, el hecho de que los programas de planificación familiar (desde sus inicios y hasta el presente) hayan estado orientados por metas de orden cuantitativo? (De Barbieri, 1990 y 1994; Merrick, 1990; Figueroa, 1992a, 1992b, 1994b, y Cervantes, 1993). Perfil de la investigación

La evolución de los niveles de fecundidad y anticoncepción en México ha sido fuertemente documentada por medio de seis encuestas nacionales (emf, 1976; enpua, 1978 y 1979; end, 1982; enfes, 1987; enadid, 1992); a éstas se suma una séptima, que a mediados de 1997 aún no había sido puesta a disposición del público en general (enpf, 1995).5 A partir de ellas se han generado estudios que permiten constatar cambios ocurridos en distintos momentos y la variación de las magnitudes en relación con ciertas características socioeconómicas y demográficas de la población. Debido a que la gran mayoría de estos estudios se han concentrado en la descripción de estos cambios, la expli­ cación de los elementos causales del comportamiento repro­ ductivo se ha visto seriamente limitada. En comparación con la producción de estudios sobre los factores socioeconómicos y demográficos que tienen una influencia considerable sobre la anticoncepción y la fecundidad, los estudios sobre los deter­ minantes de orden sociocultural han sido más escasos (Figueroa et al., 1988 y Palma et al., 1990). Sin embargo, a pesar de su relativa escasez, han contribuido a la investigación de manera significativa. El grupo comenzaría con el excelente estudio de Shedlin y Hollerbach (1981), que es una exploración del mun­ do de las percepciones y las construcciones culturales, así como con las investigaciones derivadas de una encuesta regional (edepam, 1988), que constituye un seguimiento de una encues­ ta nacional (enfes, 1987) y una serie más reciente de pequeños 5 emf, Encuesta Mexicana de Fecundidad (1976). enpua, Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de Métodos Anticonceptivos (1978 y 1979). end, Encuesta Nacional Demográfica (1982)enfes, Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud (1987). enadid, Encuesta Nacional sobre la

Dinámica Demográfica (1992).

enpf,

Encuesta Nacional de Planificación Familiar (1995).

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estudios de corte antropológico que fueron desarrollados por un equipo de investigadores en la Secretaría de Salud (para mayores detalles, véanse Figueroa, 1990b y Figueroa y Ríos, 1993) . En esta misma línea, hay que mencionar las inves­ tigaciones sobre instituciones y reproducción realizadas por Camarena (1991) y Lerner y Quesnel (1992 y 1994). La investigación sobre el proceso de constitución, diseño y puesta en operación de la política de población en México ha tenido un desarrollo desigual. Desde principios de los setentas hasta mediados de los ochentas, el campo estuvo bajo la hege­ monía de los estudios realizados o encargados por instituciones gubernamentales, como el Consejo Nacional de Población, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando miran hacia el pasado, estos estudios reconstruyen, a partir de la Revolución mexicana, la evolución del pensamiento estatal sobre población como un proceso coherente, lógico y sin perturbaciones. Cuando la atención se centra en el presente, la descripción se convierte en un esfuerzo para justificar las acciones del gobierno en materia demográfica y vanagloriarse de ellas.6 En contraposición con lo que esos estudios ofrecían, es hacia mediados de los años ochenta (con la honrosa excep­ ción del trabajo pionero de Teresita de Barbieri de 1982) cuan­ do comienza a aparecer una serie de investigaciones con para­ digmas cognoscitivos distintos, que desarrollan análisis críticos de la concepción estatal y de la instrumentación de las políti­ cas de población y que han propuesto una lectura de esta diná­ mica política desde una perspectiva basada en el ejercicio de derechosy responsabilidades (De Barbiefi, 1982,1985 y 1990; Warwick, 1982; Brachet de Márquez, 1984; Bronfman et al., 1986;Tuirán, 1988; Cervantes, 1990yl993; Merrick, 1990; Figueroa, 1991b, 1992b, 1994a y 1995a, y Figueroa et al., 1994) . Mediante el recurso a la teoría de la modernización y de la transición demográfica como marcos de interpretación, en un conjunto de estudios demográficos se ha insistido en presentar e proceso que se ha extendido durante tres décadas de la hisCab

BUCn°S c’emp'os de “to son: Urbina et al. (1984); Martínez (1985); Sandoval (1988), y rera (1994). Por supuesto, también los documentos historiográficos producidos por el Consejo

ac'onal de Población (1975, 1978, 1985, 1990, y 1991).

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toria mexicana, como el paso de un régimen de fecundidad natural a uno de fecundidad controlada (Alba y Potter, 1986; Juárez etal., 1989;Zavala, 1989; Juárez y Quilodrán, 1990, y Mier y Terán y Rabell, 1990). Otros han propuesto conceptualizar los cambios ocurridos en el comportamiento reproductivo como el producto directo de una política de población eficiente, que ha alcanzado sus objetivos parciales en un marco de respeto a las decisiones y necesidades de la población y por medio de un proceso nacional de difusión de la planificación familiar y de ampliación de la elección anticonceptiva (Centro de Estu­ dios Económicos y Demográficos, 1970; Urbina et al., 1984; Martínez, 1985; Sandoval, 1988; Cabrera, 1989 y 1994, y Zavala, 1990). En otros estudios, en cambio, se argumenta que, en relación con la descripción general de las tendencias de­ mográficas, resulta muy difícil, si no es que imposible, captu­ rar la multiplicidad de factores que han estado involucrados en el proceso de cambio del comportamiento reproductivo, fac­ tores que eventualmente constituyen la base de la explicación sociológica de tales procesos (Bronfman etal., 1986; Figueroa et al., 1988, y Palma et al., 1990). Asimismo, estas y otras in­ vestigaciones han señalado la importancia de emprender estu­ dios más profundos de las dimensiones sociales y culturales y han defendido la necesidad de realizar estudios críticos de las funciones desempeñadas por la desigualdad social y de las re­ laciones de poder como mediaciones entre las políticas de po­ blación y el comportamiento reproductivo (Tuirán, 1988; De Barbieri, 1990; Merrick, 1990; Warwick, 1990; Figueroa, 1991b, 1992a, y 1992b, y Cervantes, 1993). Finalmente, los años noventa han sido testigos de una mul­ tiplicación de los trabajos que han emprendido la crítica de las políticas demográficas del Estado a partir de un análisis de los sistemas de desigualdad social elaborado desde la perspectiva de género y del desarrollo de los derechos reproductivos; estos trabajos se han preocupado por combatir formas institucionales del ejercicio autoritario del poder, por contribuir a la solidifi­ cación de la ciudadanía y por inaugurar procesos de democra­ tización en diversos esferas de la vida social (Aparicio, 1988b, 1993; De Barbieri, 1990,1993 y 1994; Azzolini, 1993; Figue­ roa, 1992a, 1992b, 1994a, 1994b, 1995by 1995c; Cervantes, 1993, 1995a, 1995b y 1996; Lamas, 1993,1994 y 1995; Or-

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tiz, 1993, 1994 y 1995; Figueroa et al., 1994, y Murieda y Hernández, 1994).

Institucionalización y

MEDICALIZACIÓN

DE LAS DECISIONES REPRODUCTIVAS

En el periodo transcurrido entre los sesentas y los noventas en México, las decisiones reproductivas pasaron de ser un asunto propio y exclusivo del campo de lo privado, a ser una preocu­ pación pública y de gobierno.7 En esta sección se argumenta que dos procesos contribuyeron significativamente a este fenómeno: primero, la centralización de las políticas de pobla­ ción en el control de la fecundidad y, segundo, la instituciona­ lización y medicalización de segmentos importantes del proceso de toma de decisiones. El control de la reproducción como centro de las políticas de población Al definir el crecimiento de la población como un obstáculo esencial para el desarrollo económico y social y, en ese sentido, como un impedimento para la consecución del proyecto nacio­ nal, el paradigma político moderno definió al mismo tiempo la orientación general de la política de población del país y el centro alrededor del cual tendrían que girar sus esfuerzos pro­ gramáticos (Cervantes, 1990). Efectivamente, para revertir y detener la tendencia creciente de los montos totales de la po­ blación a la luz de la constante disminución de la mortalidad, la reducción de la natalidad aparecía como la única alternativa Y posibilidad de modificación de los patrones de reproducción. A través de una serie de transformaciones, la política de po­ blación adquirió sus actuales contenidos básicos, su rostro pro­ gramático y sus estrategias ejecutivas. Primero, sus preocupa­ ciones fundamentales fueron reducidas a un solo componente demográfico: la fecundidad. Segundo, en la medida en que se 7 La excepción la constituyen las decisiones vinculadas con el aborto, que se convirtieron en Materia pública cuando se legisló su prohibición.

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concibió ala anticoncepción moderna como el mecanismo más efectivo para instaurar un eficiente control de la fecundidad, el eje programático fue transferido al sector gubernamental en­ cargado de administrar los servicios de salud en el país. Tercero, la promoción y la difusión del uso de métodos anticonceptivos como estrategias de acción de los denominados programas nacionales de planificación familiar confirió un carácter decidi­ damente activo a las instituciones encargadas de conducirlos. De tal suerte, en un mismo proceso la política de población en México experimentó la reducción demográfica, la medicalización de sus programas y acciones y, consecuentemente, la institucionalización de las decisiones concernientes a la re­ producción. En la medida en que las decisiones sobre la procreación se convirtieron en blanco de actividades institucionales y sus re­ sultados, en términos del promedio de hijos nacidos vivos, comenzaron a ser utilizados como criterio de evaluación del efecto producido por los programas anticonceptivos, en esa misma medida las decisiones sobre la descendencia y el tamaño de la familia dejaron de ser entendidas como acciones que de­ bían ocurrir en el ámbito de lo privado (Tuirán, 1988). La tarea programática de modificar las concepciones y las prácticas reproductivas que propiciaban las altas tasas de fecun­ didad comenzaba por atraer a las mujeres a las instituciones de salud, utilizando un discurso que difundíala inevitable relación entre comportamiento reproductivo y razón médica, y conver­ tía así a la población civil en población usuaria o potencialmen­ te usuaria. Como intenciones reproductivas, tener dos o siete hijos, pensar en descendencias escasas o numerosas, posponer un embarazo o limitar definitivamente la fecundidad no podían seguir ocurriendo en los terrenos del albedrío familiar y domés­ tico, tenían que transferirse a los escenarios donde la medicina se practicaba para poder transformarlos en material intervenible, reorientable, redefinible. Al tiempo que la decisión reptoductiva era ubicada fuera de su terreno privado, se desconocía el saber familiar y doméstico, subsumiéndolo en el saber médico como representante instrumental del saber de la nación. Con la centralización de la política de población alrededor del control de la fecundidad, los esfuerzos para la consecución de las metas demográficas pasaron a ser responsabilidad de las

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instituciones de salud (Figueroa, 1991a). A los médicos en par­ ticular, pero en general a los trabajadores de la salud, se encar­ gó la tarea de traducir el paradigma político del Estado en com­ portamiento regulatorio, de convencer a la sociedad civil de que sus necesidades reproductivas debían reconocerse en las metas fijadas por el gobierno, de que las políticas y los progra­ mas diseñados eran vehículos para alcanzar el bien colectivo. Fue de esta manera que el proceso de decidir sobre la procrea­ ción se medicalizó y el ejercicio del derecho reproductivo se institucionalizó en México (Tuirán, 1988). Instituciones médicas y decisiones acerca de la reproducción

En el periodo transcurrido entre 1976 y 1992, la anticoncep­ ción observada entre las mujeres en unión conyugal y en edad fértil creció espectacularmente, más allá de la duplicación (de 30 a 63%; un aumento de 110%). Este acentuado incremento, ocurrido en dieciséis años, estuvo acompañado de modifica­ ciones importantes y significativas en los patrones de uso. Mientras en el inicio del periodo, 36% de las mujeres que usa­ ban anticonceptivos recurrían a las pastillas, 19% al dispositivo intrauterino y 9% a la esterilización, para el final del mismo la distribución de esos métodos se había invertido totalmente: 43% habían sido esterilizadas, 18% utilizaban el dispositivo intrauterino y 15% las pastillas (Consejo Nacional de Pobla­ ción, 1995). En un poco más de tres lustros, la oclusión tubaria se convirtió en el método preponderante de control de la fe­ cundidad. Que las decisiones reproductivas se hayan institucionali­ zado significa que el ejercicio del derecho de decisión sobre la descendencia ha dependido y depende actualmente de la lógica, la estructura, el proceder y la intencionalidad de las institucio­ nes en que las decisiones reproductivas son concretadas, mode­ ladas o, incluso, muy frecuentemente, elaboradas y tomadas. Como todas las instituciones burocráticas, las encargadas de llevar a cabo las tareas poblacionales, de administrar la re­ gulación de la fecundidad en el país tienen rasgos que las hacen similares a cualquier otra institución y otros que las singularizan.

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Verticalidad y discrecionalidad son las dos lógicas que con­ trolan la planeación, la programación y la ejecución institu­ cional. La forma en que se toman las decisiones concernientes a las actividades de todos y a la orientación de las acciones emprendidas por la institución en su conjunto ocurre de arriba hacia abajo. No sólo es que la información fluya verticalmente y que en este paso se filtren discrecionalmente sus contenidos, se elija lo que los demás pueden o no saber o, incluso, lo que la mayoría está en condiciones de manejar; es también que, bajo el título discursivo de eficiencia, se delegan actividades y responsabilidades y se transfieren, al mismo tiempo, culpa­ bilidades. En un mismo y constante movimiento, estos pro­ cedimientos protegen la definición de las jerarquías y permi­ ten que la culpa de los fracasos circule y se deposite en for­ ma descendente (Williams et ai, 1983, y Sjoberg y Vaughan, 1993). La reproducción de la institución como entidad burocrática descansa en su reglamentación y en su regulación administra­ tiva, pero la cohesión interna y el control de sus agremiados se realiza mediante mecanismos cerrados de membrecía y ex­ clusión. Así, por ejemplo, no hay estatutos que explícitamente formulen la manera en que los individuos, en calidad de em­ pleados del Estado o de alguna institución privada, deben pro­ ceder para ser considerados miembros del grupo y calificados como trabajadores comprometidos y leales a la institución y a su proyecto político en turno (Vaughan y Sjoberg, 1984). Las formas no son aparentes y abiertas, los mecanismos son im­ plícitos y discursivos; sus vehículos son la palabra oscura y encubierta, el rumor y la información fragmentada. Su fun­ cionamiento opera con base en dicotomías morales que dife­ rencian lo correcto de lo incorrecto, lo apropiado de lo inapro­ piado, lo político de lo insensible o cínico (Williams et ai, 1983). A partir de esos criterios se evalúa el comportamiento, se aprueban o desaprueban las posiciones, se reconoce o des­ conoce la conducta; la moralidad que circula por los pasillos, las oficinas y los consultorios de las instituciones vigila cons­ tantemente a sus afiliados, convirtiéndose así en el instrumento preferido de ajuste y reajuste conductual, de control o margi' nalización de la desviación, de coerción suave y disciplinaria persuasión.

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De acuerdo con la costumbre política de las últimas dé­ cadas, en las instituciones gubernamentales de México, por lo menos cada seis años, los cuadros directivos y medios son rotados o sustituidos, mientras que los trabajadores de base permanecen en la misma institución y en los puestos que han obtenido o se les han otorgado. Es también costumbre que los cuadros móviles pasen de una institución a otra en función de las oportunidades que se les presenten y, en la medida de lo po­ sible, beneficiando las carreras políticas que han planeado o fan­ taseado construir. Tal hecho es relevante por cuanto nos habla de un bajo nivel de especialización administrativa de los cua­ dros que toman las decisiones, en función de que los puestos que ocupan son definidos por una combinación de arreglos po­ líticos de los distintos grupos de poder y las ambiciones per­ sonales de los actores, en vez de definirse a partir de la profesionalización del servicio a comunidades específicas o a la sociedad civil en su conjunto. Eufemísticamente, esta división entre el personal que labora en el gobierno es expresado a tra­ vés del título distintivo de puestos de confianza en contraste con los que permanecen, con los de base, con los sindicalizados (o tal vez, en contraposición, con los de “desconfianza”). Por obvio que parezca, habrá que decir que estos traba­ jadores de base, estos trabajadores asalariados son piezas clave en el funcionamiento de la institución; son, en última instancia, los ejecutores directos de lo que se planea, de lo que se pro­ grama. Cuando la dirección burocrática está preocupada por la concreción de planes y metas, entonces son directa y recu­ rrentemente invocados, pero en el diario transcurrir su parti­ cipación es opaca, sorda y la ausencia de reconocimiento es la norma. Sin ellos, ningún programa se concretaría, pero en el discurso cotidiano son tratados como piezas sustituibles e ^relevantes, y ello es posible porque a final de cuentas su poder específico no opera de abajo hacia arriba, porque oficialmente esa ruta no existe, porque no se les reconoce capacidad real de participación en la generación de programas o en la reomentación de los mismos. Su poder, en cambio, se ejerce en el nncromundo de la prestación del servicio, en el contacto con el Público. Cuando las instituciones son además instituciones que prestan servicios de salud, hay una dimensión que se agrega y en­

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trelaza al ejercicio de las relaciones de poder: el discurso, la organización y la disciplina médicos (Foucault, 1973 y Turner, 1987). En la especificidad del ejercicio de su poder los admi­ nistradores, los trabajadores de la salud y los prestadores de servicios cuentan no sólo con el soporte sociopolítico de la organización burocrática, sino, adicionalmente, con la fuerza social y simbólica del saber médico (Turner, 1992). En la diná­ mica de la microfísica del poder institucional, la combinación de esas dos condiciones ofrece al burócrata de la salud, en to­ dos los niveles, una increíble fuente de legitimidad para la toma de sus decisiones, la puesta en operación de sus acciones y la concreción de su universo de poder. Con esa legitimidad no sólo combate resistencias en su relación con el público y consigue cierto grado de protección en contra de los cuestionamientos hechos por la sociedad, sino que, además, esa legiti­ midad le proporciona una manera de entender su lugar y par­ ticipación institucional como pieza, como engranaje de un sistema complejo, así como la posibilidad de valorar sus ac­ ciones como necesarias y, por ser de servicio, eficaces (Waitzkin, 1991). Es también con esa legitimidad que los prestadores de servicios atienden al público, a cada uno de los ciudadanos que acuden a la institución con sus necesidades particulares y es desde ese lugar de poder legitimado que escuchan, evalúan, diagnostican y recomiendan cursos de acción a individuos y parejas. El ejercicio de su poder también se expresa vertical­ mente, pero desde las “alturas” del saber médico y como mirada hacia abajo, hacia la “terrenalidad” de las necesidades y de­ mandas cotidianas, así como del saber común, popular y no especializado de los ciudadanos (Figueroa, 1991a). En México, la experiencia disponible acerca de los métodos quirúrgicos para regular la fecundidad es un caso muy ilus­ trativo a ese respecto. En 1987 había 2.3 millones de mujeres esterilizadas por razones anticonceptivas. Antes del procedi­ miento quirúrgico, una de cada cuatro (26%, para ser exactos) nunca recibió información alguna acerca de la existencia y las características de otros métodos anticonceptivos ni acerca de la irreversibilidad de la oclusión tubaria. A dos de cada cinco mujeres esterilizadas (40%) nunca se les pidió que firmaran la solicitud de operación, o bien se les pidió pero nunca la leyeron ni la firmaron. Una de cada seis (17%, precisamente) recibió

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una revisión médica deficiente o no recibió ninguna. De todas las mujeres esterilizadas, cuatro de cada cinco (79%) fueron intervenidas quirúrgicamente en una institución gubernamental (Figueroa, 1988 y 1990a y Dirección General de Planificación Familiar, 1989). En su estudio sobre la insatisfacción en este­ rilización anticonceptiva, Tuirán (1990) arriba a la conclusión, entre otras, de que las variables vinculadas al proceso de toma de decisión —como el grado de control de la entrevistada, el procedimiento burocrático y la actitud del marido hacia la operación— están claramente relacionadas con la probabilidad de insatisfacción.posoperatoria de la mujer. ¿Quién nos puede asegurar que en los confines de los con­ sultorios médicos, en el interior de clínicas y hospitales, ahí en donde se decide la suerte reproductiva de las mujeres y de las parejas, los prestadores de servicios, los que realmente tie­ nen contacto con las usuarias, están preocupados por respon­ der a sus demandas y a sus necesidades, están dispuestos y se encuentran en condiciones de respetar sus derechos? Ya en 1987, el análisis de la situación de la esterilización en el país permitía diagnosticar el servicio de las mayores institu­ ciones oficiales de salud no sólo como deficiente sino irrespe­ tuoso de la voluntad de las mujeres y las parejas, porque violaba constantemente la normatividad y los procedimientos mínimos que habían sido establecidos para asegurar que la elección de un procedimiento quirúrgico ocurriera después de un consen­ timiento informado (Figueroa, 1990a y Tuirán, 1990). En años más recientes, el trabajo político de diferentes organizaciones no gubernamentales ha recogido y organizado cantidad de testimonios de mujeres que se han atrevido a denunciar en forma pública (y algunas jurídicamente) el trato recibido en ins­ tituciones estatales de salud y que ha involucrado violaciones flagrantes a sus derechos reproductivos (Red de Salud de las Mujeres del D.F., 1997a). A ello debemos agregar las expe­ riencias sufridas por grupos de mujeres en pequeños pobla­ dos de diferentes estados del país, donde el personal de salud ue instituciones gubernamentales ha convocado a reuniones con el supuesto objetivo de ofrecer servicios gratuitos en samd reproductiva, pero con la real y velada agenda de realiZar inserciones de dispositivos intrauterinos sin dar la debida mrormación a las mujeres ni obtener el consentimiento por

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parte de éstas (Red de Salud de las Mujeres del D.E, 1997a y 1997b).8 “Los trabajadores de la planificación familiar [...] pueden ser vistos como unidades sociales semiautónomas que median entre el mundo público de la burocracia y el mundo privado de la sexualidad y la reproducción” (Tuirán, 1988, p. 49). En su actividad laboral y en su calidad de trabajadores asalariados reproducen la regulación institucional al seguir instrucciones, desarrollar actividades y cumplir un horario. Como agentes reactivos y en su calidad de sujetos contestatarios generan mecanismos de resistencia hacia las formas arbitrarias de las direcciones burocráticas y como protección frente a la dele­ gación de responsabilidades y culpas. Como empleados pú­ blicos y en su calidad de prestadores de un servicio específico reproducen la intencionalidad de los programas regulatorios de la fecundidad mediante la utilización de procedimientos de cooptación, la puesta en operación de mecanismos de persua­ sión y el cumplimiento de pago de cuotas implícitas por parte de las usuarias.9 En su calidad de trabajadores de la salud y en el ejercicio cotidiano de su poder reproducen la orientación ver­ tical del programa al alinear a parejas, pero en particular a mujeres, reduciéndolas a la categoría de aceptantes, al subor­ dinar sus necesidades a la razón médica y al guiar su práctica * El caso más documentado y conocido es el de San Miguel Pócitos, Puebla, porque fue denunciado y llevado a la Cámara de Diputados del estado por un diputado del pan. El incidente

ocurrió entre mayo y junio de 1996. El personal médico involucrado pertenecía al imss y 54 mujeres fueron las afectadas. La historia de engaño y abuso institucional y profesional fue descubierto después de que un primer grupo, de entre esas 54 mujeres, contrajo infección pélvica inflamatoria y por medio de la subsecuente revisión médica supieron que se les había introducido un dispositivo intrauterino sin su autorización o consentimiento. Con la ayuda y la asesoría del diputado panista, las 54 mujeres interpusieron una demanda legal en contra del personal médico responsable y las instituciones de salud estatales. Dos periódicos nacionales (La Jornada y Reforma) siguieron de cerca el caso y lo documentaron entre julio y septiembre de 1996. Durante el primer semestre de 1997, incidentes similares (aunque de menor magnitud) han sido reportados por las mismas fuentes en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. ’ De acuerdo con la metas establecidas por el Consejo Nacional de Población para alcanzar los niveles de fecundidad deseados, las metas sobre los niveles de uso de anticonceptivos y el tipo de métodos se fijan en reuniones intersectoriales donde se estructura el Programa Interinstitucional

de Planificación Familiar (por lo menos cada seis años y con cobertura nacional), se traducen en porcentajes de participación sectorial, institucional, departamental, etcétera, hasta alcanzar a las unidades más pequeñas (véase, en el mismo sentido, Figueroa, 1994a y 1994b). Aunque abiertamente no se manejen cuotas, el desdoblamiento burocrático de las metas cuantitativas, dentro y en cada

una de las instancias de las instituciones del sistema de salud nacional, genera un sistema implfc*^° de cuotas de uso general y específico por método.

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por los requerimientos institucionales y las metas cuantitativas de la política de población y no por los derechos y las nece­ sidades reproductivas de los individuos y las parejas. El problema, sin embargo, no debe ser reducido a uno de buena o mala voluntad por parte de los individuos que prestan los servicios; el problema no es sólo que haya médicos, enfer­ meros y trabajadores sociales que sean buenos o malos pro­ fesionistas.10 *Aun con el mejor de los entrenamientos y con la mejor de las actitudes, los prestadores de servicios se encuen­ tran insertos en instituciones que tienen reglas y procedimien­ tos, agendas previamente definidas, formas —más o menos eficientes— de control sobre los individuos y sus actividades, disposiciones generales y específicas que permiten la vigilancia de la acción y sus directrices; en instituciones burocráticas (en el sentido weberiano y también foucaultiano) que funcionan como un todo orgánico y racional, con arreglo a diferentes gra­ dos de eficiencia y eficacia, donde conceptos como lealtad, compromiso y pertenencia son utilizados como recursos para establecer sólidos nexos entre los cuadros directivos, medios y de base para generar cohesión, hermetismo y disciplina organizacional. El problema es que, independientemente de la bue­ na o mala voluntad, de la calificación y preparación formal de los prestadores de servicios, de los errores que los individuos puedan y estén expuestos a cometer en el desarrollo de sus la­ bores, la estructura (el sistema) de las instituciones tiende mu­ cho más a propiciar y establecer relaciones autoritarias con el público que relaciones d.e consideración y respeto por sus nece­ sidades, decisiones, derechos y voluntades.11 10 Los resultados de la Encuesta Nacional sobre Factores de Riesgo en la Anticoncepción Hormonal (Dirección General de Planificación Familiar, 1988) revelaron, por ejemplo, que el nivel de conocimientos de los prestadores de servicios de la Secretaría de Salud era deficiente en relación con lo que la misma secretaría establecía como mínimo necesario para poder ofrecer un servicio de calidad médica (Figueroa, 1991a). El punto que aquí se quiere destacar, sin embargo, no es el de la calificación sino el del constreñimiento institucional sobre la actividad y la voluntad individual de los trabajadores. ” La necesidad de generar investigación empírica sobre las dinámicas institucionales y su relación con las posibilidades del ejercicio irrestricto de los derechos reproductivos en México ya ha sido señalada anteriormente por Ortiz (1993) y por Figueroa, Hita y Aguilar (1994). Es más; a

tediados de los noventas, Figueroa y colaboradores (1994a y 1995b), en las pruebas piloto de un Proyecto que fue cancelado por la Secretaría de Salud, recopilaron información, por medio de Previstas y grupos focales con personal de salud (médicos, enfermeras, trabajadores sociales, elcétera), que apoya la conclusión de que la estructura administrativa, el sistema de acciones y las

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Derechos reproductivos

Primero presenté el perfil general de las políticas de población y su relación con algunos indicadores de la dinámica demográ­ fica del país en las últimas tres décadas y, después, las carac­ terísticas del proceso social mediante el cual la política demo­ gráfica se centró en el control de la fecundidad, y las decisiones sobre la reproducción se institucionalizaron y medicalizaron. En lo que resta me concentraré en presentar los argumentos fundamentales del objetivo central de este trabajo, a saber: una propuesta analítica sobre el concepto de los derechos reproduc­ tivos. En esta sección comenzaré por revisar los componentes fundamentales de su discurso y luego propondré algunas rutas de interpretación de su significado sociopolítico. Diagramando un vínculo

Un enunciado con dos componentes conceptuales conexos —como es el caso de los derechos reproductivos (en el cual se puede leer la pretensión de colocarse en el centro de la funda­ ción de un campo cognoscitivo)— encierra propuestas con­ ceptuales que van mucho más allá de una mera exploración intelectual. Esto quiere decir, en primera instancia, que las imágenes proyectadas, las conexiones señaladas y los intercam­ bios sugeridos en el enunciado no son generales ni indetermi­ nados. No es que se exploren los límites y entramados de dos universos conceptuales autónomos para luego esbozar hipótesis sobre sus posibles conexiones (como podría sugerir un enuncia­ do del tipo derechos y reproducción), sino que el enunciado implica un proceso selectivo de razonamiento donde ya han sido descartadas las hipótesis falsas (como la ausencia de rela­ ción) y los vínculos espúreos (como derechos sólo para aquellos que se han reproducido). Es decir, en el enunciado no teorizado

políticas organizacionales de las instituciones de salud hacen más para inhibir sistemáticamente las elecciones libres e informadas de métodos anticonceptivos que para propiciar y respetar el ejercicio pleno de los derechos reproductivos. En el mismo sentido, los testimonios recopilados por la Red

de Salud de las Mujeres del D.F. (1997a y 1997b) también apuntan hacia el mismo problema y contribuyen a su documentación.

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se concreta ya un trabajo pretérito de discriminación y relación conceptual. En derechos reproductivos encontramos la presencia de dos grandes componentes y de un vínculo de señalamiento y cali­ ficación bilateral. Por un lado, la reproducción como acaeci­ miento o acto central que es calificado y acotado por el con­ cepto de derecho. Por otro, los derechos como condición so­ cial y jurídica que confiere una titularidad específica y protege al acaecimiento que le otorga su referente: la reproducción. El componente de la reproducción encuentra su sustrato en la biología. No alude a la centralidad de procesos como el de la reproducción social, económica, cultural o simbólica, sino al que ocurre en la esfera de lo biológico, aun cuando éste pue­ da haber sido puesto en marcha por una diversidad de fuerzas y movimientos, por un entretejido de imágenes, eventos y suce­ sos que pueden ocurrir en otros terrenos diferentes. En adición a esto, la calificación de derecho implica que partes del proceso son reconocidas por la palabra de la ley. En efecto, del gran acaecimiento (procesual) de la reproducción biológica de los sujetos se identifican aspectos o dimensiones que tienen exis­ tencia en las esferas discursivas de lo legal y también aquellos que merecen convertirse en proyectos civiles de demanda le­ gal.12 Sobre este punto vale la pena insistir que lo que produce la calificación de derechos no tiene un efecto global; es decir, no significa una traducción de todo el proceso en palabra legal, si­ no solamente de algunas de las partes, de algunas instancias particulares. De esta manera, derechos es para reproducción, además de una calificación que lo acota, una maquinaria que fil­ tra y reconvierte piezas del proceso. Las razones que explicarían el filtro y la reconversión las hemos de encontrar en las historias fie las fuerzas sociales involucradas. De esta primera mirada podemos ya desprender dos rutas fie investigación: a) ¿Cuáles son las dimensiones, las partes o los aspectos de la reproducción que han sido reconocidos legalmente y trans­ 12 Esta última característica es la que permitiría anclar el concepto de derecho en un presente analítico, con posibilidades de reconstruir un pasado histórico y de proponer un futuro político. >n una permanente demanda propositiva, que pueda manejarse simultáneamente en estos tres 'spacios temporales, no sólo se despolitizarfa el campo cognoscitivo, sino que se empobrecería su Potencial analítico.

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formados en derechos? ¿Por qué es que han sido estas dimen­ siones, estas partes o estos aspectos de la reproducción y no otros? ¿Cómo es que ha ocurrido este proceso histórico de re­ conocimiento legal y transformación en derechos? b) ¿Qué dimensiones, partes o aspectos de la reproducción deben formar parte de las agendas políticas? ¿Qué vías de lucha se visualizan como políticamente efectivas? ¿Qué procesos de institucionalización se sugieren como apropiados? Además de acotar y calificar el concepto de reproducción, el componente de derecho contiene en sí mismo una relación implícita que lo define. El concepto de derecho representa la cristalización de un proceso con temporalidad y espacialidad específicas, de vínculos continuos o discontinuos, de relaciones conflictivas o no entre el Estado y la sociedad civil. De otra ma­ nera, los derechos son el producto jurídico de procesos histó­ ricos de negociación entre las perspectivas y las necesidades del Estado y la sociedad civil, De tal suerte, la calificación que derecho le otorga a reproducción debe entenderse también como la inclusión de los dos actores fundamentales (Estado y socie­ dad civil), con sus multiplicidades y heterogéneas composicio­ nes, en la generación de lo jurídico y lo legal, en una sociedad nacional y en un periodo histórico dados. Esta relación implí­ cita en el componente derecho es de carácter social y, por lo tanto, introduce directamente la noción de tensión, una noción que es permanente y, a la vez, transitiva: tensión social con historia y producto de necesidades diferenciales que pueden o no reconocerse, que pueden o no negociarse. De la primera mirada al otro componente también se des­ prenden dos rutas de investigación íntimamente entrelazadas: a) Una primera, que tiene que ver con la reconstrucción histórico-social de la formación, la formulación y el reconocimien­ to de los derechos reproductivos. ¿Cuáles fueron las condi­ ciones específicas que les dieron nacimiento? ¿Qué orígenes y procesos generaron las posibilidades de sus formulaciones y su reconocimiento? ¿A qué agendas, necesidades y fuerzas po­ líticas respondieron? b) Una segunda, que está conducida por el estudio de los agentes sociales que participaron en su formación y formu­ lación y en las posibilidades de su reconocimiento. ¿Cuáles fueron las fuerzas sociales, los grupos de poder y de represen­

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tación y los actores particulares fundantes? ¿Qué agendas ex­ plícitas e implícitas se pusieron en juego? ¿Cuáles fueron las necesidades esgrimidas u ocultas que se negociaron? ¿Qué re­ lación mantuvieron los participantes y las fuerzas sociales fun­ dantes? El componente de la reproducción

Como proceso, la reproducción humana es un fenómeno mul­ tidimensional y multifacético en el que intervienen fuerzas vi­ tales de diferentes órdenes y cuya compleja dinámica está cons­ tituida por entretejidos de lo biológico, lo social, lo cultural, lo psicológico, lo lingüístico, lo simbólico y lo mítico. Desde el punto de vista formal, en el proceso de la repro­ ducción humana podemos distinguir tres grandes componen­ tes: la sexualidad, la procreación y la crianza (véase la gráfica 1). Mientras que el componente de la procreación se encuentra constituido, a su vez, por tres eventos que ocurren de manera secuencial y con un orden sucesivo (concepción, embarazo y parto),13 en el componente inicial (sexualidad) y en el termi­ nal (crianza) los eventos constitutivos no presentan ocurrencias en un orden determinado. De tal manera que tanto el compo­ nente de la sexualidad como el de la crianza puedan describirse, formalmente, como entramados secuenciales de hechos simul­ táneos, y el de la procreación como una trayectoria de acae­ cimientos secuenciales y sucesivos. El primer componente, el de la sexualidad, puede ser en­ tendido como un universo de pulsiones hbidinales, complejos simbólicos y procesos de significación en el que enjambres de energías, fuerzas y movimientos, en permanentemente interac­ ción, producen las lógicas internas de su dinámica. En este Universo encontraríamos desde imágenes simbólicas y sociolingüísticas, como las fantasías sexuales y las represiones libidinales; la formación de ideas, juicios, censuras y formas in” En cada fase debe leerse y considerarse simultáneamente la presencia de sus contrapartes: a anticoncepción, la interrupción del embarazo o el aborto y los problemas relacionados con el Parto que pudieran conducir a mortinatos, como elementos del proceso y como potenciales Codificadores de la secuencia de la procreación, con evidentes efectos sobre los otros dos componentes de la reproducción.

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dividuales de introyectar normatividades y controles sociales con los cuales interactuar; maneras de simbolizar, separar, ad­ ministrar y regular los cuerpos, las actividades y las expresiones de acuerdo con diferenciaciones sociales significativas (como son, por ejemplo, el género y la edad); acciones conductuales como la práctica sexual y sus formas particulares de expresión geocorpórea (cutaneidad, masturbación, oralidad, analidad, etcétera); terrenos difusos e inaprehensibles, como la seducción y el erotismo, hasta figuras sociocorporales, como el amor car­ nal y sus maneras de auspicio, permisividad y sujeción. El último componente, el de la crianza, puede comprender­ se como un universo de vínculos afectivos, también con sus di­ mensiones simbólicas y procesos de significación, en el que (al igual que en la sexualidad) enjambres de energías, fuerzas y movimientos, en interacción permanentemente, producen las lógicas internas de su dinámica. En este universo encontraría­ mos desde condensaciones de afectos diádicos y formación de relaciones básicas y emocionalmente significativas, con los pe­ sos representacionales de ser figuras sociales como el amor materno y el paterno; espacios relaciónales de comunicación e intercambio afectivo, de tensiones y conflictos emocionales, de negociación de espacios y presencias, de construcción de la identidad psicosocial y de consolidación del yo; formas de transmisión de percepciones, valores y conductas, como la so­ cialización, la enseñanza y la estimulación comunicativa, hasta las actividades práctico-amorosas del cuidado físico (alimen­ tación, protección de la salud, protección corpórea, limpieza, organización del entorno, etcétera) y del cuidado emocional (protección afectiva, estimulación sentimental, intercambio amoroso, respeto, consuelo, consideración, etcétera). Existe una interesante similitud entre el universo de la se­ xualidad y el de la crianza —a los que les he asignado las imá­ genes de espirales14 (véase la gráfica 1)—, la cual tiene que ver eon sus dinámicas internas y sus procesos de evolución. Estos pueden ser concebidos y descritos como espacios vitales donde En vez de una línea recta y ascendente que tendría puntos clave que interrumpen la linealidad y a ren y cierran segmentos, prefiero pensar en una espiral ascendente donde los puntos clave °curren en diferentes niveles de altura que convergen en ejes verticales con otros puntos clave pero n diferentes tiempos del curso de vida. De esta manera, los individuos pueden desarrollar las m'smas actividades en diferentes etapas de sus vidas, pero experimentarlas de manera distinta y

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se organiza, ejecuta y repite una serie finita de actividades, ex­ puestos a permanentes y cambiantes procesos simbólicos y de significación, y constantemente afectados por los momentos históricos vividos por la sociedad y que acompañan el devenir móvil del curso de vida de los individuos. Como espacios vita­ les de actividades finitas, la sexualidad y la crianza tienen, po­ tencialmente, la posibilidad de experimentarse como renova­ dos procesos vitales y de construirse como sistemas procesales de aprendizaje. Por un lado, las actividades que son conocidas y experimentadas repetidamente, en series específicas y conjun­ tos articulados, pueden constituirse en procesos vitales renova­ dos si la vivencia se abre a nuevas y desconocidas formas de simbolización y atribución de significado. Por otro, la ejecución y repetición de actividades ajustadas a las demandas y ne­ cesidades de la vida de los individuos, en contextos dados y coyunturas determinadas, pueden beneficiarse de la experien­ cia pretérita y, en este sentido, producir las condiciones básicas para generar procesos continuos de aprendizaje. Así, tanto la renovación simbólica como el aprendizaje se les presentan a los individuos como opciones en sus experiencias cotidianas y como maneras de orientar e interpretar esas experiencias en sus vidas. Mientras que la sexualidad y la crianza pueden ser uni­ versos autocontenidos (por supuesto, sólo relativamente) con relaciones, eventos, sucesos, energías y dinámicas autónomas (también, sólo relativamente), la procreación depende sustan­ cialmente de la existencia de cada uno de estos universos; la sexualidad genera las posibilidades de su inicio (concepción) y la crianza puede desarrollarse (cuando ésa sea la elección) como consecuencia de ésta (parto). De esta manera, la pro­ creación carece de autonomía relativa, pero se convierte en un puente de experiencia que conecta los universos de la sexua­ lidad y la crianza. establecer un contraste con previas experiencias. Esta concepción en espiral del proceso permite dos cosas que me parecen esenciales: primero, introduce la oportunidad de compartir la importancia de estos procesos con personas en diferentes etapas de sus vidas, al tiempo que permite reconocer que, independientemente de la etapa de la vida del individuo y las especificidades de la experien­ cia, el proceso puede ser significativo, comunicable y compartible y, segundo, abre la posibilidad de que el proceso se convierta en un aprendizaje vital, al poder evaluar la experiencia reciente en re­ lación con otras ocurridas en el pasado.

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La procreación está constituida por una cadena de acae­ cimientos con secuencias determinadas y ordenados tempo­ ralmente: el parto no ocurre antes que la concepción y el em­ barazo que es llevado a término se produce después de la concepción y conduce al parto. En contraste con la sexualidad y la crianza, la procreación es un proceso relativamente fácil de entender y predecir porque está compuesto por menos ele­ mentos, sus componentes tienen formas conocidas de aparición y en la constitución de sus dinámicas intervienen también menos fuerzas. El ordenamiento temporal de los acaecimien­ tos que lo forman y la linealidad de su trayectoria se convierten en un basamento natural para la potencial programación e in­ tervención de la familia, la comunidad, las instituciones, la sociedad. Es en este sentido que la procreación puede enten­ derse como un terreno, ubicado dentro del proceso de la re­ producción humana, abierto y susceptible a la eficiencia de la normalización y los sistemas de control social. Para ser claro, no se está esbozando la idea de que la sexualidad y la crianza son universos que escapan a la normalización social —de al­ guna manera, los patrones de conducta, las tradiciones y los códigos legales son signo contrario de ello— sino que —lo que se apunta como argumento y se adelanta como hipótesis—, desde una perspectiva formal, la procreación se presenta, por su naturaleza lineal y ordenada, como un terreno más fácilmen­ te intervenible y normable, en contraste con la sexualidad y la crianza. Otra diferenciación tiene que ver con las dimensiones y características del signo y la marca que en la vida de los sujetos Producen los sucesos de la procreación. En una secuencia com­ pleta de transiciones, las fases de la concepción, el embarazo y el parto producen signos que vinculan la vivencia personal con turmas de interpretación y calificación social, a la vez que ge­ neran marcas que aparecen de manera evidente ante los ojos de los demás y que son compartidas por los grupos sociales de pertenencia. De esta manera, estas experiencias vitales, que Ruedan apuntadas en registros especiales o privilegiados de *as biografías de los sujetos, se convierten en espacios sociales e °piuión, de juicio, de reconocimiento, de condena; su visiuidad convierte a la secuencia de acecimientos en espacios s°ciales de intervención. En esta línea de reflexión, no me pa­

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rece fortuito que, en comparación con los universos de la sexua­ lidad y la crianza, es en el de la procreación donde encontramos de manera más constante las historias sociorrituales, es decir, la transformación de los acaecimientos en ritos de paso. La descripción y el análisis de las características y las dife­ rencias formales de cada uno de los tres grandes componentes de la reproducción, que aquí se han descrito y analizado, per­ miten entender no sólo sus cualidades y especificidades, diná­ micas y movimientos, relaciones y dimensiones, sino además las contribuciones de cada componente a la existencia y per­ manencia del proceso global de la reproducción humana. En función de los objetivos y debido a las exigencias teóricas del desarrollo de este ejercicio de reflexión, ha sido necesario hacer abstracción de las condiciones sociológicas que afectan la exis­ tencia de la reproducción en general y de cada uno de sus componentes en particular. Pero debe advertirse, con toda cla­ ridad, que la abstracción de las condiciones sociológicas es sólo un recurso metodológico y de ninguna manera un argu­ mento analítico. El proceso de la reproducción humana es un fenómeno profundamente marcado por elementos de diferenciación y de­ sigualdad social, como la edad, el género y la clase. Estos sistemas no sólo funcionan como mecanismos de in­ clusión y exclusión, como formas de atribución del prestigio, de disfrute de los beneficios, de asignación de actividades y de dis­ tribución de las responsabilidades, sino también como condi­ ciones estructurantes de la experiencia. Así, por ejemplo, con base en ellos se construyen juicios normativos acerca de quiénes pueden “legítimamente” ejercer su sexualidad, procrear o ha­ cerse cargo de la crianza de los hijos. Pero también significa que la pertenencia a determinado grupo social (por una combina­ ción de la edad, el sexo y la clase u otros sistemas de diferen­ ciación social relevantes), en cierta etapa del curso de vida de los individuos, genera formas específicas de percibir e inter­ pretar las fases de la reproducción y ubica a los sujetos en lu­ gares sociales determinados desde donde se viven ventajosa o desventajosamente las diferentes experiencias; desde donde, también, se establecen relaciones con otros sujetos y se negocian condiciones. Las relaciones de poder discriminan, pero también estructuran.

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El componente de los derechos

El concepto de decisión libre y responsable acerca del número y espaciamiento de los hijos que se desea tener fue declarado, por primera vez, un derecho humano en 1968, en el artículo 16 de la Proclamación de Teherán. Subsecuentemente fue rati­ ficado en 1969 por la Declaración de Progreso Social y De­ sarrollo (artículos 4 y 22), así como por otros instrumentos de­ claratorios (United Nations Secretariat, 1990). Los derechos reproductivos son multidimensionales por naturaleza jurídica, ya que involucran más de un momento y más de una decisión. En ellos coexisten centralmente tres di­ mensiones: la decisión de tener un hijo, la decisión de cuándo tener un hijo y, la decisión de regular la fecundidad y del tipo de medio o anticonceptivo que se desea utilizar. De esta ma­ nera, son derechos individuales que otorgan la libertad de de­ cidir sobre la descendencia en todos los momentos del proceso y sobre el cuerpo de uno mismo. De la misma forma, son derechos de orden social (como ve­ remos más adelante), porque implican y requieren la presencia de un Estado nacional, en funciones de servicio y provisión, pa­ ra que éstos se puedan realizar, es decir, para que los individuos puedan ejercerlos con plenitud y libertad. Si sometemos el postulado discursivo que sintetiza la idea central de los derechos reproductivos fundamentales a la pers­ pectiva analítica que sobre el proceso de la reproducción huma­ na ha sido propuesta en este trabajo, descubrimos interesantes aspectos y desenterramos características que lograban perma­ necer antes escondidas. Primero, lo que se ha estatuido como derechos reproductivos en el mundo de las declaraciones in­ ternacionales aparece circunscrito solamente a la lógica de ocu­ rrencia del sector conceptual de la procreación y, en el mejor de los casos, incluyen las relaciones que de éstos puedan deri­ varse. Segundo, es la posibilidad de decidir sobre la procrea­ ron, es decir, sobre la concepción, el embarazo y el parto, lo que esencialmente es considerado y protegido por los derechos reproductivos. Tercero, por ser la capacidad de ejercer una ecisión sobre los hechos secuenciales y sucesivos de la pro­ bación el centro donde reside la fuerza moral y jurídica de °s derechos reproductivos, reside, es la protección de esta ca­

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pacidad lo que importa, así como que ello ocurra en un ambien­ te de calidad material, de servicios y de respeto a la condición social y a la identidad individual. En la medida en que los derechos reproductivos se hayan concentrados en la serie de acaecimientos de la concepción, el embarazo y el parto, en esa misma medida es que se realiza la exclusión jurídica de los universos de la sexualidad y la crianza. No sólo reproducción es definida —en la normatividad inter­ nacional y en sus traducciones nacionales— como un equiva­ lente conceptual de la procreación, sino que implica conse­ cuentemente la ausencia, en el discurso jurídico de los derechos, de la importancia normativa de los espacios sociales de la se­ xualidad y de la crianza.15 En efecto, los posibles vínculos que podemos trazar entre los derechos reproductivos y los universos de la sexualidad y la crianza son, en todo caso, secundarios. Así, pues, con la se­ xualidad los vínculos se establecen mediante las funciones institucionales de la educación formal, tales como: i) acceso a la información sobre fisiología y prácticas sexuales con orien­ tación reproductiva; ii) derecho a la orientación informada, cuando ésta sea requerida, a través de las instituciones de salud; iii) acceso a la información médica y a los servicios; iv) atención a las necesidades de orientación en salud sexual, y v) acceso a la tecnología preventiva y curativa. En el caso de la crianza, los vínculos resultan aún más escasos y débiles, por cuanto depen­ den de la existencia de otros, como los derechos laborales. El acceso a guarderías y los “permisos de maternidad”, por ejem­ plo, son otorgados selectivamente a mujeres que trabajan en el sector laboral protegido por la legislación. Estos argumentos, sin embargo, no deben conducirnos a la elaboración de fáciles y rápidas conclusiones. Aunque haya dos alternativas que parecen desprenderse naturalmente de este análisis, habría que detenerse con todo cuidado en la reflexión acerca de sus consecuencias políticas. La primera alternativa, aparentemente obvia, consistiría en la proposición de ajustar 13 Aun cuando en la Conferencia Mundial de El Cairo de 1994 uno de los actos resolutivos fue la introducción del concepto de salud reproductiva (elaborado a partir de un alejamiento simultáneo de los de control natal y planificación familiar), que ha significado la ampliación de los derechos de acceso a la salud y de protección de los sucesos involucrados, el concepto de reproducción

sigue restringiéndose por los acaecimientos de la procreación y centrándose también en ellos.

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el discurso de lo jurídico a la delimitación de los supuestos bá­ sicos que están por detrás de la definición actual: implicaría, entonces, trocar el concepto de derechos reproductivos por el de derechos de la procreación. Tal ajuste, sin embargo, signifi­ caría perder espacios en el discurso jurídico, que si bien no es­ tán del todo ocupados o definidos con claridad, actualmente representan estimables perspectivas políticas para el futuro. La segunda alternativa, en contraste, iría en sentido inverso. Si la definición actual excluye jurídicamente dos dimensiones importantes del proceso de la reproducción humana, se trata­ ría entonces de elaborar una política de inclusión de la sexua­ lidad y la crianza.16 Sin embargo, el problema no es sencillo y requiere análisis detallados y amplios debates para poder delinear el tipo de inclusión jurídica que se podría proponer. ¿Realmente estaríamos dispuestos a propugnar una política de juridización17 de los universos de la sexualidad y la crianza, sabiendo que en la acción de normar jurídicamente se encuen­ tran también las condiciones primigenias para la intervención y el control de instituciones con aval y justificación legales? El problema es delicado y me parece que debe tomarse con toda seriedad y cautela, porque todo proceso de juridización de la actividad individual y familiar es a la vez un proceso de apertura del mundo de lo privado al escrutinio y la evaluación por par­ te del mundo de lo público.18

EL PROBLEMA DE LA TITULARIDAD

La titularidad es un aspecto sustantivo de la estructuración dis­ cursiva y jurídica de un derecho. No todos los derechos humaEsta línea de argumentación tiene coincidencias muy interesantes con Correa y Petchesky

(1994)

17 El concepto es utilizado de acuerdo con la definición de Jürgen Habermas: “La expresión íuridización» se ’■efiere, dicho en términos muy generales, a la tendencia que se observa en las sociedades modernas a un aumento del derecho escrito. En esta tendencia podemos distinguir ^otte la extensión del derecho, es decir, la regulación jurídica de nuevos asuntos sociales regulados ^asta el momento de manera informal, y el adensamiento del derecho, es decir, la desmenuzación Una materia jurídica global en varias materias particulares” (Habermas, 1987, p. 357). Para esta 3 "’u aux’liado de la traducción de Manuel Jiménez Redondo (Habermas, 1987, p. 504). Una alternativa interesante propuesta por Figueroa (1995c) consiste en incluir, sin

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. anarncnte juridizar, la sexualidad y la crianza bajo la consideración (de aparente inspiración ntiana) de las condiciones de posibilidad para el ejercicio de los derechos reproductivos.

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nos han presentado historias de asignación de titularidades tan complejas como la de los derechos reproductivos. En esta sec­ ción exploramos las razones de esta biografía jurídica singu­ lar, así como su naturaleza social y el significado de la desi­ gualdad para su definición y las posibilidades de su ejercicio.

Evolución de la titularidad Desde el momento de su declaración hasta la fecha, las mo­ dificaciones discursivas que ha sufrido la definición de los de­ rechos reproductivos han estado vinculadas fundamentalmen­ te a la definición de la titularidad. Mientras que en los años sesenta se establecía a la familia como la recipiente de los de­ rechos, durante los setentas y hasta mediados de los ochentas se convirtió a la pareja en la depositaría de los mismos; ac­ tualmente, la titularidad ha sido ampliada para incluir, además de la pareja, a los individuos (Fincancioglu, 1990 y DixonMueller, 1993). La primera transformación de la titularidad puede enten­ derse porque la familia era una figura jurídica muy imprecisa y difusa, a la vez que permitía la inclusión de personas no di­ rectamente involucradas en el proceso de reproducción. Los posteriores cambios involucraron consideraciones adicionales y la discusión que los acompañó ha puesto de relieve la nece­ sidad de hacer mayores especificaciones acerca del sujeto titu­ lar y el significado del término de esa titularidad. El paso de la familia a la pareja representó una evolución hacia una refe­ rencia más precisa de las personas directamente involucradas en las decisiones relacionadas con la reproducción, pero aún requería el estudio de la problemática de las relaciones de gé­ nero y de sus implicaciones para la autonomía de los indivi­ duos, pero en particular de las mujeres. La preocupación fundamental puede resumirse de la si­ guiente mapera: establecidas sobre estructuras patriarcales, las relaciones de género crean, constante y sistemáticamente, con­ diciones desfavorables que impiden a las mujeres tomar deci­ siones sobre la reproducción y ejercer sus derechos de manera autónoma en diferentes esferas sociales y a lo largo de sus cur­ sos de vida. Se intentó enfrentar de manera jurídica este pro*

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blema de orden sociológico. La pregunta, sin embargo, era: ¿cuál sería la mejor manera de construir un discurso que fuese capaz de otorgar un poder diferencial e igualador (“apodera miento”) a las mujeres durante el proceso de toma de decisiones reproductivas y en el ejercicio de sus derechos. Una de las rutas propuestas tenía que ver con el orden de la titularidad. En primera instancia, los derechos debían ser otorgados a la mujer y después a la pareja o, en todo caso, a cualquier otra persona que la propia mujer reconociera como directamente vinculada con tal proceso. Así, se intentaba pri­ vilegiar a la mujer y su voluntad, deseando que eventualmente el discurso jurídico evolucionara hacia un anclaje irrestricto en ella. El argumento que sustenta esta posición está fundado en un deslinde de las participaciones reales de cada uno de los sexos en el proceso reproductivo. Primero, se sugiere que si bien hombres y mujeres participan genéticamente de igual ma­ nera, biológicamente son las mujeres las que tienen el papel fundamental en la mayor parte del proceso de procreación. Segundo, que el derecho a la autodeterminación sobre sus cuerpos, en adición al papel fundamental desempeñado en la procreación (que no tiene paralelo o contraparte entre los hom­ bres), confiere a las mujeres un lugar preeminente en la defi­ nición de los derechos reproductivos (Fincancioglu, 1990; Macklin, 1990, y Azzolini, 1993).19 Esta ruta argumentativa tiene el gran problema de contri­ buir, sin así desearlo, a reforzar lógicas y prácticas sociales de carácter patriarcal. Por Un lado, minimiza la importancia de que las decisiones sean producto de procesos de comunicación y negociaciones justas e igualitarias entre los miembros de la Pareja y que en el interior de ésta los derechos puedan ejercerse tediante una combinación de autonomías y las responsabi­ lidades ser compartidas equitativamente. Por otro, la atribución de derechos significa, a la vez, atribución de obligaciones. En este sentido, privilegiar a la mujer en la titularidad tiene tam­ bién el subtexto de hacerla la principal responsable de la pro­ creación, de su planeación y cuidado, de sus resultados y su tención. Estas resultan ser consecuencias no anticipadas de j eslos tres trabajos pueden encontrarse reconstrucciones i y e os diferentes argumentos que sé esgrimen al respecto.

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un discurso político que tenía por objetivo el “apoderamiento” de las mujeres mediante un recurso jurídico. El hecho de que hombres y mujeres tengan una partici­ pación biológicamente diferencial en el proceso de la reproduc­ ción y de que haya prácticas sociales que discriminan sistemá­ ticamente a uno de los sexos no implica, necesariamente, que tengan que construirse derechos diferenciales o discursos nor­ mativos que otorguen titularidades distintivas en procesos per­ sonales y sociales con los cuales se pretenda la creación de condiciones de igualdad jurídica para parejas e individuos. Me parece que el problema de las consecuencias no anticipadas se genera cuando, en la construcción de un discurso normati­ vo, se confunden las dimensiones de lo jurídico y lo sociológico, cuando se pretende resolver problemas sociológicos por medio de lo jurídico, sin reconocer las complejidades de la relación existente entre las dos dimensiones y los límites que cada di­ mensión tiene para producir cambios en la otra.20 Por lo pronto, la manera en que ha sido definida actual­ mente la titularidad en los documentos internacionales y otorgada tanto a la pareja como a los individuos resuelve técni­ camente el problema jurídico, mientras la discusión acerca de los contenidos pueda alcanzar un consenso en las comunidades involucradas e interesadas. Carácter social y el concepto de la responsabilidad

Desde un punto de vista jurídico, tanto histórico como for­ mal, los derechos reproductivos deben incluirse en la categoría de los derechos humanos que se definen como derechos so­ ciales. Su contenido y la forma en que operan son similares a los del derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Los de­ rechos sociales son derechos que dependen de la existencia de ciertas condiciones para objetivarse. En otras palabras, requie­ ren de la previa habilitación de los medios mínimos para su concreción: sin hospitales, escuelas y planta productiva es im“ No es éste el lugar para elaborar un argumento completo al respecto, pero para la revisión de algunos de los debates contemporáneos más importantes se pueden consultar dos fuentes: Cornell et al. (1992) y Habermas (1996).

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posible el ejercicio de los derechos a la salud, a la educación y al trabajo. Por ello es que, en términos de la relación entre so­ ciedad civil y Estado, los derechos sociales implican inheren­ temente deberes y responsabilidades para los gobiernos, ya que éstos deben proveer los medios o asegurarse de que existan con el fin de que la población pueda no sólo ejercer sus dere­ chos, sino para que el ejercicio de ellos sea pleno. La inclusión del derecho a la decisión reproductiva en el Plan de Acción Mundial en Población de 1974 estableció dos ti­ pos de obligaciones para los gobiernos. Por un lado, no inhibir el proceso de toma de decisiones relacionadas con la repro­ ducción mediante la coerción o el ocultamiento de la informa­ ción necesaria para tomar tales decisiones. Por otro, la provi­ sión de los medios necesarios para el ejercicio de las decisiones que hayan sido tomadas (Warwick, 1982; Hartmann, 1987, y Fincancioglu, 1990). El propio desarrollo del derecho ha estado acompañado del concepto de responsabilidad. De acuerdo con la formu­ lación de 1974 y en función de la ausencia de reformulaciones posteriores a esta fecha, en el Plan de Acción Mundial se men­ ciona la necesidad de que las parejas y los individuos tomen en consideración su propia situación, así como las implicacio­ nes que sus decisiones tienen para el desarrollo equilibrado de sus hijos, de la comunidad y de la sociedad en la que viven. A tal advertencia, en 1984 se agregó el recurso adicional de tomar en cuenta el bienestar de sus futuros hijos.21 Definida la responsabilidad de esa manera, el derecho teproductivo presenta una contradicción intrínseca: El reconocimiento de las necesidades de la comunidad y la sociedad, ¿justifica la intervención estatal en la esfera del proceso de toma de decisiones sobre la fecundidad? Si la respuesta fuese afirmativa, ¿hasta qué punto y de qué forma? Este tema funda­ mental sigue debatiéndose en las distintas instancias de las Naciones Unidas (United Nations Secretariat, 1990, p. 59; trad. nuestra). ,

21 Véase United Nations Secretariat (1990). La sustitución del concepto de planificación

’liar por el de salud reproductiva, ocurrida en 1994 en la conferencia de El Cairo, amplía y especifica los derechos a la salud en la procreación, pero no modifica al concepto de derecho eproductivo, Para una reconstrucción histórica de las transformaciones conceptuales que han

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Ante esta fuente de conflicto, la discusión se divide en dos frentes: aquellos que apoyan una iniciativa donde se delineen las fronteras de la libertad y la responsabilidad de la decisión, por un lado, y aquellos que creen en la total omisión del con­ cepto de responsabilidad, por otro. La primera posición en­ tiende el problema como transitorio, en la medida en que lo visualiza como producto de la falta de claridad en la definición conceptual de tales fronteras. La segunda posición, en cambio, defiende la idea de que los individuos, si cuentan con los medios y el conocimiento necesarios, lograrán una decisión reproduc­ tiva acorde con sus necesidades y su realidad. Pero la pregunta que queda sin contestar es: ¿hasta qué punto estamos frente a un conflicto irreconciliable? Un problema fundamental es que cuando se habla de liber­ tad y responsabilidad los actores sociales involucrados no tie­ nen el mismo peso, la misma fuerza o la misma presencia sociopolítica. Por una parte, encontramos al Estado, que se adjudica (entre otras cosas y para el caso que nos ocupa) la defensa del proyecto nacional, y, por otra, a los individuos o grupos socia­ les cargados de necesidades y demandas específicas. El análisis de la dinámica que se genera con el reconocimiento, la titula­ ridad y el ejercicio de los derechos reproductivos requiere nece­ sariamente la aceptación de que la relación social que se esta­ blece es entre dos actores con capacidades de gestión y poderes específicos totalmente desequilibrados.* 22 (Véase la gráfica 2.) Que la contradicción en el concepto de responsabilidad es­ té todavía encadenada a la definición del derecho y se mantenga aún sin clarificar en las Naciones Unidas tiene, a mi juicio, im­ plicaciones sustanciales. Básicamente, lo que me preocupa es que se deje abierta la posibilidad de que un Estado nacional decida sobre las posibles implicaciones de cierta dinámica poblacional, digamos, de crecimiento positivo, y que con ello se legitime y justifique, en nombre del “bien nacional”, una activa intervención estatal, aun cuando sus acciones signifiquen la negación.de la libertad de los individuos y grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. En el centro tenemos el proocurrido, desde control natal hasta salud reproductiva, véanse Dixon-Mueller (1993) y Figueroa (1995c). 22 Véanse S'aapiro (1985) y Hartmann (1987).

Neces idade s del Proyecto nacional

Necesid ades de la sociedad

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blema de la oposición potencial o real entre las necesidades estatales y las necesidades grupales e individuales; tenemos el problema de qué tan representativa de la voluntad de la socie­ dad civil es la gestión de un Estado nacional.23 Además, por su­ puesto, del problema crucial de cómo y quiénes son los que definen, en momentos históricos determinados, lo que es una necesidad nacional y los procesos mediante los cuales se de­ terminan las prioridades políticas y sociales de un país; en definitiva, de qué tan democrática puede ser una democracia formal. En el marco de estos argumentos y por la importancia fun­ damental que la reproducción tiene en las políticas de pobla­ ción, el establecimiento de metas demográficas puede inter­ pretarse como la definición que el Estado elabora en materia poblacional, en nombre de las necesidades de la sociedad. Ex­ presada de esta manera y con arreglo a su traducción en metas particulares de niveles de fecundidad, es fácil entender que el ejercicio de los derechos reproductivos se realice dentro de límites fijos y preconcebidos por el Estado. La meta nacional de crecimiento de la población se convierte así en meta de fe­ cundidad nacional y de ahí en número de hijos que la mujer y el hombre deben considerar deseable tener y que la pareja de­ be tomar en cuenta para que su ejercicio no sólo pueda ser considerado libre, sino también responsable. De esta forma, la responsabilidad aparece como el factor que, de manera indi­ vidual o en su relación de pareja, los individuos deberán incor­ porar en la toma de decisiones para satisfacer los criterios de la necesidad nacional, elaborados por el Estado y los gobiernos en turno. La responsabilidad se convierte en la metamorfosis de la voluntad del Estado en voluntad de los individuos; se con­ vierte en los límites precisos dentro de los cuales las mujeres y los hombres, las parejas pueden ser libres al ejercer sus derechos y ser responsables al tomar las decisiones concernientes a su descendencia.

23 Sobre alternativas y propuestas para la generación de procesos de democratización de los espacios de la gestión pública, como el de las políticas de población, véase mi artículo incluido en Cervantes (1995a).

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Titularidad, desigualdad y ejercicio de los derechos Según el criterio universal que define el concepto de justicia en una sociedad, todos los individuos son iguales. Son iguales porque la única condición que un individuo requiere para ser titular de la normatividad y la reglamentación de un sistema de justicia es ser miembro de esa sociedad. En términos estrictamente formales, “si las mismas normas y reglas se aplican a todos y cada uno de los miembros de una sociedad (independientemente del grupo social al cual perte­ nezcan), estas normas y reglas hacen a todos iguales desde el punto de vista de las normas y reglas en cuestión” (Heller, 1987, p. 16). Es la existencia social de un marco jurídico y su permanente aplicación generalizada lo que permite afirmar que todos los ciudadanos en una democracia formal son miembros de esa sociedad en igualdad de circunstancias y condiciones. La ciudadanía aparece como la forma jurídica de la membrecía social. En el caso particular de los derechos reproductivos, todos los individuos, por el simple hecho de haber nacido como se­ res humanos, tienen el derecho inalienable de decidir libremen­ te sobre su fecundidad y su descendencia. Asimismo, si los in­ dividuos nacieron en un país donde estos derechos se protegen jurídicamente, es decir, donde la condición de ciudadanía los convierte en titulares de la traducción de un derecho humano internacional en un derecho constitucional, el Estado nacional tiene la obligación de asegurar que las condiciones sean idóneas para que las decisiones sobre la reproducción se realicen no sólo libre, sino plenamente. Desde esta perspectiva, los ciuda­ danos del mundo, que además son ciudadanos de estas na­ ciones, resultan ser individuos privilegiados porque legal y moralmente se encuentran doblemente protegidos por un marco internacional y otro nacional. Así, estos ciudadanos tendrían doblemente asegurada la existencia de este derecho que pretende salvaguardar irrestrictamente su vida repro­ ductiva. Ahora bien, que la pertenencia a una sociedad específica confiera al individuo una serie de derechos y responsabilidades y que esto iguale y equipare a todos los individuos de esa so­ ciedad no significa que todos tengan la misma posibilidad o

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estén en igualdad de circunstancias para ejercer esos derechos que los definen a todos (formalmente) como iguales. Entre el derecho formal que todo individuo tiene por pertenecer a una sociedad determinada y las posibilidades que se le presentan para ejercerlos, se encuentran los constreñimientos estructu­ rales, sistémicos, ideológicos y simbólicos de esa sociedad. En las sociedades que convierten las desigualdades sociales (de clase, de género, étnicas, generacionales) en el basamento de su organización central, la manera en que los sujetos se in­ sertan en la producción y distribución de la riqueza social de­ termina la estructura de opciones sobre la cual los individuos construyen sus proyectos de vida y ejercen sus voluntades per­ sonales. Y, al revés, en el ejercicio de sus voluntades personales y en la construcción de sus proyectos de vida los sujetos crean y recrean las estructuras de opciones y sus determinaciones, así como su propia inserción en la producción y distribución de la riqueza social. No es únicamente el enfrentamiento de las acciones de las personas (ya sea como individuos o como grupos) con la estruc­ tura social o los constreñimientos que la estructura social ejerce sobre las posibilidades de acción de las personas, sino también el hecho de que los diferentes sistemas de diferenciación so­ cial —como la clase, el género, la etnicidad, la raza, la gene­ ración— tienen un efecto fundante en la conformación del vínculo que el individuo establece con la sociedad: tanto la acción individual como el constreñimiento social pasan por, o mejor aún, son ejercidos a través del tamiz de la articulación de estos sistemas de diferenciación social. De ahí que el ejercicio de los derechos formales se realice con arreglo a las opciones que permite el entretejido de los distintos sistemas de diferenciación y desigualdad social. La especificidad del ejercicio, entonces, es un producto del ejerci­ cio de la voluntad personal en el marco de las opciones que la diferenciación y la desigualdad social le permiten al individuo. Tanto las experiencias que los individuos viven, las deci­ siones y resoluciones que toman, así como el ejercicio propio de la voluntad y de los derechos se realizan de manera so­ cialmente diferencial. Aunque todos los individuos tengan legalmente los mismos derechos frente al Estado, el ejercicio que de ellos pueden hacer es desigual. Para algunos individuos

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ello ocurrirá en el marco de mayores posibilidades, de más op­ ciones y alternativas. Para otros, las elecciones se darán en un marco restringido de posibilidades. Para otros más, la elección ni siquiera será una posibilidad. De esa forma, aun teniendo formalmente los mismos de­ rechos reproductivos, no todos los ciudadanos de una misma nación podrán ejercerlos de la misma manera o tendrán la po­ sibilidad de concretarlos dentro del mismo marco de opciones. Por ejemplo, en relación con el acceso a los servicios médicos, algunos podrán escoger la práctica médica privada y especia­ lizada de acuerdo con sus recursos y con la cantidad de dinero que estén dispuestos a pagar por ellos. Otros estarán obligados a recurrir a los servicios, subsidiados parcial o totalmente, que sean ofrecidos por instituciones estatales. Y otros más, en cam­ bio, no tendrán acceso a servicio médico alguno.24 Pese a que la experiencia vital de los individuos cuestiona la factibilidad de la igualdad jurídica y su traducción en condi­ ciones sociales de existencia cotidiana, la palabra jurídica que defiende no sólo a todos los ciudadanos como iguales frente a la ley nacional, sino incluso con iguales posibilidades de disfru­ te, protección y ejercicio sigue presente y coexiste cotidiana­ mente con la pesadumbre intuitiva de la desigualdad, creando una permanente paradoja simbólica, un constante contrasenti­ do discursivo. En la sociedad burguesa, la desigualdad es una idea que circula de contrabando, contradictoria con la manera en que los individuos se imaginan a sí mismos; sin embargo, está por doquier, en la si­ tuación que viven y en las pasiones que alimenta ella. La bur-

24 En el México de 1979, 38% de las mu|eres en unión conyugal (en edad fértil) usaban métodos anticonceptivos para regular su fecundidad. De ellas, menos de una quinta parte (18%) obtenía el método en consultorios u otros servicios médicos privados, una tercera parte (31%) en farmacias y la mitad (51%) en alguna institución del sector público (imss, ssa, issste, en ese orden de importancia). Ocho arios después (en 1987), el uso se incrementó a 53% y se modificó su distribución según lugar de adquisición: sólo una sexta parte de las mujeres (16%) obtuvo el anticonceptivo de la medicina privada, una quinta parte (22%) en farmacias y, dos terceras partes (62%) en alguna institución gubernamental (Dirección General de Planificación Familiar, 1989). Esta tendencia, de disminución de la presencia de la medicina privada y aumento de la cobertura de las instituciones públicas, continúa y se acentúa cinco años después (en 1992) cuando el uso de anticonceptivos se incrementa hasta incluir a dos de tres mujeres en edad fértil (63%) (Consejo Nacional de Población, 1995).

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guesía no inventa la división de la sociedad en clases. Pero hace de esta división un sufrimiento al enmarcarla en una ideología que la vuelve ilegítima (Furet, 1995, p. 19).

El argumento analítico de Furet tiene gran fuerza porque explora posibles explicaciones de la coexistencia de sistemas de diferenciación social, procesos de desigualdad y sistemas ideo­ lógicos liberales de explicación del mundo. La desigualdad so­ cial es una gran contradicción: por un lado, es una necesidad económica básica (posesión de medios de producción como condición mínima para la apropiación de trabajo excedente) y, por otro, la negación jurídica de su existencia es también una necesidad (liberar la fuerza de trabajo instaurando la igualdad legal). La contradicción entre palabra legal y econo­ mía se vuelve consustancial a su existencia. La desigualdad en el pensamiento burgués no es algo que se proclame, pero se produce y reproduce en la economía y en la organización so­ cial capitalista. La igualdad, en cambio, sí es algo que se pro­ clama a los cuatro vientos, pese a que no se produce ni reprodu­ ce en la economía y en la organización social capitalista. Desigualdad social e igualdad jurídica son el producto de las relaciones humanas y de las formas de vida que operan en la modernidad; su coexistencia es inevitable. Por ello es que só­ lo en la modernidad y mediante la lógica de su discurso pode­ mos entender que ocurran fenómenos como el de la desigual­ dad de las igualdades y el de la igualdad de las desigualdades. Mientras la idea de desigualdad siga circulando clandes­ tinamente en la sociedad y en las imágenes cognoscitivas que de nuestra sociedad construyamos, las posibilidades de desen­ trañar las complejas relaciones que han transformado la di­ ferencia humana (centro de la identidad de los sujetos) en desigualdad social (centro del extrañamiento entre sujetos) per­ manecerán oscuras y enigmáticas. Decisiones

reproductivas: lectura normativa

y propuesta sociológica

En esta última sección quisiera presentar una lectura de los derechos reproductivos desde la perspectiva del proceso de

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toma de decisiones y en función de dos desdoblamientos ana­ líticos: como realidad normativa y como realidad sociológica. Sobre los supuestos De acuerdo con los componentes que definen los parámetros legales de los derechos reproductivos en un país determinado, se requieren ciertas condiciones para que estos derechos sean plenamente ejercidos por sus ciudadanos. Por un lado, el Esta­ do está obligado a proveer a su población de información ac­ tualizada, verídica, general y específica, así como de los medios adecuados para la regulación de la fecundidad. Por otro, para que los ciudadanos puedan realizar libremente las decisiones relacionadas con su descendencia, el Estado no sólo debe abs­ tenerse de intervenir en el proceso de toma de decisiones sino que, además, debe asegurar que las condiciones sociales que rodean este proceso permitan la generación de decisiones au­ tónomas. De esa manera, el Estado cumple el doble papel de provee­ dor y protector de la libertad y la autonomía de sus ciudadanos. Y es por ello que el ejercicio pleno de los derechos reproduc­ tivos, en particular, pero de todos los derechos sociales, en ge­ neral, depende de provisiones concretas de parte del Estado y de acciones que aseguren su autonomía y libertad. Mientras el papel de proveedor está directamente vinculado con la pre­ sencia y distribución de recursos, el papel de protector está es­ trechamente determinado por la voluntad política y la natu­ raleza de la relación del Estado con la sociedad civil. Para la provisión de información y medios, el Estado requiere recursos materiales y humanos, pero la presencia de éstos no necesa­ riamente asegura que el Estado tenga la voluntad política de distribuirlos o que la sociedad tenga acceso a ellos. Los recursos son una condición necesaria pero no suficiente para satisfacer la obligación de proveer que tiene el Estado. En contraste, pa­ ra la protección de la autonomía y la libertad de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, el Estado debe tener un respeto irrestricto por los procesos privados de sus ciudadanos y con­ fianza en que las decisiones que éstos tomen serán buenas para la nación, independientemente de que coincida o no con ellas.

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En cualquiera de los dos casos, la clave reside en que el Estado sea capaz de reconocer la virtud política de una de las máximas de la democracia: e, poder último del Estado se localiza en la sociedad civil, en las decisiones que sus ciudadanos tomen, ya con base en las preferencias expresadas por el voto, ya por medio de interacciones comunicativas públicas o deliberaciones colectivas racionales.25 El ejercicio pleno de los derechos reproductivos de los ciudadanos de una nación sólo puede darse en relación con el Estado: con base en su provisión y bajo el amparo de su pro­ tección. La definición legal de los derechos reproductivos y su dis­ curso explicativo están construidos sobre la base de una serie de supuestos normativos que no son, necesariamente, hechos explícitos y sometidos a escrutinio analítico, pero que sin em­ bargo informan y orientan el tipo de interpretación que de ellos se hace. Así, por ejemplo, el derecho a decidir libre e in­ formadamente sobre la descendencia presupone dos condicio­ nes simultáneas. Por una parte, el proceso de toma de deci­ siones debe ocurrir al margen de toda coerción, es decir, las decisiones de los ciudadanos deben realizarse de manera autó­ noma y con arreglo a la lógica y las necesidades determinadas por ellos. Por otra, el Estado es responsable de crear las estruc­ turas y los sistemas necesarios para que la información relevante se encuentre al alcance de todos los ciudadanos que la re­ quieran, para que las decisiones sean elaboradas con el pleno conocimiento de la existencia de todas las alternativas dispo­ nibles que permiten regular la fecundidad y proteger el emba­ razo. De la misma manera, el resto de los componentes que conforman los derechos reproductivos están también concebi­ dos con base en una red de supuestos que preceden y, a la vez, explican el discurso legal. En un esfuerzo por clarificar la serie de supuestos sobre los cuales está montada la definición de los derechos repro­ ductivos en el ámbito internacional, así como su traducción y adaptación al contexto de México, quisiera proponer una lec­ 25 Para una discusión actualizada del concepto de democracia y de los diferentes modelos

normativos que informan cada una de las interpretaciones contemporáneas en filosofía política, véase Benhabib (1996).

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tura de esta red interconectada de supuestos desde una pers­ pectiva normativa. El objetivo es doble. Primero, porque pre­ tende abrir la discusión acerca de los derechos reproductivos explicitando su posible racionalidad justificadora y explica­ tiva, así como sus criterios de legitimidad discursiva. Es decir, permitiría el escrutinio analítico de los derechos reproductivos ventilando los temas ignorados, develando lo velado, eviden­ ciando lo considerado como dado. Segundo, porque una vez definidos los parámetros normativos no sólo es posible esta­ blecer nuevos objetivos que perseguir, sino, además, lo nor­ mativo puede convertirse en criterio de evaluación de las prác­ ticas presentes y de los impedimentos para la realización de la norma deseada. Proceso ideal de la toma de decisiones reproductivas

Siguiendo una metodología de inspiración habermasiana,26 propongo la reconstrucción del marco normativo de los dere­ chos reproductivos como un proceso ideal de toma de deci­ siones, en el que el producto final es una decisión sobre la reproducción capaz de cumplir con todos los requisitos deman­ dados por las definiciones internacional y nacional (mexicana) de los derechos reproductivos. El proceso ideal de toma de decisiones ocurre tanto en la dimensión privada de la vida social como en la dimensión pú­ blica (véase la gráfica 3). En cada una de estas dimensiones se generan dinámicas diferenciadas y específicas que contribuyen, en distintos momentos del proceso, a producir decisiones ge­ nerales y particulares. El proceso comienza en la esfera de lo privado, se mueve hacia lo público y regresa a lo privado donde se toman resoluciones (aunque siempre de carácter transitorio y potencialmente modificables) en momentos específicos del curso de vida. 26 Me refiero a la elaboración y utilización analítica que Jürgen Habermas hace de los modelos normativos. Por ejemplo, el de la situación ideal del discurso, donde supuestos, ideales y normas del proceso de la comunicación humana son hechos explícitos y utilizados como marco referencial para el análisis de las formas sociales de la comunicación y para construir tanto su propuesta de la teoría de la acción comunicativa, como para el de la ética del discurso {Habermas, 1984, 1990, 1993).

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Es en la dimensión de lo privado que las parejas se enfren­ tan a la necesidad de regular o no su fecundidad, de propiciar o no un embarazo, de interrumpir o no un embarazo, de tener o no un hijo. Las parejas elaboran sus decisiones en el mundo de lo privado, por medio de intercambios comunicativos entre ellos y con otras personas que sean significativas para su vida social y afectiva y que sean capaces de convertirse en interlo­ cutores emocionales, morales y culturales. A través de estos intercambios, las parejas descubren, desarrollan y hacen explí­ citos sus deseos, expectativas, intereses y planes. Este conjunto de valoraciones constituye el material simbólico y de signifi­ cación sobre el cual las parejas elaboran sus decisiones repro­ ductivas y con base en el cual éstas pueden ser contrastadas con otras valoraciones y decisiones tomadas por familiares, amigos, conocidos u otros interlocutores. Los criterios que se utilicen para la elaboración de las de­ cisiones deben ser, en última instancia, elegidos y determinados autónomamente por la pareja. Si estos criterios proceden de la historia, la tradición, la ciencia o la magia y si son de natura­ leza afectiva, moral, religiosa o económica depende, finalmen­ te, de las necesidades y preferencias de la pareja. En la medida en que las decisiones estén potencialmente expuestas a reconsideraciones y evaluaciones, éstas deben apre­ ciarse como transitorias y modificables. Por ejemplo, mediante intercambios comunicativos entre ellos y con otros interlocu­ tores, la pareja puede descubrir nuevos elementos de juicio que modifiquen su posición o perspectiva frente a determinada decisión reproductiva. Así también, el descubrimiento de nueva información y diferentes alternativas puede constituir una base importante que conduzca a la realización de evaluaciones de posiciones pretéritas y reconsideraciones parciales o totales. En esta dimensión y en el ámbito de las dinámicas de lo privado, la libertad para tomar una decisión reproductiva está fundamentalmente determinada por el ejercicio de la autono­ mía individual y de la pareja en un contexto de intercambios igualitarios entre ellos y con múltiples interlocutores, en total ausencia de imposiciones y coerciones. Lina vez que la decisión reproductiva es elaborada en el espacio de lo privado, el encuentro con la lógica y la naturaleza de las relaciones sociales de lo público ocurre cuando la pareja

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requiere y busca la provisión de servicios profesionales y espe­ cializados. El tipo de servicio requerido depende del tipo de decisión que la pareja haya tomado. Las instituciones públicas (gubernamentales o no) deben proveer tres clases diferentes de servicios: i) información gene­ ral, específica, profesional y especializada; ii) asesoría global y recomendaciones particulares de acuerdo con criterios profe­ sionales y especializados; iii) infraestructura material y medios adecuados que permitan a la pareja realizar sus decisiones. La prestación de estos servicios no sólo debe ser de la mejor calidad posible sino que, además, debe ofrecerse orientada por un pro­ fundo respeto a la autonomía de la pareja y a las decisiones que ésta haya tomado. La participación de las instituciones en el proceso de toma de decisiones debe ser, fundamentalmente, para facilitar la concreción de los deseos, las necesidades y las determinaciones de la pareja. No es función ni competencia de las instituciones intervenir en la determinación de los juicios, criterios y elementos de una decisión y, mucho menos, estruc­ turar la decisión por la pareja. Lo que las instituciones deben asegurar es que la pareja haya elaborado su decisión de manera consciente, teniendo en cuenta toda la información relevante disponible y a la luz de recomendaciones profesionales obje­ tivas, de calidad y actuales. Asimismo, deben ofrecer los medios necesarios para que, una vez tomada la decisión por la pareja, ésta se realice de acuerdo con las mejores condiciones de se­ guridad y salud. Los encuentros entre las parejas con demandas particulares y los proveedores de servicios se dan en el interior de los micromundos de instituciones específicas y son regulados por marcos legales nacionales y regionales, así como por normatividades internas de administración y funcionamiento. Por ello, aun cuando las instituciones funcionen de conformidad con la ley y los reglamentos, mantienen cierto grado de autono­ mía que les permite definir las características de la prestación del servicio que decidan ofrecer, así como sus dinámicas mi" crosociales internas de acuerdo con las estructuras y los sistemas de organización. Es en este sentido que la libertad de las de­ cisiones no sólo requiere la protección del discurso legal, manifiesta en leyes y reglamentos, sino también la asentada en las normatividades institucionales que guían la acción de los

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prestadores de servicios y regulan la relación con los ciudada­ nos que utilizan sus servicios. Con base en los anteriores argumentos, podemos concluir que el ejercicio pleno de los derechos reproductivos se asegu­ ra por medio de dos condiciones básicas: libertad y acceso. Primero, para que las decisiones sean elaboradas libremente, el proceso de toma de decisiones debe desarrollarse con abso­ luta autonomía y ausente de toda forma de coerción. Esto tie­ ne diferente significación para la dimensión privada y para la pública. En lo privado, la libertad comienza por la autodeter­ minación y el control sobre el propio cuerpo y se extiende a la dinámica de la pareja (independientemente de su arreglo coti­ diano, sexual, afectivo, legal y social) con la igualdad de dere­ chos y responsabilidades en el proceso de elaboración de las de­ cisiones, en sus concreciones y en las consecuencias que ellas tengan. Asimismo, la presencia de otros seres queridos y signi­ ficativos debe realizarse mediante intercambios igualitarios y respetuosos y no como imposición de criterios, perspectivas e interpretaciones ajenos a las necesidades y deseos de la pareja. En lo público, la libertad se realiza cuando la pareja obtiene un servicio institucional completo, de calidad y con profundo res­ peto de la autonomía de su decisión. Segundo, el problema del acceso tiene, también, diferentes significados en función de la dimensión en la cual se encuentre el proceso. En lo privado, lo fundamental de la condición del acceso comienza por una percepción positiva del derecho al ac­ ceso y se extiende a la posibilidad de obtener toda la infor­ mación relevante y necesaria durante el proceso de elaboración de las diferentes decisiones y en los diferentes momentos del curso de vida de los individuos y de las parejas. En lo público, el acceso también se refiere a la información, aunque en este caso de tipo profesional y especializada, lo cual implica asis­ tencia, asesoría y recomendaciones que ayuden a la pareja en el proceso de toma de decisiones y en la evaluación de alterna­ tivas. Adicionalmente, las instituciones representan el acceso a los medios más adecuados, seguros y sanos para la objetiva­ ción de las decisiones concernientes a la reproducción y la descendencia. Tanto en lo privado como en lo público resulta crucial que el acceso sea universal, irrestricto e igualitario para todos los ciudadanos.

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Perturbaciones en el proceso ideal de toma de decisiones reproductivas

Una vez que hemos establecido la estructura general del ideal normativo del proceso de toma de decisiones, estamos en con­ diciones para identificar y analizar, de manera general, el tipo de perturbaciones que el proceso sufre o al cual podría estar expuesto o sometido (véase la gráfica 4). Por perturbaciones me refiero a todas aquellas condiciones sociales, políticas y económicas que interfieren o potencial­ mente podrían interferir en el desarrollo ideal del proceso de toma de decisiones, así como en la realización de sus condi­ ciones fundamentales y que, por lo tanto, representan obs­ táculos serios para el ejercicio pleno de los derechos reproduc­ tivos de los ciudadanos en un contexto nacional específico. Las fuentes de estas perturbaciones son básicamente dos: las relaciones de poder y los sistemas de diferenciación social que devienen en desigualdad social. El concepto de poder es enten­ dido aquí en su sentido negativo, es decir, como dominio. Por ello, las relaciones de poder deben entenderse como relaciones de dominación, como relaciones mediante las cuales uno o varios imponen su voluntad sobre otro u otros. Asimismo, por sistemas de diferenciación social me refiero a formas de per­ cibir, interpretar y hacer significativas diferencias entre sujetos que generan, posibilitan y legitiman acciones basadas en esas formas de interpretar y explicar las diferencias, con prevalencia y difusión en la sociedad y con cierta estabilidad histórica. Sin embargo, no todos los sistemas de diferenciación social se con­ vierten en formas de desigualdad social. Son estos últimos, junto con las relaciones de dominación, los que producen per­ turbaciones en el proceso ideal de toma de decisiones y obs­ táculos para el ejercicio pleno de los derechos reproductivos. Estas perturbaciones ocurren tanto en la dimensión de lo privado como en la de lo público, aunque sus intervenciones en el proceso ocurran en distintos momentos y sus materializa­ ciones se desarrollen con base en diferentes condiciones y por medio de diferentes relaciones sociales. Para la parte del proceso que ocurre en la dimensión de lo privado, las perturbaciones tienen dos procedencias: por una parte, de la lógica y la dinámica de las relaciones personales y,

Gráfica 4. Perturbaciones en el proceso ideal de toma de decisiones reproductivas

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por otra, de la posición de clase y la inserción en la estructura de oportunidades. De la esfera de las relaciones íntimas y per­ sonales, las relaciones de poder de género y generacionales son constantes fuentes de amenaza para la generación de decisiones basadas en intercambios comunicativos establecidos entre igua­ les. La imposición de perspectivas, necesidades y deseos de uno de los miembros de la pareja sobre el otro transforma las deci­ siones en productos unilaterales que fracturan el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y relativizan la libre determi­ nación sobre la reproducción y la descendencia. En el espacio íntimo de la pareja, la autodeterminación sobre el cuerpo y la libertad de decisión reproductiva sólo pueden ejercerse ple­ namente por medio del respeto absoluto por el otro, la com­ prensión intersubjetiva y el intercambio comunicativo iguali­ tario. El mismo problema se presenta cuando los miembros de la pareja comparten sus deseos, necesidades y planes con ami­ gos y miembros de sus familias nucleares y extensas. Si los in­ tercambios comunicativos se convierten en instrumentos de dominación y vehículos para la imposición de voluntades me­ diante las relaciones de poder de género, generacionales o de arreglos microsociales del parentesco, la autodeterminación sobre el cuerpo y la libertad de las decisiones se desvanece en una red compleja de manipulación y sujeción. De esta manera, las comunidades refrendan y reproducen sus membrecías por medio de vínculos de dominio y subordinación, en vez de con­ vertirse en recursos enriquecedores del mundo afectivo, sim­ bólico y de construcción de la identidad individual de los suje­ tos, al tiempo que se consolidan membrecías. La posición de clase y la inserción en la estructura de opor­ tunidades tienen un efecto perturbador, en la dimensión de lo privado, sobre las formas de acceso y de manejo de la infor­ mación. La relación más obvia y directa es por medio de la es­ colaridad y la educación formal: entre más alto sea el nivel de ésta, mayor es la exposición a información completa, verídica, contemporánea y relevante. Pero otras relaciones pueden estar subyaciendo, conectadas, por ejemplo, con la formación del juicio analítico y crítico, con la capacidad de discernir y discri­ minar, así como con las posibilidades de la construcción de la posición autónoma e independiente.

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En cuanto a la parte del proceso que se desarrolla en la di­ mensión de lo público, las perturbaciones tienen dos orígenes: por una parte, de la lógica y dinámica de las relaciones médicas y burocráticas y, por otra, del sistema de clases y de la estructura de oportunidades. En la medida en que la prestación de ser­ vicios ocurre generalmente en el interior de las instituciones médicas, las relaciones que se establecen entre los individuos requirientes y los prestadores de servicios están permanen­ temente expuestas a diferentes lógicas de poder. La relación médico-paciente profesionaliza, especializa y concentra el sa­ ber reproductivo en la figura del médico y convierte a los indi­ viduos requirientes en pacientes desposeídos de tal saber y dependientes de la voluntad médica. Esta distribución del sa­ ber jerarquiza y verticaliza la relación y le otorga un gran poder discrecional al médico sobre las decisiones reproductivas de los individuos requirientes, de las parejas. Por su parte, la es­ tructura y la organización de las instituciones, las lógicas in­ ternas de sus sistemas de administración y sus formas específicas de ejercicio del poder, la verticalidad de las relaciones de in­ formación y de mando, las prácticas autoritarias y las formas de distribución de privilegios, las políticas de funcionamiento y las orientaciones del servicio se les concretan o hacen patentes a los ciudadanos por medio de la relación que establecen con los burócratas que las representan. La naturaleza de la relación que el representante institucional ofrece al ciudadano depende de la manera en que la institución defina su función de servicio y perciba al ciudadano requiriente; asimismo, de la interpreta­ ción que los prestadores de servicios hagan de esas definicio­ nes institucionales. En la medida en que las instituciones bu­ rocráticas y las instituciones médicas se encuentran entrelaza­ das en un complejo administrativo para la prestación de servicios, en esa misma medida las relaciones médico-paciente y burócrata-ciudadano aparecen vinculadas y entretejidas en sus prácticas. Las perturbaciones producidas por el ejercicio del poder rnédico y el institucional se producen en combinación y a través de otras formas sociales de dominación. Así, los sistemas de desigualdad y discriminación social basados en la clase social, la etnia, el sexo y la edad pueden convertirse en vehículos del ejercicio de poder médico e institucional o en formas sistémicas

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adicionales para distribuir atención, respeto, recomendaciones, servicios y recursos de manera diferencial y desigual. El sistema de clases y la estructura de oportunidades de una sociedad dada y en una coyuntura específica de su historia tienen efectos perturbadores sobre las posibilidades, las carac­ terísticas y la calidad del acceso a los servicios ofrecidos por el sector no-gubernamental, por supuesto, pero también a los ofrecidos por las instituciones del gobierno. Los patrones de concentración y distribución de la riqueza material y social generan condiciones favorables de acceso para ciertos sectores sociales, mientras que para otros lo restringen o lo imposibi­ litan. En este sentido es que la amplitud y calidad de las alternativas, sobre las cuales se elaboran las decisiones repro­ ductivas, dependen del monto de los recursos sociales y mate­ riales que los individuos y las parejas sean capaces de movilizar durante el proceso de toma de decisiones y de las diferentes oportunidades que se les presenten durante el curso de sus vi­ das y en los momentos definitorios o cruciales de sus prácticas reproductivas y actitudes relacionadas con su descendencia. Este complejo de sistemas de ejercicio del poder y de desi­ gualdad social amenaza constantemente las dos condiciones centrales—la libertad y el acceso— para el ejercicio de los de­ rechos reproductivos en la dimensión de lo público. Por una parte, la característica universal de la prestación y obtención de servicios queda seriamente incapacitada: el Estado no satis­ face la obligación que tiene de proporcionar, a toda la pobla­ ción, los servicios necesarios y no todos los ciudadanos tienen la posibilidad de obtener servicios o disfrutar de ellos con la misma calidad. Por otra, la característica singular del derecho a la autonomía y la libertad es mermada profundamente: las instituciones abandonan su función de protección y auspiciamiento de las decisiones autónomas y libres de individuos y parejas exponiéndolos, en cambio, a la elaboración de sus de­ cisiones reproductivas en contextos institucionales orientados por lógicas de ejercicio de poderes específicos y bajo presiones de programas y políticas que pueden o no coincidir con sus necesidades y deseos.

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Conclusiones A lo largo de este capítulo he presentado una serie de argu­ mentaciones y elaboraciones teóricas con la intención de ofre­ cer una perspectiva sociológica, orgánica y específica para el análisis de los derechos reproductivos en sus diferentes di­ mensiones sociales, políticas y jurídicas, en el ámbito interna­ cional y en contextos nacionales como el mexicano. Desde un punto de vista cognoscitivo, el objetivo es contri­ buir a la expansión y el desarrollo de este tipo de conocimiento relativamente nuevo, así como participar en la consolidación de una comunidad académica emergente interesada en estudiar las políticas demográficas a partir de una posición crítica de las re­ laciones de poder. Desde un punto de vista político, la propues­ ta pretende ofrecer líneas y guías analíticas que puedan auxiliar a las diferentes organizaciones civiles que trabajan en favor de la protección y defensa de los derechos reproductivos y en la generación de procesos de “apoderamiento” ciudadano. De esta manera, y de principio a fin, el capítulo ha sido es­ crito teniendo en mente a estos dos grupos de potenciales lec­ tores, con la esperanza de que las propuestas estimulen inter­ cambios críticos y discusiones sustantivas. En última instancia, son esas comunidades académicas y esas organizaciones polí­ ticas las que están en la mejor de las posibilidades para evaluar y diagnosticar las virtudes y los problemas de esta propuesta. Es obvio que no todas las personas que trabajan en el área de las políticas de población en México compartirán las posi­ ciones que aquí han sido esgrimidas. Menos obvio, sin embar­ go, es el hecho de que este trabajo no ha sido escrito para ge­ nerar grandes acuerdos o como un esfuerzo para establecer y construir consensos entre posiciones rivales. Esa es, en todo caso, una labor política que habrá que realizar una vez que sean reconocidos, pública y abiertamente, los problemas fundamen­ tales que han producido la instrumentación autoritaria de políticas de control de la fecundidad en el país. El ejercicio pleno de los derechos reproductivos está ínti­ mamente relacionado con las posibilidades de desarticulación de relaciones y prácticas autoritarias y con la generación de Procesos de democratización social. Me gustaría, finalmente, terminar con una reflexión en este sentido.

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Eli el México de hoy, el autoritarismo no sólo pertenece a las formas de ejecución política, de gestión institucional, de ejercicio legal, sino que, además, puede encontrarse en la ma­ nera en que mujeres y hombres se relacionan, hijos y padres interactúan, jóvenes y viejos se vinculan; en la manera misma en que los individuos organizan su vida cotidiana y construyen los símbolos manifiestos de la cultura. El autoritarismo se fun­ da, se practica y se reproduce en lo político y también en lo social, pero es a través de las relaciones que establecemos en las diferentes esferas de la vida de la nación que reformulamos, reconstituimos y mantenemos su lógica central. Así como so­ mos partícipes del devenir histórico de nuestro país, de la mis­ ma manera somos responsables de su autoritarismo (Cervantes, 1995a). Si en términos generales estamos de acuerdo con la ante­ rior argumentación, estaremos también de acuerdo en que el problema de la democracia no puede ser concebido como un fenómeno unidimensional y de trayectoria lineal. Sin embargo, hoy por hoy hay posiciones que explícita o implícitamente se sostienen en supuestos de esa naturaleza. Así, por ejemplo, de­ fienden la idea de que al democratizar el sistema político y las formas de hacer política institucional devendría automá­ ticamente la democratización de la sociedad en su conjunto. Al contrario de lo que algunos autores sostienen, me parece que los procesos de democratización en el país se beneficiarían con la evaluación y la crítica sustanciales del concepto propio de democracia. Hablar de la democracia como si fuera un fe­ nómeno exclusivo de las estructuras formales de la política obstaculiza la posibilidad de generar procesos socialmente cir­ cunscritos a las dimensiones de las acciones específicas de los individuos, que democraticen relaciones, sistemas y funcio­ namientos. La democracia no sólo tiene que ver con los proce­ dimientos regulatorios de las relaciones sociales, sino también con los sujetos propios que establecen y mantienen las rela­ ciones sociales. Para democratizar el país, no sólo requerimos de la generación permanente de procedimientos justos y equi­ tativos, sino de sujetos democráticos, de sujetos que sean ca­ paces de producir y defender procesos de democratización en sus escuelas, lugares de trabajo, familias, relaciones amistosas y amorosas, en todas las esferas públicas o privadas en las cua-

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les viven y desarrollan sus actividades todos los días. Sin sujetos democráticos, la democracia en nuestro país se convierte en una falacia formal. Asimismo, si uno entiende los diferentes espacios sociales que componen nuestra vida cotidiana y a la sociedad en su conjunto como espacios que, a la vez que están articulados unos con otros, mantienen distancias sustantivas que les proporcio­ nan cierto margen de independencia; si uno entiende que esos diferentes espacios no son piezas que dependen vitalmente unas de otras, como partes de un mecanismo exacto y prede­ cible, es posible percibir, que aunque entrelazados y con múlti­ ples vasos comunicantes (produciendo flujos permanentes de imágenes, significados y discursos), cada uno de estos espacios tiene formas propias de constitución, sobrevivencia y repro­ ducción que le otorgan una situación relativamente autónoma respecto de los demás. Es esta relativa autonomía la que permite generar procesos de democratización en espacios sociales determinados. El análisis crítico de la dinámica de las políticas de pobla­ ción y de sus consecuencias sociales en el México contempo­ ráneo, así como las posibilidades de generar transformaciones en su orientación, contenidos y formas de operación han su­ frido enormes impedimentos y se han empobrecido sustanti­ vamente porque demasiados acuerdos y consensos han sido forzados vertical y unilateralmente, privilegiando las necesida­ des políticas de personajes, grupos y gobiernos en turno. Así como otras áreas de la vida política de la nación, ésta también requiere un esfuerzo coordinado para desestructurar inercias autoritarias, a la vez que se encuentra sedienta de diá­ logo intersubjetivo, crítico y democrático.

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IX. ¿CARGAN LAS MUJERES CON EL PESO DE LA POBREZA? PUNTOS DE VISTA DE UN DEBATE

Vania Salles Rodolfo Tuirán Algunas evidencias para introducir el tema

La pobreza y su proliferación son rasgos constitutivos de un sinnúmero de contextos actuales, lo que hace que el fenómeno haya adquirido el estatus de problemática global (Bourdieu, 1995). Lejos de ser exclusiva de los países en desarrollo, la si­ tuación de ser pobres es vivida por amplios segmentos de la población de los países de capitalismo avanzado, muchos de los cuales mantienen un número creciente de personas en estado de privación.1 Fruto del agotamiento del “Estado benefactor” en algunas sociedades, la persistencia de la pobreza entierra la utopía dis­ tributiva (Habermas, 1983) según la cual el capitalismo traería el fin de este problema social mediante la puesta en marcha de un estilo de desarrollo privilegiador de la distribución del ingre­ so. Sin embargo, la pobreza no sólo persiste sino que en las dos últimas décadas presenta un crecimiento mundial inusitado.12 De hecho, en un informe reciente se afirma que “la pobreza flagela a la comunidad internacional”.3 Si bien existen grupos 1 En Europa occidental, por ejemplo, existen —en una aproximación conservadora realizada por la Unión Europea— cerca de 50 millones de personas pobres (Jusidman y Eternod, 1994).

2 Esta afirmación es posible si pensamos que la pobreza impera en los países que integraron el esfuerzo socialista de constitución de la sociedad. 1 Véase Memoria de la Conferencia de México sobre Desarrollo Social y Pobreza (México, Coordinación General de Asuntos Internacionales, Sedesol, 1994).

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VANIA SALLES, RODOLFOTUIRÁN

vulnerables tanto en los países desarrollados como en los que se encuentran en proceso de desarrollo, el fenómeno es más grave en estos últimos, tanto numéricamente como por las di­ mensiones de las carencias (Pedrero, 1994). La gravedad del problema ha suscitado un debate en torno de los orígenes y las causas de la pobreza y de los factores que impiden su erra­ dicación.4 El presente capítulo aborda el tema de la pobreza desde una perspectiva de género y se organiza de la siguiente manera. Inicialmente presentamos una breve síntesis de la evolución de la pobreza en América Latina y México. A continuación revisamos los principales aportes conceptuales sobre la po­ breza. Dicha revisión es indispensable pues hace constar la existencia de importantes avances teóricos y permite subrayar algunas de las dificultades implicadas en la definición de la pobreza. La revisión de la literatura nos permitió sistematizar los términos del debate en tres principales bloques de refle­ xiones, de los cuales trataremos con mayor profundidad el re­ lativo a los determinantes de género, destacando algunas líneas que pueden ser consideradas comunes al conjunto de los apor­ tes. Como una derivación directa de esta vertiente, y para ahon­ dar en los argumentos esbozados, intentamos dar contenido a una propuesta conceptual y discutir algunos aspectos de carác­ ter teórico-metodológico que son indispensables para llevar a cabo una aproximación empírica a la pobreza con un enfoque de género. En este marco revisamos algunas críticas generadas desde esta perspectiva sobre los procedimientos que consideran el hogar como unidad de análisis. La revisión emprendida permite afirmar que, con el surgi­ miento de la perspectiva de género y su uso, además del cuestionamiento de conceptos y métodos para el estudio de la po­ breza, se pone énfasis en temas poco tratados anteriormente, tales como la transmisión intergeneracional de las pautas que generan y reproducen —en proporciones crecientes— los es-

’ “El empobrecimiento a menudo es resultado de varios eventos y procesos, como los derivados de políticas macroeconómicas. En varios países se ha acentuado la pobreza porque, además de los problemas acumulados a lo largo de su historia, tuvieron la necesidad de atender la deuda externa con las medidas de ajuste impuestas, lo que tuvo consecuencias directas sobre el desarrollo social, pues el Estado se vio obligado a reducir los presupuestos correspondientes” (Pedrero, 1994).

¿CARGAN LAS MUJERES CON EL PESO DE LA POBREZA?

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tatus de desheredados y excluidos, la vulnerabilidad de ciertos tipos de hogar, y la imposibilidad de considerar el ambiente familiar y doméstico como una unidad homogénea, organizada en torno de intereses comunes a todos sus miembros. La exposición incluye una discusión sobre la feminización de la pobreza, que sirve de contexto para examinar algunas re­ ferencias derivadas del aporte latinoamericano y mexicano. Finalmente, sugerimos aspectos que deben tomarse en cuenta en la investigación para dar visibilidad a los procesos y vivencias implicados en la pobreza en general y en la de las mujeres en particular. Pensamos que tal procedimiento —que aboga por la necesidad de incluir las especificidades de la pobreza de la mujer, sin que con esto se desconozcan las dificultades que las situaciones de privación imponen a los hombres— conduce a un mejor conocimiento de las modalidades según las cuales actúan los procesos de depauperación y, por ello mismo, hará más factible el diseño de medidas y políticas dedicadas a su combate.

El

CONTEXTO Y LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBREZA

En el curso de los últimos años han ocurrido en el escenario internacional grandes transformaciones de naturaleza socioe­ conómica y geopolítica. Diversos hechos han contribuido a gestar y producir las condiciones para un amplio y profundo cambio estructural en las relaciones internacionales y propicia­ do el tránsito hacia una fase de globalización de la economía mundial, hecho que a su vez ha traído consigo una profunda revisión de las estrategias y políticas de desarrollo. Para muchos países de América Latina, las tendencias in­ cluidas en este proceso marcan el agotamiento del modelo de acumulación orientado hacia adentro, hecho que, a partir de la llamada crisis de la deuda, ha traído consigo una profunda re­ visión de las estrategias y orientaciones políticas del desarrollo. El trazo común en los países de la región es la franca y declarada aceptación de una economía de mercado, la adopción de una estrategia de mayor apertura al mercado mundial y de su in­ tegración en bloques comerciales. Estas transformaciones han duplicado complejas y profundas reformas institucionales y

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jurídicas que están orientadas a favorecer la ampliación del ám­ bito de la libertad de los sujetos económicos. La crisis y la instrumentación de los programas de ajuste estructural contribuyeron a agudizar un amplio abanico de pro­ blemas sociales, entre los que destacan la ampliación de las de­ sigualdades entre ricos y pobres y el incremento de la población en estado de privación e indigencia. También dieron lugar a un descenso sostenido del producto interno bruto (pib) per cápita y una caída del gasto social que frenó la expansión de los servicios sociales y, en algunos casos, redujo la oferta de los mis­ mos o modificó sus condiciones de acceso, lo que influyó nega­ tivamente en la capacidad de la región para promover la inver­ sión en capital humano y para hacer frente a la propagación de la pobreza. La pobreza, en su doble dimensión de bajos ingresos e im­ posibilidad de satisfacción de necesidades básicas, constituye la forma extrema de exclusión de los individuos y las familias de los procesos productivos, de la integración social y del ac­ ceso a las oportunidades. Este fenómeno es una herencia histó­ rica y un mal crónico que ha coexistido tradicionalmente con un proceso de modernización limitado a ciertos ámbitos en los países de la región y que ha reproducido por las caracte­ rísticas del patrón de crecimiento. Las raíces profundas de la pobreza se originan en la desigual distribución de la riqueza (fenómeno que se enmarca en rela­ ciones sociales y reglas propias de funcionamiento del sistema), en el reparto inequitativo de las oportunidades y en el acce­ so socialmente diferenciado a los frutos del progreso. En este proceso interviene igualmente la propia incapacidad de las políticas sociales para cumplir eficazmente su responsabilidad compensadora de los desequilibrios sociales.5 Por ello, la su­ peración de la pobreza requiere unaconceptualización del desa-

3 Una tarea prioritaria de las políticas de desarrollo social consiste en abatir los rezagos acumulados y erradicar la marginación y la pobreza que padecen millones de personas en todo el mundo. Es claro, sin embargo, que el predominio del mercado como mecanismo de asignación de recursos no ha permitido matizar las profundas desigualdades económicas y sociales, sino que más bien las lia incrementado y por ello este predominio se perfila como una de las causas originarias de las mencionadas desigualdades.

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rrollo centrada en el valor del ser humano, que no puede abor­ darse solamente por medio de una lógica de mercado.6 La realidad de América Latina y México en relación con la pobreza es dramática, no sólo por el incremento cuantitativo del número de pobres, sino también por lo que implica tal con­ dición en nuestras sociedades: subconsumo, estado nutricional deficiente y proclividad a contraer las enfermedades propias de dicho estado, carencia de requerimientos indispensables pa­ ra organizar la higiene doméstica, e integración inestable en los sistemas de producción, entre otros. A estas referencias, las cuales están relacionadas con las condiciones materiales de vida, es preciso añadir otras, tales como “la auto-realización personal, la participación en la sociedad, la calidad del medio ambiente, los derechos humanos, etcétera” (cepal, 1985, p. 12). Las crisis y los ajustes han puesto y seguirán poniendo a prueba el aparato institucional y los mecanismos formales (nue­ vos y viejos) para canalizar y dar respuesta a las expectativas y demandas de la población latinoamericana. Es evidente que el proyecto modernizador impulsado por los gobiernos de la re­ gión sólo podrá alcanzar un desarrollo exitoso si en el marco de una nueva cultura política logra recobrar el crecimiento econó­ mico sostenido, consolidar la estabilización y avanzar en la distribución. Una tarea prioritaria consiste en abatir los rezagos sociales acumulados y erradicar las raíces estructurales de la marginación y la pobreza que padecen millones de ciudadanos. Sin embargo, conviene dejar constancia de una inquietud: ¿qué medidas habrán de tomar los gobiernos latinoamericanos para cumplir con la mencionada tarea? Aunque sean variables los niveles de pobreza observados en los distintos países de América Latina y el Caribe, los datos disponibles indican su recrudecimiento en el periodo reciente. Las tendencias concentradoras del ingreso han ocurrido de manera conjunta con un grave aumento de la pobreza.7 Estos ‘ Al respecto, en diversos foros se ha planteado que la superación de la pobreza exige un nuevo paradigma del desarrollo que considere el crecimiento económico como un medio y no como un fin, enfatice el desarrollo centrado en el valor del ser humano, otorgue una mayor prioridad a la distribución equitativa de las oportunidades, abra espacios jara la participación pleiu e igualitaria de hombres y mujeres con el fin de que llagan el mejor uso de sus habilidades y capacidades

Potenciales, y defina una estrategia viable para el desarrollo sustentable, 7 Véase Albert Berry, quien, en su texto “The Clallenge of Decimating Poverty in Latin America by 2010" (Fmntera Norte [Tijuana], 1994, vol. 6, núm. especial), intenta evaluar los efectos de los

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fenómenos, que en el pasado eran concebidos como caracte­ rísticas transitorias de las sociedades de la región, no sólo per­ sisten como rasgos estructurales, sino que se agudizan y se re­ producen. De hecho, los ingresos reales de las familias que se encontraban por encima de la línea de pobreza descendieron de manera significativa en el periodo reciente y surgió —junto con la llamada pobreza estructural— un sector de nuevos po­ bres. Las cifras disponibles revelan que en la actualidad hay más pobres que al principio de los años ochenta, en números abso­ lutos y como porcentaje de su población:

• Estimaciones de la cepal (1991) indican que la proporción de los pobres en las sociedades latinoamericanas y del Cari­ be pasó “de 41 a 43 por ciento de la población de 1980 a 1986 (136 millones a 170 millones de personas, respecti­ vamente) y una estimación conservadora sitúa esa cifra en 44 por ciento en 1989, lo que equivale a 183.2 millones” de pobres. • Más recientemente, las estimaciones de la cepal señalan que para 1990 la población de América Latina que se encuentra por debajo de la línea de pobreza ascendió a cerca de 196 millones de personas; es decir, alrededor del 46% de la po­ blación total, lo que evidencia un aumento de la pobreza de poco menos de 3.0% desde 1986. Debe reconocerse que la incidencia de la pobreza se amplió inmensamente en el periodo reciente, además de variar de forma signifi­ cativa entre países: en la actualidad se estima que los países latinoamericanos y del Caribe mantienen en situación de pobreza a porcentajes de su población que oscilan entre 35 y 80 por ciento.

En México se cuenta con un importante acervo de estu­ dios sobre la pobreza.8 Para los fines que persigue esta sección ajustes estructurales en la distribución del ingreso y en la evolución de la pobreza en America Latina en los años ochenta. 1 Algunos son de naturaleza histórica y están relacionados con el carácter antiguo y persistente del problema (González Navarro, 1985); otros son de índole antropológica y entre ellos cobra relevancia el de Oscar Lewis, quien, en Los hijos de Sánchez, muestra cómo, en un microcontexto culturalmente cohesionado, las personas se organizan para sortear las vicisitudes impuestas por la

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y a título de ilustración señalaremos sólo algunas referencias puntuales.9

• Utilizando fuentes de información y procedimientos meto­ dológicos relativamente comparables,10 11 Hernández Laos (1991) sostiene que entre 1981yl988 se registró un incre­ mento en los niveles absolutos y relativos de la pobreza y la marginación. Según él, el porcentaje de la población en condiciones de pobreza pasó de 48.5% en 1981 a 58.5% en 1984 y a 59% en 1988, lo que significó que su número se incrementara en aproximadamente 14.2 millones de perso­ nas, al pasar de 34.6 a48.8 millones entre 1981 y 1988. La población en condiciones de pobreza extrema también aumentó en los años ochenta: pasó de 26.1% en 1981 a 29.9% en 1984, para finalmente observar, hacia fines de la década, una leve disminución en su participación relativa (28.2% en 1988). En términos absolutos, el número de per­ sonas que se encontraba en esa condición aumentó de 18.6 a 23.2 millones entre 1981 y 1988. • Información proveniente de Pronasol indica que la población en situación de pobreza extrema se incrementó del 19.2 a 21.3% entre 1981 y 1987, mientras que la población en es­ tado de pobreza moderada se elevó de 25.8 a 29.6% en el mismo periodo de referencia.11 • A su vez, Boltvinik (1994) ha elaborado estimaciones de la pobreza referidas al final de la década pasada y principios de la actual. Sus cálculoss de la incidencia e intensidad de la pobreza en 19 8 9 indican que alrededor de 70% de la poPrivación; otros más se ocupan de la evolución de la pobreza en las últimas décadas, ya desde la

perspectiva de la economía, ya desde la perspectiva de las políticas públicas (Lustig, 1994; Hernández Laos, 1990, 1991, 1992; Boltvinik, 1990, 1994; cepal, 1985, 1991; Levy, 1992, 1994; Cortés y Rubalcava, 1992; inegi/cepal, 1993; iNEGi/Sistema Interagencial de las Naciones Unidas, 1995; Racynsky, 1995). * En este trabajo no examinamos las diferencias metodológicas implicadas en estos análisis, ta­

rea que por cierto ya ha sido realizada por iNEGi-Sistema Interagencial de las Naciones Unidas (1995). 10 Para definir la línea de pobreza, el autor citado toma como criterio el ingreso familiar que está por debajo del costo de la cnse (Canasta Normativa de Factores Esenciales), en tanto que para establecer la línea de pobreza extrema considera el monto del ingreso familiar que es inferior al costo de la cnsm (Canasta Submínima). 11 Véase también AJarcón (1994), quien con base en los datos provenientes de las encuestas de ingreso/gasto (inegi/enigh) para 1984 y 1989, indica la profundización de los niveles de pobreza en el país.

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blación era pobre; es decir, 55.9 millones de personas con respecto a una población total de aproximadamente 80 millones en ese año. Con base en los datos del XI Censo General de Población de 1990, este mismo autor deriva es­ timaciones relativamente similares. A pesar de las evidentes discrepancias observadas en las ci­ fras (lo que se debe al uso de conceptos distintos y medidas di­ ferentes), de ellas se puede derivar la existencia de un consenso: México es un país que, como muchos otros, se caracteriza por una escalada de la pobreza;12 se observa tanto un recrudeci­ miento general de la pobreza como de sus formas más agudas,13 es decir, algunas veces la pobreza extrema se asimila concep­ tualmente a la indigencia.14 Aunque los trabajos citados no abordan los determinantes de género, tienen gran importancia para una evaluación de la pobreza general, punto de partida indispensable que debe ser tomado en cuenta en cualquier tipo de reflexión sobre este te­ ma. Sin embargo, llegado este punto, cabe preguntarse: ¿qué lí Para abordar el tema de la pobreza en México, Levy (1994) destaca tres características de

la política económica a inicios de 1990 que deben tenerse en cuenta: la necesidad abrumadora

de mantener el equilibrio fiscal implica que continuarán las restricciones presupuéstales, lo que incidirá en la disponibilidad de recursos para atender el problema de la pobreza; las reformas estructurales han promovido el papel de las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, lo que determinará que los programas de combate a la pobreza eviten recurrir al expediente de los

controles de precios y los subsidios o los reduzcan al mínimo, y las reformas estructurales no se han distribuido de manera uniforme, por lo que, hoy en día, el marco regulatorio de la industria está

más liberalizado que el de la agricultura, hecho que de no atenderse puede implicar un ahondamiento en la desigualdad del ingreso. 11 Los estudios citados concuerdan en señalar que la pobreza en México es predominantemente urbana (en lo respecta a su volumen), aunque su incidencia y severidad es más elevada en el medio rural; los extremadamente pobres se localizan en su mayoría en las áreas rurales; la mayor parte de

la población extremadamente pobre desempeña actividades agrícolas, y los extremadamente pobres tienen familias numerosas, mayor número de hijos, mayor relación de dependencia y niveles de educación más bajos. 14 Se percibe con mayor realismo la gravedad de la situación si se define qué significa la pobreza extrema. Según Levy (1994, pp. 18 y 19), “extremadamente pobres son aquellos que no pueden proveerse de una alimentación suficiente que les permita desempeñarse adecuadamente. Las personas desnutridas son más vulnerables a las enfermedades, corren el riesgo de desarrolla1“ deficiencias antropométricas, en ocasiones son apáticas y, en general, son menos capaces de llevar

una vida sana con la suficiente energía para desempeñarse de manera satisfactoria en la escuela o en el mercado de trabajo”. A su vez es importante rescatar lo que dice Ptter Townsend en entrevista concedida al periódico El Universal de Caracas (1988): “Quien es pobre se muere antes. Mis investigaciones prueban que la pobreza mata. No se trata de un comentario político o social, sino de un hecho científico" (citado por Kliksberg, 1995, p. 8).

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pasa con la pobreza femenina?, ¿los determinantes de género agudizan la pobreza de las mujeres?, ¿se puede hablar de femini­ zación de la pobreza? Para abordar este tema, revisaremos una bibliografía seleccionada, no toda ella vinculada a la realidad mexicana, para posteriormente utilizar algunas referencias es­ pecíficas sobre México. Breve

sistematización de tres vertientes conceptuales

En la literatura disponible, encontramos un amplio abanico de perspectivas teóricas sobre la pobreza. De ellas seleccionamos las más relevantes para cumplir con los objetivos de este texto, que intenta reflexionar sobre la pobreza a la luz de los determi­ nantes de género. El examen de los materiales nos permite una sistematización en algunas vertientes principales. Para ello, to­ mamos en cuenta: • Aquellas que enfatizan tanto el carácter relativo del concepto como de la situación de pobreza y anteponen a este carác­ ter, complementándolo, una visión que destaca sus atribu­ tos absolutos. • Las que buscan precisar (y profundizar en) los aspectos de la pobreza que no están vinculados sólo con la privación material, que amplían la noción de necesidades y les otorgan un estatus relacional, simbólico y cultural, con énfasis en sus dimensiones subjetivas. Este segundo bloque de ideas no se contrapone al primero, sino que lo preserva en sus principios básicos, añadiéndole nuevas ideas que están más acordes con la experiencia de los países en desa­ rrollo. • Las que exploran las especificidades de la pobreza femenina, centrándose en los determinantes de género. Esta búsqueda conduce a una revisión de los elementos presentes en los marcos conceptuales que reflexionan sobre la pobreza en su conjunto y a su articulación con los provenientes de la pers­ pectiva de género. A esta vertiente dedicaremos mayor atención debido a los objetivos del texto.

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Pobreza absoluta y pobreza relativa

Algunos enfoques, que incluyen los adoptados por agencias multilaterales como la unesco y la cepal, subrayan que la po­ breza puede ser vista tanto en términos relativos como abso­ lutos. En el primer caso, se le define en relación con otras si­ tuaciones y contextos sociales con los cuales es confrontada y diferenciada. Bajo esta perspectiva, puede decirse que la pobre­ za es relativa, como también lo son sus grados y su heterogenei­ dad (que remiten a privaciones mayores o menores), pues se establecen por comparación. En la amplia discusión sobre el tema, los autores que han examinado el concepto de necesi­ dades afirman que el elenco de valores propio de una cultura contribuye a definir y estructurar lo que constituye una nece­ sidad. Hay, en este sentido, una suerte de énfasis en el carácter relativo de los contenidos de la necesidad, ya que ellos variarán en función de las pautas que los conforman. Este enfoque debe ser complementado con el acercamiento a la pobreza vista en términos absolutos,15 que imprime otros matices a la relación pobreza/necesidades. Según este enfoque, hay una suerte de nú­ cleo de necesidades absolutas que son irreductibles a deter­ minadas comparaciones, tanto en términos contextúales —un país, una comunidad—como en términos de niveles, sean éstos de bienestar o de estilos de vida, ya que remiten a “la dignidad e igualdad esenciales del individuo considerado como ser hu­ mano” (unesco, 1991, p. 822), lo que lleva a vincular la cues­ tión de la necesidad con la de justicia. La pobreza absoluta alude, por lo tanto, a estados de carencia en los que se soslayan necesidades que todos, por compartir la calidad de seres huma­ nos, tienen el derecho de satisfacer, razón por la cual no pueden ser relativizadas (por ejemplo, alimentación, vivienda, salud, vestido). En este sentido, lo que se subraya es la idea de la dignidad humana vinculada a necesidades universales y a la universali” Levy (1994, p. 8)) pone en operación tales conceptos cuando afirma: “[...] la pobreza extrema es una condición absoluta, mientras que la pobreza moderada es una condición relativa • A su vez, Flores, Campos y Vélez (1994, p. 295) asumen que la pobreza absoluta “se refiere a la

incapacidad o imposibilidad de satisfacer lo que en general se conoce como necesidades básicas . Utilizan el término pobreza relativa “para relacionar un bajo nivel de riqueza o ingreso de un agente respecto a su entorno [...] y se modifica a medida que avanza el desarrollo económico”.

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dad de los derechos que la garantizan. Esta visión encierra te­ mas ontológicos; de ahí su irreductibilidad a los contextos y a las medidas, pues en este caso la medida es el propio ser huma­ no. A pesar de todo ello, la pobreza absoluta existe, y el derecho a satisfacer necesidades como las anteriormente mencionadas es una meta que hay que lograr. Todas estas ideas, referidas a cuestiones de naturaleza absoluta, implican evidentemente va­ lores y, más que esto, valores históricamente ubicados. Las percepciones que rigen la visión de qué es la condición humana, y también de qué son los derechos humanos (para acentuar apenas dos aspectos), ciertamente han cambiado a lo largo de los tiempos, y lo seguirán haciendo. La trampa de la privación y la teoría de las capacidades En algunos aportes se destaca la utilidad de integrar dimensio­ nes que permitan enfocar la situación de personas, grupos y comunidades despojadas de satisfactores que van más allá de los de índole exclusivamente económica, por más importantes que éstos sean. La pobreza constituye una realidad que implica la existencia de individuos carentes de ingredientes y recursos necesarios para garantizar y promover una existencia digna e integral, lo que supone y exige el desarrollo de sus capacidades mediante acciones y prácticas individuales y grupales tendien­ tes a mejorar y, en su caso, superar los movimientos circulares, reiterativos y las trampas que envuelven la pobreza. Al respecto, se señala que una persona es pobre si sus circunstancias mate­ riales y los contextos políticos le impiden desarrollar ciertas ca­ pacidades esenciales que le permitirían ser miembro de una comunidad social, económica y política. Ser pobre, por lo tan­ to, significa no sólo carecer de las condiciones mínimas de vi­ da, sino también de los recursos indispensables para ejercer los derechos elementales constitutivos de la ciudadanía social. Robert Chambers (1983),16 por ejemplo, describe la llama­ da “trampa de la privación” para referirse'a un problema más 16 En la revisión de los aportes realizados por Chambers, Sen y Desai tomamos partes del texto de Jusidman y Salles, “Introducción a las memorias del foro" (en Redro Gómez y Benjamín Nieto, comps., 1993).

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amplio que el de la pobreza. Señala que en esa trampa están pre­ sentes cinco conjuntos de factores que se interrelacionan como una telaraña respecto de la cual resulta muy difícil escapar. Los conjuntos incluidos son: la misma pobreza, la debilidad fí­ sica, el aislamiento, la vulnerabilidad, y, la carencia de poder (potverlessness). La pobreza remite a la insuficiencia del ingreso (flujos de dinero o de bienes) y de riqueza (disponibilidad de activos) y es un fuerte determinante de los otros conjuntos. La debilidad física se vincula con la falta de fuerzas, la desnutrición, la salud deficiente, la incapacidad física y un importante factor de de­ pendencia respecto del grupo de pertenencia, lo que frecuen­ temente se relaciona de forma directa con la pobreza. El aisla­ miento considera la lejanía física, la carencia de educación, la ignorancia y la falta de acceso a servicios e información. La vulnerabilidad se relaciona con tensión interna y externa y el peligro de volverse más pobre y carente de todo, mientras que la falta de poder significa la incapacidad y debilidad para en­ frentar la explotación y las demandas de los poderosos: se re­ mite igualmente a la autonomía restringida, a la dificultad de actuar en función de intenciones y proyectos personales. Amartya Sen fue el pionero de la discusión sobre la noción de capacidades.17 Señala que una persona es pobre si carece de los recursos para ser capaz de realizar un cierto mínimo de ac­ tividades. Meghnad Desai en otro texto (Desai, 1994), intenta poner en operación el enfoque de capacidades/realizaciones de Sen introduciendo, no obstante, varios cambios (el concepto de realizaciones^ por ejemplo, es remplazado por el de necesi­ dades). El planteamiento de la relación entre necesidades y ca17 Este concepto es parte de un marco más amplio. Al discutir cuestiones relativas al nivel de vida, Sen delimita varias definiciones relacionadas, entre las que nos parece importante destacar las de capacidades, realizaciones , bienes y servicios. El concepto realizaciones se refiere a las diversas condiciones de vida (las diferentes dimensiones del ser y el hacer) que pueden o no ser alcanzadas. A su vez, la definición de capacidades remite a nuestra labilidad para alcanzar ciertas condiciones de vida. La realización puede ser vista como un logro, pero una capacidad alude justamente a la

habilidad requerida para lograr. Mientras que las realizaciones están vinculadas con las condiciones de vida (más bien indican diferentes aspectos de ellas), las capacidades son nociones que remiten a la libertad en el sentido positivo del término (se trata de las oportunidades reales respecto de la vida que se puede llevar). Además, en su obra se revisa la bibliografía existente sobre desigualdad socioeconómica y se propone una conceptuación de la pobreza como campo de estudio,

diferenciándola del análisis de la desigualdad. Al respecto, véase Sen (1981, 1984 y 1987).

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paridades es construido de modo complejo, de tal modo que se determinan necesidades relacionadas con varias capacidades. A su vez, estas últimas pueden relacionarse con más de una necesidad. Las necesidades, al ser históricamente determinadas, son variables en el tiempo y en el espacio; por ello los bienes y servicios también lo son, ya que existe un vínculo inseparable entre las necesidades y los satisfactores tendientes a satisfa­ cerlas. Propone las siguientes como capacidades básicas y nece­ sarias: la capacidad de permanecer vivo y gozar de una vida larga; la capacidad de asegurar la reproducción de carácter in­ tergeneracional en su sentido biológico y cultural; la capacidad de gozar de una vida saludable; la capacidad de interacción so­ cial, es decir, la de establecer un abanico variado de relaciones, redes e interacciones, y la capacidad de tener conocimiento y libertad de expresión y pensamiento. Las tres primeras capacidades se relacionan con la salud y permiten asegurar que la persona esté viva y sana para trabajar, pero también hace referencia al derecho de reproducirse.18 Es­ te derecho exige garantizar cierto nivel de salud y de nutrición y la libertad y autonomía frente a presiones externas que inten­ tan interferir en tal derecho. Para asegurar esta capacidad se re­ queriría acceso garantizado a un mínimo de servicios de salud, conocimiento de la función reproductiva, tanto de parte de los hombres como de las mujeres, y posición de autonomía frente al control institucional de la reproducción. Las dos últimas ca­ pacidades se refieren a la vida social y política.19 La capacidad de interacción social es negada por las prácticas discriminato­ rias, entre las que se encuentran las de confinamiento femenino en el ámbito privado, enmarcadas en las asimetrías de género. Una negación al derecho de participar en la vida política o de tener un flujo libre de información también significa privación (Desai, 1994). Las capacidades mencionadas cubren lo esencial para pernútir a una persona ser miembro de una comunidad social, eco­ nómica y política y pueden ser tomadas como comunes e in­ dispensables en cualquier sociedad. Para lograr que toda per“ Los datos oficiales acerca de la pobreza generalmente se basan en requerimientos de subsistencia, particularmente en materia de alimentos. Esta medición atendería a una sola de las capacidades enunciadas: la de permanecer vivo. '* Debe reconocerse que el énfasis en la educación también tiene implicaciones económicas.

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sona en una comunidad sea capaz de realizar esas actividades se requieren tanto recursos de ingreso privado como bienes y servicios públicos, activos físicos y de capital. Estas capacidades podrían traducirse en derechos en varios ámbitos o en derechos de acceso (entitlements) a los recursos necesarios para adqui­ rirlas.20

La pobreza vista a la luz de los determinantes de género En algunos sentidos heredera de algunas formulaciones hechas para el análisis de contextos más abarcadores, el abordaje de la pobreza desde la perspectiva de género es comparativamente más escaso y también más reciente, pero de suma importancia, pues con su surgimiento se redefinen contenidos teóricos va­ riados y aspectos metodológicos involucrados en la investiga­ ción.21 Los estudios enmarcados en esta preocupación exami­ nan las diferencias “en los resultados y procesos generadores de pobreza, enfocándose en particular en las experiencias de las mujeres y preguntándose si ellas forman un contingente despro­ porcionado y creciente de los pobres” (Kabeer, 1992, p. I).22 La sistematización de los enfoques sobre la pobreza aboluta y relativa y sobre la trampa de la privación y la teoría de las capacidades nos hizo ver la posibilidad de establecer vínculos entre las teorizaciones examinadas y lo que denominamos la vertiente de los determinantes de género de la pobreza. A título de ejemplo señalamos algunos de los vínculos que pueden ser detectados. 20 Este marco teórico está en la base de un nuevo intento para estudiar el bienestar de la población desde una perspectiva que busca captar la inequidad de género y para evaluar simultáneamente los avances o inercias de los sistemas económicos de las sociedades contemporáneas. Véanse, en las secciones finales del presente capítulo, comentarios detallados acerca de este sistema de indicadores. 21 El feminismo ha luchado para dar visibilidad a las condiciones de desventaja social que recaen sobre un sinnúmero de situaciones vividas por las mujeres. A su vez, en el ámbito académico se ha demostrado, con argumentos teóricos y con una amplitud de evidencias empíricas, que las

asimetrías de género refuerzan las desigualdades sociales y la pobreza. Esta labor se evidencia a partir de la discusión tanto conceptual (o sea del significado de la pobreza femenina) como de las medidas y métodos usuales utilizados en la investigación sobre el tema. 22 Las evidencias producidas en la última década “sobre aspectos de desarrollo con enfoque de género” permiten afirmar que, mundialmente, las mujeres están sobrerrepresentadas entre los pobres (...) y que su proporción va en aumento” (ffedrero, 1994). Es decir, se suele afirmar que se está dando un proceso de feminización de la pobreza, tema que será abordado más adelante.

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• La formulación de las dimensiones absoluta y relativa de la pobreza es relevante para una perspectiva de género. Bajo el enfoque de la pobreza absoluta se puede argüir que como hay un núcleo de necesidades que son irreductibles a de­ terminadas comparaciones (pues se remiten a “la dignidad e igualdad esenciales del individuo considerado como ser humano”), hombres y mujeres tienen necesidades comunes que no pueden ser relativizadas por el hecho de compartir las calidades propias de los humanos. Lo que prevalece des­ de esta perspectiva es la idea de la dignidad vinculada a necesidades universales de todo ser humano. Desde el pun­ to de vista de la pobreza relativa, la investigación puede interesarse en la pobreza de las mujeres a partir de las necesidades que les son específicas y que no son compar­ tidas por los hombres. En este sentido, la pobreza femenina es analizada con respecto a la de los hombres en un con­ texto dado, regida por especificidades y requerimientos di­ ferenciales dados por el género. • Aunque, como punto de partida, debe reconocerse que la po­ breza femenina tiene matices particulares derivados de la condición de género, es importante tener presente que se inscribe en un fenómeno mayor que atañe a amplios secto­ res de la población, tanto masculina como femenina, los que, al compartir la condición de pobreza, sufren privacio­ nes y carencias. En consecuencia, argumentamos que para examinar y comprender la situación de pobreza vivida por las mujeres es necesario una reflexión de carácter general sobre el tema. Sin embargo, destacamos también que la pri­ vación femenina no puede ser cabalmente comprendida se­ gún el mismo enfoque que el de la pobreza en general. Los argumentos anteriores refuerzan la idea de la imprescindi­ ble relación entre las dimensiones absoluta y relativa de la pobreza y su utilidad para los estudios anclados en la pers­ pectiva de género. • Si bien el enfoque de Chambers no se propone una teoriza­ ción que subraye cómo incidir y hacer que cambien los es­ tados de “restricción” de poder, nos parece obvio que éste constituye un antecendente teórico para la conceptuación del empowerment, cuya propuesta sugiere elementos para superar la posición desventajosa de las mujeres en los pro­

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cesos de toma de decisión. La puesta en evidencia —por parte del feminismo— de la existencia de relaciones de po­ der sumamente desfavorables para las mujeres, hace posible plantear la hipótesis de que un gran número de mujeres es­ tán atrapadas en la “trampa de la privación”, sobre todo en lo que se refiere a la ausencia de poder como instancia re­ productora de dicha trampa. Sin que pueda ser excluida del panorama general de la de­ sigualdad social, la desigualdad que tiene que ver con el género —a pesar de ser macrosocialmente instituida y de referirse a un sinnúmero de relaciones sociales— tiene sus propias particu­ laridades pues redunda en la subordinación femenina. Es im­ portante recordar que las asimetrías de género permean las estructuras de distintas instituciones sociales, incluyendo aque­ llas que orientan las pautas más profundas de la socialización y transmisión de la cultura. Entre tales instituciones encontra­ mos a la familia con su típica división sexual del trabajo, que corre paralela con una división sexual de las emociones, ambas enmarcadas en estructuras de autoridad que alcanzan el ámbito de los símbolos, de la ideología y que orientan las pautas más profundas de la transmisión cultural de identidades. Con base en el género se construyen identidades, se desem­ peñan roles específicos, se definen los ámbitos de acción de los individuos dentro del espectro institucional y social y se confor­ man vías muy desiguales de acceso al poder y a los recursos. Las asimetrías de género se reflejan y manifiestan en aspectos tan diversos como la disponibilidad de menor educación y em­ pleo para las mujeres, el acceso a trabajos inestables y mal re­ munerados, la responsabilidad de la doble y aun la triple jorna­ da, la prevalencia de niveles inadecuados de salud y bienestar, la existencia de pautas culturales que rigen diferencialmente la sexualidad de hombres y mujeres, la reducida participación en la toma de decisiones en los espacios social y familiar y la es­ casa integración a los sistemas políticos o su exclusión de los mismos.23

13 Estos párrafos y los siguientes constituyen reelaboraciones de lo aportado por Salle* y luirán (1997).

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Las desigualdades de género dan lugar a un complejo siste­ ma de interacciones que provoca una acumulación de desven­ tajas para las mujeres, que las expone y las hace más vulnerables a condiciones de privación y pobreza. Así, las situaciones des­ ventajosas para las mujeres originadas en el entorno doméstico o en el mercado de trabajo interactúan con las que determina la clase social, lo que provoca que la mujer pobre permanezca en círculos de precariedad difícilmente superables y que la mantienen inserta en redes que se retroalimentan de manera sostenida. La existencia de formas asimétricas interconecta­ das, al presentarse bajo la modalidad de intersecciones, pro­ ducen efectos potenciados.24 Con el objeto de dar visibilidad y profundizar mejor en el conocimiento de la pobreza femenina y en las situaciones es­ pecíficas que viven las mujeres en su relación con los hombres, resulta necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• El papel que juegan las mujeres en la división sexual del tra­ bajo, que por lo general las confína al ámbito hogareño o las segrega a ocupaciones que trasladan el modelo domés­ tico al espacio laboral y que implican menos valoración so­ cial, menores retribuciones. • Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el acceso a los recursos familiares e institucionales y en la uti­ lización de los mismos. • Las desigualdades de género en el acceso a las oportunidades de educación, empleo y atención de la salud, así como las asimetrías en la distribución de las recompensas económi­ cas y sociales. • Las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder, en la adopción de decisiones en todos los órdenes, incluidas las decisiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, y en el acceso a las estructuras po­ líticas. 24“Las propias instituciones no permiten que se altere su propia dinámica interna en favor 4e la equidad de género. La mayoría de las políticas evitan la intervención directa en las normas y

relaciones al interior de los hogares. En las del dominio público la intervención es más aceptable”, Pero es selectiva. Hoy en día, por ejemplo, no se busca “intervenir en las fuerzas del mercado”, aunque es a través de él que operan muchos de los mecanismos que inciden en la pobreza femenina (Odrero, 1994, p. 80).

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La revisión de las investigaciones orientadas por un enfoque de género permite sistematizar algunos mecanismos de reproduc­ ción de la pobreza, con antecedentes y consecuencias apun­ tados incluso desde el punto de vista de la salud y la nutrición de las mujeres.25 Es importante tener en cuenta que la pobreza femenina abarca un amplio abanico de situaciones distintas. Cada tipo de pobreza femenina es el resultado de procesos diferenciadores, con causas específicas, lo que a su vez influye en las vivencias —objetivas y subjetivas— relacionadas con la pobreza y en las estrategias individuales y familiares para intentar salir de esa situación. Es pues importante destacar que no hay un patrón homogéneo: hay diferentes maneras de ser pobres y otras tantas de vivir la pobreza, lo que permite pensar no sólo en las líneas que separan a hombres y mujeres, sino también en las que actúan en el seno mismo del contingente femenino que vive en situaciones de privación.

La

feminización de la pobreza:

¿UNA REALIDAD AJENA A MÉXICO?

El reconocimiento de la tradicional situación de pobreza que ha vivido una cantidad considerable de mujeres, unida a la llamada nueva pobreza, ha llevado a que se hable cada vez con mayor frecuencia de la feminización de la pobreza. Este concepto, que ha adquirido carta de ciudadanía en los debates sobre el tema, pretende reflejar la envergadura de los estados de vulnerabili­ dad y privación que son específicos de las mujeres, así como 25 Uno de los principales factores por medio de los cuales la pobreza incide en las condiciones de vida de las mujeres es el de la nutrición deficiente; se sospecha, además, que la subalimentación y la carencia de ciertos nutrientes durante los años de vida fértil provocan consecuencias de largo plazo para su salud, lo que a su vez se refleja en una posición desventajosa, pues así se limita su

potencial productivo y laboral. La subalimentación, como expresión de la privación, impera entre las mujeres pobres. Entre las carencias de micronutrientes, la más común es la de hierro. De esta manera, su condición de pobres las expone a tasas más elevadas de morbilidad y mortalidad. La carencia de yodo, que es más común entre las mujeres en edad fértil, provoca a su vez retrasos en e desarrollo mental y motor, trastornos neuromusculares, bocio, hipotiroidismo e infertilidad. Además,

el estado nutricional deficiente suele pasar de una generación a la siguiente. Así, por ejemplo» sabe que las madres con carencia de yodo dan a luz a más niños con cretinismo y otras anormalidades

congénitas. Por si fuera poco, las desventajas vinculadas con alimentación y nutrición deficientes pueden conducir a un fuerte desgaste físico, intensificado por las pesadas cargas de trabajo (véase Salles y Tuirán, 1995).

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de los contenidos que les son inherentes. Las diferentes inter­ pretaciones de la feminización de la pobreza tienen en común el supuesto de que las mujeres son más numerosas que los hom­ bres en el volumen total de pobres; y, además, qué se trata de un fenómeno ascendente en su magnitud y en el tiempo (Fer­ nández, 1990). Tanto los estudios iniciales sobre la feminización de la po­ breza como las primeras evidencias que sustentan el debate surgen en contextos ajenos a América Latina. Es en Estados Unidos y Europa que se tejen las primeras consideraciones sobre este tema en el curso de los años setenta. En ellas se ar­ gumentaba que las tendencias económicas, sociales y de­ mográficas vigentes en los países desarrollados estaban propi­ ciando una depauperación continua y progresiva de la pobla­ ción femenina.26 Así, por ejemplo, se subrayaba que la relación inestable de las mujeres con el mercado laboral contribuía a ge­ nerar procesos de depauperación creciente debido a la pérdida de empleo o la insuficiencia de los ingresos que trae aparejado el tipo de actividad o la posición que las mujeres ocupan en el trabajo (puestos eventuales, de tiempo parcial, puestos deva­ luados, etcétera), aspectos que a su vez están relacionados con la operación de mecanismos discriminatorios ejercidos en con­ tra de la mujer en el mercado laboral y con los procesos de re­ distribución del trabajo impulsados por el progreso tecnológico y la flexibilización laboral. En este marco se observó que, con el incremento de las separaciones y los divorcios y la costumbre de dejar a los hijos con la madre (aspectos que suelen ir acom­ pañados del incumplimiento de la legislación que establece el apoyo paterno a la prole), suelen ocurrir, por ejemplo', procesos de depauperación de la familia monoparental jefaturada por la mujer. El propio término monoparental apareció en la literatura francesa por la necesidad de caracterizar conceptualmente la recurrencia de un fenómeno que tiene profundos vínculos con las pautas culturales que rigen la vida en pareja, las cuales im­ plican en muchas ocasiones la generación de condiciones desfa­ 26 Bañe y Carballo (1985), por ejemplo, destaca algunas de las causas que se derivan tanto de los modelos de desarrollo económico como de cuestiones de naturaleza racial y étnica, las cuales uncionan como marco general para la reproducción de la pobreza.

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vorables para la mujer, tanto al asumir el papel o rol de género que socialmente le es impuesto cuando se casa, como a raíz de la generalización de las separaciones y los divorcios. A propó­ sito de este tema, en Estados Unidos, Moller Okin (1992, p. 18) afirma: Casi todas las personas en nuestra sociedad empiezan su vida en una familia de un tipo u otro. Pocas familias se ajustan ahora al estándar usual de las generaciones previas, aunque de ninguna forma universal; esto es, el padre proveedor, la madre ama de ca­ sa y los hijos. Un creciente número de familias están encabezadas hoy en día por un progenitor.

Cuestiones de tal naturaleza tienen insoslayablemente un componente cultural que, en el marco de la división sexual del trabajo tradicional, agudiza las desventajas económicas de los hogares encabezados por mujeres. La rigida división sexual del trabajo existente en ciertos contextos actuales, al provocar una inserción muy diferenciada de las personas según el sexo en la estructura social, conlleva a situaciones desfavorables para las mujeres, pues ellas se ven afectadas por cierto grado de confi­ namiento doméstico, fenómeno que se acompaña de una menor presencia en los espacios públicos y de poder. El peso de esta división sexual del trabajo, al basarse en roles rígidamente es­ tablecidos, privilegia una estricta separación entre tareas pú­ blicas (las del hombre) y tareas privadas (las de la mujer). Estos arreglos, según la literatura disponible sobre el tema, tienden —en términos de vida cotidiana y hogareña— a entretejerse en torno de la figura de la madre, sobre quien descansan las labores básicas de socialización de la prole. En este sentido se alude al papel de líder instrumental desempeñado por el esposo, que propocionará a su familia determinados estilos de vida, los cuales variarán de conformidad con la posición lograda en la estructura ocupacional y los niveles de salario, entre otros. En ausencia del líder instrumental o ante la pérdida del proveedor (por la recurrencia de las separaciones y los divorcios), la situa­ ción del núcleo doméstico pasa por cambios profundos, no todos conducentes a una mejoría del estilo de vida vigente con anterioridad. El rebajamiento del estilo de vida es en gene­ ral un fenómeno de múltiples alcances: la pérdida de prestigio,

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el alejamiento de ciertas redes sociales y el surgimiento de es­ tados de privación constituyen algunos de sus componentes. Cuando la mujer incorpora nuevas funciones (como la de pro­ veedora), la situación puede ser distinta y posibles desventajas pueden presentarse en el campo afectivo, sin remitir forzosa­ mente a la pérdida de estatus económico o al derrumbe de las redes sociales. Devenir proveedora puede implicar la disposi­ ción de credenciales educativas o de una formación profesional, requisitos indispensables para la entrada en el mercado de tra­ bajo y el acceso a empleos estables y favorables en términos de salario y prestigio, entre otras ventajas. Por ello, diversas inves­ tigaciones revelan que no es posible establecer vínculos mecá­ nicos o directos entre pobreza y jefatura femenina. En algunos casos, los espacios domésticos liderados por mujeres no son necesariamente más pobres que los encabezados por varones, ni todos los hogares dirigidos por mujeres (como por ejemplo aquellos de las clases sociales altas) se encuentran en una situa­ ción de carencia material. Otra observación importante es que el estudio de la pobreza específicamente femenina no se agota con el examen de los ho­ gares dirigidos por mujeres. Este y otros aspectos que estruc­ turan las referencias y la investigación sobre la feminización de la pobreza fueron retomados —y aun ampliados en función de la realidad— por la investigación latinoamericana y, más recientemente, por la reflexión mexicana. En la siguiente sec­ ción revisamos algunos antecedentes y evidencias para exami­ nar si la feminización de la pobreza se presenta también como realidad y tendencia predominante en México.

Antecedentes para el estudio de la pobreza femenina en México El interés por examinar las condiciones de vulnerabilidad y ca­ rencia en que vive una proporción considerable de la población femenina se vincula con las preocupaciones acerca de la evo­ lución de las economías latinoamericana y mexicana en el periodo reciente y las consecuencias diferenciadas por géne­ ro que se derivan de la severidad y recurrencia de las crisis y los ajustes económicos, así como de los procesos implicados

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en la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Buvinic (1990), con base en la revisión de 22 trabajos producidos en América Latina y el Caribe, elaboró un trabajo pionero que procura establecer si los hogares encabezados por mujeres con­ forman una tendencia social significativa, si existe relación entre el sexo del jefe del hogar y el grado de vulnerabilidad económica y social de las unidades domésticas, si sus integran­ tes corren mayor riesgo de ser pobres y si la aparente posición de desventaja de esos hogares justifica la atención especial que les brindan los programas de política social orientados al com­ bate de la pobreza. En este marco se analizan los espacios do­ mésticos mediante acercamientos a las condiciones infraestructurales de los hogares (tomadas como medidas indirectas de bienestar y de calidad de vida), el ingreso o la dinámica demo­ gráfica e intrafamiliar (véase Buvinic, 1990). Los hallazgos de los estudios revisados por Buvinic indican que, por lo general, las unidades domésticas dirigidas por mujeres tienden a ser más pobres que las encabezadas por varones y a favorecer la transmisión intergeneracional de la pobreza.27 En las últimas dos décadas aparece en México una amplia variedad de trabajos que arrojan diversas evidencias sobre te­ mas clave para el estudio de la pobreza femenina. Una selec­ ción de dichos documentos, agrupados en los siguientes cuatro conjuntos, proporcionan valiosos antecedentes y elementos para el estudio de la feminización de la pobreza y las situaciones de precariedad y privación agudizadas por las asimetrías de género: • Un primer grupo lo constituye el acervo de materiales sociodemográficos que, apoyados en grandes encuestas naciona­ les y datos censales, tienen la preocupación de enfocar la situación femenina, proporcionando algunas evidencias (unas más y otras menos directas) sobre el efecto de la po­ breza en la vida familiar y en el trabajo (Acosta, 1993; Tuirán 1993b; Schteingarty Solís, 1995; Rubalcava, 1996; Muñizy Rubalcava, 1996). 17 En la literatura disponible se sostiene que la vulnerabilidad de los hogares está condicionada tanto por las características sociodemográficas como por la inserción precaria de sus integrantes en los mercados de trabajo.

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• Un segundo conjunto de trabajos se basa sobre todo en en­ cuestas realizadas en diferentes contextos del país, de ta­ maños y alcances variados y contenidos temáticos disími­ les, pero cuyo denominador común es el de incorporar ex­ plícitamente información sobre la condición de las mujeres y de los hogares del sector popular que viven en estado de pobreza y precariedad. Se trata de investigaciones reali­ zadas en ciudades de tamaño intermedio o en contextos co­ lindantes con grandes metrópolis (Margulis y Tuirán, 198 6; Tuirán, 1993a; Martínez y Salles, 1992). • Integramos también a esta revisión algunos hallazgos de in­ vestigaciones realizadas mediante entrevistas estructuradas, semiestructuradas y profundas que se ocupan de los espa­ cios domésticos con énfasis en la dinámica demográfica e intrafamiliar (Chant, 1988; González de la Rocha, 1986, 1988; García y Oliveira, 1994). • Finalmente, incorporamos reflexiones vertidas en trabajos cuyo contenido central es presentar revisiones teórico-metodológicas y analíticas sobre la pobreza femenina. Aunque no se circunscriban exclusivamente a los aportes produ­ cidos en México, contienen múltiples referencias acerca de las contribuciones de la sociodemografía mexicana (Salles y Tuirán, 1994, 1997; García, 1998). Las diversas fuentes nacionales disponibles indican que el peso relativo de las unidades encabezadas por mujeres se encuentra en un rango que oscila entre 13.5 y 17% del total de hogares del país, proporción que es menor en las localidades rurales y semiurbanas (menos de 20 000 habitantes) y superior en las áreas urbanas (ciudades de 20 000 habitantes o más) y metro­ politanas. Asimismo, dichas fuentes coinciden en mostrar que las mujeres jefas de hogar son mayoritariamente viudas, sepa­ radas o divorciadas. De hecho, este grupo representa alrededor de 80% del total correspondiente (Tuirán, 1993b). Utilizando una encuesta demográfica nacional, Acosta (1994) ofrece evi­ dencias acerca de la mayor vulnerabilidad que muestran las jefas de hogar. Apunta que la información sobre trabajo, ingreso Y escolaridad refleja la forma en la cual los condicionamientos sociales de género afectan negativamente a las jefas. Tal afirmación puede ilustrarse de la siguiente manera: en 1987, al­

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rededor de tres de cada diez jefas de hogar no recibieron ins­ trucción escolar alguna; dos de cada tres mujeres jefas de hogar participaron en el mercado de trabajo, pero obtuvieron ingre­ sos de un salario mínimo o menos. Además, cuando las jefas trabajaban, con frecuencia lo hacían en actividades desempe­ ñadas por cuenta propia y en el servicio doméstico. Rubalcava (1996), en un análisis realizado con base en una muestra del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, indica la creciente importancia que los hogares de com­ posición preferentemente femenina tienen en el ingreso fami­ liar y ofrece datos que indican la considerable contribución de las mujeres al presupuesto de la familia. Además, pone en evi­ dencia que 7 de cada 10 hogares con primacía de ingreso fe­ menino no tienen hombres en edad activa o existe una escasa presencia de ellos, lo cual incide en las características de las estructuras familiares y en el bienestar de la familia (véase también Muñiz y Rubalcava, 1996). En una línea semejante, Schteingart y Solís (1995) investigan las diferentes situaciones de bienestar de los hogares con jefaturas femenina y masculina mediante el examen de las condiciones de la vivienda y de los servicios a que tienen acceso. Siguiendo el orden establecido previamente, describimos a continuación algunos de los aportes derivados de pequeñas encuestas. Margulis y Tuirán (1986), a partir del examen de una encuesta realizada en las colonias populares de Reynosa, Tamaulipas (1980), confirman la importancia relativa de los hogares con jefas mujeres e ilustran la existencia de la doble jornada que es usual en este tipo de núcleos domésticos: en 38.4% de los casos las mujeres se ven forzadas a organizar sus actividades relativas al trabajo doméstico/trabajo extra­ doméstico mediante la figura de la doble jornada. Asimismo, Martínez y Salles (1992), para analizar una encuesta levantada en Xochimilco, elaboran indicadores que les permiten acercar­ se a los estados de precariedad observados en los hogares del sector popular. Mediante la utilización de índices de habita­ bilidad hogareña y de hacinamiento encontraron algunos in­ dicios de la situación de precariedad social en los hogares dirigidos por mujeres sin cónyuge. En ellos se concentraban los menores y las mujeres con los niveles nutricionales más bajos.

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Otra línea de investigación que interesa para esta breve sis­ tematización de aportes se relaciona con las estrategias de so­ brevivencia. En la literatura sociodemográfica se ha argüido con insistencia que los hogares tienden a ajustar sus estrategias de vida para hacer frente a fenómenos tales como el desempleo y la caída de los salarios, que afectan el ingreso familiar. En esa literatura se le asigna a dichas estrategias el potencial para contrarrestar o reducir el deterioro de los niveles de bienestar causado por la recesión y las políticas de ajuste y estabilización aplicadas en México. Tuirán (1993a), apoyándose en la infor­ mación proveniente de dos encuestas nacionales sociodemográficas y de una encuesta tipo panel realizada en el área me­ tropolitana de la Ciudad de México,28 recaba evidencias sobre la participación de las mujeres en la definición y puesta en prác­ tica de estrategias que tienen por objeto proteger el nivel de ingresos familiar (en dinero y/o en especie) o, cuando menos, contener su descenso mediante la autogestión de sus propias ocupaciones o la participación más extensiva en el mercado de trabajo. De hecho, el porcentaje de unidades domésticas en las que las “amas de casa” no realizaron contribución monetaria alguna disminuyó de manera significativa durante el periodo en observación, sobre todo en los estratos de menores ingresos. Las investigaciones que se apoyan en la utilización de en­ trevistas estructuradas y semiestructuradas detallan algunos aspectos de interés tanto para caracterizar la situación de po­ breza de las familias como el posible efecto causado por los estados de privación en las relaciones familiares. Chant (1988) destaca, con base en entrevistas realizadas en hogares pobres de Querétaro, que en las familias monoparen tal es dirigidas por mujeres se observa un mejor ambiente familiar, con menor in­ cidencia de costumbres violentas. Además, la autora sostiene, al menos en lo que respecta a los hogares pobres seleccionados, que no es cierto que, en términos comparativos con los núcleos de jefatura masculina, los hogares monoparentales con jefa viVan peor económicamente, ya que a menudo cuentan con la aportación económica de los hijos. En contraste con los hallaz21 Esta última es una encuesta de tipo panel realizada en la Ciudad de México por el Instituto Nacional del Consumidor (Inco), que comprende seis diferentes levantamientos llevados a cabo

entre 1985 y 1988.

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gos de Chant, González de la Rocha (1986, 1988) encuentra, a partir de una investigación realizada en hogares populares de bajos ingresos en Guadalajara, que los espacios domésticos con jefatura femenina presentan niveles de bienestar más ba­ jos que los hogares encabezados por hombres. Entre las causas que inciden en esta situación se perfila, con un grado elevado de importancia, la ausencia de ingresos provenientes del cónyuge, lo cual repercute negativamente en los recursos disponibles de las unidades domésticas encabezadas por mujeres, dado que, en general, los salarios masculinos suelen ser bastante más ele­ vados que los femeninos y los de los hijos, cuando éstos tra­ bajan. La investigación sociodemográfica coincide en señalar que la responsabilidad económica de las mujeres en los hogares es cada vez mayor. Garda y Oliveira (1994), a partir de entrevistas realizadas con profundidad en sectores medios y populares de Mérida, Tijuana y la Ciudad de México, encuentran que un nú­ mero significativo de mujeres provenientes del sector popular había asumido la responsabilidad económica de sus hogares, debido a que en sus hogares se perfilaban situaciones de pobre­ za, inestabilidad laboral, desempleo masculino e irresponsabi­ lidad de los cónyuges, entre otras causas. Frente a tales circuns­ tancias, las autoras reportan que es la actividad extradoméstica de las mujeres la que a veces hace posible la sobrevivencia del núcleo doméstico. Finalmente, incluimos en esta breve revisión algunas con­ tribuciones de los textos de García (1998) y de Salles y Tuirán (1995a) con el fin de destacar algunos elementos que cons­ tituyen una nueva veta para el estudio de los determinantes par­ ticulares de la pobreza femenina. De la amplia revisión elabo­ rada por García (1998) nos interesa destacar sus reflexiones acerca de la tendencia creciente del número de perceptores de ingreso en los hogares de menores recursos y sus efectos en los niveles de bienestar. Este aspecto está presente de forma recu­ rrente en la bibliografía examinada y su importancia se debe al hecho de que el incremento en el ingreso global con base en una multiplicidad de pequeños ingresos (que muchas veces apenas garantizan la sobrevivencia del grupo) si bien contribuye a mejorar la situación de los hogares, no necesariamente ocurre así con el bienestar de los individuos (hombres, mujeres y niños)

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que los componen. Esta constatación apunta a la imperiosa necesidad de estudiar detalladamente las relaciones intrafami­ liares con el fin de precisar las desventajas que recaen sobre algunas de las personas que comparten un mismo hogar. Por ello, Salles y Tuirán (1994) destacan la necesidad de decodi­ ficar29 lo que pasa en el hogar, en términos de la naturaleza de las relaciones sociales establecidas entre sus miembros y en función de la existencia de necesidades diferenciadas por gé­ nero y generación, para establecer las desventajas y las asime­ trías existentes en cuanto al acceso a los recursos y bienes pro­ ducidos y reproducidos por el grupo doméstico. Esta manera de enfocar la dimensión del hogar es necesaria para detectar los aspectos que agudizan la vivencia de la pobreza por parte de las mujeres, niños y niñas (Salles y Tuirán, 1994,1995a). La propuesta de decodificar lo que pasa en el interior de los hoga­ res implica valorar este contexto y examinarlo desde la pers­ pectiva de las relaciones sociales que lo fundan.30 La revisión emprendida, centrada sobre todo en el estudio de los hogares dirigidos por mujeres, permitió indentificar un conjunto de aspectos que son de importancia para el análisis de los hogares en general y de los vulnerables en particular. A continuación referimos algunos rasgos de las jefas y de sus ho­ gares: el número promedio de sus integrantes tiende a ser más reducido que el de las unidades domésticas encabezadas por varones; se concentran en las etapas más avanzadas del ciclo a Esta formulación representa un giro de gran importancia efectuado en los estudios de la pobreza desde la perspectiva de género, que ahora forma parte de investigaciones hechas para contextos distintos del mexicano (véase, al respecto, Kabeer, 1994). 30 A pesar de las críticas formuladas en contra de los indicadores de pobreza captados en el ámbito familiar —cuando señalamos su falta de adecuación para estudiar cuestiones relativas al género y a las generaciones—, es indispensable reconocer su importancia. Privilegiar el hogar como unidad de análisis permite desplazar la cuestión de la pobreza, vivida como una condición de la persona, hacia los grupos en que se producen y se reproducen relaciones sociales de naturaleza íntima: las familias. El fenómeno, captado en estos espacios privados de convivencia —los hoga-

res—, permite plantear aspectos vinculados con la transmisión generacional del estatus de pobre. El hecho de nacer y vivir la infancia y parte de la juventud en hogares que se organizan en torno de la acumulación de carencias ciertamente ejerce una gran influencia en la situación biográfica de la Persona que hereda rasgos (cuando no la totalidad, lo que es más frecuente) del atributo de ser P°bre. Este proceso de transmisión generacional de la inequidad, que se inicia en los ámbitos

amiliares, se refuerza en términos sociales pues los hijos de los pobres suelen estar al margen (o tener un acceso restringido) a la educación formal, en el contexto de un proceso de modernización en el que el saber en general y el saber vinculado con las técnicas y la capacitación para el trabajo

SOn extremadamente valorados.

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de desarrollo familiar; por lo general, las jefas son viudas o es­ tán separadas o divorciadas; predominantemente conforman arreglos residenciales no nucleares; son mayoritarios los hoga­ res integrados por jefas solas con sus hijos solteros o por las jefas, sus hijos solteros y otros parientes; las jefas presentan tasas de participación económica mayores que las mujeres que no lo son en todos los grupos de edad; las jefas enfrentan si­ tuaciones de desventaja en el mercado de trabajo y tienden a obtener salarios más bajos que los jefes. Si bien es cierto que los estudios disponibles no han podido determinar con certidumbre si los hogares con jefatura feme­ nina presentan carencias mayores que los encabezados por hombres,31 sí han permitido identificar categorías especiales, como las unidades nucleares monoparentales que se encuentran en las etapas tempranas del ciclo de desarrollo familiar, que son espacios potencialmente más vulnerables a situaciones de privación y ámbitos propicios para la transmisión intergene­ racional de la pobreza. En este caso, quienes los encabezan no pueden, por razones obvias, incorporar en el mercado de tra­ bajo a más miembros del hogar y, simultáneamente, enfrentan las restricciones que impone el cuidado de los hijos menores. Entre los condicionamientos y las tendencias socioeco­ nómicas que han incidido en forma negativa sobre las mujeres jefas encontramos:

• El lugar socialmente legitimado y privilegiado es el represen­ tado por el modelo de familia nuclear, lo que contribuye a que los hogares encabezados por mujeres por lo general en­ frenten dificultades para acceder a los beneficios de las políticas públicas orientadas al alivio de la pobreza. Tales situaciones pueden reflejarse en una agudización de la pre­ cariedad económica, tanto entre las mujeres como entre sus proles (Salles y Tuirán, 1994). • La valoración social otorgada a la maternidad pone a los ho­ gares con jefas, especialmente de los sectores de bajos in31 Siendo rigurosos desde un punto de vista metodológico, podemos afirmar que no existen en México estudios suficientes para corroborar la existencia de todos los rasgos característicos, aunque sí es posible señalar que la evidencia disponible, ciertamente escasa y fragmentaria, y importancia adquirida por algunos fenómenos sociales relacionados con situaciones de nueva pobreza apuntan en la dirección indicada por la hipótesis de la feminización de la pobreza.

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gresos, en una situación difícil, pues en ellos las mujeres se ven obligadas a asumir totalmente el costo de la repro­ ducción social y de la fuerza de trabajo (Folbre, 1991a, 1991b). • Las unidades domésticas encabezadas por mujeres carecen a menudo de varones en edades activas, lo cual provoca que recaiga en las jefas el peso de las responsabilidades econó­ micas del hogar, además de las tareas domésticas y el cui­ dado de los hijos, obligándolas a buscar la compatibilidad de ambas responsabilidades. Este hecho no sólo limita sus horarios y sus posibilidades ocupacionales, sino que tam­ bién las somete a una situación de aislamiento social que les impide construir o mantener permanentemente aceita­ das sus redes de relaciones sociales y familiares, situación que resulta paradójica, pues son precisamente estas uni­ dades las que más requieren este tipo de apoyos. • La participación femenina en el mercado de trabajo se realiza en condiciones deventajosas. Los niveles de escolaridad y capacitación laboral de las mujeres de estos hogares (por lo general bajos) condicionan sus oportunidades laborales, las remuneraciones que perciben y sus posibilidades de movilidad ocupacional.32 • Además, la segmentación horizontal y vertical de los merca­ dos laborales por sexo, que es un denominador común en los países de la región, contribuye a encasillar a las mujeres en un reducido número de ocupaciones y limita su acceso a los puestos de trabajo mejor remunerados, más estables, de mayor calificación y productividad.

Aparte de mantenerse la necesidad de profundizar en este tema, se observa un giro de gran importancia que se instala en los estudios de la pobreza a partir del énfasis dado a las relacio11 En un contexto de crisis, se agravó en México el deterioro de los niveles de vida de las familias mexicanas de menores ingresos, lo que amplió la participación de las mujeres en la generación dc ingresos (García y Oliveira, 1994). Las investigaciones detectaron cambios en el perfil de las mu¡eres que se incorporaron a la actividad económica en la última década. Mientras que a principios de los setentas la mayor parte de las trabajadoras eran jóvenes solteras o mujeres que ya habían

concluido su ciclo reproductivo, en los ochentas se incorporaron cada vez más mujeres casadas y en Unión conyugal, aun en etapa reproductiva, jefas de familia y solteras con hijos. Los hallazgos señalados inspiraron nuevas reflexiones en torno de los cambios reales y potenciales relacionados con el papel desempeñado por la mujer en los espacios domésticos y laborales.

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nes sociales en los hogares de todo tipo (y no sólo en los jefaturados por mujeres), con el fin de detectar ejes agudizadores de la privación femenina (Salles y Tuirán, 1995a).33 Esta posición evidentemente amplía el campo de reflexión para investigar la pobreza femenina, pues dezplaza la preocupación, previamente localizada en los hogares dirigidos por mujeres, hacia el con­ junto de los hogares de bajos ingresos, lo que obliga a desa­ rrollar procedimientos metodológicos adecuados para medir la pobreza femenina y precisar, mediante nuevas reflexiones, los condicionantes de su vulnerabilidad económica y social. Una veta importante para el estudio de la pobreza en los hogares, y que en cierta medida representa un esfuerzo para decodificar lo qué pasa en el interior de los mismos, es la rela­ cionada con la asignación de ios recursos familiares en el ám­ bito doméstico. La asignación intradoméstica de los recursos familiares es objeto de la preocupación de diversos estudios realizados en países en desarrollo (Thomas y Githinji, 1994; Behrman y Kumar, 1985; Deaton y Muellbauer, 1984; Carrillo, 1994). En ellos se ofrecen evidencias que indican que las desi­ gualdades de género observables en los espacios familiares pro­ vocan un acceso diferenciado de los integrantes del grupo do­ méstico a los recursos del hogar. La distribución intradoméstica de los alimentos sirve para ilustrar esta idea. Las pautas cul­ turales que rigen las asimetrías de género y generación en algu­ nos contextos hacen que se jerarquice el acceso de los hombres a los alimentos; se privilegie a los hijos mayores, quienes reciben mayor atención que los hijos menores; se favorezca a los niños, quienes suelen recibir mejor alimentación y educación que las niñas; se relegue a las mujeres ancianas, quienes a menudo re­ ciben una menor participación en el gasto familiar. Los estudios citados indican, por ejemplo, que las madres tienden a asignar relativamente más recursos a las niñas, mien­ tras que los padres favorecen a los niños, aunque también es cierto que la madre distribuye más recursos a hijos e hijas que el padre. Estos mismos estudios sostienen que no existe igual­ dad en la atención que reciben los hijos de una misma familia cuando el padre es el jefe de familia y es él o la madre quien deEste planteamiento surge inicialmente en la reflexión de Naila Kabeer, quien lo plantea en función de contextos africanos (véase Kabeer, 1992 y 1994).

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cide la asignación. La evidencia indica que los efectos favorables para la salud, la nutrición y la educación de todos los hijos se advierten más cuando el ingreso se encuentra en manos de la madre que cuando está en manos del padre. También se observa que las niñas se encuentran, en términos generales, en mejo­ res condiciones cuando la madre es quien actúa como jefe de familia y distribuye el ingreso entre los miembros del hogar. Sin embargo, el trato desigual en favor de los hombres suele no desaparecer en el interior de estos hogares. Por último, ca­ be recordar que las diferencias en la asignación de recursos a hijos e hijas pueden traducirse, al pasar de los años, en dife­ rentes oportunidades de educación, trabajo y capacitación pro­ ductiva para ellos. Desafortunadamente, en México tan sólo se cuenta con es­ casa información acerca de la asignación intrafamiliar de re­ cursos en los hogares del sector popular y de sus pautas por género y generacionales (González de la Rocha, 1986). Sólo en fecha reciente se han emprendido los primeros pasos para avanzar firmemente en esa dirección (Carrillo, 1994). Sin em­ bargo, es evidente que se requiere profundizar en esta temática, tanto por su importancia estratégica para los estudios orienta­ dos por la perspectiva de género como para avanzar en el dise­ ño e instrumentación de políticas y programas más eficientes de combate a la pobreza. Para no restringir el estudio de la pobreza específicamente femenina a los contextos hogareños encabezados por mujeres, algunos autores han intentado elaborar tipologías con base en la utilización de criterios anclados en procesos diferenciadores y explicativos de las situaciones de privación. Con tal propósito se intenta hacer descansar las tipologías en criterios como el del vínculo de dependencia que la mujer guarda con el varón (tanto en lo económico como en la posición de estatus social) y su desfavorable relación con el mercado de trabajo. Fernández (1990), por ejemplo, propone la siguiente tipología explo­ ratoria con el propósito de ayudar a agrupar dispersas situa­ ciones de pobreza que viven las mujeres:

• Mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por dependencia respecto del padre y falta de autonomía la­ boral.

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• Mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por dependencia respecto del marido, compañero o vínculo afectivo y falta de autonomía laboral. • Mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por ruptura del vínculo de dependencia respecto del varón y falta de autonomía laboral. • Mujer en situación de pobreza (encubierta o manifiesta) por no guardar vínculo de dependencia respecto del varón o por precaria situación en relación con el mercado de tra­ bajo.34 Esta tipología pone de manifiesto la necesidad de trascender el ámbito exclusivo de los hogares jefaturados por mujeres en el estudio de la pobreza femenina, lo que supone penetrar en el espacio intradoméstico de los hogares (ya sean los dirigidos por hombres o por mujeres) y abandonar, como ya señalamos anteriormente, el supuesto implícito de que cada uno de sus integrantes recibe una dotación similar, o al menos “justa”, de los recursos familiares. Ello obliga a preguntarse si tanto el se­ xo de la persona que controla la asignación de los recursos del hogar como el de la persona que recibe los mismos están o no relacionados con la existencia de miembros más necesitados que otros dentro de la misma unidad. Conclusiones: en la búsqueda de

soluciones

En esta sección integramos reflexiones adicionales acerca del ocultamiento de la pobreza femenina y recalcamos algunos as­ pectos desarrollados a lo largo del texto, para lo cual presen­ tamos referencias al sistema de indicadores sensibles al géne­ ro, propuesto por pnud (1995), que puede ser considerado un avance en la búsqueda de soluciones. Proponemos también algunas recomendaciones que sugieren futuras líneas de in­ vestigación que permitirán profundizar en los principales temas tratados en el presente trabajo.

14 Este tipo, según la autora citada, puede ser utilizado de manera independiente o estar presente en los tipos previos.

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Hemos destacado que la pobreza de las mujeres permanece oculta en la investigación social. En relación con este aspecto es preciso tener presente que la invisibilidad se debe a diversas razones, algunas derivadas de la naturaleza de los datos exis­ tentes y de las estadísticas disponibles, otras vinculadas con cuestiones conceptuales (como las mencionadas en el apartado anterior), y otras más de índole metodológico.35 La reflexión feminista en general ha puesto en evidencia la insuficiencia de los datos procedentes de encuestas y censos nacionales para desarrollar estudios sobre diversos temas de gran interés. Sin ocuparnos de todas las críticas y sugerencias presentadas, vale la pena recordar, a título de ilustración, que en el caso de Mé­ xico ya han sido localizadas diversas dificultades para estudiar un conjunto importante de temas con base en los censos y en­ cuestas nacionales, tanto por la naturaleza de ciertos conceptos utilizados en este tipo de fuentes, como por los niveles de agre­ gación y las formas adoptadas para presentar los datos. Lo mismo ocurre con las estadísticas que se utilizan para estudiar la pobreza en general e igualmente la pobreza feme­ nina. Entre las diversas cuestiones de índole metodológica, ciertamente interrelacionadas, podemos mencionar: el uso del hogar como unidad de análisis indiferenciada; las dificultades para medir las aportaciones no retribuidas (y por tanto invisi­ bles) de las mujeres y que garantizan la reproducción domésti­ ca; la medición unidimensional de la pobreza mediante los in­ gresos. El primer aspecto hace referencia al ocultamiento de la si­ tuación de la mujer en el colectivo hogareño y familiar. Este proceso opera teniendo como base los siguientes supuestos: i) son las familias las que son pobres y no los individuos que las conforman, y ii) todos los recursos de que dispone la familia son distribuidos en forma igualitaria entre sus miembros, lo que implica asumir que existe igualdad absoluta y una solida­ ridad siempre vigente entre las personas que comparten los espacios relaciónales de la vida hogareña y familiar. Cuando se cuestiona el supuesto de la naturaleza interna no diferenciada 15 A esta cuestión metodológica básica se suman otros problemas ya detectados, pero no resueltos, como es el caso de la definición de jefatura declarada, que alude al criterio utilizado por las estadísticas censales de algunos países para proceder a la asignación de la jefatura del hogar.

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de los hogares, deviene una necesidad crucial decodificar lo que pasa en estos espacios para reconocer la existencia de pautas de convivencia entre hombres y mujeres normadas por vínculos que —al enmarcarse en sistemas de autoridad que privilegian los atributos patriarcales— provocan asimetrías, las cuales operan de modo sumamente desfavorable para las mujeres. El segundo aspecto, ligado al anterior, alude a las ya co­ nocidas discusiones sobre el trabajo invisible ejercido por la mujer: el doméstico, el de atención y crianza de la prole, el cui­ dado de los ancianos, enfermos y discapacitados, así como el trabajo de gestión de recursos de uso colectivo. La investigación social y demográfica ha demostrado que este conjunto de ac­ tividades resulta crucial para garantizar la reproducción coti­ diana de la familia y de sus miembros. No es casual que la tesis del familismo se utilice para indicar la supeditación de los in­ tereses de la mujer a los intereses del colectivo familiar. Además, cuando se habla del ingreso familiar no sólo no se contabilizan en su cálculo las aportaciones (no retribuidas) de las mujeres al bienestar de los miembros de las familias, sino que tampoco se definen los que corresponden a las mujeres y a las otras per­ sonas que viven en el hogar. El tercer aspecto alude a los problemas provenientes del uso de los niveles de ingreso hogareños como modalidad privi­ legiada para acercarse a la medición de la pobreza. Las visiones económicas convencionales destacan la suficiencia o insu­ ficiencia del ingreso hogareño para adquirir niveles satisfac­ torios de bienestar. Sin embargo, este énfasis reposa más en el potencial de compra que en la satisfacción actual de las ne­ cesidades. Las mediciones de la pobreza basadas en el ingreso de los hogares, tanto las cuantificaciones apoyadas en la de­ finición de líneas de pobreza como los cálculos del número de personas asignadas a diferentes deciles con base en los niveles del ingreso del hogar,36 descansan en el supuesto de que todos los miembros de los hogares sufren las mismas privaciones. Sin embargo, este tipo de medidas puede subestimar el número de miembros del hogar en estado de pobreza si la distribución de 36 Kliksberg (1993, p. 10), por ejemplo, afirma: “[...] es necesario [...] superar las mediciones con base al mero ingreso per cápita y pasar a medir integrando indicadores como esperanza de vida, escolaridad, participación social”. García (1998) también arguye sobre lo limitado de las estimaciones basadas en el ingreso.

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los satisfactores no es equitativa. Este hecho pone de manifies­ to que si bien el grupo doméstico puede tener un ingreso fami­ liar superior al umbral de la pobreza, ello no implica necesa­ riamente que la mujer acceda a los recursos materiales y mo­ netarios del hogar, al consumo no negociado de bienes y a mecanismos de decisión y participación en igualdad de condiciones que el varón. La crítica hecha por un conjunto de estudios recientes so­ bre las deficiencias de los métodos convencionales para el estu­ dio de la pobreza a la luz del género ha conducido a la elabora­ ción de nuevos procedimientos de medición. Un mérito de los estudios que utilizan la perspectiva de género para el estudio de la pobreza es el cuestionamiento que hacen de los supuestos en que se apoyan las medidas y los indicadores convencionales. Es­ tos estudios reconocen que los intentos realizados para destacar las dimensiones cuantitativas de la pobreza son importantes y en ocasiones indispensables, pero aseveran que reducir el estu­ dio de la pobreza a dichas dimensiones involucra un conjunto de simplificaciones que tiene repercusiones importantes para el entendimiento de la pobreza en toda su complejidad y, en consecuencia, para el planteamiento de medidas y políticas que pretenden combatirla. La existencia cada vez mayor de evidencias y datos de ín­ dole cualitativa (derivados de técnicas tales como los sociodramas, las técnicas de los grupos focales, las entrevistas con profundidad, las historias de vida, las trayectorias biográficas, etcétera) constituye una rica fuente de información para avan­ zar en la comprensión de aspectos rara vez considerados en los análisis convencionales sobre la pobreza. Dicha información permite, junto con los datos cuantitativos agregados, tener una visión más acabada e integral de este fenómeno. Así, es de crucial importancia combinar diferentes maneras de recons­ truir la realidad, buscando espacios de complementación ana­ lítica entre los índices y las tipologías de la pobreza construidos con base en datos agregados y las evidencias surgidas de la in­ tersección de diversas dimensiones y de la operación de méto­ dos cualitativos.37 37 Hay una discusión en torno al hecho de que lo cuantitativo siempre tiene algo de cualitativo, en lo que estamos de acuerdo. Pero nuestra observación aquí se remite al desprecio que las

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Aparte de este tipo de intentos encontramos también otros que, manteniéndose en el ámbito de los datos macrosociales y sin un recurso evidente a técnicas cualitativas, logran complejas maneras de construir indicadores y medidas, lo que, por lo tan­ to, los hace más adecuados para investigar el bienestar y su ausencia sea en países determinados, sea entre grupos amplios de personas examinadas según el género de pertenencia, o in­ cluso a nivel del conjunto de la población que integra una so­ ciedad. Con base en la constatación de que “en ninguna sociedad, las mujeres disfrutan de las mismas oportunidades que los hombres”, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) propone un conjunto de índices aptos para estudiar y comparar (en diversos países) un abanico diversificado de si­ tuaciones.38 Esta perspectiva intenta cambiar la tónica hasta ahora presente en los indicadores usuales para medir el estado de la economía, centrados en el producto interno bruto (pib). La alternativa implicada en los nuevos índices compuestos per­ mite aproximaciones complejas al bienestar de la población y acercamientos generales al progreso y adelanto económico de los países. Apoyada en una concepción alternativa del desarrollo, que lo distingue del simple crecimiento económico, la propuesta toma en cuenta diversos supuestos que permiten un acerca­ miento a la falta de igualdad existente entre los géneros y se concreta en un sistema formado básicamente por tres índices: el de desarrollo humano (idh), el relacionado con la mujer (idm) y el de potenciación (apoderamiento) de la mujer (ipm).39

investigaciones con datos agregados y modelos estadísticos han brindado en ocasiones a otras formas de reconstruir la realidad que se alejan de las cosas medibles y cuantificables. ” Las referencias presentadas a continuación están basadas en el Informe sobre el desarrollo humano (pnud, 1995). M El índice de desarrollo humano (idh) está basado en varios indicadores: esperanza de vida al nacer, alfabetización de adultos, tasa de matriculación escolar y nivel de vida medido por el

Producto Interno Bruto per cápita. El índice de desarrollo relacionado con la mujer (idm), luego denominado índice de desarrollo relativo al género (idc) se calcula de la misma manera que el idh, pero se introduce además un ajuste en función del grado de disparidad existente entre hombres y mujeres en las diferentes variables. Por último, el índice de potenciación de la mujer (ipm), luego denominado índice de potenciación de género (ipg), se basa en tres indicadores: participación de la mujer y adopción de decisiones en cuestiones económicas, participación de la mujer y adopción de decisiones en cuestiones políticas y grado de control femenino sobre los recursos económicos.

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• Aunque presenta problemas y límites justamente porque in­ tenta reflejar realidades complejas en forma sinóptica, el idh, que mide el grado medio de adelanto de un país especí­ fico en lo tocante a las capacidades humanas básicas, capta facetas del desarrollo humano que otros índices convencio­ nales impiden evaluar. Al aproximarse a aspectos tales co­ mo la cantidad de vida, esto es, si las personas acceden a una vida larga y saludable, al informar sobre la educación y los conocimientos de la población y si disfruta de un nivel de vida decoroso, el sistema de indicadores propuesto ofre­ ce el intento más novedoso para proveer un enfoque más integral de la pobreza, que va más allá de los acercamientos basados exclusivamente en el ingreso o sobre los grados de acceso a los satisfactores y bienes de naturaleza económica. • Otra ventaja importante del sistema de indicadores con énfa­ sis en el desarrollo humano y que interesa de cerca a los objetivos del presente trabajo es la posibilidad que ofrece para el estudio de las desigualdades de género existentes en las sociedades contemporáneas. Tal preocupación es reco­ gida por el sistema de medidas propuesto, el cual puede ser denominado indicadores sensibles a la equidad en la condi­ ción de los sexos (pnud, 1995, p. 143). El índice de desarro­ llo relacionado con la mujer (idm) mide el adelanto en los mismos aspectos básicos comprendidos en el idh, intro­ duciendo un ajuste por la igualdad de género (o grado de disparidad en el adelanto de mujeres y hombres). El idm expresa las asimetrías entre los sexos y permite apreciar las posibilidades diferenciadas de hombres y mujeres en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. • Finalmente, el índice ipm (apoderamiento o potenciación de la mujer), que entre otros integra aspectos relativos al nivel de ingreso, acceso al trabajo, y participación en decisiones económicas y políticas, proporciona evidencias sobre los procesos participativos tanto de hombres como de mujeres y permite apreciar si las personas están involucradas en esferas clave de constitución de la sociedad, tales como la económica y la política. Esta propuesta metodológica es consistente con los esfuerzos flue se indican a lo largo del presente texto, orientados a crear

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un nuevo paradigma de desarrollo que conceptualice el creci­ miento económico como un medio y no como un fin, defina una estrategia viable para el desarrollo sustentable, enfatice el desarrollo centrado en el ser humano, otorgue una mayor prio­ ridad a la distribución equitativa de las oportunidades y al combate a la pobreza, tenga plenamente en cuenta la condición de los sexos y abra espacios para el apoderamiento de parte de las mujeres con el fin de que hagan el mejor uso de sus habili­ dades y potencialidades. Al mantener afinidades con varios argumentos desarrolla­ dos tanto en la bibliografía revisada como en el corpus del texto, las últimas ideas pueden ser consideradas como parte importante de las conclusiones. Otro núcleo conclusivo que guarda vínculos con el ante­ rior es el que se refiere a la escalada de la pobreza, tanto en México como en otros contextos del mundo, el cual muestra un recrudecimiento general de la pobreza y de sus formas más agudas. A las preguntas planteadas al inicio del texto —¿los de­ terminantes de género agudizan la pobreza de las mujeres?, ¿se puede hablar de feminización de la pobreza?—, pensamos que la exposición permite contestar afirmativamente. Forman parte de los argumentos centrales para explicar lo que encierra la primera pregunta, los siguientes: las desigual­ dades de género dan lugar a un complejo sistema de interac­ ciones que provoca una acumulación de desventajas para las mujeres porque las expone y las hace más vulnerables a con­ diciones de privación y pobreza. Así, las situaciones desven­ tajosas para las mujeres, originadas en el entorno doméstico o en el mercado de trabajo, interactúan con las que determina la clase social, lo que provoca que la mujer pobre permanezca dentro de límites de precariedad difícilmente superables, inserta en redes que se retroalimentan de forma sostenida. La exis­ tencia de formas asimétricas interconectadas, al presentarse bajo la modalidad de intersecciones, producen efectos poten­ ciados. Es decir, pensamos que las asimetrías de género re­ fuerzan las desigualdades sociales y la pobreza femenina. Con respecto a la segunda pregunta es importante recalcar que algunas de las afirmaciones esgrimidas en el análisis de la feminización de la pobreza en términos generales sirven para

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pensar el fenómeno en el contexto mexicano. Entre ellas des­ tacan:

• Son las tendencias económicas, sociales y demográficas vi­ gentes las que están propiciando una depauperación con­ tinua y progresiva de la población en general y, en este marco, de la femenina. • La relación inestable de las mujeres con el mercado laboral puede contribuir a generar procesos de depauperación cre­ ciente debido a la pérdida de empleo o la insuficiencia de los ingresos que trae aparejado el tipo de actividad o la posición que las mujeres ocupan en el mercado de trabajo (puestos eventuales, de tiempo parcial, puestos devaluados, etcétera), aspectos que a su vez están relacionados con la operación de mecanismos discriminatorios ejercidos en contra de la mujer en el mercado laboral y con los procesos de redistribución del trabajo impulsados por el progreso tecnológico y la flexibilización laboral. • El incremento de las separaciones y los divorcios y la cos­ tumbre de dejar a los hijos con la madre (aspectos que suelen ir acompañados del incumplimiento de la legislación que obligue a dar el apoyo paterno a la prole) redundan en una mayor vulnerabilidad de cantidades significativas de hogares jefaturados por mujeres. Líneas de investigación

Finalmente, el útimo conjunto de ideas que se presenta remite a la explicitación de algunas líneas de investigación conside­ radas indispensables para el estudio de la pobreza desde la pers­ pectiva de género.

• Explorar los vínculos existentes entre las estrategias de de­ sarrollo, la desigualdad social y la pobreza, privilegiando el análisis de las consecuencias derivadas de las, políticas de ajuste y de los programas de reforma estructural. • Promover investigaciones que profundicen en el estudio de los mecanismos que generan y reproducen situaciones de privación y vulnerabilidad que afectan a las mujeres, im-

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pulsando asimismo la medición de la pobreza femenina y la identificación de las características de quienes sufren esa condición mediante la generación de indicadores cons­ truidos con base en los avances teórico-metodológicos de­ rivados de los estudios de género. • Estimular la realización de una revisión exhaustiva del conocimiento acumulado sobre el fenómeno de la pobreza femenina y apoyar la elaboración de un inventario de la investigación en este campo que dé cuenta de qué, cómo y dónde se está haciendo y quién lo hace. • Identificar los diferentes tipos de pobreza femenina, los pro­ cesos que los originan y las vivencias —objetivas y sub­ jetivas— de las mujeres en situaciones específicas de pri­ vación. • Promover investigaciones que decodifiquen las relaciones so­ ciales de naturaleza íntima en el interior del hogar, inten­ tando identificar pautas de subordinación genérica como marco para profundizar en el estudio de las especificidades de la pobreza femenina. • Impulsar investigaciones sobre el funcionamiento de los mer­ cados de trabajo, examinando los mecanismos de dis­ criminación ejercidos en contra de la mujer que se reflejan en las desigualdades de acceso a las oportunidades labora­ les y en los diferenciales salariales según el género. • Realizar investigaciones destinadas a profundizar en el estu­ dio de las estructuras familiares y de las formas de orga­ nización de las relaciones hogareñas (según el género y la generación de los miembros) para determinar en qué sen­ tido dichas estructuras y relaciones se vinculan con la po­ breza femenina y enmarcan posibilidades mayores o me­ nores de privación. • Estimular la realización de investigaciones acerca de las pautas que rigen la separación y el divorcio y explorar sus conse­ cuencias sobre el devenir de las familias, poniendo espe­ cial énfasis en el examen de los núcleos monoparentales encabezados por mujeres, respecto de los cuales existen indicios que apuntan hacia la depauperación de la mujer y su prole tras la ruptura conyugal. • Divulgar los resultados de la investigación sobre la pobreza femenina y promover la utilización de los mismos en el di­

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seño de las políticas y programas públicos, actuales y futu­ ros, dirigidos a combatirla. • Promover y apoyar investigaciones que sirvan para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los planes, progra­ mas y proyectos orientados a combatir la pobreza, utili­ zando indicadores de género que permitan valorar el po­ tencial y grado de eficiencia que tienen para combatir la pobreza de las mujeres.

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SECCIÓN ESPECIAL LA EXPERIENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER, CELEBRADA EN PEKÍN

Clara Jusidman de B. Introducción Es frecuente que la historia de las acciones gubernamentales se pierda en la memoria de quienes fueron protagonistas de la misma. Asimismo, el contenido y sentido de las políticas guber­ namentales desaparece con los cambios sexenales y, excepcio­ nalmente, si se plasmaron en documentos oficiales, se guardan en archivos personales de funcionarios públicos. Tal situación resulta perjudicial por dos razones fundamentales; en primer lugar, porque el gobierno mexicano y sus instituciones han si­ do actores fundamentales en el desarrollo del México posre­ volucionario y la historia nacional resulta incompleta si no se hace un recuento correcto de las actividades gubernamentales; y, en segundo lugar, porque tener una imagen clara de qué se hizo, por qué se hizo y qué resultados se obtuvieron evitaría la repetición de errores y se aprendería de los aciertos pasados. Sin embargo, constantemente se reinventan políticas y progra­ mas, se paga repetidamente el costo del aprendizaje y se redu­ ce la eficacia. Tampoco ha existido interés de parte de los inves­ tigadores para documentar y analizar las políticas guberna­ mentales, excepto en algunos campos como son los de salud, educación y población. Lo más común es que la acción del gobierno se vaya cons­ truyendo paulatinamente, en respuesta a la estrategia de de­ sarrollo dominante y a las presiones de los grupos de interés. 483

484

CLARA JUSIDMAN DE B.

Ésta se va enriqueciendo en la medida en que los nuevos funcio­ narios públicos aprenden su tarea específica y conocen ex­ periencias aplicadas en otros países y en otras épocas. En las últimas décadas también la actividad gubernamental se ha visto crecientemente influida por presiones externas, con lo que ca­ da vez más se asemeja a la de otros países. De este modo, son varios los agentes y factores que inciden en la construcción de las políticas y programas de gobierno. Por otra parte, México carece de una fuerza de investi­ gadores que estudie los determinantes, la construcción, la pues­ ta en marcha y los resultados de las políticas gubernamentales, es decir, la política de las políticas, excepto en los campos men­ cionados. Apenas en los últimos años se han abierto opciones académicas relacionadas con el desarrollo de políticas públicas, pero el acompañamiento de esos programas por áreas de in­ vestigación especializada todavía no ocurre. Respecto de las políticas y programas dirigidos a la mujer, un intento de hacer el recuento de los mismos se incluye en el artículo de Kuznir, publicado en el libro Las mujeres en la po­ breza (1994);1 en los últimos tres años se han realizado también seminarios y reuniones promovidos por la Facultad Latinoame­ ricana de Ciencias Sociales (Flacso), la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) y el Programa Interdisciplinario de Es­ tudios de la Mujer (piem) de El Colegio de México, entre otros, tendientes a analizar las políticas públicas con esos propósitos. Sin embargo, el material documental es aún muy escaso. El propósito de la presente sección es narrar —a partir de la experiencia personal y con la subjetividad que ello implica— la forma en que el gobierno mexicano asumió y preparó la par­ ticipación de nuestro país en la IV Conferencia Mundial de la Mujer que tuvo lugar en Pekín, en septiembre de 1995, y tratar de aportar una reflexión crítica sobre lo ocurrido. Se trata de una experiencia ocurrida durante una etapa de transición en la que la institucionalidad está cambiando y han surgido nuevos 1 En esta sección se establece una diferencia entre los conceptos de política gubernamental y política pública: la primera se entiende como aquella que es definida por los cuerpos de funcionarios públicos sin someterla a consulta de la población o con modalidades de consulta que sólo buscan legitimar decisiones adoptadas en el interior de la administración pública; la política pública, en cambio, surge de una construcción social participativa y abierta resultante de un consenso entre diversos grupos de interés, de ciudadanos o de partidos políticos.

MÉXICO EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER

485

actores, particularmente de la sociedad civil, y ello deriva en la búsqueda de nuevas formas de construir y hacer políticas públicas. Este recuento resulta también importante porque el proceso preparatorio para acudir a la conferencia de Pekín fue un ante­ cedente importante para la determinación de la política del gobierno mexicano respecto de la mujer y además existen ele­ mentos y experiencias en ese proceso que han sido rescatados en el Programa Nacional de la Mujer dado a conocer el 8 de marzo de 1996. Esta sección se estructuró en seis apartados. En el primero se destaca la importancia particular que tuvo la IV Conferencia Mundial de la Mujer por el momento histórico en que se llevó a efecto y el proceso que desencadenó para su preparación. El segundo apartado narra los trabajos preparatorios que se ini­ ciaron en México dos años antes de la conferencia, los meca­ nismos que se establecieron, los logros, las deficiencias y las di­ ficultades encontradas. La importancia de dos de las confe­ rencias preparatorias—la regional en Mar del Plata, Argentina, en septiembre de 1994 y la última sesión del Comité Prepa­ ratorio en marzo de 1995, en Nueva York— se destacan en el tercer apartado. La forma en que quedó conformada la dele­ gación oficial que asistiría a la conferencia y algunas de las di­ ficultades enfrentadas se presentan en el apartado número cua­ tro, y en el cinco se procura resumir la experiencia de la con­ ferencia desde la perspectiva de un miembro de la delegación oficial. Finalmente, se presentan algunas conclusiones que sin­ tetizan lo expuesto en los apartados anteriores. El recuento que se hace se refiere exclusivamente a los tra­ bajos oficiales realizados a partir de la convocatoria del go­ bierno mexicano; no incluye, por lo tanto, los muy importantes trabajos preparatorios desarrollados por las organizaciones no gubernamentales y las representaciones de varios organismos internacionales en México. En razón de ello, ésta es una historia parcial y seguramente con sesgos personales. Es de esperar que algunas de las protagonistas de los otros dos procesos pudieran dejar un testimonio escrito que permitiera, posteriormente, re­ cuperar una visión más integral de todo el proceso y de las fructíferas interacciones que se dieron durante el mismo.

CLARA JUSIDMAN DE B.

486

1. La

importancia de la IV Conferencia de la Mujer

Mundial

La cuarta conferencia mundial forma parte de una serie de conferencias sobre la mujer, la primera de las cuales se realizó en México en 1975, la siguiente en Copenhague en 1980 y la tercera en Nairobi en 1985. También se inscribe dentro de la serie de cumbres y confe­ rencias organizadas por las Naciones Unidas, en el primer lus­ tro de los noventas, referidas a infancia, medio ambiente, dere­ chos humanos, población y desarrollo social, y cierra el ciclo. Después del fin de la guerra fría, en un nuevo mapa geopolítico mundial y en el centro de un cambio global en las relaciones in­ ternacionales, la onu inició el decenio de los años noventa con un cambio en su agenda; centró su atención en dos de sus objeti­ vos prioritarios, esto es, la búsqueda de alternativas para el desa­ rrollo de la humanidad y para el fortalecimiento y la consoli­ dación de la paz. En este esfuerzo internacional, la condición de la mujer conforma uno más de los temas de la planeación para el desarrollo, al reconocerse que no puede considerarse viable ninguna política o programa de desarrollo si no tiene en cuenta la participación igualitaria y el valor de la aportación de la mitad de la población: la mujer (González, 1995).

Más que un acontecimientoto limitado en el tiempo y ocu­ rrido en un lugar determinado fue un proceso que se inició en el momento en que —por una fuerte presión de parte de los miembros del Grupo de los 77, en 1990— la Asamblea Gene­ ral de las Naciones Unidas aprobó una resolución para convo­ car a una nueva conferencia mundial sobre la mujer. Después de muchos debates se definió que la conferencia debía realizarse en Asia, puesto que las anteriores habían tenido lugar en Amé­ rica Latina, en Europa y en Africa. Se recibió entonces la oferta del gobierno Chino para acogerla. Se decidió que el órgano pre­ paratorio de la conferencia fuera la Comisión para la Condi­ ción Jurídica y Social de la Mujer (cjsm). En 1992, esa comisión creó el grupo de trabajo para la conferencia mundial que, desde sus orígenes hasta 1995, estuvo presidido por la embajadora Olga Pellicer, quien representaba

MÉXICO EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER

487

a México en la comisión. Correspondió a la cjsm la definición de los lincamientos para llevar a cabo la IV Conferencia Mun­ dial de la Mujer: Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, del 4 al 15 de septiembre de 1995, en Pekín, China. Los países miembros de las Naciones Unidas acordaron que la conferencia estaría precedida por un foro de las organiza­ ciones no gubernamentales, que se celebraría del 31 de agosto al 12 de septiembre de 1995, también en Pekín, bajo los auspi­ cios de la Conferencia de las Organizaciones No Gubernamen­ tales con Status Consultivo del Consejo Económico y Social (ecosoc) de las Naciones Unidas. La primera parte de los pre­ parativos se dedicó, casi exclusivamente, a negociar con el go­ bierno chino el tema de los participantes, en particular las ong. La posición inicial del gobierno de China era muy conserva­ dora, pero mediante negociaciones se logró que la flexibilizara y se definieron criterios para la participación en la conferencia oficial y compromisos del país sede respecto del foro de las ong (Pellicer, 1995a). Otra definición importante fue la de los documentos que serían aprobados en la conferencia. Al tener en cuenta el éxito alcanzado por el documento aprobado en la Cumbre de la In­ fancia, en 1990, así como los resultados alarmantes encontra­ dos tras la evaluación de la aplicación de las estrategias acor­ dadas en la Conferencia Mundial de la Mujer efectuada en Nairobi, en el seno de la cjsm se realizó una reflexión cuidadosa sobre el tipo y la estructura del documento que debía ser apro­ bado en Pekín. La propuesta de la cjsm consistía en lo siguiente: definir áreas de preocupación prioritaria que debían ser limi­ tadas en número; incluir un diagnóstico con información cuan­ titativa relevante; definir objetivos estratégicos enunciados de tal forma que pudiesen convertirse en lemas de la conferencia y elementos de movilización de las organizaciones de mujeres, y determinar unas cuantas medidas de acción para alcanzar los objetivos estratégicos que fuesen viables, poco controverti­ das y aptas para alcanzar el éxito en su ejecución. La principal tarea de la conferencia consistiría en el análisis y la aprobación de dos documentos: el Estudio Mundial sobre el Papel de las Mujeres en el Desarrollo, y la Plataforma de Acción (Organización de las Naciones Unidas, 1995a). También se esperaba obtener una Declaración Política.

488

CLARA JUSIDMAN DE B.

El propósito del documento básico que debía ser adoptado por la conferencia era la concertación de acciones emprendidas en los ámbitos nacional, regional y mundial tendientes a trans­ formar actitudes y prácticas que continúan originando la dis­ criminación ejercida en contra de la mujer en todo el mundo. Ello se lograría mediante acciones concretas que permitieran consolidar los progresos alcanzados en los últimos diez años y eliminar los obstáculos que todavía impiden la participación plena y en pie de igualdad de la mujer en todas las esferas de la vida, incluida la toma de decisiones económicas y políticas (González, 1995). En el camino para llegar a los documentos que serían adop­ tados por la conferencia se generaron casi 200 informes de di­ ferentes países, se celebraron cinco conferencias regionales pre­ paratorias bajo los auspicios y la organización de las comisiones económicas regionales del ecosoc, mismas en las que se adop­ taron cinco programas regionales y se realizaron múltiples acti­ vidades, desde seminarios, reuniones de expertos y programas de cooperación hasta el establecimiento de redes dedicadas al análisis de diferentes aspectos de la condición de la mujer pro­ movidos por los órganos y organismos especializados del Sis­ tema de Naciones Unidas (Organización de las Naciones Uni­ das, 1995b). En el segundo semestre de 1994, la secretaria general de la conferencia, Gertrude Mongella, procedió a convocar a varias reuniones de expertos para la discusión de áreas identificadas como obstáculos para el avance de la mujer, de las cuales deri­ varon importantes materiales para la elaboración del Proyecto de Plataforma de Acción. Los temas abordados en esas reunio­ nes fueron: educación y capacitación, participación en la adop­ ción de políticas económicas y en el proceso de producción, participación y perspectiva de las mujeres en las actividades para el fortalecimiento de la paz, y participación política y ac­ ceso al poder. Así también las organizaciones no guberna­ mentales nacionales, regionales e internacionales y los institu­ tos de investigación aportaron elementos importantes al pro­ ceso. Las conferencias internacionales convocadas por la Orga­ nización de las Naciones Unidas revisten una importancia fun­ damental, en virtud de que es en esa organización donde se reú­

MÉXICO EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER

489

ne la mayor parte de la comunidad internacional para examinar cuestiones consideradas de máxima prioridad. Las decisiones adoptadas por la Asamblea General son ac­ tos de los representantes de casi todos los Estados miembros de la sociedad internacional y revelan la coincidencia generali­ zada en cuanto a lo que constituye el contenido de tales decisio­ nes, cualquiera que sea la forma que revistan —resoluciones, declaraciones o recomendaciones—; por lo tanto, se puede considerar que tales actos son la manifestación del consenso mundial. En una conferencia internacional se hace lo posible para que sus trabajos y la aprobación del informe final se realicen por consenso, es decir, por acuerdo general. Sin embargo, hay ocasiones en que esto no sucede y es entonces cuando las de­ cisiones que adopta una conferencia se someten a votación. En las conferencias internacionales convocadas por la onu participan todos los miembros de dicha organización, repre­ sentantes de organizaciones que han recibido una invitación permanente de la Asamblea General para participar en calidad de observadores en las reuniones y en los trabajos de todas las conferencias internacionales convocadas bajo sus auspicios, re­ presentantes de algunos movimientos de liberación nacional, de organizaciones intergubernamentales, de órganos interesa­ dos de las Naciones Unidas, y de organizaciones no guberna­ mentales. En el caso de la mujer, como lo señala Olga Pellicer (Pellicer, 1995b), resulta innegable el importante papel de la política mundial en la continua mejora de su condición. Aunque todavía queda mucho por hacer, los avances logrados en el presente si­ glo responden a la voluntad conjunta de pueblos y gobiernos de promover, en el ámbito global, el adelanto de la mujer. Las cuatro conferencias mundiales realizadas hasta ahora sobre el tema, así como varios de los instrumentos adoptados mundial­ mente, muestran que la cooperación internacional ha tenido una incidencia notable en los avances logrados, tanto en los de tipo normativo como en aquellos destinados a lograr, en la práctica, la plena vigencia de la igualdad de derechos de la mujer. Estos avances han sido particularmente notables después de la II Guerra Mundial y a partir del establecimiento, en 1946,

CLARA JUSIDMAN DE B.

490

dentro de las Naciones Unidas, de la Comisión sobre la Con­ dición Jurídica y Social de la Mujer.

2.

Las actividades preparatorias

realizadas en

México

En México, en la Secretaría de Gobernación y, en particular, dentro del Consejo Nacional de Población, se definió inicial­ mente la estrategia que se iba a seguir en los trabajos prepa­ ratorios de la participación del país en la IV Conferencia Mun­ dial de la Mujer. De acuerdo con los lincamientos definidos por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, los gobiernos de los Estados miembros deberían establecer comités nacionales para iniciar y promover los preparativos de la conferencia. El gobierno de México estableció, el 7 de septiembre de 1993, un comité nacional con el objeto de coordinar todas las actividades preparatorias de la participación de México en las conferencias regional y mundial, con la concurrencia de to­ dos los sectores involucrados y las organizaciones no guberna­ mentales e individuos que desarrollan programas y proyectos enfocados al mejoramiento de la condición de la mujer mexi­ cana (Urbina, 1993). El Comité Nacional Coordinador se integró con un Conse­ jo Directivo, un Consejo Consultivo y grupos de trabajo téc­ nico. Dentro de los grupos técnicos se preveían tres agrupamientos: los grupos temáticos, un grupo técnico para organizar reuniones estatales y regionales y un grupo técnico para orga­ nizar una reunión nacional. Esta última rtunca se llevó a cabo, no hubo reuniones regionales y sólo operaron los grupos téc­ nico-temáticos; se organizaron, en cambio, foros y actividades estatales.

El Consejo Directivo El Consejo Directivo, considerado la instancia de más alto ni­ vel de decisión y coordinación de los trabajos, quedó integrado de la siguiente manera: era presidido por el secretario de Go­

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491

bernación, bajo cuya responsabilidad se ubica legalmente la política vinculada con la mujer; los consejeros eran los subse­ cretarios de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, el de Relaciones Exteriores —encargado de los organismos multilaterales—, el de Hacienda y Crédito Pú­ blico —relacionado con banca y crédito—, el de Desarrollo Re­ gional —responsable en ese momento del Programa Nacional de Solidaridad—, el de Educación Básica, el de Servidos de Sa­ lud, el de Trabajo y Previsión Social —relacionado con aspectos de empleo, productividad y capadtación—, el de Organización y Desarrollo Agrario, el secretario general del Instituto Mexi­ cano del Seguro Social, el secretario general de Desarrollo So­ cial del Departamento del Distrito Federal, el subdirector ge­ neral médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi). Como secretario ejecutivo quedó el Dr. Manuel Urbina Fuentes, secre­ tario del Consejo Nacional de Población, y como secretaria téc­ nica, la Lie. Gloria Brasdefer. La mayoría de los funcionarios que asistieron a la sesión de instalación del Comité Nacional Coordinador como miem­ bros del consejo dejaron sus posiciones en el momento del cambio de gobierno, ocurrido en noviembre de 1994. En rela­ ción con los puestos clave del Consejo Directivo cabe decir que, durante los dos años de los trabajos, hubo cambios de se­ cretario de Gobernación en cuatro ocasiones, así como de sub­ secretarios de la misma dependencia; en noviembre de 1994, el Dr. José Gómez de León se hizo cargo del Conapo y, por lo tanto, de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Directivo, y Gloria Brasdefer permaneció en la Secretaría Técnica del mismo. Estos cambios, ocurridos al término de una administración y el inicio de otra, y la presencia de crisis políticas recurrentes durante 1994, inestabilidad económica e intranquilidad so­ cial, que estuvieron en el trasfondo de los trabajos del comité, impidieron que se lograra un mayor involucramiento de parte de los funcionarios del consejo en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia. Incluso, ninguna de las otras dependencias e instituciones se incorporó a la delegación mexicana que asistió a la conferencia representando a la Secretaría de Gobernación, excepto por los funcionarios del Conapo.

492

CLARA JUSIDMAN DE B.

A la luz de la evolución de los trabajos se puede afirmar que posiblemente hubo algunas omisiones importantes en la inte­ gración de este Consejo Directivo, entre las que podrían se­ ñalarse representaciones de las secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de la Contrataría y Desarrollo Administrativo y del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (dif), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de tas poderes legislativo y judicial. Asimismo, se perdió la magnifica oportunidad que ofrecen estos procesos para sensibilizar a representantes de las instan­ cias gubernamentales que manejan programas y políticas que inciden en el avance de la condición de la mujer. Sería conveniente considerar dos aspectos en relación con el Consejo Directivo y su posible proyección como parte de la institucional idad relacionada con el Programa Nacional de la Mujer. Los programas y políticas dirigidos a atenuar las desigual­ dades existentes en las relaciones entre tas sexos comprenden medidas de tipo horizontal que atraviesan a todos tas sectores e instituciones de la administración pública. Para lograr un efecto real en la superación de las desigualdades resulta por lo tanto necesario incorporar la perspectiva de género en el diseño y la instrumentación de casi todas las políticas gubernamentales y en tas proyectos de legislación. Para ello hubiera sido fundamental que representantes de por lo menos las secretarías originalmente incluidas en el Con­ sejo Directivo hubieran participado en las discusiones de tas trabajos técnicos preparatorios y de la posición de México ante los documentos elaborados por la Secretaría de la Con­ ferencia y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la cual se responsabilizó de lograr el consenso en la posición de la región vertida en el programa regional co­ rrespondiente (Cepal, 1994a). La incorporación de la perspectiva de género en el dise­ ño de las políticas macroeconómicas y sociales —así como en el de las sectoriales—, en tas programas de ajuste estructural y en tas de combate a la pobreza fue una de tas principales acuerdos alcanzados en las conferencias regionales y en la mundial.

MÉXICO EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER

493

Otro grupo de acciones se refiere a medidas concretas, acotadas en ciertos campos que se orientan a superar las desi­ gualdades existentes, como podrían ser programas de crédito para pequeñas empresarias, cursos de capacitación a mujeres en ocupaciones no tradicionales, acciones de alfabetización de mujeres adultas en zonas marginadas, cuotas establecidas de mujeres en ciertos puestos o niveles de la administración pública y en la representación popular y programas de sensibilización a docentes sobre la perspectiva de género. Un programa exitoso para lograr el adelanto de la mujer requiere avanzar en las dos vertientes. Por una parte, es nece­ sario desarrollar la capacidad de las secretarías e instituciones gubernamentales, de todos los niveles de gobierno, así como de los poderes legislativo y judicial para incorporar la perspectiva de género en los programas y políticas que se diseñan e ins­ trumentan. Esto permitiría aprovechar los recursos que se destinan a los mismos para mejorar la condición de las mujeres y superar las desigualdades o al menos para evitar profun­ dizarlas. Por otra parte, deben instrumentarse programas en­ focados a la superación de rezagos específicos con el fin de llevar la condición de la mujer hasta una plataforma distinta. La escasez de recursos y la búsqueda de una mayor eficiencia obligan a una selección cuidadosa de los rezagos que deben ser superados. En la conferencia de Pekín y en los eventos que tuvieron lu­ gar con motivo de la misma se discutieron estos aspectos. Para los representantes sectoriales, esos eventos hubieran significa­ do una estupenda oportunidad para conocer a los expertos y las experiencias de otros países y para obtener referencias bi­ bliográficas. Como se indicó antes, las conferencias y cumbres que orga­ niza Naciones Unidas son reuniones de gobiernos y los que es­ tablecen los acuerdos y consensos son los representantes de és­ tos, quienes son a su vez los primeros responsables de procurar que esos consensos —que no tienen carácter vinculatorio—, se apliquen en sus países. La impresión es que en las confe­ rencias mundiales de la mujer, organizadas por Naciones Uni­ das, esta condición no ha sido lo suficientemente entendida, por lo que existe una enorme presión desde diversas instancias sobre las esferas de gobierno que deciden sobre la participación

494

CLARA JUSID MAN DEB.

en la misma. Por lo menos ésa es la experiencia en México. Se piensa que se trata de conferencias de mujeres destacadas en distintos campos del quehacer social para ponerse de acuerdo sobre los problemas y las acciones dirigidas a la mujer. Esta confusión redunda en la enorme dificultad que hay que ven­ cer para dar a las actividades preparatorias el sentido correcto y para conformar una delegación que realmente represente las áreas responsables de gobierno, que vaya acompañada por asesores que cuenten con el conocimiento, la experiencia o la representatividad en los temas que serán discutidos. Esto no significa que haya que prescindir de la participación de re­ presentantes de la sociedad civil, de los partidos políticos o de las cámaras legislativas, pero sí que el núcleo central del pro­ ceso debe estar integrado por representantes del poder eje­ cutivo. El Secretariado Técnico y los grupos técnico-temáticos Las actividades asignadas al Secretariado Técnico del Comité Nacional fueron las siguientes: a) Coordinar los trabajos de los grupos técnico temáticos, regionales y nacional. b) Integrar los documentos sustantivos requeridos para la Reunión Regional y la Conferencia Mundial. cj Analizar los documentos elaborados por otros organis­ mos o derivados de otras reuniones preparatorias de la Con­ ferencia Mundial. d) Integrar el Informe Nacional solicitado por las Naciones Unidas. e) Preparar una propuesta de la posición de México en la Reunión Regional y ante la Conferencia Mundial (Cepal, 1994). El Secretariado Técnico, como ya se mencionó, quedó a cargo de Cipria Brasdefer, quien incorporó a un grupo de tra­ bajo de apoyo logístico.

MÉXICO EN LA IV CONFERENCIA MUNDIAL DE LA MUJER

495

La coordinación de los aspectos internacionales

Las cuestiones internacionales del Secretariado Técnico estu­ vieron a cargo de la embajadora Aída González, responsable de la Coordinación de Asuntos de la Mujer en la Secretaría de Re­ laciones Exteriores, quien se convirtió en el vínculo principal del Comité Nacional con la Cepal, la Secretaría de la Con­ ferencia, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Misión de México ante Naciones Unidas, así co­ mo con las diversas misiones y los organismos de otros países. Esta área recibía y difundía los informes y comunicados relacio­ nados con la logística y el contenido de las reuniones y confe­ rencias regionales, preparatorias y la mundial; verificaba y ase­ guraba que las posiciones de México fueran consistentes con las sostenidas en otras conferencias y cumbres; preparaba in­ formes, minutas y resúmenes de las distintas actividades para los funcionarios superiores de la Secretaría de Relaciones Ex­ teriores y se responsabilizó de conjuntar el informe de México para la Conferencia Regional y para la Mundial. El amplio co­ nocimiento de la embajadora Aída González de usos y costum­ bres y de mecanismos y tiempos que operan en este tipo de pro­ cesos fue fundamental para la participación de México. La embajadora González siempre formó parte de las delegaciones mexicanas designadas para asistir a los diversos foros oficiales relacionados con la conferencia e intervino en algunas reunio­ nes de expertos. Obviamente, la operación de los foros multilaterales es compleja y requiere de una amplia experiencia y profundo co­ nocimiento para realmente incidir en sus decisiones. Incluye la elección de las autoridades de los foros de las conferencias, la participación en los comités responsables de la estrategia y logística de las reuniones, los mecanismos para influir en el contenido de los proyectos de documentos y para obtener in­ formación suficiente y oportuna, la mecánica parlamentaria que se sigue en las reuniones, etcétera. También demanda el conocimiento de las posiciones de los países y bloques respecto de distintos temas para facilitar la construcción de alianzas que permitan introducir temas específicos o apoyar puntos que sean de especial interés para el país. Esto es importante cuando existe la decisión política de introducir posiciones en los de­

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bates, pues saber cuándo hacerlo y con quién contar para ob­ tener los apoyos puede hacer una gran diferencia respecto de los logros que se obtengan. Afortunadamente, para el proceso de Pekín se contó tam­ bién, en varios momentos del mismo, con la participación de la embajadora Olga Pellicer. Como la única mexicana que for­ maba parte de la comisión sobre la Condición Jurídica y So­ cial de la Mujer, le correspondió participar en las reuniones iniciales de esa Comisión para discutir los lincamientos y es­ trategias que habrían de seguirse en la conferencia. La emba­ jadora Pellicer debió haber presidido los trabajos de la última sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia llevada a cabo en Nueva York en marzo y abril de 1995 (lo que se conoce en la jerga de Naciones Unidas como la prep-conf), pero el cambio de administración y la modificación de las decisiones relacionadas con la integración de la delegación mexicana a esa sesión causaron que no lo hiciera, lo cual fue realmente lamen­ table tanto para México como para los trabajos de ese foro preparatorio y para el proceso en general, dada la gran expe­ riencia de la embajadora Pellicer sobre el manejo político en foros multilaterales y su activa participación en la concepción misma de la conferencia. La Misión de México ante Naciones Unidas también tuvo un papel destacado en el proceso de la conferencia. Además de estar pendiente de toda la información y los documentos que se generaban para la misma, el embajador Manuel Tello encabe­ zó la pequeña delegación de México que asistió a la Confe­ rencia Preparatoria. Patricia Espinoza y Yanerith Morgan parti­ ciparon en las delegaciones de esa Conferencia Preparatoria de Nueva York y de la Conferencia Mundial, y también fueron las representantes de México, por decisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en una reunión realizada en agosto de 1995 en Nueva York, donde se negoció la eliminación de varios de los múltiples corchetes que quedaron en el proyecto de la Plataforma de Acción que se revisó en la Conferencia Prepara­ toria de Nueva York.2 1 Es costumbre que en los proyectos de documentos que se discuten en las conferencias mundiales, cuando uno o varios países no están de acuerdo con una frase o expresión aceptada por otros, se solicite dejar pendiente la discusión para etapas posteriores y se proceda a colocar entre

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Realmente son los funcionarios de la Secretaría de Rela­ ciones Exteriores los que conocen las -entrañas del sistema de Naciones Unidas. La mayor o menor presencia y visibilidad de México depende mucho de las decisiones tomadas por di­ chos funcionarios. No debe minimizarse el hecho de que a partir de su ingre­ so a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), México no forma parte de los países incorporados a los principales bloques negociadores en este tipo de confe­ rencias —la Unión Europea, con sus 15 países miembros, y el Grupo de los 77, con cerca de 130 países. Es decir, México se encuentra en una posición similar a la de Estados Unidos, Ca­ nadá, Nueva Zelanda, Noruega, Australia y Japón, entre otros, que participan individualmente en los debates. Obviamente no tiene el mismo peso que algunos de esos países —grandes po­ tencias e importantes fuentes de financiamiento del desarrollo y del Sistema de Naciones Unidas. Por lo anterior, sus posibili­ dades de influir en las decisiones están muy mermadas, y parece que la opción adoptada es la de procurar ser conciliador de intereses contrapuestos entre los países ricos representados por la Unión Europea y la mayoría de los países independientes y el Grupo de los 77. Sin embargo, Canadá también desempeña este papel. Es indudable que entre los cuerpos de la administración pública en donde existe un mayor grado de profesionalismo y preparación destaca el servicio exterior que continúa teniendo un servicio civil de carrera y somete a sus aspirantes a exámenes de ingreso y a cursos de preparación y actualización. La con­ tribución de los miembros del servicio exterior mexicano en el proceso hacia Pekín fue de enorme valor y de gran calidad. Cabe mecionar ahora tres observaciones derivadas de la experiencia vivida. Hubiera resultado de gran utilidad para las delegaciones que asistieron a las diversas reuniones relaciona­ das con el proceso que miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores las hubieran capacitado en el funcionamiento de los sistemas parlamentarios y las mecánicas de las reuniones multilaterales, sobre las posiciones de los países y bloques resc°rchetes el texto que es objeto de debate. El Proyecto de la Plataforma de Acción llegó a ftkín con 40% de párrafos entre corchetes.

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pecto de los distintos asuntos que serían tratados en la con­ ferencia, y respecto de los temas que habían quedado pendien­ tes en las cumbres y conferencias anteriores, así como sobre la posición que México mantendría frente a ellos. Esto hubiera permitido diseñar una estrategia de alianzas en relación con los temas que tienen interés para México y hubiera elevado la efectividad de nuestras intervenciones. Esta posibilidad fue considerada en su momento por uno de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación que tuvo a su cargo el control de los trabajos preparatorios, el Lie. Manuel Rodríguez Arriaga. Sin embargo, no llegó a ponerse en práctica. Asimismo, al inicio de los trabajos, la Secretaría de Rela­ ciones Exteriores distribuyó algunos documentos que hacían referencia a los grandes principios y posiciones que guían la participación de México en los foros internacionales, mismos que se perdieron entre el cúmulo de materiales que se entregó en esa ocasión. Otra observación relacionada con la participación de los funcionarios del servicio exterior se refiere a la importancia de que su gran experiencia diplomática sea complementada con el conocimiento de especialistas en las materias que son objeto de las discusiones. Un ejemplo sería el de poblaciones indígenas. Si bien es cierto que existe un grupo informal de países cuyos representantes en las misiones en Nueva York se ponen de acuerdo sobre la forma en que será tratado el tema de las poblaciones indígenas en los diversos documentos, actualmente este tema es objeto de enormes debates y profundas reflexiones de alcance nacional surgidas tras el levantamiento en Chiapas, por lo que se requeriría de un conocimiento profundo de esos debates. Adicionalmente, la situación de las mujeres indígenas tiene características muy particulares, ya que la visión occi­ dental de lo que creemos puede ser bueno para los pueblos in­ dígenas, no necesariamente es bueno para las mujeres de tales pueblos. Estas mujeres sufren discriminaciones y padecen enor­ mes asimetrías tanto en sus comunidades como en su relación con la sociedad externa. Son mujeres, son indias y son pobres. Finalmente, una consideración relativa a la necesidad de incorporar las opiniones y la representación de nuevos actores sociales en las posiciones que defienden las delegaciones de México ante los foros internacionales. La diversidad y la hete­

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rogeneidad presentes en una sociedad como la mexicana obli­ gan a la inclusión de la opinión de distintos grupos y sectores representativos de la sociedad nacional y, en particular, de los grupos y las organizaciones sectoriales y de la sociedad civil que están envueltos en los asuntos que serán el tema de las discusio­ nes; en este caso, de las organizaciones de mujeres y de las que trabajan por el mejoramiento de las mismas. Esta situación ha sido ampliamente reconocida por la Organización de las Na­ ciones Unidas, institución que ha ido incorporando en sus discusiones a organizaciones no gubernamentales que considera representativas. Obviamente es indispensable establecer reglas claras para la participación de esos actores, pero parece necesario hacer antes una actualización de los criterios que permitan definir la inte­ gración de las delegaciones que habrán de representar a Méxi­ co en los foros internacionales, tanto multilaterales como bila­ terales. En la actualidad, ante la reestructuración del Estado y el traslado de varias de sus funciones al mercado y a la sociedad civil, el cumplimiento de los acuerdos tomados en foros in­ ternacionales es compartido con una diversidad de actores so­ ciales. Es justo que éstos puedan opinar en el proceso de cons­ trucción y definición de esos compromisos. La coordinación nacional de los trabajos de los grupos técnico-temáticos

Al instalarse el Comité Nacional Coordinador en septiembre de 1993, se establecieron 19 grupos de trabajo técnico, cuya temática fue definida en el seno del Conapo y del grupo origi­ nal del Secretariado Técnico. Los temas seleccionados fueron los siguientes: aspectos sociodemográficos de la población ur­ bana y rural; mujer rural; educación y desarrollo tecnológico; salud y nutrición; ocupación, empleo y fuerza de trabajo; creci­ miento y equidad social; desarrollo sustentable y combate a la pobreza; familia; jóvenes y estilos de vida; tercera edad, pers­ pectivas y necesidades; mujer indígena, identidad y cultura; arte popular; deporte y recreación; capacitación, actividades empresariales y profesionales; imágenes sociales y medios de

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comunicación; participación en la vida pública y acceso en la toma de decisiones; marco legal; derechos humanos, y violencia contra la mujer. Correspondía a estos grupos técnicos: a) Elaborar los documentos sustantivos que se requirieran para el análisis de la situación de la mujer mexicana.3 b) Aportar los elementos necesarios para la integración del Informe Nacional c) Analizar los documentos que otros organismos nacio­ nales elaboren o los que preparen organismos interguberna­ mentales regionales. d) Analizar la información que se recopile para la prepa­ ración del Informe Nacional, en los temas señalados. A la sesión de instalación se invitó a 265 personas a las cuales se les solicitó registrarse en el grupo técnico-temático de su interés para posteriormente ser convocadas a los trabajos del mismo. Una vez instalado el comité y los grupos se procedió a de­ finir a las personas que coordinarían los trabajos de estos últi­ mos. Por primera ocasión, en este tipo de preparativos se buscó una participación plural que incluyera a miembros de la aca­ demia, de las organizaciones sectoriales y civiles, de los partidos políticos y de la administración pública. Se procuró hacer con ello un reconocimiento al gran avance logrado en los últimos años en los trabajos de investigación sobre asuntos de la mujer, así como a las actividades concretas realizadas por las mujeres de diversas organizaciones civiles. Aun cuando se logró esa par­ ticipación plural, el mayor involucramiento de miembros de ong en los trabajos oficiales se vio limitado por la necesidad que tuvieron de participar intensamente en el proceso de con­ sulta para la preparación del foro de ong que se llevaría a ca­ bo en forma paralela a la conferencia oficial. De este modo, en la coordinación de los grupos se invitó a participar, del ámbito académico, a Florinda Riquer, de la Universidad Iberoamericana, a Graciela Hierro, directora del Programa Universitario de Estudios de Género (pueg), y a Ga­ briela Delgado, ambas de la Universidad Nacional Autónoma

3 Véase la bibliografía para una lista completa de los documentos preparados.

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de México, a Brígida García, presidenta de la Sociedad Me­ xicana de Demografía y a Orlandina de Oliveira, exdirectora del Centro de Estudios Sociológicos, ambas de El Colegio de México; del sector gubernamental coordinaron grupos temá­ ticos Yolanda Sentíes, de la Secretaría de Salud, Laura Carrera y Alejandra Gigliazza, de la Secretaría de Desarrollo Social, Alicia Elena Pérez Duarte, magistrada del poder judicial, Laura Salinas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Paloma Bonfil, del Instituto Nacional Indigenista; y de diversas organizaciones civiles y políticas participaron como coordina­ doras: Lilia Berthely, María de la Luz Lima, Cristina Alcayaga, Juana María Pedroche, Laura Oceguera, Charlotte Bradley, Nu­ ria Costa y Jarmila Olmedo. Se trata de una generación intermedia de mujeres líderes, de edades que oscilan en su mayoría entre los 35 y los 50 años. Los criterios utilizados para elegirlas son difíciles de reconstruir, pero obviamente varias de ellas tienen reconocido prestigio en la academia, otras tenían a su cargo programas gubernamen­ tales dirigidos a mujeres o relacionados con éstas, y otras más eran especialistas en los temas por experiencias propias o por haber participado en organizaciones sectoriales o civiles relacionadas con el asunto. Posiblemente sólo las que trabajan en la academia o mantie­ nen una relación estrecha con la misma tenían conciencia y ma­ yor conocimiento sobre la perspectiva de género incorporada en el análisis actual de los temas relacionados con la mujer. La mayoría emprendió su trabajo analizando las situaciones di­ ferenciales y de desigualdad existentes entre varones y mujeres. Posiblemente también en este caso hubiera sido de gran utilidad realizar un taller de actualización sobre los enfoques y las teo­ rías más recientes en torno de la problemática de la mujer y el género, y sobre las fuentes de información disponibles. Es en la conferencia preparatoria de Nueva York, sin em­ bargo, que se inicia precisamente el debate sobre el Proyecto de Plataforma de Acción, donde se introduce con claridad el enfo­ que de género. Tras el cuestionamiento que el término género (traducción del vocablo inglés gender) suscita entre un grupo de delegadas de América Latina, en los trabajos del Comité Nacional empieza a aclararse el sentido del mismo como cons­ trucción social de lo masculino y lo femenino.

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Se me encargó, entonces, la coordinación de los grupos téc­ nicos, al tiempo que se decidió dejar a las coordinadoras que organizaran los trabajos de los mismos de acuerdo con su par­ ticular criterio; para ello se les proporcionó la lista inicial de personas que habían mostrado interés en colaborar en el grupo específico y se les solicitó que procuraran incorporar a otras personas interesadas o valiosas para las tareas que había que realizar. Se definió un guión común para el tratamiento de los temas y se fijó un calendario de trabajo. Las coordinadoras y las secretarias técnicas de los grupos temáticos, además de elaborar los documentos temáticos espe­ cíficos, eran convocadas frecuentemente para emitir su opinión sobre los documentos preparatorios de la conferencia. Se deci­ dió también solicitar a cuatro personas que asumieran la coor­ dinación de bloques de temas para facilitar el seguimiento de los trabajos. Los 19 grupos se dividieron en cuatro bloques: económicos, sociodemográficos, jurídico-políticos y educativoculturales. Guadalupe Castoreña, de la oficina del Secretariado Técnico, dio seguimiento y revisó los temas económicos; Mer­ cedes Barquet, del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (piem) de El Colegio de México, se responsabilizó de los sociodemográficos; la magistrada Irma Cué ayudó con la revi­ sión de los jurídico-políticos, y Liliana Kusnir, del Grupo In­ terdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza (Gimtrap), se encargó de los educativo-culturales. Las coordinadoras de bloque se reunieron en varias ocasio­ nes con las coordinadoras de tema, individualmente o en gru­ po; se realizaron algunas reuniones con las coordinadoras de todos los grupos para intercambiar información, compartir problemas encontrados en los trabajos y detectar traslapes en el tratamiento de los temas. Estas reuniones servían también para informar sobre la evolución de los trabajos preparatorios de la conferencia, para atender a delegaciones de otros países interesadas en conocer el proceso mexicano y para definir los apoyos que requerían los grupos a fin de continuar con sus tareas. Dado que en el planteamiento original de la Secretaría de la Conferencia, en torno al contenido propuesto de los Infor­ mes Nacionales, se preveía la obtención de un número amplio de indicadores sobre diversos aspectos que permitieran medir

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y comparar histórica e internacionalmente el grado de avance de la condición de la mujer, una de las mayores dificultades que enfrentaron los grupos fue la obtención de información pertinente desglosada por sexos para la construcción de esos indicadores. La colaboración para superar estas situaciones por parte del personal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) fue constante y muy valiosa. Asimismo, personal del Conapo intercedió ante otras secreta­ rías para obtener datos solicitados por los grupos. Sin embar­ go, es indudable que aún hay mucho por hacer para poder con­ tar con una desagregación por sexos de un número amplio de estadísticas: las de propiedad de tierras y empresas, las de ca­ pacitación, las de atención de salud, entre muchas otras. Para el mes de marzo de 1994 los grupos contaban con una primera versión de sus informes, mismos que se terminaron en septiembre y estuvieron listos para su publicación en noviembre de 1994; sin embargo, fueron publicados hasta diciembre de 1995, una vez que había pasado la Conferencia. Debido a este retiro no pudieron llevarse a Pekín para su distribución y ello resultó en una ausencia de materiales informativos sobre la situación de la mujer en México. Por el reclamo de algunos pe­ riodistas se hizo evidente la necesidad de llevar a este tipo de reuniones folletos, trípticos y material escrito que describa las características de la situación de las mujeres y las experiencias de programas y políticas enfocados a superar la inequidad. Por la heterogeneidad de los grupos y los distintos orígenes de sus integrantes la calidad, la extensión y profundidad de los informes temáticos es muy diversa. Fueron resultado de un tra­ bajo colectivo en la mayoría de los casos, y para algunos temas fue la primera ocasión en que se realizó una reflexión en Méxi­ co sobre la situación de la mujer, como fueron los casos del deporte, el arte, la tercera edad y la juventud. Los informes temáticos fueron utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores como base para preparar el Informe de México para la Conferencia Mundial. Sin embargo, varias participantes de los grupos técnicos hicieron observaciones sobre el contenido del informe, sosteniendo que no se había uti­ lizado adecuadamente el contenido de los informes por tema y que se presentaban cifras derivadas de fuentes distintas de las que se incluyeron en dichos informes.

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En agosto de 1994 se realizó un seminario con el Consejo Consultivo del Comité Nacional para discutir los trabajos de los grupos temáticos. Si bien la asistencia de los miembros del Consejo Consultivo fue muy reducida, las propias coordina­ doras de grupo tuvieron oportunidad de conocer con mayor detalle los trabajos realizados por los otros grupos. La carencia de recursos y el momento político que vivía el país impidieron la posibilidad de una mayor interacción entre los grupos temáticos, así como con los grupos encargados de los trabajos que se estaban promoviendo en los estados. Esta pro­ moción fue realizada por el Conapo a través de los Comités Estatales de Población (Coespos) y varios contaron con el apo­ yo de las oficinas de las esposas de los gobernadores. En algunos se realizaron foros y reuniones amplias, otros se concentraron en la preparación de un informe sobre la situación de la mu­ jer en los repectivos estados. Como resultado final se aportaron 20 informes estatales al Comité Nacional Preparatorio, los cua­ les también fueron utilizados para redactar el Informe Nacio­ nal. Sin embargo, no sé logró vincular el proceso estatal con el trabajo central y nunca llegaron a realizarse reuniones regiona­ les ni la reunión nacional. El interés y el entusiasmo estaban ahí, no así los recursos. Este entusiasmo e interés es un activo que debería rescatarse al diseñar y poner en marcha una política y un programa encaminados a mejorar la condición de la mujer. Otro proceso que se llevó a cabo fue la organización de una red de ong en todo el país encaminada a fijar una posición acordada respecto de los temas de la Conferencia Mundial. Con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) se empezó por solicitar a un grupo de académicos la elaboración de ocho documentos sobre los temas que se con­ sideraron más importantes para México con miras a la confe­ rencia (distribución del poder y acceso a la toma de decisiones, derechos de la mujer, pobreza, participación en la definición de estrategias de desarrollo sostenible, empleo, educación, sa­ lud y condiciones de vida, violencia y conflictos armados). Es­ tos trabajos fueron enviados a las ong como base de su consulta. A partir de estas iniciativas se constituyó la Red de ong de Mujeres hacia Pekín ’95, la cual logró conjuntar a 260 organiza­ ciones de todo el país y llevar a cabo varias reuniones regionales en las que éstas planteaban su posición y los comentarios y su-

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gerencias respecto de los textos del Programa Regional, que sería revisado y acordado en Mar del Plata, así como respecto de la Plataforma de Acción que se adoptaría en la Conferencia Mundial. A través de las voceras designadas por la red se man­ tuvo una estrecha relación con el proceso preparatorio oficial.

El Consejo Consultivo El tercer cuerpo integrante del Comité Nacional Coordinador, instalado en septiembre de 1993, fue el Consejo Consultivo. Su función principal era “asesorar al Consejo Directivo en sus responsabilidades sustantivas. En particular, los integrantes de ese consejo” analizarían y emitirían “su opinión sobre la docu­ mentación que” sería “preparada por los grupos de trabajo técnicos” y asesorarían “en las líneas a seguir para la elabora­ ción de una propuesta de posición de México en la Reunión Regional y para la IV Conferencia Mundial de la Mujer”.4 Este Consejo estuvo integrado en su origen por un grupo plural de 30 individuos de uno y otro sexo destacados en la vida nacional e interesados en los temas relacionados con la mujer, en particular, y sociales, en general. Había empresarios, parlamentarias e intelectuales, entre otros. Varios de ellos tu­ vieron oportunidad, en diversas ocasiones, de conocer la evo­ lución de los trabajos de los grupos técnicos, e incluso algunos miembros del Consejo Consultivo coordinaron grupos técni­ cos, como fueron los casos de Graciela Hierro, Laura Salinas y María de la Luz Lima. En realidad, por la situación que domi­ naba en el país, tampoco fue posible establecer una mecánica fluida de participación de todo el Consejo Consultivo en la construcción de la posición de México ante la conferencia.

El informe de México Con las aportaciones realizadas por los grupos técnico-temá­ ticos, las consultas estatales y las contribuciones de las ong, la * Tales documentos fueron entregados en la reunión de instalación del Comité Nacional Coordinador.

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Secretaría de Relaciones Exteriores elaboró el Informe de Mé­ xico, que destacaba fundamentalmente aspectos de diagnóstico y en el cual se optó, en varios temas, por tomar cifras y análisis distintos de los contenidos en los documentos técnicos. Varias de las coordinadoras temáticas hicieron llegar a esa secretaría observaciones al respecto, dado que consideraban que el texto del informe no reflejaba correctamente los planteamientos de algunos grupos de trabajo. El Informe de México se entregó a la Cepal para su consi­ deración en el Programa Regional de Integración de la Mujer al Desarrollo de América Latina y el Caribe, 1995-2000. De la misma forma los países participantes en la conferencia elabo­ raron sus informes nacionales, los entregaron a organismos económicos regionales de Naciones Unidas, los cuales organi­ zaron reuniones regionales: la de los países europeos se realizó en Viena, Austria; la de América Latina y el Caribe, en Mar del Plata, y se concluyó en Santiago de Chile; la de Asia y el Pacífico, en Jakarta, Indonesia; la de África, en Dakar, Senegal, y la de la región árabe, en Ammán, Jordania. En cada reunión se adoptó un programa o una plataforma regional que luego se entregó a la Secretaría de la Conferencia para su utilización en la formulación del Proyecto de Plataforma de Acción, el cual sería revisado y aprobado en la Conferencia Mundial. De este modo se fue construyendo el documento princi­ pal de la conferencia: la Plataforma de Acción, que consiste en seis capítulos y en el planteamiento de objetivos y acciones es­ tratégicas en 12 campos con miras al año 2000, mismos que están contenidos en el capítulo IV de ese documento.

3.

La participación en las conferencias y reuniones

previas

Representantes de México participaron en varias reuniones previas a la Conferencia Mundial; las principales fueron la reunión regional que tuvo lugar en Mar del Plata, en septiembre de 1994, y cuya tarea se concluyó en noviembre en Santiago de Chile. La otra reunión fundamental fue la última sesión del Comité Preparatorio que se realizó en marzo y abril de 1995, en Nueva York. En el anexo 1 se detallan los nombres de las y los integrantes de ambas delegaciones.

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Los temas del debate En el proceso de discusión de los documentos que debían ser aprobados por la conferencia surgieron tres bloques de temas. Uno que recuperaba los de orden general que habían quedado pendientes o insuficientemente debatidos y consensados en las conferencias y cumbres anteriores y en donde se manifestaban esencialmente las diferencias entre países ricos y países pobres. Eran los temas de deuda externa, programas de ajuste estruc­ tural y su incidencia en las condiciones de vida, y desarrollo sustentable versus crecimiento sostenido, transferencias de recursos para el desarrollo, propiedad intelectual de recursos genéticos, traslado transfronterizo de desechos tóxicos, dere­ chos humanos universales, entre otros. Las discusiones en torno de estas materias generalmente fueron asumidas por los re­ presentantes de los ministerios de relaciones o política exte­ rior de los diferentes países, particularmente por las misiones ante Naciones Unidas que dominaban los temas por ser materia de debate en varios foros del sistema. En las mismas hubiera si­ do importante la participación de los expertos de las secretarías responsables de la temática por la globalización de las proble­ máticas y la incidencia cada vez mayor de los consensos inter­ nacionales o regionales en las políticas nacionales. Un segundo bloque de asuntos, también de naturaleza ge­ neral y derivado de las discusiones sostenidas en la Conferen­ cia Mundial de Población y Desarrollo efectuada en El Cairo en 1994, pero que atañe más directamente a la mujer, está relacionado con los temas de reproducción y sexualidad cuyo manejo correspondería a los responsables de las políticas de población, salud y educación. Comprenden las discusiones so­ bre el control o ausencia de control de la fecundidad, el uso de los métodos anticonceptivos, el derecho a la información y a la educación en estos campos, y se centran en los derechos se­ xuales y reproductivos de las mujeres. Son temas con una enor­ me carga moral, cultural e ideológica y han sido fundamentales para la causa de las organizaciones feministas que buscan la li­ beración de sistemas opresivos y subordinadores dé los dere­ chos de la mujer para ejercer el control de su propio cuerpo. Estos dos bloques concitaban el interés general de los paí­ ses, las organizaciones y las personas, pero, por la naturaleza

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de la reunión, las sesiones más concurridas, tanto en la misma conferencia como en las reuniones preparatorias, fueron las relacionadas con el segundo bloque. Indudablemente, la mayor carga en los asuntos de la relación entre sexos y de las estruc­ turas de poder que inciden sobre la condición de la mujer re­ cae en el campo de la reproducción y la sexualidad. El tercer bloque de temas de la conferencia se refiere a las restantes áreas en las que deben potenciarse las capacidades y la participación de las mujeres, así como la concientización de los varones para avanzar en la superación de las asimetrías de género. El tratamiento de los temas vinculados con esas rela­ ciones asimétricas y la experiencia y la sabiduría adquiridas por las expertas y los expertos que trabajan en organizaciones civiles de mujeres o que atienden mujeres son en extremo va­ liosos. Son temas cuyo interés y responsabilidad corresponden a varias secretarías e instituciones mexicanas, y entre ellos se incluyen los siguientes: pobreza, violencia, conflictos armados, educación, capacitación no tradicional, salud integral, acceso a recursos y empleo, acceso al poder y a la toma de decisiones, medio ambiente, medios de comunicación, etcétera. Se refieren a aspectos del bienestar en los que existe un claro rezago de parte de las mujeres, a situaciones en que las víctimas son par­ ticularmente las mujeres, y a campos en donde se reproduce la cultura de la asimetría y la falta de igualdad. Fueron los te­ mas que con mayor rapidez alcanzaron consenso y en los que parece existir más claridad sobre las acciones que deben em­ prenderse. De este modo, el primer grupo de temas se incluyó en la conferencia porque se refieren al contexto general en el que viven las mujeres y los hombres en el mundo; el segundo grupo considera los aspectos en que desafortunadamente la mujer desempeña un papel central que la condiciona fuertemente y en los que los intereses de orden general, como el control del crecimiento demográfico, la preservación de valores religiosos, morales, culturales y el sostenimiento de estructuras patriar­ cales de poder, pasan por la mujer; el tercer grupo es el que muestra, en ámbitos concretos de la participación social, cul­ tural y económica, las situaciones de desventaja que enfrentan las mujeres.

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La posición de México en Mar del Plata y Santiago de Chile Una tarea que fue encomendada a los grupos de trabajo técni­ co y que tuvo lugar principalmente durante 1995 fue la revisión y crítica de la posición que México debería asumir frente a los documentos que serían producidos como resultado de las con­ ferencias regionales y mundiales. De este modo, las delega­ ciones designadas llevaban la posición sugerida por el Comité Nacional Preparatorio. El texto de la intervención de la Delegación de México en la VI Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Cari­ be, que tuvo lugar en septiembre de 1994 en Mar del Plata, Ar­ gentina, fue elaborado en forma colectiva por los miembros de la delegación mexicana, misma que en su mayor parte estuvo integrada por coordinadoras de los grupos de trabajo técnico y de bloque. Para formularla se había realizado una revisión cui­ dadosa de dos documentos que circuló la Cepal para su análisis: “Las mujeres en América Latina y el Caribe en los años noventa; elementos de diagnóstico y propuestas” y el “Proyecto de Pro­ grama de Acción Regional” (Cepal, 1994a). En esta intervención se perfilaban con claridad algunas de las preocupaciones de orden más general del Comité Nacional Coordinador. En primer lugar, el interés de que la discusión sobre la difícil situación económica y social por la que ha estado pasando América Latina y el Caribe, así como otros países del mundo, no quedara por encima o concentrara la atención de los debates de la conferencia de manera que los asuntos re­ lacionados con la mujer y el género se relegaran a un segundo plano. Este riesgo siempre estuvo presente, aun en las reuniones a las que asistieron todos los países, en Nueva York y Pekín. Pa­ ra los diplomáticos y políticos de los diferentes países, cualquier foro internacional es bueno para establecer posiciones y ganar espacios. Incluso fue necesario que, durante su intervención en la conferencia preparatoria de Nueva York, Gertrude Mongella hiciera un llamado para que en los debates se diera prioridad a los asuntos relacionados con la situación de las mujeres. Esta experiencia reitera la importancia de que en estas cumbres y conferencias mundiales se involucren también las instituciones gubernamentales correspondientes y los expertos

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en los temas específicos de las reuniones, de manera que se ga­ rantice que efectivamente se llegue a acuerdos sustantivos para el avance en esas materias. En su intervención en Mar del Plata, México propuso la construcción de un marco teórico conceptual de género que articulara los temas desarrollados en los documentos, sugirien­ do además que el tratamiento de los problemas y sus posibles soluciones utilizaran los derechos humanos y el ciclo de vida de la mujer como ejes integradores. Se planteó la necesidad de realizar acciones con el propó­ sito de modificar los modelos y estereotipos que se reproducen tanto por medio de los contenidos de la educación formal co­ mo de la informal, así como de los que ofrecen los medios masivos de comunicación, procurando integrar un modelo de valoración equitativa entre los géneros con la participación activa de la sociedad. Este tema llevó a incluir un objetivo es­ tratégico y específico en el Programa Regional y a proponer las acciones que deberían llevarse a cabo. En los documentos que se venían discutiendo para la Con­ ferencia Regional se destacaba la importancia de lograr una mayor participación de las mujeres en las estructuras de poder y en la toma de decisiones en los ámbitos políticos y del gobier­ no. La posición de México fue que esa participación tendría que darse en todas las instituciones sociales que signifiquen la existencia de estructuras de poder: empresas, sindicatos, par­ tidos políticos, instituciones académicas, organizaciones civiles, etcétera. Esta propuesta, incluida en el Programa Regional, también fue recogida en la Plataforma de Acción de Pekín. Se sugería hacer referencia a los problemas de salud de la mujer en las distintas etapas de su ciclo de vida y profundizar en el problema del sida por la elevación del índice de incidencia de esta enfermedad entre las amas de casa y las mujeres con relación monogámica heterosexual. Respecto de la violencia se proponía que, mediante la legislación, se le diera visibilidad, se le sancionara como un problema de orden público y dejara de tratársele como un asunto individual y privado de la mujer que la padece. Se hacía también mención de la necesidad de adecuar las legislaciones secundarias nacionales para hacerlas congruentes con las disposiciones constitucionales e inter­ nacionales que plantean la igualdad entre varones y mujeres.

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Finalmente, se advertía sobre el enorme riesgo que representa para las mujeres de América Latina y el Caribe la tendencia hacia la privatización de los servicios sociales, como la educa­ ción y la salud, tanto porque se agravan las cargas de trabajo de las mujeres como porque podrían significar una regresión histórica en el acceso de las niñas y las jóvenes a esos servicios en razón de los costos de oportunidad para las familias. Adicionalmente a esta posición general, en cada tema las expertas mexicanas fueron sugiriendo agregados y modifica­ ciones a las propuestas específicas del Proyecto de Programa Regional. La posibilidad para México de incidir en colabora­ ción con otras delegaciones, era mucho mayor en el contexto regional que en el mundial. Afortunadamente en Mar del Plata fue posible tener una delegación sólida e integrada que trabajó muy coordinadamente, dado que ya venían colaborando en las actividades preparatorias. Como el proceso de elaboración del Programa Regional no se terminó en esa reunión, fue necesario convocar a otra en Santiago de Chile a la que asistió una representación bastante menor por parte de México y a la cual los grupos técnicos le aportaron sus opiniones sobre los textos que debían ser consensados. En estas reuniones se logró cambiar estructuralmen­ te la presentación y el contenido del Programa Regional, ya que se obtuvo un documento que realmente refleja la evolu­ ción de la reflexión y la experiencia en la aplicación de políticas y programas dirigidos a la mujer en la región. Una acción que realizó consistentemente el Secretariado Técnico del Comité Nacional fue el envío, a las coordinadoras de grupos técnicos, de los textos que serían revisados en las reuniones con el objeto de recabar la opinión de dichos grupos. Esas opiniones expresaban la realización de modificaciones en los textos y la inclusión de sugerencias en los mismos; es de­ cir, la opinión tenía que concretarse a sugerir qué quitar o qué agregar en términos de frases o palabras específicas. En razón de ello, la posición de México quedaba vertida en el Proyecto de Programa Regional o en el Proyecto de Plataforma de Acción con la eliminación de los corchetes que encerraban las frases cuestionadas o de los textos mismos que figuraban dentro de los corchetes. Las razones de las propuestas eran generalmente obvias pues reflejaban situaciones políticas, legales, sociales o

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culturales que son aceptadas en México; cuando era necesario, se agregaba al pie de la página una explicación del porqué de la sugerencia.

La experiencia obtenida en la Conferencia Preparatoria de Nueva York

En la reunión preparatoria de la conferencia, llevada a cabo en Nueva York en marzo y abril de 1995 y que correspondía a la última sesión del Comité Preparatorio, se revisó por primera vez el Proyecto de Plataforma de Acción entre todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Debido a la crisis de diciembre de 1994 que sobrevino en nuestro país, se tomó la decisión de que la delegación mexicana fuera muy pequeña. Sólo tres per­ sonas, provenientes de México, asistieron como representantes del gobierno; también estuvieron tres personas más del grupo de ong hacia Pekín, las cuales apoyaron el trabajo de la de­ legación, la cual fue encabezada por el embajador Manuel Tello, y dos miembros de la Misión de México ante Naciones Unidas se incorporaron a la misma. También asistieron cinco parla­ mentarias con el propósito de enterarse de los trabajos y pro­ mover la realización de una reunión de parlamentarias en Pe­ kín. En realidad sólo cuatro personas de la delegación oficial permanecimos las tres semanas que duró esta reunión, la cual fue fundamental para el desarrollo del proceso. Los trabajos fueron muy intensos, frecuentemente hasta la madrugada y los fines de semana. Varios delegados apenas regresaban de la Cumbre de De­ sarrollo Social efectuada en Copenhague y no habían tenido oportunidad de revisar los materiales que serían analizados du­ rante la reunión, los cuales, además, se les habían hecho llegar con bastante retraso a sus países. Al parecer se habían suscitado algunas diferencias sobre los mismos entre la Secretaría de la Conferencia y la oficina del director general de Naciones Uni­ das, mismas que detuvieron la distribución de los documentos básicos de la conferencia. La Unión Europea traía perfectamente preparada y consensada su posición respecto de cada uno de los seis capítulos de la Plataforma de Acción. La tenían vertida sobre un texto

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de la Plataforma y señalaban perfectamente qué frases propo­ nían quitar, por cuáles sustituirlas en su caso, y cuáles agregar. Distribuía el texto de su posición momentos antes de entrar a discutir cada tema específico. El Grupo de los 77 (G77), en cambio, no había podido reunirse para consensar su posición y requirió, en repetidas ocasiones, el uso de la única sala que tenía facilidades de in­ terpretación simultánea para poder llegar a una posición. Esto fue una tarea difícil por la distancia existente entre las posi­ ciones de los países del G77 respecto de varios de los asuntos tratados en la Plataforma, lo que impidió que los trabajos de la Conferencia Preparatoria se realizaran con fluidez. Era fre­ cuente que los temas no se pudieran examinar en los llamados grupos de trabajo informales que funcionaron en esta con­ ferencia para avanzar en la revisión de los textos, porque el G77 no había alcanzado a revisar o acordar su posición. Varias situaciones me parecieron evidentes en la Con­ ferencia Preparatoria de Nueva York. En primer lugar, que los recursos dispuestos por Naciones Unidas para la Conferencia Mundial no eran suficientes. La complejidad del tema, la fir­ meza de las posiciones de algunas delegaciones y el enorme interés mostrado por diversas organizaciones derivaron en un proceso lento en el que los debates, las reuniones y el cabildeo eran más prolongados de lo que probablemente se esperaba. Las delegaciones y personas interesadas en asistir y escuchar los debates excedían el cupo de las salas previstas para ello. Los trabajos se detenían además por la falta de recursos suficien­ tes para cubrir el costo de los trabajos de interpretación en las reuniones y de traducción de textos. En segundo lugar, que difícilmente se podía incidir en la estructura, el formato y el contenido de fondo de la Platafor­ ma, particularmente si formaba uno parte de la delegación de un país que no estuviera integrado a alguno de los dos bloques fuertes de negociación: la Unión Europea y el G77. Era evidente la enorme influencia que podían tener los di­ plomáticos de las misiones de los países ante Naciones Unidas y el riesgo que ello significaba para que la conferencia se con­ virtiera en un hito para el avance de la condición de la mujer o en otra conferencia mundial más, en donde se discutía de todo y no se llegaba a nada. Son estos diplomáticos los que

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conocen los puntos críticos cuyo manejo realmente puede in­ fluir en el proceso y en sus resultados y los que saben cómo hacerlo, conocen los procedimientos parlamentarios y saben de las posiciones de los países participantes y tienen-las redes de contacto personal e institucional con los miembros de las otras misiones y delegaciones; en fin, tienen el control político del proceso. En consecuencia, la tercera lección es que de la posición que asuman las misiones y los ministerios de relaciones exteriores depende en gran medida la posibilidad que tienen los países de influir en los procesos de las cumbres y conferencias mun­ diales. Asimismo, una cuarta conclusión es que era evidente que el llamado Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac) esta­ ba pasando por una situación difícil, pues en su seno existían fuertes divergencias respecto de ciertos temas, no encontró la forma de trabajar conjuntamente con los países del Caribe in­ glés y padeció una carencia de liderazgos. La quinta lección es que por más que existan seis idiomas oficiales en Naciones Unidas, las negociaciones sustantivas se realizan en inglés. La primera versión de los textos siempre apa­ rece en inglés y el procedimiento obliga a seguir el texto en in­ glés, según se van modificando frases y palabras específicas. Los llamados grupos informales realizan sus trabajos en inglés ex­ clusivamente. Todo esto da una enorme ventaja a los países angloparlantes. Cuando los textos revisados en los grupos infor­ males se llevan a las reuniones plenarias donde sí existe in­ terpretación simultánea, es ya poco lo que se puede hacer. La sexta lección es que las conferencias preparatorias son fundamentales y que para ese momento la posición del país de­ be estar perfectamente definida. Es decir, el lapso que media entre la recepción de los documentos que se van a discutir y la realización de la Conferencia Preparatoria es crítico para la fi­ jación de la posición nacional. Es en esas conferencias donde aún es posible introducir nuevos elementos, cambiar o cuestio­ nar posiciones de fondo e ir construyendo afinidades y alianzas. Fue en Nueva York donde surgieron los debates de fondo, tanto en los temas generales, como en los específicos sobre se­ xualidad y salud reproductiva y en los de las otras áreas de preocupación. Ahí fue donde, por ejemplo, los países africanos

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lograron introducir los derechos de las niñas para su conside­ ración como el área de preocupación número doce del capítulo IV de la Plataforma, donde la delegada de Guatemala solicitó que se pusiera entre corchetes, en toda la Plataforma, el término género porque ella no lo entendía, y donde también se dio la gran discusión sobre el destino de los mecanismos y las ins­ tancias especializadas en el tema de la mujer del sistema de Naciones Unidas. Ahí se definieron los temas del debate y las posiciones de los países. 4. La delegación oficial

La delegación oficial que asistió a la conferencia de Pekín se integró con 46 personas: 4 miembros de la Embajada de Mé­ xico en China, 5 funcionarías de la Secretaría de Relaciones Exteriores especializadas en foros multilaterales, 3 represen­ tantes del Consejo Nacional de Población, 2 representantes de la Secretaría de Turismo, 3 representantes del Secretariado Técnico, 9 especialistas de los grupos de trabajo técnico, 4 miembros del Consejo Consultivo del Comité Nacional Coor­ dinador, 3 parlamentarias del Partido Acción Nacional (pan), 5 parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (pri), 1 parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (prd), 3 representantes de las ong organizadas dentro del grupo de las ong hacia Pekín y 3 representantes de organizaciones conservadoras. La jefatura de la delegación fue encomendada a Silvia Her­ nández, secretaria de Turismo, y la subjefatura a José Gómez de León, secretario general del Consejo Nacional de Población. La delegación incluía a destacadas mujeres en la vida pú­ blica: dos exgobernadoras, una exsecretaria de Estado y expre­ sidenta del pri, varias exsubsecretarias y oficiales mayores, mu­ jeres de carrera parlamentaria y de la administración pública, una magistrada y varias académicas de relevancia, entre ellas, la presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía y la ex­ directora del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Respecto de la pluralidad, la representatividad, la experiencia y el conocimiento, la delegación resultó muy com­ pleta.

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Sin embargo, lo tardío de su integración y las dificultades experimentadas por las autoridades correspondientes para conformarla —tanto por las presiones recibidas como por la falta de tiempo que tuvieron para enterarse a fondo del grado de evolución del proceso y la incorporación a última hora de representantes de organizaciones conservadoras— impidieron la realización de un trabajo compartido y la efectividad que hubiera sido deseable. En varias ocasiones hubo necesidad de llamar la atención a una de las participantes de las organiza­ ciones conservadoras, ya que estuvo presionando insistente­ mente a los representantes oficiales y difundiendo información falsa en alianza con miembros de ong de otros países y del Comité Nacional Pro-Vida, que, de forma irregular, lograron infiltrarse en la conferencia. Tenían armado un sistema de divul­ gación de información falseada, dirigido hacia varios países de América Latina, con el propósito de generar presión de los gobiernos sobre sus delegaciones para obligarlas a reservarse respecto de varios de los acuerdos alcanzados en El Cairo y a adoptar posiciones conservadoras respecto de los derechos reproductivos de las mujeres y los roles de los sexos. Las campañas de desinformación continuaron una vez ocu­ rrida la conferencia, convocando a descalificar la actuación de las delegaciones oficiales y exigiendo que los gobiernos hicie­ ran reservas al texto de la Plataforma de Acción aprobada en Pekín. En Chile, por ejemplo, la secretaria de la Mujer, miembro del partido católico conservador, tuvo que salir a la defensa de los consensos de Pekín ante el embate de los grupos ultra­ conservadores. En México, el presidente de la República hizo un reconocimiento público a la actuación de la delegación oficial, lo cual no bastó para acallar la campaña de falsedades desatada por las organizaciones conservadoras. Estos grupos nunca pudieron mostrar, en los textos apro­ bados en Pekín, la serie de falsedades que decían se había acor­ dado en la conferencia, pero, en el caso de México, su campaña tuvo éxito entre ciertos grupos de jóvenes y mujeres de clase media y alta. Frente a la estrategia tan definida y apoyada con amplios recursos que instrumentaron estos grupos, la cual in­ cluso contó con el apoyo de varios medios masivos de comu­ nicación propiedad de empresarios conservadores o contro­ lados por ellos, el gobierno mostró graves carencias en la

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organización de canales adecuados de información sobre los resultados de la reunión, en parte por los escasos recursos dis­ ponibles y la falta de una responsabilidad institucional y política perfectamente asumida en respaldo de la delegación. La de­ cisión política de no contestarles oficialmente obligó a que varios miembros de la delegación tuvieran que desatar una se­ rie de acciones personales o con el apoyo de sus propias orga­ nizaciones e instituciones para informar lo que efectivamente se había tratado y acordado en Pekín y la importancia que ello tenía para mejorar no sólo las condiciones de la mujer sino de la humanidad en general. El desinterés mostrado por varios medios masivos de comunicación masiva y la actitud sesgada de otros planteó esta confrontación en términos desiguales, aunque hubo muestras extraordinarias de solidaridad de par­ te de algunos líderes de opinión con la delegación y con los miembros de la misma que habían sido difamados personal­ mente por los grupos ultraconservadores. Cinco lecciones principales derivan de lo ocurrido con la delegación oficial que asistió a Pekín. Primero, que la integra­ ción de la misma debe reflejar una estrategia política clara respecto del tema que se va a discutir y del nivel de presencia y representación que se desea tener ante el foro. Lo deseable es que la delegación pudiera designarse con la suficiente anticipación como para que tenga oportunidad de involucrarse en el proceso preparatorio. En el futuro, por tratarse de una conferencia de gobiernos, sería más positivo, si lo que interesa es el adelanto de las mujeres mexicanas, garantizar que el núcleo central de la delegación es­ tuviese integrado por representantes de las distintas secretarías e instituciones que operan con políticas y programas relaciona­ dos con la condición de la mujer y las relaciones de género. Este núcleo sería asesorado por un grupo de especialistas. La pre­ sencia de buenos negociadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores en foros multilaterales es un elemento central. En segundo lugar, la jefatura de la delegación debe quedar en el más alto nivel de la instancia gubernamental responsable del tema de la mujer y esa instancia es la que, junto con la Se­ cretaría de Relaciones Exteriores, debe asumir política y estra­ tégicamente, hacia afuera y hacia adentro, el liderazgo de la de­ legación.

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En tercer lugar, es necesario incorporar a representantes del Congreso, de preferencia de los diversos partidos, a repre­ sentantes de organizaciones civiles y sociales que trabajan con mujeres o son de mujeres que luchan por el avance de éstas, y a representantes de algunos estados de la República. En cuarto lugar, las reglas de funcionamiento de la dele­ gación, antes, durante y después de la conferencia, tienen que ser claras y explícitas, y deben prever sanciones para aquellos miembros que las violen. Finalmente, en quinto lugar, es conveniente que los miem­ bros de la delegación acudan a sesiones y reciban materiales de información donde puedan estudiar detalladamente el fun­ cionamiento de los foros multilaterales y el estado del conoci­ miento acerca de, tema o los temas que serán tratados en la conferencia; esto permitirá aprovechar las especialidades y, por lo tanto, los conocimientos de sus miembros, a fin de te­ ner una base inicial homogénea que evite las sorpresas, acorte los procesos de aprendizaje y adaptación y redunde en la con­ formación de una delegación más integrada y eficiente para el logro de un objetivo: construir adecuadamente la posición del país a medida que avanza e, proceso.

5.

LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La conferencia contó con dos instancias: la propia conferencia gubernamental, realizada del 4 al 16 de septiembre en Pekín, y el Foro No Gubernamental, realizado en Huairou, a 60 kiló­ metros de Pekín, e iniciado una semana antes. Los organismos especializados de Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas sec­ toriales específicos organizaron reuniones, paneles y mesas redondas para informar sobre programas, políticas y acciones llevados a cabo en distintos países del mundo, así como sobre las investigaciones y los avances en el conocimiento relaciona­ dos con el tema. En esas reuniones paralelas a la conferencia se habló de la mujer en la agricultura y los sectores rurales, la mujer en la industria, los servicios de información y estadísti­ ca, democracia y participación política, la mujer en el trabajo, etcétera.

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La conferencia gubernamental se organizó con una reunión plenaria de la comisión principal. En paralelo funcionaron dos grupos de trabajo que se dividieron la revisión de los seis ca­ pítulos de la plataforma de acción y a partir de los cuales se formaron dos grupos de contacto, uno para desarrollar la de­ claración política y otro para revisar el apartado relativo a las mujeres y la salud (capítulo IV-C). En el curso de los trabajos se fueron creando grupos in­ formales para revisar aspectos particularmente controvertidos o que cruzaban todos los capítulos de la plataforma, los cuales era indispensable discutir con mayor profundidad. Estas discusiones se daban en inglés, sin traducción simul­ tánea. Fueron los casos de la definición de familias, la revisión de los títulos y enunciados de objetivos estratégicos de toda la plataforma, los párrafos relativos al trabajo doméstico y comu­ nitario no remunerado que no se contabiliza en el producto nacional bruto, la relación entre los derechos de los niños y los derechos y las responsabilidades de los padres, el relativo a la propiedad intelectual de los recursos genéticos de los pue­ blos indígenas, y varios más. La delegación mexicana y parti­ cularmente los representantes con voz, ocho en total, difícil­ mente podían cubrir todos los trabajos y, en ocasiones, los temas que eran la especialidad de algunas o algunos de los re­ presentantes se trabajaban en forma simultánea en diferentes grupos. La presencia constante de las especialistas en las salas de trabajo contribuía a apoyar con información sobre la posi­ ción de México a los representantes que tenían que suplir a otros en el tratamiento de un tema. Por ello la importancia de contar en la delegación con la presencia de especialistas en los temas de interés particular para el país. México presidió, por medio de Olga Pellicer, los trabajos del grupo de contacto responsable de la elaboración de la De­ claración Política; asimismo, con Aída González tuvo una pre­ sencia importante en la defensa de los organismos espe­ cializados de Naciones Unidas dedicados al tema de la mujer, así como en el grupo que definió los párrafos para medir y valorar el trabajo doméstico y comunitario no remunerado de las mujeres, grupo en el que me tocó participar. También in­ tervino activamente en algunos de los grupos que se reunie­ ron para discutir aspectos relacionados con el tema de la sa­

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lud, con la representación de José Gómez de León y Rodolfo Tuirán. La conferencia gubernamental se vio enriquecida además con mesas redondas y foros organizados por los organismos especializados de Naciones Unidas y con reuniones de parla­ mentarias. En laplenariade la comisión principal se presentaron 189 documentos con la posición de los países, más otros de orga­ nizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y de agencias especializadas de Naciones Unidas. Los trabajos de la plenaria duraron ocho días. Un juego de los documentos presentados en la plenaria lo tiene el Consejo Nacional de Po­ blación; otro, la Secretaría de Relaciones Exteriores, y un ter­ cero, el Comité Nacional Coordinador. Hay entre ellos docu­ mentos de gran valor histórico, así como otros de gran belleza y emotividad. Cada uno de los ocho representantes con voz de la dele­ gación tenía la responsabilidad de coordinar los trabajos rela­ cionados con capítulos o apartados específicos de la plata­ forma. Al observarse que cuatro de estos representantes serían absorbidos por los trabajos de los dos grupos de contacto, el de la declaración política y el que revisaría el apartado C del capítulo IV, concerniente a salud, y que los restantes cuatro no podrían atender los cinco capítulos restantes de la plataforma y las once áreas críticas restantes, así como los posibles grupos informales que se derivaran de los mismos, la jefatura de la delegación solicitó a María de los Angeles Moreno que asumie­ ra la representación de México al discutirse los capítulos I y II de la plataforma, referidos al marco global. En esta actividad estuvo asesorada por las expertas que habían revisado previa­ mente ese material y fijado la posición de México respecto del mismo. El trabajo de la delegación se organizó de tal manera que antes de llevar a las sesiones formales de la conferencia la po­ sición de México, ésta era revisada con los miembros de la de­ legación que habían manifestado interés por el tema específi­ co. Por lo tanto, los representantes de tema específico llevaban la posición de México derivada de los trabajos preparatorios de consulta, de las opiniones de las secretarías responsables de áreas de política específica, cuando la hubo, y de los acuerdos

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de conferencias y cumbres previas, mismas que estaban vertidas en cuadros y ejemplares de la plataforma. Si en la revisión con los miembros de la delegación se encontraban discrepancias respecto de la posición original, éstas eran discutidas y se buscaba el consenso respetando la pluralidad. La delegación celebraba todos los días una conferencia de prensa con los pocos representantes de medios de comunica­ ción mexicanos que estuvieron en Pekín. Dulce María Sauri estuvo a cargo de su organización. Lamentablemente no se pre­ vio con oportunidad invitar a China a uno o dos periodistas en la delegación, lo que hubiera sido de gran utilidad para ga­ rantizar que lo que ocurría realmente en la conferencia se transmitiera con veracidad a México. Tampoco los medios de comunicación mexicanos, con excepción de tres, consideraron de utilidad enviar a sus reporteros.

La posición de México Como en las negociaciones se trataba de poner o quitar cor­ chetes y, en su caso, modificar algunas frases del texto prepa­ rado por la Secretaría de la Conferencia, la posición que se llevaba estaba vertida, como ya se mencionó, en cuadros o en ejemplares de la plataforma donde se marcaban los corchetes o las frases que había que eliminar o sustituir, por lo que hubo necesidad de traducir ese material en planteamientos com­ prensibles para el público en general. Los 20 elementos cen­ trales de la posición de México en el proceso preliminar de la reunión de Pekín específicamente relacionados con los asuntos de género están expresados en frases breves en el desplegado firmado por la mayoría de los miembros de la delegación (véa­ se el anexo 2), con excepción de dos parlamentarias del pan y las tres representantes de las organizaciones conservadoras. Los mismos quedaron incorporados en el Programa Regional para América Latina y el Caribe y en la Plataforma de Acción de Pekín. Adicionalmente, los representantes de la Secretaría de Re­ laciones Exteriores llevaban instrucciones sobre la posición oficial respecto de los temas de corte general que surgieron en el curso de las discusiones de la conferencia: deuda externa,

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ayuda para el desarrollo, asuntos de medio ambiente, progra­ mas de ajuste estructural, derechos humanos, conflictos arma­ dos y organismos del sistema de Naciones Unidas, entre otros. El punto de partida de la posición de la delegación oficial eran los acuerdos y consensos alcanzados en las cinco confe­ rencias y cumbres previas realizadas en los noventas, así como la legislación mexicana; es decir, no se aceptarían retrocesos respecto de esos dos elementos. Con lo expuesto se puede ver que se llevó a cabo un es­ fuerzo serio, profesional y plural para definir la posición de México ante la Conferencia de Pekín. Muchos hombres y mu­ jeres responsables e interesados participaron, si bien no tantos hombres como hubiera sido deseable.

El debate Las negociaciones para definir la Plataforma de Acción y la Declaración Política se organizaron en torno de dos bloques de países: por un lado, el Grupo de los 77 (G77) y China y, por otro, la Unión Europea (ue). A las discusiones entre estos dos bloques se sumaban las voces de los países independientes: Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda; de otros europeos: Noruega, Malta y Suiza, y de algunos más como Ja­ pón, Israel, México y la Santa Sede, este último en calidad de observador. Los dos bloques buscaban alcanzar consensos internos pre­ vios, lo cual resultaba más fácil para los 15 países de la Unión Europea por su gran homogeneidad. En cambio, los cerca de 130 países del G77 y China, presentaban mayores problemas para lograr consensos por su heterogeneidad religiosa, cultu­ ral y de estrategia de desarrollo; también tuvieron mayor di­ ficultad para reunirse. Todos los países latinoamericanos, con excepción de México, participan en el G77, y en esta ocasión utilizaron el apoyo del mismo para introducir sus posiciones. La vocería de la Unión Europea estuvo en un principio a cargo de Francia —hasta la Conferencia Preparatoria de Nueva York— y, después, de España; el G77 y China se expresaban a través de Filipinas. Por las diferencias internas d?l G77 era frecuente que los representantes de los países musulmanes más

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conservadores (Irán, Benin, Egipto, etcétera), de países con po­ siciones más liberales (como India, Cuba y varios africanos), así como de católicos conservadores (como Guatemala y Hon­ duras), tomaran posiciones en las deliberaciones de la con­ ferencia y participaran fuera del control de su representación. La Unión Europea (ue) presentaba las posiciones más libe­ rales y de avanzada en torno de los temas de género; en cambio, junto con Japón y Estados Unidos, era la más conservadora respecto del asunto de recursos financieros y en cuanto a la crítica de las estrategias de desarrollo adoptadas en los últimos 15 años y los programas de ajuste estructural. Canadá, No­ ruega, Australia y Nueva Zelanda acompañaban frecuentemen­ te las posiciones de la ue en los aspectos de género. Dentro del Grupo de los 77 y China, las posiciones estaban divididas: los países musulmanes y católicos conservadores unían sus voces para contener cualquier avance en materia de derechos reproductivos, sexualidad, anticoncepción, aborto y orientación y educación sexuales. A esta posición se sumaban la Santa Sede y Malta. Varios países latinoamericanos, India, Cuba y los africanos no musulmanes presentaban posiciones más liberales en estas materias. Los países africanos y del Caribe tenían posiciones muy fuertes en contra de los programas de ajuste estructural por el efecto que les atribuyen en el mayor empobrecimiento de sus poblaciones y en la condición de desigualdad que sufren las mujeres. En general, para el G77 era importante lograr que los países desarrollados se comprometieran a aumentar los recursos que los países del grupo reciben para su desarrollo y para la puesta en operación de varias de las acciones previstas en la plata­ forma. Las discusiones giraban en torno de palabras o frases cortas que en el fondo contenían discusiones profundas. Por ejemplo, los países desarrollados querían que las menciones relativas al proceso de desarrollo se hicieran con la expresión desarrollo sustentadle-, en cambio, el G77 y China peleaban porque las referencias al mismo fueran crecimiento económico sostenido y desarrollo sustentadle centrado en las personas-, la Santa Sede terciaba sugiriendo que fuera centrado en los seres humanos, pues de ese modo se protegía al ser humano desde la con­

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cepción. En Nueva York, Irán propuso que se agregara la pa­ labra equidad cada vez que se mencionara igualdad, pues ello les permitía continuar tratando a las mujeres de acuerdo con los preceptos de sus leyes religiosas. Estados Unidos, por su parte, incorporaba pequeñas frases que suavizaban la obligatoriedad del cumplimiento de los com­ promisos por parte del gobierno y ponía énfasis en el hecho de que, por tratarse de un compromiso de gobiernos (no vin­ culante), éstos no podían obligar a terceros a cumplirlo (empre­ sas privadas, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales). Asimismo, defendía constantemente las li­ bertades y garantías individuales. La Unión Europea logró introducir sistemáticamente frases que aseguraran el compromiso de análisis de todos los pro­ gramas y políticas públicos desde la perspectiva de género. Procuraba evitar el uso de familia y de las menciones a los ro­ les tradicionales de las mujeres. Su visión estaba permeada por la defensa de los derechos individuales de las mujeres. La Plataforma de Acción llegó a Pekín con gran cantidad de frases o palabras encorchetadas. Además, la propuesta para la Declaración Política tenía pocos avances. Varios temas —como la referencia a los procesos de creci­ miento y desarrollo, el tratamiento de los programas estructu­ rales de ajuste y el uso del término género— lograron acordarse antes de la conferencia o al inicio de la misma, pero otras con­ troversias subsistieron hasta el final, como la relacionada con la expresión orientación sexual en el texto. Algunos aspectos controvertidos

Aun cuando la Plataforma de Acción aprobada en Pekín incluye objetivos estratégicos y acciones en doce temas, los aspectos más debatidos se presentaron en torno a los conceptos de gé­ nero y familia y en los campos de la salud, la sexualidad, la orientación sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, así como en las acciones que promueven la igualdad en el ac­ ceso de éstas a la herencia y a la propiedad. Respecto de los primeros temas, varios países musulmanes y un número reducido de católicos mostraron reservas parti­

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cularmente con dos párrafos de la plataforma: el 97, que señala, dentro de los derechos sexuales, la libertad de elección de las mujeres sobre la sexualidad y la igualdad que a este respecto debe existir entre mujeres y hombres; y el 107k que, después de recuperar textualmente el párrafo 8.25 del Programa de Acción de El Cairo, en donde se señala expresamente que el aborto no se considera como un método de control natal, se­ ñala la conveniencia de “considerar la revisión de las leyes que contengan medidas punitivas contra las mujeres que han prac­ ticado abortos ilegales”. También se hicieron reservas al párrafo 232f, en el que se intenta asegurar plenamente el respeto y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. En relación con la herencia, las reservas se hicieron al párra­ fo 274d, donde se promueve la creación de una legislación que garantice los derechos de sucesión y herencia de los niños, sin importar su sexo. Un aspecto que no quedó plasmado en la plataforma fue el relacionado con la orientación sexual de las personas, que por cierto aparecía por lo menos en cuatro párrafos de la misma. Estos se referían al respeto a los derechos humanos de las per­ sonas sin discriminación por motivos de orientación sexual y a la no discriminación laboral por la misma razón. La Unión Europea, Estados Unidos y Canadá tenían posiciones muy fir­ mes respecto de la importancia de incluir este tema. Por ello, al no figurar ya en el texto aprobado, debido a la oposición de gran número de países, los representantes de los países men­ cionados manifestaron, en algún momento del proceso, su in­ tención de reservarse en los párrafos donde ya no aparecía la referencia a la no discriminación por orientación sexual. Otro aspecto ampliamente debatido es el relacionado con el equilibrio que debe existir entre el derecho a la información y educación de los menores, particularmente en materia sexual, y la autoridad paren tal. La solución de compromiso consistió en aceptar que se pueden llevar a cabo programas públicos en esos campos con la debida información previa por parte de los padres, preservando por encima de todo el interés de los niños. En la definición del concepto de derechos sexuales, toda vez que se acordó que no se definirían nuevos derechos, se lle­ gó al acuerdo de aceptar que las personas deben tener el con­

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trol de su sexualidad, y el término derechos sexuales incorpo­ rarlo en el concepto salud sexual y reproductiva. En el apartado relativo a la violencia ejercida en contra de la mujer, el tema más debatido fue el de los efectos causados por la difusión, a través de los medios de comunicación, de imágenes violentas y de estereotipos de la mujer, el cual se vertió en los párrafos 119 y 126j. Algunos países, entre ellos, de manera destacada, Estados Unidos sostuvieron que no esta­ ba probada una relación causal entre la imagen de la violen­ cia y la violencia misma y defendían la libertad de expre­ sión. Al final se acordó que tales fenómenos se señalaran como factores contribuyentes a la prevalencia sostenida de la vio­ lencia. Otros temas que demandaron la formación de pequeños grupos especiales para su discusión fueron el relacionado con la cuantificación y valoración del trabajo no remunerado en los sistemas de cuentas nacionales, incluidas las cuentas satélites; la discusión acerca de los derechos de propiedad intelectual de los pueblos autóctonos respecto del germoplasma que ellos han protegido durante siglos; el del traslado transfronterizo de desechos tóxicos, y el muy controvertido tema de recursos pa­ ra la instrumentación de las acciones previstas en la Platafor­ ma de Acción. La definición de género, el concepto de familia y el tema de los diversos roles que desempeña la mujer generaron am­ plios debates que finalmente fueron resueltos, aun cuando han continuado originando discusiones. La movilización de recursos y esfuerzos que desató la con­ ferencia deja un saldo valiosísimo de materiales de reflexión y diagnóstico, de sistematización de experiencias, políticas, pro­ gramas y acciones en torno de la situación de la mujer y las re­ laciones de género en todo el mundo. Seguramente tomará muchos años aprovechar con efectividad ese material y repro­ ducir las experiencias valiosas. Otro aspecto que conviene destacar es la enorme movili­ zación e interacción que se dio, durante el proceso, entre los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los diver­ sos sectores sociales, la academia y los especialistas del siste­ ma de Naciones Unidas. Se abrieron cauces de comunicación, de trabajo conjunto, de reforzamiento mutuo que seguramente

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harán más efectiva la colaboración entre los distintos actores que luchan por el adelanto de la mujer en el mundo. Con todo y las dificultades que hubo que sortear por la situación política del país, los trabajos preparatorios realiza­ dos por la delegación mexicana fueron ejemplares —compa­ rativamente con experiencias previas en otras conferencias y cumbres—, por su seriedad, su pluralidad, su duración y sus resultados. Posiblemente su carencia más grande consistió en no haber integrado a otras instancias de la administración pública en el proceso y en la delegación. Los cambios ocurridos en la administración pública y la inestabilidad política lo im­ pidieron. Conforme se comprenda mejor el significado de la incor­ poración de la perspectiva de género en el estudio de la condi­ ción de la mujer y en la definición y operación de políticas y programas, será posible enfrentar las situaciones asimétricas que aún prevalecen entre mujeres y varones.

Conclusiones

La importancia de la IV Conferencia Mundial de la Mujer para el mejoramiento de la condición de la mujer en México El proceso desatado en torno de la preparación y participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer realizada en Pekín fue el antecedente para la determinación de una po­ lítica del gobierno del presidente Ernesto Zedillo respecto de la mujer, pues existen elementos y experiencias derivados de ese proceso que fueron considerados y rescatados en la defini­ ción y puesta en operación de esa política. De ahí la importan­ cia de documentar el proceso y las experiencias vividas tanto como sea posible. Para lograr el mejoramiento de la condición de la mujer, un programa exitoso requiere avanzar en dos vertientes. Es ne­ cesario desarrollar la capacidad de las secretarías e institucio­ nes gubernamentales en todos los niveles, así como de los po­ deres legislativo y judicial, con el fin de incorporar la perspec­ tiva de género en los programas y políticas que se diseñan e instrumentan. Esto permitiría aprovechar los recursos que se

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destinan a los mismos para mejorar la condición de las mujeres y superar las desigualdades o, al menos, para evitar profundizar éstas. Para ello hubiera sido fundamental que cuando menos los representantes las secretarías originalmente incluidas en el Consejo Directivo del Comité Nacional Preparatorio hubieran participado en las discusiones de los trabajos técnicos y de la posición de México y formado parte de las delegaciones. En esta materia aún se enfrenta un reto metodológico im­ portante en cuya superación es necesario que contribuya el sector académico. A la instancia ejecutiva corresponderá vigi­ lar el cumplimiento del Programa Nacional de la Mujer, alentar el desarrollo de las metodologías correspondientes y llevar a cabo los programas de capacitación de funcionarios públicos responsables del diseño y la operación de políticas, tanto del orden federal como del estatal y municipal. Resulta asimismo necesaria la creación de sendas comisiones en el Senado y en la Cámara de Diputados para que se responsabilicen de revisar todos los proyectos de ley que pudieran afectar negativamente la condición de la mujer y profundizar las desigualdades de género, así como promover iniciativas de ley atinentes al ade­ lanto de la mujer. Adicionalmente, deben instrumentarse programas enfo­ cados a la superación de rezagos específicos a fin de llevar la condición de la mujer a una plataforma distinta. La escasez de recursos y la búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de los mismos obliga a una selección cuidadosa de los rezagos que deben ser superados. Existen, sin embargo, cuestiones en ma­ teria legislativa y en la forma de manejo de varios instrumentos del Estado en las que podría avanzarse rápidamente sin ma­ yores costos. Por ejemplo, es indudable que aún hay mucho por hacer para poder contar con el desglose por sexos de un núme­ ro amplio de estadísticas, como son las de propiedad de tierras y empresas, las de capacitación, incluso las de educación y aten­ ción de salud, entre muchas otras. La construcción de indi­ cadores apropiados para medir los avances de la mujer y la superación de asimetrías en diversos campos se ve obstaculi­ zada por la carencia de información suficiente, desglosada por sexo.

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Las lecciones aprendidas en el proceso preparatorio El término de una administración y el inicio de otra, la presen­ cia de crisis políticas recurrentes durante 1994, la inestabilidad económica e intranquilidad social estuvieron en el trasfondo de los trabajos preparatorios de la participación de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Estos fenómenos impi­ dieron que se lograra un mayor involucramiento por parte de los funcionarios del Consejo Directivo del Comité Nacional Coordinador en los trabajos de la conferencia. Se perdió así la magnífica oportunidad que ofrecen estos procesos para sensi­ bilizar a representantes de las instancias gubernamentales que manejan programas y políticas que inciden en el avance de la mujer. Tampoco se logró vincular el proceso estatal con el tra­ bajo central y nunca llegaron a realizarse, dentro del proceso oficial, reuniones regionales ni la reunión nacional. El interés y el entusiasmo estaban ahí, no así los recursos ni la suficiente voluntad oficial para hacerlo. Este entusiasmo e interés es un activo que debería rescatarse al diseñar y poner en marcha una política y un programa dirigidos a conseguir el mejoramiento de la condición de la mujer y la igualdad entre los géneros. Las mujeres, los varones y las organizaciones intere­ sadas en ese tipo de política tienen disposición para trabajar conjunta y democráticamente, sin importar inclinaciones par­ tidarias ni diferencias sectoriales. El proceso preparatorio com­ probó que mujeres y varones de todos los partidos y de los diferentes sectores pueden ponerse de acuerdo sobre cuáles son los programas y acciones importantes.

De la conformación de las delegaciones a conferencias internacionales A la luz de la experiencia en la conformación de la delegación mexicana para la conferencia parece necesario hacer una actua­ lización de los criterios que permitan definir la integración de las delegaciones de México ante los foros internacionales, tanto multilaterales como bilaterales. Las conferencias y cumbres que organiza Naciones Unidas son reuniones de gobiernos y los que establecen los acuerdos

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y consensos son los representantes de éstos, quienes son a su vez los primeros responsables de procurar que esos consensos, aunque no son vinculatorios, se apliquen en sus países. En las conferencias de mujeres esta condición no ha sido lo suficien­ temente entendida, y tradicionalmente se ejerce enorme pre­ sión sobre las esferas de gobierno que deciden la integración de las delegaciones. La integración de toda delegación debe reflejar una estra­ tegia política clara respecto del tema que se va a discutir y del nivel de presencia y representación que se desea tener ante el foro. Lo deseable es que la delegación pudiera designarse con la suficiente anticipación como para que tenga oportunidad de involucrarse debidamente en el proceso preparatorio. En el futuro, sería más positivo para el adelanto de las mujeres mexicanas garantizar que el núcleo central de la dele­ gación estuviese integrado por representantes de las distintas secretarías e instituciones que operan políticas y programas que inciden en la condición de la mujer y en las relaciones de género. De la posición que la Secretaría de Relaciones Exte­ riores y sus representantes asuman y de la importancia que otorguen al tema dependerán grandemente las posibilidades de influir en los acuerdos y consensos de las conferencias mun­ diales. La jefatura de la delegación debe recaer en la jerarquía más alta de la instancia gubernamental responsable del tema de la mujer y esa instancia es la que, junto con la Secretaría de Re­ laciones Exteriores, debe asumir política y estratégicamente, hacia afuera y hacia adentro, la posición del país. Asimismo, es necesario incorporar las opiniones y la repre­ sentación de nuevos actores sociales en las posiciones y en las delegaciones de México ante los foros internacionales. La diver­ sidad y la heterogeneidad presentes en una sociedad como la mexicana obligan a la inclusión de la opinión de distintos gru­ pos y sectores representativos de dicha sociedad y, en particu­ lar, de los grupos y organizaciones de la sociedad civil y sec­ toriales que están envueltos en los asuntos que serán tema de las discusiones —en este caso, de las organizaciones de mujeres y de las que trabajan por el adelanto de las mismas. En la ac­ tualidad, ante la reducción del tamaño y recursos del Estado, el cumplimiento de compromisos no sólo compete a éste sino

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también a una diversidad de actores sociales. Es justo que éstos puedan opinar en el proceso de construcción y definición de esos compromisos. Sin embargo, las reglas de funcionamiento de la delegación y de conducta de los participantes tienen que ser claras y ex­ plícitas, por lo cual deben preverse sanciones para aquellos miembros que las violen. Hubiera resultado de gran utilidad para las personas inte­ grantes de las delegaciones a las diversas reuniones relaciona­ das con el proceso preparatorio de la conferencia de Pekín que se les hubiera capacitado sobre los sistemas parlamentarios y la mecánica de los foros multilaterales, sobre las posiciones de los países y bloques respecto de los distintos asuntos que serían tratados en la conferencia, respecto de los temas que habían quedado pendientes en las cumbres y conferencias anteriores y de la posición de México frente a ellos. Esto hubiera permi­ tido diseñar una estrategia de alianzas respecto de los temas de interés para México y elevado la efectividad de nuestras intervenciones. De la actualización de los participantes en los procesos de preparación de las conferencias

Hubiera sido de gran utilidad realizar un taller de actualiza­ ción sobre los aspectos teóricos y los hallazgos de investigación más recientes en torno de la problemática de la mujer y el en­ foque de género, tanto para las integrantes de los grupos de trabajo técnico como para los integrantes de las delegaciones; esto hubiera permitido, tras el aprovechamiento de las espe­ cialidades y los conocimientos de sus miembros, la adquisición de una base común de partida que redundara en un trabajo más integrado y eficiente y permitiera ir construyendo la posi­ ción del país a medida que avanzara el proceso. De la importancia de las reuniones preparatorias

Las conferencias preparatorias son fundamentales. La posición del país debe estar perfectamente definida para cuando esas

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reuniones tengan lugar. Tanto es así que el lapso que media en­ tre la recepción de los proyectos de los documentos que se van a discutir y la realización de la Conferencia Preparatoria es crítico para la fijación de la posición nacional. Es en esas confe­ rencias donde aún es posible introducir nuevos elementos, cam­ biar o cuestionar posiciones de fondo e ir construyendo afini­ dades y alianzas. Sin embargo, la posibilidad de influir realmente en aspectos de fondo se da en las conferencias regionales y posiblemente en las reuniones de expertos. Los documentos que se elevan a los foros mundiales difícilmente pueden ya modificarse sen­ siblemente.

De la necesidad de llevar material impreso y de difusión que informe sobre la situación que, en México, guarda el tema en cuestión Es necesario llevar a las conferencias folletos, trípticos y ma­ terial escrito que describa las características de la situación de las mujeres y las experiencias de programas y políticas enfo­ cados a superar la desigualdad entre los sexos existente en el país. Es una forma de asegurar que los periodistas que asistan a las conferencias dispongan de materiales para sus reportajes, que se conozcan las experiencias valiosas en materia de progra­ mas y acciones realizados por otras delegaciones. Necesidad de una estrategia de comunicación social que acompañe el proceso Dada la trascendencia de las conferencias y cumbres mundiales y de los acuerdos que se alcanzan en las mismas, es sumamente importante disponer recursos para efectuar una estrategia de medios masivos de comunicación que permita convocar a la población interesada en el tema para que externe su opinión con miras a la construcción de la posición de México, que dé a conocer las tareas de tipo preparatorio que se estén llevando a cabo y que informe de los documentos que serán revisados en el proceso de la conferencia, de las discusiones en torno de los

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mismos y de los consensos alcanzados. Un pequeño equipo de comunicación debe participar en todo el proceso y formar parte de las delegaciones que asisten a las reuniones prepa­ ratorias y finales. Los recursos dispuestos por la Organización de Naciones Unidas para la IV Conferencia Mundial de la Mujer no fueron suficientes. Esto, aunado ala complejidad del tema, la firmeza de las posiciones de algunas delegaciones y el enorme interés mostrado por diversas organizaciones, derivó en un proceso lento en el que los debates, las reuniones y el cabildeo eran más prolongados de lo que probablemente se esperaba. La IV Conferencia Mundial de la Mujer ha sido la reunión más gran­ de de todas las organizadas por Naciones Unidas. El reto para futuras conferencias es encontrar los recursos y las modalidades de organización que hagan más eficaz el trabajo y permitan la tan buscada interacción entre los par­ ticipantes. Difícilmente se podía incidir en la estructura, el formato y el contenido de fondo de la plataforma, particularmente por­ que México es un país que no se encuentra integrado a alguno de los dos bloques fuertes de negociación: la Unión Europea y el G77. Por más que existan seis idiomas oficiales en Naciones Unidas, las negociaciones sustantivas se realizan en inglés, lo que da ventaja a los países angloparlantes y obliga a que las representaciones de los países cuenten con personal que maneje fluidamente ese idioma. En México se llevó a cabo un esfuerzo serio, profesional y plural para definir la posición de México ante la conferencia de Pekín. Muchos hombres y mujeres responsables e interesados participaron, tal vez no tantos hombres como hubiera sido deseable, y es de esperar que en el futuro, más que conferencias sobre la mujer, se realicen conferencias sobre la igualdad entre los géneros con la participación de un mayor número de varo­ nes conscientes de la necesidad de superar las relaciones asi­ métricas que afectan fundamentalmente a las mujeres, pero que también les imponen limitaciones a ellos en el mundo de los afectos y del cuidado y la atención de los otros.

Anexo 1. Integración

de las delegaciones mexicanas

A REUNIONES INTERNACIONALES DE LA MUJER, DE JULIO DE A SEPTIEMBRE DE

1994

1995

Reunión Subregional de Centroaniérica, México, Cuba, Repú­ blica Dominicana y Haití, preparatoria parala VI Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. Realizada en México, D.E, los días 4 y 5 de julio de 1994. Jefa de la delegación: Emb. Aída González Martínez. Jefa alterna: Lie. Clara Jusidman. Delegados: Dra. Rosa Ma Villarelo Reza, Dra. Guadalupe Cas­ toreña, Dra. Amparo Canto, Lie. Fernando Sandoval, Lie. Lourdes Sosa, Lie. Julián Vázquez, Ma Elena Camarena.

Sexta Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe/ Reunión Regional Preparatoria para la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Realizada en Mar de Plata, Argentina, del 25 al 29 de sep­ tiembre de 1994.

Jefa de la delegación: Lie. Gloria Brasdefer. Jefa alterna: Emb. Aída González. Delegadas: Lie. Clara Jusidman, Dra. Rosa María Villarelo. Delegadas alternas: Lie. Lourdes Sosa, Dra. Guadalupe Casto­ reña. Asesoras: Mtra. Gabriela Delgado, Lie. Patricia Duarte, Dra. Graciela Hierro, Lie. Liliana Kusnir, Dra. Alicia E. Pérez Duarte, Lie. Laura Salinas, Arq. Sandra Samaniego, Lie. Yolanda Sentíes, Lie. Cecilia Soto. XX Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina y el Caribe. 534

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Realizada en Santiago de Chile, del 15 al 19 de noviembre de 1994. Jefa de la delegación-. Emb. Aída González. Delegadas: Lie. Gloria Brasdefer, Arq. Sandra Samaniego. XXXIX Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer/ III Comité Preparatorio para la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Realizada en Nueva York, del 15 de marzo al 4 de abril de 1994. Jefe de la delegación: Emb. Manuel Tello. Representantes alternas: Emb. Aída González, Emb. Olga Pellicer. Consejeras: Lie. Gloria Brasdefer, Lie. Clara Jusidman, Min. Pa­ tricia Espinosa, Lie. Yenerit Morgan, Dra. Gloria Careaga, Lie. Patricia Mercado, Lie. Susana Vidales, Lie. Patricia Duarte.

Consultas informales sobre la Plataforma. Reali/adas en Nueva York, del 31 de julio al 4 de agosto de 1995. Atendieron las funcionarías de la misión de México ante Naciones Unidas, encargadas de asuntos de 2° y 3°.

Comisiones: Emb. Gustavo Albín, Min. Patricia Espinosa, Lie. Yanerit Morgan.

IV Conferencia Mundial de la Mujer. Realizada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995. Jefa de la delegación: Lie. Silvia Hernández. Subjefes de la delegación: Dr. José Gómez de León, Lie. Gloria Brasdefer, Emb. Aída González. Representantes: Emb. Olga Pellicer, Lie. Patricia Espinosa. Representantes suplentes: Lie. Rodolfo Tuirán, Lie. Yanerit Mor­ gan, Lie. Clara Jusidman.

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Consejeras'. Lie. María de los Ángeles Moreno, Lie. Beatriz Pa­ redes, Lie. Cecilia Soto, Dra. Ma de la Luz Lima, Lie. Laura Salinas, Dra. Laura Carrera, Arq. Sandra Samaniego, Dra. Guadalupe Castoreña, Mtra. Gloria Careaga, Dra. Alicia Elena Pérez Duarte Noroña, Mtra. Gabriela Delgado Ba­ llesteros, Lie. Paloma Bonfil, Dra. Brígida García, Dra. Orlandina de Oliveira, Lie. Amalia García, Lie. Lourdes Sosa. Secretaria técnica: Lie. Amparo Canto González. Congreso. Por el Senado de la República: Sen. Ma Elena Chapa, Sen. Carmen Bolado, Sen. Guadalupe Gómez Maganda. Congreso. Por la Cántara de Diputados: Dip. Ma Elena Chapa de Vicencio, Dip. Ana Lilia Cepeda de León, Lie. Dulce Ma­ ría Sauri, Dip. Ifigenia Martínez Hernández. Congreso. Por la Asamblea de Representantes: Rep. Gabriela Gu­ tiérrez Arce. Organizaciones no gubernamentales: Lie. Patricia Mercado, Biol. Patricia Duarte, Lie. Susana Vidales, Lie. Paz Gutiérrez Cortina, Sra. Alexandra Kawage Vera, Lie. Teresa Aguilar Marmolejo, Lie. Martha Lucía Micher Camarena.

Anexo 2. La posición de México en Pekín*

Las y los integrantes de la delegación mexicana designada para llevar la posición oficial del gobierno de México a la IV Con­ ferencia Mundial de la Mujer informan a la opinión pública lo siguiente: a) Los trabajos de la participación de México en Pekín se iniciaron en septiembre de 1993 y se nutrieron de las aporta­ ciones realizadas en el seno de 19 diferentes grupos temáticos integrados por más de 200 personas de diversos sectores de la sociedad. En este proceso se recibieron también las contribu­ ciones recogidas en las consultas organizadas por los consejos estatales de población y en los foros convocados para la formalización del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, así co­ mo las aportaciones de alrededor de 250 organizaciones no gubernamentales de todo el país. Los documentos generados sirvieron de base tanto para identificar los temas de interés prioritario, como para definir y dar sustento a la posición de México en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. b) México participó en el proceso de preparación que cul­ minó en la conferencia de Pekín decidido a contribuir en la búsqueda de consensos en favor de la eliminación de los obs­ táculos que impiden la participación plena de la mujer en la vida económica, política, social y cultural. Nos liga a este com­ promiso una larga tradición. Hace 20 años, en ocasión del Año Internacional de la Mujer, nuestro país fue sede de la I Conferencia Mundial de la Mujer. México participó también en la conferencia de Copenhague, en 1980, y en la de Nairobi, en 1985. Asimismo, durante el último lustro tuvieron lugar varias cumbres y conferencias internacionales: Infancia, Medio Ambiente y Desarrollo, Derechos Humanos, Población y De­ sarrollo y Desarrollo Social. En todas ellas, México suscribió

* Reproducción del desplegado firmado por la mayoría de los integrantes de la delegación mexicana a la IV Conferencia Mundial de la Mujer, aparecido en diversos diarios de circulación nacional el 26 de octubre de 1995.

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un conjunto de acuerdos y compromisos que sirvieron como punto de partida de la posición que México sostuvo en la IV Conferencia Mundial de la Mujer. c) La representación mexicana en Pekín se apegó de manera estricta a lo que establece nuestra Constitución Política, en particular el Artículo Cuarto que dice: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos.” Durante los trabajos preparatorios, en particular en la Reu­ nión Regional de Mar del Plata, Argentina, y en la conferencia de Pekín, la delegación de México mantuvo las siguientes preo­ cupaciones prioritarias: 1. Combate a la pobreza. A la luz de la persistente y cre­ ciente carga de la pobreza entre las mujeres, poner en marcha programas efectivos que le hagan frente y atiendan tanto sus manifestaciones como sus causas estructurales. 2. Superación de rezagos y mejores oportunidades de edu­ cación. Garantizar el acceso de la mujer a las oportunidades educativas, intentando enfrentar los rezagos existentes, pro­ piciar su permanencia en todos los niveles del sistema educativo en pie de igualdad con el varón, e incrementar su presencia en los campos técnico y científico. 3. Acceso a servicios integrales de atención de la salud. Fa­ cilitar el acceso de las mujeres a servicios de atención de la sa­ lud en condiciones de calidad, que respondan a sus prioridades, demandas y necesidades y estén basados en un enfoque inte­ gral, incluido el acceso a los servicios de planificación familiar y salud reproductiva, así como a programas de educación, asesoramiento e información al respecto. 4. Atención de las necesidades de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Reconocer las necesidades cambiantes de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida y ofrecerles más y mejo­ res oportunidades en materia de educación, empleo, cultura, deporte y recreación, seguridad social y atención de la sa­ lud, propugnando la formulación y puesta en marcha de polí­ ticas y programas específicos para atender sus demandas. 5. Protección de los derechos de las trabajadoras asalariadas. Apoyar a las mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad, ha­

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ciendo frente al persistente deterioro de sus remuneraciones, de sus condiciones laborales y de sus organizaciones. 6. Acciones en favor de las mujeres de las micro y pequeñas empresas. Respaldar a las mujeres de las micro y pequeñas em­ presas y a las que trabajan por cuenta propia, incluidas las que laboran en actividades agropecuarias, mediante el acceso a capacitación, tecnología, información, comercialización y asis­ tencia técnica, así como a esquemas de crédito apropiados, ac­ cesibles y ágiles. 7. Reconocimiento del trabajo no remunerado de las mu­ jeres. Valorar la contribución al desarrollo del trabajo no remu­ nerado que llevan a cabo las mujeres en el hogar y en la comu­ nidad y que no se contabiliza como parte del ingreso nacional. 8. Acceso de las mujeres a la toma de decisiones. Promover el acceso de las mujeres a todos los niveles de toma de decisión en las esferas pública, privada y social. 9. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. Po­ tenciar las capacidades de las mujeres mediante la educación y la capacitación, el aliento al liderazgo y la remoción de los obstáculos que impiden su participación plena en los espacios de toma de decisiones. 10. Protección de los derechos de la mujer. Defender los de­ rechos humanos de las mujeres y las niñas, fortaleciendo los instrumentos, mecanismos e instancias institucionales que contribuyan a garantizar la vigencia y el ejercicio pleno de los mismos en condiciones de igualdad con los varones. 11. Promoción y defensa de los derechos de las mujeres in­ dígenas. Promover, proteger y difundir los derechos humanos, cívicos y culturales de las mujeres indígenas dentro y fuera de sus comunidades. 12. Acciones contra la discriminación de las niñas en el ho­ gar. Prevenir la discriminación de las niñas en la distribución de bienes y servicios del hogar, adoptando medidas para que las familias eviten el trato diferencial entre niñas y niños en el ac­ ceso a los alimentos, la educación y la salud. 13. Atención a los hogares monoparentales. Eliminar los obstáculos que impiden que los hogares monoparentales (madre o padre con hijos), principalmente los encabezados por mujeres, reciban los beneficios de diversas políticas pú­ blicas.

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14. Prevención y eliminación de la violencia ejercida en contra de la mujer. Reconocer que la violencia ejercida en contra de la mujer es un asunto público cuya atención debe ser asumida por el Estado y la sociedad mediante el desarrollo de programas y acciones para prevenirla. 15. Erradicación de los estereotipos de género. Eliminar las imágenes estereotipadas de hombres y mujeres y limitar la di­ fusión de materiales de contenido violento en los medios ma­ sivos de comunicación, así como favorecer una mayor presen­ cia de mujeres en las instancias de toma de decisión de dichos medios. 16. Asignación más equitativa de responsabilidades domés­ ticas y laborales. Realizar acciones de información, educación y comunicación para lograr una distribución más equitativa de los derechos y las responsabilidades domésticas y laborales entre hombres y mujeres. 17. Inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas y el proceso legislativo con el objeto de suprimir los obstáculos que impiden la participación plena de la mujer, y previsión del efecto diferenciado de tales acciones entre hom­ bres y mujeres. 18. Participación de las mujeres en las políticas públicas. Asegurar la participación de las mujeres en la definición, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas macroeconómicas, macrosociales y sectoriales. 19. Impulso a los mecanismos institucionales para promover el adelanto de la mujer. Fortalecer al más alto nivel posible de gobierno los mecanismos institucionales responsables de las acciones en beneficio de la mujer, incorporando de manera adecuada y efectiva la perspectiva de género en las políticas públicas. 20. Promoción de las instancias y los mecanismos inter­ nacionales en beneficio de la mujer. Impulsar el fortalecimiento de los órganos y mecanismos del sistema de Naciones Unidas que contribuyan a la acción internacional en favor de la mujer. Las preocupaciones anteriores están plasmadas en la Pla­ taforma de Acción. Como toda conferencia mundial en la que participan los Estados miembros y observadores de la Or­ ganización de Naciones Unidas, el proceso de negociación en Pekín fue muy complejo. La Plataforma de Acción y la

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Declaración de Pekín constituyen documentos que lograron la aprobación por consenso de los representantes provenien­ tes de países con tradiciones, valores, cultura, sistemas jurídicopolíticos y niveles de desarrollo distintos. Este importante logro requirió la conciliación, el reconocimiento respetuoso de las diferencias y la identificación de puntos comunes de acuerdo. La conferencia de Pekín es un eslabón más de un ciclo de conferencias y cumbres mundiales que en el último lustro se han llevado a cabo para avanzar hacia el desarrollo sustentable, la defensa de los derechos humanos, el bienestar infantil, la relación armónica entre desarrollo y población, el desarrollo social y el adelanto de la mujer. Las voces deseosas de reducir el trabajo de la conferencia de Pekín a unos cuantos temas y empeñadas en transmitir una información deformada, parcial o inexacta en relación con la misma, sólo contribuyen a confundir a la sociedad mexicana, a crear un ambiente de intolerancia, a entorpecer el diálogo informado y a obstaculizar el avance de la mujer.

México, D.F., a 25 de octubre de 1995

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baña (Situación de la Mujer en México. Aspectos So­ ciales). 19. Pedroche, Juana María (coord.) 1995 Capacitación, actividades empresariales y profesionales (Situación de la Mujer en México. Aspectos Económi­ cos). González, Aída

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Mujer, género y población en México

se terminó de imprimir en mayo de 1999 en los talleres de Fuentes Impresores, S.A. Centeno 109. Col. Granjas Esmeralda, 09810 México, D. F. Se tiraron 1 000 ejemplares más sobrantes para reposición. Tipografía y formación: Baphomet y Cía. El Departamento de Publicaciones de El Colegio de México estuvo a cargo del cuidado de la edición, con la colaboración de Rafael Becerra.

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS Y DE DESARROLLO URBANO

En este libro se efectúa un balance global del camino recorrido por la sociodemografía mexicana en cuanto a la incorporación de la situación de la mujer o de la perspectiva de género en el análi­ sis de los diferentes fenómenos poblacionales. En él se da cuenta de los adelantos, de las potencialidades y de las fortalezas, pero también de las lagunas, de los problemas y de las debilidades. Con su publicación se pretende impulsar el desarrollo de la pers­ pectiva de género en la sociodemografía, un eje de diferencia­ ción social entre hombres y mujeres que es importante articular con otros ejes de diferenciación de mayor tradición dentro de la disciplina como es el caso de las clases o grupos sociales. Se espe­ ra que este reto sea recogido por las nuevas investigaciones en ca­ da una de las diferentes áreas temáticas que conforman el libro.

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