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Reseñas corrupción

Catterberg, Gabriela, Moreno, Alejandro y Zuasnábar, Ignacio (2013) “¿Qué miden las encuestas sobre corrupción en América Latina? Evidencias de Argentina, México y Uruguay”, en Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, vol. 6, núm. 11. Los investigadores desarrollaron un Índice de Apego a la Ley (AttLaw Index) con el cual evalúan la propensión de los ciudadanos a participar de actividades que transgreden la ley y normas sociales. Aplicado en primer lugar en Argentina y México, éste demostró una correlación entre la naturalización de prácticas ajenas a la ley y los altos niveles de corrupción. Sin embargo, aplicado luego en Uruguay se encontró una situación distinta: si bien los ciudadanos de este país están menos expuestos a la corrupción, son más tolerantes a las prácticas que trasgreden las normas. Esta evidencia cuestiona la hipótesis generalizada de que niveles más altos de corrupción están asociados a niveles más altos de permisividad de la corrupción y nos permite destacar algunas dificultades que presentan las encuestas que miden la corrupción ligadas a su definición conceptual y el sesgo de deseabilidad social asociado a ella. Los resultados indican que los uruguayos toleran más ciertos actos de transgresión no porque son más proclives a la corrupción sino porque no los consideran transgresiones. En cambio, los argentinos y los mexicanos tienen menos probabilidad de tolerar transgresiones a la ley y las normas sociales porque sus respuestas están afectadas por la deseabilidad social. Detrás de estas respuestas diferentes se encuentran distintas nociones acerca de lo que es la corrupción, motivo por el cual las preguntas sobre “comportamiento corrupto” no necesariamente miden la corrupción de una sociedad. En México, la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (ENCBG) realizada por Transparencia Mexicana mide la participación de los encuestados en algún tipo de soborno durante los últimos 12 meses, pero incluye entre ellas algunas situaciones no siempre considerados corruptas (pagar a un particular para estacionar en la calle, dar propinas a recolectores de basura). Estas preguntas suelen ser incorporadas de manera estandarizada sin tomar en cuenta qué es lo que los encuestados consideran como corrupción, lo cual puede complejizar la comparación de la misma encuesta aplicada en distintos períodos o en distintos países, puesto que la noción de corrupción podría estar variando. [No sé si entiendo bien, pero los autores estarían suponiendo que las personas no responden simplemente si realizar o no tal o cual cosa, sino que ocultarían o no una acción en función de si la consideran corrupta. ¿Hay alguna posibilidad de solucionar eso?]. Por otra parte, para evitar el efecto de deseabilidad social ligado a la corrupción en la respuesta de los encuestadores, las preguntas suelen desviar la carga de moral

del entrevistado al receptor del soborno (“¿Ha tenido que dar un soborno…?”), pero esto no siempre es suficiente. Se podría esperar que cuando la situación sea percibida como claramente corrupta, la proporción de encuestados que rechacen haber participado de ellas sería mayor aun cuando efectivamente lo hayan hecho. “Podemos extender esta expectativa diciendo que cuanto más amplio sea el abanico de situaciones consideradas como corruptas, mayor será el efecto del sesgo de deseabilidad social, y mayor será la deseabilidad social de apego a la ley y a las normas sociales. En este sentido, un ambiente más corrupto podría conducir a un mayor rechazo a la corrupción debido a que las personas toman la posición de lo que creen que es socialmente aceptable. Una definición de corrupción que sea amplia podría hacer este efecto aún mayor” (p. 93). El Índice de Apego a la Ley (AttLaw Index) desarrollado por los investigadores consulta si acciones cotidianas realizadas por los ciudadanos deben o no ser castigadas por corruptas (“dejar a alguien entrar a la fi la sin haber esperado su turno”, “comprar productos que no sean originales o no cumplan con los derechos de autor”, “guardar silencio si alguien cobra un precio menor al acordado”, ”una madre que consigue un justificante médico a fi n de evitar sanciones para su hijo”, “pedir comprobantes de gastos que no se hicieron” y “utilizar el cableado eléctrico público para beneficio privado”). Estas son las conductas que más encuestados en Argentina y en México consideran deben ser castigadas que en Uruguay, lo cual se explica porque en estos países la corrupción está asociada a favoritismos y privilegios mientras en el otro se consideran que se deben castigar las prácticas “más graves” que involucran a las elites políticas y económicas. En este sentido, la noción de corrupción es más amplia en México y Argentina que en Uruguay. “Las buenas políticas anticorrupción deben estar basadas en buenas mediciones de corrupción” (p. 104). Las encuestas sobre corrupción suelen registrar la participación de ciudadanos en actos de corrupción y/o sus actitudes hacia la corrupción, pero sus respuestas tienden a relejar un “relativismo cognitivo” en tanto que están sujetas a distintas concepciones y creencias acerca de lo que es la corrupción. Si, como se comprobó anteriormente, existe una relación entre la noción predominante de corrupción y la exposición a la corrupción (dando como resultado interpretaciones disímiles ante las mismas circunstancias), para evitar este efecto de deseabilidad social las encuestas deberían concentrarse en los actos más graves de corrupción donde existen consensos más extendidos.

Transparency International (2017) Las personas y la corrupción en América Latina y el Caribe. Barómetro Global de la Corrupción, Transparency International. Este estudio se basa en más de 22.000 encuestas realizadas ciudadanos que viven en 20 países de América Latina y el Caribe entre mayo y diciembre de 2016, consultando tanto sobre percepciones

como sobre experiencias de corrupción en servicios públicos. Algunos de los principales resultados son: 1- Corrupción en aumento: La mayoría de las personas considera que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. En Argentina el 41% de las personas considera que la corrupción aumentó en ese período. 2- Las instituciones consideradas más corruptas son la policía y los políticos (47% en cada caso). 3- Más de la mitad de las personas (53%) considera que la lucha contra la corrupción en su país es deficiente. En Argentina esta proporción es menor al promedio (42%). 4- Casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó un soborno en los últimos 12 meses (29%). Esta proporción es del 16% en Argentina. Para obtener este dato se pregunta si han utilizado alguno de los seis servicios públicos (docente o funcionario escolar; un trabajador de la salud o un miembro del personal de una clínica u hospital; un funcionario gubernamental para obtener un documento; un funcionario gubernamental para recibir servicios públicos; un policía; o un juez o funcionario judicial) en los 12 meses anteriores y en caso de responder afirmativamente, se les pregunta si han pagado algún soborno, dado un regalo o hecho algún favor al funcionario público para conseguir acceso al servicio requerido. 5- En la región los índices más altos de soborno se observan en la salud (20%) y la educación (18%). Sin embargo en Argentina la principal institución en la que se registran sobornos es la policía (entre 11 y 20%). 6- Sólo el 9% de las personas que pagaron sobornos realizó la denuncia y dentro de ellas sólo el 21% señala que se tomó alguna medida contra el autor y un 28% sufrió consecuencias negativas.

En Argentina la encuesta la llevó adelante Latinobarómetro, con una muestra de 1200 casos.

Transparency International (2017) Índice de Percepción de la Corrupción 2017: Nota técnica sobre la metodología El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) se creó en 1995 y su medición se limita al sector público. La metodología ha ido variando a lo largo del tiempo y desde 2012 se incluyeron cambios que permiten comparar los resultados a lo largo del tiempo. El procedimiento para la obtención del indicador incluye seleccionar las fuentes de datos, ajustar la escala de las fuentes de datos, combinar dichas fuentes una vez ajustadas y luego determinar una medida de incertidumbre. Se

trata de 13 fuentes de datos distintas compuestas por evaluaciones de instituciones con una fuerte orientación económica (Banco Africano de Desarrollo, Bertelsmann Stiftung, Economist Intelligence Unit, Freedom House, Global Insight, World Competitiveness Center, PRS Group International, Banco Mundial, etc.), a las cuales se les realizan consultas sobre comportamientos corruptos en el sector público (soborno, desvío de fondos públicos, uso de la función pública para beneficio personal, nepotismo en la administración pública, captura del Estado) y sobre los mecanismos que existen para prevenir la corrupción. Las fuentes realizan evaluaciones para distintas regiones (países africanos, de la Unión Europea, la OCDE, el área Asia Pacífico, etc.) o grupos de países escogidos por ellas, que son hechas de manera independiente por esas instituciones y luego categorizadas por Transparency International. Esta es la tarea de estandarización realizada para poder construir la puntuación que es base del IPC. Al igual que el IPC, la mayoría de las fuentes están codificadas otorgando puntuaciones más bajas a los países con mayores niveles de corrupción percibida, pero para permitir la comparación hay algunas fuentes que se invierte la puntuación multiplicándola por -1. A su vez, como hay fuentes que no tienen datos para todos los años de referencia, se imputan los valores faltantes a través de STATA. Luego de redimensionar todas las puntuaciones se calcula el IPC para cada país a partir del promedio simple, pero sólo se asignará una puntuación a un país cuando existan al menos tres fuentes de datos disponibles a partir de las cuales se pueda calcular este promedio.

Castañeda Rodríguez, Víctor Mauricio (2016) “Una investigación sobre la corrupción pública y sus determinantes”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Número 227.

INDEC (2017) Encuesta Nacional de Victimización, Buenos Aires: INDEC. La Encuesta Nacional de Victimización incluye al soborno pasivo como uno un delito no violento que afecta el patrimonio de las personas. Analizando los delitos de manera particular, el soborno pasivo aparece como el cuarto más mencionado entre los encuestados por la población con 18 años o más (2,4%), seguido por amenazas (4%), robo con violencia (6,2%) y hurto personal (7,5). En cuanto al reporte de los delitos, la Encuesta registró que durante 2016 en todo el país no fue denunciado el 47,5% de los delitos contra el hogar, mientras que para el caso de los delitos contra las personas esta cifra alcanzó el 66,3%. Dentro de todos los delitos, el soborno pasivo fue el que alcanzó una mayor prevalencia de no denuncia, con el 93,4%. En todos los casos, el principal motivo por el que no se realizó la denuncia fue por desconfianza hacia las autoridades.

En el anexo se presenta una definición de “soborno pasivo”: “Para esta encuesta, soborno pasivo se refiere al hecho en el que algún funcionario público haya solicitado al encuestado algún tipo de pago, regalo o compensación para realizar sus tareas, ya sea directa o indirectamente, sin importar si la persona pagó efectivamente o no. Si bien la corrupción no se ciñe exclusivamente a los funcionarios públicos, para esta encuesta se relevó únicamente este caso” (p. 101).

ONU (2004) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, New York: Naciones Unidas. En el capítulo 3 se definen ciertas acciones típicas a penalizar: soborno de funcionarios públicos nacionales (Art. 15), soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas (Art. 16), malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público (Art. 17), tráfico de influencias (Art. 18), abuso de funciones (Art. 19), enriquecimiento ilícito (Art. 20), soborno en el sector privado (Art. 21), malversación o peculado de bienes en el sector privado (Art. 22), blanqueo del producto del delito (Art. 23), encubrimiento (Art. 24), obstrucción de la justicia (Art. 25). Más adelante, incluye otras recomendaciones sobre la responsabilidad de personas jurídicas (Art. 26), la tipificación del delito en grado de participación y tentativa (Art. 27), la prescripción (Art. 29), el embargo preventivo, incautación y decomiso (Art. 31), la protección de testigos, peritos y víctimas (Art. 32), etc. [En este sentido, nuestra Encuesta Nacional sobre Experiencias y Percepción de Corrupción tiene una definición más restringida de corrupción, puesto que se limita a analizar sobornos a funcionarios públicos nacionales, a funcionarios públicos extranjeros y a miembros del sector privado, entendiendo al soborno como la entrega de un regalo, favor o dinero a alguno de estos agentes. En el caso de la Convención, se incluye como delitos tipificados bajo la categoría de “sobornos” no sólo al acto de dar, sino al ofrecimiento, la solicitud o la aceptación de un “beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad”. Una manera de subsanar esta limitación en nuestra encuesta sería incluir una pregunta entre B1 y B2: “¿Sucedió que usted ofreció o algún Oficial solicitó un regalo, favor o algún dinero extra, incluso a través de un intermediario?”. Sin embargo, esta operacionalización limitada en nuestra encuesta es congruente con lo realizado por UNODC en Nigeria y con el cuestionario ejemplo presentado en el Manual de encuestas sobre corrupción. En cambio, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (México 2015) pregunta si le fueron solicitados]. El Segundo Párrafo del artículo 61 dice: “Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en

la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción”.

ONU (2017) Estado de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Penalización, aplicación de la ley y cooperación internacional, Viena: Naciones Unidas. “Otro problema transversal relativo a la aplicación del capítulo III parece ser la falta, en muchos países, de datos estadísticos o tipologías de jurisprudencia adecuados relativos a la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción, incluida información sobre las condenas impuestas y los activos incautados o decomisados. Aunque algunos datos pueden ser presentados por autoridades concretas o con respecto a delitos concretos, la metodología utilizada y el tipo de datos reunidos no son coherentes entre las distintas instituciones, la información disponible no está desglosada por tipos de delitos y no existen mecanismos centrales por los que se pueda acceder a esos datos. Como se pone de relieve en varios exámenes, es importante disponer de información concreta sobre prácticas para hacer cumplir la ley a fin de evaluar la eficacia de las medidas existentes, coordinar las instituciones anticorrupción a nivel operacional, diseñar estrategias específicas de prevención del delito y justicia penal y adoptar medidas concertadas para fomentar los objetivos de la Convención. Por lo tanto, los Estados partes deben procurar promover la consolidación, la accesibilidad y el análisis científico de datos estadísticos (por ejemplo, mediante la inclusión directa por los tribunales y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de cifras sobre casos penales en una base de datos electrónica mantenida por el departamento de estadística del ministerio de justicia), que permitirán centrarse más en las medidas prácticas para hacer cumplir la ley y evaluar mejor la aplicación. Curiosamente, parece ser que uno de los resultados positivos de los exámenes de los países ha sido la creación o el fortalecimiento de sistemas nacionales de estadística y reunión de datos en varios Estados” (pp. 292-293).

ONU (2017) Elaboración y aplicación de estrategias nacionales de lucha contra la corrupción. Guía práctica, Naciones Unidas: ONU. Como parte de la estrategia nacional en la lucha contra la corrupción se pueden realizar encuestas nacionales sobre percepción y experiencia con la corrupción, destinadas tanto a los ciudadanos en general como a inversores, ejecutivos de empresas, integrantes de los medios de comunicación. En este sentido, los expertos en ámbitos específicos tendrán mayor probabilidad de conocer

situaciones ligadas a las licitaciones, obteniendo información lejos del alcance de otras personas. El principal problema de las encuestas de percepción es que no necesariamente guardan relación con el nivel de corrupción existente, los encuestados pueden ser renuentes a contestar con veracidad, las respuestas pueden variar según las características de los encuestados (educación, ingresos, origen étnico, etc.), la cobertura informativa y la noción que poseen sobre el concepto de corrupción. Por estos motivos se trata de datos que deben interpretarse con cautela (contrastando con otras fuentes) y no usarse nunca como fuente exclusiva para diagnosticar la corrupción de un país. Otros estudios que pueden colaborar en la lucha contra la corrupción son las encuestas sobre experiencias reales de corrupción de empresarios y ciudadanos. Encuestas como estas han sido desarrolladas por la UNODC tanto en hogares como en empresas, permitiendo determinar y analizar de forma detallada situaciones de corrupción y determinar los sectores, organismos y grupos más vulnerables. Uno de los principales beneficios de estas encuestas es la posibilidad de establecer una fuente de información cuantitativa más objetiva que permite hacer un seguimiento de la situación de corrupción del país y evaluar su evolución futura. Sin embargo, las características de las encuestas a hogares hacen que sirvan privilegiadamente para detectar casos de corrupción administrativa en pequeña escala, mientras que casos que impliquen a elites empresariales y políticas suelen quedar menos expuestas. Es por esto que es importante de combinar con encuestas al sector empresarial centradas en prácticas comerciales, relaciones con autoridades gubernamentales, licitaciones públicas. En algunos países se ha observado que los encuestados están poco dispuestos a admitir su participación en transacciones corruptas, incluso cuando ellos han sido víctimas, lo cual puede sesgar los resultados. “La más amplia encuesta internacional sobre experiencias y percepciones de la corrupción realizada hasta la fecha es el Barómetro Global de la Corrupción de 2013 de Transparencia Internacional, en la que se preguntó a 114.000 ciudadanos de 107 países no solo acerca de su percepción de la corrupción en su país, sino también si alguien de su familia había tenido que pagar un soborno para obtener un servicio público en el curso de los dos años anteriores” (pp. 2122).

UNODC (2015) Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos. Versión 1.0, Viena: UNODC. Ente los actos ligados a la corrupción, la UNODC incluye el soborno, la malversación o peculado, el abuso de funciones, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. A su vez, señala otros actos relacionados con el producto del delito: el blanqueo de dinero y el tráfico ilícito de bienes culturales. A los fines de nuestro estudio es importante recuperar la definición de Soborno (07031) realizada por la UNODC: “Promesa, ofrecimiento, concesión, solicitud o aceptación de un beneficio

indebido hacia o desde un funcionario público o una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla una función en ella, directa o indirectamente, con el fin de que dicha persona actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales”. Debe destacarse que allí también se distingue el soborno activo del pasivo, restringiendo el primero a la realización de una promesa, ofrecimiento o concesión de un beneficio, y al otro a la solicitud o aceptación de un beneficio. También excluye de la definición de soborno a los actos mediados por “el uso de la fuerza, amenazas, intimidación, amenazas de revelar información comprometedora, o amenazas de difamación”.

UNODC (2018) Manual on corruption surveys. Methodological guidelines on the measurement. Viena: UNODC. I. CORRUPTION MEASUREMENT: BACKGROUND AND CONTEXT 1- International framework for corruption measurement La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible identifica a la corrupción como un obstáculo clave que obstruye el desarrollo de los países. La adopción de un objetivo universal y mesurable implica la necesidad de monitorear el progreso de las políticas a través de evidencias. En particular, el Objetivo 16, reconoce la necesidad de Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que provean el acceso a la justicia para todos y estén basadas en el respeto a los derechos humanos. Estos principios requieren de instituciones libres de corrupción, que sean transparentes, eficaces y que rindan cuentas ante la sociedad. La Asamblea General de Naciones Unidas enfatizó la necesidad de hacer un seguimiento basado en datos nacionales e incentivó a los países a incorporar estas mediciones dentro de sus estadísticas oficiales. El objetivo 16.5 afirma explícitamente la necesidad de “Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas”, para el cual se establecieron dos indicadores que deben ser mensurados: la proporción de personas que han estado al menos una vez en contacto con un oficial público y han pagado o solicitado un soborno en los últimos 12 meses y la proporción de empresas y comercios que han estado al menos una vez en contacto con un oficial público y han pagado o solicitado un soborno en los últimos 12 meses. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue aprobada en 2003 y entró en vigencia en 2005, siendo en la actualidad una de las convenciones más ratificadas. Aquí no se incluye una única definición de corrupción, sino que se reconocen un conjunto de conductas que deben ser criminalizadas (Art. 15-25). Esta Convención incluye un mecanismo de revisión en el cual los estados pueden demostrar y reportar de qué manera han tenido éxito en su implementación, además de establecer una línea de base a partir de la cual los progresos serán mensurados. En este sentido, una de las informaciones solicitadas son las estadísticas sobre corrupción disponibles

en el país. De hecho en el artículo 61 de la Convención se promueve la recolección, análisis e intercambio de información sobre corrupción como una herramienta para monitorear políticas anticorrupción y reconocer su eficiencia y su eficacia.

2- Main approaches to measuring corruption La medición de la corrupción es un gran desafío, debido a que los comportamientos ilícitos se encuentran ocultos y las víctimas no siempre desean o pueden reportarlos a las autoridades por miedo a represalias o por sentirse corresponsables. Por esto se suelen utilizar mecanismos indirectos para acercarse a la corrupción, en los cuales la medición no se basa en la ocurrencia del fenómeno. Algunas de las técnicas indirectas utilizadas son las evaluaciones de expertos y los índices compuestos, las cuales han sido utilizadas en distintos índices e indicadores con amplia repercusión mediática como el Índice de Percepción del a Corrupción de Transparency International, el Indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial, el Índice Global de Integridad de Global Intengrity, etc. Estos han sido útiles para pugnar por la lucha contra la corrupción y situar la problemática en las agendas internacionales, pero son indicadores con una mayor debilidad en relación a su validez y relevancia, puesto que se basan en supuestos subjetivos tanto para la selección de variables o fuentes como para la determinación de los algoritmos usados para combinar los datos heterogéneos. Además, estos indicadores no permiten realizar una desagregación de datos o detallar la información tal como es requerido para desarrollar políticas contra la corrupción. Otro importante método para medir la corrupción son los indicadores basados en la percepción y en la experiencia de corrupción tanto de ciudadanos como de empresarios o comerciantes. Para los primeros se debe tener en cuenta que son opiniones subjetivas que no pueden ser utilizadas como una aproximación a los niveles de corrupción. Ciertas debilidades de los métodos indirectos pueden ser superadas utilizando métodos directos a través de la recolección de evidencia a través de procedimientos estadísticos y estandarizados, no sólo por medio de encuestas a la población sino también recurriendo a datos oficiales sobre casos reportados de corrupción. Sin embargo, se debe recordar que los datos oficiales dejan por fuera una amplia cantidad de casos no reportados que en corrupción es incluso superior a otros delitos. Por eso estos datos sirven más para evaluar la actividad y la respuesta de la justicia ante casos de corrupción que para medir la extensión de este fenómeno. El uso de métodos directos sobre experiencia en casos de corrupción es el acercamiento más confiable para producir la información detallada que se necesita para diseñar políticas anticorrupción (identificar áreas más propensas, procedimientos o posiciones en riesgo, monitorear tendencias, etc.).

The policy relevance of corruption surveys

Las encuestas basadas en experiencia son relevantes para el diseño de políticas anticorrupción porque nos presentan evidencias sobre dónde y cómo ocurren los casos de sobornos, mientras que es sabido que hay un bajo nivel de reporte de este tipo de delitos (más en algunos sectores que en otros). Además, al proporcionarnos indicadores de los sectores más propensos a recibir o solicitar un soborno, nos indican dónde deberían centrarse las políticas anticorrupción. Por su parte, también resulta relevante realizar estudios de manera periódica, puesto que es la comparación entre distintos momentos las que nos permitirá conocer la eficacia de las políticas desplegadas y monitorear la evolución en áreas específicas. A su vez, estas encuestas nos indican el motivo tanto por el cual se suelen entregar sobornos, lo cual nos proporciona una guía de cómo mejorar la prestación de servicios públicos para reducir la realización de actos corruptos, mientras que también señala las razones por la cual no suelen reportarse.

3- Benefits and drawbacks of using sample surveys to measure corruption Las primeras encuestas realizadas para medir la corrupción se realizaron en los ’90, focalizándose en un principio en las percepciones y luego incluyendo también la experiencia de los encuestados. La Encuesta Internacional de Víctimas del Delito también incluyó una sección para medir la experiencia de soborno en la población. Por su parte, la Enterprise Survey del Banco Mundial es una de las principales para medir la experiencia de sobornos a nivel empresa. Con el tiempo ha ido creciendo el número de encuestas nacionales e internacionales que miden la experiencia en corrupción de ciudadanos y empresas, tanto en encuestas específicas sobre el tema como dentro de estudios sobre victimización y gobernanza: el INEGI identificó 113 encuestas de este tipo desarrolladas entre 1993 y 2016. Una de las principales ventajas de la medición de la corrupción a través de encuestas de muestreo es que se puede contar con una larga experiencia en esta materia que puede ser puesto a disposición de un diagnóstico transparente sobre el alcance de los sobornos a través de fuentes directas. Incluso se puede alcanzar información detallada sobre las personas afectadas y sus características sociales, económicas y demográficas; también se puede señalar la situación en el que se solicitó u ofreció un soborno, el motivo. Todo esto permite hacer diagnósticos sobre dimensiones que reducen o aumentan el riesgo, los causantes y las vulnerabilidades a la corrupción, proporcionando información procesable y relevante para el diseño de políticas anticorrupción. A su vez, al ser anónimas y proporcionar un contexto que predispone a los encuestados, estas encuestas permiten superar las limitaciones de los registros oficiales de denuncias al recolectar experiencias que permanecen ocultas. Finalmente, si se realizan con periodicidad, estas encuestas permiten monitorear las tendencias y evaluar las medidas desplegadas contra la corrupción a través de la comparación de resultados obtenidos en distintos períodos. Entre las críticas más frecuentes a este tipo de encuestas se destaca el sesgo ligado al rechazo a la corrupción, lo cual haría menos frecuente admitir experiencias ligadas al soborno. Sin embargo esto varía según el daño que pueda generar la publicidad de estas experiencias: por ejemplo, las

empresas pueden ver más afectada su reputación que las personas, de la misma manera que la divulgación de sobornos grandes pueden generar más problemas. Por ello resulta relevante seleccionar técnicas que maximicen la confidencialidad de las respuestas, a pesar de lo cual estas limitaciones no se llegan a controlar completamente. Otro problema frecuente en estas encuestas está ligado a la precisión de las respuestas obtenidas debido tanto a la malinterpretación de la pregunta como a los olvidos de la respuesta. Si bien estas cuestiones están presentes en todas las encuestas, en este caso las consideraciones culturales acerca de los significados de las experiencias consultadas pueden tener valoraciones distintas ente la población y entre distintos grupos poblacionales. En cambio, los olvidos o las confusiones están más ligadas al deterioro de la memoria y al “efecto telescópico” cuando se intenta situar las experiencias en un período específico. Dado el costo de realizar este tipo de encuestas, su sostenibilidad es otro de los aspectos críticos. A pesar de los beneficios de contar con encuestas sobre corrupción, se debe tener en cuenta que nunca pueden ser el único recurso para obtener información sobre este delito. Para obtener una perspectiva más completa, que vaya más allá de los sobornos, se necesitan otras herramientas que puedan medir otros delitos, tales como aquellos que involucran sumas en grandes cantidades y la malversación de fondos públicos.

II. HOW TO CONDUCT A CORRUPTION SURVEY Las principales razones por las que es importante medir la corrupción son: -

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Gestión y transparencia: Los gobiernos nacionales deben realizar un seguimiento de la magnitud y la tendencia de la corrupción en el país y hacerlo público para la población y los organismos internacionales (monitoreo de la Convención, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc.). Planificación y evaluación: Las encuestas pueden proveer indicadores útiles para medir los objetivos establecidos en las políticas contra la corrupción, siempre y cuando estas se propongan objetivos medibles. Investigación y análisis de la política: Las encuestas pueden usarse para comprender los determinantes sociales, económicos y políticos de la corrupción, además de evaluar los cambios en las medidas y políticas anticorrupción. Sensibilización: Al tratarse de una problemática muy sensible, es importante proveer información.

“el uso de metodologías sólidas y transparentes, que se hayan probado y promovido a nivel internacional, garantiza la generación de resultados valiosos y ayuda a superar los problemas de confiabilidad” (p. 34).

Es importante destacar que si bien una encuesta sobre corrupción proporciona información muy importante sobre el alcance, la naturaleza y los patrones de la corrupción en un determinado momento, el valor de las encuestas se verá muy mejorado al realizar repetidamente encuestas comparables que permitan medir tendencias a lo largo del tiempo. Por estos motivos es importante darle periodicidad a los relevamientos (al menos cada 3 años), en lo posible con intervalos regulares que permitan evaluar las tendencias a largo plazo, las medidas realizadas y tomar decisiones sobre nuevas políticas a implementar. Por otra parte, si bien algunas universidades y organizaciones no gubernamentales pueden tener experiencia y recursos para desarrollar encuestas de calidad, es importante que sean los organismos nacionales quienes se comprometan en el desarrollo de estos estudios porque son los únicos autorizados para proporcionar información oficial. “Además, la infraestructura y las habilidades típicas de las oficinas nacionales de estadística pueden garantizar la sostenibilidad necesaria para realizar encuestas de corrupción a intervalos regulares, lo que es necesario para monitorear el progreso hacia la consecución de la meta 16.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (p. 34).

Mecanismos nacionales para la realización de encuestas de corrupción: -

Memorándum de entendimiento entre el Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT) y la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia (ANAC) 2016 Encuesta sobre corrupción en Nigeria 2017 Encuesta Nacional de Corrupción en Marruecos Encuesta Nacional sobre conducta anticorrupción en Indonesia

En los apartados siguientes se presentan elementos para evaluar el presupuesto de la encuesta, los pro y los contra de las encuestas específicas sobre corrupción y la integración de esta problemática en módulos de otras encuestas más generales (como la de victimización), la definición de los objetivos y las metas de la encuesta,1 la integración de la perspectiva de género en las encuestas de corrupción, la selección del tipo de encuesta a realizar (personal, telefónica o autoadministrada) y el tipo y tamaño de la muestra, el diseño del cuestionario, la selección y capacitación de encuestadores, la realización de pruebas cognitivas y de encuestas piloto, etc. 1

Para ser congruente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una encuesta de corrupción debería tener como objetivo “Generar información para evaluar la prevalencia del soborno, los sectores y grupos de población más vulnerables y la respuesta por parte del estado ante la corrupción”. Por su parte, entre sus metas debería incluirse: Comprender la prevalencia del soborno en el universo seleccionado, Examinar la prevalencia del soborno en grupos de población (por entidad geográfica, edad, sexo, ingresos, etc.) o por las características de las entidades comerciales (sector económico, tamaño, etc.), Explorar el modus operandi y la mecánica del soborno, Estimar el costo del soborno para personas o empresas, Evaluar la probabilidad de denuncia de incidentes de soborno ante las autoridades competentes, Identificar los impedimentos para la denuncia de incidentes de soborno ante las autoridades competentes. (p. 42)

III. CORRUPTION SURVEYS AMONG THE POPULATION Posibles objeticos para implementar una encuesta sobre el soborno por muestreo a la población: -

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Comprender el alcance, la distribución geográfica, la población y tramites de riesgo, los funcionarios involucrados, los tipos de sobornos, el principal motivo para pagar un soborno, etc. Investigar las características demográficas y socioeconómicas de las personas involucradas en un acto de soborno (por ejemplo, edad, género, nivel educativo, nivel de ingresos, exposición a los medios, etc.). Medir la percepción sobre distintas formas de corrupción y contrastarla con la experiencia de los encuestados. Evaluar las políticas anticorrupción y los sistemas de denuncia. Recopilar datos para elaborar el indicador 16.5.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible.

En cuanto a la población objetivo de la encuesta, se recomienda que incluya a personas de 18 años o más y que la muestra sea representativa por edad, sexo y ubicación geográfica, ya que estos grupos de población pueden verse afectados por diferentes niveles y tipos de corrupción. Por otra parte, afirman que el muestreo más frecuente en las encuestas de corrupción en hogares es el “muestreo estratificado” (Unión Europea, Nigeria, Italia, Indonesia, Panamá), pero que también son comunes el “muestreo por conglomerados” (México), el “muestreo proporcional al tamaño” (Indonesia) y el “muestreo por múltiples etapas” (Indonesia). El tamaño de la muestra deberá calcularse según cuáles sean los grupos poblacionales sobre los que se desea obtener información confiable (si es nacional o sub nacional, y ente estos si es por sexo, edad, región, etc.), y según el nivel de detalle que sea desea obtener sobre las características de este delito (teniendo en cuenta que es uno poco común). Se debe tener en cuenta que la base sobre la que se realizan las encuestas a la población son las personas y no los hogares, por lo cual cuando la unidad de muestreo es el hogar se debe realizar una selección transparente de los encuestados. Para ello recomiendan utilizar la regla del cumpleaños más cercano o el procedimiento de tabla de Kish, evitando otras prácticas como entrevistar al “jefe” de hogar o al miembro mayor. En cuanto al diseño del cuestionario, se deben escoger las problemáticas a indagar según sean los objetivos, los cuales se deberán ajustar a los recursos disponibles y a la posibilidad de realizar una encuesta específica o a la inclusión de un módulo en otro estudio. Para el primer caso, consideran que la pregunta más relevante en cuanto a percepción es “¿Qué prácticas corruptas se consideran generalizadas y entre diferentes instituciones?”, mientras que sobre experiencia no deberían altar preguntas sobre sobornos dados o pagados por tipo de funcionario público (si lo hicieron o no y la cantidad de estos teniendo en cuenta si han tenido contacto con ellos) y los sobornos solicitados pero que no fueron pagados, según tipo de funcionario público. Estas preguntas sobre experiencia son las requeridas para poder calcular el avance en los Objetivo de Desarrollo Sostenible, pero

también recomiendan otras preguntas sobre el incidente más reciente y la denuncia. A continuación, se presentan sugerencias y recomendaciones para la correcta redacción de las preguntas, y un nivel de prioridad de funcionarios sobre los que se debería indagar. Para el análisis de datos y la presentación del informe, recomiendan la inclusión de las siguientes secciones: Resumen ejecutivo, Introducción, Alcance del soborno (prevalencia de soborno al tratar con funcionarios públicos entre total de ciudadanos y entre ciudadanos en contacto con funcionarios públicos, prevalencia del soborno al tratar con empleados del sector privado entre total de ciudadanos y entre ciudadanos en contacto con empleados del sector privado), Funcionamiento del soborno (tipo de trámite o contexto, momento, propósito, pagos en efectivo u otra ventaja indebida otorgada, tamaño promedio de soborno otorgado en sector público y privado), ¿Quién recibe los sobornos?, ¿Quién paga los sobornos?, ¿Cómo responden los ciudadanos al soborno?, Conclusiones e implicaciones para la política anticorrupción, Anexo metodológico. Finalmente, en cuanto a la difusión de los resultados recomiendan que estos se comuniquen de una manera que facilite su utilización por todos los ciudadanos y que se enfoque en los indicadores basados en la experiencia y los del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por otra parte, además del informe analítico y las gacetillas a medios de comunicación, se debe realizar una campaña en la web y las redes sociales para informar a profesionales e investigadores. También es importante publicar los detalles metodológicos del relevamiento para dar confianza a los datos recabados, a la vez que se deben divulgar los microdatos para garantizar la transparencia de la información.