Manejo Sostenible De Los Bosques

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES Documento de trabajo de CEDENMA – Grupo de Bosques

Introducción El modelo actual de organización política en el Ecuador, tiene su base de desarrollo en la sobreexplotación de los recursos naturales, modelo en el cual se ha puesto la naturaleza al servicio de la producción. Este es el caso de los bosques, cuyo aprovechamiento ha beneficiado a pocos empresarios nacionales, en desmedro de las economías locales y de la pérdida del recurso. Tal modelo promueve la distribución de la riqueza de manera injusta e inequitativa. Se pone la biodiversidad al servicio de la economía y no la economía para proteger la biodiversidad, ya que utiliza todos los componentes de ella para sostener el desarrollo. En este marco, es necesario un cambio de visión, de comportamiento, un cambio en la ejecución de las acciones que conducen al desarrollo. En ese contexto, los bosques como el principal recurso renovable, deben jugar un papel preponderante.

1. Situación Actual de los Bosques

1.1. La deforestación y el manejo de los bosques nativos La deforestación es uno de los mayores problemas ambientales del Ecuador. Según el CLIRSEN, al año, se talan alrededor de 198.000 hectáreas de bosque nativos. Este proceso, está asociado al cambio de uso para contar con nuevas tierras para agricultura y ganadería, a la extracción de madera y a la explotación petrolera, principalmente. La Sierra y la Costa, han sido las más afectadas por este proceso. En la segunda región, los bosques se concentran principalmente en el noroccidente, una de los sitios con mayor biodiversidad a nivel mundial. Desde allí, se extrae hasta el 80 % de la madera que usan las grandes empresas de contrachapados. A la Sierra pos su parte le resta menos del 2 % de los bosques originales, mientras se expande la frontera agrícola y a la par se pierde una parte de esta (10-15 ton de suelo/ha/año), por malas prácticas culturales. El papel de las grandes empresas en el tema de la deforestación es destacable, pues a pesar de contar con poder económico, no se han responsabilizado del manejo. Sus prácticas son de explotación del recurso, sin hacer casi nada para mantener su productividad a largo plazo. El bosque ha sido tratado como una mina de madera. En el campo, estas empresas pagan entre 20-50 dólares/árbol, y comercializan entre 450 y 700 dólares el metro cúbico de playwood que se consume en el país, mientras que venden el mismo producto a un valor inferior en el mercado internacional.

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Estas cifras, ponen al Ecuador como segundo exportador de contrachapados en América Latina – después de Brasil, y como el país con la más alta tasa de deforestación en Sur América en consideración a la extensión geográfica. Las empresas que producen contrachapados son Endesa, Borrosa, Setrafor (parte del Grupo Peña Durini), Plywood Ecuatoriana, Pelíkano y Codesa (Grupo Álvarez Barba) y Arboriente. Algunas de las empresas, son parte del Forest Stewardship Council (FCS), una institución mundial que establece mejores criterios para el manejo forestal, social, económico y ambiental. Sin embargo, ninguna de esas empresas ha logrado certificar el manejo de bosques nativos, a pesar de varios intentos, pues no cumplen con los criterios impuestos por el FSC. Por otro lado, hay que destacar que casi la totalidad de la madera proveniente de bosques nativos no se sustenta en el manejo sostenible. La práctica es una extracción tipo “minería” donde solo importa sacar el recurso. En este sentido, la extracción de madera, es solo el primer paso para la conversión a otra forma de uso. Se produce entonces, la pérdida total de los bosques. Las principales consecuencias de la deforestación son: • • • •

Pérdida de las funciones ambientales como la regulación del clima y los ciclos del agua, control de la erosión, deslizamientos e inundaciones. Pérdida de la biodiversidad y extinción de especies de plantas y animales. Desaparición de fuentes de subsistencia y culturas de las comunidades que habitan los bosques. Empobrecimiento de las comunidades y poblaciones desplazadas de los bosques y de las zonas aledañas.

1.2. El control forestal Entre un 40 y 60 % de la madera que se consume en el país es de origen ilegal, es decir proviene de sitios donde no hay planes y programas de manejo. Esta situación se constituye en un mecanismo perverso de incentivo para las grandes empresas, muebleristas y otros, que se aprovechan de madera ilegal, y que además pagan precios marginales a los dueños del recurso. La tala ilegal ha llegado inclusive a las áreas protegidas, como el Parque Nacional Yasuní, donde se explota maderas preciosas y han sucedido numerosas muertes de indígenas Tagaeri, lo que muestra lo complejo y peligroso del problema. El Estado a través de sus instituciones y funcionarios ha sido incapaz de montar un sistema afectivo de control forestal, y son frecuentes las denuncias y evidencias que rodean a la actividad.

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1.3. Las plantaciones forestales Ecuador es uno de los países que más tala y que menos planta árboles. Sin tener una cifra exacta por la falta de estadísticas oficiales confiables, se estima que existen unas 170.000 ha de bosques plantados. La mayor parte de esta superficie está cubierta con especies exóticas como eucalipto y pino en la Sierra, y teca en la Costa. Las especies nativas han tenido poco uso. Con tal superficie, la posibilidad de abastecimiento de madera desde las plantaciones es muy pequeña. Así, los bosques nativos son los grandes abastecedores de materia prima para las empresas de contrachapados, para los muebleristas, para la construcción, y en general para cubrir todas las necesidades de madera del país. El Plan Nacional de Forestación y Reforestación propone, mayoritariamente, el fomento de los monocultivos forestales amenazando los derechos de las poblaciones locales, la conservación de los ecosistemas frágiles y tierras agrícolas, y relegando el manejo del bosque nativo. Es evidente que dicho Plan, no consideró suficientemente a la estrategia para el desarrollo forestal sustentable del Ecuador del 2005, la cual contempla elementos más apropiados para el manejo y conservación de bosques nativos y plantaciones.

2. Propuesta de CEDENMA: Hacia un manejo sustentable de los Bosques Bajo este panorama, y aprovechando la construcción de la nueva Carta Política del Estado, CEDENMA, plantea que la biodiversidad, sus componentes y servicios, y los recursos naturales del país, sean de patrimonio de la nación ecuatoriana, y que sea el Estado el único responsable de su administración y manejo. Por otro lado, se propone que la tierra cumpla no sólo una función social sino también ecológica, así todo tipo de cobertura vegetal nativa sería parte de dicha función. Esta idea, trastocaría todas las iniciativas de conservación, manejo y uso de la biodiversidad, en todas sus formas. 2.1. Administración, descentralización y desconcentración El Ministerio del Ambiente debe continuar como la máxima autoridad ambiental, bajo cuya administración deben seguir las áreas protegidas, tanto públicas como privadas, así como la biodiversidad en todas sus formas, la vegetación nativa, las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales. Apoyamos el proceso de descentralización, siempre que éste no implique el debilitamiento de la autoridad ambiental nacional ejercida por el MAE, el cual debe velar porque las instancias descentralizadas (gobiernos seccionales) y desconcentradas (oficinas MAE regionales) cumplan de manera eficaz y coordinadamente con las responsabilidades delegadas y descentralizadas, en el marco de políticas, leyes y normas nacionales. Sin embargo, se propone que

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enfáticamente se exceptúe de procesos de descentralización el manejo y control del bosque nativo, o que al menos haya una gestión especial para este tema. La autoridad forestal deberá ser ejercida por cada uno de los actores de acuerdo a su jurisdicción y su jerarquía. Si bien le apostamos, al fortalecimiento del MAE, proponemos que desde un Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible se emita las políticas y regulaciones nacionales, las cuales serán de cumplimiento obligatorio por parte de los gobiernos seccionales. Estos sólo podrán emitir normas más específicas, pero siempre en el marco de las regulaciones nacionales. En un esquema descentralizado, el MAE deberá tener la facultad de supervisar el ejercicio de las competencias transferidas y ejercer su rol de autoridad ambiental nacional en caso de constatarse incumplimiento por parte de la autoridad seccional.

2.2. Ordenamiento territorial Es urgente que el Estado defina cómo usar el territorio nacional. Para ello, será necesario el concurso de los diferentes sectores (biodiversidad, agricultura, vivienda, vialidad, energía y minas, etc.) para decidir dónde y como queremos las áreas protegidas, los bosques productores y protegidos, las áreas para recuperación, las áreas para urbanismo e infraestructura, para la exploración y explotación minera, y otras. El ordenamiento territorial deberá tener un enfoque integral y ecosistémico, y construirse sobre principios ambientales, sociales, culturales y económicos, e implicará un proceso de negociación política. Convenido así el ordenamiento, será una política de largo plazo para asegurar el uso sostenible del territorio. En este contexto, todas las entidades públicas y privadas, y sobre todo los gobiernos seccionales deberán sujetarse a ese ordenamiento, planificando y ejecutando sus proyectos bajo ese marco.

2.3. Patrimonio Forestal del Estado - PFE Exhortamos a dar cumplimiento a la Estrategia para el Desarrollo Forestal Sustentable (2005) respecto a la adjudicación del Patrimonio Forestal del Estado. Es necesario resolver todos los conflictos existentes y proceder a la adjudicación del remanente, dando prioridad a los posesionarios ancestrales, y luego beneficiar a otros grupos de campesinos. Las condiciones para la adjudicación deben ligarse al manejo sostenible de los recursos, e incluir la figura de reversión de dichas tierras al Estado, cuando no fueren utilizadas de acuerdo a los criterios de manejo con los que se adjudicó. 2.4. Manejo Forestal Sostenible - MFS

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Para asegurar que los bosques nativos sigan cumpliendo con el rol primordial de proveer bienes y servicios, se propone: 1. Mantener el manejo sostenible como un principio constitucional, bajo el cual se inserten los recursos estratégicos del país, como son los bosques y la biodiversidad. 2. Ejecutar el ordenamiento territorial nacional para definir los bosques que deben ser manejados, aquellos que deben ser protegidos y las áreas a ser reforestadas o recuperadas. 3. Crear un sistema de incentivos para el manejo de los bosques nativos que favorezca la participación de los pequeños campesinos a través del no pago de tasas e impuestos, la recepción de asistencia técnica y la búsqueda de mercados por parte del estado, entrenamiento, capacitación, apoyo para dar agregar valor a la madera y productos no maderables, así como la búsqueda de otras alternativas de uso de los recursos forestales. 4. Financiar un programa sostenido de investigación que ofrezca datos para el manejo de los bosques. 5. Permitir el aprovechamiento sostenible de madera para uso industrial únicamente con base en las normas necesarias para certificación forestal. 6. Garantizar la no explotación industrial y comercial de los bosques en las Áreas Protegidas. 7. Recuperar por parte del Estado, las áreas del patrimonio forestal y de bosques nativos que han sido entregados, concesionados y apropiados por industrias madereras, petroleras, mineras, camaroneras, y garantizar que no exista ningún tipo de explotación industrial en ese patrimonio. 8. Dictar una la Ley Forestal para que responda a las necesidades del manejo sostenible de los recursos forestales, de la biodiversidad y de la diversidad cultural de los ecosistemas, garantizando los derechos de los usuarios ancestrales.

2.5. Sistema de control forestal Proponemos poner en marcha un sistema de control forestal con base en un sistema de información geográfica que permita ubicar planes y programas de manejo, medios de transporte, piezas de madera, productos no maderables y de la vida silvestre, depósitos o sitios de destino de la madera. El sistema debe permitir: •

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Generar una base de datos que se actualice en tiempo real, con acceso para que las autoridades forestales ingresen información, y con las suficientes seguridades para que el público consulte las estadísticas o el estado de ejecución o resultados de tal o cual plan o programa. Participar a la sociedad civil en el control forestal a través de veedurías u otros espacios. Verificar el proceso a través de una organización independiente

2.6. Plantaciones forestales

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Con respecto a las plantaciones forestales, proponemos: • •

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Revisar la Estrategia Nacional de Desarrollo Forestal Sustentable con mayor participación de la sociedad ecuatoriana. Modificar con la participación de los diversos sectores el Plan Nacional de Forestación y Reforestación para responder a las necesidades de abastecimiento de madera del país con base a un ordenamiento territorial, selección de especies, y mecanismos claros de participación e incentivos para los pequeños propietarios. Prohibir las plantaciones forestales que impliquen la conversión de la vegetación natural, poniendo énfasis en los ecosistemas frágiles como páramos, humedales y manglares. Prohibir el establecimiento de plantaciones con el fin de elaborar biocombustibles, considerar que las mismas traerán consigo graves problemas sociales y ambientales. Prohibir la introducción de especies invasoras de cualquier índole. Iniciar un proceso de reversión al Estado de las tierras dedicadas a plantaciones forestales y agroindustriales, adquiridas de manera ilegítima.

2.7. Veeduría y control social Proponemos que el Estado constituya y co-financie un ente totalmente independiente de cualquier interés económico y/o injerencia política. Podría formarse en el marco de las veedurías ciudadanas de la CCCC, mediante ley de la República o Decreto Ejecutivo, y estará integrado estrictamente por representantes civiles: universidades, CEDENMA, gremios profesionales, representantes comunitarios e indígenas, entre otros. Entre sus funciones estarán las de velar por el cumplimiento de los grandes acuerdos nacionales y los instrumentos legales y reglamentarios relacionados con el campo ambiental y forestal. Más específicamente, supervisará la ejecución de planes y programas de manejo, supervisará el control forestal, así como el establecimiento y manejo de las plantaciones forestales.

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