Libro Ciudades

PORTADA

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL

DAÑOS Y PÉRDIDAS ASOCIADAS AL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN ÁMBITOS URBANOS: LOS CASOS DE BOGOTÁ, SOACHA, MEDELLIN Y CARTAGENA

SANDRO JIMÉNEZ OCAMPO MARTHA NUBIA BELLO MARGARITA DIAZ BENJUMEA LEDIS MÚNERA GISELLE SERRANO BARRERA ROCIO VENEGAS LUQUE

LOGO GIDES

LOGO USB

LOGO IDRC

GIDES – IDRC (2)

CONTRA PORTADA

JUSTICIA REPARATIVA Y DESPLAZAMIENTO FORZADO DESDE UN ENFOQUE DIFERENCIAL

DAÑOS Y PÉRDIDAS ASOCIADAS AL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN ÁMBITOS URBANOS: LOS CASOS DE BOGOTÁ, SOACHA, MEDELLIN Y CARTAGENA

SANDRO JIMÉNEZ OCAMPO MARTHA NUBIA BELLO MARGARITA DIAZ BENJUMEA LEDIS MÚNERA VILLALOBOS GISELLE SERRANO BARRERA ROCIO VENEGAS LUQUE

LOGO GIDES

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (3)

PAGINA DE CRÉDITOS

Edita:

Grupo de Investigación del Desarrollo Social – GIDES, Universidad de San

Buenaventura Cartagena, Colombia. Con el apoyo financiero de el Centro Internación de Investigación pera el Desarrollo – CIID/IDRC

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN: Sandro Jiménez Ocampo (Investigador Principal): Doctorante en Estudios Políticos, Magíster en Desarrollo Social, Ingeniero Industrial. ([email protected]) Equipo de investigación en el caso Ciudades: Martha Nubia Bello: Trabajadora Social, Magíster en Antropología y en Ciencia Política. ([email protected]) Margarita Díaz Benjumea: Comunicadora Social, Magíster en Salud Pública. ([email protected]) Ledis Múnera Villalobos: Aboga y Filósofa. ([email protected]) Rocío Venegas: Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica. ([email protected]) Giselle Serrano: Politóloga, Especialista en Cooperación Internacional. ([email protected]) Asesoras: Donny Meertens: Antropóloga, PhD en Ciencias Sociales Flor Edilma Osorio: Flor Edilma Osorio. Trabajadora Social. Doctora en Ciencias Sociales. Coordinador Editorial: xxxxxxxxx Diseño e Impresión: xxxxxxx Primera Edición: xxxxxxx ISBN:xxxxxxxxxx

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (4)

DOCUMENTO DE ANÁLISIS SOBRE DAÑOS Y PERDIDAS ASOCIADAS A LA CONDICIÓN DE SER - ESTAR DESPLAZADO EN ÁMBITOS URBANOS..........5 Presentación.......................................................................................................................................................5 Ser – estar desplazado en la ciudad: una experiencia de vulnerabilidad sistémica....................................6

CAPÍTULO 1: DINÁMICAS SOCIALES Y DEL CONFLICTO QUE AFECTAN LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ASENTADA EN LAS CIUDADES...............................................................................................16 Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Bogotá.........................................................16 Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Soacha........................................................23 Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Medellín.....................................................34 Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Cartagena...................................................44

CAPÍTULO 2: DAÑOS Y PÉRDIDAS ASOCIADAS A LAS CIUDADES..............58 La vulnerabilidad de la existencia física y la experiencia de la muerte......................................................58 Las dificultades de los desplazados en los contextos urbanos: la profundización de las pérdidas, los cambios y los daños:........................................................................................................................................63 La confrontación de los imaginarios asociados a la ciudad.........................................................................68 Los daños morales, psíquicos y al proyecto de vida.....................................................................................75 Las prácticas y expectativas de reparación...................................................................................................79

CAPÍTULO 3: COMENTARIOS DEL REPRESENTANTE DE LAS VÍCTIMAS DE SOACHA Y DEL COMENTARISTA SOBRE CIUDADES, ENCUENTRO NACIONAL 17 Y 18 DE MAYO DE 2007 - BOGOTÁ...........................................83 Olga Betancourt: asociación nacional de desplazados ANDESCOL y de la mesa de interlocución, gestión y desarrollo de Soacha y Cundinamarca..........................................................................................83 Marta Villa – Corporación Región – Medellín.............................................................................................86

CONCLUSIONES...................................................................................................88

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (5)

Documento de análisis sobre daños y perdidas asociadas a la condición de ser - estar desplazado en ámbitos urbanos

“Mientras urbanistas y demógrafos anunciaban –a mediados de la década de 1980que las migraciones campo – ciudad llegaban a su fin, un fenómeno con grandes implicaciones para la vida de las ciudades nacía. La reactivación del enfrentamiento entre guerrillas y militares –después del fracaso de la propuesta de paz del presidente Belisario Betancurt- así como el fortalecimiento de los grupos paramilitares, de los ejércitos al servicio del narcotráfico y de las autodefensas campesinas como actores de la guerra, provocó “la derrota” de la población civil que lenta y silenciosamente comenzó a dejar sus tierras y a huir en busca de una nueva residencia”. (URIBE, MT, 2004: 2).

Presentación Este texto trata de realizar un recorrido sobre la última década del proceso que se advierte en la cita anterior. El ejercicio se construye teniendo en cuenta tres ámbitos de interrogación:

los daños y pérdidas específicas asociada a la condición de ser –

estar desplazado en un ámbito urbano; las nuevas afectaciones que sufren los desplazados asentados en grandes centros urbanos producto de las mutaciones del conflicto armado en la ciudad; las relaciones con la respuesta institucional a las vulnerabilidades acumuladas con las que las personas en situación de desplazamiento habitan la ciudad Sin embargo el orden de exposición de nuestros argumentos tratará de cruzar esas distintas preocupaciones para poder mostrar imágenes completas de la problemática.

Para ello el documento parte de un análisis inductivo sobre las

dinámicas de la experiencia del ser – estar desplazado en la ciudad; experiencia vista desde la lectura de los investigadores en distintos lugares geográficos y con referencia a los relatos y encuentros con las víctimas y los agentes de intervención (Las ciudades consideradas en este documento son: Bogotá, Soacha, Medellín y Cartagena). Posteriormente presentamos un paquete de informes por ciudad, done se describen y se detallan las condiciones particulares que cada ciudad le impone a las personas en situación de desplazamiento.

Finalmente se desarrolla una discusión

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (6)

integrada sobre los daños, pérdidas y expectativas de reparación que las propias víctimas de desplazamiento forzado resaltan desde su propia experiencia.

En este

capítulo sólo consideramos relatos obtenidos en las ciudades de Soacha y Medellín. Los de Bogotá y Cartagena no hacen parte de este capítulo, pues la primera no fue considerada para la consulta directa de víctimas por la dispersión enorme que representa una ciudad como Bogotá.

En

el segundo caso, los relatos recopilados

hacer parte del informe sobre Bolívar y la región Montes de Maria, documento que hace parte del paquete general de este proyecto de investigación y que están contenidas en otro documento de análisis específico para esa zona. En síntesis, el propósito central de este documento

es conjugar un análisis

transversal de las ciudades con respecto al paquete de vulneraciones acumuladas para las personas en situación de desplazamiento producto de las dinámicas descritas sobre las ciudades en consideración. Partiendo de allí el texto recoge varias reflexiones al respecto, articuladoas desde una serie de categorías comunes. Dichas

categorías

surgen de una combinación de la información empírica obtenida en las entrevistas realizadas en cada ciudad, pero también de la experiencia de trabajos previos de los investigadores sobre algunas otras ciudades.

Ser

–

estar

desplazado

en

la

ciudad:

una

experiencia

de

vulnerabilidad sistémica En los demás textos que componen el conjunto de estudios de esta investigación se ha discutido con amplio nivel de detalle los daños y pérdidas respecto a los lugares de origen de las poblaciones víctimas del crimen de desplazamiento forzado (ver informes del Choco y de Bolívar); pero en este documento nos focalizaremos en el conjunto de vulnerabilidades acumuladas y nuevas producto del asentamiento de estas poblaciones en centros urbanos de gran escala (Para el análisis se consideraron las dos ciudades mas grandes del país – Bogotá y Medellín – una ciudad intermedia – Cartagena – y un municipio de escala media – Soacha).

Con ello no pretendemos fracturar la

continuidad de la experiencia de ser – estar desplazado, por el contrario, al reconocerla, asegurarnos de que no se invisibilice aquel conjunto de daños que se han agravado o exacerbado producto de la vida en la ciudad. Una primera relación de esta continuidad que se puede advertir después de revisar los informes de las ciudades que se incluyeron en este volumen, es la importancia de la llegada a la ciudad como lugar destino. La alusión al destino final no pretende asegurar que todos los desplazados desde el primer momento de la

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (7)

experiencia de desarraigo esta pensando en terminar en las ciudades; pero dicha expresión si trata de reconocer que muchas de las víctimas, después de múltiples movilizaciones o desplazamientos, terminan por asentarse finalmente en un centro urbano de mediana a gran escala. Un aspecto que es importante destacar, es el proceso de escogencia y llegada a esa “ciudad destino”, el cual tiene implicaciones importantes sobre la manera en que las personas en situación de desplazamiento se vinculan a las dinámicas características de la vida en la ciudad – en general – y su integración en las comunidades receptoras en particular. Esta primera instancia, la del primer asentamiento, tiene dos manifestaciones: La escogencia selectiva y la llegada planificada al lugar destino; y la escogencia aleatoria y la llegada no planificada a dicho lugar. En la dinámica del asentamiento caracteriza por elección aleatoria del sitio de llegada, es donde se vivencia los mayores niveles de vulnerabilidad, pues no se dispone de una red de apoyo y recepción que ofrezcan mínimas garantías, además que, no se tiene conocimiento de la ciudad y las zonas de arribo, ejemplo: “Entonces nos vinimos pa’ Cartagena, con un amigo lechero le dijimos que nos llevara a un barrio nuevo que hubiera en Cartagena y le dijimos que nos dejara en una calle donde no pase carro, nos bajamos en una entrada donde no pasaban carros. Él nos dijo y que, ¿qué más necesitan?; yo le dije no tranquilo ya estamos en Cartagena, aquí hay mucha gente y alguien nos auxilia” Otro tipo de asentamiento, es el que denominamos planificado dado que con antelación se conoce la ciudad y/o el lugar de arribo y además se dispone de una red de apoyo, que generalmente son familias desplazadas con anterioridad y que ya están ubicadas en la ciudad. Este lugar de arribo, en general es transitorio, pues al igual que el primer caso, con cierta prontitud, las redes de información populares dan cuenta de zonas y lugares de asentamiento espontáneos, del tipo “invasión” en donde existen concentraciones mayoritarias

de desplazados, hecho que a

su vez

pareciera

convertirse en una barrera de protección, tanto para mimetizarse como para visualizarse como colectivo. Ejemplo de ello son los casos de la comuna 4 en Soacha, las comunas 8,9 y 13 en Medellín y la 11, 12, 13 y 14 de Cartagena. Después de este primer proceso, la vida en la ciudad comienza a caracterizarse por la lucha por la sobrevivencia; que comienza por ubicar un lugar donde “habitar” lo que generalmente se hace siguiendo las muy eficientes redes de información para la generación de asentamientos espontáneos por fuera de la intervención institucional, acaso porque el reconocer este tipo de asentamientos implica asumir políticamente su

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (8)

existencia,

por ello se mantienen como los sitios de lo invisible, como “un afuera”

cada vez mas notorio, peor no por ello incluido. Pero ese carácter de invisibilidad se da en tanto respuesta institucional, no en tanto

preponderancia

urbana,

de

hecho

Soacha

cuenta

con

347

unidades

habitacionales entre barrios y urbanizaciones, dentro de los cuales 180 corresponden a asentamientos

subnormales

(ilegales,

Geoestadístico Nacional, 2003);

sin

titulación

de

tierras)

(Dane,

Marco

mientras que en Medellín para el año de 1998, la

ciudad ya contaba con 22 nuevos asentamientos de desplazados y habían llegado, aproximadamente, 22.000 personas procedentes de las distintas regiones del Departamento. Este fenómeno ha impactado a la ciudad en su conjunto, pues de las diez y seis comunas en que se divide Medellín, trece reportaban población desplazada, y de un total de 288 barrios existentes, 56 contaban con familias desplazadas”. (NARANJO y HURTADO, 2002: 6) El caso de Bogotá nos muestra un patente contraste frente a esa

lucha

permanente de la población en situación de desplazamiento por un nuevo habitat, frente a su estado anterior:

el 87% de la población afirma haber tenido vivienda

propia antes del desplazamiento, lo cual contrasta con su situación actual en Bogotá donde el 71% manifiesta vivir en arriendo, en tanto un 24% comparte vivienda en una condición que no es la de propietario ni la de arrendatario. “El 45,1% de las familias desplazadas vive bajo condiciones de hacinamiento crítico, es decir, habitan más de tres personas por cuarto dormitorio” (Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C., Corporación Nuevo Arco Iris, 2005:7) El resultado final es que las familias desplazadas terminan ocupando lugares que son apenas “espacios depositarios” (Castillejo: 2000, Jiménez: 2003), lugares periféricos pero controlados, por la presencia intermitente de la autoridad y por las propias dinámicas de ordenamiento del mundo alterno de la informalidad. Ejemplo de ello es el ejercicio del Censo experimental (DANE: 2003) en el que se especializó en describir las características propias de la Comuna 4 contra el resto del municipio de Soacha, mostrando así que en dicha comuna se encuentra la mayoría de población migrante y en situación de desplazamiento que ha arribado a esta ciudad, de igual manera siendo ésta la que presenta el mayor déficit en el cubrimiento de las necesidades humanas de sus habitantes. El resto de la historia de la supervivencia incluye todo el circuito de la economía informal, del que vive la ciudad real toda, las ventas en las zonas de aglomeración comercial o alto tráfico, en las calles, en los buses, el servicio doméstico transitorio, entre muchos otros; que a fuerza de tanteo y error terminan por convertirse en habilidad.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (9)

El

segundo

frente

de

preocupación

de

la

población

en

situación

de

desplazamiento es la lucha por el reconocimiento social e institucional, el desplazado tiene clara consciencia de su estigmatización, que viene tanto del lugareño receptor, que en iguales condiciones aparentes de pobreza encuentra en el desplazado un competidor por los recursos de la caridad institucional. Por su parte las instituciones que no le reconocen su condición de sujeto, si no en las formas mas sofisticadas de registro estadístico y poblacional, de manera que se garantice el orden y el control sobre el desplazado “amenaza”.

De esta manera, el desplazado percibe la ciudad

como exclusión, como restricción, como marginación.

Aquí surge con fuerza

esa

condición de liminalidad: no se pertenece a la ciudad, pero si se la tiene que sufrir; no pertenece a las comunidades de arribo, pero su nuevo espacio existencial esta allí; y tampoco se hace parte de los actores en conflicto, pero su violencia se lleva como lastre. Un primer aspecto de esas luchas por la inclusión que se encuentra en los informes de ciudad que estructuran este texto, es el tardío reconocimiento que los Estados locales hacen de la problemática y de las necesidades de las víctimas de desplazamiento forzoso; por ejemplo, la capital del país presenta la mayor recepción de población desplazada por causas de a violencia sociopolítica desde 1985, aunque los datos que registra el Sistema Único de Registro – SUR – de Acción Social solo datan desde 1995. El problema no sólo es éste primer reconocimiento (meramente formal), sino que la cantidad de personas reconocidas en tanto tales, son muchas menos de la que padecen el flagelo del desplazamiento; A manera de ejemplo, según cálculos de la Arquidiócesis de Bogotá y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES –, entre diciembre de 1997 y noviembre de 1998 se registró el desplazamiento de una población calculada en 54.570 personas que integraban aproximadamente 13.642 hogares, es decir alrededor de 37 familias por día. (Arquidiócesis, 1998) Pero si la condición del primer proceso de desplazamiento (el de los lugares de origen hacia las cabeceras municipales o hacia las ciudades) tardo tantos años, mucho peor fue la respuesta y el reconocimiento del desplazamiento intraurbano, de allí que sólo hasta el año 2003, como resultado de una acción contenciosa (acción de tutela) interpuesta por las víctimas del conflicto; la Corte Constitucional expide la Sentencia T-268/03 en la que se reconoce legalmente la situación y derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado intraurbano. Pero tal vez el hecho que mas toca la cotidiana de los desplazados en sus luchas por la inclusión en ámbitos urbanos, es la estigmatización de la que son objeto por las comunidades de arribo; “el desplazado es estigmatizado al llegar a la ciudad

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (10)

por varias razones, por ejemplo la representación del desplazado bandido parte de la idea generalizada y el lugar común según el cual si alguien es amenazado y tiene que dejarlo todo, “por algo será” “alguna deuda sin saldar tendrá”. Las expresiones desde las propias víctimas representan muy significativamente este hecho: “...Osea, que de pronto podría ser una ciudad histórica, pero amable con la gente que venia en el desplazamiento forzoso.

Osea, eso era lo que me

imaginaba, pero el trato que me daban no era el que yo imaginaba. Al trato, al saber que uno es desplazado, sospechan, de que uno podía ser guerrillero, de que podían haber mandado a uno como detective...” “Ajá, la gente como que no le quiere dar trabajito a uno, como creen que uno también es guerrillero o paramilitar...” “Aquí la población receptora es mala, por eso yo nunca he estado de acuerdo en decir que soy desplazado, en esta ciudad decir desplazado es como un delito...” Pero los mayores de los problemas para el restablecimiento en las ciudades no se reducen a la búsqueda de lugar en esos espacios de depósito y al consecuente reconocimiento en tanto ciudadanos - poseedores de derechos y habitantes de la ciudad.

Rápidamente las personas en situación de desplazamiento se exponen a la

experiencia de la violencia como continum, producto de las mutaciones del conflicto y de las nuevas afectaciones en el ámbito urbano. Muchos de los puntos resaltados en los cuatro informes de ciudad que componen este documento hacen referencia a la paradójica situación de los desplazados, quienes en su huida de las zonas rurales a los centros urbanos, aspiraban estar fuera del alcance de la violencia y del conflicto, para encontrar justamente lo contrario. Puede que en muchos casos no exista un hecho directo que los vincule como objetos de los actores violentos (me refiero a que ya no están buscando la expropiación de sus bienes - que ya lo hicieron - o exigiendo militancia y colaboración, o buscando desarticular movimientos sociales o comunitarios específicos - que ya lo lograron- ), pero lo que si ocurre es que quedan atrapados en el escenario de la violencia como totalidad.

Nos referimos a que los objetivos, los objetos y los

actores de violencia se vuelven absolutamente difusos y permeables los unos con los otros. Todo se disputa: el espacio de invasión, las transacciones para la sobrevivencia,

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (11)

los lugares y los medios de tránsito, la acción social y la dinámicas de la vida pública y colectiva. Expresiones claras de lo anterior son: por un lado, el accionar de los grupos paramilitares, y el de los recién llegados Bloque Santander y Cacique Nutibara, es reconocido y temido por los pobladores de la parte alta de Ciudad Bolívar y de Altos de Cazucá (Soacha), donde se les atribuye la muerte de unas 111 personas entre 2003 y 2004, y de por lo menos 83 más durante los primeros meses de 2005; mientras que en Medellín, según el Observatorio sobre Desplazamiento Forzado, Conflicto y Territorio,

Instituto

de

estudios

Políticos,

Universidad

de

Antioquia,

estas

problemáticas comienzan a aparecer a raíz de la llegada de grupos del ELN y las FARC a los barrios de la ciudad, con la consigna de “cuidar el barrio” y protegerlo de la delincuencia común y el narcotráfico. Sin embargo, estos mismos grupos inician su proceso de extorsión a los comerciantes de los barrios. Este panorama inicial da paso a que en los años 90 y continúa en los primeros años de este siglo, con el aumento de grupos armados dentro de los barrios, lo que ocasionó el desplazamiento de muchas familias de un lado a otro, especialmente, quienes habitaban en el barrio Belencito y más aún cuando en el 2002, ya se comienza a prohibir la movilización dentro de los barrios, el ingreso de personas ajenas a ellos, los retenes y hasta el ingreso de la defensa civil. Todo ello generó, el cierre de establecimientos comerciales y hasta los colegios. Una primera expresión de esta nueva victimización se dirige como mayor énfasis sobre los jóvenes; según el Informe de la Defensoría del Pueblo, Regional Cundinamarca (2002), en Altos de Cazucá, entre enero de 2000 y febrero de 2001, se registraron 59 asesinatos de jóvenes residentes del sector. Estas muertes fueron asociadas en algunos casos, a acciones realizadas por parte de las milicias urbanas de las FARC y/o por miembros del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes adelantaban “limpieza social” y obligaban a los pobladores a abandonar sus lugares de asentamiento. En otros barrios de Altos de Cazucá también se reportaron asesinatos y desapariciones, y los habitantes hablan de más de 15 jóvenes y menores asesinados en un fin de semana. Pero el control ejercido desde la violencia como totalidad no sólo se expresa en muertes y desapariciones, también se refleja en coerción de la vida privada. Estos asesinatos forman parte de una campaña de terror social que va acompañada de amenazas escritas en las paredes de Altos de Cazucá que dicen: “acuesten a dormir a sus hijos temprano o nosotros los pondremos a dormir” (Citado en: PCS Internal. Informe especial La juventud dentro del conflicto urbano, 2005)

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (12)

Estos hechos convierten a la experiencia del conflicto y del desplazamiento interno forzado (ahora también intraurbano) en un continuidad en donde la única escapatoria es iniciar otro circuito de desplazamiento, al interior de la ciudad o fuera de ella de ser necesario. Este proceso es uno de los menos reconocidos, registrados y atendidos

por

las

autoridades

locales,

a

pesar

de

la

sentencia

mencionada

previamente. Al ubicarse en la periferia urbana, después de haber construido física y simbólicamente un espacio propio y continuar con actividades más o menos visibles, se ven expuestas a un segundo, tercer y hasta cuarto desplazamiento forzado, pero no quieren regresar precipitadamente al lugar de donde se marcharon por temor a que continúen las amenazas por las que inicialmente salieron de allí,

por lo que se

refugian en los barrios de la misma ciudad pagando un arriendo barato, pasando por escasa alimentación, abandonando un empleo medianamente estable y afrontando nuevamente la preocupación de encontrar un nuevo trabajo para sostener a la familia. Las personas sin embargo, no abandonan sus residencias inmediatamente cuando sienten la amenaza o la muerte cerca, ya que han vivido momentos de resistencia y afirmación para demostrar su fortaleza. Prima lo que han construido en el lugar donde se encuentran, reviven su primer desplazamiento forzado y se niegan a aceptar la situación de peligro como una realidad. El escenario anterior convierte la existencia en una experiencia de convivencia permanente con las situaciones límite; límite que se expresa cuando se tocan las fronteras de la sobrevivencia, no sólo por la integridad física, sino en términos de la sostenibilidad

económica de las familias.

Al respecto CODHES en su Boletín

informativo # 51, del 15 de junio de 2004 referenciado un pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR –, que afirma: "Los resultados se limitaron en lo fundamental a la atención humanitaria de emergencia con un cubrimiento del 30% de la población afectada. En los campos de prevención, protección y atención post-emergencia las acciones no contribuyeron a garantizar objetivamente los derechos” Esta observación general tiene expresiones concretas en ciudades como Soacha y Cartagena. En la primera la población desplazada tiende a padecer de enfermedades producidas por el deterioro ambiental, el mal estado de las viviendas, la carencia de servicios públicos, el desempleo, la inexistencia de sistemas integrales de seguridad social, El hecho de que Las viviendas no cuenten con una adecuada prestación de

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (13)

servicios públicos ni saneamiento ambiental, genera graves infecciones respiratorias y enfermedades dermatológicas.

En la segunda, en barrios como El Pozón, Nelson

Mándela y los ubicados en torno a la Ciénaga de la Virgen se caracterizan por ser zonas de extrema pobreza donde reside la población desplazada que llega a ciudad;

en estos sectores

la

tiende a padecer de enfermedades producidas por el

deterioro ambiental, el mal estado de las viviendas, la carencia de servicios públicos, el desempleo y la inexistencia de sistemas integrales de seguridad social1. Qué pasa entonces con la respuesta institucional a toda esta problemática después de 20 años del drama de miles de familias y de 10 años de la promulgación de la ley 387 para la protección y el restablecimiento de las víctimas del desplazamiento interno forzado, en el caso particular de la atención en los grandes centros urbanos? Lo que hasta ahora podemos decir es que se sigue privilegiando la intervención y asistencia del tipo “vertical descendente” y construida sobre el principio de “lo mínimo básico como lo único posible” (Jiménez, 2003). Ante esta situación, la población en situación de desplazamiento, asume una lucha por la inclusión de su propia alteridad en la definición de instrumentos de política, al igual que en el diseño de estrategias de intervención. De esta manera el Actor Institucional se convierte en un “Otro” que separa, margina o agrega. Dado lo anterior, la institucionalidad sólo hace presencia intermitente en los espacios de los desplazados,

tanto en el social

como en el territorial. Esto los que los obliga a entrar en un proceso de confrontación y acomodación entre lo que tenían y de lo que no disponen, y entre lo que podían hacer y ahora no. En este proceso, es claro que la mayor dificultad es el paso de los modos de subsistencia

tradicionales

de

las

zonas

rurales,

a

las

demandas

modernas

características de la vida urbana. De esta manera, el espacio urbano se convierte en adversario; pues es lo que debe ser controlado, invadido, transformado o disputado. Es por ello que, aún en los sitios de arribo, los desplazados realizan múltiples movimientos de “desplazamiento intraurbano”, en un camino sin horizonte hacia el encuentro de un “Lugar” que dignifique la existencia. Estos nuevos y transitorios lugares, son inicialmente lugares de convivencia forzada, en donde el desplazado asume una serie de “ritos de paso” (Castillejo, 2000) que van desde la separación, donde el estigma y sospecha sobre el desplazado son la 1

Mayor información en: Estudio de Perfil Epidemiológico de población desplazada y población estrato uno no desplazada en cuatro ciudades de Colombia, Resultados Soacha, Organización Panamericana de la Salud/Instituto Nacional de Salud. Versión Electrónica, 2002.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (14)

constante, pasando por las posturas liminales – entre la pertenencia y la exclusión – hasta la agregación, en donde el desplazado se pliega a un grupo diferente de comportamientos que rigen la interacción social.2 La acomodación final al nuevo asentamiento – que no es mas que el inicio de la transformación de su proyecto identitario – se logra a partir de la resignificación de sus propio saber, y a su vez la incorporación de nuevos aprendizajes, para que de esta manera pueda transitar y movilizarse – en los tiempos y espacios de lo objetivo, la ciudad, y lo subjetivo, su proyecto de vida - Hecho este que no está exento de la reestructuración de los grupos familiares y sociales mas cercanos, lo que a su vez recompone el tipo de roles que dichos aprendizajes demandan. Para finalizar esta síntesis de los resultados que se presentan a continuación, es importante mencionar que la expresión que recoge de la manera mas completa y representativa la vida del desplazado en la ciudad, es el límite como el lugar de existencia. Esto no representa un abstracción producto del ejercicio de interpretación, es una condición empíricamente observable en la cotidianidad del desplazado. Acaso por sus dimensiones descomunales, mas de cuatro millones de desplazados por violencia: 10% de la población colombiana, este debería ser el drama más apremiante para nuestra sociedad en la presente década. Muchas preguntas aun están sin resolver. Lamentablemente la intensidad “in crecendo” del conflicto armado opera en nuestras estructuras de representación, en lo que podríamos llamar, el “estado clínico de urgencia” en donde, a pesar de que reconocemos el carácter estructural del conflicto, estamos convencidos – al menos discursivamente – de la necesidad de pensar en soluciones sostenibles y de largo plazo; pero contrario a ello, nos mantenemos operando sobre lo inmediato – casi compulsivamente - tanto en el orden de lo político como de lo social. Los Desplazados, la última generación de excluidos que se hacen visibles en su intento de invisibilidad, son un ejemplo de resignificación del espacio social y de reedificación de proyectos de vida, a pesar de que la mayoría de los desplazados tienen su génesis en las “culturas de tipo territorial” (Suarez, 2002), tienen una gran habilidad y resiliencia para integrarse a las dinámicas de la alteridad en las urbes colombianas, la vida de la “informalidad” - que de hecho es la manera mas formal de existencia para mas del 50% de la población colombiana – A pesar de ello, existen múltiples representaciones tejidas y construidas alrededor de los desplazados – los nuevos indigentes, los nuevos delincuentes, que terminan por convertir la situación de desplazamiento forzado en una pura “Otredad” (Castillejo, 2000) además de su 2

Mayor ampliación de este proceso se encuentra en CASTILLEJO, Alejandro (2000:80)

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (15)

obligada transición de lo territorial – tradicional, al desarraigo de lo urbano – moderno; tiene que luchar por su reconocimiento social, en medio del estigma, además de dotar sus nuevos territorios de asentamiento o de paso, de un sentido de futuro con el que puedan acceder a la oportunidad de comenzar una nueva vida. Es por ello que, pensar el desplazamiento como el acto simple y reducido de la movilización de el “lugar” original, a un “lugar transicional” destino; es desconocer la dinámica compleja y continua del conflicto del “Ser –Estar Desplazado” (Castillejo, 2000) en donde todo lo definidor del “Ser –Estar” en la vida se transforma, se mueve y deconstruye. De allí que un primer gran cambio en las estructuras de representación sobre el desplazado y el desplazamiento, es considerar éste fenómeno como un proceso de larga duración, altamente desestructurante, producto de un conflicto que se sostiene y sufre mutaciones que permiten la prolongación del estado de “desplazado”. Dada tal continuidad del conflicto, los proyectos de restablecimiento y la reparación de las vícitmas, se debaten entre la inexistencia, la inoperancia, dado que la apuesta institucional continua privilegiando la asistencia en el llamado “período de emergencia” o la propuestas infactibles de retorno. Con todo lo anterior es necesario luchar contra la configuración de los proyectos de restablecimiento a modo de ghettos - reservaciones espaciales, carentes de historia, tradiciones, símbolos y ceremonias. Espacios escogidos e impuestos por gente de afuera, o espacios que se le dejan a aquellos a quienes no se les concede un espacio mas significativo. Son espacios sin polaridad, no están conformados ni por el pasado ni por el presente (Hiraoka, J 1997:48), en donde la existencia se mantiene en el anonimato, en la informalidad, en la carencia y en la precariedad. Lo que de hecho es realidad evidente y aberrante en las distintas ciudades donde realizamos estas aproximaciones. Pero a pesar de nuestros horizontes cognitivos – tanto en las dimensión académica como en política - se mantengan a la zaga de la complejidad de conflicto vivido por los desplazados; ellos prueban una y otra vez, que el “sin sentido” se puede resignificar, que lo liminal es una forma de conectar dos mundos y que su apuesta de vida, esta caracterizada por lo que Castillejo plantea como “una forma de estar en el mundo, no un objeto que se tiene o no se tiene, es una respuesta relacional a un encuentro”. Ellas y ellos nos demuestran que la acción no es apropiada a través de los resultados. En su lucha constante, su capacidad de acción es relativamente independiente de los productos, logrando así la posibilidad de reconocerse como actores sociales, de reconocer su capacidad de producir acción y la capacidad de

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (16)

reconocer sus acciones como propias, y por consiguiente de atribuírselas, aún desde la presencia apenas fantasmagórica del Estado Social de Derecho.

Capítulo 1: DINÁMICAS SOCIALES Y DEL CONFLICTO QUE AFECTAN LA POBLACION EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO FORZADO ASENTADA EN LAS CIUDADES

Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Bogotá La capital del país presenta la mayor recepción de población desplazada por causas de la violencia sociopolítica desde 1985, aunque los datos que registra el Sistema Único de Registro – SUR – de Acción Social datan desde 1995, y para el periodo comprendido entre 1999 y 2005 señala el arribo a la ciudad de 97.100 personas en situación de desplazamiento (PSD) – un 5,82% del total nacional para el periodo en cuestión (de 1’668.508 PSD), ocupando el sexto lugar entre las entidades territoriales del país con mayor número de recepción de PSD –.

Sin embargo son varias las

fuentes, censos y registros de esta población que toman cierta distancia de esta fuente oficial.

Gráfico 2. Comparación del número de PSD expulsadas con las que llegaron a Bogotá D.C. según el SUR, entre 1999 y 2005.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (17)

Fuente: SUR, Acción Social; procesado y graficado por el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia – PIUPC -

A manera de ejemplo, según cálculos de la Arquidiócesis de Bogotá y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES –, entre diciembre de 1997 y noviembre de 1998 se registró el desplazamiento de una población calculada en 54.570 personas que integraban aproximadamente 13.642 hogares, es decir alrededor de 37 familias por día (Arquidiócesis, 1998). Por otra parte El estudio adelantado por la Corporación Nuevo Arco Iris para la Secretaría de Gobierno de Bogotá, titulado El Desplazamiento en Bogotá: una realidad que clama atención, realizado entre 2004 y 2005, señala que en Bogotá hay un total de 558.340 personas agrupadas en 111.628 familias con un promedio de 5 miembros por familia (SGB & CNA, 2005:5)3. Por su parte el Sistema de Información de Derechos Humanos – SISDHES – de CODHES, ubica a Bogotá en el primer lugar con la recepción de 231.313 PSD – un 12,19% del total nacional de PSD para este registro, que es de 1’898.181 PSD –. Como se ve en el Gráfico 2 la proporción de PSD expulsada de la capital – según el SUR – está muy por debajo de la PSD que arriba a la ciudad: para Acción Social entre 1999 y 2005 esta cifra sería de 705 personas. Teniendo en cuenta los datos suministrados por el SUR, la relación entre las PSD que salen y las que llegan a la ciudad es de 1:138, es decir, por cada persona que sale de Bogotá en situación de desplazamiento forzado llegan 138 personas en la misma condición. En términos de número de hogares en situación de desplazamiento (HSD), según el SUR en el periodo de estudio llegaron a Bogotá 25.110 HSD, mientras que fueron expulsados 185, planteando así una relación entre la salida y la llegada de HSD de 1:136. Hay que señalar, según se apreció con anterioridad, que la mayor magnitud en las cifras que manejan ONG’s como CODHES con respecto a las que publica Acción Social, apunta a que no todos los sujetos ni los hogares que se encuentran en esta situación se registran en el SUR. De acuerdo al Gráfico 6 todas las 20 localidades de Bogotá albergan alguna proporción de la PSD que llegó a Bogotá de 1999 a 2005. Pese a que el SUR no cuenta con información de la ubicación del 69,77% del total de dicha población, este registro señala que la localidad a la que mayor proporción de PSD ha llegado es Ciudad Bolívar, con un 5,27%, seguida de Bosa (4,27%), Usme (3,30%), y Kennedy (2,69%),

Secretaría de Gobierno de Bogotá (SGB) D.C., Corporación Nuevo Arco Iris (CNA), 2005, El Desplazamiento en Bogotá: una realidad que clama atención, p. 5, en www.nuevoarcoiris.org; f.a.: 25-01-2006. 3

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (18)

localidades que – con excepción de Usme – están próximas al conflicto urbano de Soacha, municipio con una de las tasas más altas de llegada de PSD en el departamento de Cundinamarca.

Gráfico 6. Distribución de la PSD que llegó a Bogotá de 1999 a 2005, por localidad de llegada, según el SUR

Fuente: SUR, Acción Social; procesado y graficado por el Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia – PIUPC -

La distribución demográfica de la población en situación

de desplazamiento

que llegaron a Bogotá entre 1999 a 2005, muestra que las mujeres representan el 50,8% del total; los menores de edad corresponden al 48% del total del los desplazados. La investigación de la Corporación Nuevo

Arco

Iris

y la

Secretaría

Distrital de Gobierno señala que la proporción de HSD con jefatura femenina es del 52%. “En general, las familias desplazadas se caracterizan por contar entre 4 y 5 hijos en su estructura. Sin embargo, el tipo de familia predominante es la nucleada con un promedio entre 2 y 4 hijos.” (SGB & CNA, 2005:12) Uno de los aspectos más importantes para las posibilidades de reasentamiento de la población desplazada se relaciona con el acceso al trabajo; de allí que sea preocupante la tasa de desempleo de la población en edad de trabajar, que es del 51,8% – proporción de la cual el 53,4% son mujeres y el 50,6% son hombres –, mientras que este mismo indicador, anterior al desplazamiento, apenas era del 1,9% (SGB & CNA, 2005:15-21).

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (19)

En cuanto a los ingresos percibidos por las familias, se nota una situación de exclusión, ya que el 52% recibe hasta $100.000 mensuales y solo el 7% más de $400.000 mensuales. En promedio las familias reciben al mes $168.246, lo que corresponde a 0,47 salarios mínimos mensuales legales vigentes-SMMLV. (…)Los ingresos recibidos, en su mayoría se destinan a la alimentación (50%) y viviendaarriendo (29%), lo cual contrasta notablemente con la estructura de gasto de la canasta familiar definida por el DANE, ya que según esta, en promedio una familia tipo, destina solo el 29,5% de su ingreso a la alimentación y 29,4% a viviendaarriendo, y servicios públicos (SGB & CNA, 2005:17-20). Pese a esta proporción de inversión en la alimentación, sólo el 67% de la población puede garantizarse tres comidas diarias.

En relación con la seguridad

social, el 19% de la población no cuenta con ningún tipo de protección, mientras que del 81% restante el 72% se encuentra cobijado por el régimen subsidiado, el 20% esta como vinculado y el 8% hace parte del régimen contributivo. El 87% de la población afirma haber tenido vivienda propia antes del desplazamiento, lo cual contrasta con su situación en actual en Bogotá donde el 71% manifiesta vivir en arriendo, en tanto un 24% comparte vivienda en una condición que no es la de propietario ni la de arrendatario. “El 45,1% de las familias desplazadas vive bajo condiciones de hacinamiento crítico, es decir, habitan más de tres personas por cuarto de habitación” (SGB & CNA, 2005:19). Respecto a su ubicación futura, el 70% de las familias muestran disposición de permanecer en Bogotá, en tanto un 16% de estos grupos afirman estar interesados en reubicarse en la ciudad o en otra región del país distinta a su lugar de origen. Sólo un 5% estarían dispuestos a retornar. Otro 5% aún no ha definido por cuál vía optar, y un 4% manifiesta querer salir del país. Dinámica y expresiones del conflicto armado en Bogotá Bogotá, como capital de la república, se constituye en lugar de llegada de PSD proveniente de todo el país. Por tanto pensar en las características particulares del conflicto armado que forzó el desplazamiento de quienes allí llegan implicaría pensar en el conflicto armado de toda Colombia – desde sus dinámicas generales e históricas hasta sus particularidades regionales y coyunturales –.

Esa misma condición de

capital del país sostiene el imaginario social que piensa a Bogotá como aislada de una confrontación armada de la que se suele tener noticia en otras regiones del país – rurales, principalmente –, pero por el contrario, tal condición lo que hace es imprimir

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (20)

en la ciudad unas características de especial interés para los diferentes actores armados. La llegada de guerrilleros de las FARC a Bogotá empezó

a delinearse con

mayor claridad a finales de junio de 2001 – a pesar que su presencia data desde la década de 1980-, cuando el ‘Mono Jojoy’ afirmó que la guerra se iba a trasladar a las ciudades. Las FARC, cuenta con frentes limítrofes a la ciudad (Sumapáz), así como con la red urbana Antonio Nariño (RUAN), las milicias Bolivarianas, las milicias populares y los frentes 1, 22 y 47 de las FARC. Las mismas operarían en sectores de Patio Bonito, en Kennedy; El Codito en Usaquen; Juan Rey; los límites con Cáqueza; los barrios vecinos a la cárcel La Picota, en Usme; y Caracolí y Potosí, en Ciudad Bolívar” (Arboleda, 2004: 59). También operan los grupos paramilitares Frente Capital y Bloque Centauro, estos últimos bajo el mando de Miguel Arroyave quien también opera en los Llanos Orientales. Este Bloque Capital – como también es conocido –, opera con las llamadas ‘oficinas de cobro’ de Sanandresito, Corabastos, el 7 de Agosto y otros lugares comerciales de Bogotá; también operan en las localidades de Sumapáz, Bosa, Suba y Puente Aranda, y sectores como el barrio Restrepo, Kennedy, Las Ferias, 7 de Agosto y Cazucá, entre otros (Arboleda, 2004: 61). En Bogotá se presentan disputas territoriales por el control de negocios y zonas estratégicas entre los paramilitares de Arroyave y el Bloque República vinculado a la autodefensa de Martín Llanos, quien opera en sectores como Suba, Los Mártires, Germania y Usme.

El accionar de estos grupos paramilitares, y el de los recién

llegados Bloque Santander y Cacique Nutibara, es reconocido y temido por los pobladores de la parte alta de Ciudad Bolívar y de Altos de Cazucá (Soacha), donde se les atribuye la muerte de unas 111 personas entre 2003 y 2004, y de por lo menos 83 más durante los primeros meses de 2005 – justificadas como parte de una labor de “limpieza social” –. A ello se suman amenazas y desplazamientos forzados, que pese a ser señalados en distintos reportes – entre ellos los de la Defensoría del Pueblo –, las autoridades locales de Ciudad Bolívar dicen no tener conocimiento de tales hechos y sus circunstancias4. Dado el tamaño de la ciudad de Bogotá, ofrece la posibilidad de gran movilidad humana. Usualmente los habitantes se movilizan de un barrio a otro o de una localidad a otra por razones económicas; sin embargo alberga gran preocupación el hecho de constatar la violencia armada producida al interior de los barrios y el desplazamiento

forzado

intraurbano

como

resultado

de

la

misma.

Estos

Noticia presentada en Caracol Radio, Programa “6 a.m. – 9 a.m.”, el 07/06/2006. 4

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (21)

desplazamientos no son registrados en alguna base de datos porque los mismos afectados directos prefieren permanecer en el anonimato para proteger sus vidas. Las localidades más afectadas por esta problemática son Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, estando estas tres últimas muy cercanas al conflicto urbano que se presenta en el municipio de Soacha (Cundinamarca). El desplazamiento al interior de la ciudad obedece también – en palabras de quienes han sido directamente afectados –, a la violencia intraurbana que agota física y emocionalmente a quienes se enfrentan a la angustia de huir una y otra vez del campo a las pequeñas ciudades y luego a las grandes urbes, como Bogotá.

Las

víctimas del desplazamiento intraurbano por lo general son personas que ya han pasado por un primer desplazamiento del campo a la ciudad y al ubicarse en la periferia urbana, después de haber construido física y simbólicamente un espacio propio y continuar con actividades más o menos visibles, se ven expuestas a un segundo, tercer y hasta cuarto desplazamiento forzado, pero no quieren regresar precipitadamente al lugar de donde se marcharon por temor a que continúen las amenazas por las que inicialmente salieron de allí,

por lo que se refugian en los

barrios de la misma ciudad pagando un arriendo barato, pasando por escasa alimentación,

abandonando

un

empleo

medianamente

estable

y

afrontando

nuevamente la preocupación de encontrar un nuevo trabajo para sostener a la familia, pero con la ilusión de una vida más segura para sus hijos – quienes generalmente se encuentran en edad escolar –. La Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta los casos recepcionados y solicitando apoyo y protección ante la violencia armada, el 3 de Marzo de 2004 en su programa de Alertas Tempranas emitió el Informe de Riesgo No.013 -04, llamando la atención sobre la grave situación de violencia en diez barrios de la localidad de Ciudad Bolívar. Estos barrios son: Caracolí, El Paraíso, Los Alpes, Perdomo Alto, Potosí, Santo Domingo, Santa Bibiana, Sierra Morena, Tres Esquinas y Vista Hermosa. El informe señala también que existe un inminente riesgo de desplazamiento intraurbano de jóvenes como consecuencia del accionar de los grupos de autodefensas y milicias. Inicialmente el accionar del paramilitarismo contemplaba el ‘ir y volver’ a las zonas de control. Ahora, la dinámica pasó al método de ‘instalarse’ en determinados barrios y operar en los barrios vecinos para no ser reconocidos. desplazamiento intraurbano en Bogotá confirma el

El análisis del

“anonimato” como fenómeno no

superado por las personas y familias que continúan viviendo el drama del desplazamiento forzado porque han recibido amenazas de muerte, situación que habla de la precariedad de su condición al migrar de la ciudad o de una localidad a otra.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (22)

El desplazamiento intraurbano ha dejado una serie de pobladores en situación de desplazamiento que legalmente no fueron reconocidos como tal hasta el año 2003, como resultado de una tutela interpuesta por las victimas del conflicto.

La

Corte

Constitucional expide la Sentencia T-268/03 en la que se reconoce legalmente la situación y derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado intraurbano.

Este hecho obliga a las instituciones del Estado a crear una política

pública nacional en desplazamiento intraurbano, hecho que no se ha traducido en acción política específica. Al respecto el informe 1998-2000 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR –, afirma que los resultados se limitaron en lo fundamental a la atención humanitaria de emergencia con un cubrimiento del 30% de la población afectada. En los campos de prevención, protección y atención post-emergencia las acciones no contribuyeron a garantizar objetivamente los derechos5.

Un común denominador en la aplicación de políticas

públicas de este tipo es la falta de alcance para suplir las demandas de la población en situación de desplazamiento, que no se derivan solamente del alto grado de vulnerabilidad correspondiente a sus condiciones elementales de vida, sino también del requerimiento de reparación en materia de daños causados, tanto materiales como simbólicos.

5

CODHES, Boletín informativo # 51, Bogotá 15 de junio de 2004.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (23)

Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Soacha

Mapa No. 1 Localizaci— n de l Municipio de Soacha en el Contexto Departamental y Nacional

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2000) Monografías Territoriales. Soacha Región Bogotá – Sabana; DANE, POT – Soacha - Defensoría del Pueblo (2002) Regional Cundinamarca. Informe preliminar Sondeo Dane 2003. Cálculos y graficación: Manuel Pérez. 2003

Soacha junto al municipio de Sibaté pertenecen a la Provincia Número 12 de las 15 en las que se encuentra divido el Departamento de Cundinamarca. Este municipio cuenta con 347 unidades habitacionales entre barrios y urbanizaciones, dentro de los cuales 180 corresponden a asentamientos subnormales (ilegales, sin titulación de tierras). El municipio presenta una división geográfica de seis (6) comunas urbanas y dos (2) corregimientos rurales. Las comunas urbanas cuatro (4) y seis (6) conforman los sectores de Altos de Cazucá y Ciudadela Sucre, respectivamente. Estos sectores son vistos como los más “críticos e inmanejables” por las situaciones que allí se

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (24)

desarrollan. El 70% de su población se ubica entre los estratos socio económicos cero, uno y dos.

Gráfico No. 1 Crecimiento Poblacional en el Municipio de Soacha 1939 - 2002 C

r e

c i m

ie

n

t o

p

o

b

l a c i o

n

a l

e

1 9 3 9

n

-

e

l

M

u

n

i c i p

i o

d

e

S

o

a c h

a

2 0 0 2

6 0 0 . 0 0 0

5 0 0 . 0 0 0

4 0 0 . 0 0 0

3 0 0 . 0 0 0

2 0 0 . 0 0 0

1 0 0 . 0 0 0

-

1 9 3 9

1 9 5 1

1 9 6 4

1 9 7 3

1 9 8 5

1 9 9 0

A

–

T o ta l

o

p o

1 9 9 3

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

2 0 0 2

s

b l a c i — n

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2000) Monografías Territoriales. Soacha Región Bogotá – Sabana; DANE, POT – Soacha - Defensoría del Pueblo (2002) Regional CundinamarcInforme preliminar Sondeo Dane 2003. Cálculos y graficación: Manuel Pérez. 2003

Según el último Censo de carácter experimental realizado en el año 2003 en el municipio, Soacha cuenta de 363.019 habitantes.

Según esto, la población del

Municipio se incrementó en un poco más de 130.000 personas entre los años 1993 y 2003, pasando de 230.335 a 363.019 personas, lo cual significa un aumento medio anual del 13 mil personas y una tasa de crecimiento media anual de 4,7%, muy por encima del promedio nacional, que para ese mismo período se estima en 1,83% y del promedio de Bogotá de 2,48% (DANE, 2003). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – del total de los habitantes del municipio, el 20% pertenece a la etnia raizal y el 80% restante proviene de otros lugares del país: bogotanos (30%), boyacenses (20%), y el otro 50% se distribuye entre tolimenses, santandereanos, antioqueños, así como un número considerable proveniente de la Costa Pacífica y los Llanos. El hecho del considerable aumento poblacional en el Municipio hace que más personas necesiten de los recursos, bienes y servicios suficientes para satisfacer sus necesidades de una manera digna, sin embargo teniendo en cuenta lo que anteriormente se exponía en Comunas como la cuatro y la seis, se presentan grandes dificultades para que toda la población acceda de la manera adecuada a tales

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (25)

elementos; siendo además estas Comunas las que reciben la mayor proporción de Población en Situación de Desplazamiento (PSD) que arriba al municipio huyendo de las expresiones de la confrontación armada que se vive a la largo del territorio nacional, buscando mejores condiciones de vida. Mapa No. 2 División por Comunas del Municipios de Soacha

Fuente: POT Municipioa de Soacha, 2001, DANE, Mapa geoestadístico nacional MGN, 2003.

El poblamiento de Altos de Cazucá ejemplifica la complejidad de la constitución del municipio de Soacha. En un principio, esta zona del municipio se convierte en lugar de ocupación para reinsertados del Partido Comunista (PC) en 1975, y más adelante del M-19 en 1990; y hoy día es lugar de residencia de las numerosas víctimas del desplazamiento forzado ocasionado por la violencia sociopolítica colombiana.

Los

primeros asentamientos en el sector de Altos de Cazucá, se hicieron hace aproximadamente 28 años; comenzó a conformarse con el barrio Julio Rincón, el cual tuvo su origen a causa de una invasión realizada en el año de 1978 por PROVIVIENDA6 6

Acero, Nidia y Zapata, Miriam, Estudio de Mercado Laboral. Sector Altos de Cazucá, Cámara de Comercio de Bogotá. Universidad Santo Tomás. Santa Fé de Bogotá, 1998.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (26)

para miembros del Partido Comunista. El Barrio Villa Mercedes corresponde a la última invasión auspiciada por PROVIVIENDA, que ayudaron a la consecución de terrenos en el barrio Carlos Pizarro, en 1990 para reinsertados del M-19 y el EPL. En 1994, se creó el Barrio Santa Bibiana, y desde entonces se han conformado la mayoría de barrios, algunos de ellos: Santo Domingo, Luis Carlos Galán I y II, Loma Linda, Casa Loma, Balcares, Canteras de Vista hermosa, que existen actualmente, en su mayoría por invasión o por urbanizaciones piratas. (Acción Defensorial Municipal, 2001) Dimensiones del Desplazamiento en el Municipio de Soacha. Según el Censo Experimental de 2003 el 5.7% de la población total del Municipio se encuentra en condición de desplazamiento forzado7; es así que en los datos que suministra el Sistema Único de Registro de Acción Social entre los años 2000 a 2005, Soacha recibió un total de 2.773 hogares con 14.150 personas que tuvieron que desplazarse de manera individual de sus lugares de residencia. Esto corresponde al 35% total de la PSD que llegó durante ese período al Departamento de Cundinamarca, siendo el año 2002 el cual presenta mayor número de PSD llegada al Municipio (ver gráfico #3).

Es posible pensar la PSD llega y se

asienta en Soacha por las posibilidades económicas que puede tener el municipio dada su cercanía con la ciudad capital, y por la necesidad de anonimato frente a los grupos armados insurgentes y/o contrainsurgentes. Oficialmente la problemática del desplazamiento forzado ha sido reconocida a partir del Decreto No. 1412 del 11 de mayo de 1998 con el cual se crea el Comité Municipal de Atención Integral a la Población Desplazada. De otro lado en el 21 de agosto de 2000 mediante el Decreto 216 se decide modificar el anterior Decreto No. 1412 del 11 de mayo de 1998 y se crea el Consejo Municipal de la Población Desplazada de Soacha, “con el fin de ampliar las funciones del mismo. Se adicionaron los siguientes miembros: un representante de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los desplazados, un representante de la Red de Solidaridad, el secretario de educación del Municipio y el director del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte.” (Acción Social, 2006)

7

Caballero R. Cesar A., El Censo de Soacha, un logro de muchas buenas voluntades, Tomo I, Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE –, Organización Mundial para las Migraciones – OIM –, Bogotá, 2004.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (27)

Gráfico No. 3 Nœ mero de PSD llegadas y expulsadas del Municipio de Soacha 2000 - 2005

N

m

œ

e

r

o

d

d

e

e

l

P

S

M

u

D

n

i c

2

5

0

0

0

4

5

0

0

4

0

0

0

3

5

0

0

3

0

0

0

2

5

0

0

4

2

5

9

4

3

0

l l e

g

i p

i o

0

0

0

0

0

1

5

0

0

1

0

0

0

5

0

0

1

6

2

d

d

- 2

0

a

s

e

0

y

S

e

o

a

x

c

p

l s

a

d

a

s

a

5

8 3

1

8

1

6

1

2

4

u

h

5

2

2

a

1

2

1

1

5

0

6

l e

g

E

x

p

a

u

d

l s

a

a

s

d

a

s

5

8

3

1

6

L

4

3

0

0

2

0

0

0

2

0

0

1

2

0

0

2

2

0

0

3

2

0

0

4

2

0

0

5

Fuente: Datos Acci— n Social, Procesado y Graficado: Programa de Iniciativas Universitarias para la Paz y la Convivencia Ð PIUPC Ð 2006

Posteriormente el 25 de mayo de 2003 se realiza en Soacha el Censo Experimental de Población y Vivienda “Somos los que estamos y estamos los que somos”, en este ejercicio se integraron tres variables nuevas con respecto al censo anterior: discapacidad, migración y desplazamiento, reportando un crecimiento poblacional notorio en el municipio, como ya se enunció anteriormente. Parte del Censo se especializó en describir las características propias de la Comuna 4 contra el resto del municipio, mostrando así que en dicha comuna se encuentra la mayoría de población migrante y en situación de desplazamiento que ha arribado a Soacha, de igual manera siendo ésta la que presenta más déficit en el cubrimiento de las necesidades humanas de sus habitantes. A su llegada, la población en situación de desplazamiento debe encontrar un sitio en donde resguardarse, en Soacha la Comuna 4 (Altos de Cazucá) es el sector de mayor recepción, con un total de 7.718 personas, de las cuales se encuentran 3.848 hombres y 3.870 mujeres. A dicha Comuna la siguen de la Comuna Uno, con 2.907 personas y la Comuna Seis con 2.436 personas respectivamente. Esto respondiendo bien sea porque allí se encuentran amigos y/o familiares, o por referencias que les han dado. Tal Comuna se encuentra conformada por 44 barrios y se concibe como uno de los sectores con mayor número de necesidades, dentro de ella se establece la población más pobre del Municipio, con viviendas reducidas por la alta concentración de personas, sin lugares adecuados de recreación, ni equipamiento de salud y educación que logre atender a toda la población, además allí se establecen la mayor cantidad de depósitos de materiales de construcción (Acción Social, 2006), es decir,

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (28)

que la población en situación de desplazamiento que llega a Soacha se instala en este sector periférico y bastante precario. Con el agravante de los conflictos por la tierra, pues grandes terrenos son divididos en lotes, y estos arrendados o vendidos de acuerdo a su extensión, con un documento de ‘compra-venta’; también se hace el intercambio o permuta por electrodomésticos o bienes como bicicletas, muebles, etc. Uno de los grandes conflictos presentados en el sector es la compra venta de terrenos porque los propietarios usualmente no viven en el lugar y venden un mismo terreno a varios compradores. Gráfica No. 4 Población en el Municipio de Soacha que se declaró desplazada, por área. 2003

P

o

b

l a

c

i —

n

q

u

e

s

e

d

e

c

l a

r

—

d

e

s

p

l a

z

a

d

a

,

p

o

r

á

r

e

a

.

2

0

0

3

20.000

17.751 18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

7.718 8.000

6.000

4.000

2.907 2.436

2.261 1.322

2.000

866 40

201

0

Total

Comuna 1

Comuna 2

Comuna 3

Comuna 4

Comuna 5

Comuna 6

Centros

poblados

Rural

disperso

çreas

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE –, Censo Experimental, Soacha, 2003

En los cinco últimos años ha llegado población afrocolombiana procedente de Cali, Buenaventura y Quibdo. Esta población ha encontrado rechazo y señalamiento en su proceso de ubicación en los barrios de llegada. Asimismo, en el primer semestre de 2005, llegó a la zona un grupo significativo de población indígena que no ubicó su lugar de procedencia dados los inconvenientes del manejo de la lengua. Algunos miembros de este grupo fueron reubicados cerca a los departamento de Antioquia y Chocó. En la Isla, Los Robles y el Oasis, barrios de Altos de Cazucá, se ha constatado la presencia de aproximadamente 250 familias de las cuales 90 están afiliadas a AFRODES, de este porcentaje la mayoría son jóvenes y niños (57%), y de estos el 19% fluctúan en edades comprendidas entre los 11 y 17 años; pero de igual forma se

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (29)

encuentran asentamientos significativos de población afro en las localidades de Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón, Santafé y Suba”.8

Gráfico No. 5 Pertenencia Žtnica de la PSD asentada en el Municipio de Soacha

Fuente: DANE, OIM, Tomo 9 Desplazamiento Forzado, Página 23, 2005

El interés por el dominio territorial ha sido desde su creación una causa constante de conflicto entre los habitantes de los barrios de invasión, en proceso de consolidación y nuevos barrios. Las familias desplazadas han sido, en algunos casos, víctimas esta vez de la especulación. Pero el conflicto territorial no se da solo por la propiedad de la tierra, también se da por la búsqueda de dominio de la guerra, mediante actos violentos como hostigamientos, destierros y asesinatos selectivos en la zona. Estos aspectos sumados a la desigualdad social y la violación permanente y sistemática a los derechos humanos, han sido las problemáticas más serias que enfrentan las personas en situación de desplazamiento que llegan tanto a las zonas periféricas de Bogotá como de Soacha. Entre las situaciones más difíciles a la que la PSD debe enfrentarse esta la dificultad para acceder a una vivienda digna, así como la falta de oportunidades laborales, asociada no sólo a la falta de calificación para los oficios urbanos, sino al estigma social y racial de que son objeto “los desplazados”. 8

La población juvenil afrocolombiana en Bogotá, entre la discriminación y la violencia política. Documento preparado por la red juvenil afrocolombiana de liderazgo en el festival nacional juvenil. Bogotá mayo de 2005.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (30)

En Soacha el desempleo supera el 34 %. Esta cifra revela uno de los mayores problemas para los pobladores del municipio, en especial para los migrantes puesto que además, en su caso, es la negación del ejercicio del derecho al trabajo remunerado por su condición de desplazado, lo que implica ser “excluido”, por los estigmas como posible “delincuente” o por la falta de preparación para desempeñar los cargos calificados en la ciudad.

A ello se suma la carencia de documentos de

identidad y demás requisitos para contratación, tales como referencias y experiencia comprobada. Otro elemento que unido a lo anterior dificultad el acceso de la PSD al campo laboral es que según el Censo Experimental de 2003, 3.277 personas de ésta población tienen algún tipo de discapacidad permanente.

Muchas de estas

discapacidades son producidas en el momento o después del hecho violento del desplazamiento forzado. Discapacidades que no son solo del corte físico como: mutilación de una parte de las manos, mutilación de una parte del pie, pérdida parcial de la vista; sino también pérdidas de tipo emocional que en ocasiones impide un desenvolvimiento social y laboral adecuado. De otro lado, las zonas habitadas por población en situación de desplazamiento son las que presentan menor abastecimiento en servicios sociales y equipamiento comunitario, como son la Comuna 4 y la 6.

El hecho de que Las viviendas no cuenten

con una adecuada prestación de servicios públicos ni saneamiento ambiental, genera graves infecciones respiratorias y enfermedades dermatológicas (EDA – Piodermitis) a la niñez9 que allí habita, y desafortunadamente la atención médica no es oportuna y adecuada. De igual manera los niños y las niñas dentro de esta población presentan falta de alimentación balanceada de acuerdo a sus edades y grados de desarrollo “Se encontró una prevalencia de 6.1 por ciento de desnutrición aguda en desplazados (…) desnutrición crónica 17.6 por ciento (…) y con una desnutrición global 7.1 por ciento (…)”10. La situación de estas familias se agrava por la intención de control social y político que actores armados ejercen dentro de las comunas, la venta ilegal de lotes, el control del suministro irregular del agua, el control y cooptación de las Juntas de Acción Comunal y las Organizaciones No Gubernamentales de base; la cooptación de

9

Cfr. Estudio de Perfil Epidemiológico de población desplazada y población estrato uno no desplazada en cuatro ciudades de Colombia, Resultados Soacha, Organización Panamericana de la Salud/Instituto Nacional de Salud. Versión Electrónica, 2002. 10 Cfr. Estudio de Perfil Epidemiológico de población desplazada y población estrato uno no desplazada en cuatro ciudades de Colombia, Resultados Soacha, Organización Panamericana de la Salud/Instituto Nacional de Salud. Versión Electrónica, 2002.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (31)

pandillas y mafias; el reclutamiento forzado, desapariciones, violaciones y asesinatos selectivos de jóvenes; y el desplazamiento interbarrial y urbano11. En el año 1995, teniendo en cuenta el acceso desde Sumapaz, las FARC, comienzan su proceso de implantación conformando las denominadas milicias urbanas, creadas para contar con apoyo en la red política del movimiento, sin tener calidad de combatientes, pero con labores de inteligencia, investigación, secuestros y planes de trabajo con los pobladores a fin de ganar terreno político. En 1998, rompen relación con el partido comunista debido a que ejercen presión política en el sector, queriendo manejar el proceso electoral. Por la misma época, entran a operar en la zona grupos al mando de Carranza, que patrocinan la conformación de sicarios con jóvenes de pandillas. Para el año 2001 se manifiesta abiertamente la presencia de grupos de Autodefensas mediante la ejecución de acciones armadas principalmente en las comunas 4 (Altos de Cazucá) y 6 (Ciudadela Sucre), las acciones armadas que realiza dicho grupo han enfrentado de nuevo a la PSD que reside en estos sectores de nuevo a la violencia de la que pretendieron huir.

Mapa No. 3 Número de Víctimas dentro del Municipio Soacha por Comunas (Fuente: Medicina legal) 11

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR –, Ponencia presentada en la cátedra virtual de desplazamiento forzado en Colombia, Octubre 3 de 2005.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (32)

Tener la posibilidad de ejercer y defender sus derechos se dificulta por estas situaciones pero además como es el caso de Soacha se complejiza aun más por la presencia nuevamente de actores armados que se han dirigido a las ciudades por las dinámicas del conflicto que presenta el país, es así como la existencia de grupos de Autodefensas en Soacha, específicamente en Altos de Cazucá se caracteriza por el uso de la violencia indiscriminada (homicidios, masacres, entre otros), para establecer un dominio territorial y control social del sector, considerado como “puente” entre el Departamento de Cundinamarca y Bogotá, es por ello que los hechos violentos se extienden hasta la localidad de Ciudad Bolívar, con la cual limita Altos de Cazucá, entre el 2001 y el 2003, 437 personas fueron asesinadas en esta Comuna, de estas, por lo menos 244 eran hombres jóvenes y menores de edad.

Gráfico No. 10 Tasas de Homicidios del Municipio de Soacha 1998 - 2003

Fuente: Din‡mica Reciente de la Confrontación Armada en el Departamento de Cundinamarca, Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, www.derechoshuamnos.gov.co

Estas

modalidades de violencia responden a intereses estratégicos sobre la zona,

produciendo diariamente desplazamientos “gota a gota”, en especial de los familiares de los líderes comunales y de personas que participan de procesos organizativos. Las personas que se ven obligadas a un segundo y tercer desplazamiento salen de Soacha para municipios vecinos o para localidades de Bogotá, como: Kennedy, Bosa, Suba y San Cristóbal. En el año 2005, se hacen sentir las voces de varios líderes sociales perseguidos en sus lugares de vivienda, de trabajo y fuera de ellos. En el segundo semestre, se conocen denuncias frente a organismos internacionales y nacionales (Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, ACNUR, PMA, Defensoría del pueblo, Personería municipal), que manifiestan el rechazo por la presencia, abusos y

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (33)

violaciones cometidas por encapuchados con armas de fuego bajo la mirada pasiva de las autoridades. La persecución a muerte contra representantes legales de la “Corporación Fe y Esperanza”, y “El Futuro son los niños”, así como las amenazas y destierros a jóvenes habitantes del barrio Luis Carlos Galán III sector, provienen de grupos que se identifican como Autodefensas del Guaviare. Ante este escenario de violencia, miedo, inseguridad e incertidumbre creciente, es

recurrente

que

en

la

población

afectada

reaparezcan

sentimientos

y

manifestaciones emocionales vividas con el desplazamiento forzado: la desconfianza, el insomnio y la inestabilidad.

Algunos, con algo de suerte logran salir del país con

vida, otros no tienen otra alternativa que deambular por las canteras en una acción continua de ocultamiento para preservar la vida. Lo anterior refleja la manera con la cual el miedo, la inseguridad y la desconfianza se introducen dentro de una comunidad; la tensión y la zozobra aumentan, producto de las amenazas de muerte y la falta de garantías a sus derechos básicos de ciudadanía y protección. Por el efecto de las armas, la comunidad se neutraliza, se fragmenta, lo cual constituye también uno de los mayores obstáculos de campo en el fortalecimiento de redes sociales, el acompañamiento y la investigación del fenómeno del desplazamiento forzado en el municipio de Soacha. El desplazamiento intraurbano en Soacha, especialmente, en las comunas donde se ubica esta población, se produce después de las amenazas de muerte, de expulsión, de los hostigamientos, o ante la negativa de tenderos y transportadores de pagar los impuestos exigidos por grupos paramilitares. Altos de Cazucá se ha caracterizado por ser un sector que maneja la doble dimensión de llegada y expulsión de población afectada por el desplazamiento forzado. Hasta las casas llegan actores armados con lista en mano a buscar líderes comunitarios que han huido de otras zonas del país. Las personas sin embargo, no abandonan sus residencias inmediatamente cuando sienten la amenaza o la muerte cerca, ya que han vivido momentos de resistencia y afirmación para demostrar su fortaleza. Prima lo que han construido en el lugar donde se encuentran, reviven su primer desplazamiento forzado y se niegan a aceptar la situación de peligro como una realidad. De todos modos, cuando la vida de sus hijos se pone en entredicho, se contempla la idea de salir. Generalmente, ésta se da en forma escalonada, primero a las mismas comunas de Soacha, luego a las localidades de Bogotá, y si es el caso, a cruzar las fronteras.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (34)

Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Medellín La zona urbana de Medellín se compone de 16 comunas (ver mapa 1), que incluyen 249 barrios urbanos oficiales y 20 áreas institucionales; la zona rural se compone de 5 corregimientos (San Cristóbal, San Antonio de Prado, Altavista, Santa Elena y Palmitas) con sus respectivas veredas.

Al analizar la distribución de la población

estimada por comuna y según sexo se presenta la siguiente situación. (tabla 3). Tabla 3. Población estimada a 2005 por comunas y según sexo. Comuna 1. Popular 2. Santa Cruz 3. Manrique 4. Aranjuez 5. Castilla 6. Doce de Octubre 7. Robledo 8. Villa Hermosa 9. Buenos Aires 10. La Candelaria 11. Laureles Estadio 12. La América 13. San Javier 14. El Poblado 15. Guayabal 16. Belen Total

Hombres 53534 41407 67769 62223 66001 90035 75491 48293 57813 34596 51239 42020 56573 41143 34333 71746 894216

Mujeres 62778 48536 79501 72944 74417 102621 84444 56157 67131 40251 65555 51740 76489 53561 42022 87644 1065791

Total 116312 89943 14727 135167 140418 192656 159935 10445 124944 74847 116794 93760 133062 94704 76355 159390 1733459

FUENTE: DANE. Proceso Departamento Administrativo de Planeación de Medellín. Unidad de Clasificación Socioeconómica y Estratificación. 2005.

Las comunas más densamente pobladas concentran población de estratos medio, medio bajo y bajo. Ellas fueron ocupadas por un proceso de loteo pirata o de invasión, que aunque con precariedades en su dotación de espacio público y comunitario se han ido consolidando como lugares de residencia de un gran número de pobladores de la ciudad. En estos barrios, la economía informal que es la principal fuente de ingresos no satisface las necesidades básicas de alimento, vestido y albergue digno, ya que hay muchos hogares que sobreviven con recursos ocasionales, sin un ingreso permanente.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (35)

La violencia ha tenido un impacto significativo en estos barrios ya que la población joven masculina se ha reducido significativamente debido a sus muertes prematuras por la participación en enfrentamientos, grupos al margen de la ley, tráfico de drogas o el sicariato. En estos casos, las mujeres jóvenes han tenido que asumir la jefatura del hogar, ya que necesitan sostener a sus hijos quienes quedan huérfanos a muy temprana edad.

La segunda mitad de la década de los 80 representó la

consolidación de bandas y milicias urbanas bajo la influencia del narcotráfico que generalizaron en la ciudad un ambiente de violencia en el que el homicidio resolvía todo tipo de conflictos. Desde entonces Medellín viene recibiendo población desplazada que se instala en los llamados “asentamientos subnormales” en zonas declaradas “de alto riesgo” con deficiencias en la prestación de servicios sociales básicos y enfrentando condiciones de desempleo, desnutrición y violencia. Los lugares de llegada de las personas en condición de desplazamiento interno forzado, están mediados por una serie de rutas que siguen las personas cuando se da el evento de desplazamiento. Ellos son: el desplazamiento forzado rural-urbano (de las veredas hacia la ciudad), desplazamiento forzado interurbano (de las cabeceras urbanas municipales a la ciudad) y el desplazamiento forzado intraurbano (de un barrio a otro barrio). Aunque los años álgidos de los procesos de desplazamiento interno forzado en Colombia comenzaron en la década de los 80, con sucesos muy fuertes en 1986, sólo es en la década de los año 90 cuando se inicia un registro de estos sucesos y se inicia una visibilización real de la situación. A partir de allí, se detectan de manera más fácil los lugares de llegada y evolución del desplazamiento a la ciudad de Medellín. Según la división realizada por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia(NARANJO, G, 2004), ellos se pueden ver con más claridad en los siguientes períodos:

El primer período, 1992-1995: se registran las primeras

oleadas de personas desplazadas hacia las ciudades. Ellas llegan a barrios ya establecidos dentro de la ciudad y algunos nucleados en zonas de invasión en las laderas de Medellín. Las personas llegan, principalmente, del Magdalena Medio, Bajo Cauca, Caquetá y Urabá. (Fuente:

Observatorio sobre Desplazamiento Forzado,

Conflicto y Territorio. Instituto de Estudios Políticos, Medellín, agosto de 2004. (Tomado de Articulo 9)).

Universidad de Antioquia. En el segundo período, 1996-

1998: aunque sigue vigente el desplazamiento que se presentó en el periodo anterior, se hace extensiva esta dinámica a las cabeceras municipales, ya que es allí donde se refugian de manera inicial buen número de personas desplazadas de las zonas rurales.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (36)

Este tipo de desplazamiento es el interurbano. Las personas llegan, principalmente, del Urabá antioqueño, chocoano y cordobés, así como el Bajo Cauca. “Para el año de 1998 la ciudad ya contaba con 22 nuevos asentamientos de desplazados y habían llegado, aproximadamente, 22.000 personas procedentes de las distintas regiones del Departamento. Este fenómeno ha impactado a la ciudad en su conjunto, pues de las diez y seis comunas en que se divide Medellín, trece reportaban población desplazada, y de un total de 288 barrios existentes, 56 contaban con familias desplazadas”. (NARANJO, G y HURTADO, D, 2002: 6). El tercer período, 1999-2004: no sólo continúan los dos tipos de desplazamientos mencionados sino que además, también se hace presente el intraurbano que obedece al conflicto y disputa territorial de los diferentes grupos al margen de la ley así como de las fuerzas estatales. Las personas llegan, principalmente, oriente antioqueño, el occidente y el Atrato Medio desplaza población hacia Medellín. La diferencia es que los municipios pertenecientes al área metropolitana no sólo se convierten en receptores sino también en expulsores de personas hacia la ciudad de Medellín. Cuando las personas llegan a la ciudad, muchas veces lo hacen a las casas de sus familiares, pero posteriormente, deben buscar otro lugar para habitar, así que van conformando pequeños núcleos donde se encuentran varias familias desplazadas con gran urgencia de poderse ubicar en un espacio. Este proceso ha hecho que se den una serie de enfrentamientos entre las personas en condición de desplazamiento y la fuerza pública que busca impedir la aparición de nuevos asentamientos irregulares. En estos enfrentamientos, inclusive, se ha afirmado, que algunos asentamientos, también obedecen a lógicas y estrategias de actores armados. En el último año, se pueden encontrar varias referencias en el periódico El Colombiano, sobre la presencia de actores armados, tanto guerrilla pero principalmente paramilitares, en algunos asentamientos de población en situación de desplazamiento” (HURTADO, D, NARANJO, G y VILLA, M., 2004: 8). Esta situación ha generado mayores controversias y desconfianzas entre las víctimas del desplazamiento interno y la fuerza pública. De las primeras, porque consideran que en la ciudad se generan sentimientos de desconfianza, de ocultamiento e invisibilización de las personas para no ser reconocidas en la ciudad y de la segunda, porque en los casos en que realmente sí se presenta la infiltración de grupos al margen de la ley en los asentamientos, el conflicto se agudiza.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (37)

Sin embargo el principal problema radica en que muchas se ha querido generalizar este tipo de infiltramiento a todos los asentamientos o más aún a todas las personas desplazadas, generando así procesos de estigmatización y rechazo de los habitantes

históricos

de

las

ciudades

hacia

las

personas

en

condición

de

desplazamiento interno forzado. Asentamientos de desplazados en Medelllin En el trabajo realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, se han detectado los siguientes tipos de asentamientos:

Asentamientos

nucleados de invasión o piratas; Pequeños asentamientos nucleados en barrios establecidos o conformados; Asentamiento disperso por desplazamiento forzado ruralurbano e interurbano; Asentamiento disperso por desplazamiento forzado intraurbano (masivo o familiar). En las ilustraciones, el color verde, corresponde al período 1992-1995; el color azul, al período 1996-1998; el color naranja, al período 1999-2004. En el gráfico número 1, se pueden apreciar los asentamientos nucleados en las zonas de invasión y evolución desde 1992 hasta 2004.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (38)

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (39)

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (40)

G

r á

f i c

o

1

.

E

v

o

l u

c

i —

n

h

i s

e

t —

n

z

r i c

o

n

a

d

a

e

s

l o

d

e

s

i n

a

v

s

a

e

s

n

t a

i —

m

e

i n

t o

s

n

u

c

l e a

d

o

s

n

1 4

1 2

1 0

8

1

9

9

9

- 2

9 9

8

0 0

4

6

4

1 9

9 6

- 1

- 1

9 9

5

2 1 9

# de asentamientos

9 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C

o

9

m

u

1

n

0

1

1

1

2

1 3

1 4

1 5

1 6

a

Fuente: Observatorio sobre Desplazamiento Forzado, Conflicto y Territorio. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, agosto de 2004.

G

1

4

1

2

1

0

r á

f i c

o

2

.

E

v

o

l u

c

i —

n

h

i s

t —

r i c

a

d

e

a

s

e

n

t a

m

i e

n

t o

s

d

i s

p

e

r s

o

s

8

6

1

9

9

9

- 2

0

0

4

4

# de asentamientos

1

9

9

6

- 1

9

9

8

2

1

9

9

2 - 1

9

9

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C

o

9

m

u

n

1

a

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

s

Fuente: Observatorio sobre Desplazamiento Forzado, Conflicto y Territorio. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, agosto de 2004.

En el gráfico número 2, se pueden apreciar los asentamientos dispersos. En el primer período, 1992-1995 no se registran asentamientos dispersos. Para el segundo período de 1996 – 1998, hay un total de 37 asentamientos, y Para el período de 1999 – 2004, hay en la Zona Nororiental 10 asentamientos, la Noroccidental con 4; la Zona Centroriental con 5 y la Zona Centroccidental con 10.

Libro Caso Ciudades

Básicamente la población en

GIDES – IDRC (41)

condición de desplazamiento, 180.000 personas aproximadamente, se encuentran concentradas en 9 de las 13 comunas de la ciudad y distribuida en todas las 6 zonas, aunque no en todos sus barrios. En los años 80, se inician procesos de desplazamiento intraurbano en Medellín. Según el Observatorio sobre Desplazamiento Forzado, Conflicto y Territorio, Instituto de estudios Políticos, Universidad de Antioquia, se da a raíz de la llegada de grupos del ELN y las FARC a los barrios de la ciudad, con la consigna de “cuidar el barrio” y protegerlo de la delincuencia común y el narcotráfico. Sin embargo, estos mismo grupos inician su proceso de extorsión a los comerciantes de los barrios.

Este

panorama inicial da paso a que en los años 90 y continúa en los primeros años de este siglo, con el aumento de grupos armados dentro de los barrios, lo que ocasionó el desplazamiento de muchas familias de un lado a otro, especialmente, quienes habitaban en el barrio Belencito y más aún cuando en el 2002, ya se comienza a prohibir la movilización dentro de los barrios, el ingreso de personas ajenas a ellos, los retenes y hasta el ingreso de la defensa civil. Todo ello generó, el cierre de establecimientos comerciales y hasta los colegios.

G

r a

f i c

o

4

.

D

e

s

p

M

1

l a

z

e

d

a

e

m

i e

n

l l ’n

t o

1

9

f o

9

9

r

-

z

2

a

0

d

o

0

i n

t r a

u

r b

a

n

o

.

4

0 9

8 7

6 5

4

D

is

p

e

r s

o

3 # de barrios

2 M

a

s

i v o

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

C

9

o

m

u

n

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

a

Fuente: Observatorio sobre Desplazamiento Forzado, Conflicto y Territorio. Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia. Medellín, agosto de 2004.

El tejido social se desintegra, más aún si a lo anterior se suma la existencia “de francotiradores; los cuales harían parte de un grupo de 250 guerrilleros de las fuerzas especiales de las FARC.

La comuna trece por ejemplo, se convirtió en un punto

estratégico para la guerrilla, porque quien la controle domina el túnel de occidente, la entrada a Santa Fe de Antioquia y el camino a Urabá. Los paramilitares piensan que lo

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (42)

que buscan las FARC es mantener el control de un circuito que les permite movilizarse sin dificultad por las zonas altas de la ciudad. Otros investigadores piensan que las milicias han convertido la comuna en símbolo que magnifica su poder de combate. (Revista Semana, 2002). Como respuesta las fuerzas militares iniciaron una persecución sin tregua, no sólo de los grupos al margen de la ley, sino que de manera indiscriminada, de los líderes comunitarios y las organizaciones, especialmente, de desplazados. Los principales barrios afectados han sido: Santo Domingo, Popular, Ocho de Marzo, Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, Villa Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y Efe Gómez. “La ciudad no solo es receptora de comunidades desplazadas, es sobre todo una expulsadora de comunidades en su interior, personas que deben huir nuevamente de grupos paramilitares o bandas, o de la acción de la fuerza pública, o por la acción insurgente. En Medellín se tienen varios ejemplos de desplazamiento forzado intra urbano como lo es el caso del desalojamiento de unas familias del

Urabá que se habían ubicado en el barrio Villanita, en el

asentamiento el esfuerzo del picacho donde fueron quemados los ranchos, o con la operación Estrella Seis en los barrios la cruz y la honda de la comuna tres y el caso mas contundente puede decirse que fue el de la colonia belencito en la comuna trece con las operaciones Mariscal y Orión” (NARANJO, G, 2004: 8). Esta situación ha generado que quienes huyeron de sus lugares de origen buscando seguridad en la ciudad, se enfrenten de nuevo a el miedo y la inseguridad de ser de nuevo desplazado, ya sea dentro de la misma ciudad o hacia otros lugares fuera de ella.

Esta situación agrava la ya difícil situación que vive quienes han llegado a

Medellín, pues, además de este problema de confrontaciones y luchas territoriales, ellos ya cargan con las ausencias, por pérdida en el evento de desplazamiento, de su empleo, vivienda, sus seres queridos y su tranquilidad. Cuando se llega a la ciudad, no sólo las personas tienen que enfrentarse a un lugar nuevo para muchos o poco conocido para otros, sino a la necesidad de tener un lugar donde vivir. Aunque a veces los recién llegados tienen amigos o familiares en la ciudad casi siempre en condiciones no ideales para recibir otra familia más, otras bocas que alimentar y un reducido espacio donde habitar. Esta estadía tampoco puede ser permanente y, por lo tanto, las familias deben buscar un lugar donde asentarse pero la falta de recursos y dinero hacen difícil

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (43)

lograrlo, así que se van a las laderas de la ciudad, principalmente en la Zona orientales y centrales de la ciudad. La falta de empleo y la necesidad de adquisición constante que requiere una ciudad hace más difícil la sobrevivencia de quienes llegan a Medellín, más aún cuando el desplazado es estigmatizado y se generaliza la idea de que no son personas de fiar, son asociados con delincuentes y su llegada al barrio es percibida como fuente de inseguridad. Los pobladores de los barrios opinan que detrás de los desplazados vienen los problemas, los asaltos, el terror que estos heredan y que traen una historia de enfrentamiento que agudiza o revive los conflictos en el barrio. (HINCAPIÉ, K, 2005: 63).

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (44)

Dinámicas Sociales, Conflicto y Desplazamiento Forzado en Cartagena Cartagena es un escenario de discursos y prácticas políticas, sociales, económicas contradictorias, excluyentes y violentas que entretejen dinámicas de aceptación, rechazo, discriminación y conflicto entre sus pobladores, permanentes o transitorios, originarios o recién llegados, necesitados o poderosos; por un lado, la ciudad se exhibe histórica, portuaria, turística e industrial, protectora de los recién llegados e incluyente y considerada con ellos, trata con respeto e intenta responder a las preocupaciones de los habitantes de las zonas residenciales, de los hoteles, a los turistas y a los empresarios, por otro, discrimina, criminaliza, excluye a los miembros de los sectores pobres, a quienes el discurso asistencialista y caritativo del Estado y la sociedad llama “vulnerables”. Esta esquizofrénica imagen de ciudad es recreada y vivida por quienes residen en la ciudad, algunos la cuestionan y otros reproducen el orden establecido por la rutina de la convivencia en la ciudad. A esta dinámica societal comienzan a insertarse y padecerla numerosas familias desplazadas por la violencia provenientes de distintas zonas de Colombia, quienes no sólo sufren los daños y perdidas del desarraigo sino que llegan a una ciudad que no los espera, que los discrimina y que los ubica en los limites de ella, social, laboral y políticamente. En este panorama las víctimas del desplazamiento entran a formar parte de los residentes en zonas periféricas, sin servicios públicos, ilegales,

a

emplearse en actividades informales y de explotación laboral, en medio de un estado local cuya política de atención a la población desplazada es ineficiente, y que se ve superada por la complejidad que suscitan más de cuarenta mil personas, entre mujeres, hombres y niños que se encuentran en situación de desplazamiento. Los desplazados, que se ubican en Cartagena, no sólo padecen los efectos del desarraigo violento y la pobreza, sino la exclusión que genera la discriminación producto de la estigmatización que han sufrido en los últimos años al ser rotulados, en variados escenarios públicos, como la causa del aumento de la inseguridad, la violencia, el desempleo y la miseria en la ciudad. Este tipo de exclusiones invisibilizan públicamente la condición de víctimas de la violencia de la población desplazada. Entre los hechos que atestiguan esta situación tenemos el acontecido en febrero de este año (2007) cuando se intento ubicar la Unidad de Atención y Orientación a la Población Desplazada (UAO) en un barrio residencial estrato cuatro, donde funcionó una Alcaldía Menor, los residentes de esta zona manifestaron su desacuerdo alegando que los desplazados y desplazadas generarían problemas como “invasión del espacio público, suciedad, desorden en las calles vecinas, congestión de áreas de tránsito, vendedores ambulantes e inseguridad” de igual forma se sostuvo que “Todos los vecinos nos

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (45)

oponemos y no es porque sean desplazados, sino por lo que gira alrededor de estas personas como las ventas de frito, tintos y la inseguridad”… “Éste es un lugar residencial, somos estrato cinco, casi seis, por lo tanto no es adecuada la localización de esa oficina en el barrio y no es cuestión de deshumanización, porque no lo es. Además, a ellos les queda difícil llegar hasta acá, proponemos que la oficina la pongan en el Parque de la Comida Caribeña o en El Pozón o Mandela, ahí les queda más cerca” (El Universal, 6 de Febrero, 2007). Sobre esta situación, de las pocas que se han hecho visibles a la opinión pública cartagenera, se manifestó una líder de la población desplazada, quien afirmo “Es una discriminación y de algo pueden estar seguros, y es que entre nuestra población no hay desórdenes y es deprimente que se nieguen a aceptar nuestra presencia en ese barrio, porque Cartagena es de todos” (El Universal, 6 de Febrero, 2007). Es una ciudad que se mueve hoy entre el ethos pacífico a partir del cual se ha autodefinido y que la vende turística al mundo, y la exclusión de todos aquellos que desafíen esa imagen; es la ciudad que sólo hoy parece comenzar –no sin resistencia- a aceptar que hace parte de la dinámica del conflicto armado, manifestado en el reclutamiento forzado de jóvenes, los asesinatos a líderes sociales y el desplazamiento forzado (ciudad expulsora, receptora y con desplazamiento intraurbano), esto unido a la pobreza que padecen miles de sus habitantes. Este documento es una tentativa de comprensión del desplazamiento forzado en Cartagena, es una aproximación a esta problemática, por tal razón describiremos los principales acontecimientos y datos que escenifican los rasgos principales del desplazamiento en la ciudad. Dado que éste es un estudio de caso que se construye a partir de la revisión documental y del trabajo etnográfico, cuyas fuentes son informes estatales, de las organizaciones sociales, de entes nacionales e internacionales de derechos humanos,

talleres y entrevistas a profundidad con funcionarios estatales,

este acapite se configura como un ejercicio descriptivo, reflexivo e interpretativo compuesto primero por una aproximación a los aspectos generales, a nivel social, de Cartagena, que brindan el contexto de la ciudad; y en un segundo momento, se efectúa una radiografía en cifras del desplazamiento en Cartagena y se describen distintas acciones estatales y privadas para la atención de la población desplazada.

Cartagena es una ciudad que se ha definido como pacífica y alejada de las dinámicas de violencia de otros territorios colombianos, lo que ha convertido en sitio para el turismo y la realización de todo tipo de eventos nacionales e internaciones,

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (46)

gubernamentales y no gubernamentales. Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos años, en el 2004 la ciudad se vio gravemente afectada con el delito de secuestro, 14

secuestros cometidos por la delincuencia común (Presidencia de la

República, 2004:24); en el 2005 se intensificaron los asesinatos vinculados con acciones de “limpieza social” ejecutadas por actores armados; en el 2006 se dieron un total de 253 homicidios (Cosed, 2006). En los últimos cuatro años la criminalidad, las pandillas juveniles, el fleteo, los atracos y la delincuencia común han aumentado considerablemente en la ciudad. Hoy, en la ciudad se presenta el reclutamiento de jóvenes por los grupos armados, el rearme de los grupos de paramilitares, la presencia de bandas criminales, pandillas, las amenazas y asesinatos contra líderes sindicales, estudiantiles y de población

desplazada,

así

intraurbano por la violencia.

como

un

progresivo

aumento

del

desplazamiento

Para distintos sectores de la ciudad, la situación de

violación de derechos humanos en Cartagena cada día es más grave: “Cartagena es una de las cinco ciudades con mayor recepción [de desplazados] en el país. Su privilegiada ubicación y su condición de puerto comercial y sitio turístico….facilita la salida, entrada de armas y drogas y el accionar de los diferente actores armados. Esta ciudad…, exhibe la preocupante cifra de 34 homicidios por cada 100 mil habitantes. Amplios sectores populares como el Pozón y Nelson Mandela son escenarios de muertes selectivas de dirigentes cívicos, líderes comunitarios y delincuentes comunes” (ONU, 2005:2) Este panorama de violación de derechos humanos se presenta a nivel de derechos civiles, políticos, sociales y colectivos; no hay sistemas institucionales efectivos que garanticen la prestación de los servicios públicos esenciales y los existentes se encuentran demasiados burocratizados para constituirse en una estrategia real de goce de mínimos vitales para la población residente en Cartagena. Cartagena de Indias se ha convertido en un centro principal de recepción de población desplazada proveniente de distintas áreas del país, de desplazamiento intraurbano y una zona expulsora de desplazados y desplazadas, por ello diferentes entidades públicas y privadas han elaborado mediciones y estadísticas en torno al desplazamiento interno forzado, a continuación presentamos datos centrales de Pastoral Social, La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y Acción Social. Como veremos las estadísticas de las entidades estatales como la

Red de

Solidaridad Social (RSS) hoy Acción Social, difieren de otras organizaciones, esta

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (47)

situación se puede entender teniendo en cuenta que el reconocimiento oficial e inscripción en el Registro Único de Población Desplazada ha estado sujeto a exigencias probatorias que demuestren la verdad de lo narrado por los desplazados en la declaración que presentan ante las entidades estatales, estas pesadas cargas probatorias han sido un obstáculo para entrar en el registro dado que las personas en situación de desplazamiento carecen de conocimientos de derecho probatorio y su particular circunstancia de desarraigo –individuos que huyen y abandonan todo-, en muchos casos, les ha impedido tener documentos de identidad, algunos jamás han sido identificados por el Estado debido a que en las zonas de donde provienen las instituciones de registro oficial no tenían presencia, y en algunas situaciones se les ha impuesto la tarea de probar el miedo que les ocasionó huir o los combates entre Fuerza Pública, AUC, grupos armados sin identificar y las guerrillas, situación que es casi imposible. Por otro lado, el sistema de registro estatal de la población desplazada manejado por Acción Social opera para los desplazados cuyo desarraigo violento se haya producido a partir de 1997 y que reúnan los requisitos establecidos por la ley 387 de 1997; esto significa que para la población desplazada asentada en la ciudad antes de 1996 no hay ninguna protección estatal por su condición de víctimas del conflicto sino que deben mimetizarse en la difusa categoría de población vulnerable o de pobres históricos de la ciudad; esto es, que su condición de desplazados se hace invisible política y socialmente, aumentándose los daños y pérdidas individuales, colectivas, económicas y culturales y anulándose cualquier posibilidad legal de reclamación de la reparación integral, es como si sus pérdidas y daños, sus historias del desarraigo jamás hubiesen existido, es una legalidad estatal que destruye y silencia una parte vital de la existencia del desplazado, ésta es, la posibilidad de que puedan contar su historia con el derecho a ser escuchados por la sociedad y el Estado. Las anteriores circunstancias son sólo una muestra de los obstáculos que se le han presentado a la población desplazada para que su condición sea reconocida por el Estado, entre menor número de desplazados y desplazadas son incorporadas al Registro Único de Población Desplazada menor son los recursos y los programas destinados a la atención integral de esta población, por ello es importante comparar las cifras oficiales con los de otras organizaciones para mostrar las dimensiones de esta problemática desde varias perspectivas. Para Pastoral Social durante el período 1996-2000 habían 41.360 desplazados en Cartagena y de estos 3.217 estaban ubicados en el sector sur oriental, el decir, el 10.2 por ciento del total de la población -cifras no coinciden con las oficiales-, y

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (48)

muestra que entre el 2000 y el 2001 se asentaron alrededor de 10.393 en la ciudad, y de éstas 2.053 se asentaron en el sector sur oriental. CODHES sostiene que en el año 2001 estaban asentados el 2.67 por ciento del total de población desplazada del país en Cartagena, y para el año 2002 se convirtió en el quinto municipio receptor; en 2003 y 2004 tuvo el más alto índice de recepción de población desplazada de los últimos siete años en la ciudad. Los mayores asentamientos de población desplazada se ubican en los barrios Nelson Mandela, Villa Hermosa y sus alrededores, San José de los Campanos, Revivir, Pozón, Olaya y Boston y en algunas lomas de la ciudad.

Estas cifras sobre el desplazamiento forzado

coinciden con los años de mayor violencia relacionada al conflicto armado en Bolívar 2001 y 2002, y con el incremento de las actividades armadas y los efectos para la población no combatiente de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002, 2003 y 2004). Para CODHES, en Cartagena entre 1985 y 2005 se dio el asentamiento de alrededor de

75 mil desplazados que se situaron en las zonas marginales de la

ciudad. Esta cifra contrasta de manera significativa con lo que refleja el Registro Único de Población Desplazada (Acción Social) que al 21 de abril de 2007 tiene inscritos en su sistema 45.386 desplazados localizados en Cartagena12. Por otra parte, CODHES señala dos momentos del desplazamiento hacia Cartagena: primero, entre 1985 y 1994, periodo en que se dan fuertes movimientos migratorios

tras masacres contra campesinos en Córdoba, Antioquia (Urabá) y

Magdalena Medio (Santander y Sur de Bolívar), y el segundo, entre 1995 y 2005, periodo en el cual el conflicto armado se recrudece

en los Montes de María y en

amplias regiones de la Costa Caribe como Sucre, Magdalena y Cesar, territorios que sufren las confrontaciones armadas, el minado de zonas, las masacres y múltiples violaciones de los derechos humanos derivados de la incursión de las AUC en 1997 en amplias áreas del país para disputarle el control territorial a la guerrilla, así como la respuesta de la guerrilla y el reforzamiento militar de la Fuerza Pública en su lucha contrainsurgente y antidrogas a partir de mediados de los años noventa. Estas circunstancias han propiciado el desplazamiento de hombres, mujeres, niños y adultos mayores hacia Cartagena. La población desplazada que llega a la ciudad se asienta en los sectores marginados de la prestación de los servicios públicos, de las protecciones a los derechos fundamentales que debe brindar el Estado y terminan ampliando las zonas de pobreza al verse constreñidos por su situación a construir “barrios de invasión” por medio de la apropiación ilegal de predios sin uso, de zonas verdes y a orillas de 12

A la misma fecha Acción Social reporta que han sido expulsados de la ciudad 6945 individuos.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (49)

cuerpos de agua, que en la mayoría de los casos son áreas de difícil acceso y en constante situación de peligro por algún desastre natural como inundaciones o deslizamientos. Entre esos barrios está Nelson Mandela, que ha sido centro de recepción de buena parte de la población desplazada que llega a Cartagena, se encuentra en la zona sur-occidental de la ciudad, éste es un asentamiento de extrema pobreza que surgió hace 10 años “…cuando unas 30 familias de pobres históricos se tomaron un lote "mal cuidado" entre Turbaco y Cartagena (cerca de las comunas 14 y 15)”; Nelson Mandela

tiene entre sus habitantes el mayor número de desplazados al

interior de la ciudad, el 11% de su población total (45.000 habitantes) son desplazados; el segundo centro de recepción de la población desplazada es El Pozón y en tercer lugar se encuentra el barrio Villa Hermosa seguidos por los barrios San José de Los Campanos y Olaya Herrera. Los barrios El Pozón, Nelson Mándela y los ubicados en torno a la Ciénaga de la Virgen se caracterizan por ser zonas de extrema pobreza donde reside mucha de la población desplazada que llega a la ciudad. La población desplazada de estos sectores tiende a padecer enfermedades producidas por el deterioro ambiental, el mal estado de las viviendas, la carencia de servicios públicos, el desempleo, la inexistencia de sistemas integrales de seguridad social, esta situación de salud se suma a la escasa prestación del servicio educativo y a los daños y pérdidas asociados al desplazamiento. A la precariedad de los asentamientos se le suma la falta de claridad sobre los procedimientos que debe seguir la población desplazada para la atención. En Cartagena, el desplazamiento forzado se ha enmascarado durante mucho tiempo bajo o el rótulo de migrantes económicos. Esto se hace patente cuando se verifica que en Cartagena no existe un modelo local de atención a la

población

desplazada de acuerdo con la Ley 387 de 1997 y la sentencia T-025 de 2005 de la Corte Constitucional, lo que significa, que no hay una política pública explícita de atención a la población desplazada, situación que se manifiesta en la carencia de asignación de recursos presupuestales para ese propósito, inexistencia de un sistema de información sobre desplazamiento y de sistemas de monitoreo y seguimiento a la intervención pública. Es lo que CODHES

denomina un "esquema de oferta

restringida", cuyas principales características son la inexistencia de publicidad sobre ofertas institucionales de atención a la población desplazada y las fuertes barreras burocráticas para el acceso a la oferta institucional. La atención a los desplazados, en buena medida, se presta por intermedio de ONGs locales financiadas por la cooperación internacional.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (50)

La

problemática

del

desplazamiento

se

escapa

a

la

capacidad

de

la

administración distrital y ha tenido un efecto negativo sobre ésta -la administración- y sobre la planeación urbana, el presupuesto local; agudizándose la crisis de la prestación de los servicios públicos y el aumento de la economía informal; también se han generado transformaciones en la sociedad local. El desplazamiento se ha invisibilizado en las agendas de los partidos políticos y de la administración públicas por tratarse de población cuya situación les impide, en algunas circunstancias propias del desarraigo, ser votantes activos y por lo tanto parte de las redes clientelares. El gobierno distrital de Cartagena no escapa a la situación en materia de atención a población desplazada que se presenta en otros entes territoriales, no se ha logrado determinar con precisión las responsabilidades de la administración nacional y cuáles acciones de atención a la población desplazada le corresponden a los entes territoriales. En esta situación de indeterminación de competencias se diluye la responsabilidad estatal frente a la atención de la población desplazada. En 1997 se crea el marco legal que regula la política pública de atención a la población desplazada por la violencia, cuyas

tareas

y propósitos deben ser

materializados por todas las instancias y niveles de la administración pública nacional, departamental y local. En este año se estableció la ley 387 de 1997

que regula lo

atinente a la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia; esta ley en su artículo 1° determina el concepto de desplazado y sus beneficios en términos de medidas asistenciales y prestacionales. En la situación particular de Cartagena podemos señalar que el sistema de atención que tiene como sustento la ley 387 de 1997, excluye la protección de la población desplazada que llegó a la ciudad, entre 1985 y 1994, periodo de numerosos asentamientos de población desarraigada provenientes de Córdoba, Antioquia (Urabá) y Magdalena Medio (Santander y Sur de Bolívar), y aquellos que se asentaron en la ciudad en el período 1994-1996 desplazados principalmente de áreas como los Montes de María, Sucre, Magdalena y Cesar. La entrada en vigencia de la ley 387 de 1997 significaba para las autoridades distritales de Cartagena, la implementación del sistema de atención que beneficiaría a la población desplazada residente en la ciudad desde 1996, significa integrar al desarrollo de las políticas sociales del distrito, un sistema de atención para una población víctima del conflicto armado. A pesar de que el sistema dejaba por fuera de sus protecciones a la población desarraigada antes de 1996, pudo comenzar la administración distrital ha desarrollar políticas públicas que por lo menos introdujesen en las agendas públicas, en la opinión pública y en las instituciones gubernamentales

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (51)

la compleja problemática del desplazamientos; esto no sucedió, la política pública de atención a la población desplazada se ha tratado de manera marginal dentro del esquema administrativo estatal, esto es, uno que otro programa distrital destinado a la población desplazada sin estar integrado al desarrollo pleno de la política pública contenida en la ley 387 de 1997 y su reglamentación. Este tratamiento marginal del desplazamiento por las autoridades distritales comenzó a problematizarse a raíz de las órdenes complejas establecidas en la parte resolutiva de la sentencia T-025 de 2004, Corte Constitucional, que ordenó a la administración

pública local implementar el sistema de atención a la población

desplazada conforme a los enunciados normativos de la ley 387 de 1997 y la doctrina de los derechos fundamentales de la población desplazada desarrollada por la Corte Constitucional. Por lo tanto, la implementación del sistema de atención a la población desplazada por la violencia en Cartagena se ha presentado en los últimos años en el contexto político-jurídico del cumplimiento de las ordenes de la T-025 de 2004, cumplimiento que ha estado vigilado por los Órganos de Control y las organizaciones de la sociedad civil. En el escenario político antes descrito, el distrito de Cartagena debe construir un Plan Integral Único de Atención a la población desplazada por la violencia. El plan contendría las estrategias, objetivos y la coordinación de las actividades y programas destinados a la protección de los derechos de la población desplazada, se configuraría entre los distintos sectores de la población desplazada, diferentes organizaciones y el estado local.

La Alcaldía Distrital desde el primer semestre del 2006, como

instrumento para diseñar el PIU ha promovido la realización de mesas temáticas de trabajo

en

las

áreas

de

prevención,

atención

humanitaria

de

emergencia,

restablecimiento, salud y educación. En estas reuniones lideradas por ACNUR, se logro establecer que hacen falta registros actualizados de población desplazada en las bases de Acción Social, en centros

hospitalarios

e instituciones

educativas;

que

hay poca

disponibilidad,

asignación y gestión de recursos para proteger y restituir los derechos de las víctimas; así como la carencia de recurso humano capacitado en las entidades del SNAIPD; la precariedad de la difusión pedagógica sobre la ruta de atención a población desplazada, la oferta programática de las instituciones y los procedimientos requeridos para vincularse a los proyectos; la existencia de obstáculos burocráticos que limitan el acceso a los programas, y por ende, el ejercicio de los derechos; la baja cobertura en los servicios de salud y educación; y la deficiencia de la Fuerza Pública para garantizarle la seguridad a la población desplazada. Según este contexto, la administración

pública

distrital

tiene

problemas

Libro Caso Ciudades

de

fondo

para

cumplir

sus

GIDES – IDRC (52)

obligaciones, dejando al descubierto la urgente necesidad del fortalecimiento de todo el sistema institucional para atender a la población desplazada. El SNAIPD se ha implementado de una manera inestable, inconclusa, y con bajos índices de impacto positivo en la población. Esto está en conexión con el desinterés de las entidades del SNAIPD y la falta de comprensión acerca de las obligaciones políticas que plantea la protección de los derechos en escenarios de conflicto armado, y pone de manifiesto la débil comunicación que existe entre el sector central y las entidades territoriales para desarrollar políticas públicas. En este momento, las personas y comunidades que han llegado a la ciudad huyendo

de

la

violencia

han

sido

incluidas

como

parte

de

la

población

económicamente vulnerable, omitiendo cualquier medida de distinción en la respuesta institucional. Y para el caso de las mujeres y hombres expulsados por motivos de la violencia o por las milicias urbanas, no se ha producido ningún reconocimiento político por parte de las autoridades distritales, y por tanto, no se han diseñado estrategias para prevenir el abandono de los lugares de residencia y actividades productivas, incluidos los desplazamientos que se han producido al interior del distrito por la violencia. Por otro lado, hemos encontrado, en distintos acercamientos a diversos escenarios públicos institucionales, la opinión circulante de que es injusta la prioridad de la atención de los desplazados en los programas sociales del distrito sobre el resto de población vulnerable, algunas personas consideran que los pobres históricos son desplazados de los desplazados en el acceso a los escasos recursos sociales que el distrito brinda a sus residentes. La administración distrital presentó un diagnóstico institucional sobre el desarrollo de la política pública de atención a la población desplazada, en la reunión del Comité Distrital efectuado 4 de agosto de 2006, se llegaron a una serie conclusiones en materia de prevención, atención humanitaria de emergencia, de reestablecimiento socioeconómico en sus componentes de vivienda y tierras, en atención en salud y en educación. En materia de prevención, se estableció que la Policía Nacional no cuenta con recursos suficientes para ejecutar programas específicos para la población en riesgo de desplazamiento o para proteger a la población desplazada y no tiene personal capacitado en el tema; así como la existencia de precarios criterios de valoración que permitan establecer cuándo una comunidades o individuos están en riesgo de ser desplazados; se señaló la lentitud en la prestación de las medidas de seguridad a la población desplazada, las escasez de recursos y presupuesto asignados para éste

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (53)

propósito, y la no-existencia de programas de protección de líderes, de publicidad de las acciones y los programas. En materia de atención humanitaria de emergencia (AHE), se concluyó que falta personal que reciba las declaraciones de la población desplazada; al igual que poca capacitación del personal para la recepción y valoración de las declaraciones, situación agravada por el poco apoyo interinstitucional para la verificación de la información contenida en aquellas; precariedad en la infraestructura física y en el mantenimiento de la Unidad de Apoyo y Orientación a la población desplazada (UAO). Por otro lado, la respuesta institucional para atender integralmente a la población no es proporcional a la demanda de atención, esto por la ausencia de algunas instituciones cuyas acciones hacen parte de la respuesta institucional de emergencia, lo que en la práctica ha significado que el término que dura la población desplazada disfrutando de la ayuda inmediata es poco –de 3 a 5 días-, esto último también se presenta por la insuficiencia de la asignación presupuestal. En la UAO se da falta de orientación y de divulgación de los programas de atención que manejan las distintas instituciones que deben hacer presencia en este ente y que actualmente no asisten; así como ausencia de sistemas de información en la UAO que permitan la comunicación directa con las entidades del sistema. Las instituciones, en algunos casos, no manejan la misma información porque no existe divulgación interinstitucional de los programas que ofrecen, también se ha presentado el desconocimiento del proceso de declaración por parte del desplazado. La sistematización de la información es uno de los temas a resolver debido a la precariedad en el archivo de la toma de las declaraciones, los deficientes mecanismos de control, seguimiento, divulgación e información entre las instituciones que reciben la declaración, las que la valoran y las que atienden o las que suministran la ayuda inmediata. De igual manera, parece no darse la diferenciación entre la atención inmediata y la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada, así mismo, existe carencia de programas y compromisos formales de ayuda interinstitucional, falta de instrumentos de monitoreo y evaluación sobre los procesos de atención, baja cobertura en los programas de generación de ingresos, insuficiente destinación y disponibilidad presupuestal para la implementación de los programas, no hay programas para la generación de ingresos temporales, ausencia de sistemas de registro que diferencien la atención a la población desplazada, de la atención a la población vulnerable. En esta oportunidad se estableció que hay deficiente difusión y divulgación de los programas implementados para la generación de ingresos, que no existe claridad

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (54)

acerca de la priorización en la atención de la población desplazada en la política de atención de emergencia del distrito, y deficiente coordinación, seguimiento y evaluación de los procesos para el acceso a la oferta institucional, similar situación acontece con el diagnóstico del déficit de atención para la asignación del presupuesto y la participación efectiva de la población desplazada en las etapas de la atención humanitaria de emergencia. En materia de vivienda se concluyó que hay debilidad en la información y difusión de los programas destinados a vivienda, falta de presupuesto teniendo en cuenta el número de subsidios asignados al Distrito, precario sistema de coordinación interinstitucional, incoherencia entre la asignación de los subsidios de mejoramiento de vivienda y la normatividad del Plan de Ordenamiento Territorial. Por otro lado, no existe una continuidad en los procesos y en los proyectos de generación de ingresos para que sean sostenibles los programas de vivienda, parece como si la entidad territorial no participara en este tema, se presenta una asignación

presupuestal

insuficiente por parte del Gobierno Nacional. Así mismo, se evidencia insuficiente disponibilidad de recursos para desarrollar propuestas de viviendas de interés social, no existe coordinación interinstitucional a nivel distrital entre entidades que trabajen programas de vivienda y se han presentado dificultades en la priorización del acceso a los programas, ya que en unos casos se han otorgado doble beneficio a un mismo individuo; no se da la coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los entes territoriales y las cajas de compensación y están desarticuladas las relaciones con entidades financieras que permitan acceder a créditos para mejoras o compra de vivienda a la población desplazada. En desarrollo de la política de vivienda se ha presentado que las casas son entregadas en obra negra con una sola habitación para familias numerosas, no existe desarrollo político sobre la exoneración de impuestos prediales, que es responsabilidad de la Alcaldía y el Concejo Distrital; no existe ningún programa para asumir el gasto de escrituración, ese monto lo debe pagar el beneficiario y tampoco se dan programas de exoneración en el pago de los servicios públicos, por ello se ve en muchos casos el no pago oportuno y la prestación de los servicios públicos es insuficiente. En materia de salud, es patente la insuficiencia de medios de información efectiva y la divulgación de los programas, la escasez de recursos humanos profesional en el área de la salud, la precariedad en la infraestructura de algunos centros de salud, la insuficiencia de insumos médicos y hospitalarios, y en muchas oportunidades, no se presenta el suministro de medicamentos ambulatorios prescritos por el Departamento Administrativo Distrital de Salud porque que no hay contratación

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (55)

para esto. En el distrito faltan de campañas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en las zonas de asentamiento de población desplazada, así como agentes educativos que capaciten a la población en cuanto al manejo de excretas y basuras, no hay en muchas zonas alcantarillado propiciando problemas ambientales y de salud; es difícil para los desplazados el acceso en la atención de segundo y tercer nivel. La población desplazada padece la deficiencia en la prestación del servicio de laboratorio clínico; y que no exista la entrega oportuna de los medicamentos y que el Plan Obligatorio de Salud no esté diferenciado para la población desplazada. Además, se presenta una deficiente coordinación con Acción Social para obtener la información de la base de datos del Registro Único, ausencia de una red de atención en salud integral y de difusión y pedagogía sobre la ruta de atención en salud. Se estableció que el subregistro en el Registro Único dificulta la atención en salud, y la falta de capacitación del personal en materia de facturación y atención diferenciada a la población desplazada, igual que la discontinuidad de los funcionarios al interior de las instituciones de salud y la ausencia en la participación de la población desplazada en la implementación de los programas de salud. En

materia

de

educación,

se

ha

presentado

insuficiente

número

de

instalaciones educativas para atender a la población desplazada, largas distancias entre las instituciones educativas y las zonas de asentamiento, falta de recurso humano calificado para prestar el servicio educativo, limitación en materia de recursos tecnológicos para garantizar que se actualice la base de datos existente para la prestación de servicio educativo a la población desplazada, falta de información acerca de la demanda de cupos de la población desplazada, ausencia de cupos escolares en las

zonas

de

asentamiento

de

la

población

desplazada,

precariedad

de

la

infraestructura física para ejecutar las propuestas pedagógicas, se han dado cobros complementarios para prestar el servicio de educación, a pesar del criterio de gratuidad, así como no hay programas de transporte escolar que faciliten el acceso o la movilización a las instituciones educativas, y en algunas instituciones que contratan con el Distrito no reconocen como legítima la condición especial del desplazado como víctima. Por otro lado, no hay registro del número de docentes capacitados en Escuela y Desplazamiento, se da falta de continuidad de los docentes y administrativos en los procesos de formación y actualización, la ausencia de información que distinga la atención destinada a la población desplazada de la atención a la población vulnerable, y una deficiente coordinación entre las instituciones para el manejo de la información

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (56)

que se le suministra a la población desplazada en cuanto al trámite de cupos escolares. En la prestación del servicio educativo a la población desplazada se muestra la inexistencia de una base de datos que registre el número de atendidos, el subregistro en el Registro Único dificulta el acceso a las instituciones educativas, no hay un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación en el ejercicio del derecho a la educación y a la formación de los docentes. Igualmente, tenemos poca participación de la población desplazada en las veedurías ciudadanas, en la adopción de mecanismos de selección de las propuestas para la contratación de las instituciones educativas; por otro lado, las escuelas comunitarias requieren de mayor nivel de reglamentación en cuanto a criterios de calidad, no hay programas especiales que prevengan la deserción escolar de la población desplazada y que respondan a sus necesidades particulares, y los desembolsos que le dan a cada institución se entregan con atrasos y esto genera dificultades en el desarrollo de las actividades pedagógicas. En el informe presentado por la administración distrital en materia de prevención,

atención

humanitaria

de

emergencia,

de

reestablecimiento

socioeconómico en sus componentes de vivienda y tierras, en atención en salud y educación, muestra que no se ha superado las situaciones que sustentaron la declaratoria de estado de cosas inconstitucional efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004, que sustento las ordenes complejas dadas por este tribunal a los distintos entes responsables de la Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada por la Violencia, esto significa, que continua el distrito siendo responsable de la violación masiva de los derechos fundamentales de la población desplazada Ante este panorama de no respuesta o de respuesta restringida de los organismos estatales, muchas víctimas del desplazamiento encuentran algunas respuestas en las entidades privadas que han asumido un rol solidario frente a sus necesidades, y se han constituido en los organismos y personas que reconocen

el

desplazamiento forzado como un tipo de daño que requiere especial atención, y quienes en consecuencia los han tratado con consideración y respeto. Estas líneas intentaron poner de manifiesto la situación de la población desplazada por la violencia en la ciudad, en su mayoría personas que provienen de contexto rurales, quienes han sido victimas de varios desarraigos, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, negritudes e indígenas, cuyas formas de vida individuales y comunitarias fueron destruidas por el conflicto armado, y cuya condición de víctimas es reconocida de forma precaria por la sociedad; tanto así, que muchas de estas personas sólo pueden gozar de limitadas ayudas estatales y privadas, si redefinen su

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (57)

identidad y se registran como desplazados, a pesar de las decisiones de la Corte Constitucional que protegen al individuo que ha sido victimizado, las entidades administrativas sólo atienden al registrado y se no logra superar el trámite legal, sólo será un vulnerable más.

La población víctima del desplazamiento para recibir algunos

beneficios debe visibilizarse, lo que ha implicado en variadas ocasiones la penetración en su vida privada de la caridad institucional, un asistencialismo que no alcanza a proteger ni siquiera los mínimos prestacionales para el goce de los derecho fundamentales, mucho menos logra reestablecer los planes de vida vulnerados en la guerra, como sucede en Cartagena.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (58)

Capítulo 2: DAÑOS Y PÉRDIDAS ASOCIADAS A LAS CIUDADES Las ciudades concentran poblaciones desplazadas provenientes de diversas regiones del país, expulsada por distintos móviles y actores. Son también una población heterogénea por sus posibilidades sociales,

sus actividades económicas y

políticas. En este sentido es difícil hablar de unas realidades comunes y generalizables en términos de las perdidas, los daños, las transformaciones, las expectativas y prácticas de reparación. Tal vez, las circunstancias que afrontan las personas desplazadas están condicionadas no solo por sus haberes y experiencias previas, sino por las características y dinámicas de los contextos urbanos a los que arriban. En este sentido los contextos analizados permiten observar una serie de características que repercuten poderosamente en lo que las personas validan y significan como perdidas y también en sus expectativas de reparación. Sin embargo independientemente de sus circunstancias y vivencias en las ciudades, las personas portan historias ya cargadas de pérdidas y daños, que son evocadas y nombradas como el antes de, en la multitud y variedad de historias es posible apreciar la crudeza del conflicto armado y de la violencia sociopolítica y la extraordinaria vulnerabilidad a la que es sometida la población campesina y civil.

La vulnerabilidad de la existencia física y la experiencia de la muerte. Los relatos más contundentes dan cuenta de un número significativo de personas que huyeron desplazadas porque sus familiares fueron asesinados y porque su integridad física estaba en riesgo. En este sentido la perdida más dramática y también irreparable está referida al asesinato de familiares y con ella a la destrucción de proyectos de vida individuales, familiares y comunitarios. El desplazamiento como se describe en numerosos informes es una respuesta de protección frente a la sensación de riesgo extremo y de vulnerabilidad física. Las continuas amenazas de muerte y la narración extensiva de los horrores descritos por quienes presenciaron torturas y asesinatos generan un miedo generalizado en la población que no se siente segura y por esta razón empieza a modificar y a alterar drásticamente no sólo sus actividades productivas, sino sus formas de sociabilidad y hasta la intimidad de su vida cotidiana.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (59)

Que la vida se puede perder como resultado de la acción violenta de cualquiera de los actores armados, es una verdad que coloca a las personas en tal situación de incertidumbre y de miedo que impide que puedan continuar con sus proyectos y que destruye cualquier perspectiva de futuro en sus lugares de origen y de trabajo. Así lo afirma Villa (2006. 14) Muchas de las personas que han vivido el desplazamiento forzado han incorporado a sus recuerdos de vida no sólo la narración de eventos como estos sino, en suma, toda una memoria que nos habla de una casi inevitable proximidad de la muerte, de que “…la muerte siempre nos ha perseguido” Sin embargo, no solo se teme perder la vida, también se expresa el miedo a otros daños físicos, como resultado de las minas antipersona, de las balas del fuego cruzado o a los bombardeos. En efecto, son numerosos los testimonios que dan cuenta de la perdida de miembros del cuerpo, daño severo del oído y la vista, y sobre todo de un deterioro progresivo de la salud por afectaciones al corazón y estrés agudo. La pérdida de los bienes materiales: entre el despojo económico y el simbólico. La pérdida de viviendas, enseres, cultivos, animales y demás pertenencias, figuran entre los registros de daños más sensibles ocasionados a las familias desplazadas, pues en estos haberes estaba representado el esfuerzo de generaciones y expresaban la concreción de sueños y de aspiraciones individuales y familiares. Los bienes materiales hicieron parte de la identidad personal y familiar, en tanto a partir de ellos era posible el reconocimiento de la capacidad de trabajo y de esfuerzo, de la responsabilidad y de la honorabilidad de las personas. De tal suerte que su pérdida no implica solo un detrimento de un capital económico, ya de por si significativo e importante, sino de un capital simbólico que en la experiencia de los desplazados es significado como el despojo de los sueños y los esfuerzos y el despojo de su fuente de dignidad, de respeto y de reconocimiento social. Es justamente el ingreso a las ciudades con escasos o nulos recursos económicos, lo que coloca a las familias en situación de mayor vulnerabilidad y lo que los lleva a experimentar sentimientos de pérdida de dignidad, en tanto se ven obligados a depender de la caridad y de la solidaridad de otros, no siempre libres de insultos y de señalamientos como “aprovechados” y “perezosos”. Carecer de bienes materiales es por tanto, carecer de un estatus que los acredite como personas “de bien” y que les garantice un trato respetuoso por parte de los demás.

En

consecuencia al padecimiento físico que implica la escasez de alimentos y la carencia de vivienda digna, principalmente, se suma un padecimiento moral y psicológico que aumenta el inventario de daños y perdido de las familias desplazadas.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (60)

“… yo no conocía esto, vine a conocerlo hace cuatro años que me decían las señoras fulanas van a hacer un recorrido, y me vine y me encontré con que el recorrido era venirse y juntarse 10 o 15 mujeres y venirse con unos costales a pedir limosna a las plazas minorista y mayorista,

y la dignidad de nuestra

gente se vio por el suelo ... no estaba acostumbrada a eso, allá ... mínimamente se levantaba la mujer, nuestra compañera y había una gallina y había un huevo para echarle a la olla y hacerle el desayuno a sus hijos. Aquí nos vimos enfrentados a unas situaciones muy distintas” (P53, Medellín). En este orden de ideas, los bienes materiales más asociados a la idea de seguridad, estabilidad, autonomía y prestigio son los que más cuentan en el inventario de pérdidas, de tal cuenta que la pérdida de la vivienda es tal vez la que se menciona con más insistencia y añoranza. Adquirir vivienda en la ciudad es prácticamente imposible para la mayoría de las familias, razón por la cual, deben acudir a la toma terrenos y a la

improvisación

de

cambuches,

situación

que

los

coloca

como

“ilegales

y

transgresores” y los hace víctimas de las acciones jurídicas y de desalojo físico por parte de las autoridades y de la fuerza pública. “Cuando cogimos una tierrita allí al frente del metro de Acevedo allá cogimos un terrenito y estuvimos viviendo ahí pues…y

llegaron la gente… la ley

desalojaron horriblemente ese día con los gases lacrimosa, él también estaba allá con toda la familia. Nosotros corríamos y esa gente (…) las niñas estaban enfermitas y con esa lacrimosa y nos tumbaron todas las casitas y me quede rendida cocinando en la olla (…) después que yo vivía tan bueno, (..) Después fue que nuestros vecinos nos dieron un terrenito pero eso filtraba agua por aquí, agua por aquí, en un pantanero, nos ofrecieron dizque nos fiaban por trescientos mil, y ahí de la necesidad tapamos con un plástico

y….” (Mujer

indígena, desplazada en Medellín). Más que referir el monto de las pérdidas económicas, es necesario dimensionar el significado que dichas pérdidas tienen para las personas, en términos de su identidad y de su papel en los proyectos vitales de las víctimas, en este sentido, no se pretende reivindicar un pasado en condiciones prodigas y de abundancia. “…Los desplazados no se vuelven pobres en los sitios de recepción, es decir, sus condiciones de vida no cambian en forma drástica cuando se desplazan. Es evidente que hay una caída violenta en las condiciones de vida de las familias cuando son desplazadas, pero esto

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (61)

no implica, per se, que las condiciones económicas, sociales y políticas en el sitio expulsor fueran las mejores, o fueran superiores a las alcanzable en el lugar de recepción.” (Castillo y Boris, 2007:22) En este sentido, hacemos referencia, no a un paso de la riqueza a la pobreza, sino de un proceso que despoja a los históricamente excluidos de sus fuentes de dignidad y de sus haberes significativos que les permitía asumir su presente y proyectar el futuro. Las pérdidas asociadas al saber hacer “Fue muy difícil porque en Bogotá para poder sobrevivir me tocó hacer muchas cosas que de pronto no califico que sean desagradables, pero uno no está preparado para ello, de pronto me tocó reciclar, vivir de la mendicidad. En Barranquilla trabajaba en colegio, tenía alguna forma de resolver mis problemas económicos, de ayudar a las demás personas.”

(Hombre de 42

años, Desplazado de Barranquilla en Soacha) El ingreso a las ciudades confronta fuertemente a las personas con sus saberes tradicionales y que fueron la fuente de su independencia y sostenibilidad. Los saberes relacionados con el trabajo agrícola y el cuidado de los animales principalmente, resultan inservibles e inútiles en la ciudad y los obliga a buscar fuentes de sustento lejanas de las conocidas. Las habilidades y saberes construidas y fomentados por generaciones. Aquellas que eran a su vez fuente de identidades y roles, resultan “descalificadas” y con ello también destruidos los esfuerzos por “ser alguien, ser útil, ser capaz” y en particular para los hombres adultos, impedida la posibilidad de cumplir con el rol histórico de proveedor económico del hogar. “Yo siento que él está así porque ha perdido todo; perdió su personalidad como hombre. No es él el que está asumiendo una responsabilidad por una familia, soy yo y el verse de brazos cruzados pudiendo hacer muchas cosas y que no puede hacer nada porque todo se le sale de las manos…para él eso es muy duro, se siente mal porque no puede hacer nada” “…no le gustaba que yo saliera a trabajar, porque para él era sentirse mal que si yo lo tenía a él era para él responder por mi, por unos hijos, por una familia y que si yo me iba a trabajar iba a llegar cansada a la casa y no iba a poder responderle a él ni a los niños ni mantenerlos organizados porque llegaba

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (62)

cansada y nunca compartía con ellos. Si, yo siempre fui una mujer de la casa, antes pasaba todo el día con ellos…” (Mujer de 41 años, Desplazada del Choco en Soacha) En este aspecto, ha sido reconocida la importancia de los saberes femeninos en el ámbito doméstico, como la preparación de alimentos,

el cuidado de niños y la

limpieza, habilidades que les permiten sobrevivir y que trastoca significativamente los roles familiares. “Mi familia es muy numerosa, mis hijos…, y yo solamente estaba produciendo porque uno llega aquí y le toca como mujer asumir la posición, el papel de hombre y mujer porque para los hombres desafortunadamente no hay muchas cosas que les brinde acá a ellos…” (Mujer de 46 años, Desplazada del Meta) “…porque de todas maneras uno vivía más tranquilo, juntos trabajábamos para todo el hogar, como que todo se dividía, bueno, el problema, el eterno problema de llegar uno acá y no encontrar trabajo, y uno encontraba así fuera lavando la ropa encontraba trabajo, entonces era que como que él se quedaba en la casa y yo era la que pues asumía el trabajo de la casa y pues eso empezó a deteriorar la relación…” Pérdidas o cambios en los sujetos políticos La interpretación según la cual, el desplazamiento es un proceso de vulneración de derechos que ocasiona la pérdida de la ciudanía de las personas víctimas, ha sido rebatida, por quienes afirman que la mayoría de los desplazados son personas excluidas e invisibilizadas históricamente en el ámbito cultural, económico y político. El desplazamiento incluso, es analizado como un fenómeno que da cuenta de la precaria democracia y de los incipientes y en ocasiones nulos procesos de construcción de ciudadanía en numerosas regiones del país. En el ámbito político las comunidades rurales, las más afectadas por este fenómeno, han sido utilizadas, cooptadas y presionados a través de diversos mecanismos, como el clientelismo político, la intimidación o el intercambio de favores, constituyéndose no como personas deliberantes y participes de la vida política, sino como “bases de apoyo” que respaldan, en ocasiones, electoralmente a los poderes de turno, o aceptan y toleran su accionar. En este sentido el desplazamiento, más que

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (63)

ocasionar la perdida de la ciudadanía y de manera más específica, impedir la participación política, acentúa y posterga una histórica tendencia del país. Sin embargo, dentro de las personas y poblaciones desplazadas se cuentan un número significativo de líderes sociales y organizaciones con participación política, que fueron perseguidos, amenazados y expulsados por cuenta de su actividad, con la cual en muchas ocasiones se enfrentó o hizo resistencia a los poderes que intentaban controlar o expropiar en sus regiones. En este sentido el desplazamiento, para algunas personas significa también la perdida de organizaciones y del ejercicio de liderazgos. Para quienes ésta resultaba como actividad significativa, el desarraigo es también el despojo de sus capacidades de liderazgo y la renuncia a proyectos que propendían por la cohesión social y el desarrollo sociocultural de sus comunidades. Algunas personas han encontrado en las ciudades posibilidades de participación y de ejercicio de liderazgo, ahora vinculados a la reivindicación de sus derechos como desplazados, sin embargo esta labor enfrenta serias dificultades, de un lado, por la heterogeneidad y dispersión de situaciones e intereses de la población desplazada y de otro, por la persecución de que han sido y siguen siendo objeto los líderes de la población desplazada en los contextos urbanos. Las organizaciones de desplazados, a pesar de las dificultades mencionadas, constituyen un espacio muy importante para esta población y en especial para los que van ingresando a la ciudad día a día. Allí en sus improvisadas oficinas o lugares de encuentro hallan un lugar en el cual pueden ser orientados y escuchados y constatan que su tragedia es compartida por otros miles. Las organizaciones se constituyen en ocasiones en un recurso por medio del cual los desplazados van conociendo las instituciones, los barrios, las rutas de acceso. Espacios desde donde construyen solidaridades y tejen redes que permiten ir “apropiando” la ciudad.

Las dificultades de los desplazados en los contextos urbanos: la profundización de las pérdidas, los cambios y los daños: La probabilidad de supervivencia y de adaptación de los desplazados depende del tamaño, del alcance y de las condiciones laborales de las redes sociales a las pertenecen. Redes con alta incidencia de desempleo, bajos niveles educativos, alta informalidad, y escasa o nula información laboral deberán conducir al rebusque, al desempleo y a una pobreza más profunda de la que vivían en el campo. Las entrevistas y observaciones realizadas permiten afirmar que el proceso de llegada e inserción, así como los intentos de estabilización de las familias desplazadas en los contextos urbanos, tropiezan con una serie de obstáculos y dificultades que

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (64)

profundizan y agudizan los daños generados por los factores que obligaron el desplazamiento y por el desplazamiento mismo. En la investigación se destacan los siguientes aspectos: La ausencia de vivienda propia y digna: “porque nos toca estar en las partes donde realmente lo que cobran es muy poco por el arriendo, cosa que cuando llueve tiene uno que buscar el lado donde están cayendo las goteras para poder dormir o estar, porque es que, qué le pueden cobrar a uno de arriendo por una parte de esas, prácticamente nada, pero de igual manera se nos hace a nosotros muy difícil conseguir eso, por lo que el trabajo no lo tenemos constante. Estamos viviendo bajo un mismo techo, hemos llegado a vivir por ahí aproximadamente 17” (Hombre de 38 años, Desplazado del Choco en Soacha) La mayoría de las personas desplazadas no logran acceder a una vivienda propia e incluso

a

una

rentada.

La

carencia

de

un

ingreso

estable

no

les

permite

comprometerse con el pago de arriendo, razón por la cual es recurrente escuchar que en la primera etapa de tiempo en la ciudad, acuden a alojamientos transitorios suministrado por familiares y amigos y posteriormente al intento de acceso, por la vía de los mercados informales e ilegales, a un pedazo de tierra y a la construcción de improvisadas viviendas. La carencia de vivienda acentúa problemas de diverso orden: los conflictos intrafamiliares provocados por el hacinamiento y la falta de intimidad y privacidad, la sensación de dependencia y de pérdida de autonomía, y el aumento de la incertidumbre frente a las posibilidades de permanencia y estabilidad en los nuevos lugares de arribo, entre otros. Sobre esta problemática Villa (2006) menciona: “En una encuesta realizada por la Red de Solidaridad Social en el 2003 con una muestra de 2.041 personas desplazadas sobre su situación de vivienda se encontró que el 24% eran ocupantes de hecho, el 17% eran propietarios, el 11% vivían en casa de un familiar, el 34% en arriendo, el 8% habitaban en casa de un amigo, el 5% en albergue temporal y el 1% en usufructo. En ciudades como Medellín la cifra de ocupantes de hecho sin embargo asciende al 66% de una muestra de 284 personas”

La falta de trabajos acordes, estables y dignamente remunerados.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (65)

El trabajo es tal vez el tema más reiterado por las personas desplazadas. En primer lugar porque no se sienten calificados para los oficios de la ciudad y no cuentan con los requisitos que se suelen solicitar (recomendaciones, experiencia acreditada, documentos, etc). En segundo lugar porque no hay ofertas de trabajo estables y ello obliga a las personas a recurrir a las ventas informales, a la realización de oficios como lavado y cuido de carros, cargadores en plazas de mercado, entre otros; trabajos altamente inestables e incluso disputados y perseguidos; y en tercer lugar a los escasas remuneraciones e ingresos generados de un lado, por la ausencia de vinculaciones formales, que los hace presas del engaño y la explotación y de otro, por la alta competencia

que hay en estos sectores y por

la subvaloración que estos

oficios tienen socialmente. “…económicamente empieza a estar re mal la cosa, re mal, que a veces nos tocaba acostarnos con una agua panela, y los pelaos… y los pelaos, entonces yo ya me decido a buscar trabajo, empecé a llevar hojas de vida a todo lado, no esa vaina no le sale a uno nada, primero porque uno no conoce la ciudad, segundo porque el perfil de uno para competir acá con tantos profesionales en esta ciudad.” (Mujer de 28 años, Desplazada del Meta) Las personas desplazadas no tienen experiencia en trabajos urbanos, ni las redes y documentos necesarios para acceder a empleos formales en la vigilancia privada o los servicios, sectores que estarían más a su acceso. En las ciudades pequeñas e intermedias el servicio doméstico se contrata sólo con personas conocidas y establecidas de tiempo atrás o se paga muy mal debido a la sobreoferta; en general, hay sobreexplotación de las mujeres que se dedican al servicio doméstico. La idea recurrente de los desplazados es tener una tienda que les brinde dinero efectivo cada día y que les posibilite una precaria supervivencia. Parecería que esa es la versión urbana de los cultivos de pancoger, es decir, los que siempre están disponibles para el consumo. Muchos se dedican a la venta callejera de alimentos que preparan a medida que van apareciendo los clientes. Los hombres venden alimentos ya listos para consumir (frutas, alimentos empacados) en los paraderos de buses o las vías regionales. La población desplazada también se dedica a revender, en pequeña escala, mercancías baratas de las que obtiene una exigua ganancia; es una forma de poner a circular el dinero pero que no crea valor.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (66)

En un contexto nacional de desempleo creciente la población desplazada se convierte en competidora de los pobres históricos ya no por el acceso a empleos en la economía formal sino en la informal. Es común que quienes se dedican al comercio estacionario o ambulante vendan en su mismo barrio, no salen de la zona conocida, excepto para ir a instituciones de carácter distrital o regional. Venden para sus vecinos y, a la vez, compiten con ellos. Esto se debe, primero, a que el dinero que obtienen de ese comercio al menudeo no les alcanza para pagar transporte y mantener un mínimo de surtido, segundo, a que se sienten inseguros en la ciudad y, tercero, a que no tienen el dinero y los contactos para conseguir lugares de venta y mercancías ventajosos que garanticen una ganancia mayor. El desempleo es crítico para los hombres durante los tres meses posteriores a la llegada; sin embargo, el tiempo en la ciudad no significa estabilidad laboral. Los hombres mejor pertrechados para superar la crisis inicial son los que han tenido experiencias laborales diferentes al trabajo agrícola, los que antes de llegar han vivido en otros sitios diferentes al de nacimiento, los que tuvieron experiencias de agremiación laboral o militancia política porque tienen una adscripción que les genera solidaridades. Según Meertens(1999) las mujeres se adaptan más rápido a la vida urbana y consiguen ingresos antes que los hombres porque convierten los conocimientos y habilidades de la división sexual del trabajo en fuentes de ingreso: servicio doméstico, arreglo de ropas, venta de alimentos preparados en la casa, cuidado de niños o enfermos. Ellas tejen redes de apoyo con familiares, paisanos o vecinos mientras los hombres se concentran en obtener ayuda de las instituciones. Las mujeres jefes de hogar tienen más posibilidades porque los maridos, adultos jóvenes, despiertan sospechas y reticencias lo cual representa un límite u obstáculo.

Los problemas de salud. La mayoría de las personas refieren dolencias y nuevos problemas de salud, asociados no solo al alto nivel de estrés provocado antes y durante el desplazamiento sino a los cambios en los patrones y dietas alimenticias, a las nuevas condiciones de vivienda y a los cambios climáticos. Así, se juntan una serie de condiciones emocionales, psíquicas y de contexto económico y cultural que someten a las personas a tal nivel de carencia, cambio y presión, dando como resultado la agudización o aparición de enfermedades, que los colocan aún en mayor vulnerabilidad y que limitan sus capacidades para reinsertarse en la ciudad.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (67)

“…él si bregaba mucho conmigo llevándome al hospital porque varias veces me enfermé, yo no sentía ni un dolor antes del desplazamiento, nada…yo no sabía para qué eran los médicos, después del desplazamiento salí enfermo del corazón, diabetes, hipertensa, ácido úrico, los siete males del gato que llamo yo.” (Mujer de 58 años, desplazada del Guaviare en Soacha) La inseguridad y la desconfianza. Si bien la ciudad puede resultar en principio, más segura, con respecto a los lugares abandonados. Rápidamente va poniendo de presente los enormes riesgos que en ella enfrentan

adultos

y

niños.

Riesgos

asociados

la

delincuencia común

(robos,

violaciones, asaltos) y también, como ya se mencionó, relacionados con las acciones desplegadas por los grupos armados en la búsqueda de control territorial. A la percepción de inseguridad se suma la desconfianza que genera el ingreso a un lugar desconocido, con presencia de personas anónimas y diversas. Este clima se asocia, con otro de los problemas referidos por las personas: la estigmatización y la discriminación. “Algún amigo, de pronto viene aquí a Bogotá y nos saludamos pero no es igual. No tengo posibilidad de sentirme igual como antes, compartir con la gente que uno quiere, llegar

a la hora que uno quiere, hablar abiertamente…

directamente ahora en mi vida yo no le tengo confianza casi a nadie.” (Mujer de 46 años, Desplazada del Choco en Soacha) “..me da mucho miedo ir a las reuniones con las instituciones porque se que esos son ganchos concreticos con los paramilitares y con las fuerzas oficiales, y eso uno a todo mundo no le puede tener confianza, a esas! ellas ya les sé la historia, a una por una, yo ya sé quién es cada quien, cada persona, yo no les cuento nada, jmmm me hago la loca, si les colaboro hago toda mi labor, pero yo sé con quienes puedo hablar cosas concretas, pero no es fácil, porque uno a veces suelta la boquísima,

pero yo si trato de ser muy cuidadosa con eso.”

(Mujer de 28 años, Desplazada del Meta en Soacha)

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (68)

La confrontación de los imaginarios asociados a la ciudad El transcurrir de las personas en las urbes, poco a poco confronta los imaginarios que sobre las ciudades se construyeron y que permitieron visualizar salidas a la amenaza, al riesgo y a las difíciles condiciones de vida en sus lugares de origen. Si bien muchos desplazados refieren sus salidas como momentos poco planificados, abruptos y por lo mismo señalan que

estas

no fueron escogidas como resultado de una elección

informada y racional, muchos otros contaron con relaciones, informaciones y algún tiempo que les permitió pensar acerca de su nuevo lugar de destino. En todo caso, a medida que el tiempo pasa, algunas ideas y expectativas parecen desvanecerse y en este

sentido

a

aumentar

los

sentimientos

que

asocian

la

experiencia

del

desplazamiento con los desarraigos, las perdidas y los cambios. El imaginario del lugar seguro. Como se refiere en los análisis de contexto, a los tradicionales problemas de violencia y delincuencia común propio de las ciudades, en los últimos diez años se ha agregado una cruda violencia desatada por la disputa de los actores armados quienes encuentran en los espacios urbanos negocios rentables para controlar,

jóvenes por

reclutar y ubicaciones espaciales estratégicas de alta importancia en el ejercicio de controlar política y territorialmente el país. De tal cuenta que las ciudades y en particular los sectores populares se ven profundamente afectadas por las prácticas autoritarias y violentas desplegadas por los diversos actores armados. El ideal de la ciudad como el lugar seguro empieza a desvanecerse lentamente y las personas que llegan huyendo de la violencia se encuentran en un contexto que no sólo amenaza con que sus hijos sean presos de la delincuencia callejera y de las diversas actividades ilegales, sino que vuelve a cundir el miedo de los reclutamientos forzados, las amenazas por supuestas o reales vinculaciones políticas o religiosas previas. En algunas ocasiones la ciudad vuelve a victimizar a estas familias, pues se mencionan casos de

asesinatos de hijos y parientes cercanos, así como la persecución por la

incursión en actividades organizativas.

De esta manera, la ciudad agrega nuevas

pérdidas y daños y acentúa sentimientos de desprotección y vulneración. “…era como traerlos de una sociedad sana, a una sociedad donde tiene que estar con todas las alertas, si uno sabe que en el campo bueno, está uno pendiente de ellos, pero que les de uno una libertad.

Que uno no corra el

riesgo de que encontraron allí a un joven vicioso que lo va a llevar por otros

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (69)

caminos, o que hay ladrones y que los va a llevar por otros caminos y si bien es cierto uno está como papá convencido de la educación que uno le está dando a sus hijos, también es cierto de que en una ciudad tan corrupta como es esta, es muy difícil llevar, y más hijos hombres. En la ciudad uno tiene que estar constantemente inculcándoles a sus hijos una educación moral muy grande.” (Mujer de 29 años, Desplazada de Boyacá en Soacha) “…hay solo dos personas que mueven a todo el sector y son los que mandan, son de pandillas, entonces todo eso lo estresa a uno, porque de tanta cosa que uno viene, jóvenes hasta ahora principiando a vivir y ya pasando al otro mundo.” (Mujer de 53 años) El imaginario del lugar de las oportunidades La idea de que las oportunidades se concentran y ofrecen en las ciudades, es confrontada ante

el señalamiento de las familias desplazadas como los nuevos

competidores en lugares de alta precariedad. Alimentarse, educarse o conseguir un lugar para vivir en la ciudad se convierten en luchas feroces y cotidianas que agudizan la nostalgia frente “al lugar perdido”, que si bien en la mayoría de los casos era humilde, no se caracterizaba propiamente por experimentar situaciones de hambre, frio y brutal hacinamiento. El agua, el alimento, la vivienda, son bienes elementales que escasean y que hacen particularmente difícil adaptarse a vivir en la ciudad. En este sentido la lucha de los desplazados se concentra en la sobrevivencia cotidiana y por lo mismo está muy lejana de constituirse en una lucha por la reparación de los derechos vulnerados por el desplazamiento. “Aquí llegamos y me desesperé mucho porque no tenía que darles de comer a mis hijos, estábamos viviendo por allá en Enciso El Pinal y allá la primer semana nos atendieron muy bien, nos daban la comida pero ya después fue una humillación terrible, (Hombre afro P26). De hecho la ciudad si ofrece posibilidades: venta de alimentos y productos callejeros, servicios

domésticos

y

toda

clase

de

actividades

informales,

pero

son

las

oportunidades para sobrevivir y no para vivir dignamente. Son además actividades inestables y por lo mismo que mantienen a las familias en la incertidumbre y la angustia frente a un futuro muy poco promisorio.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (70)

Sin embargo, en estudios recientes se afirma, que la población desplazada encuentra en las ciudades relaciones, bienes y servicios con los que no contaba en sus lugares de expulsión y que por esta razón muchas no están dispuestas a retornar. Nos interesa mostrar que la pobreza se traslada de un sitio a otro, de la mano de estas miles de familias y que la ayuda asistencial de las organizaciones no gubernamentales y del gobierno se convierte en un fuerte incentivo para permanecer en los sitios de llegada y rechazar un posible retorno a sus lugares de origen. La emergencia de la ayuda internacional y gubernamental en los lugares de llegada genera un proceso de “ilusión económica” o de disonancia cognitiva: un desplazado, al comparar su situación anterior—sin ningún tipo de ayuda ni estatal ni privada ni institucional—con la nueva puede inferir, en forma equivocada por el momento, que su nueva situación será mejor comparada con la anterior. (Castillo y Boris, 2007:22) El imaginario de la ciudad como escenario de atención y reparación. La ciudad también se asocia como el lugar de presencia institucional que permite asumir que habrá atención y servicios. Y en efecto, son mayores las posibilidades de atención en las grandes ciudades que en los pequeños municipios o escenarios rurales. Sin embargo esta atención es precaria y somete a las personas a largos y extenuantes procesos que no siempre culminan con el reconocimiento de su condición de desplazados o en el acceso a lo que imaginaron las familias. La atención institucional va quedando con el tiempo reducida a la expectativa por un mercado, recursos para unos meses de arriendo y un acceso limitado a salud y educación. No son pocas las escenas de grandes filas de desplazados a la intemperie esperando o reclamando un kit de aseo, un mercado o la numerosa interposición de tutelas con la esperanza de acceder a vivienda, proyectos productivos y educación. En lugares como Medellín y Soacha, los sitios de atención a la población desplazada (UOA) carecen de las condiciones mínimas de un lugar de atención pública. Con el argumento de “los problemas de seguridad” el ingreso colectivo es prohibido y las personas deben esperar afuera, independientemente de los entornos y de las condiciones climáticas, para ser atendidos. A ello se suma la hostilidad con que son atendidos por funcionarios, que se sienten rebosados por la cantidad de gente y de demandas y se agrega la impotencia que genera la incomprensión de las palabras y lenguajes que los funcionarios usan y que tienen como finalidad indicar los

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (71)

mecanismos y procesos para ser atendidos o para reintentar un reconocimiento luego de ser rechazados. “… que la Red lo que hace es una cosa inhumana porque ponen a la gente dos o tres meses a esperar para darle una respuesta, ponen a la gente ansiosa a desear más de lo que ellos les pueden dar y que cuando ya le tienen una respuesta a las personas afectadas, esa persona ya ha sufrido y ha invertido el doble de lo poco que ellos le pueden dar y a la gente no le dan las cosas como dignamente se las pueda merecer, se las dan como que fuera un mendigo y lo último que el ser humano pierde es la dignidad”. (Mujer desplazada en Soacha)

La figura del desplazado está cargada de ambigüedad, las representaciones sociales fluctúan entre el damnificado o la víctima y el culpable. Estas representaciones influyen en las instituciones y explican que “para muchas administraciones en las regiones y las ciudades, los desplazados son portadores de desorden; traen consigo dificultades de diferente naturaleza y peligros implícitos y explícitos: suciedad, hacinamiento, enfermedades contagiosas, incremento de la delincuencia, mendicidad y empleo informal; por ellos alcaldes y gobernadores se afanan por propiciar los retornos” (Uribe de Hincapié, 2000b). La atención institucional está marcada por el temor de que si la atención es buena se estimulan las migraciones, la usurpación de la identidad de desplazado o la utilización pragmática de esa condición retrasando o impidiendo la recuperación socioeconómica. Las relaciones entre instituciones y desplazados son cada vez más agresivas y cargadas de representaciones hostiles. Los desplazados se cansaron de esperar los recursos o de su mala distribución, los funcionarios ven en el desplazado una persona que se acostumbró a las ayudas y que no hace nada por sí mismo. Las personas que más luchan o reivindican sus derechos son señaladas y se les obstaculiza el ingreso a las instituciones, se les ve como conflictivos y problemáticos. En la actuación de los funcionarios hay mucho arbitrio, no hay criterios técnicos y objetivos que garanticen un trato igualitario y equitativo. En el deterioro de las relaciones entre la población desplazada y las instituciones estatales influyen varios factores. En primer lugar, lo complejo y engorroso del proceso de registro, entrega de ayuda de emergencia y acceso a servicios de salud y educación. La cantidad de pasos e instancias involucradas disminuyen la eficacia y rapidez de Acción Social. En segundo lugar, la escasez de recursos humanos y técnicos

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (72)

en cada entidad para atender el volumen de población. En tercer lugar, que los funcionarios no han recibido una capacitación que les permita comprender el problema y atenderlo adecuadamente. Por otro lado, en el trabajo de atención hay un escaso o nulo componente psicosocial (ni para la población objeto ni para quienes la atienden) que ayude a favorecer la relación; al desplazado se le pide mucha información para llenar formatos pero no hay quién, cómo, dónde o cuándo escucharlo. La atención es demorada porque se basa en una relación de desconfianza: hay que asegurarse que el desplazado lo es, que está registrado y que no ha recibido más de lo que le corresponde. Las respuestas dependen del nivel central o de otras instituciones, no hay coordinación ni una red de información compartida que agilice la atención. La contradicción fundamental parece estar en los ritmos. Por un lado, la institución debe cumplir una serie de pasos que requieren información y procedimientos estandarizados, eso implica unos tiempos que, en apariencia, no pueden reducirse. La población desplazada está en un permanente estado de urgencia

y necesidad, no

tiene otras opciones, exige soluciones prácticas e inmediatas. La institución, además, actúa según normas y criterios establecidos y categorías definidas; el desplazado necesita excepciones, su circunstancia no se adapta a lo que prefigura la institución. La inestabilidad económica y la incertidumbre ante una situación que se prolonga está generando nuevas conductas. Muchos desplazados ya no solicitan prórroga de la ayuda humanitaria sino recursos para retorno o reubicación, han asumido que sus condiciones en la ciudad no van a mejorar y quieren probar suerte en otros lugares. Se han conocido casos de personas que regresan para ingresar al grupo armado que haya consolidado su control territorial o que negocian con él las condiciones del retorno. Estos mecanismos se aplican por fuera del Estado y las instituciones. Pero lo más grave es que en la oferta y el modo de atención del Estado se pierde la visión del desplazamiento como un problema político que involucra la legitimidad del Estado, la legalidad vigente, la dignidad humana y la justicia. El proceso de atención a la población desplazada incide en que ésta “renuncia a los derechos de compensación, reparación moral y reconocimiento social a las cuales todo desplazado podría acceder y reclamar” (Uribe de Hincapié, 2000a). Los habitantes de la ciudad, a su vez, no ven en los desplazados a las víctimas de una guerra sino a un grupo amorfo que se ha convertido en problema social. “La imagen estigmatizada del desplazamiento forzado es el manto que oculta las responsabilidades públicas y los compromisos institucionales y sociales para con las víctimas; nadie parece sentirse aludido por la situación de los desarraigados, ningún

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (73)

actor institucional, contrainstitucional o parainstitucional, asume los costos políticos y éticos de semejante desastre humanitario y no aparece en el horizonte a quien reclamarle por las exclusiones, los despojos, las violaciones a los derechos, las heridas morales infringidas o las pérdidas materiales ocasionadas” (Uribe de Hincapié, 2000b). El desencantamiento con el imaginario de la atención y oferta de servicios se evidencia en las numerosas vías de hecho a

las que recurren las personas

desplazadas como las tomas, marchas y bloqueos a las que acuden los desplazados frente a la vivencia de abandono e incluso de maltrato institucional. La ciudad escenario de solidaridades “Nos encontramos con ellos y varias familias, entonces nos reuníamos a hablar de la situación de lo que se había vivido, de los problemas que se habían tenido y de las necesidades que habían, entonces no nos quedamos solamente en lamentarnos (...), sino también comenzamos a ver qué podíamos pensar de ahí en adelante, en qué hacer; entonces comenzamos a crear las propuestas”. “en muchos casos he tenido que compartir hasta la comida, la casa, la ropa, con

personas

que

han

llegado

en

situaciones

de

desplazamiento,

de

persecución y que lo hace uno a cambio de nada…a cambio de que la persona pueda tener algo de tranquilidad, no mas”. (Hombre de 45 años, Desplazado del Huila) Paradójicamente la ciudad es referida por la mayoría de las personas como un lugar en dónde encuentran solidaridad y apoyos de diversos tipos: de afecto, económicos, de información, etc. Aun en las difíciles condiciones de pobreza en los lugares a los que arriban las familias desplazadas, reciben albergue, alimento y sobre todo apoyo para empezar a conocer los servicios y los espacios a los cuales pueden acceder. En especial las mujeres refieren la importancia de contar con el apoyo de paisanas e incluso de desconocidas que las recomendaron en casas de familias para ser contratadas como empleadas domésticas o que las vincularon a ventas de alimentos y ventas informales. De esta manera vivir en la ciudad genera situaciones y sentimientos ambiguos, si bien se experimenta la estigmatización y el rechazo, también se recibe el apoyo y la solidaridad de personas que comparten su condición de desplazados, de migrantes o de pobreza

y que con sus acciones hacen más

llevadera su dramática situación o que incluso favorecen un proceso de inserción en la vida urbana, por precario que el resulte.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (74)

Los relatos de las personas entrevistadas permiten observar el valor de la solidaridad que se expresa en las redes sociales que se construyen en los barrios habitados por personas excluidas y desplazadas. Son las mismas personas “pobres” las que se encargan de atender y de hacer soportables las necesidades y precariedades de los desplazados, en especial de los recién llegados. Esta realidad se contradice, o tal vez se expresa al mismo tiempo con la idea generalizada del rechazo por la competencia frente a escasos recursos. “Conseguí la sudadera porque hubo una persona que me tendió la mano por medio de redes para que vea que a mi las redes son las que me están sirviendo, no es porque yo ande poniendo las manos, sino las redes que me conocen y saben mi situación se encargan de hacer otras redes y contactos para poder apoyarme y en esa forma es que yo he venido saliendo adelante por medio de las redes…”

(Mujer de 41 años, Desplazada del Choco

en

Soacha) Lugar de afirmación de derechos El ingreso a las ciudades representa para muchas personas un acercamiento a la noción de ciudadanía y también a un reconocimiento del estatus jurídico que se desprende de su situación de desplazados y con ello a conocer y a contemplar la exigibilidad de una serie de derechos. Si bien este es un proceso lento y complejo, en ocasiones inicia por conocer la existencia de entidades del estado que tienen por competencia la atención de los desplazados y continúa con el conocimiento de redes y espacios de organización por los que circulan información. En muchas entrevistas los desplazados afirmaban que el mismo término “desplazados” les era desconocido y que de igual manera en la ciudad se enterraron de la existencia de entidades y de servicios a los cuales tienen derecho. Esta situación es comprensible, si se tiene en cuenta que en las zonas rurales, ha prevalecido una ausencia histórica del Estado y por lo mismo la ley y el derecho son nociones prácticamente inexistentes. A la construcción de esta noción contribuye notoriamente el trabajo realizado por ONG y agencias de cooperación internacional en términos de promover procesos organizativos, de formación e información, los cuales empiezan poco a poco a generar frutos. Sin embargo la ciudad no posibilita solamente el acceso a la noción de derechos ciudadanos, o a los derechos de la población desplazada, también representa una

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (75)

posibilidad de acercamiento a los derechos de las mujeres, de la niñez, a los derechos de las comunidades étnicas, entre otros. En este sentido también se aprecian procesos de empoderamiento vinculados tanto a los derechos de los desplazados, como a los derechos de las mujeres, de los grupos étnicos, lo que genera otro tipo de relaciones y de inclusiones urbanas.

Los daños morales, psíquicos y al proyecto de vida “…cuando llegué acá si me dio una crisis nerviosa, casi me muero, todo me producía miedo, si timbraba el teléfono me daba miedo, no me gustaba salir a la calle para nada, y me mantenía encerrada en el cuarto prácticamente. Mi mamá y mi papá teníamos una tienda y a mí no me gustaba ir a ayudarles en esa tienda porque a mí todo el mundo me parecía enemigo y pues viéndolos acá tan cerquita, fue terrible lo de los miedos recién llegué acá, terrible que yo sentí que me iba a morir de eso, me sentí sola, me sentía aburrida, me sentía fracasada, que todo lo que habíamos hecho había sido un fracaso, me sentía culpable, culpable, por haber dicho eso y que también era culpa mía de que la familia mía estaba sufriendo…” (Mujer de 28 años, Desplazada del Meta) Las pérdidas y cambios abruptos de las familias desplazadas se traducen en daños que transcienden el plano económico y material y que afectan de manera considerable aquellos

aspectos

trascendentes

que

se

suelen

ubicar

en

lo

intangible

o

extrapatrimonial. Los daños morales “Mi esposo está destrozado, hoy más que nunca. Esta semana más que nunca lo vi. Para mí, una mujer que ha estado con él toda una vida a su lado, no es el mismo, en estos últimos días lo veo muy mal. Como psicológicamente, moralmente está mal y detrás de eso peor está enfermo que este mes si Dios quiere lo operan, pero mi esposo no es el mismo hombre, se perdió totalmente… El era… un tipo que ha sido de una personalidad muy seria pero todo contento, todo querendón, soñador… está totalmente como si fuera una piedra, algo duro, seco, no comparte con nadie, no habla, nada, muy triste, callado, definitivamente es como una persona que está ahí porque si, directamente siento que lo perdimos.” (Mujer de 41 años, Desplazada del Choco en Soacha)

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (76)

El daño moral hace referencia al sufrimiento y al dolor de las personas y compromete su esfera afectiva y espiritual. Es un daño de orden subjetivo que para

el caso de

quienes fueron desarraigados y ahora ocupan las ciudades, se produce por las pérdidas, los abusos y vulneraciones en el contexto de la guerra. Se expresa como un sufrimiento generado frente a una experiencia dolorosa en el pasado que se mantiene y en ocasiones se profundiza en el presente. En consecuencia el sufrimiento deviene de los actos de violencia que generaron el desplazamiento pero a ellos se suma, y en ocasiones con mayor impacto, el sufrimiento, la rabia y la impotencia provocados por la estigmatización, el rechazo social, la dependencia y la incertidumbre frente a la sobrevivencia diaria. “El hecho de estar uno… como...casi ya de salida, le da nostalgia, se siente uno incómodo, se siente uno triste; Los amigos y todo..Eso le da a uno nostalgia, saber uno que… “jue pucha”… Me toco irme fue porque me toco, no porque no hay otra cosa sino porque me tocó, me tocó irme.” (Hombre de 45 años, Desplazado del Huila) Diversos estudios han dado cuenta del dolor y el sufrimiento que producen las pérdidas de familiares, la expropiación de las pertenencias y de los espacios significativos y queridos; la ausencia de rituales y de celebraciones el abandono de prácticas culturales y la desestructuración de las redes sociales provocadas por el desplazamiento. Sin embargo, asociados a la vivencia en la ciudad, se puede plantear que las transformaciones no deseadas en los roles sociales, el deterioro de la identidad y la pérdida de sus fuentes de honorabilidad y estabilidad se podrían identificar como los causantes principales del daño moral (sufrimiento y dolor); junto con la afectación en ocasiones, al buen nombre, cuando son señalados como responsables de su propio desplazamiento o como agentes perturbadores en la ciudad. De otro lado, la escasez de recursos para la supervivencia (fuentes de empleo, servicios, vivienda) obliga a los desplazados a tratar de prolongar su condición formal porque eso le garantiza ayudas de las que no dispondría si es apenas un pobre y desempleado más. Esta dinámica genera en algunos desplazados una actitud de mendicidad que parece ser reforzada por el asistencialismo de las instituciones estatales y no estatales que los atienden. Sufren además, entonces un proceso de revictimización que unido al impacto del desplazamiento y la violencia que lo precedió los despojan de su capacidad propositiva o del empuje suficiente para recomenzar la vida en otro lugar y condiciones. Así, algunas personas se quedan deambulando de

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (77)

entidad en entidad. “El asistencialismo genera dependencia, refuerza un universo entendido en términos de la inmediatez y la transitoriedad (...) genera sociedades que no autogestionan, donde consecuentemente el concepto ‘corto o mediano plazo’ no existe. En este universo la marginalidad es apenas una de las consecuencias y la corrupción su signo más evidente” (Castillejo, 2000). Los daños psíquicos “la mamá de ella perdió el sentido, se enloqueció, ella en este momento es una persona que ella no sabe ni con quién habla, ella perdió totalmente el sentido” (Mujer de 28 años, desplazada de Boyacá) El

pasado

de

pérdidas

y

violencia,

junto

con

carencias,

incertidumbres,

re

victimizaciones y miedos en la ciudad, suelen provocar daños psíquicos, expresados como alteraciones de la personalidad y perdida de la capacidad de afrontar los cambios y situaciones cotidianas. Así, la referencia al sueño perturbado, escaso o al insomnio, las expresiones de depresión, rabia y ansiedad, las adicciones al licor o a sustancias psicoactivas, inhibiciones y otros síntomas descritos por las personas desplazadas dan cuenta de profundos daños en la salud mental, los cuales se agudizan frente a la ausencia de políticas y programas de atención psicosocial integrales y oportunos. “Si, cuando mi esposo lo apoyaron en La Red como los tres meses, eso en la forma que eso lo dan, no tengo ni palabras para decir eso que ellos hacen porque ellos creen que con eso están solucionando todo el daño emocional, mental, están tratando de tapar con lo material, pero en lo emocional, en lo mental ellos no han hecho nada y la verdad yo no siento la necesidad de ir a La Red porque allá me siento más lastimada y más discriminada, por la forma que La Red trabaja”. (Mujer de 41 años, Desplazada del Choco) Los daños al proyecto de vida El daño al proyecto de vida atiende a la realización de la persona afectada, considerando

su

aspiraciones,

que

vocación, le

aptitudes,

permiten

circunstancias,

fijarse

potencialidades

razonablemente

expectativas

13

determinadas y acceder a ellas. 13

Citado por Jorge Francisco Calderón Gamboa en: La reparación del daño al proyecto de vida en casos de tortura. En

Libro Caso Ciudades

y

GIDES – IDRC (78)

Recordemos que el daño al proyecto de vida, considerado como el daño más grave que se puede causar a la persona porque le impide realizarse existencialmente de conformidad con un proyecto libremente escogido y que atiende a una personal vocación14 , es en efecto el daño que se puede generalizar a la mayoría de las familias desplazadas. Es por demás un daño que ya tiene reconocimiento en la jurisprudencia internacional y por lo mismo es susceptible de alegato a favor de la reparación. Dado que es la libertad uno de los derechos vulnerados (libertad de movimiento, libertad de elección, libertad de culto, entre otros) y más drásticamente afectado por el desplazamiento. Las personas frustran proyectos en curso y aspiraciones a futuro. Los impactos son de tal envergadura que hace que las personas experimenten un “vacío existencial” y que se enfrenten a “… la sensación de la nada al perder su vida su rumbo axiológico. El desconsuelo invade a un hombre que pierde la fuente de gratificación y el campo de despliegue de su apuesta vital". (Sessarego:1990) “…lo desestabilizan a uno completamente, le borran a uno, completamente las expectativas de vida que uno tiene, lo que tiene uno proyectado a futuro queda uno completamente en cero y como lo dicho muchas veces: uno en estos casos puede hablar de una historia que construyó, es decir puede hablar de un pasado pero cuando sucede esto uno no puede hablar de un futuro, es hablar uno de un sueño porque queda uno así, y eso lo vuelve a uno nada, lo rompe a uno completamente.” (Hombre de 45 años, desplazado del Huila) Los daños por la injusticia, la impunidad y las nuevas victimizaciones Durante el curso de la investigación fue reiterada la referencia de las personas desplazadas a la ley de justicia y paz y a los procesos de desmovilización y reinserción de los grupos paramilitares. Esta ley, concebida como ley de transición por el gobierno, ha sido denunciada por analistas y por organizaciones sociales como una ley de impunidad, por cuanto otorga beneficios a los victimarios, sin que de parte de estos se

http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/2007/gamboa1.pdf 14

Fernández Sessarego, Carlos, El daño a la persona en el Código Civil de 1984, en "Libro Homenaje a José León Barandiarán", Editorial Cultural Cuzco, Lima, 1985. Reproducido en el libro del autor Nuevas tendencias en el derecho de las personas, Universidad de Lima, Lima, 1990.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (79)

garanticen confesiones relevantes y entrega de bienes significativos destinados a la reparación de las víctimas. Por otro lado las audiencias públicas, fueron interpretadas por muchas personas, como oportunidades para los victimarios de justificar sus acciones a costa de denigrar de las víctimas. En este escenario, el discurso sobre los derechos a la verdad la justicia y la reparación ha ganado mayor apropiación por parte de los desplazados, quienes al comparar los servicios y beneficios que reciben, víctimas y victimarios, no solo observan la inequidad e injusticia que hay en ellos, sino que además se sienten nuevamente vulnerados. Esta vulneración deviene de la sensación de ser menospreciados por el gobierno y por los victimarios, de no recibir el reconocimiento social y político debido por parte del Estado, de los victimarios y de la sociedad en su conjunto y desde luego, de continuar enfrentados a sus difíciles condiciones de vida, sin que el llamado proceso de transición la mejore. Una serie de actividades conexas al proceso de la ley de justicia y paz, como las audiencias públicas, las exhumaciones, la extinción de dominio y el mismo cubrimiento periodístico del proceso, ha ignorado el impacto que sobre las víctimas tienen las declaraciones, el hallazgo de cadáveres, las confesiones, etc. Impactos de orden psicosocial por verse enfrentados a recordar y reabrir procesos dolorosos, por confirmar sospechas acerca del destino, del paradero de familiares y de las circunstancias

de

sus

muertes

o

desapariciones.

Impactos

por

la

falta

de

reconocimiento social e incluso por ser calificados como maximalistas en sus aspiraciones de justicia y reparación y por lo mismo como obstáculos para los procesos de paz.

Las prácticas y expectativas de reparación “Yo creo que la reparación no, nunca la veré, porque como pusimos el ejemplo de la hojita, será que la podemos formar como está esa otra, esa hojita está dañada, está totalmente destruida y para repararla no, ni pegándola ni nada, nada, nada, nada, imposible porque esa hojita ya quedó totalmente destruida y si la queremos ver hermosa así como está esta, yo creo que no”(mujer, 62 años) En medio de la deshumanización que trae consigo la guerra, de la particular historia de dolor y pérdida de seres queridos, el contexto adverso de la llegada en el que se siguen reproduciendo la violencia y la mirada indiferente de la sociedad, se plantean

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (80)

posibilidades de un futuro en el que se restauren las heridas y se proyecte la vida en condiciones de dignidad. Uno de los ejes de análisis de las entrevistas realizadas a personas en situación de desplazamiento forzado corresponde a las expectativas de reparación que tienen la población. Antes, es necesario señalar la convicción de buena parte de las víctimas de señalar al Estado como el principal responsable de la guerra, y por ende el acreedor al cual se exige saldar las deudas individuales y colectivas derivadas de su existencia. Es importante mencionar que la mayoría de las personas que accedieron a ser entrevistadas tienen algún acercamiento o participación en organizaciones. Esto les ha permitido acceder a información y procesos de formación que les posibilita tener claro los contextos y las causas de su desplazamiento, así como sus derechos y mecanismos de exigibilidad. Esto no quiere decir que esta información y formación sea extensiva a la mayoría de los desplazados, pues al respecto es claro que la mayoría de la gente opta por una especie de anonimato y que por lo mismo permanecen al margen de los procesos de organización e inclusive de la atención mínima en las entidades del Estado. “pienso que los directamente responsables de lo que a esta gente le pasó, le está pasando y le va a pasar, es el propio gobierno nacional, que es el que debe asumir la responsabilidad de la reparación de los hechos y a los actores materiales que respondan (...) ellos mismos por sus propios actos”. (Hombre de 45 años, Desplazado del Huila) “El Estado como responsable actual de toda la violencia y el conflicto armado, están en la obligación de (...) reparar los daños que le hacen a la gente que sufre por el conflicto armado. No dándole migajas, no hablando por los desplazados, es haciendo por los desplazados (...) es mostrar las condiciones dignas de cada persona que se pueda reparar y que al menos pueda tener una condición humana digna, sin discriminación, sin ninguna clase de rechazo humano y se le de espacio como cualquier humano”.

(Mujer de 41 años,

Desplazada del Choco) “Los responsables de la reparación es el Estado, porque el Estado son los responsables de que haiga tanta violencia en el país y de que la gente salga de sus propios hogares, de sus propias tierras a sufrir necesidades a la capital (...) porque ya uno no puede estar en un pequeño pueblo por ahí, sino que tiene que buscar ya es la ciudad para poder sobrevivir, de pronto unos días más, y el

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (81)

Estado (...)

no hace nada por eso”.

(Hombre de 38 años, Desplazado del

Choco) A pesar de esta conciencia expresada en las palabras de las personas, las expectativas de reparación, referidas a su condición particular, están marcadas por el pesimismo y en este sentido muy pocos de sus proyectos presentes y futuros contemplan acciones efectivas de reparación por parte del Estado.

De manera similar a lo hallado en

Quibdó, las personas creen que el discurso de la reparación es una demagogia que se contradice con sus condiciones actuales de vida, marcadas por la pobreza y la falta de atención. Incluso las mismas reivindicaciones políticas de reparación, no alcanzan a llegar a lo contemplado en los estándares nacionales e internacionales, por cuanto se limitan a la demanda de atención mínima en vivienda, salud, educación y generación de ingresos, sin que figuren aspectos tales como la indemnización, la restitución o la rehabilitación. “Bueno que nos devolvieran a nosotros al menos por ejemplo lo justo, lo justo de lo que perdimos, nosotros tenemos derecho a una vivienda digna no a una caja de fósforos (...) porque nosotros somos muchos, nosotros la mínima familia que tiene, tiene 6, 7, 9 niños (...) entonces yo creo que si reparan, que hasta el momento no se ha dado, es que a la población desplazada le tengan un vivienda digna” Es de llamar la atención que en los discursos de las personas entrevistadas se coloca un especial énfasis en los temas de la verdad y de la justicia. Esta reivindicación coincide con las expectativas generadas y divulgadas por los medios de comunicación, frente a la ley de justicia y paz. Verdad y justicia, de otro lado, son contempladas como medidas que no reparan el daño causado pero que aliviarían incertidumbres (en los casos en los que se desconoce el paradero o destino final de los familiares), que disminuirían los sentimientos de venganza y que restituirían en parte la dignidad de las personas afectadas. “… al menos que si empezaran a castigar a esas personas que tuvieron participación directa que fueron los encargados en decir: ”¡sí vayan y mátenlo!, que siquiera los tengan en una cárcel y siquiera los condenen a muchos años de cárcel, para que reflexionen un poco todo lo malo que han hecho”. Reparación “(...) es no querer que las cosas se queden ocultas, que algún día resulten, (...) que si se sepan quiénes son los culpables y que sí se empiece a

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (82)

trabajar lo que es la reparación, la verdadera reparación (...) que culpen a los culpables así estén viejitos, así se estén muriendo de cáncer y de cualquier enfermedad terminal, pero que los culpen y se lo hagan saber que todo lo malo que ellos hicieron en algún tiempo no se quedó impune, que salga la verdad”. (Mujer de 46 años, Desplazada del Choco) “la justicia, la verdad, que salga la verdad, que salga el responsable de eso, que hombre, tampoco es que con eso nos vayan a devolver nuestros muertos, si, nosotros ya sabemos que ellos están muertos, pero si que como víctimas, hombre, un reconocimiento de quién hizo todo eso, y de que los actores reconozcan que hicieron eso, y no solamente a nivel de paramilitarismo, sino a nivel de fuerza pública, a todos los que han estado involucrados en esta guerra”.

(Mujer de 29 años, Desplazada de Boyacá)

“(...) que al menos los actores armados reconozcan cómo mataron nuestra gente, dónde mataron, dónde está nuestra gente desaparecida, dónde están nuestros familiares desaparecidos, eso al menos descansa nuestros familiares, descansamos nosotros de estar esperando, estarán secuestrados, dónde están, sea ejército, sea paramilitares quienes los hayan desaparecido, no importa, pero que al menos reconozcan que lo hicieron y dónde están”. (Hombre desplazado de Medellín).

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (83)

Capítulo 3: Comentarios del representante de las víctimas de Soacha y del Comentarista sobre Ciudades, encuentro nacional 17 y 18 de mayo de 2007 - Bogotá

Olga Betancourt: asociación nacional de desplazados ANDESCOL y de la

mesa

de

interlocución,

gestión

y

desarrollo

de

Soacha

y

Cundinamarca A mi me correspondió hablar sobre las leyes, la ley 387 y la ley 975, frente a la reparación, entonces, personalmente y también con la experiencia que he tenido en los espacios y en los procesos sociales, hablar de reparación, es la esperanza de las víctimas que se diga la verdad y que la reparación se muestre en los múltiples daños causados a las víctimas, la ley 387 la podemos ver también como obstáculo a la reparación cuando, el Estado y el gobierno Colombiano dicen es que a los desplazados con la ayuda humanitaria ya les estamos dando la reparación, o con el proyecto productivo ya se esta reparando a las víctimas del conflicto armado. Nosotros decimos, no, porque, el desplazado tiene dignidad, el desplazado no esta aquí en Soacha, en Bogotá o en las grandes ciudades por que quiere, si no, por que ha sido víctima de la violencia social y armada que vive el país, también decimos que los procesos de desmovilización son un obstáculo a la verdad y a los procesos de reparación, integral y colectivo, individual y desconoce las exigencias de los derechos propios de las víctimas amparando intereses de funcionarios estatales. Creo que para todos los presentes es muy claro lo que viene pasando con la parapolítica, muestra claramente que mientras los altos funcionarios del estado Colombiano vinculados en los procesos del paramilitarismo en Colombia reciben todos los premios, las víctimas, seguimos sometidos, a vivir en la miseria; entonces, de cual reparación podemos hablar en este país, la verdad, siempre esta condicionada por el temor, a expresar la realidad de los hechos, por que frente a quien estamos diciendo una verdad, cuando por ejemplo, vamos a la fiscalía ¿quien nos garantiza que lo que nosotros decimos, otros no lo están escuchando?, y como decir esa verdad, frente a aun público o frente a la nación sin tener miedo ha que allá nuevas victimizaciones. También hablamos sobre lo que es verdad y justicia, pero frente a lo de seguridad de los lideres y también

de las comunidades desplazadas, nosotros

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (84)

decimos, en Soacha, las personas que estamos allí, se nos dificulta mucho hablar y empezar a trabajar en los procesos de reparación, por que, a las víctimas nos toca vivir con los victimarios, por que para nadie es un secreto que Soacha, Ciudad Bolívar y Altos de Casucá, el paramilitarismo tiene presencia y sigue asesinando, y sigue victimizando y sigue habiendo impunidad. Sin embargo, nosotros no podemos salir a decir esto públicamente, por que, somos señalados, mas cuando hacemos un trabajo de defensa de los derechos humanos, en estos sectores, marginados, y muy cerca de Bogotá, que es la capital de Colombia. Aquí se podría decir, ¿no es que los desplazados que están en Bogotá y Cundinamarca, viven bien?, porque, están muy cerca del gobierno central, pero igual que los compañeros de Chocó, de los Montes de María, la situación para nosotros también ha sido muy difícil, los procesos sociales, cuando se encuentran con presencia de los actores armados. Por

ello

hemos

planteado

que

la

población

desplazada

debe

seguir

denunciando, así tengamos miedo, tenemos que continuar en los procesos, para que halla esa verdad. Nosotros decimos que hay una falta de seguridad física y psicológica a la hora de realizar denuncias y decir la verdad, decimos lo quemuchas veces se nos obliga a decir, lo que no queremos; pero esto la mayoría de la población desplazada lo hace para ser incluido en los programas estatales o simplemente lo hacen para proteger la vida y poder vivir en esos lugares, como son los Altos del Casucá, Altos de la Florida, Las Marías, que son sectores muy vulnerables del municipio de Soacha. Es por ello que nosotros hemos planteado algunas propuestas, que hemos venido trabajando desde ANDESCOL nacional y también desde el proceso de la mesa interlocución, nosotros decimos que tenemos que continuar en la capacitación del carácter organizacional y de la política pública de las OPDS porque toda la población tiene que estar preparada para la lucha, no un solo líder o unas lideres, si no que a la hora de que unas personas no estén, las otras personas podamos asumir ese rol de compromiso con el trabajo y la reivindicación de los derechos de los desplazados. Trabajar en red continuamente, para ello estamos trabajando con una campaña de socialización de derechos que la hemos denominado, Tierra, Vida y Dignidad; es una campaña que se viene trabajando desde los procesos organizativos nacionales ADESCOL, la CND, la mesa de interlocución, AFRODES, que son organizaciones que trabajamos aquí en Bogotá, pero que queremos hacer extensiva esta invitación, a todas las organizaciones y a toda la población desplazada.

Esta campaña esta

enmarcada en los 10 años de la ley 387 que el 18 de julio cumple sus 10 años. También estamos hablando de un observatorio, que nos permita poder estar mirando la situación de desplazamiento desde todos los sectores de Colombia y que lo

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (85)

estamos pensando desarrollar con las universidades y con otras organizaciones hermanas y las ONG, otras, organizaciones hermanas vienen trabajando lo del catastro alternativo que es recoger toda la información sobre lo que se ha quedado en los lugares de donde nos desplazaron.

Otras de las propuesta es la prevención del

desplazamiento masivo por medio de las garantías de seguridad, la salud, la educación y la vivienda, la documentación del registro histórico en pro de las OPD y de la verdad; y otro de los temas que vamos a trabajar y que desde las organizaciones estamos impulsando es el acompañamiento de desplazados para el fortalecimiento de un retorno seguro, organizado una movilización permanente, alianzas de cooperación con la academia y las organizaciones de población desplazada. Desde el grupo de mujeres decimos que continuamos trabajando el tema de la reparación, para tener fuerzas y las herramientas necesarias, para lograr que todos nuestros derechos sean reconocidos de manera integral; visualizar la problemática y unir esfuerzos para que la sociedad conozca y salga la verdad desde las víctimas: campañas de

información en los barrios, nosotros venimos trabajando en las

comunas, en los barrios con la población desplazada en el tema de la reparación y teniendo muy en cuenta el concepto de cada una de las personas y de las familias y como creen ellas que se puede llegar a que en este país, se de una verdadera reparación como la que nosotros creemos que es justa. También hemos considerado que estos eventos como en el día de hoy, Voces y Caminos de Reparación para la Población en Situación de Desplazamiento, no se quede únicamente como un evento o un encuentro de la población desplazada de la costa y los que estamos aquí en Cundinamarca, sino, que esos encuentros nos sirvan para construir un movimiento de resistencia donde nos conozcamos y sigamos en esta la lucha por la defensa de nuestros derechos. Esta son algunas de las propuestas que nosotros hemos venido trabajando y desde las mujeres, hemos dicho, tenemos que decir que desde el trabajo de las mujeres hemos construido un proyecto de vida entrelazando sueños, esfuerzos y esperanzas en la reconstrucción de un nuevo modelo de vida urbana, esperando entonces que se den las condiciones para un retorno digno y con garantía.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (86)

Marta Villa – Corporación Región – Medellín Simplemente, voy a señalar dos o tres cosas, desde la perspectiva de la investigación del desplazamiento en las ciudades. Me parece muy importante que podamos construir miradas históricas sobre el tema del desplazamiento en las ciudades, pues si bien podemos ubicar algunos eventos, que dan lugar y desde los cuales uno puede explicar la dinámica en una ciudad o en otra, existen unos hilos históricos de mas largo plazo que hay que intentarlos construir. Muchos de los desplazados de hoy son los nietos o los hijos de personas que fueron desplazadas mas o menos en la década de los 50 y de los 60, es importante reconocer dicho hilo histórico, para poder avanzar en la comprensión del tema del desplazamiento forzado como parte de la historia de este país y como parte de unas condiciones estructurales que se han dado a la configuración de las ciudades. En igual sentido es muy importante profundizar en las relaciones que la población desplazada tiene con la población receptora, pues hemos hecho bastante énfasis en la relación población desplazada con el gobierno y las políticas públicas; pero igual importancia deben recibir los procesos de inserción, de reconocimiento y de integración social, de la población desplazada a las comunidades de recepción, como asunto relevante a toda la sociedad; lo que implica interrogar a las sociedades receptoras en su conjunto, sobre las prácticas, las relaciones, los imaginarios que se están tejiendo con la población desplazada. La exposición que han hecho las compañeras de Soacha hace un instante es muy ilustrativo, en el sentido de demostrar

que hay una serie de prácticas de la

población que van mas allá de enunciar las pérdidas. Me refiero a que destacando la relevancia de la

documentación de las pérdidas, pues de eso depende la discusión

sobre la reparación; es igualmente importante, visibilizar, documentar, argumentar, las múltiples maneras en que la población desplazada esta construyendo este país hoy, y esta construyendo las ciudades y esta construyendo a las localidades de las cuales ya hace parte.

Nos estamos refiriendo al papel de agencia de las propia víctimas de

desplazamiento forzado, pues éste tiene un peso fundamental en la reconstrucción y la superación del propio desplazamiento. Finalmente respecto al tema de la reparación, me parece que en conjunto es necesario entender el tema como un proceso de construcción social, pues no podemos perder de vista que este país recién comienza esta discusión y que quizás se puede demorar muchísimo tiempo posicionar esta demanda legítima sólo desde las propias víctimas; por ello insito de nuevo en que es tarea también desde la sociedad.

No

puede ser que el tema de la reparación sea un problema solo de las víctimas, quienes

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (87)

han sufrido directamente el desplazamiento,

pues parte de la reflexión, es qué ha

pasado con este país, qué ha pasado con la sociedad y el lugar otorgado al tema del desplazamiento en general. Esto va mas allá de los tres o cuatro millones de personas que han vivido el desplazamiento forzado, pues hay que hacer una reflexión profunda sobre como el desplazamiento forzado ha interpelado esta sociedad o por qué no ha sido así. Es en este sentido que tenemos que entender que las pérdidas comprometen esta sociedad, los procesos de reordenamiento territorial, los procesos de abandono del campo, los procesos de redensificación de la ciudad; son problemas que atañen al conjunto de la sociedad y no exclusivamente a la población desplazada. De allí que cuando afirmo que la reparación es una construcción social debe ser también una reflexión social en el sentido de qué se esta entendiendo por reparar y desde qué lugares se esta construyendo el sentido de esto. En este contexto resaltan por su importancia los ejercicios con la población desplazada, en donde se plantean esas preguntas que aquí se hacen las propias víctimas: quién me repara?, cómo me sentiría yo reparada? o la afirmación de que definitivamente no hay reparación.

Pero no se pueden descuidar las otras

dimensiones de la reparación, que incluye, y no como un asunto menor, el tema de la indemnización y de la restauración.

En otras palabras,

entiendo y respeto

profundamente cuando las personas afirman que no hay posibilidad de reparación, y hay cosas que son irreparables, pero no por ello podemos renunciar al derecho a la reparación y al reclamo de la demanda, ante esta sociedad y ante este Estado, de lo que es reparable y tiene que ser reparado. Una actitud como la anterior puede hacer de las víctimas una presa fácil para las lógicas institucionales que buscan deslizar la responsabilidad estatal en la recuperación y reparación de las víctimas. En nuestras investigaciones hemos documentado toda una corriente de discurso de política pública, que nosotros la denominamos como “el discurso de

la

Auto superación”; es decir, un discurso que le plantea a la población desplazada que “no hable más del dolor”, “no hable más de las pérdidas”, “ya esta bien hablar de eso”, “vamos para adelante”, “ustedes son capaces”, “ustedes tienen las fuerzas”, “la solución esta en ustedes”.

Nuestra posición es que este es un discurso muy

problemático, porque tiende a borrar el tema del dolor y del sufrimiento; lo que termina por construir, en cierta manera, una resistencia a la consideración de la población desplazada como víctima y al reconocimiento de las dimensiones del daño y de las crisis por las que ha atravesado esta población. Por ello debemos tener cuidado tanto con una victimización paralizante, pero también de una negación a la condición de víctimas, pues esto último no es más que otro marcador de una tendencia muy

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (88)

preocupante a querer considerar la población desplazada, simplemente como pobre y como vulnerables en los cinturones marginales de la ciudad, borrando así su derecho y su carácter de víctimas del conflicto y blanco central de las múltiples expresiones de violencia política, y por lo tanto sujetos de pleno derecho a la reparación.

Conclusiones

1. La ciudad, ese territorio desconocido: La historia de la ciudad en términos tanto de su poblamiento, su desarrollo institucional, las dinámicas sociales, como de la guerra misma, lleva a dar unas posibilidades diversas para los desplazados. Pero además está la historia particular de los barrios y sectores que da cuenta de las posibles dinámicas que se desarrollan con los nuevos emigrantes. Por ello es significativa la diferencia al identificar el papel de las ciudades en las dinámicas regionales – nacionales y su cambio o continuidad con los flujos del desplazamiento: Bogotá - Soacha, de orden nacional, Medellín y Cartagena de orden regional. Esta heterogeneidad o relativa homogeneidad de procedencia de los desplazados, puede tener incidencia potencial en sus dinámicas organizativas y de acción colectiva. A nuestro juicio, para muchos pobladores rurales que están por fuera de marcadores étnicos, los referentes identitarios que se mantienen tienen que ver con la pertenencia local y regional, aún cuando ello se maneje de manera prudente por el traslado mecánico que se hace de los marcadores territoriales de la guerra a sus pobladores. 2. Dónde está el sito seguro? Las ciudades evidencian continuidades de la guerra, con presencia de grupos armados ilegales, en diferente grado y visibilidad. Pero queda claro que la percepción de las ciudades como espacios que están al margen del conflicto es equivocado. Quizá lo que sucede es que las prácticas de presión y dominación sobre la población se dan de otras maneras, más encubiertas. Las continuidades de las víctimas hombres jóvenes; además de la continuidad de la presencia de actores armados ilegales, dos nuevos factores de riesgo aparecen como transversales de nuevos peligros y temores para los desplazados: la violencia social y la vulnerabilidad a desastres naturales ( sitios insalubres, deslizamientos, inundaciones etc). 3. Hacia donde partir? Las decisiones y su relación con las redes de parientes, amigos o paisanos como una tendencia importante, que se mezcla con los

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (89)

costos del viaje, las distancias, etc. Están también las decisiones menos o nada orientadas que producen mayores incertidumbres. Sin embargo, unas y otras, se orientan hacia los barrios marginales, y no cuentan con sostenibilidad de quienes los acogen, cuando los hay. Ello quiere decir que de manera muy rápida deben asumir los destinos de su grupo familiar. 4. Reconfigurando los mapas de la ciudad marginal: Todas las ciudades analizadas tienen unas zonas marginales definidas y reconocidas con precaria o ninguna prestación de servicios que el desplazamiento intensifica y potencia en terminos de su densidad ya ampliación de demandas, los servicios de salud y educación, por ejemplo, se ven rebasados; lo que de alguna manera les lleva a decidir si se quedan o no en determinado sector. 5. Búsqueda de reconocimiento vs. Búsqueda de anonimato: las discriminaciones por fenotipo (negros e indígenas), las segregaciones que ello produce, la tendencia a negar su existencia hasta por parte de ellos mismos, en búsqueda de anonimato y de reducir las cadenas de exclusión y dominación. En esa ambigüedad constante, se inscribe el fenómeno explícito en todas las ciudades pero poco reconocido, mimetizado, que es el desplazamiento intraurbano, que extiende en el tiempo la trashumancia de la población desplazada. Se identifican articulaciones diversas para asumir acciones de hecho como las invasiones, las cuales los confrontan nuevamente con la represión estatal, esto para el caso de Medellín, pues los demás no reportan este tipo de situaciones. El anonimato buscado tiene su efecto perverso en el subregistro de la población, que dificulta una cuantificación más precisa y que en todas las ciudades muestra un debate de cifras, por las implicaciones políticas que tiene esconder o mostrar para las instituciones. 6. Invisibilizar y revictimizar: Las administraciones municipales, aún las de las grandes ciudades, mantienen una práctica de invisibilizar el fenómeno para no afectar

la imagen que quieren vender de su labor; por lo que

el

desplazamiento sigue siendo aquella realidad que no queremos encontrar a la vuelta de al esquina por todo lo que representa como espejo de nosotros mismos. Este hecho en sí mismo y el trato de desconfianza y menosprecio (presente en varios testimonios) plantean nuevas prácticas de victimización por parte de otros agentes, y en medio de una enorme contradicción de una presencia institucional que desprecia a sus usuarios a quienes ve como no merecedores de las ayudas a las cuales tienen derecho. De todas maneras parece que hay una apuesta más en unos lados que en otros a formar parte de

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (90)

las instancias de negociación con estas dependencias, como las Mesas municipales.

7. Saber hacer vs subsistencia: La ruptura territorial se evidencia en la vida cotidiana en el empleo, confrontación usual entre lo rural y lo urbano, pues además de allí depende su subsistencia. La cuestión de la seguridad alimentaria relativamente manejable en el campo y que ahora depende de las ayudas institucionales, la recogida de desechos y la caridad. Junto con las penurias materiales está la pérdida de la dignidad que genera la dependencia en condiciones de mendicidad. El traslado de mano de obra que hace el desplazamiento a la ciudad y que no ha sido estudiado en términos de sus implicaciones socioeconómicas. Esto sucedió también en la década del 50 y Fajardo hace algunos planteamientos al respecto para la situación actual. “Cuando estos pobladores llegan a las ciudades como desplazados forzados, están más vulnerables y disponibles para incorporarse a dinámicas de empleo precario, de terciarización de la economía y otras prácticas de explotación, lo cual le conviene a un sistema que busca la concentración del capital. Estos elementos al trascender lo coyuntural, y como lo señala Fajardo, se inscriben en la esencia de las relaciones entre quienes controlan los recursos para la producción y el mundo de los trabajadores, ya sea en la sociedad rural ya en los medios urbanos y ponen de manifiesto los ejes centrales de un sistema que ha resultado exitoso para la gestión de grandes empresas, como lo demuestran las cifras reiteradas de sus balances anuales, a costa del empobrecimiento de una proporción creciente de la población15.”

15

Fajardo Montaña, Darío, El Desplazamiento Forzado: una lectura desde la economía política, Conferencia dictada en la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Bogotá, Noviembre, 2005.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (91)

BIBLIOGRAFIA Villa Martha Inés (2006) Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal

del

éxodo

y

de

la

lucha

por

la

ciudadanía.

En

http://www.cinep.org.co/revistas/controversia/controversia187/art02. Castillo,

María del Pilar y Salazar Boris. Pobreza urbana y exclusión social de los

desplazados.

Documento

de

Trabajo

No.

106,

agosto

de

2007.

En

http://socioeconomia.univalle.edu.co/nuevo/public/index.php?seccion=CIDSE&ver=PU BLICACIONES&publicacion=DOCUMENTOS, Consultado en Octubre 2007.

Libro Caso Ciudades

GIDES – IDRC (92)

Bibliografía CODHES (2005) No hay peor ciego que el que no quiere ver Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, No. 62. Cartagena. _______ (2006) Boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. No. 69. Bogotá. Constitución Política de 1991 COSED (2006) Centro de observación y seguimiento del delito. Consolidado de muertes por causa externa. Recuperado enero 15 de 2007 en: http://www.distriseguridad.gov.co/cosed.php DANE (2005). Censo General 2005. Resultados Población Conciliada. Junio 30 de 2005). Recuperado julio 15 de 2007:http://www.dane.gov.co/censo/files/consulta/PoblacionConciliada.xls Decreto 173 de 1998 Decreto 879 de 1998 Decreto 489 de 1999 Decreto 2569 de 2000 Decreto 0977 de 2001 Decreto 250 de 2005 El Universal, 6 de Febrero, 2007 Informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (Ene-Sept 2006) Informe de Plan International Inc (2005) Proyecto de Atención Integral a la Niñez Desplazada- Identificación de la Vulnerabilidad Alimentaria – SIMVA. Bogotá D.C. Ley 387 de 1997 Ley 388 de 1997 Ley 768 de 2002 ONU (2005) Una mirada al desplazamiento forzado y la crisis humanitaria y social en Cartagena Sala De Situación Humanitaria [SSH], Como Iniciativa Del Sistema De Las Naciones Unidas En Colombia. Ficha Técnica Situación Humanitaria de Cartagena. Sala De Situación Humanitaria PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA (2004) Panorama Actual de Bolívar. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Sentencia T-025 de 2004

Libro Caso Ciudades