“Las represión va en aumento, en los primeros niveles están los oídos sordos y las puertas cerradas de las instancias públicas, en los últimos niveles están la represión violenta de la protesta” Tomado de la convocatoria al II Foro Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana. Dr. Jorge Ceja Martínez , opinión presentado en el “II Foro Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana”, convocado por El Parlamento de Colonias, Plataforma 39, Movimiento en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Coordinadora 28 de Mayo. Parque Morelos, Guadalajara 20 de septiembre de 2009. Guadalajara, 20 de septiembre de 2009 El ambiente de represión y autoritarismo estatal que vivimos en Jalisco, le es inherente a un sistema político y económico excluyente y antidemocrático, para el cual los ciudadanos sólo sirven : 1.‐ Para pagar impuestos, 2.‐ Para votar cada tres años a favor de “opciones” partidistas que ‐al no diferenciarse gran cosa entre sí‐ no son tales, 3.‐ Como mano de obra barata, donde la clase trabajadora ‐ante el desmantelamiento de los derechos laborales, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y la chatarrización del sistema de seguridad social (salud, educación, vivienda, sistema de pensiones, etc.)‐ subsidia todos los costos. Mientras tanto crece la desigualdad: los más ricos se vuelven más ricos, los más pobres se vuelven más pobres y la clase media se desdibuja. La violencia estatal, hay que decirlo, no surge desde el momento en que los gobernantes ignoran los reclamos de los ciudadanos cuando éstos se movilizan para exigir la solución a determinadas demandas, sino desde el momento en que se diseña e implementa una política económica orientada a satisfacer los intereses de pocos a costa de la exclusión política, económica y social de las mayorías. Con lo cual pierde sentido hablar de que vivimos en democracia. ¿Acaso el hecho de que del año 2006 a la fecha hayan surgido 10 millones de nuevos pobres en nuestro país no constituye una forma brutal de violencia estatal? ¿Acaso el hecho de que los grandes consorcios empresariales queden exentos de pagar este año impuestos por la cantidad de 465 mil millones de pesos, mientras que el gobierno federal –para tapar el hoyo presupuestal de 300 mil millones de pesos‐ se propone aumentar en 2% el IVA en alimentos, medicinas y en el consumo de todos los bienes y servicios, como subir el precio de la electricidad, el gas y las gasolinas, no constituye una forma atroz de violencia estatal?
En este (des) orden de cosas, la clase política gobernante, al convertirse en sirvienta de los privilegiados (de la cual también forma parte), al transformar al Estado ‐que se supone es de todos‐ en un Estado para pocos, se conduce como capataz, como mayordomo: si es posible, el orden legal se modifica para favorecer a pocos, se ignora y viola cuando éste es un obstáculo para “lograr el progreso” y la “modernización”, y se desconoce y, en última instancia, se reprime a quienes se oponen a ello. Para esta clase gobernante –que también mezcla sus intereses privados con la gestión pública‐: 1.‐ Son una molestia: los ciudadanos comunes y corrientes que exigen ser tomados en cuenta; 2.‐ Son un estorbo: el respeto a las garantías individuales y al Estado de derecho; y, 3.‐ Son indeseables: la movilización y el activismo social que se manifiesta en las calles en contra de la ineficiencia, la corrupción, la impunidad y la ausencia de vocación democrática de “nuestros” representantes políticos. Son una molestia, un estorbo y son indeseables, porque exhiben su ineptitud, alteran sus planes y fechorías, y porque muestran la visibilidad de los invisibles, de los ignorados, de los ninguneados por los poderosos. Es cierto que las calles se toman cuando los accesos a los palacios ejecutivos (municipal, estatal y nacional) judiciales y legislativos, locales y federales, les han sido cerrados a los ciudadanos que exigen ser tomados en cuenta, que no se conforman con seguir siendo un cero a la izquierda. Y es cierto que las crecientes manifestaciones callejeras también exhiben la creciente impopularidad de la clase gobernante. Sin embargo, más que escuchar y atender las demandas de los ciudadanos agraviados, los capataces a cargo de la administración pública acuden a la represión, al terrorismo de Estado: se inventan cargos (como en el caso de Raúl Muñoz, uno entre miles) y se intimida a quienes exigen el respeto a sus derechos; y muchas veces, también, a quienes ni siquiera los exigen (anticipándose a la posibilidad de que alguna vez los podrán exigir), como lo vemos con el constante hostigamiento de la policía en contra de los jóvenes o en contra de cualquier ciudadano. ¿Quiénes de los aquí presentes han visto un cambio favorable desde que en 1992 llegó la alternancia política municipal a los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara? ¿Quiénes han visto mejorías en sus condiciones de vida desde que en 1995 la alternancia política arribó al gobierno estatal? ¿O desde que en el año 2000 “el gobierno del cambio” llegó a Los Pinos? ¿O desde que “haiga sido como haiga sido” Calderón asumió el ejecutivo federal? A casi nueve años de haber iniciado la primera alternancia política en el gobierno federal y menos de tres años de haber comenzado la segunda administración panista, podemos afirmar, que el cambio fue sólo de naturaleza formal. Más aún que, por su desempeño, el PAN simplemente llegó para remplazar al decrépito y desprestigiado partido de Estado, pero sin modificar en lo más mínimo, el espíritu neoliberal, autoritario y corrupto que le caracterizaba.
Es por esto que, en términos prácticos, la alternancia política no significó un avance en la democratización del país. Los vientos libertarios se tradujeron en una mascarada, el cambio en una simulación. En los hechos, por lo menos desde las dos últimas décadas, el PRI, el PAN, (y a veces también el PRD) tienen más en común que lo que los diferencia. Los legisladores priístas han sido fundamentales para sacar adelante las principales reformas antipopulares impulsadas por el PAN, muchas de éstas con un sesgo claramente autoritario. Ambos partidos se confabularon para corromper el proceso electoral de 2006, y el PRI fue fundamental para imponer al panista Felipe Calderón en la presidencia de la República, como recientemente lo reconocieron algunos dirigentes priístas. Con los años, todo parece confirmar la hipótesis de que la alternancia política sólo sirvió para prolongarle la vida al viejo sistema antidemocrático y autoritario. Sólo hubo un cambio de rostro. El régimen sigue siendo el mismo, con el agravante de que con el tiempo a los ancestrales problemas no resueltos, se suman los nuevos, que se multiplican al por mayor ante la insistencia de los poderosos por oxigenar un modelo moribundo que sólo podrá mantenerse vivo alimentándose: 1.‐ De más y más exclusión 2.‐ De mayor autoritarismo estatal 3.‐ De la profundización de un orden caótico (del cual la inseguridad reinante es una de sus consecuencias) 4.‐ De la acelerada destrucción del entorno medioambiental. Y es aquí en donde entra la tentación autoritaria del Estado, como de los poderes fácticos, por estigmatizar y reprimir a los ciudadanos que se niegan a aceptar este orden inmoral…aunque dichos estigmatizadores y represores se autodefinan como santurrones, buenos cristianos y defensores de la vida. Así mientras simultáneamente asisten a la misa dominical, a “Alondra” le arrebatan a su hija y le impiden tener cualquier contacto con ella, criminalizan a las mujeres que exigen su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, y persiguen, golpean y encarcelan a los luchadores sociales. Mientras reciben clases de catecismo en edificios públicos, de forma paralela le mientan madres a los que piensan diferente y le arrebatan el pan a los trabajadores; proponiéndose, mediante la represión, ahogar la esperanza de la gente por vivir en una ciudad, un país y un mundo mejor, por aspirar a vivir dentro de una sociedad realmente democrática, por anhelar llevar una vida digna, y por querer contar con un gobierno que realmente esté al servicio de todos, que sea del pueblo y para el pueblo. No ha pasado tanto tiempo desde la represión del 28 de mayo de 2004 y a cinco años de distancia todos sabemos que la violencia estatal se ha institucionalizado, convirtiéndose en uso y costumbre para quienes ejercen el poder. En los hechos, la criminalización de la protesta social inició su más reciente etapa durante el gobierno de Vicente Fox (2000‐2006), cuando en mayo de 2004, más de cien altermundistas –reunidos en Guadalajara en el marco de la
celebración de la tercera cumbre ALCUE‐ fueron brutalmente reprimidos y acusados de falsos cargos. Después de la represión de Guadalajara, y antes de que Fox concluyera su gobierno‐ siguieron la represión en Lázaro Cárdenas, en contra de mineros de SICARTSA (abril 2006); la de San Salvador Atenco (mayo 2006), dirigida en contra de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; y la de Oaxaca (2006) ordenada en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Lo anterior, sumado al irregular proceso electoral de 2006 y a la ilegítima calificación de la elección para presidente de la República, permite concluir que México se ha instalado en un periodo de franca regresión al autoritarismo. Así tenemos que mientras los asesinos confesos de la masacre de Acteal, perpetuada en diciembre de 1997, acaban de ser liberados por órdenes de la Suprema Corte de Justicia, doce dirigentes de Atenco permanecen recluidos en dos diferentes prisiones, cumpliendo sentencias que oscilan de los 31 años hasta 112 años de prisión. De este grupo, tres dirigentes se encuentran en un penal de alta seguridad.[1] Los otros nueve, en la cárcel Molino de Flores, en el Estado de México.[2] La criminalización de la protesta social ha propiciado que los distintos movimientos entren en contacto entre sí. Por ejemplo, en octubre de 2007 –a menos de un año de haber iniciado el gobierno de Felipe Calderón‐ más de cien organizaciones anunciaron la constitución del Frente Nacional Contra la Represión y en Defensa de los Derechos Humanos. En su declaración constitutiva, el Frente señaló la preocupación por el aumento de las violaciones a los derechos humanos en México, entre las cuales se dio cuenta de las siguientes: creciente militarización, sobre vigilancia de los ciudadanos, detenciones ilegales e arbitrarias, uso de tortura, desaparición forzada, persecución a defensores de los derechos humanos y luchadores sociales y, entre otros, cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social. A dos años y medio de haber iniciado la administración Calderón, 45 mil miembros del ejército se encuentran realizando tareas de patrullaje por todo el país; lo anterior, como parte de la estrategia gubernamental de “combate al narcotráfico”. Y aunque para entonces muchos analistas veían que la estrategia había fracasado, quedaba papable cómo las acciones de los militares habían contribuido a aumentar las violaciones a los derechos humanos: entre el primero de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008, la CNDH abrió 1 602 quejas en contra del ejército. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2009, la CNDH abrió 423 expedientes más de denuncias. Es decir que el 20% de las quejas ocurrieron en tres meses, mientras que el 80% restante ocurrió en el transcurso de 24 meses.[3] Resulta obvio que los agravios sufridos por la población son mayores a los documentados por la CNDH, por la sencilla razón de que no todos los afectados acuden a esta institución para levantar una queja; sea por desconocimiento, desconfianza. Como lo afirma Pablo Romo (2008: 4) en nombre del combate al narcotráfico y la lucha antiterrorista el país deviene en un campo de batalla donde los verdaderos criminales permanecen en la impunidad y los líderes sociales son perseguidos, criminalizados, encarcelados con procesos judiciales frecuentemente absurdos.[4]
Para Rosario Ibarra de Piedra ‐dirigente del Comité Eureka quien lleva más de 30 años demandando el irrestricto respeto a los derechos humanos‐, la presencia del ejército en todo el territorio nacional tiene el propósito de “intimidar al pueblo”.[5] El 20 de abril de 2009, Felipe Calderón envío al Senado la “Iniciativa de Decreto por el que se Reforma la Ley de Seguridad Nacional”. Entre su contenido destaca el Artículo 74, según el cual En todos los casos en que exista una afectación a la seguridad interior, la Fuerza Armada Permanente deberá participar en la atención de la misma, ya sea como Institución designada como responsable o en colaboración de otras autoridades, lo que se realizará en los términos que se establezcan en la declaratoria respectiva y de conformidad con las instrucciones del Presidente de la República a los Secretarios de la Defensa Nacional o de Marina, y en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. La Fuerza Armada Permanente será designada como institución responsable, cuando su participación se considere estratégica y necesaria para solucionar la afectación a la seguridad interior de la que se ocupa la declaratoria.[6] Para concluir podemos afirmar que después de dos décadas de haberse atentado ininterrumpidamente en contra de los derechos sociales, ahora el Estado se avalancha en contra de los derechos civiles y políticos de los mexicanos. Los actos de represión efectuados en varias entidades, entre los cuales se encuentra Jalisco, –y la impunidad de los responsables materiales e intelectuales‐ muestra la connivencia que existe entre los poderes del Estado y la clase política, independientemente de la adscripción partidaria, para salvaguardar los intereses del bloque de poder dominante. Frente a los cambios positivos que ‐en cuanto a la preservación, defensa y restitución de los derechos sociales, políticos, civiles y culturales‐ observamos en varios países de América Latina, la clase dominante mexicana parece empecinada en defender un modelo económico antipopular, en menosprecio de los derechos humanos y de la opinión pública internacional. Frente a la actitud estatal por mercantilizar la vida y coartar los pocos derechos de ciudadanía que todavía se conservan, crece la efervescencia de los movimientos sociales. De la atención a sus demandas y de la fuerza que los movimientos cobren dependerá la posibilidad de avanzar en democracia. Sin la presencia activa de los movimientos no se conquistará la democracia. Es por eso que desde el poder antidemocrático se les criminaliza. Saben de su fuerza y se muestran temerosos ante la posibilidad de perder sus privilegios inmorales. Dr. Jorge Ceja Martínez , opinión presentado en el “II Foro Contra la Criminalización de la Protesta Ciudadana”, convocado por El Parlamento de Colonias, Plataforma 39, Movimiento en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico y la Coordinadora 28 de Mayo. Parque Morelos, Guadalajara 20 de septiembre de 2009. Guadalajara, 20 de septiembre de 2009