La Casa Morales 814

Universidad Andina Simón Bolívar Maestría en Derechos Humanos y Democracia en América Latina

Memoria, Historia e Identidad

La casa Morales 814 La reconstrucción de la memoria de la calle la Ronda y el derecho a la vivienda

Javier DÁVALOS GONZÁLEZ 27/03/2008

INTRODUCCIÓN Desde hace algunos años el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito lleva a cabo un proceso de recuperación integral de los barrios tradicionales del centro histórico de la ciudad. Si bien en la mayoría de los casos se ha generado un proceso sostenible de rehabilitación de los lugares implicados, poniendo énfasis en el papel que juegan tanto el sector público como el privado en el mantenimiento del patrimonio histórico urbano, también se han producido algunos incidentes con los residentes de varios sectores del casco colonial, quienes han visto afectada su vida cotidiana debido a la serie de intervenciones que ha realizado la Alcaldía en conjunción con algunas empresas privadas. Un caso particular es el vivido por los habitantes de la casa ubicada en la calle Morales 814 y Guayaquil, quienes dentro del proceso de recuperación del barrio la Ronda, iniciado en el año 2005 por la Municipalidad y el Fondo de Salvamento (FONSAL), vieron afectado su derecho a la vivienda, al recibir durante más de un año, constantes solicitudes ilegales de desocupación del inmueble, debido que este había sido vendido, para que el Municipio procediera a su restauración interior. Esta serie de amenazas causaron una sensación de inseguridad y temor a las más de diez familias que habitaban la casa 814, con distintas consecuencias en la vida de cada uno de sus miembros. A estas personas se les pidió desocupar la casa con plazos irrisorios, sin tomar en cuenta que en ella habitaban hace varios años y pagaban cánones de arriendo sumamente bajos, y tampoco les ofrecieron una alternativa digna de vivienda, como mandan los instrumentos internacionales que protegen este derecho1. Y aunque se les ofreció regresar después de la remodelación, se les pedía sumas imposibles de pagar debido a sus escasos recursos económicos. Ante esto, los y las afectadas se organizaron y acudieron a la ayuda de instituciones públicas y privadas, como la Defensoría del Pueblo y el Centro de Derechos Humanos de la PUCE. Finalmente, una decisión judicial que reconoció su derecho humano a la vivienda, detuvo el proceso de desalojo.

1

Ver Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4: El derecho a la vivienda adecuada, 1991; Observación General No. 7: El derecho a una vivienda adecuada (pár. 1 del art. 11 del Pacto): los desalojos forzosos, 1997.

Este trabajo busca reconstruir la memoria de este episodio, volviendo a la vista -casi tres años después del inicio de los hechos- a la tensión producida entre los procesos de recuperación de bienes considerados históricos y la conservación del patrimonio, frente a los derechos fundamentales de las personas. De la misma forma, analizamos la construcción de una identidad colectiva del grupo de personas afectadas, quienes a partir de lo sucedido, se organizaron para la defensa de sus derechos y constituyeron una directiva y vocería para acudir a las autoridades y organismos a solicitar ayuda. La principal fuente que examinaremos serán los testimonios grabados en medio magnético de algunos de los y las habitantes de la casa de la calle Morales 814, quienes tiempo después de lo sucedido, accedieron a rememorar el proceso que vivieron y a contar cómo fueron afectados por él.

Estos testimonios se han recogido con una

especificación detallada de la condición social, económica, educativa, laboral y familiar de estas personas, caracterizando así el lugar desde que el que hablan y nos cuentan su historia, teniendo siempre presente lo que Halbawchs llama los marcos sociales de la memoria. De este modo, intentaremos rememorar cómo vivieron los habitantes de la casa 814 el proceso de reconstrucción de la calle la Ronda y la consecuente afectación a su derecho a la vivienda. Para ello, hemos dividido este ensayo en tres partes, en primer lugar abordaremos de forma breve el tema de la rehabilitación de los centros históricos y el derecho a la vivienda, para tener una base conceptual respecto al tema; a continuación, haremos una breve descripción del proceso de desalojos que vivieron las familias de la casa 814, desde su inicio hasta su resolución final; luego rescataremos algunas partes de los testimonios recogidos para tal efecto, analizando la rememoración del proceso; y finalmente, estableceremos algunas conclusiones respecto a la forma en que la reconstrucción de la historia de la ciudad afectó a estas personas que no tuvieron voz en ese procedimiento, que de alguna forma es también su propia historia.

1. La rehabilitación de los centros históricos y el derecho a la vivienda La ciudad es una realidad cultural y dinámica que transforma su tejido y sus estructuras a lo largo del tiempo, como respuesta a los problemas de organización interna en su espacio, en un proceso de reajuste permanente entre formación espacial y formación social, ya que una ciudad tiene que responder a las necesidades de cada

época histórica.2 Es así como en la práctica a lo largo de la historia –y cada vez con mayor frecuencia- se han realizado una serie de intervenciones y transformaciones para lograr la reorganización espacial de las ciudades. Las formas de intervención se pueden relacionar a tres conceptos que han evolucionado junto con la ciencia de la conservación: sobre la valoración espacial (objetos y espacios), sobre la valoración temporal (periodos históricos) y sobre tecnologías y técnicas (técnica misma de la intervención). Sobre estos conceptos se han derivado diversos criterios para determinar qué es el patrimonio cultural y cuál es la forma de conservarlo.

Así, el llamado criterio

monumentalista considera que el patrimonio cultural es una producción edificada, representada por monumentos arquitectónicos, siendo aquellos, por sí mismos y de forma individual, la única razón para la conservación.3 Francia por ejemplo, por medio de la Loi Malraux creó los llamados “sectores de salvaguardia”, definidos como zonas urbanas que presentan “un carácter histórico, estético o de naturaleza a justificar la conservación, la restauración y la puesta en valor de todo o de parte de un conjunto de inmuebles”. De la misma forma, en América Latina las distintas legislaciones también apuntan en un inicio a la protección, definición, clasificación e inventario de monumentos. Las Normas de Quito de 1977 mantienen el criterio monumentalista pero ya no como monumento aislado sino como conjuntos monumentales, “incorporando políticas relacionadas con el valor económico (turismo), y con el mejoramiento del cuadro de vida, del medio ambiente y por primera vez integrando a la población”.4 Sin embargo, más adelante se desarrolla una nueva concepción para la protección de los espacios históricos, un gran ejemplo es el Coloquio de Quito de 1977, que define como centros históricos a “todos aquellos asentamientos humanos vivos, fuertemente condicionados por una estructura física, provenientes del pasado reconocibles como representativos de la evolución de un pueblo”.5 Es muy importante recalcar que en esta nueva definición se considera al habitante como parte integrante del patrimonio, por lo que se propone, además de la conservación en sentido tradicional, operaciones destinadas a revitalizar la calidad de vida de la comunidad. 2

Ver Francisco Naranjo, Proyecto San Marcos – La chilena – eje calle Chile, Convenio Universidad Central del Ecuador y Universidad Libre de Bruselas, p. 14. 3 Ver Carta de Atenas del Urbanismo, IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, 1931. 4 Ver Francisco Naranjo, op. cit., p. 16 5 Ver UNESCO, Coloquio sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas, Quito, 1977.

Siguiendo este orden de ideas, se vuelve indispensable, a la hora de la rehabilitación de un centro histórico, considerar un aspecto fundamental como es el derecho a la vivienda de los residentes, prerrogativa que se ha definido como “el derecho de cada mujer, hombre y niño a tener y a mantener un hogar y una comunidad segura donde poder vivir en condiciones de paz y dignidad”.6 Según Gerardo Pisarello la vivienda es un derecho fundamental para la supervivencia y para llevar adelante una vida decente, en paz y con seguridad.7 Por esta razón, estamos convencidos de que en la actualidad, a la hora de realizar cualquier tipo de intervención urbana, el Estado, la Municipalidad, e incluso las empresas privadas que participen en esta importante labor, no pueden dejar de tener en cuenta la problemática que gira alrededor de las personas que habitan un inmueble que se verá afectado por un proceso de este tipo. Tal es el criterio de Moreno García: [A]l Estado, como promotor, le corresponde apoyar cuanto sea posible, al sector de ciudadanos que se encuentran en situación de necesidad […] La actuación pública en el campo de rehabilitación urbana es la más difícil porque se trata de actuar en el interior del tejido urbano, sin alterar su composición social, de mantener las propiedades familiares atacando solamente las posturas especulativas y absentistas, de primar las intervenciones de acuerdo con una severa selección de los niveles de renta familiar que resultaran beneficiados.8

Por ello es recomendable manejarse con las dimensiones de mayor interés para los moradores: económicas y sociales, analizando temas que son fundamentales conocer de antemano, como sus niveles de ingreso, composición familiar y otros aspectos, para después de conocer sus necesidades, proponer soluciones adecuadas. Trabajar en la recuperación de lugares habitados sin tener en cuenta estos aspectos produce “verdaderas convulsiones en el tejido social, al generarse iniciativas inmobiliarias que tienden a elevar el nivel de renta de los nuevos usuarios y producir, por tanto, el desalojo de los antiguos ocupantes de estos terrenos […] revalorizados por esta acción conjunta de los poderes públicos y la iniciativa privada”.9 Pero lastimosamente, por lo general el problema de la vivienda no es una preocupación prioritaria de ninguno de estos dos actores. 6

Miloon Kothari, La lucha global por el derecho a una vivienda adecuada, OXFAM Intermón, Barcelona, 2000, p. 93. 7 Gerardo Pisarello, El derecho a una vivienda adecuada: notas para su exigibilidad, en Abramovich y Courtis, Derechos Sociales: Instrucciones de uso, Ed. Coyoacán, México D.F., 2003, p. 181. 8 José Moreno García, La vivienda en los centros históricos en: Carrión Mena, Fernando, ed. La ciudad construida. Urbanismo en América Latina, FLACSO, Quito, 2001, p. 301. 9 Ver ídem, p. 300.

Coincidimos en que el manejo de los grupos organizados en los procesos de rehabilitación no es fácil y conviene tener un equilibrio para no dejar sueltas las iniciativas de los participantes, o lo que es peor, crearles falsas expectativas. Moreno García señala que existe un factor de complejidad añadida que distingue a un centro histórico, y es la dificultad para resolver el alojamiento de las clases menos favorecidas. No olvidamos que “la sucesión de épocas históricas y su afirmación a través de procesos de sustitución o yuxtaposición han sido siempre el signo característico de la ciudad de origen antiguo”.10 Es una verdad innegable que durante el proceso histórico de las ciudades, el surgimiento de un nuevo orden económico requiere de un nuevo orden espacial, que transforma la ciudad heredada y hace necesaria la intervención.11 Siguiendo este razonamiento, el Municipio encontró una razón suficiente para la intervención realizada en la calle la Ronda en el orden turístico y económico, pues estos fueron los factores que al parecer primaron al tomar las decisiones relativas a las personas que habitaban este sector, pero -al menos en un caso- olvidó los derechos de los residentes, como veremos a continuación.

2. El proceso de desalojo en la casa 814 Es una realidad innegable que, a partir de la década de 1970, la calidad de vida de los habitantes del centro histórico de Quito se vio afectada por factores como hacinamiento, insalubridad e inseguridad, además de actividades delincuenciales, mala dotación de servicios y escasa atención pública. Observando esta realidad, el Municipio del Distrito Metropolitano inició un procedimiento de recuperación integral del casco colonial. Dentro de este proceso, el FONSAL, trabajó durante más de un año, según su versión “contando con el apoyo del vecindario y en completo acuerdo con él para intervenir en el entorno público de la Ronda, así como al interior de varias edificaciones que se encontraban en estado calamitoso”.12 Según los datos que ha proporcionado esta empresa, la intervención en el treinta por ciento de los inmuebles y en el espacio público de la Ronda, beneficia directamente a 123 familias y a 1.831 habitantes del sector.13

10

Ver Giorgio Piccinato, El problema del centro histórico en F. Ciardini y Falini (editores), Los centros históricos: política urbanística y programa de actuación, 1983. 11 Ver ídem, p. 15 12 Ver http://www.callelaronda.com, visitado el 26 de marzo a las 9:21. 13 Ver ídem.

Sin embargo, en medio de este proceso de recuperación, 10 familias de escasos recursos que habitaban en calidad de inquilinos de un inmueble ubicado en este barrio, específicamente en la casa de la calle Morales 814 y Guayaquil, no fueron parte de estos acuerdos a los que hace referencia el FONSAL, y por el contrario recibieron varias amenazas encaminadas a que iban a ser desalojadas de sus hogares, emitidas por autoridades de la Administración Centro del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y de las empresas FONSAL y QUITOVIVIENDA, en virtud de que habían comprado el inmueble para su readecuación. Así, desde el día 31 de mayo de 2005, los funcionarios de estas entidades insistieron repetidas veces a este grupo de inquilinos, mediante cartas y de forma personal, que desocuparan el inmueble, sin poseer ningún documento que acredite su derecho a desalojarlos y sin realizar los procedimientos legales para este efecto. De haberse concretado estas amenazas de desalojo por parte de las autoridades mencionadas, estas personas de escasos recursos hubieran tenido que salir a la calle, ya que no se les había ofrecido ninguna alternativa real, eficaz e idónea para su reubicación. La empresa QUITOVIVIENDA les había dado la “opción” de comprar o alquilar casas cuyos costos promedian USD 5,000.00 de entrada y USD 250 de cuota mensual, pero estas personas no podían pagar los valores solicitados debido a sus bajos ingresos económicos.

Este ofrecimiento no tomó en cuenta la situación de pobreza de las

familias, lo que convirtió a estas opciones en inadecuadas y, por lo tanto, inaplicables para la solución del caso. Debido a la situación de inseguridad que estas amenazas crearon, algunas de las familias abandonaron la casa, al contar con los recursos económicos necesarios para ir a otro lugar, pero la mayoría de las familias se quedaron, pues debido a su bajo poder adquisitivo no podían encontrar otro lugar con las mismas características y costos. El Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador interpuso una acción de amparo constitucional, para evitar este grave daño a la dignidad humana de estas personas, y la violación de su derecho a la vivienda, del que eran titulares en virtud de haber habitado legítimamente en el inmueble desde hace un promedio de 14 años, con base en diferentes contratos de arrendamiento. En el mes de agosto de 2007, la jueza No. 23 de lo civil de Pichincha concedió tal amparo, y de esta manera, las familias pudieron permanecer en sus hogares, con una base legal que

acredita que no podrán ser desalojados mientras el Municipio no cumpla su obligación de darles una alternativa digna de vivienda.14

3. La construcción de la memoria del proceso Tres años después del inicio de las amenazas, y a menos de un año de la finalización del proceso, es un hecho que la memoria respecto a él todavía está en construcción, sin embargo, hemos creído válido volver a la casa 814 y recoger los testimonios que las personas que estuvieron involucradas en este problema estuvieron dispuestas a dar, para lograr esta reconstrucción de la memoria social, que seguramente no estará presente en la reconstrucción de la memoria historiográfica de la calle la Ronda. Una muestra de ello es la información que recoge la página web que el FONSAL ha creado para incentivar el turismo en este sector, donde aparece la historia oficial del barrio, las atracciones turísticas y una escueta referencia a las bondades del proceso de recuperación, pero obviamente, ninguna referencia a lo sucedido con estas familias. Tal vez el valor de este trabajo radica en ello, en recuperar los testimonios de quienes no tienen voz en la historia oficial de una ciudad, y en comprobar –como afirma Ricoeur- que quién tiene voz en la historia oficial es quien tiene voz en el espacio público. El valor de estos testimonios lo constituye su conjunto, que como veremos más adelante, forman parte de una identidad colectiva construida por este grupo de personas. Por ello, debemos dar el valor que merece el ver un proceso doloroso y hablar de él, sin olvidar que los entrevistados hablan desde los marcos sociales de la memoria, como son la clase social, la religión, la familia, ya que en palabras de Halbwachs: El individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos de la memoria social. En otras palabras, los diversos grupos integrantes de la sociedad son capaces en cada momento de reconstruir su pasado. Pero, como hemos visto, muchas veces al tiempo que ellos lo reconstruyen lo deforman. Ciertamente, existen muchos hechos, bastantes detalles de ciertos hechos, que el individuo olvidaría, si los otros no lo conservaran para él.15

Cabe preguntarse qué es lo que busca rescatar o rememorar esta historia oficial, que se construye desde los órganos y personas que detentan el poder en una sociedad, ya que en este caso, el proceso emprendido por el Municipio de cierta forma deshistoriza las 14

Para una descripción más detallada del proceso judicial de este caso ver Ramiro Ávila (coordinador), Los derechos sociales, del acceso a la información a su justiciabilidad, Centro de Derechos Humanos, PUCE, 2007, p. 116. 15 Halbwachs Maurice, Los marcos sociales de la memoria, Barcelona, Anthropos, 2004, p. 336.

historias personales de los residentes de un sector donde precisamente se pretende reconstruir una memoria. Si este razonamiento es correcto, el trabajo realizado en este barrio histórico sólo mira las historias más relevantes a criterio de la autoridad y deja invisibilizadas historias que ella considera “menos relevantes”. Esa la principal tensión que hallamos en este trabajo de reconstrucción de memorias, donde los actores dejados a un lado exigen no sólo el derecho a la vivienda, sino con su organización y participación, el derecho a ser parte de esa historia de la que también son de alguna forma desalojados, por ello recogemos aquí una pequeña parte de sus testimonios. Frente a la pregunta de qué es lo que recuerda sobre el proceso de desalojo, la señora Marta Cecilia Esparza de 48 años, quien vive en la casa 814 con sus 5 hijos desde hace 10 años, se dedica a lavar ropa y es vendedora, nos comenta: Lo que yo me acuerdo es que vino la licenciada y nos pidió que desalojáramos la casa, que nos daban el aviso, pero a nosotros no nos dieron ningún aviso, sino que de un día a otro nos vinieron a decir que teníamos que desocupar […] no nos pasaron ningún oficio en que conste que teníamos que desocupar la casa. Nos mandaron después cuando ya pedimos ayuda a la Defensoría, ahí, antes de eso no, ni siquiera nos enteramos que la casa había estado vendida.

De la misma forma recogemos parte de lo manifestado por el señor Víctor Paredes quien tiene 36 años de edad y es policía metropolitano, vive con su familia de 4 miembros desde hace 8 años en la casa 814, donde pagaba 20 USD por la habitación que ocupa, debido a la peligrosidad del sector. Él nos dijo: […] yo le felicito al Alcalde por la labor que hizo por este barrio, porque este era un barrio

de los más vulnerables de Quito, y ahora es el barrio más bello que se puede llamarse, no? Pero asimismo, como yo le digo, la reconstrucción de las casas es importante, porque estos son unos inmuebles históricos, y que está bien, le felicitamos la labor que hace, pero también pedimos la sensibilización del señor Alcalde y de las autoridades competentes para que nos ayuden de alguna forma a estas familias porque no se puede evadir, se puede decir no?

Es interesante también retratar la forma en que la recreación de lo sucedido, muestra la creación de una identidad colectiva al interior de los residentes de la casa 814. La experiencia de estas familias, relatada tiempo después, expone que el hecho de haberse organizado para defender sus derechos, derivó en la construcción de una nueva identidad, ya que al recordar no hablan por cada uno de ellos, ni siquiera por cada familia, siempre hacen referencia a “las familias”, se ven cómo un sólo ente golpeado por la afectación a su lugar de vivienda, son las familias de la casa 814 y ya no la familia Albán, Esparza o Paredes. El señor Napoleón Albán, tiene 70 años, vive en la

casa 814 desde hace 8 años, fue profesor y negociante, no tiene jubilación y vive de las rentas que le envían mensualmente sus hijas.

En su testimonio habla sobre la

organización de quienes permanecen en la casa: […] ahí nos organizamos con el Sr. González, todos formaron la directiva, concretamente nos fuimos a las reuniones en el Municipio con esta doctora, no me acuerdo el nombre, es importante que me acuerde, porque ella estaba en contra de nosotros, nos dijo: “no, ya tienen que desocuparnos, porque la casa ya es de nosotros, vamos a construir y todo lo demás”.

El señor Albán también recuerda a quienes ya no están, nos cuenta lo que sucedió con su amigo el señor Segundo Castillo, quien sí abandonó la casa: Margarita Llerena ha venido y le ha propuesto que desocupe el cuarto, que le van a dar un departamento a él, sin que le cueste nada, entonces le hacen firmar unos documentos en el Municipio, y se va saliendo, hasta el momento no le dan absolutamente nada […]

Parafraseando a Ricoeur, la credibilidad del testimonio se da por la presencia y la calidad de testigo directo del hecho, los entrevistados pueden afirmar “yo estuve ahí y lo viví, por lo tanto me pueden creer”, y si no puede preguntar a alguien más, y es sorprendente el valor que se le da a ese alguien más, pues se trata del propio Alcalde de la ciudad, a quien incluso lo tienen grabado. La autoridad es otro de los marcos sociales de la memoria que aparece en este relato. La señora Marta Esparza recuerda: […] entonces el señor Alcalde a mí me dijo clarito delante de todos los señores que estaban ahí y los señores que le acompañaban, y me dijo “no señora, quién le dijo eso”, y me preguntó en qué casa yo vivía, y yo le indiqué la casa donde vivo y me dijo a lo menos eso es para vivienda.

La reconstrucción de la memoria de este proceso nos lleva a mirar desde fuera el poder de los marcos sociales de la memoria, cómo esta lleva a la construcción de historias –oficiales y no oficiales- e identidades que se delinean con los momentos vividos por las personas. En este momento los residentes de la casa 814 siguen en sus hogares, la tranquilidad no ha llegado, pues están a la espera de que el Municipio les vuelva a solicitar el abandono de la casa, o que se llegue a un acuerdo que les permita quedarse definitivamente en ella o tener una alternativa digna de vivienda. Luego de haber vuelto a la casa 814 y escuchado lo que las familias que ahí viven pueden –o tal vez quieren- decir sobre el proceso de desalojo, y haber hecho un breve análisis de sus testimonios, podemos decir a manera de conclusión, que es innegable la existencia de una tensión entre un proceso de reconstrucción de la memoria colectiva, como es la reconstrucción de un centro histórico, y la calidad de vida de personas que

habitan en estos lugares, por tanto, una tensión respecto a sus propias historias personales. Los testimonios analizados así lo confirman al reconstruir este proceso, que evidencia el reclamo de su derecho a ser parte de la historia, con el valor agregado de la presencia y afectación directa. Los vecinos de la casa 814 lograron la construcción de una nueva identidad colectiva a partir de su organización para la defensa de sus derechos, que ahora se ve reflejada cuando reconstruyen la memoria de lo sucedido y hablan de las familias, de un nosotros, que refleja a la totalidad de los involucrados como un solo cuerpo, y ya no varias familias aisladas. Creemos que más allá de eliminar el tugurio para garantizar la seguridad y turismo los centros históricos, se debe procurar que los residentes queden protegidos y que se eviten los desplazamientos, logrando así que las personas estén presentes en la historia su lugar y que su memoria no sea vencida por el olvido oficial.

BIBLIOGRAFÍA:

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