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América Central, también llamada Centroamérica, es un subcontinente que conecta América del Norte con América del Sur. Geográficamente se sitúa entre la frontera sur de México y la frontera noroccidental de Colombia, rodeada por el océano Pacífico y el océano Atlántico. Su extensión territorial continental es de 523.780 km². Es una región con un enorme potencial natural y humano. Cubre una superficie un poco mayor que la de España, con una población sensiblemente inferior: 41,7 millones de habitantes (est. ONU 2009). Pródiga en recursos naturales, su suelo es sumamente fértil, apto para todo tipo de cultivos. El canal de Panamá la convierte en paso obligado para los buques de todo el mundo que enlazan el Atlántico y el Pacífico. Además, lo tiene todo para atraer al turismo internacional: hermosas playas, exuberantes selvas, montañas, volcanes, apacibles lagos, ruinas de antiguas civilizaciones, etc. Pero la región aún está a la espera de que sus gobiernos encaren tres duros desafíos: vencer la pobreza, consolidar sus débiles y tambaleantes democracias y apagar los odios que dejaron los largos años de guerras civiles en varios de sus países.

Emigración al exterior La tabla siguiente muestra el número de centroamericanos que residen en el exterior. Las cifras provienen de la base de datos del Banco Mundial, corresponden al 2005 y no incluyen a los emigrantes ilegales.[10] Por razones económicas y de desempleo en torno a 5.000.000 de centroamericanos han emigrado. El principal destino en seis de los siete países es Estados Unidos. La excepción es Nicaragua donde hay otro destino a parte de Estados Unidos:Costa Rica. Se estima que más del 80% de los migrantes de Panamá y Costa Rica son legales, Mientras que esa cifra llega apenas al 25% en países como el Salvador y Guatemala. io-alto, desarrollo medio-bajo y desarrollo bajo, la región estaría en medio-bajo. Esto se debe a que es una región con muchas desigualdades. Costa Rica y Panamá entrarían en el desarrollo medio-alto gracias a su esperanza de vida, alfabetización y menores grados de pobreza pero siguen teniendo un PIB muy pequeño a escala mundial, 10.000$USD cada uno. Guatemala, El Salvador y Belice entrarían en el desarrollo medio-bajo; Guatemala tiene la mayor economía de la región y El Salvador es una potencia industrial, pero ambos países tienen altos niveles de pobreza. Belice entra en desarrollo medio-bajo, tiene un IDH ligeramente alto, pero sus niveles de pobreza extrema son alarmantes. Nicaragua y Honduras son países de desarrollo bajo, tienen un IDH bajo y su economía es muy baja. Honduras está comenzando a industrializarse y en Nicaragua hay un ligero progreso pero ambos países están estancados en la pobreza. Nicaragua solo creció un 2% en el 2008 y la principal fuente de ingresos en ese año fueron las remesas enviadas por nicaragüenses en el exterior. Todo ese conjunto de factores ha provocado que sean precisamente los países de Centroamérica Norte los que más emigrantes envían al exterior. Hay unos 6.000.000 de centroamericanos fuera; El Salvador lleva la delantera con 2.500.000 de personas en el exterior, Nicaragua sigue con 1.200.000 y a continuación Guatemala con una cifra similar (1.100.000), Honduras tiene 700.000 personas en el exterior, Panamá unas 150.000, Costa Rica 100.000 y Belice menos de 60.000. En el caso de El Salvador y Nicaragua la cifra de emigrantes en el exterior representa un gran porcentaje de su población: 27% y 18% respectivamente. Honduras les sigue con el 10% de su población fuera. Para estos tres países (en especial Nicaragua) las remesas representan una fuente importantísmia de

ingresos, en el caso de Nicaragua, las remesas en el 2008 fueron un monto mayor que la inversión extranjera y las exportanciones del país.

[editar] Uso del término •

Debido a que en los países angloparlantes utilizan indiscriminadamente el nombre "América" para referirse únicamente a Estados Unidos, se suele dividir al continente americano en dos subcontinentes (Norte y Sur). Centroamérica es entonces considerada como la región sur del continente norteamericano, y que incluye países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

•

Usualmente los términos América Central y Centroamérica son sinónimos, pero en algunas ocasiones se hace una distinción entre ambos términos, haciendo referencia el primero a un concepto puramente geográfico (que incluye a Panamá y Belice) y el segundo término a un concepto político, histórico y cultural que no incluye a las naciones mencionadas.

[editar] Centroamérica con desarrollo humano medio, según el PNUD Centroamérica mejoró su índice desarrollo humano (IDH) al pasar de 0.725 en el año 2000, a 0.749 en el 2005, aunque no logró superar la barrera de 0.8, que ubicaría a la región como una de desarrollo humano elevado, según el Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, que publicó, recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De los países del istmo, solo Costa Rica y Panamá se ubican en el primer tercio del ranking de 177 países, con IDH por encima de 0.854 y 0.840 respectivamente, aspecto que lo hizo acreedor de la posición 54 y 60 cada uno. Los demás países centroamericanos se ubican por debajo del puesto 100, con IDH inferiores a 0.750. Específicamente, El Salvador tiene un IDH de 0.747 , Nicaragua, 0.699 , Honduras, 0.732 y Guatemala, 0.704 (puesto 118). El IDH mide el progreso de un país en cuanto a tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, los conocimientos y un nivel de vida decente. Como se trata de un índice compuesto, el IDH contiene tres variables: la esperanza de vida al nacer, el logro educacional (alfabetización de adultos y tasa bruta de matriculación primaria, secundaria y terciaria combinada) y el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita. La lista cubre 177 países de todo el planeta y se presenta sobre resultados con dos años de retraso, es decir, el informe de 2009 se elaboró con cifras recogidas durante 2007. América Central y el Caribe están viviendo los efectos económicos y sociales de nuevos actores transnacionales, principalmente los de una diáspora emergente. Estas diásporas constituyen un factor importante en la integración de estos países a la economía global. El presente documento ofrece un análisis de estos cambios. Asimismo, examina el fenómeno de la migración en estas regiones y los cambios que sus economías han experimentado a consecuencia de ésta, la cuales se han transformado de exportadoras de productos agrícolas a exportadoras de mano de obra. Un tema importante de atención en este trabajo es el impacto económico que ha tenido el envío de remesas hacia América Central y el Caribe. Además, se pone énfasis en los vínculos que se han desarrollado más allá del ámbito familiar —es decir, en el ámbito comunitario, social y político. Los aportes económicos y comerciales de centroamericanos y caribeños que residen en Canadá y en Estados Unidos son enormes, lo cual ha creado una nueva dinámica tanto con respecto a la movilidad laboral como al comercio y a la inversión.

1. Emigración centroamericana y caribeña En la mayoría de los países de América Central y el Caribe existe una antigua tradición migratoria que ha llevado a miles de ciudadanos del Sur al Norte debido a las condiciones

históricas, políticas y económicas. El efecto acumulativo de esta corriente, especialmente en la última parte del siglo XX, explica que actualmente hay al menos cinco millones de caribeños y centroamericanos que residen en Estados Unidos. Muchos de estos emigrantes fueron impulsados al Norte por las crisis políticas en América Central, Cuba, Haití y Jamaica y la mayoría se estableció en Estados Unidos. Sin embargo, actualmente hay en Canadá casi medio millón de centroamericanos y caribeños, aunque los inmigrantes procedentes de Jamaica, Haití, Trinidad y Guyana sobrepasan en número a los centroamericanos.

Emigración desde América Central y el Caribe La mayor parte de los inmigrantes centroamericanos en Canadá y en Estados Unidos llegó a principios del decenio de 1980. La guerra, la represión y los abusos sistemáticos de los derechos humanos en la región forzaron a muchos guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños a huir de sus países en busca de un lugar más seguro. En la actualidad, los centroamericanos constituyen una ‘diáspora joven’, esto es, una minoría étnica, producida por las corrientes migratorias, que mantiene vínculos con sus países de origen. Hacia 1990, más de un millón de guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños abandonaron sus países para establecerse en Canadá, Estados Unidos, México y Costa Rica. Entre tanto, el número de salvadoreños en Estados Unidos superó en el año 2000 el millón, cifra ésta que representa casi la mitad de los centroamericanos que viven en Estados Unidos. En el caso de Canadá, las proporciones son acordes. Canadá también es el país anfitrión de una importante comunidad de haitianos, guyaneses, jamaicanos y trinitenses que mantienen vínculos directos con sus países de origen. Los jamaicanos, haitianos y trinitenses representan el 80 % de los inmigrantes caribeños en Canadá. De este modo, uno de cada tres caribeños de lengua inglesa vive en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos o en Canadá. Frente al caso centroamericano, las corrientes migratorias de gente procedente del Caribe tienen mayores raíces históricas. Las olas migratorias más recientes se produjeron por una combinación de inestabilidades políticas y económicas apoyada por una red de lazos culturales y lingüísticos cada vez mayor. En el campo político, la emigración cubana alcanzó su máxima expresión tras la revolución de 1959 y, de nuevo, a principio del decenio de 1980, cuando el Gobierno cubano suavizó los trámites de salida. Los haitianos huyeron en gran número en el decenio de 1980, durante la dictadura de Duvalier y la incertidumbre del posterior gobierno de Aristide mantuvo la misma presión migratoria. En

el caso de la República Dominicana, la emigración se produjo en distintas etapas. Muchos dominicanos se marcharon al exilio durante el régimen de Trujillo y durante los años de la transición; a mediados de los años 1980 se produce una nueva ola migratoria provocada por las dificultades económicas y las protestas sociales en el país. Frente a la inmigración caribeña hispana, la corriente de inmigrantes caribeños anglófonos en Canadá se debe principalmente a las afinidades culturales y políticas, a los vínculos comerciales y económicos y al hecho de que los países emisores y el país receptor pertenecen a la Commonwealth. Sin embargo, en el caso de Jamaica, la violencia constante que vivía ese país también fue un factor que contribuyó a las corrientes migratorias más recientes y esto también se aplica en cierta medida a Guyana. Todos estos grupos inmigrantes crearon diversos vínculos simbólicos, sentimentales y materiales con sus países de origen. Muchos de estos vínculos van mucho más allá del simple mantenimiento de contactos con los familiares.

México y el debate migratorio en Estados Unido La inmigración es parte esencial de la historia de Estados Unidos. Debido a su incuestionable importancia, el tema suele reaparecer periódicamente y ubicarse en el centro de la controversia pública. Cuando algún sector de la sociedad estadounidense percibe que el sistema migratorio entra en crisis, el debate se aviva y eventualmente provoca virajes de política en la materia. Actualmente somos testigos del resurgimiento del debate migratorio en Estados Unidos. Durante los últimos meses, diversos grupos de interés en ese país intensificaron la presión y trasladaron el cabildeo al Congreso y a diversas oficinas del Ejecutivo para urgir a la clase política estadounidense a superar el statu quo. En ese país, hay consenso en torno a la idea de avanzar hacia un nuevo régimen migratorio con apego a reglas de orden, legalidad y seguridad. Si bien todavía existe un profundo desacuerdo sobre algunos de los componentes que podrían ser incluidos en una eventual reforma migratoria y al balance adecuado entre los mismos, no hay duda que -- después de las lecciones del 11-S -- cualquier propuesta relacionada con la inmigración es ponderada ahora desde la óptica de la seguridad. En este escenario emergente no hay cabida para la "política de la omisión" seguida por el gobierno de México en materia migratoria desde hace varias décadas. El impasse en el que se encuentra el debate migratorio en el Congreso de Estados Unidos podría dar a nuestro gobierno el tiempo que necesita para evaluar la pertinencia de sus posiciones y estrategias, definir con claridad los intereses y objetivos que persigue en esta materia, determinar sus responsabilidades y compromisos, y eventualmente delinear e impulsar su propia reforma migratoria. PRESENTE Y FUTURO DE LA EMIGRACIÓN MEXICANA La emigración mexicana hacia Estados Unidos constituye en la actualidad el nexo migratorio bilateral más importante del mundo. No hay una corriente contemporánea entre dos países tan numerosa y con tan prolongada tradición histórica como la mexicana. El movimiento migratorio se intensificó

vertiginosamente en las últimas cuatro décadas. Mientras que el flujo neto ascendía en los años sesenta a cerca de 30000 personas en promedio por año, en la actualidad -- según cifras oficiales -es superior a 400000, es decir, casi 14 veces mayor. Así, lo que al principio era una pequeña corriente migratoria, se ha convertido en los últimos años en una verdadera avalancha. Este fenómeno tiene múltiples y complejas ramificaciones e influye de manera profunda en la vida cotidiana de millones de personas. Además de sus protagonistas (más de 11 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos), el fenómeno migratorio involucra a la población estadounidense de origen mexicano (más de 18 millones de personas) y a una numerosa población de México que está unida por lazos de parentesco con ambos grupos (alrededor de 40 millones de personas). Las interacciones entre estos diferentes conjuntos de población propician la conformación de extensas redes familiares y sociales que alientan y facilitan el desplazamiento de los mexicanos hacia aquel país. Es sabido que antes de que finalizara el Programa Bracero (1942-1964) el flujo migratorio hacia Estados Unidos se integraba principalmente por trabajadores con bajos niveles de escolaridad, provenientes de las zonas rurales de unas cuantas entidades de la región centro-occidente de México, quienes trabajaban en labores agrícolas durante seis u ocho meses en Estados Unidos (sobre todo en la región sudoeste) y volvían a sus lugares de origen el resto del año. Esta imagen ya no corresponde con el perfil de la mayoría de quienes participan actualmente en la corriente migratoria hacia Estados Unidos. Algunos de los cambios más importantes son los siguientes: 1. La migración mexicana transita de un patrón predominantemente "circular" o "temporal" a uno de carácter cada vez más "permanente". Así lo revela el enorme crecimiento de la población mexicana residente en Estados Unidos y la caída en la probabilidad de retorno de los emigrantes durante los primeros tres años de la migración (que disminuyó de 55% en 1987-1992 a 46% en 1997-2002). 2. La migración mexicana es predominantemente indocumentada. De acuerdo con cifras del Pew Hispanic Center, los inmigrantes mexicanos no autorizados eran una minoría entre quienes entraron a Estados Unidos en el primer quinquenio de los ochenta (18 de cada 100). En contraste, la gran mayoría de los inmigrantes de reciente ingreso son indocumentados (85 de cada 100 inmigrantes mexicanos que entraron a Estados Unidos entre 2000 y 2004). 3. La migración mexicana ya no se origina únicamente en una sola región del país, sino que se ha extendido por todo el territorio nacional. En las últimas dos décadas, todas las regiones y entidades de la república han participado -- en mayor o menor medida -- en la corriente migratoria hacia Estados Unidos, lo que ha dado un carácter nacional a este fenómeno. Asimismo, en casi todos los municipios del país (2350 de un total de 2443) ya se advierte algún grado de contacto con la Unión Americana. 4. La migración procedente de las áreas urbanas de México es cada vez más notoria en el flujo hacia Estados Unidos. Existen pruebas de que los grandes centros urbanos y algunas de las llamadas

ciudades intermedias están sirviendo de plataforma para impulsar la emigración a Estados Unidos. De hecho, todas las ciudades mexicanas tienen -- en mayor o menor medida -- actividad migratoria hacia Estados Unidos y una de cada tres registra una intensidad migratoria media, alta o muy alta. 5. La migración mexicana también es cada vez más visible en todo el territorio estadounidense. La presencia de los mexicanos en la Unión Americana ya no se limita a las regiones y entidades tradicionalmente receptoras, sino que se ha extendido a lo largo y ancho de Estados Unidos. De hecho, la migración mexicana figura hoy en día -- de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) -- entre los cinco grupos más numerosos de inmigrantes en 42 estados de la Unión Americana; de este conjunto, es el más numeroso en 29 entidades. 6. Los inmigrantes mexicanos registran una creciente diversificación sectorial y ocupacional tanto en los lugares de origen, como en los de destino. Así, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría hace unas cuantas décadas, sólo una muy pequeña proporción (4%) de los inmigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos se inserta actualmente en el sector primario de la economía de ese país. Un fenómeno con estas características sólo puede responder a la interacción de múltiples factores con raíces en ambos lados de la frontera. Es ampliamente reconocido que el catalizador de buena parte de esta corriente migratoria radica en los factores de la demanda (atracción) localizados en la Unión Americana. Dichos factores han sido determinantes para estructurar un mercado de trabajo binacional de facto, de carácter secundario y flexible, al cual son adictos algunos sectores de la economía estadounidense. Una de las pocas medidas que podría tener un efecto relevante en el corto y mediano plazos sobre la propensión de los mexicanos a emigrar al vecino país del norte es la reducción sistemática (o eventualmente la desactivación) de la demanda laboral en este mercado. Es claro, sin embargo, que esto no ocurrirá así, al menos en el horizonte previsible, debido a las necesidades de fuerza de trabajo no calificada en Estados Unidos. Varios estudios recientes prevén, por ejemplo, que los inmigrantes continuarán contribuyendo en los próximos cinco lustros con una proporción significativa del crecimiento de la fuerza de trabajo estadounidense (desde una tercera parte o hasta un máximo de la mitad, dependiendo de los escenarios) y, en consecuencia, verán incrementada su participación en todos los grupos laborales, incluidos por supuesto los trabajadores con un nivel inferior a la preparatoria completa. Los factores de oferta (rechazo), vinculados sobre todo con la abundancia relativa de fuerza de trabajo en México, se han vuelto cada vez más importantes, debido a los efectos de recurrentes crisis, recesiones y reestructuraciones económicas. En un contexto donde prevalecen oportunidades limitadas, una de las percepciones cada vez más arraigadas en el país es la de que la emigración (documentada o indocumentada) hacia Estados Unidos constituye una de las pocas vías para mejorar la condición socioeconómica de las personas y las familias. Por esta razón, no deben sorprender los resultados arrojados por la encuesta publicada por el Pew Hispanic Center en 2005, la cual indicó que

casi la mitad de la población mexicana de 18 años o más estaría dispuesta a emigrar a Estados Unidos si tuviera los medios y la oportunidad para hacerlo. El alivio de las presiones migratorias dependerá críticamente de una profunda transformación de las condiciones estructurales en las que funciona el mercado de trabajo nacional. Para transformar esas condiciones se requiere impulsar un crecimiento económico vigoroso, alto y sostenido durante varias décadas con miras a alcanzar importantes incrementos en los niveles de empleo, productividad y salarios. Mientras esto no ocurra, la emigración hacia Estados Unidos continuará siendo una realidad continua y permanente, impulsada -- entre otros factores -- por la escala alcanzada por el fenómeno migratorio y la constante ampliación de las redes sociales y familiares, las cuales están desempeñando un papel determinante en el contexto actual, tanto para reducir los costos y riesgos asociados con la migración, como para contribuir a sostener, recrear y perpetuar este movimiento. Las proyecciones del Conapo sugieren que la población mexicana residente en Estados Unidos podría incrementarse hasta alcanzar en el año 2030 entre 18.3 millones (escenario económico favorable en México) y 21.7 millones (escenario económico desfavorable) de personas. Este último escenario significaría duplicar el tamaño actual de esta población en los próximos 25 años. LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Desde la terminación del programa de braceros en 1964, ambos países han hecho muy poco para encarar el problema migratorio desde una perspectiva bilateral. Más aún, varios autores -- como Fernández de Castro, Santibañez y Tuirán -- sostienen que Estados Unidos y México desarrollaron desde entonces un doble juego en la gestión de la migración. Por una parte, el gobierno estadounidense -- no obstante el discurso beligerante contra los inmigrantes indocumentados -decidió practicar una "política de la tolerancia", tanto con el ingreso como con la estadía de los inmigrantes no autorizados en la Unión Americana. Por la otra, el gobierno de México construyó un discurso a favor de los derechos de los inmigrantes, aunque en la realidad hizo muy poco por atenderlos, impulsando una auténtica "política de la omisión". Si perciben la emigración como una "válvula de escape" y saben que los emigrantes envían cada año miles de millones de dólares desde el extranjero a sus familiares en México, los funcionarios responsables actúan como si se preguntaran en forma permanente: ¿por qué detener este flujo si no hay muchos incentivos para hacerlo? El statu quo en materia migratoria intentó ser trastocado por los presidentes Fox y Bush a principios de 2001. De manera audaz, ambos gobiernos reconocieron la necesidad de impulsar un esquema legal, seguro y ordenado de flujos migratorios. Con este fin, México y Estados Unidos convinieron en iniciar negociaciones formales tendientes a alcanzar un acuerdo sustentado en el principio de "responsabilidad compartida".

El desenlace es de sobra conocido: a raíz de los atentados terroristas del 11-S, las negociaciones se difirieron y más tarde se archivaron de manera definitiva. En Estados Unidos las actitudes de la población hacia la inmigración cambiaron rápidamente. Las encuestas mostraron que tan sólo entre junio y octubre de 2001 se volvió mayoritaria la población que se mostraba proclive a reducir los niveles de la inmigración (al pasar de 42 a 58%, según las encuestas Gallup), lo que contribuyó a hacer cada vez más visibles las iniciativas dirigidas a contener el flujo no autorizado. El gobierno de Estados Unidos cambió sus prioridades y colocó la seguridad en el centro de sus preocupaciones. Desde 1994 aumentaron de manera significativa los recursos a la Patrulla Fronteriza y los dedicados a reforzar el control en los principales corredores de la migración, con el fin de disminuir los ingresos exitosos no autorizados por esas zonas, desviar el flujo irregular hacia las rutas más remotas y más peligrosas y, en consecuencia, disuadir a los emigrantes para no seguir intentando más cruces fronterizos. Estas medidas y operativos (como Guardián y Mantén la línea, entre otros) fueron revisados y fortalecidos después del 11-S. Sin embargo, su instrumentación condujo paradójicamente, como demuestra Massey, a los siguientes resultados: * Disminuyó la probabilidad de que los emigrantes no autorizados sean aprehendidos al cruzar la frontera. Si bien la patrulla fronteriza redobló la vigilancia en ciertas zonas de la frontera, lo que significó que, en promedio, fueran realizados al menos dos arrestos por minuto, los emigrantes decidieron incursionar por rutas alternas donde la probabilidad de ingresar con éxito era mayor. A su vez, quienes eran aprehendidos no dudaban en realizar intentos de cruce adicionales en los días y horas en los que la vigilancia era menos estricta. Como consecuencia, la probabilidad de ser aprehendido disminuyó de 33% en 1997 a 19% en 2004. * Volvió más riesgoso el movimiento migratorio no autorizado. Las estrategias de reforzamiento de la Patrulla Fronteriza se han traducido en mayores riesgos para los inmigrantes: la razón de muertes por cada 10000 aprehensiones se elevó de 1.6 en 1999 a 3.7 en 2003, aunque en 2004 disminuyó a 2.8. * Aumentó la demanda de los servicios de los polleros, pateros o contrabandistas, quienes a su vez encarecieron sus servicios. Se estima que la contratación de polleros para ayudar a los indocumentados a cruzar la frontera se elevó al menos cuatro veces (de 10 o 15% que usaba estos servicios hace ya algunos años a 60% en la actualidad). A su vez, el costo promedio de contratar un pollero aumentó de un promedio de 300 dólares durante los años ochenta y principios de los noventa a 1200 dólares en 1999, mientras que hoy en día es superior a 1500 o 2000 dólares. * Se incrementó el costo promedio por aprehensión. La estrategia de reforzamiento del control fronterizo ha resultado sumamente costosa al contribuyente estadounidense. De 300 dólares en promedio por arresto antes de 1992, el costo se elevó en los años recientes a 1700 dólares. Un indicador adicional -- el número de inmigrantes aprehendidos por cada hora que dedican los agentes a patrullar la frontera -- declinó entre 1997 y 2003, aunque en 2004 volvió a repuntar ligeramente.

Los resultados enunciados sugieren que la fórmula del muro, la vigilancia redoblada, la detección con alta tecnología, la aprehensión y la deportación ha fracasado en alcanzar su objetivo principal (disuadir y en su caso detener el flujo indocumentado) porque no está acompañada de otras muchas medidas, incluidas las dirigidas a ordenar, o eventualmente desactivar, el mercado de trabajo binacional que impulsa la emigración no autorizada. Así, después de más de una década de aplicar reiteradamente los operativos y medidas de control fronterizo, en Estados Unidos aumentó vertiginosamente la población no autorizada (de 8.4 a casi 12 millones entre 2000 y 2005, de los cuales alrededor de 56% son mexicanos). LA REFORMA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS En un contexto de creciente preocupación por la seguridad y el crecimiento de la población indocumentada, no debe sorprender que la Cámara Baja estadounidense aprobara en diciembre de 2005 (con 235 votos a favor y 182 en contra) el Proyecto de Ley HR-4447 impulsado por el congresista republicano James Sensenbrenner, que descansa principalmente en un conjunto de medidas dirigidas a fortalecer la seguridad fronteriza y a garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Esencialmente, esta iniciativa busca acotar los espacios por donde transita la inmigración indocumentada, ya sea en lo que respecta a su ingreso o bien a su presencia en ese país. Particularmente preocupante es el hecho de que el proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja criminaliza el ingreso y la estadía indocumentada en Estados Unidos; impone sanciones a quienes ayuden, animen o induzcan a las personas a entrar o permanecer en ese país de manera no autorizada, y asigna más recursos y efectivos a las tareas de control fronterizo, al tiempo que ordena el levantamiento de un muro a lo largo de 1 116 kilómetros de los límites con México. Asimismo, esta iniciativa incluye medidas para desalentar la de¬manda de trabajadores indocumentados, ya que, por un lado, in¬crementa las multas para quienes contraten o recluten trabajadores indocumentados, y por el otro, establece la obligatoriedad del empleador de verificar la condición migratoria de sus trabajadores. Los expertos del sistema migratorio estadounidense, como Papademetriou y Jacoby, reconocen que cualquier intento por impulsar una reforma integral, justa y equilibrada en esta materia, debe incluir los siguientes tres componentes: 1) canales legales de ingreso a Estados Unidos que sean suficientemente amplios, flexibles y realistas; 2) acciones dirigidas a brindar una solución a los millones de residentes indocumentados para que eventualmente puedan regularizar su condición migratoria, y 3) medidas que garanticen la observancia de la ley migratoria y el fortalecimiento de la seguridad interna y limítrofe. La iniciativa de Sensenbrenner únicamente incorpora elementos del tercer componente e ignora el primero y el segundo. Sin embargo, el problema principal que enfrenta el sistema migratorio de Estados Unidos (y que se relaciona en particular con la inmigración mexicana) es que los canales

existentes para el ingreso y la estadía documentada son relativamente estrechos y no guardan correspondencia con las realidades del fenómeno migratorio. Por esta razón, cualquier esfuerzo legislativo que ignore los dos primeros componentes no sólo es incapaz de ofrecer soluciones de fondo y de largo plazo, sino que incluso su instrumentación podría provocar graves efectos contraproducentes. Los rasgos draconianos del proyecto de ley promovido por el congresista Sensenbrenner despertaron el rechazo de la comunidad latina en Estados Unidos y desencadenaron la realización de manifestaciones de protesta en decenas de ciudades estadounidenses. Una nueva iniciativa de ley -- considerada por la mayoría de los integrantes del Comité Judicial de la Cámara de Senadores como una reforma migratoria integral, realista y humanitaria -- se debatió en el pleno a finales de marzo y, con algunas enmiendas, estuvo a punto de ser aprobada el 6 de abril por una coalición de senadores de ambos partidos. Este acuerdo fue retomado en sus aspectos esenciales a finales de mayo y aprobado por el pleno del Senado (con 62 votos a favor y 36 en contra). La iniciativa S-2611, impulsada por los senadores Hagel y Martínez, contempla algunas medidas de seguridad interna y limítrofe semejantes al proyecto de Sensenbrenner, sobre todo en lo que se refiere a la autorización para contratar más agentes, disponer de más recursos para utilizar alta tecnología y construir más muros y bardas a lo largo de la frontera (595 kilómetros de vallas fronterizas triples y 805 kilómetros de barreras para impedir el paso de vehículos). Sin embargo, la iniciativa del Senado comprende, además: * La ampliación de los canales legales de ingreso a Estados Unidos (por ejemplo, la disponibilidad de 310000 visas adicionales de residencia permanentes atadas al empleo por año y de 260000 visas adicionales para los familiares de inmigrantes permanentes y ciudadanos estadounidenses). * La creación de un programa de trabajadores temporales no calificados (H-2C), con un máximo de 200000 visas anuales (válidas por un periodo de tres años y renovables por tres años más). * Una mayor disponibilidad de visas para los profesionales con altos grados académicos (H-1B). * La instrumentación de un programa de "legalización ganada", que ofrece una vía para regularizar la situación migratoria de alrededor de 80% de los inmigrantes no autorizados que residen ac¬tualmente en la Unión Americana si logran cumplir con algunos requisitos. De convertirse en ley, esta iniciativa podría representar uno de los cambios de política pública más importante en el último siglo en Estados Unidos y, eventualmente, generaría uno de los impactos demográficos más significativos en la historia contemporánea de ese país y de México. La reforma migratoria tendría el efecto de impulsar una suerte de cadena migratoria y podría significar para la

sociedad estadounidense entre 60 y 65 millones de nuevos inmigrantes en los próximos 20 años, incluidos alrededor de 20 millones de mexicanos. No debe olvidarse, sin embargo, que las diferencias entre la versión aprobada por la Cámara Baja y la del Senado requieren resolverse y armonizarse por un panel bicameral que aún no se ha conformado ni reunido. Tratándose de una negociación donde el "techo" lo constituye la iniciativa del Senado y el "piso" el proyecto proveniente de la Cámara Baja, uno pensaría que -- como en cualquier otra negociación -- ambas partes harían algunas concesiones. Sin embargo, desde que la iniciativa de ley S-2611 fue aprobada en el Senado, el liderazgo republicano en la Cámara Baja (Sensenbrenner, Tancredo y otros) envió señales de que la rechazaría y más tarde decidió congelar la instalación del panel bicameral. En su lugar, los diputados republicanos programaron 19 "audiencias legislativas" en todo el país durante todo el mes de agosto para convertir el lapso dedicado tradicionalmente al receso legislativo de verano en una vitrina que les permita publicitar su posición en la materia. En consecuencia, y con tan sólo unas cuantas semanas disponibles para el trabajo legislativo antes de las elecciones de noviembre, es altamente probable que la tan esperada reforma migratoria de 2006 acabe teniendo el mismo destino que el proyecto Simpson-Mazzoli de mitad de los ochenta, el cual no se convirtió en ley porque la instancia bicameral encargada de armonizar las diferencias entre ambas versiones no se conjuntó. No fue sino hasta el año siguiente, en noviembre de 1986, que este proyecto (impulsado ahora por Simpson y Rodino) logró ser aprobado y promulgado. A pesar de estos desacuerdos y descalabros, es cada vez más evidente el abandono de Estados Unidos de "la política de la tolerancia" en materia migratoria y de la consolidación de un nuevo consenso en torno a la idea de que se requiere un régimen migratorio con apego a reglas de orden, legalidad y seguridad. Este objetivo se ha vuelto prioritario desde 2001, porque la presencia de la inmigración no autorizada hace evidente -- en un contexto de lucha frontal contra el terrorismo -- la vulnerabilidad tanto de la frontera sur, como de los sistemas de seguridad estadounidenses. LA CORRESPONSABILIDAD MEXICANA El debate migratorio que tiene lugar en Estados Unidos debe animar a México a llevar a cabo una reflexión de fondo sobre la cuestión migratoria. Esta reflexión no sólo es indispensable, sino también urgente porque el país enfrentará, sin duda, en los próximos años un escenario emergente al que deberá adaptarse tarde o temprano, motivado por el abandono estadounidense de la "política de la tolerancia" hacia los flujos migratorios no autorizados. En este nuevo contexto, la "política de la omisión" que México ha practicado de manera puntual ya no podrá seguir siendo funcional o viable. Así, el país se verá obligado a delinear su propia reforma migratoria y a desplegar un conjunto de esfuerzos dirigidos a estructurar respuestas integrales, eficaces y de largo plazo en la materia. En este tenor, México necesita reconocerse como país de

emigrantes y proceder en consecuencia. Debe tener muy claro qué persigue en esta materia, definir qué tan lejos quiere llegar y saber qué costos está dispuesto a pagar para cumplir sus objetivos. La nación requiere contar, hoy más que nunca, con una política migratoria congruente con la complejidad y magnitud del fenómeno y basada en un verdadero y genuino consenso nacional. Un paso correcto en esa dirección lo constituye la elaboración del documento "México frente al fenómeno migratorio", acordado por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo e integrantes de la sociedad civil. Este documento, aprobado por todas las fracciones parlamentarias de ambas cámaras de la LIX Legislatura, reconoce que está en el interés de México ordenar los flujos migratorios. Incluso sugiere un quid pro quo explícito: si Estados Unidos establece mecanismos para regularizar la situación de millones de inmigrantes indocumentados y se amplían los canales de ingreso documentado, México no sólo estaría dispuesto a desalentar la emigración no autorizada y a establecer mecanismos para que los emigrantes ingresen a Estados Unidos únicamente por canales legales, sino también a desarrollar incentivos para restablecer la circularidad del flujo. Este planteamiento expresa un cambio fundamental en el pensamiento y el discurso mexicanos y envía una señal inequívoca a Estados Unidos. Sin embargo, para ganar credibilidad, será necesario traducir esta posición en un conjunto de reformas a las leyes vigentes, adecuar el anacrónico andamiaje institucional a las nuevas realidades, definir e instrumentar un conjunto de medidas concretas relevantes (como las de fortalecer el orden y la seguridad en las fronteras norte y sur, estrechar la cooperación en la materia con los gobiernos de los países vecinos y combatir de manera frontal las organizaciones criminales de traficantes, entre otras) y adoptar decisiones cada vez más complejas y difíciles. Una solución constructiva y de fondo al problema migratorio sólo puede desprenderse de un enfoque que tenga como marco más amplio las cuestiones del desarrollo. La creación de más oportunidades de empleo y la reducción de las brechas salariales y de ingreso entre México y Estados Unidos constituyen una condición necesaria para desalentar la emigración mexicana en el largo plazo. Para lograrlo, la economía requiere crecer al menos a tasas superiores a 6 o 7% anual. La única manera de lograrlo es removiendo los obstáculos que lo impiden y contando con el financiamiento para el desarrollo que la economía requiere. Robert Pastor y otros han insistido, con razón, en que dos de los grandes ausentes en el debate reciente sobre la reforma migratoria en Estados Unidos y en México han sido, por un lado, la cooperación para el desarrollo en la región de América del Norte y, por el otro, el impulso a una estrategia eficaz y a un conjunto de reformas (fiscal, en materia de energía y de pensiones, entre otras) para revitalizar el desarrollo mexicano. En este sentido, es co¬nocida su propuesta de crear un fondo de desarrollo para México con el fin de disminuir las enormes asimetrías que separan a los tres socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual -- según los tres principales candidatos a la presidencia de la república en las pasadas elecciones -- merecería ser revisada para evaluar su viabilidad en el contexto actual.

De la misma forma, se requiere insistir en la creación y el fortalecimiento de programas sociales y de desarrollo local audaces, efectivos e imaginativos (por ejemplo, el programa 3 x 1), dirigidos expresamente a las regiones donde la intensidad migratoria es cada vez más significativa, con miras a ofrecer a sus habitantes opciones viables ante la de emigrar. También será necesario estructurar un sistema de incentivos y desincentivos -- tomando como eje la política social y sus programas -encaminado expresamente a restaurar los mecanismos de circularidad de la emigración, desincentivar los movimientos no autorizados y canalizar la emigración por conductos legales. La agenda de trabajo en materia migratoria no puede dejar de considerar de manera prioritaria el complejo entramado transnacional de interacciones, relaciones y redes entre los mexicanos de aquí y de allá, el cual es -- en muchos casos -- un componente verdaderamente orgánico en la vida de miles de comunidades en el país. No hay duda que la relación con las comunidades de mexicanos en Estados Unidos es estratégica para el desarrollo nacional, entre otras muchas razones porque constituye una rica y valiosa fuente de recursos, ideas, prácticas e identidades socioculturales. La experiencia de varios países en el mundo ofrece importantes lecciones sobre los beneficios económicos, sociales, políticos y culturales que derivan de contar con una política activa e integral de vinculación con la diáspora.