Juarez

texto: temoris greko

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Juárez

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EXPEDIENTE

La violencia como forma de vida

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e tenía que haber tocado a él pero se salvó por flojera. Normalmente, Pedro, un mecánico de la colonia Satélite de Ciudad Juárez, hubiera acompañado al cliente a recoger su troca, que se le había quedado tirada en la salida a Casas Grandes. Pero era viernes después de la comida y ya quería irse a su casa, así que mandó a Pepe, un muchacho que lo ayudaba en el pequeño taller. Nadie sabe si el cliente las debía o no, pero él y su acompañante fueron interceptados apenas dos cuadras más adelante, cuando viajaban en otro coche de su propiedad. Es posible que no se diera cuenta: había detenido el vehículo en el semáforo y no vio venir al hombre que le puso la pistola junto a la cabeza y disparó. Los testigos declararon que a Pepe se le atoró la puerta, que rompió la ventanilla por desesperación con una llave de tuercas y trató de salir por ahí, pero no pudo porque estaba protegida con una película plástica. El asesino dio la vuelta al carro con tranquilidad e incluso le sonrió y habló al pobre chico. “Ni modo, canijo”, dice haber escuchado alguien. Las dos balas atravesaron la mano derecha antes de impactarse en el rostro de Pepe. Pedro quedó muy impactado con la noticia. Juntó todo lo de la semana, 5 mil pesos, para ayudar a pagar el funeral. Y consiguió que un amigo le fiara una corona de flores grande con el nombre de su negocio. Ése pudo haber sido su error. El siguiente viernes, un adolescente se presentó en el taller para mostrarle una serie de fotografías: su esposa al salir de la clínica; ella misma al recoger a la menor de sus hijas en la escuela primaria; la otra niña jugando en la calle; las dos asomadas por una de las ventanas de la humilde casa. “Dicen que les des 300,000 pesos o se chingan a las tres”, le informó el jovencito. “Mañana a esta hora”. Pedro no dio explicaciones a su mujer. Esa misma noche estaban los cuatro del otro lado, en El Paso, Texas. Habían cruzado a pie para evitar la hora de fila en coche para atravesar el puente internacional. Cuando lo conocí, en un restaurante Arby’s junto al freeway 10, recibió una llamada de uno de sus hermanos. “La pasamos como sea”, lo escuché decir. “¡Tráigansela ya!” La familia extendida completa se mudaba de país de un golpe, pero la madre, que vivía en Torreón (estado de Coahuila), no tenía mica, la credencial para visitas cortas que otorga Estados Unidos a los mexicanos de la frontera. Eso no es un permiso de residencia ni de trabajo, pero se las arreglarían como fuera. “No podemos, ¡ya no podemos! Yo a Juárez no vuelvo nunca”, me dijo. “¡Mira nomás esto!” Me mostró los periódicos que yo le había llevado. “Horrendo, lo que sucede en Ciudad Juárez, afirma McCain”, era el titular principal de El Diario. “Otro récord”, anunciaba la sección Ciudad de “Norte de Ciudad Juárez”. Habían hallado 20 ejecutados. Ese mismo día, el presidente Calderón se reunía con el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Un secuestrador era condenado a 112 años de prisión. Era 21 de agosto y en el mes ya se contaban 155 homicidios dolosos. En la capital del Estado, Chihuahua, mo130 O C T • 0 8

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tociclistas habían invadido con sus vehículos el patio del Palacio de Gobierno para protestar por el asesinato de René Tercero, campeón nacional de motocross, un cuñado y un amigo en Ciudad Juárez: el cuñado los había alojado en su casa cuando los otros dos fueron a una competencia, un grupo de sicarios entró para ejecutarlo en la noche y, de paso, les dieron el tiro de gracia a sus huéspedes. Mucho peor fue lo que ocurrió en el pueblo serrano de Creel el 16 de agosto: un comando armado irrumpió en una fiesta para buscar a un hombre y además de matarlo, abrió fuego indiscriminado. Murieron 14 personas. Uno de ellos era un padre que fracasó en su esfuerzo de cubrir con su cuerpo a su bebé. La policía había evacuado el lugar horas antes: les ordenaron marcharse para facilitar la operación. Las autoridades tardaron horas en hacerse presentes. “Ya no, compa”, me dijo Pedro, cuyo nombre, así como los de las demás personas que aparecen sin apellidos en este reportaje, fue cambiado por temor. “El próximo mes vamos a celebrar la independencia de un país al que no iremos nunca más”. No supe definir lo que había en su mirada: ¿profunda tristeza, enorme temor, infinito odio? ¿O simplemente nada? “Aquí haremos nuestras vidas”.

LAS CUCARACHAS SE QUEDARON Ya para esas alturas se sabía que ese agosto era el mes más violento del año más violento en la historia de Juárez. “Estamos en medio de la peor crisis de seguridad pública que hayamos tenido”, me dijo Sergio Belmonte, vocero del ayuntamiento juarense. Las cosas estaban ya bastante mal en todo el país: El Universal publicó el 16 de agosto que en ese momento, en sólo siete meses y medio, se había superado el número de asesinatos dolosos cometidos en México a lo largo de todo 2007, con 2,682 muertes sobre 2,673. De ellas, 870, casi una tercera parte, tuvieron lugar en Ciudad Juárez. Habían quedado empequeñecidas las capitales tradicionales de la violencia, como Tijuana, Culiacán y Nuevo Laredo. El 12 de septiembre, considerada como la peor jornada en muchos años en el país con el hallazgo de un total de 41 cadáveres en seis estados, Juárez contribuyó con diez. Ese mismo día, un recuento de El Diario estimó en 943 la cifra de ase-

sinatos ocurrida en la ciudad a lo largo del año. Estaban por superar los mil, una cifra que no es banal: sólo hay siete guerras en el mundo que provoquen más de un millar de bajas al año, incluidas las de Irak, Darfur y Afganistán. México va por las tres mil. Ciudad Juárez, por sí sola, equivale a un conflicto bélico mayor. Durante

sdfj hgaksjg asdgl;kas gjsadgjkh sdg;lksdgh sdgj sdg;lsajgh asdg;jh gsad;jk sahgas;dglkhsad g s;adgjhsadg;lhsdgsdag;lkhsdag 2008, ha registrado un promedio de 3.6 asesinatos diarios. En este mismo año, las fuerzas estadounidenses en Irak han perdido por causas diversas (combate, accidentes, enfermedad) 0.98 soldados al día: la cuarta parte. Uno se siente intimidado apenas llegar allí: 131

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camionetas con vidrios oscuros y sin placas circulan sin problemas por las avenidas céntricas. ¿Y las patrullas no las detienen? “¿Cómo?”, me dijo Marisela Ortiz, una activista de derechos humanos, “los agentes no saben si cuando bajen la ventanilla se van a encontrar con un fusil de alto poder apuntándoles”. En cambio, en este verano raro en el que los juarenses están incómodos porque el intenso calor es húmedo, y no seco, como es normal, los conductores de otros vehículos, como las vulgares pero muy vendidas Hummer, renuncian al aire acondicionado y circulan con las ventanillas abajo: quieren ser bien vistos para no convertirse en uno más de los ejecutados por confusión. Antonio, propietario de una tienda de música, maneja un coche que no lava. “Que me vean pobre”, justificó. Es parte de tantos cambios en sus costumbres que ocurrieron en un año. “En esta ciudad ya no es posible hacer amigos. Ya no se sabe quién anda ‘movido’ y lo van a venir a matar.

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Éste es el momento de matar a quien quieras, la policía sólo suma los cadáveres en la lista del narco y no investiga”. Muchos de sus amigos ya viven en El Paso. Como uno que tiene 5 puestos de venta de tenis y fue secuestrado. “¡Qué mala suerte tuviste”, le dijo uno de sus captores, “veníamos por tu hermano, pero como faltó, te llevamos a ti”. El rescate ascendió a 180 mil dólares. Para el gobierno local, escapar a El Paso no resuelve el problema. “Sí me da miedo por mi familia”, me dijo Belmonte, “que uno se puede topar en un alto con una ejecución, pero no creo que abandonar el barco sea una solución. Quién nos dice que la mano de esa gente no tiene fronteras. Es una tranquilidad relativa la que se tiene huyendo de la ciudad”. La guerra en Juárez es producto del rompimiento de una alianza entre el cártel local, dirigido por la familia de los Carrillo, y el cártel de Sinaloa, comandado por “El Chapo” Guzmán, “El Mayo” Zambada y “El Azul” Esparragoza.

En un ambiente de desconfianza generalizada, estas tácSus pistoleros están peleando el territorio calle por calle y los rivales se defienden con todo lo que tienen. Muchos de ticas caen en terreno fértil, porque ha ocurrido antes. Por los muertos son agentes policiacos al servicio de las ban- ejemplo, en 1997, el general de divisón Jesús Gutiérrez Redas contendientes. Y el combate ocurre bajo las narices bollo, responsable nacional de la lucha antidrogas, fue condel ejército y la policía federal, que supuestamente llega- denado por dirigir la guerra contra un cártel y beneficiar ron con 4 mil elementos, 180 vehículos, tres helicópteros a otro. A lo largo de la historia del narcotráfico, la compliy cuatro aviones a controlar la ciudad en marzo de 2008, cidad entre políticos, policías y capos ha sido un lugar cocomo parte del Operativo Conjunto Chihuahua estable- mún. Durante los 70 y los 80, algunos gobernadores del PRI cido por los gobiernos federal, estatal y municipal. “Co- y jefes policiacos controlaban las bandas de narcos. Con mo han estrangulado el paso de droga”, dice Antonio, “los el tiempo, los capos crecieron en poder y pasaron de ser capos financian su guerra de otras maneras: secuestran, empleados de los políticos a ser sus empleadores, y de ser chantajean, te dicen que les des dinero o queman tu nego- guardaespaldas de los policías a usar a los policías como cio, amenazan con matarte a ti o a un familiar”. Cada mes, guardaespaldas. El 9 de septiembre, por ejemplo, policías ocurren 1,700 robos de vehículo, cinco asaltos bancarios y municipales de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, se movilizaron en 28 patrullas para rescatar a cinco narcos 13 incendios intencionales. Además, como expresó Belmonte, los narcos se utilizan que habían sido capturados por policías federales. Murió técnicas de psicología para dominar a la sociedad: “Ya no un agente local, dos fueron heridos y 35 arrestados. La toson rancheros con huaraches, son gente sofisticada que talidad de la corporación torreonense fue desmantelada y realiza operaciones de inteligencia. Una de las armas más la seguridad asumida por soldados y federales. La penetración de los mafiosos alcanza las instancias demoledoras que hemos experimentado es ese temor que genera la especulación. Hace unos meses corrieron la voz de que un fin de sad;glkh asdg;lkasdgh s semana iba a haber matanzas en lugaadg;lkhas dg;salkgh sag;lkh sdaig jasgasdgasdg res públicos, en iglesias, en centros comerciales. Juárez estuvo desierto, no salió nadie. No pasó nada pero interrumpieron la vida de la ciudad”. A final de cuentas, sentencia el portavoz del gobierno juarense, “la estrategia del gobierno federal se equivocó o no fue lo suficientemente contundente. Aquí nos decían que con el operativo conjunto iba a darse el efecto cucaracha, va a llegar el ejército y (los delincuentes) se van, corren a todas partes. Si llegó el ejército e hizo operativos y la matanza siguió creciendo, ¡pues no funcionó!”

GARROTE O INTELIGENCIA Tampoco parece estar dando resultados a nivel federal. Lo que se vive en Ciudad Juárez es el punto más aterrador (hasta ahora) de la inseguridad. Pero no se queda dentro de sus límites: ese mismo 12 de septiembre, 24 hombres fueron transportados, ejecutados y arrojados en un paraje vecino a la capital del país. Poco antes, en Yucatán habían encontrado doce cuerpos sin cabeza. En un solo día, a fines de agosto, los narcos colocaron de manera coordinada mantas en plazas e iglesias de ciudades alejadas, con leyendas que acusaban al presidente de proteger a los cárteles rivales.

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más altas, como sugiere la muerte en 2005 del entonces secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, un hombre muy cercano al presidente Vicente Fox: tres helicópteros parten de la Ciudad de México rumbo al mismo destino, inexplicablemente uno de ellos, que transportaba al funcionario, se separa del grupo, entra en una zona de neblina, después aparece estrellado y sus ocupantes, muertos. La versión

sdfj hgaksjg asdgl;kas gjsadgjkh sdg;lksdgh sdgj sdg;lsajgh asdg;jh gsad;jk sahgas;dglkhsad g s;adgjhsadg;lhsdgsdag;lkhsdag oficial es que fue un accidente: “Es muy difícil para un gobierno aceptar públicamente que le derribaron una de sus piezas más importantes”, me explicó Adolfo Miranda Castillo, presidente del Centro de Estudios en Seguridad Pública, en Ciudad de México. “El primer error de Martín Huerta fue no haber limpiado la policía”, dijo Miranda. “Él realmente no sabía para quién trabajaban las personas que lo rodeaban”. Depurar los cuerpos policiacos de elementos corruptos es imprescindible

de acción, ya que “mientras los entrelazamientos del mundo judicial y el de la delincuencia no se rompan, difícilmente vamos a llegar a un cambio sustancial”. Oficialmente, se está haciendo. Los policías son echados de las corporaciones por dar positivo en un examen antidoping o por sospecha. El no realizar evaluaciones más dedicadas significa que inocentes pueden ser afectados y, lo peor, que los culpables son puestos en la calle sin que se los someta a proceso alguno: “se van a otras corporaciones policiacas o quedan libres de integrarse a las bandas delictivas”, me dijo María Elena Morera, presidenta de la organización civil México Unido contra la Delincuencia; “entonces lo único que hacemos es que los delincuentes que teníamos con placa, pues ya no tienen placa”. En entrevistas por separado, Miranda y Morera coincidieron en que la clave está en la impunidad. “Es el problema central”, dijo el primero, “el aparato no está sirviendo: procesa con eficacia 5 de cada 100 delitos”. Y también afirmaron que el problema no se resuelve con aumento de penas ni con derramar dinero. “Llevamos muchos años gritando a las autoridades que hagan las cosas”, reflexionó María Elena Morera, “y lo que hacen es subir las penas, hacer más cárceles, meter más policías. Eso, si no va aparejado con muchas cosas más, pues no sirve”. Tampoco es necesario “darle un garrote más grande a las policías”, dijo por su parte Adolfo Miranda: “Lo que falta es que hagan su trabajo”. Una policía honesta y eficaz y un sistema judicial que aplique las penas existentes con plenas garantías procesales han sido factores fundamentales en experiencias exitosas de otros países. Un ejemplo está en Brasil, uno de los países del mundo con mayores tasas de homicidios dolosos. Saô Paulo, una urbe de 18 millones de habitantes, alcanzó la enorme cantidad de 112 asesinatos por cada 100,000 personas en 1995. En 2006, la habían bajado a 33. Esto se atribuye a dos acciones clave: controles de armas más eficaces y una policía que funciona. Un escuadrón de homicidios que emplea técnicas de investigación modernas consiguió elevar la proporción de asesinatos resueltos de 8 a 70 por cada cien. Matar dejó de salir gratis. En otro plano de acción, también fundamental, está la lucha contra el lavado de dinero. Según el gobierno de Estados Unidos, el narcotráfico lava en México 22 mil millones de dólares. “¿Qué hemos hecho en estos años en términos de inteligencia financiera?”, cuestionó Adolfo Miranda. “¿Cuántos lavadores han caído, cuántas casas de cambio, cuántas empresas? ¡Pareciera que ésa no

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es nuestra prioridad!” Introducir y mover cantidades como ésa no es cuestión que se arregle en un par de negocios sucios. Pero en México no se dan grandes golpes contra el lavado. “¿El Estado Mexicano está dispuesto a enfrentar un problema de 22 mil millones de dólares?”, insistió Miranda, antes de plantear el reto de manera más general: “¿Estamos dispuestos a resolver el problema de penetración delictiva a los aparatos de justicia, hacerlos eficientes y supervisarlos? ¿Vamos a enfrentar la parte de prevención del delito? O, para hacer como que hacemos algo, gastamos más dinero, hacemos un spot y decimos que suba la pena de muerte”. Para el investigador, ésta es la agenda que ha fracasado, “la que dice dame más dinero y dame más penas”, y falló porque no está teniendo en cuenta todos los otros factores. “¿Podemos ir a una reforma que reoriente la política de seguridad pública o, cuando pasen los últimos escándalos, regresaremos al expediente de hacer anuncios, manifestaciones, seguir con la misma política? ¿Podemos romper con 15 años de hacer mal las cosas?”

LA SOCIEDAD DESUNIDA El segundo error del fallecido Ramón Martín Huerta, según Miranda, fue no enfrentar las condiciones sociales que alimentan la delincuencia. Y a juzgar por el proyecto de presupuesto de egresos que envió el gobierno federal a la Cámara de Diputados, el presidente Calderón va por el mismo camino: 72 mil millones de pesos más para seguridad pública (incrementos de 16% para la Secretaría de la Defensa Nacional, de 29% para la Procuraduría Gene-

Vueleven a matar mujeres El tema de derechos humanos que hizo lamentablemente famosa a Ciudad Juárez, los centenares de asesinatos de mujeres que han ocurrido aquí desde 1993, se ha empequeñecido para las autoridades, completamente desbordadas por la guerra criminal. También está siendo olvidado por la opinión pública. Lo peor es que, a pesar de que en los últimos tiempos parecía que los ataques disminuían, ahora hay indicios de que, en medio del sangriento caos que estremece a la ciudad, los impunes asesinos de mujeres están volviendo a actuar. Nunca, como ahora, ha sido tan fácil matar y salirse con la suya. Marisela Ortiz Rivera, presidenta de la organización de apoyo a víctimas Nuestras Hijas de Regreso a Casa, explicó: “Tenemos una cifra muy alta de mujeres asesinadas este año. Hemos contabilizado 52 casos con diferentes formas de violencia. Y en cuestión de desaparecidas, hay muchos casos que no se han resuelto”. La abogada del grupo, Malú García Andrade, añadió: “En este año hay jóvenes que encajan en el patrón de los asesinatos seriales: las encontraron en terrenos baldíos, fueron golpeadas, estaban desnudas, tenían entre 15 y 17 años de edad, tenían poco de haber llegado a esta ciudad, trabajaban en las maquiladoras, eran jóvenes que habían salido de su casa a buscar empleo y que desaparecieron de la zona cen-

ral de la República y de 49.8% para la Secretaría de Seguridad Pública Federal). Todo esto después de volver a confirmar que en los aparatos federales siguen actuando delincuentes: el secuestro del joven Alejandro Martí fue operado parcialmente por una agente federal. En cambio, analistas y políticos han criticado la desatención a áreas que inciden en el mejoramiento de las condiciones de vida, como agricultura y ganadería, educación y desarrollo social y que no se destaque la idea de disminuir la desigualdad distributiva. En un distrito de negocios como Santa Fe comparten el territorio modernos edificios residenciales de lujo con barrios marginales y cavernas habitadas. Es un reflejo del país. Organismos internacionales como el Banco Mundial han señalado que la violencia social se acentúa con la desigualdad. Lo mismo percibe María Elena Morera: “Esto no es sólo el tema de secuestro, sino de salir a la calle y ver que la gente está muy agresiva. Tiene que ver con una falta de desarrollo social, con falta de oportunidades, sobre todo para miles de jóvenes que quedan sin opciones y en condiciones de ser cooptados por la delincuencia organizada. No creo que se trate de bondad ni de maldad, se trata de un problema económico y de una falta de esperanza de la gente. Yo no creo que sea un problema de pobreza, pero sí de desigualdad. Llega un momento en que sabes que por más que trabajes hay co-

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sas a las que no vas a tener acceso, o que tu mismo medio no te da oportunidades”. La enorme brecha socioeconómica también se ha reflejado en una falta de unidad en la reacción pública a la violencia. Los secuestros de Martí (y su muerte) y de la joven Silvia Vargas, hijos ambos de influyentes personajes de sectores sociales altos, generaron una gran movilización que no se da cuando las víctimas pertenecen a la clase baja. Los pobres están enormemente más expuestos, pero la respuesta del gobierno pareció mucho más significativa cuando se trató de ricos. Y la gran marcha contra la inseguridad, que tuvo lugar el 28 de agosto, fue una movilización de clase a la que no acudieron los manifestantes de siempre, los pobres. “No hemos sido capaces como Estado, sociedad y autoridades, de generar una respuesta social en la que todos nos sintamos incluidos”, reflexionó María Elena Morera. “Estamos divididos y hay un rompimiento. Los mexicanos pensamos que no somos parte del problema, pero entonces, ¿cómo podemos ser parte de la solución? No comprendemos lo que es la ciudadanía y la responsabilidad que a cada uno nos toca, siempre queremos ver el problema en otros: en los ricos, o en el gobierno, o en los sindicatos, porque yo no estoy en eso. Pero si lo estuviera viendo de allá para acá diría ‘el problema está en los ciudadanos’. Yo me pre-

gunto quiénes son los otros. Porque en esta parte emotiva tendríamos que estar todos del mismo lado y los otros tendrían que ser nada más los delincuentes. Todas las medidas son paliativas mientras los ciudadanos no veamos que somos parte del problema y que tenemos que ser parte de la solución”. A raíz del asesinato de Alejandro Martí, el presidente convocó a una reunión urgente a los secretarios, gobernadores y representantes sociales miembros del Consejo de Seguridad, el 21 de agosto. Tuvo una gran resonancia mediática. Y firmaron una serie de compromisos que algunos observadores calificaron de “desestructurada” y de “lluvia de ideas”. Muchos de ellos fueron reciclados de años anteriores, incluso de sexenios pasados. Y despertaron dudas: ¿cómo es que apenas se va a “establecer un sistema nacional de desarrollo policial”? ¿No deberíamos tener ya “formulada y emitida” una “estrategia nacional contra el lavado de dinero”? ¿Por qué tenemos que esperar todavía un año para contar con “sistema único de información criminal”? “Esos acuerdos son importantes en la medida en que por primera vez se comprometen en términos de tiempo”, concedió María Elena Morera. “Como primer ejercicio creo que está bien, aunque no podemos esperar que de esto haya menor delincuencia en el corto plazo. Lo que podemos hacer es evaluar si están cumpliendo. ¿Qué le falta? Que sea una política de Estado, por ejemplo. Que sea mucho más inclusivo. Hay muchas voces y muchos rostros que faltan. Por ejemplo, no veo ahí grupos indígenas ni comunidades rurales”. Ni las podría ver. Mientras ese documento se firmaba y Pedro, el mecánico, me explicaba en El Paso por qué no podía volver a México, el sistema daba ejemplo de su determinación al emitir una tercera condena contra un hombre acusado de secuestro, que con ello deberá pasar 112 años de prisión. No se trataba de alguien que se enriqueció con rescates cobrados, que arrancó orejas de sus víctimas ni las asesinó. Como líder

del movimiento de ejidatarios de Atenco, que se oponía a la expropiación de sus tierras para construir un aeropuerto, Ignacio del Valle violentó la ley al participar en la retención forzada de funcionarios públicos. Lo procesaron por “secuestro equiparado” (es decir, algo que se parece al secuestro) y esto le valió dos condenas de 33 años de cárcel. La tercera, de 45 años, le atribuyó responsabilidad por hechos que ocurrieron cuando él ya estaba bajo arresto. Mientras el presidente pedía unidad tras la justificada indignación de los ricos, el Estado dejó caer su venganza sobre un líder de los pobres. La brecha social también se refleja en el trato que se da a otros actores. María Elena Morera encabeza una agrupación que ha alcanzado mucha influencia como voz de los sectores acomodados y se cree que ha propuesto introducir la pena de muerte. El 5 de septiembre planteó el tema en un congreso en Guanajuato. “Yo creo

sdfj hgaksjg asdgl;kas gjsadgjkh sdg;lksdgh sdgj sdg;lsajgh asdg;jh gsad;jk sahgas;dglkhsad g s;adgjhsadg;lhsdgsdag;lkhsdag que no me expresé lo suficientemente bien”, me comentó, “ya oí el audio, hice una pausa demasiado larga entre que dije ‘vamos a dárselos’ (la pena de muerte) y expliqué”. Ella afirma que en un sistema tan errático como el mexicano habría una gran posibilidad de que hubiera inocentes ejecutados. Su postura es que muchos mexicanos demandan la pena de muerte y necesitan ser escuchados, por lo que se deben abrir los espacios en donde se discuta el asunto y se explique también los inconvenientes. Sin embargo, la pausa sirvió a los medios para presentar a Morera pidiendo la pena de muerte. Unos, porque apoyan la idea. Otros, porque así desacreditan a México Unido contra la De137